Barrial

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Una cena para gozar la impunidad pornográfica como política de Estado

Javier Milei llegó desencajado a la cena de la Fundación Faro en el Yacht Club de Puerto Madero, el viernes por la noche. Pocas horas antes, se había anoticiado del sobreseimiento de él, su hermana y otra decena de imputados en la causa por la presunta estafa $LIBRA.

Para Milei, una victoria no es tal si no se celebra con saña y violencia. Tenía ante sí a un auditorio propenso al aplauso, compuesto por su elenco de ministros y representantes de las principales empresas del país que pagaron decenas de miles de dólares el cubierto para financiar el sello que dirige el católico ultraderechista Agustín Laje. Todo pudo haber sido plácido, pero un testigo que saludó en persona al Presidente resume el cuadro que vio: “no estaba aliviado ni con ganas de dar vuelta la página. Quería venganza”.

Así comenzó: “Bueno. Antes que nada, quiero arrancar antes de lo que va a ser mi discurso (sic), porque quiero preguntar: ¿ahora quién me compensa por un año, ocho meses, y nueve días de mentiras, calumnias e injurias que buscaron manchar mi buen nombre y honorrrrr?”. “Intentaron un golpe de Estado por la vía institucional y no pudieron, porque somos honestos, porque estamos limpios”, gritó.

Al Soez se le despejó el frente $LIBRA, pero la investigación por las coimas masivas en la Agencia de Discapacidad (“el 3% de Karina”) sumó el miércoles un nuevo capítulo de indagatorias y pruebas, y José Luis Espert fue procesado el jueves por lavado de dinero, a raíz de su sociedad con Federico “Fred” Machado. “El Profe”, Manuel Adorni y Diego Spagnuolo miran las historias sobre el golpe de Estado y “el honorrrr” de los Milei por TV.

Así de venal

Los anestesistas más letales de Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, orquestaron el sobreseimiento en una causa que acumula una multitud de pruebas e indicios que apuntan a los Hermanos Milei. En el lenguaje del hampa que a veces se mezcla con la política, cuesta encontrar un antecedente de una dupla gobernante que haya dejado los dedos marcados con tanta nitidez.

En el texto del sobreseimiento, Martínez de Giorgi relata todos los hechos y no desmiente ninguno. Tan solo da cuenta de que él y el fiscal decidieron no investigar

Aquella activación y promoción de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, sembró una sospecha de estafa en toda regla, con documentos que consignaron pagos de coimas, diálogos de cryptobros que se vanagloriaban de dirigir a los Hermanos como marionetas, registros de visitas de la gavilla a despachos oficiales, transferencias de US$500.000 digitadas desde una oficina Casa Rosada, cientos de millones de dólares de un activo que se evaporó en cuestión de minutos, dinero que quemaba, cajas fuertes que se vaciaron el primer día hábil después del desfalco, mentiras del Presidente para justificar sus propios actos…

En el texto del sobreseimiento, Martínez de Giorgi relata todos los hechos y no desmiente ninguno. Tan solo da cuenta de que él y el fiscal decidieron no investigar. El juez esboza consideraciones someras sobre el valor de las evidencias, sin haber producido una sola medida para fortalecer el expediente. Todo lo contrario. Cuando las pruebas llegaron por un trabajo de un equipo especializado del Ministerio Público Fiscal sobre un celular del cryptobro Mauricio Novelli, Taiano las ocultó, hasta que la periodista Natalia Volosin las publicó en el sitio La Justa. Ese hecho es utilizado por Martínez de Giorgi para descartar un documento de un presunto contrato por millones de dólares entre la banda de Novelli y los Milei, porque “se afectó de alguna manera la cadena de custodia”. Así de venal como suena.

El magistrado desplazó hace dos meses a los querellantes que se consideraron víctimas de la estafa. Con Taiano volcado a enterrar la causa, el juez sentenció el viernes que “no existe una pretensión acusatoria autónoma que sostenga la continuación del proceso”. La “pretensión acusatoria autónoma” no existe porque el propio autor de la sentencia se ocupó de eliminarla.

Hacia arriba, la sala de la Cámara Federal interviniente tiene como jueces a Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola —los dos últimos, designados este año por el Senado; el primero, por Macri en 2018—, por lo que todo riesgo que afecte a Milei queda evaporado. Hay, no obstante, algún resquicio para que Casación Federal habilite la reincorporación de los querellantes desplazados y con ello se rompa la captura del expediente amañada por el juez y el fiscal. Las chances de que ello ocurra y se sostenga son previsiblemente escasas, pero no nulas.

Aplausos, agravios y hogueras

La noche de la Fundación Faro brinda información valiosa sobre el estado de la relación de Milei con el sistema de poder.

Primero, los propios. Santiago Caputo y Daniel Parisini ocuparon sillas en la primera línea de mesas. El asesor en jefe y el matón del streaming juegan de locales en el sello cuyos ingresos se multiplicaron por 350 en el primer año de Milei en la Casa Rosada, hasta US$4,8 millones. Cenas como la del viernes, en las que las empresas compran cubiertos o mesas enteras a cambio de decenas y centenares de miles de dólares, vayan o no sus ejecutivos, son una vía clave de recaudación.

Laje, el intelectual del grupo, se sintió reivindicado. Primero, por la presencia de Milei en la gala del Yacht Club, luego de que el Presidente lo calificara de “traidor hijo de puta” en un mensaje de whatsapp por un comentario del jefe de la Fundación Faro sobre la demora del giro al libre mercado para traducirse en bienestar de la población. Segundo, porque Milei arremetió contra el Islam que quiere “destruir a Occidente”, una de las batallas del intelectual. Martín Menem escuchó en silencio.

A Milei, televidente y protagonista de LN+, lo irrita el diario La Nación. Acusó a los hermanos Saguier de “extorsionar al Gobierno a cambio de salvarse y evadir impuestos”. Enumeró a “los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como: Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin, Luis Novaresio”. Los tres primeros son cronistas o columnistas del diario y/o el canal de La Nación. A todos los calificó de “hijos de puta” que se deben “quemar en la hoguera”. En la segunda fila de mesas, el viceministro de Justicia, Santiago Viola, no podía contener el fervor.

Entre las decenas de empresarios y ejecutivos que acudieron al Yacht Club no se vio a los Saguier. En la sede del Grupo, en Vicente López, traducen que la mención a la “extorsión” refiere a un conflicto por el pago de impuestos vinculado al estadio Movistar Arena.

La tirria contra los Saguier encierra un aspecto extravagante.

En los últimos meses, los editoriales de La Nación incluyeron varios llamados a votar por Milei en 2027 y denostaciones a los “tibios” o promotores del “plan B”. La página institucional del diario conservador defiende el combo completo, desde el recorte del presupuesto universitario y la motosierra en todos sus planos, a la sumisión absoluta a la política exterior de Estados Unidos y las tesis mileístas sobre el riesgo país y la recesión.

Rara vez los editoriales se refieren a los agravios que sufre la parte crítica de la redacción, que es sometida al escarnio de Milei y de sus militantes de las redes. Diego Santilli, presente en el club de Puerto Madero, aplaudió entusiasmado cuando el Presidente apuntaba contra los “corruptos, mercenarios de la mentira”.

Tampoco se hicieron ver en la gala directivos del Grupo Clarín/Telecom, al menos del ala Magnetto-Aranda-Noble Herrera. En cambio, se destacó la presencia de David Martínez, socio minoritario en el gigante de telecomunicaciones. Para más datos, el magnate mexicano estaba sentado junto a Santiago Caputo.

Con la compra de la filial de AT&T y una parte minoritaria en Televisa —el imperio de la televisión, la radio y la TV paga de México—, el “fantasma” Martínez comenzó a conformar una posición privilegiada similar a la que Clarín construyó en Argentina, con negocios en todos los rubros de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Nunca se sabe si Martínez es el aliado de Clarín que llega a las mesas en las que a Magnetto no le conviene estar, o constituye una amenaza dispuesta a dar el zarpazo.

Como sea, el “Fantasma”, otro notorio aplaudidor de la noche, escuchó este párrafo: “Escúchenme ¿Cómo se debe sentir Clarín cada vez que hablo? Le abrí la competencia con Starlink, tenemos tres millones de personas que hoy tienen internet de buena calidad, que no podían tenerlo porque los señores de Clarín habían bloqueado eso. No voy a pretender que me quieran”.

No se sabe cómo se siente Clarín cada vez que habla Milei, pero se puede percibir que Jonatan Viale, figura central de TN, toma sus deseos como órdenes a la hora de preguntar. Un episodio memorable de 2025 no sólo retrató a Viale de cuerpo entero, sino al propio canal de noticias del Grupo, que aceptó difundir la copia que le mandó la Casa Rosada, cuando tenía a disposición la entrevista —casualmente sobre $LIBRA— sin la edición que dispuso Santiago Caputo. Un link indiscreto arruinó la censura sumisamente aceptada.

Por si quedaran dudas sobre los puntos de acuerdo entre el Presidente y el principal conglomerado de medios, ayer Radio Mitre prestó su aire para que el ultra agraviara todavía más a columnistas y accionistas de La Nación, mientras el autor de la entrevista, Gabriel Anello, reproducía las acusaciones en redes sociales. Los viejos socios de Papel Prensa y Expoagro se deben un café.

La lista de presentes el viernes por la noche incluyó al embajador Peter Lamelas, todos los ministros, los jefes de las caputistas Fuerzas del Cielo, algunos aliados parlamentarios del PRO y los empresarios y ejecutivos Rubén Cherñajovsky (Newsan, Transener), Martín Migoya (Globant), Horacio Marín (YPF), Manuel Santos Uribelarrea (MSU Energy), un entusiasta Adrián Werthein (DirecTV, agro), Mariano Bosch (Adecoagro, Profertil), Claudio Belocopitt (Swiss Medical) y representantes de Edenor, Edesur, Bulgheroni y otras empresas de Vaca Muerta.

También dijo presente, en una de las mesas VIP, Ricardo Markous, CEO de Tecpetrol, el brazo de petróleo y gas del Grupo Techint. El ejecutivo, además de celebrar la proclama de Milei de que está llamado a “combatir el mal” y que el Gobierno sufrió un intento de golpe de Estado por parte de la prensa que informó sobre $LIBRA, escuchó agravios a “Don Chatarrín de los tubitos caros”, en alusión al principal accionista de Techint, Paolo Rocca.

“Cuando discutían con la presidiaria (Cristina), no discutían los precios, discutían la coima”, denunció Milei. Agregó en tono de burla: “Pero el problema soy yo. ¿Cómo le va a decir Don Chatarrín de los tubitos caros?”. Sentada a la derecha de Markous, Bullrich tuvo el gesto de perder la mirada en el centro de mesa, al igual que Marín, hoy en YPF, antes en Tecpetrol, acomodado junto a ellos.

Bullrich quiere. ¿Puede?

Uno de los presentes, del ala política, lee la escena del Yacht Club como síntoma de que Milei concentra la expectativa del sistema de poder, pese a la economía recesiva y la singular psiquis presidencial. “Estaban todos los empresarios, no faltaba ninguno, y si estaban, es porque creen que el 2027 es con Milei”.

La voz contrasta el papel de Bullrich, hiperactiva en sugerir de todas las maneras posibles que aspira a reemplazar a su jefe político de hoy, el mismo que hace apenas tres años le lanzó la peor de las acusaciones que jamás había recibido: poner bombas en los jardines de infantes. A días de aquello, un pacto en un living de Acassuso hizo borrón y cuenta nueva, y la “terrorista” pasó a ser “la doctora”. ¿Volverá Bullrich a ser “la terrorista”, o sus esbozos de pegar el salto son una mera puesta en escena para ampliar la base de un proyecto de ultraderecha sin precedentes?

“Es cierto que Patricia tiene mejor imagen que Milei en todas las encuestas. Eso no es intención de voto. Con Milei en la cancha arriba de 35 puntos, Patricia se queda en seis”, resume el comensal del Yacht Club.

Otra voz, de diálogo fluido con varios de los presentes, advierte con crudeza que los honores regalados a Milei se apagarán rápidamente si surge una alternativa acorde a sus objetivos. “Muchos no van ahí por Milei, van por Lamelas o para medirse entre ellos. Seguro que les embola lo que escuchan, no les parece interesante, y si mañana les conviene aplaudir a Bullrich o a (Sergio) Massa, lo van a hacer”.

Sobre el enésimo conato de transfuguismo de Bullrich, en su sexta década de vida política, pende un condicionante.

Por ahora, a la senadora le resulta más fácil hacer un pícaro reel de Instagram con música de un grupo llamado Plan B que ausentarse de una noche en la que se augura la hoguera para los periodistas, se denuncia a los dueños de La Nación por extorsión y se acusa de las peores cosas a Techint.

No va a ser tan sencillo despegarse de lo que significan los Milei, no tanto ante el círculo rojo que llena las arcas de la Fundación Faro, sino ante el votante de a pie, sometido a penurias interminables.

SL

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"Seguimos existiendo por voluntad, esfuerzo y amor": los clubes de barrio recortan actividades para sobrevivir

Los clubes de barrio atraviesan la crisis económica con más gente adentro y, paradójicamente, menos recursos para sostener sus actividades. Quienes ya no pueden pagar un gimnasio o una escuela deportiva privada se acercan a instituciones donde la cuota puede costar hasta cinco veces menos. Pero muchos socios pagan tarde o dejan de pagar y las tarifas suben mientras que el financiamiento del Estado nacional se redujo casi por completo. Para mantenerse en funcionamiento, los dirigentes acortan horarios, reemplazan personal remunerado por voluntarios y buscan aportes de vecinos y comerciantes.

“Los clubes siguen existiendo prácticamente por voluntad, esfuerzo, amor y dedicación”, dice a elDiarioAR Cristian Font, presidente del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines. Daniel Pacín, secretario general del Club Franja de Oro y de la Confederación Argentina de Clubes de Barrio, agrega: “El problema más angustiante para cualquier dirigente es llegar a principio de mes y preguntarse cómo va a pagar los servicios”.

Más socios, menos ingresos

El Club Franja de Oro, en Pompeya, tiene unos 3.000 socios. Pacín calcula que la cantidad creció entre un 15% y un 20% en los últimos dos años. La cuota del grupo familiar es de 18.000 pesos mensuales, pero no todos pueden afrontarla. “Hay familias que llevan a dos hijos y solo pueden pagar la cuota de uno. Entonces tenemos que becar al otro”, cuenta en diálogo con elDiarioAR.

“Por primera vez, en los 25 años que llevo como dirigente de un club, veo que recibimos más personas. Tenemos más gente en el club y menos presupuesto”, dice Font. Según el Observatorio, la morosidad, que habitualmente rondaba entre el 20% y el 30%, ahora oscila entre el 35% y el 50%, y llega al 70% en barrios vulnerables.

También se retrasan los ingresos. Los pagos que antes llegaban entre el 1 y el 5 de cada mes ahora se reciben entre el 12 y el 20. Font lo atribuye al endeudamiento de las familias y al aumento de los servicios y los alimentos. “La gente no es que no paga porque no quiere, sino que no paga porque no tiene”, señala.

Las otras dos fuentes principales de ingresos, el buffet y el alquiler de salones, también registran una caída superior al 33%, según datos del Observatorio citados por Pacín. Mientras tanto, las facturas se acumulan. Hace unos meses, el Club Social Parque, de la Ciudad de Buenos Aires recibió una boleta de luz de cinco millones de pesos y tuvo que pagarla en cuotas. Los clubes inscriptos en el régimen nacional cuentan con tarifa social, pero el beneficio alcanza solo a un bloque de consumo. El excedente se paga a tarifa plena.

Aumentar las cuotas tampoco resuelve el problema. “Si aumenta mucho la cuota deja afuera a sus socios; si no la aumenta, absorbe el deterioro económico”, explicó Sergio Palmas, director de Táctica y subsecretario de Deportes de la Nación entre 2019 y 2023. En la encuesta 2026 de esa organización, realizada sobre 374 clubes, el 41,4% registró un aumento de la mora durante el último año.

Menos horas de actividad y más trabajo voluntario

El ajuste alcanza especialmente a las actividades nocturnas. En Franja de Oro, una categoría de fútbol infantil redujo sus entrenamientos de una hora y cuarto a 45 minutos, mientras que el vóley termina a las 22 en lugar de las 23 para ahorrar electricidad. La pileta climatizada, la única de un barrio que Pacín describe como “uno de los barrios más humildes de la ciudad”, abre solamente en verano. Hace cuatro años que los costos del gas y la electricidad impiden calentar el agua.

La reducción de gastos también modifica el funcionamiento cotidiano del club. Donde antes trabajaban tres personas de limpieza ahora queda una. Los sábados, padres y madres se turnan para limpiar los baños. En la pileta, los integrantes de la subcomisión se reparten las tareas que antes realizaba un piletero. A los socios que no pueden pagar la cuota se les propone colaborar con algún arreglo o cobrar las entradas.

Los aportes de los comerciantes ayudan a cubrir las facturas. Uno paga 40.000 pesos por un cartel publicitario; otro, 50.000. “Con varios aportes de ese tipo se puede llegar a pagar el gas”, explica Pacín.

Font menciona otras estrategias, como la organización de bailes, rifas y eventos para recaudar fondos, además del pago fuera de término a proveedores. Según Táctica, la consultora especializada en el análisis de políticas públicas y datos sobre el deporte argentino, siete de cada diez clubes organizan actividades adicionales para obtener ingresos y el 52,1% se gestiona de manera completamente ad honorem, con dirigentes que muchas veces ponen “dinero de su propio bolsillo”.

Pero ese esquema también encuentra límites. “La gente tiene menos tiempo para dedicarle al club y también disminuyeron los aportes de quienes podían poner un peso de más”, advierte Pacín.

En Franja de Oro, 400 chicos juegan al fútbol infantil en cuatro ligas que generan déficit. Reducir la participación permitiría bajar los gastos, pero tendría un costo para las familias. “Si nos quedáramos con una sola, dejaríamos a 300 chicos afuera”, explica el dirigente. Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio, planteó esa misma preocupación: “Cuando una actividad se cierra, no se pierde solamente una disciplina deportiva, se pierde un espacio de contención”.

Menos financiamiento nacional y proyectos de asistencia

La reducción de los recursos públicos agrava las dificultades económicas de las instituciones. Según Táctica, la ejecución de las partidas nacionales para clubes de barrio cayó un 98,8% en términos reales entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026. En 2024 se eliminó el programa Hay Equipo, que pagaba la cuota social de chicos de familias vulnerables. “Con el Gobierno nacional directamente no hay diálogo ni políticas para los clubes de barrio”, afirma Pacín.

El Ejecutivo nacional exigió a los clubes reempadronarse para conservar la tarifa social y prorrogó el plazo hasta el 31 de diciembre. Según el Ministerio de Economía, la medida busca “ordenar el sistema de subsidios energéticos” y garantizar que “ningún club de barrio que necesite el subsidio lo pierda”.

Desde las instituciones, Villarreal reclama una respuesta más amplia. “Lo que necesitamos es que se cumpla y se fortalezca la Ley 27.098, que haya una tarifa acorde al rol social de los clubes, programas de financiamiento e infraestructura”, dijo a El Equipo.

En la Cámara de Diputados, Natalia Zaracho, de Unión por la Patria, presentó un proyecto para crear una “Tarjeta Club”, una prestación mensual destinada a las instituciones y financiada con impuestos a las apuestas online. La propia diputada admitió que, en el contexto actual, “es muy difícil que salga”.

En la Ciudad de Buenos Aires, las federaciones y el legislador Alejandro Grillo impulsan una iniciativa para reintegrar durante dos años el 40% de las facturas de luz y gas. “No pedimos que nos regalen nada, sino una articulación”, dice Pacín. El proyecto tiene dictamen de la comisión de Deportes desde junio y espera tratamiento en Presupuesto.

Las perspectivas de los dirigentes están atravesadas por la incertidumbre. “Si la situación sigue igual, el próximo año será triste para los clubes: muchos tendrán que reducir todavía más las actividades o los horarios de práctica”, proyecta Pacín.

Font, por su parte, plantea una incógnita que las estadísticas no alcanzan a responder: “Lo que no permiten medir estas estadísticas es hasta cuándo todo ese amor, esa pasión, ese sentido de pertenencia que generan los clubes va a seguir motorizando a las comunidades”.

LN/CRM

La censura ultra en Colombia decide qué es arte y qué no: de la violencia política a los encuentros en un cine gay

La tensión política en torno al Museo Nacional de Colombia, el más antiguo del país, se hizo palpable este miércoles en sus propias salas. Tras la orden del Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella de retirar varias obras de la sede en el centro de Bogotá, y bajo un inusitado despliegue de seguridad, algunos visitantes a la sala titulada Memoria y Nación escrutaban cada espacio vacío como el rastro posible de censura oficial. Un guardia tuvo que aclarar más de una vez que uno de aquellos huecos no obedecía a una orden oficial, sino a una avería: el proyector que debía mostrar una imagen interactiva sobre un panel estaba fuera de servicio.

Otros huecos visibles, en esa y otras salas, sí responden a una orden directa del Ministerio de Cultura. Dictada el 15 de octubre, la medida desmontó de la exposición permanente entre treinta y cincuenta piezas sobre el conflicto armado interno, el feminismo y la diversidad sexual, entre otros temas. Y agudizó una disputa cultural en torno a la memoria colectiva del país sudamericano: quién decide qué historias de Colombia merecen ser narradas y cuáles deben quedar fuera de la vista del público.

La directriz surgió el mismo 15 de octubre, durante la visita de Abelardo De la Espriella, de 48 años, a la sede del Ministerio de Cultura. Allí anunció una “contrarrevolución cultural” y una lucha “abierta, decidida y patriótica” contra el “wokismo”. Su discurso fue explícito: “Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo, en la que aparece Pizarro y demás terroristas, desaparezca de los lugares públicos”.

Una criba a puerta cerrada

Entre los elementos retirados se encuentran los afiches de campaña de dos candidatos presidenciales asesinados en 1990. Uno de ellos es el ya mencionado Carlos Pizarro, quien lideró el movimiento guerrillero M-19, en el que militó el expresidente Gustavo Petro. La agrupación, nacionalista y de carácter urbano, firmó la paz y entregó las armas pocas semanas antes del asesinato de Pizarro, ocurrido el 26 de abril de 1990 a bordo de un avión de Avianca.

El otro fue el candidato presidencial Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, asesinado un mes antes que Pizarro. Aquel partido de izquierda había surgido de un proceso de paz, pero sus militantes fueron víctimas de una campaña de exterminio que dejó miles de asesinados y desaparecidos, perpetrada por sicarios paramilitares y sectores de las fuerzas de seguridad del Estado.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió la medida con dos argumentos: que el museo no puede convertirse en un espacio de “apología del delito” y que debe proteger a los menores de edad del acceso a “material sensible”. No precisó, sin embargo, qué piezas pondrían en riesgo a los niños.

En el mismo mensaje, Holguín invocó los derechos de las víctimas de los diversos fenómenos de violencia a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Esa consigna, eje del sistema de justicia transicional con el que Colombia intentó cerrar los últimos capítulos de su conflicto armado, figuraba precisamente en uno de los afiches retirados.

Pocas horas después del discurso de De la Espriella, el secretario general del ministerio, Julián Sterling, eligió a puerta cerrada y al margen de los comités curatoriales las piezas que debían salir hacia el almacén, según revelaron medios colombianos. El ministerio no hizo públicos los criterios de la criba. Pero María Belén Sáez de Ibarra, directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO), asegura con certeza: “La autoridad política no equivale a autoridad curatorial”.

La cosecha de los violentos

Con la nueva cruzada cultural del Gobierno ultra tambalea y queda cojo un guion museográfico que investigadores y curadores habían construido durante más de una década. Las dos salas más afectadas abrieron en 2014 y 2019, bajo los gobiernos del tecnócrata de centroderecha Juan Manuel Santos, el presidente que firmó la paz con la guerrilla marxista de las FARC, y del derechista Iván Duque.

La renovación de las salas permanentes comenzó en 2013, con el propósito de que el museo abandonara las etiquetas clásicas, con colecciones segmentadas, y se reorganizara en torno a preguntas. El cambio recogía el testigo de la cátedra de historia que la pintora Beatriz González (1932 - 2026), referente del arte colombiano del siglo XX, impulsó en los años noventa para integrar distintas voces sobre el pasado del país.

“Los cambios de los últimos años en el museo se hacen precisamente para responder a la Constitución del 91”, explica Lucas Ospina, profesor de arte de la Universidad de los Andes. Aquella Carta Magna definió a Colombia como una nación pluriétnica y multicultural, y rompió con el molde constitucional existente desde 1886.

Hasta la renovación, la institución había narrado la colonia y la Independencia de España como una gesta exclusiva de hombres blancos, católicos, del centro del país, invisibilizando a los indígenas, los afrodescendientes y los esclavizados que también intervinieron. Y ese es el esfuerzo que ahora quedó golpeado, en especial, en salas como Memoria y Nación, donde la sección dedicada a la gráfica política quedó desierta.

Allí colgaban grabados de Alfonso Quijano (1927 - 2025), Luis Paz (1937 - 2011) y Carlos Granada (1933 - 2015), creadores que retrataron la violencia política colombiana durante la segunda mitad del siglo XX. De Quijano se exhibía, por ejemplo, La cosecha de los violentos, un árbol cuyos frutos son cuerpos humanos. El discurso presidencial asoció este tipo de obra con la apología del terrorismo. “Exhibir una imagen no significa adherir a su mensaje”, responde Sáez de Ibarra.

De la pared dedicada a la historia entre la Constitución de 1991 y el acuerdo de paz de 2016 no quedó ni una sola pieza. Salieron de la exhibición un facsímil de la “séptima papeleta”, el voto impulsado por el movimiento estudiantil que abrió el camino a la Asamblea Constituyente, y el balígrafo, el estilógrafo hecho con una bala de fusil calibre .50 con el que se firmó la paz con las FARC.

Ambos capítulos tienen un testigo común: Humberto de la Calle, ministro de Gobierno durante la Constituyente y jefe de la delegación negociadora en La Habana. “En el fondo, es un acto de censura”, afirma el veterano político liberal.

De la misma manera, Ospina reconoce que el relato del museo, como suele suceder, tenía zonas grises. Cita, por ejemplo, la ausencia de material sobre el horror del legado guerrillero. A su juicio, incorporar esas imágenes o discursos habría enriquecido el rompecabezas. La solución pasaba, sin embargo, por ampliar la muestra mediante el debate: “Así como pudieron quitar piezas en una tarde, se podían adicionar cosas; no en unas horas, pero sí bajo una discusión, bajo un proceso”.

El episodio desnudó, además, la fragilidad institucional del centro, uno de los más antiguos de Latinoamérica. Se trata de una asignatura política y administrativa en la que, según Ospina, los últimos gobiernos no avanzaron. Al carecer de persona jurídica propia, opera como una dependencia del Ministerio de Cultura. Un proyecto de ley intentó dotarlo de autonomía en el año 2000, pero la institución sigue a merced del presupuesto y del ministro de turno.

Por eso De la Calle asegura que el desmonte retrata un país en el que cada bando ve en el adversario a un enemigo. “En ese deseo de dominio absoluto”, advierte, “hasta las instituciones guardianas del patrimonio común caen también en este lamentable proceso”.

La mirada erótica y la guerra

Miguel Ángel Rojas (Bogotá, 1946) tiene dos obras en esta historia. El ministerio retiró una pieza de su serie Faenza, nacida de los encuentros homosexuales que fotografió a escondidas en un cine del mismo nombre del centro de Bogotá en los años setenta. Y dejó en pie, en la sección de gráfica política, la única obra que sobrevivió al desmonte: su ‘David’.

Se trata de una fotografía en blanco y negro de José Antonio Ramos, un soldado al que una mina antipersona arrancó una pierna, posando desnudo como la escultura de Miguel Ángel. Para Sáez de Ibarra, la pieza encierra una tensión entre el ideal heroico del cuerpo y la vulnerabilidad de quien ha sufrido la guerra. “Sería muy limitante leerlo solamente como una exaltación militar”, advierte.

José Ignacio Roca, que fue curador de arte latinoamericano en la Tate de Londres, encuentra la decisión “muy irónica”: en el David, dice, “confluyen dos cosas que no les gustan: la mirada erótica y los efectos de la guerra en el cuerpo social”.

El autor del retrato prefirió no pronunciarse públicamente. Ahora prepara La noche, la retrospectiva que el Museo Reina Sofía de Madrid inaugura el 11 de noviembre y que recorre cinco décadas de una obra dedicada a la violencia y la sexualidad en Colombia.

En todo caso Rojas admite a través de WhatsApp una razón de peso para callar: “Lo que es muy peligroso en Colombia es que a uno lo pueden primero señalar y después darlo de baja”. En la jerga militar colombiana, dar de baja significa matar. Y su mensaje alude a la pugnacidad del discurso oficial de De la Espriella, que desde que era precandidato prometió a la izquierda que haría “todo lo posible para destriparlos” (después pidió perdón).

El museo sale a la calle

El sector cultural no tardó en reaccionar. Seis museos de arte moderno del país, entre ellos el MAMBO, exigieron a la ministra una revisión pública de la medida, mientras que el comité colombiano del Consejo Internacional de Museos (ICOM) reclamó respeto a la autonomía curatorial. También hubo una decisión judicial: el lunes, un juez de Bogotá admitió una tutela interpuesta por la formación de izquierda Unión Patriótica y dos colectivos sociales, y ordenó conservar las piezas retiradas mientras toma una decisión de fondo.

La medida cautelar prohibió, además, desmontar otras piezas por su contenido sin un acto administrativo que lo justifique. Asimismo, exigió al museo un inventario detallado de lo retirado que especifique la ubicación actual de cada obra, su estado de conservación y la autoridad que ordenó su salida.

Entretanto, en las calles, la resistencia civil cobró fuerza el pasado miércoles. Hacia las once de la mañana, William López, exdirector del museo, congregó a unas cincuenta personas a las puertas de la institución para dictar, megáfono en mano, una clase abierta de historia. A escasos metros de la concentración, bautizada como “El museo va a la calle”, una hilera de agentes antidisturbios, apoyada contra el muro de piedra arenisca del edificio, que fue cárcel en el siglo XIX antes que museo, observaba la jornada en silencio.

Ante unas escalinatas pobladas de jóvenes, López reivindicó el carácter público del Museo Nacional y de sus colecciones de arte, historia, arqueología y etnografía. Por todo ello, José Ignacio Roca advierte que la censura que empieza con un par de obras retiradas puede acabar reescribiendo el relato de una nación. Y ya no se trata, concluye, de una pugna entre izquierda y derecha, sino entre democracia y autoritarismo.

Historia del papado contemporáneo

En este episodio conversamos con Diego Mauro, a propósito de su nuevo libro, La invención del papado contemporáneo. De Pío IX a Francisco, escrito junto con Vicente Jesús Díaz Burillo. A lo largo de la entrevista recorremos los últimos ciento cincuenta años de historia del papado, desde la pérdida de los Estados Pontificios hasta la construcción de un papado global, mediático y diplomático.

¿Cómo se transformaron las finanzas, la administración y las formas de gobierno de la Iglesia? ¿Qué papel tuvieron los Tratados de Letrán y los nuevos medios de comunicación en la reconstrucción de la autoridad papal? ¿Fue realmente el Concilio Vaticano II una ruptura en la historia del papado? ¿Y qué lugar ocupa Francisco en este proceso? Una conversación sobre cómo los papas fueron reinventando su relación con la modernidad y construyendo, a lo largo de un siglo y medio, el papado que conocemos hoy.

Entrevistado: Diego Mauro

Conducción: Nicolás Perrone

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Más de 400 científicos denuncian la “negligencia” de los laboratorios de IA y exigen control internacional

Más de 400 investigadores en inteligencia artificial y ciberseguridad de una treintena de países publicaron esta semana una carta abierta en la que reclaman “cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo y despliegue de IA” para evitar que ponga en peligro la seguridad mundial. La misiva hace especial hincapié en que las multinacionales y laboratorios que desarrollan los modelos de frontera, especialmente aquellos denominados “agentes”, están cometiendo una “negligencia irresponsable” con sus “prácticas estándar de ciberseguridad”.

La carta, firmada por especialistas de universidades y centros de investigación de todo el mundo y que sigue sumando ratificaciones, plantea tres exigencias a los gobiernos y las empresas tecnológicas. Entre ellas, destaca la petición de desconectar de Internet a los modelos de IA con capacidad de lanzar ciberataques, así como aislarlos en “sistemas de contención de alta seguridad”.

Esta exigencia llega después de la salida a la luz de que empleados de OpenAI avisaron a la dirección de la empresa de que sus agentes estaban teniendo comportamientos peligrosos, pese a lo que la dirección de la empresa decidió no frenar los experimentos para no retrasar sus planes comerciales. Alertas que llegaron semanas antes del ciberataque masivo contra Hugging Face —una plataforma de desarrollo de IA que 1.200 agentes de OpenAI hackearon, intentando cumplir las tareas que les había encomendado la compañía— o contra webs oficiales del gobierno australiano.

Anthropic, Google y Meta también denunciaron incidentes similares. “Varias organizaciones revelaron fallos de seguridad de gran repercusión: sus modelos de IA eludieron entornos insuficientemente aislados para comprometer los sistemas de organizaciones externas”, recuerda la carta. “Sin cambios inmediatos en las prácticas de desarrollo e implementación de la IA, estos incidentes seguirán ocurriendo, y los futuros serán mucho más perjudiciales para nuestra infraestructura crítica expuesta”.

Por ello, los firmantes, entre los que se encuentra la investigadora española Carmela Troncoso (directora científica del Instituto Max Planck para la Seguridad y la Privacidad, con sede en Alemania), solicitan la creación de un organismo internacional encargado de fijar los protocolos de seguridad necesarios para investigar IA avanzada.

Esa entidad también debería ser “tener la obligación de registrar y hacer un seguimiento de los fallos de contención”, opinan los científicos. “Para aprender de los errores futuros —en los que no se logra el equilibrio adecuado y ocurren incidentes— necesitamos un mayor intercambio de información y transparencia sobre las fallas de contención en el futuro”, justifican.

Opacidad

Una capacidad que se relaciona directamente con su tercera petición: “Para garantizar que la investigación sobre seguridad y contención de la IA pueda aprender de los errores, los incidentes de seguridad relacionados con fallos de contención deben notificarse al organismo correspondiente y, posteriormente, hacerse públicos”. La carta destaca que la “transparencia es necesaria tanto para el aprendizaje como para la rendición de cuentas”.

La crítica contra la opacidad en la que operan las multinacionales y laboratorios en el desarrollo de IA de frontera está cada vez más presente en la comunidad científica internacional. El panel de 40 expertos independientes creado por la ONU ya situó la “asimetría de información entre las empresas y la sociedad” como uno de los grandes problemas estructurales de esta tecnología. En su informe, los especialistas avisaron de que esta falta de transparencia evita que los gobiernos y los ciudadanos puedan evaluar correctamente sus riesgos.