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Karina Milei recorre el país para afianzar el sello libertario, pero las candidaturas podrían terminar dependiendo de la disposición o tolerancia de los propios gobernadores. La marca se impone si hay margen. Si no, se retrocede. La alarma santafesina.
La derrota de Karina Milei, la victoria a la que se colgó Macri y la división del PJ de Cristina: Santa Fe marcó el inicio del año electoral
A diferencia de 2023, cuando Javier Milei todavía era candidato y La Libertad Avanza no tenía ni sello ni tropa, este año electoral los encuentra en el poder, con la presidencia en sus manos, un partido nacionalizado y personería jurídica en todo el país. Pero aun con estructura y gestión, los armados provinciales libertarios siguen dependiendo de lo mismo que durante el año pasado: la relación que la Casa Rosada logre, o no, establecer con los gobernadores en cada uno de sus terruños.
En los pasillos del poder lo admiten sin vueltas. Aunque juran tener “marca fuerte” y “voto propio”, en los hechos no hay estrategia provincial que se impulse sin una evaluación previa del clima político local. Las decisiones se toman en función de quién gobierna cada distrito, cuánta voluntad de cooperación tiene, cuánto poder territorial conserva cada uno de esos “caudillos” y qué tan competitivos son los libertarios en ese mapa. ¿Podría la relación institucional con los mandatarios terminar condicionando, incluso, si hay o no candidatos? La pregunta está abierta.
“Les damos una mano en el Congreso porque queremos que el país no se hunda, pero eso no quiere decir que estemos con ellos”, explicó días atrás un funcionario de las provincias, sintetizando la lógica con la que varios gobernadores se vinculan con Milei. La tensión de fondo es esa: mientras los representantes de las provincias votan leyes clave para la Casa Rosada en el Congreso, La Libertad Avanza busca ocupar el mismo espacio político en sus territorios. La convivencia es, por lo menos, inestable.
En Balcarce 50 aseguran que el diálogo con los mandatarios no está roto, pero reconocen que es “más difícil sacar leyes en año electoral”. En paralelo, Karina Milei intensifica sus recorridas por las provincias —esta semana fue a Tucumán, la próxima estará en otra— para blindar el sello libertario en el interior, incluso en distritos donde el gobernador acompaña buena parte de las iniciativas nacionales, como Catamarca, Salta o Jujuy.
El caso tucumano sirve para ilustrar la tensión: aunque el gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los más colaborativos con Milei en el Congreso, la visita de Karina, Martín Menem y Lisandro Catalán cayó pésimo en la gobernación. Sin embargo, en el equipo de Catalán, que suena como eventual candidato, niegan cualquier roce: “Cuando ganemos, todos van a venir”.
Los libertarios tuvieron su primer test electoral del año en Santa Fe, donde quedaron terceros con el 14% de los votos en los comicios de convencionales para la reforma constitucional. A pesar del resultado modesto, en el oficialismo nacional hubo lecturas divididas. Algunos celebraron el desempeño del periodista Juan Pedro Aleart —que ganó en Rosario con más del 31%— como un ejemplo de lo que viene: outsiders con alto conocimiento local. Otros, más duros, cuestionaron la estrategia de Eduardo “Lule” Menem, responsable del armado nacional, por haberse negado a sellar acuerdos con figuras como Amalia Granata, que podría haber duplicado el caudal libertario con su sello propio.
La falta de una línea común hacia las provincias alimenta diferencias internas. Desde el entorno de Santiago Caputo, algunos critican la estrategia de competir en todos los distritos “solo por competir” y proponen privilegiar las elecciones nacionales, con acuerdos puntuales que eviten desgastes. Del otro lado, Lule Menem y el armador bonaerense Sebastián Pareja sostienen que no se puede dar ni un paso atrás, sobre todo ahora que tienen el control legal del partido.
Donde más se visibiliza esa lógica de todo o nada es en la ciudad de Buenos Aires. Allí, la consigna libertaria es ganarle al PRO, no negociar con él. La disputa no es solo política: Milei aún no digiere que Jorge Macri contratara al consultor Antoni Gutiérrez Rubí para su campaña —el mismo que trabajó con Massa—, y el vínculo quedó roto. La candidatura de Manuel Adorni como candidato libertario en CABA no es solo una apuesta electoral: es una señal al macrismo de que en el kilómetro cero no habrá tregua.
Lo paradójico es que en otros dos distritos donde gobierna el PRO, como Chubut y Entre Ríos, el trato es mucho más amigable. En Chubut, Ignacio Torres tiene buena imagen y un armado consolidado, por lo que no necesita —ni quiere— acordar con La Libetad Avanza. En Entre Ríos, en cambio, Rogelio Frigerio se muestra más abierto, pero sin apuro. La elección nacional de este año incluye la renovación de cinco diputados y tres senadores, por lo que las negociaciones podrían volverse más estratégicas a medida que se acerque octubre.
En ambos casos, los libertarios reconocen que tienen poco para ofrecer. En Chubut, el armador es César Treffinger, pero la palabra final la tiene Lule Menem. En Entre Ríos, el interlocutor es más difuso, aunque la expectativa existe. De todos modos, en la Casa Rosada aclaran que no habrá definiciones provinciales hasta que se aclare el vínculo entre Milei y Macri. “Primero hay que resolver ese ruido, después se verá si hay margen para acuerdos”, explicó un funcionario nacional.
La única alianza formalizada hasta ahora fue en Chaco, donde competirán junto al radical Leandro Zdero para intentar frenar el regreso de Jorge Capitanich. En el resto del país, por ahora, solo tanteos. La mayoría de esos entendimientos no se firma ni se anuncia: se negocian en despachos, se insinúan en gestos o se testean con sondeos previos. Pero la hoja de ruta está marcada por otro dato: el calendario electoral.
Hasta ahora, son ocho los distritos que ya desdoblaron formalmente sus elecciones: Salta (4 de mayo), Chaco, Jujuy y San Luis (11 de mayo), Ciudad de Buenos Aires (18 de mayo), Misiones (8 de junio), Santa Fe (29 de junio) y la provincia de Buenos Aires (8 de septiembre). En tanto, hay tres provincias que evalúan aún si desacoplar sus elecciones locales o no: Mendoza, Formosa y La Rioja.
Por otro lado, hay dos distritos en los que también se elegirá gobernador este año, pero que aún no definieron su cronograma: Corrientes y Santiago del Estero. En ambos casos, históricamente desdoblaron. En Corrientes, donde Gustavo Valdés no puede reelegir, se especula con elecciones entre julio y septiembre.
Con ese panorama fragmentado, en La Libertad Avanza saben que cada uno de esos domingo puede funcionar como plebiscito del proyecto libertario. Algunos distritos serán usados como prueba piloto. Otros, como laboratorio de candidatos. Y varios quedarán en pausa hasta último momento. En cualquier caso, hay una constante: la prioridad es la ciudad de Buenos Aires. “Es la única elección que nos interesa de verdad”, repiten en Balcarce 50.
Si en mayo logran ganarle al PRO porteño por un margen contundente, en La Libertad Avanza sueñan con una estampida: dirigentes amarillos de peso cruzando de bando y una narrativa triunfalista consolidada. Si eso no sucede, Karina Milei tendrá que conformarse con los votos que consiga en un territorio nacional dividido, con calendario desdoblado, y en un país donde los gobernadores siguen siendo la clave de casi todo.
PL/MG
El ultra desafía el pronóstico de una devaluación abrupta, toma aire y organiza un nuevo carry trade electoral. Si el que pide es de derecha, el FMI pone la suya. Todo fríamente calculado para evitar un default sobre la hora. El ensimismamiento peronista ante el agobio de su base.
Javier Milei transitó su primer año largo de gobierno con un piso de aprobación popular considerable, que lo mantiene competitivo para dar pelea en las urnas. En ese logro, jugó un papel esencial una inflación menor a la prevista por un amplio arco de economistas.
El ultra comenzó su mandato con una devaluación del peso de 54,3% —o, lo que es lo mismo, un salto cambiario de 118%— y ello disparó pronósticos generalizados de un alza de precios anual no menor a 300%, con un punto de partida en 211% en 2023. Resultó ser bastante menos de la mitad.
Un escenario en el que la narrativa oficial se impuso contra la corriente en lo referido al indicador más urgente para la mesa de los hogares brindó al elenco gubernamental una fortaleza decisiva en los primeros doce meses. La inflación disparada lima el espíritu de una sociedad, y aunque cabe atribuir la estampida del final del gobierno peronista a la disfuncionalidad del tándem Alberto-Cristina, los volantazos de Massa ante un escenario económico difícil y las promesas temerarias del panelista de Intratables convertido en presidente electo, el alejamiento del fantasma de la hiper permitió a millones de familias pensar más allá de cómo harían para llenar la heladera del día.
Había motivos para suponer que una devaluación de la magnitud de la decidida por Milei a los tres días de asumir, de las más agudas de la historia, activaría una dinámica traumática. La llegada de dos hermanos con una psiquis muy particular, un equipo gubernamental reducido, con poca experiencia y pergaminos lacerantes, y un credo terraplanista sobre una dolarización sin dólares en el Banco Central invitaban a prever lo peor. La hipótesis evitada —inflación de 300%— probablemente habría agotado el crédito del ultraderechista en cuestión de meses, y sus microfascismos cotidianos, hoy celebrados por la claque mediática, se habrían vuelto intolerables.
Luis Caputo moderó la inflación con tres herramientas básicas, según el consenso de los economistas. El atraso del tipo cambiario impuesto por una devaluación programada de 2% o 1% mensual durante 16 meses, un ajuste feroz en los salarios y las jubilaciones que hundió la demanda de bienes y servicios durante el primer semestre y la mantuvo baja en los siguientes, y la motosierra que eliminó el déficit fiscal y, por ende, la necesidad de financiarlo con emisión.
El grosero que preside el país les puso título a aquéllos que preveían una mayor inflación y luego alertaban por la apreciación desmesurada del peso: “mandriles”.
Corresponde recordar el origen del agravio, pese al esfuerzo por disimularlo de más de uno de los que dicen preocuparse por las instituciones, van o quisieran ir al Teatro Colón, cenan en Palermo, desprecian las letras de L-Gante, se maravillan con los precios accesibles de Galerías Lafayette, permanecen indignados porque Cristina una vez, quince años atrás, le dijo “abuelo amarrete” a un crítico marplatense, alaban la concordia uruguaya, leen editoriales de La Nación y evitan los insultos delante de sus hijos y nietos. Milei dijo una y otra vez que sus críticos eran mandriles porque tenían el culo ardido producto de vejaciones. El cuadro ubicaba al mandatario en el lugar del penetrador. Cómo no, si también se lo conoce como “vaca mala”, por su capacidad de mantener la erección y retener la leche, según contó en un programa del prime time de Telefe, para solaz de sus compañeros de mesa. En una ocasión, el Presidente de la República acompañó su gracia con un gesto masturbatorio, lo que causó un susurro cómplice de empresarios, economistas, periodistas y consultores repartidos entre la audiencia, casi todos hombres.
En el año y medio de Milei, Caputo demostró una rápida evolución desde aquel economista que abandonó la función pública extenuado en una playa carioca, conocido como un arriesgado apostador financiero en la faz privada, endeudador compulsivo en la faz pública y opaco declarante. Ante una reciente crítica de Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía hizo un gesto que se traduce en el lenguaje libertario como “me chupa la pija la opinión de los kukas”.
Podría leerse como chocante que una columna política publicada en un medio serio hable de masturbación, violaciones festivas, leche y pija, pero gobierna Milei y el periodismo debe abordar el discurso oficial.
La nave de Javote y los “colosos” encalló en el fin del verano. Acaso por prevención ante la “victoria” mileísta que supuso estabilizar la inflación en torno a 2,5%, el análisis político y económico, incluida buena parte de la heterodoxia y la centroizquierda, se acomodó en la previsión de que el esquema de atraso cambiario duraría al menos hasta las elecciones de octubre.
Los vaticinios de estabilidad y triunfo electoral de La Libertad Avanza anegaban el ambiente. Otro pronóstico equivocado, que esta vez, coincidió con el proferido por la Casa Rosada, por lo cual no mereció comparaciones con la fauna.
Con el nuevo año, las reservas del Banco Central desbarrancaron y la inflación de marzo resultó 3,7%, el doble de lo que habían arriesgado el Presidente y su ministro. Comenzó a revertirse la recuperación del poder adquisitivo de los salarios producto de la relativa estabilidad, que no obstante todavía estaba lejos de subsanar lo perdido en el primer semestre de 2024. El consumo masivo sigue en caída, incluso comparado con meses de precipicio del año pasado.
Las habladurías sobre los efectos mágicos del congelamiento de los pesos circulantes y la inflación como un fenómeno estrictamente monetario hacían agua, y “el topo” —otra de sus autodescripciones— perdía tiempo en agraviar a homosexuales como pedófilos y a víctimas del terrorismo de Estado, aunque lo ganaba en su esfera íntima para la promoción de presuntas criptoestafas y encuentros tarifados. Allí iba Milei a recibir un premio berreta en un salón de Mar-a-Lago, con Caputo celular en mano para registrar un abrazo tentativo con Donald Trump.
El Naranja no apareció, pero sí lo hizo el Fondo Monetario Internacional.
Principio de revelación. No importa si se trata de una dictadura que desaparece gente, como la de 1976, o un gobierno democrático peronista, como el de Carlos Menem, o antiperonista, como el de Fernando de la Rúa. O si quien pide auxilio es un presidente que aumenta el déficit fiscal, como Mauricio Macri, o lo recorta con motosierra, como Milei. La invariante indica que, cuando en la Casa Rosada hay un proyecto de derecha, preferentemente “promercado”, el FMI asiste con miles de millones de dólares. O serán decenas de miles de millones si el negociador es Caputo, por fuera de toda lógica económica y normativa del organismo multilateral.
La impunidad que los Milei se dan a sí mismos y en la que colaboran los shows oficialistas en televisión y los principales portales les permitió celebrar como un triunfo la acumulación de otros US$20.000 millones a la deuda externa.
La invariante indica que, cuando en la Casa Rosada hay un proyecto de derecha, preferentemente “promercado”, el FMI asiste con miles de millones de dólares
El Gobierno intentó convencer a la población de que todo fue minuciosamente planificado. Que no se acudió al FMI a la desesperada, para evitar un default tras otra aventura de carry trade, sino que fue una genialidad de los domadores de mandriles. Fue la forma que encontró de eludir lo evidente. Si el organismo no acudía al rescate, o si el anticipo del préstamo era por una cifra normal para los antecedentes, unos US$5.000 millones, la dinámica devaluatoria y de pérdida de reservas se habría acelerado, y el Tesoro se habría visto en dificultades para pagar los vencimientos de mediados de año.
Suena rara la tranquilidad impostada por Milei, porque alguien que pisa sobre seguro no viaja a Florida a buscar una foto con Trump en una cumbre organizada por una empresa de mudanzas y un evangelista salvadoreño para recaudar fondos para quién sabe qué.
Menos anecdóticamente, un equipo de exitosos no mira cómo se pierden US$8.000 millones en reservas brutas en tres meses, ni supedita el levantamiento del cepo a tres condiciones: inflación de 1,5% (en abril fue 2,5 veces ese umbral), que la base monetaria coincida con la base monetaria amplia (no ocurrió) y “resolver el problema de stock del Banco Central”.
De tres requisitos, sólo se cumplió uno, el del Banco Central, y fue gracias a un préstamo patológico del FMI. Milei tuvo la suerte de que en las cinco horas en que se hizo entrevistar por Alejandro Fantino no hubo espacio para una pregunta sobre un compromiso difundido hasta hace semanas.
Y sin embargo, como ocurrió en el comienzo del Gobierno, cuando la inflación comenzó a ceder a un ritmo no previsto tras la estampida inicial, es probable que los Milei saquen crédito de otro desbarranque anunciado.
El pronóstico unánime fue que el libre acceso a dólares para individuos dispararía una devaluación de 15% por lo bajo, o de 25% hasta poner al Banco Central ante el estrés de vender los dólares que prestó el Fondo, con el consecuente repunte inflacionario. Falta correr mucha agua, pero los datos preliminares indican que el inédito desembolso de 70% del préstamo del FMI en el corto plazo tendrá un efecto disuasorio para la compra de dólares. Cuando se despeja la hojarasca de los argumentos oficiales, ese upfront de US$14.000 millones es explicado en el Ejecutivo como la herramienta excluyente que mantener al dólar bajo control.
Con Macri, el esquema de carry trade duró dos años; con Milei, uno. Se abre una nueva temporada que —vuelven a coincidir los economistas— se extenderá al menos hasta octubre.
Nadie debería cantar victoria, porque los movimientos en el mercado cambiario son endiablados tanto por razones internas como externas, como bien saben los funcionarios de Macri que ahora militan con Milei. Ya vieron en 2018, cuando el FMI les comenzó a girar el megapréstamo de US$44.500 millones, y lo que se celebraba un día como un éxito por apreciación de los bonos y calma cambiaria, se padecía al siguiente como una fuga hacia la nada.
Caputo vuelve a la senda que lo identifica: otro episodio de carry trade, en el que los inversores se benefician de altas tasas en pesos hasta alcanzar una reproducción del capital inicial que, al ser convertido a dólares, brinda una rentabilidad en moneda dura única en el mundo.
Con Macri, el esquema duró dos años; con Milei, uno. Se abre una nueva temporada que —vuelven a coincidir los economistas— se extenderá al menos hasta octubre.
Detrás de estas bicicleteadas, hay un país. Tener uno de los Big Mac más caros del mundo ocasiona problemas sistémicos en la economía real. Las importaciones se vuelven baratas; las exportaciones, caras. La industria cruje mientras las silobolsas engordan a la espera de una mejor cotización; los turistas argentinos viajan al exterior y los extranjeros ralean.
El peso tuvo en días pasados otra ronda de apreciación y los precios, otra de aceleración. Si todo sigue así, Argentina pasará de ser un país caro a uno ridículo, mientras salarios y jubilaciones encuentran su poder adquisitivo en su nivel más bajo de las últimas décadas. Y todo ello, sin detener la dinámica de pérdida de reservas en el Banco Central. A la luz de los antecedentes de los protagonistas, cabe preguntarse en cuánto tiempo volveremos a hablar de otro préstamo récord del FMI que se evaporó.
En este marco, el país inicia una campaña electoral con múltiples estaciones. En el mejor escenario para el Ejecutivo, viene un bimestre con inflación muy lejos de la meta mensual establecida por el propio mandatario de entre 1% y 2%, aunque podrá volver a montar una narrativa de tendencia a la baja hacia la cita que cuenta en serio: las legislativas nacionales de octubre.
Aun en ese caso, se impone tomar distancia de las predicciones sobre una victoria de La Libertad Avanza, no sólo sostenidas por usinas oficialistas, sino también por otras en apariencia opositoras, que una y otra vez vuelven a lugar de la resignación o el comfort de acomodarse en la disidencia aceptada.
Con mucho más peso de los servicios y el transporte en detrimento de los alimentos en la composición del gasto de los hogares; menos trabajo y más precario; y un Estado que abandona su tarea con premeditación y alevosía, la reacción política de los segmentos bajos y medios bajos es una incógnita. Dados los yerros en las encuestas durante la última década, conviene tomarlas con cuidado.
La hipótesis de una corriente que ve en Milei un redentor contra el sistema, tan difundida en los medios y el mundo consultoril, podría tener asidero, o todo lo contrario. También podría ocurrir que el sector más desfavorecido de la población vuelva a detectar los cantos de sirena de quienes cuentan con auspicios para publicitar paraísos individualistas y terminan hundiendo a generaciones bajo los escombros de una deuda fugada.
Claro que todo sistema democrático necesita una oposición edificada a la hora de asistir las urnas. Cada paso que dan los Kirchner parece ir en la dirección de defender su cuota de poder simbólica y la contante y sonante, antes que la construcción de un proyecto alternativo. Pasa el tiempo, pero nadie sabe si sus desafiantes en el campo opositor, y en el peronista en particular, tienen la altura suficiente para dar vuelta la página.
Las elecciones legislativas de 2021 traen a la mente otro cuadro posible. Si en el peronismo prima el ensimismamiento y la pelea estéril que perpetúa el statu qúo, si lo que hay para ofrecer es la añoranza de “doce años maravillosos” —que no sólo no fueron tales, sino que un cuarto electorado ni siquiera los vivió por edad—, los cantos de sirena de la derecha liberal no son una opción, pero sí lo es la retracción: no votar o votar al que más grita o el que mejor tiktokea.
En ese escenario, el resultado será nítido, porque si algo demostraron antes Macri y ahora Milei, es que tienen a su base electoral movilizada.
SL/DTC
slacunza@eldiarioar.com
A pesar del pedido formal del Fondo de “profundizar las flexibilizaciones en materia de empleo”, las medidas impulsadas por el Gobierno parecen haber llegado antes de tiempo. Los salarios son cada vez más bajos y crece el pluriempleo en condiciones poco favorables.
Milei adelantó su plan para 2025: privatizaciones, reforma laboral, eliminación de impuestos y “motosierra profunda”
“Vieron que ando buscando trabajo, no saben lo que me pasó”, empieza el video que en febrero pasado publicó la tiktoker Anahí Cejas. “Voy a una entrevista y me dicen que mi jornada laboral sería de lunes a lunes de 10 a 20.30, excepto los sábados, de 10 a 21.30. Es decir, 64 horas semanales. Les contesto que bajo el convenio de trabajo que rige en nuestro país el máximo de horas semanales es de 48. Y la chabona me dice sí pero tendrías otras flexibilidades, como media hora para almorzar y flexibilidad para pedir horas si necesitás hacer trámites. Me ofreció $750.000 y, con total impunidad, se atrevió a decir: Bueno, ¿empezás el lunes?”.
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Mientras el staff técnico del FMI evalúa positivamente lo realizado hasta ahora por el gobierno de Javier Milei en materia laboral, se viralizan cada vez más videos de TikTok de jóvenes volviendo frustrados de entrevistas de trabajo en las que les plantean exigencias laborales muy altas y salarios muy bajos.
A pesar del pedido formal del Fondo de “profundizar las flexibilizaciones en materia de empleo”, las medidas impulsadas por el Gobierno parecen haber llegado antes de tiempo, llevando a un escenario de empleos más precarios, peores pagos y un creciente pluriempleo en condiciones poco favorables.
“El staff celebra la implementación de la histórica legislación estructural (Ley Bases). Los esfuerzos deben continuar con la aplicación de más reformas orientadas a aumentar la flexibilización del mercado laboral”, consigna el informe que el staff técnico del FMI publicó acerca del acuerdo con Argentina.
El documento presenta no solo las metas cuantitativas en materia de reservas, emisión monetaria y gasto público que el Gobierno debe cumplir para acceder a los desembolsos acordados. Le da un gran espacio a las reformas estructurales, cuya implementación recomienda, en algunos casos, con plazos como la impositiva –deberá ser presentada al staff a fines de 2025– o la previsional –para finales de diciembre de 2026–.
En materia laboral, el organismo es particularmente elogioso de las reformas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Menciona la implementación de “reformas orientadas a permitir mayor flexibilidad para negociar salarios y el régimen de despido a nivel sectorial”, o el fondo de cese laboral que aún no tuvo adhesión de ningún convenio colectivo de trabajo. “No es mensurable su impacto real, pero definitivamente da un mensaje claro de flexibilización”, comenta en diálogo con este diario el abogado laboralista e investigador Juan Manuel Ottaviano.
Pero el FMI también deja en claro su diagnóstico estructural: “El mercado laboral argentino sigue siendo altamente inflexible, con serios obstáculos a la formalización del empleo, entre ellos las elevadas cargas sociales, los costos de contratación y despido, y las trabas burocráticas y administrativas”, y sugiere “continuar con los esfuerzos” en este sentido.
“Yo no leo una imposición de una nueva agenda en el Staff Report. De hecho el FMI le está reconociendo al Gobierno que sobrecumplió también las metas laborales. El Gobierno ya hizo todo lo que podía hacer y más, pero con un efecto negativo en condiciones laborales y sin un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo”, explica Ottaviano.
En un año y medio de gestión, el gobierno de Javier Milei comenzó a implementar muchas de las reformas que el FMI elogia. Las principales fueron aprobadas a través de la “Ley Bases”a fines de junio del 2024 y están comprendidas en título IV “Promoción del empleo registrado” y en el título V “modernización laboral”.
• Extensión del periodo de prueba de 3 a 6 meses o hasta 1 año en función del tamaño de la empresa, lo que permite los despidos sin causa ni indemnización a los trabajadores durante ese periodo. Esta medida generó una aceleración en la rotación laboral, sobre todo, en sectores que ya contaban con ese tipo de esquemas como el comercio, turismo o algunos administrativos que no requieren tiempo de entrenamiento. En un contexto en el que estas actividades mercado internistas se encuentran en recesión, se utiliza como un mecanismo de ajuste de los empleadores para mantener plantillas que no aumenten la antigüedad. “Es el tema de consulta actual como laboralista: quienes pierden el trabajo o buscan su primer empleo, entran a un nuevo laburo y saben que tienen medio año de inestabilidad. Llegando a ese mes los despiden y, generalmente, los contratan en otro local del mismo rubro”, explica Ottaviano.
•Crea la figura del “colaborador”. De esta manera un “trabajador independiente” puede contratar hasta tres colaboradores que deberán hacerse cargo individualmente de sus aportes previsionales, a la obra social y a la ART y se eliminan las multas por incumplimiento en el registro de trabajadores contratados.
Sobre estas medidas, Ottaviano no ve un gran cambio aunque sí admite que “produce impacto por el mensaje de flexibilización laboral”. “Lo que sí es cierto es que a 1 año de la gestión de Milei bajó la cantidad de asalariados (con mejores esquemas de protección laboral) y aumentó la cantidad de no asalariados particularmente monotributistas, lo cual implica una mayor precarización del mercado de trabajo argentino. Posiblemente la figura del colaborador promovió esto último”, complementa Dario Romano, coordinador del Área de Trabajo y Producción del Centro de Estudios Metropolitanos (CEM).
•Crea un fondo de cese laboral que pretende terminar las indemnizaciones por despido. Éstas serían reemplazadas por un fondo sostenido por el empleador a lo largo del período en el que el empleado está activo. A pesar de ser mencionada especialmente como una de las medidas elogiadas por el FMI, la norma no tuvo efecto en las negociaciones colectivas de trabajo –hasta ahora, ningún convenio la tomó–; y es difícil de medir en términos de negociaciones individuales.
•Se incorpora como causal de despido con causa medidas o acciones llevadas adelante por los empleados en el marco de conflictos laborales. Si bien el gobierno atribuye a esta normativa una merma de la conflictividad salarial en documentos oficiales, Ottaviano propone hacer un “zoom out”, y agrega otros factores como el disciplinamiento salarial, el desempleo, o las condiciones laborales precarias que, desde 2017, generaron una baja en las manifestaciones en este sentido.
•Se promovió un “blanqueo laboral” que estipula la condonación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a la regularización de relaciones laborales que, sin embargo, no fue exitoso.
“Los datos de 2024 revelan que la flexibilización laboral no sirve para bajar la informalidad sino que por el contrario, puede incrementarla, empeorando la calidad del trabajo en todas sus formas”, asegura Romano sobre el último informe sobre informalidad que publicó el INDEC.
Si bien el Gobierno se pega al proyecto de “Promoción de Inversiones y Empleo” presentado por la diputada libertaria Romina Diez como la hoja de ruta a seguir en el camino de la flexibilización, aplica un disciplinamiento en el mercado laboral a través de una medida no regulatoria: el techo sobre las paritarias que intenta evitar que las negociaciones superen el “ancla” fiscal y cambiaria.
“La agenda de reformas (NdR: impulsadas en el proyecto de ley) es una reposición del dnu 70/23, que tendría pocas chances de ser aprobado por el Congreso después de ser declarado inaplicable por la justicia”, comenta Ottaviano. Y agrega que una reducción de las contribuciones patronales no es consistente con otra de las exigencias del FMI, que es ajustar jubilaciones a la vez que se extienda la seguridad social a los trabajadores informales sin hijos (los que no cobran la AUH). “El mayor problema de la agenda acordada con el Fondo es que además de profundizar una flexibilización que no arrojaría resultados positivos en la creación de empleo de calidad, es que es inconsistente, contradictorio como política”, remata.
Aunque no figura en ninguna ley, la Secretaría de Trabajo interfiere sobre los Convenios Colectivos, que a la vez disciplinan la negociación de los contratos fuera de convenio.
Desde enero, los salarios de convenio, que se adaptaron al ancla de cerca del 1% mensual, aumentaron por debajo de la inflación. En enero, aumentaron 1,1% frente al 2,2% de inflación, en febrero 1,8% versus el 2,4% de aumento de precios y en marzo 1,9% versus 3,7%, según consigna el director del centro de investigación y estudios sobre el mundo del trabajo (Cetyd) de la UNSAM Matías Maito.
La reforma laboral ya está en marcha, y no hubo necesidad de votarla. El apoyo del FMI a la reforma laboral parece más una justificación para la flexibilización que una verdadera apuesta por la creación de empleo de calidad. Lo que se está consolidando es un modelo de empleo que profundiza las desigualdades y limita las oportunidades de los trabajadores.
NR/MG
Cuestionan la falta de candidatos peronistas en la boleta de Es Ahora Buenos Aires. Por qué no llegaron a un acuerdo y cuáles son sus principales propuestas para los porteños.
Juan Manuel Abal Medina y Alejandro Kim chicanean a Leandro Santoro por su origen radical, la “tibieza” de algunos candidatos de su lista y la ausencia de dirigentes de impronta peronista. Las diferencias se profundizarán de cara a la elección del 18 de mayo, en qué se destacan sus propuestas; fortalezas y debilidades de cada lista en la disputa por el “verdadero” peronismo en 2025.
Exjefe de Gabinete durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Abal Medina publicó en los últimos días una carta dirigida a la militancia para que vote por su partido denominado Justa, Libre y Soberana, al que denominó “peronismo en serio”. El mensaje lleva implícita la chicana al espacio de Santoro, aunque desde su lista enfatizan que no buscarán criticar a los demás sectores, sino concentrarse en sus propuestas. Lo cierto es que el candidato buscó cerrar con la boleta de Ahora Buenos Aires, pero fue ninguneado por ese espacio, donde primero les negaron una interna partidaria y luego evitaron tender puentes a la hora del cierre de listas.
“La conducción resolvió conformar una lista nuevamente con la lapicera”, se quejó Abal Medina, quien describió a la campaña de Santoro como “vecinalista, tibia y muy alejada de la identidad peronista”. En diálogo con elDiarioAR, el exfuncionario de Cristina argumentó por qué su boleta contendría al “verdadero” peronismo porteño: “Somos una lista de militantes del primero al último y todos militamos en el peronismo desde siempre”. Nadie puede dudar de dónde venimos, qué somos y por qué peleamos. En ese sentido, enfatizó que cada uno de sus candidatos es “públicamente conocido en su ámbito” y que buscó conformar una boleta que expresara “a los distintos sectores, como la cultura, la academia, los movimientos sociales, el movimiento obrero, la actividad cooperativa, la ciencia, la tecnología y el movimiento estudiantil”.
Abal Medina esperó un guiño de la lista de Santoro, pero aclara que no hubo negociaciones con Kim, a quien evita criticar, aunque desliza un cuestionamiento solapado en la defensa de su propia lista: “Si uno pregunta qué dirigentes conocidos del peronismo se presentan en esta elección, los únicos están en nuestra lista”. En el resto, uno puede encontrar referentes del liberalismo, el radicalismo, el PRO… Pero del peronismo no. Pareciera que al peronismo hay que ocultarlo o presentara candidatos que no sean conocidos para el público masivo. Destaca en su lista a su segunda, la actriz Carolina Papaleo, de larga militancia en el peronismo.
En el caso de Kim, candidato de Principios y Valores, consideró en diálogo con elDiarioAR: “No podemos negar el peronismo de los compañeros que integran la lista de Abal Medina. Sin embargo, con ellos nos diferencian algunos matices que no son menores y que nos hacen expresiones diferentes dentro del peronismo. Representan un peronismo históricamente vinculado a las estrategias de contención de la pobreza. Y la política social, si bien es importante, no debería ser el eje del peronismo. La lucha contra la pobreza debemos darla construyendo prosperidad. Además, ellos son parte de la conducción de un PJ porteño que desde hace años le viene dando la espalda a los peronistas de la Ciudad. No nos queda claro si sus diferencias con la lista de Santoro son doctrinarias o de reparto de lugares en las listas”.
Sus críticas son mucho más enérgicas al referirse a Santoro, a quien vincula directamente con el “fracaso” del gobierno de Alberto Fernández. Durante el inicio de la campaña, Kim debió salir a responderles a quienes lo cuestionaron por haber tenido un cargo en la gestión del Frente de Todos (FDT), ya que desde 2020 hasta principios de 2023 se desempeñó en el área encargada del Boletín Oficial, bajo la Secretaría de Legal y Técnica que por ese entonces encabezaba Vilma Ibarra. “Era un laburo técnico. Si me preguntas si lo volvería a hacer, claro que sí. No trabajé para Alberto, trabajé para la patria”, dijo en una oportunidad. También sostuvo que esa información siempre fue pública y figuraba “en su LinkedIn”, minimizando la novedad del carpetazo.
Sus críticas a Santoro apuntan también a su militancia radical. “Hay diferencias innegables entre la impronta de un radical y la de un peronista. Está claro que los radicales no son muy adeptos al trabajo, el propio Santoro dice que arranca a las diez de la mañana. Le creemos: los radicales llegan tarde a todo, quizás en diez años entiendan el mundo que tenemos hoy”, chicanea Kim. Al igual que Abal Medina, asegura que nadie puede dudar que el “verdadero peronismo” se encuentra en su lista. “Somos peronistas porque creemos en el trabajo, porque estamos convencidos de que la dignidad del hombre y la mujer está en levantarse cada mañana y ganarse la vida con su propio esfuerzo. Quienes integramos esta lista sabemos lo que es levantar todos los días la persiana de un comercio o subirnos a un transporte público para ir a trabajar”.
En cuanto a la negociación con Santoro, marca una diferencia fundamental respecto a la experiencia de Abal Medina. Mientras este último admite que esperó hasta el cierre la posibilidad de un acuerdo de unidad, Kim revela que no les interesó siquiera sentarse a negociar con la lista de Es Ahora Buenos Aires. “Ellos nos vinieron a buscar, nos ofrecieron ser parte de la lista de Santoro. Ellos mismos lo admiten. Pero aceptar ese ofrecimiento hubiera significado bajarnos de una discusión que consideramos primordial. ¿Desde qué lugar nos quejamos de la ‘crisis de representación’ en la política, o del ‘avance de la antipolítica’, si después aceptamos formas de construcción donde lo que importa son los cargos y no las ideas?”, afirma en diálogo con este medio.
La forma de demostrar qué espacio representa al peronismo está principalmente en sus propuestas. “Nuestros proyectos expresan a un peronismo en serio que no quiere mirar para otro lado, que está donde tiene que estar”. La primera ley que vamos a promulgar es una de lineamientos para la urbanización de los barrios populares. Una ley integral que exija la inmediata urbanización del conjunto de los barrios populares de la Ciudad, afirma Abal Medina.
También piensa en otro proyecto de “ampliación de derechos” que consiste en una ley para la protección laboral de las plataformas jóvenes. Piensa en los empleados de plataformas como Rappi o Uber, que están “totalmente fuera del mundo de los derechos” y considera que “al tener esas empresas su sede en la Ciudad, entendemos que tenemos competencia para exigirles que cumplan con determinados derechos que no se pueden negar a ningún trabajador en la Argentina, independientemente si tienen o no un patrón definido”.
El tercer proyecto que buscarán presentar, de la mano de Pablo Bercovich, el tercer candidato de su lista, es una Ley de Pymes para la Ciudad. “Somos el segundo distrito del país con más pymes, más que Santa Fe o Córdoba; sin embargo, la Ciudad siempre mira para otro lado”, no atiende los reclamos de las pymes. Es central tener una ley. Más ahora, para ayudar desde el plano local a las empresas que está destruyendo el gobierno de Javier Milei“.
Hijo de inmigrantes coreanos, Kim asegura que el grueso de sus propuestas tienen al trabajo como eje. En ese sentido, plantea la creación de una red de subtes más extensa que impulse a las zonas porteñas que quedaron “desconectadas” y también “repensar el rol del Banco Ciudad” para que en lugar de estar “orientado al negocio financiero” se dedique a “promover la actividad económica y el trabajo”. Sugiere que debe acompañar a los emprendedores con crédito a tasas bajas y requisitos accesibles, al igual que a cientos de porteños que sueñan con la casa propia. También les habla a los jóvenes al promover políticas para fomentar a las escuelas técnicas y avala una intervención activa del Estado -en contraste con el gobierno de Javier Milei- para convertir a la Ciudad en el polo cultural “más grande de Latinoamérica”.
LA/JJD
El autor de esta nota, el abogado Alejando Rúa, relata los hallazgos sobre la intervención de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en torno al imán iraní Mohsen Rabbani, acusado como uno de los supuestos autores intelectuales del atentado terrorista a la mutual judía en 1994.
Para avanzar en el juicio en ausencia de los acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, se concretó días atrás un nuevo dictamen fiscal con las imputaciones que pesan sobre quienes fueran los más altos funcionarios del gobierno iraní, además de los libaneses que aparecen como sospechosos de haber concretado el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). La acusación reproduce las argumentaciones del fiscal Alberto Nisman de décadas pasadas y sostiene que el ataque lo hicieron “con autorización, directivas y financiamiento de quienes por entonces se encontraban a cargo del gobierno de la República Islámica de Irán” y la utilización de su red de espionaje, considerada “una estación de inteligencia”, que se apoyó en la estructura de la Embajada de Irán y su Consejería Cultural en Buenos Aires, por entonces ya a cargo del imán iraní Mohsen Rabbani.
Así, “Hadi Solemainpour, desde su rol de embajador iraní en Buenos Aires, brindó el apoyo y la cobertura necesaria para que se lleve a cabo dentro de la sede diplomática la labor de inteligencia necesaria para avanzar con la operación” y “Mohsen Rabbani resultó el artífice principal de llevar adelante la logística del ataque”, ratificó el Ministerio Público en uno de sus últimos dictámenes. “Funcional a ello resultó la estación de inteligencia que él mismo articuló a poco de su llegada al país, a principios de los años 80”.
Rabbani así “mantuvo estrecha vinculación con integrantes de la agrupación armada Hezbollah afincados en Latinoamérica”, concretamente con aquellos libaneses acusados de cometer el atentado, quienes asistían a su mezquita en Floresta. Se lo acusa también como el “artífice principal de la instalación y el progreso de la estructura de espionaje con capacidad suficiente para organizar con éxito” la etapa previa al atentado.
Mohsen Rabbani ingresó a la Argentina el 27 de agosto de 1983 y desde entonces fue objeto de seguimientos por los servicios de la inteligencia locales, en el marco de una “Mesa S” de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). En el organismo monitoreaban también al “Objetivo S”, más amplio, que abarcaba a los países árabes y musulmanes con representación diplomática en nuestro país, las organizaciones locales de su comunidad, las mezquitas y la representación en el país de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), donde se atendía la temática islámica y de Medio Oriente y, particularmente, desde 1979 y la revolución teocrática, el escenario iraní.
Luego del atentado de 1992 a la embajada de Israel en Buenos Aires, la reunión de información sobre la comunidad chiita y sobre Rabbani en particular se incrementó notablemente, y la SIDE desplegó numerosas tareas de vigilancia e inteligencia sobre el sheij y su entorno, incluidos los libaneses asistentes a su mezquita. Se ha desclasificado numerosa documentación sobre las tareas de infiltración, vigilancia y seguimiento que comenzaron a realizarse de manera intensiva en este periodo. Y para 1994, ante las alertas recibidas sobre la posibilidad de un nuevo ataque, el interés por la realización de tareas de inteligencia sobre Rabbani también fue compartido por los servicios de inteligencia israelíes, y se propuso “fijar como blancos a Mohsen Rabbani y la Consejería Cultural para desarrollar tareas de infiltración, controles telefónicos y de sus actividades”.
En “30 Días” reseñé con detalle el despliegue de esas “Operaciones Especiales de Inteligencia” y la intervención dispuesta por el Mossad, servicio de inteligencia de Israel, sobre los teléfonos de la embajada iraní en Buenos Aires más de un mes antes del atentado a la AMIA. Esas intervenciones fueron ejecutadas por la SIDE sin orden judicial, a propósito de las alertas recibidas sobre un nuevo ataque con coche bomba, en represalia por cuanto sucedía en Medio Oriente. Los aportes técnicos de los israelíes a la SIDE se listan en la documentación: receptores de sonido direccional con capacidad de grabación; aparatos para filmación nocturna; medios de comunicación; medios de observación y de penetración técnica; medios técnicos para control de líneas telefónicas desde las cercanías de su instalación; sistema de comunicación directa con la colateral; traductor de farsi.
Además, el mismo día del ataque a la AMIA fueron intervenidos sin orden judicial los teléfonos atribuidos a los libaneses del entorno de Rabbani y otros que utilizaba el sheij, que fue inmediatamente señalado por la SIDE como uno de sus perpetradores del ataque. Ya en la primera resolución judicial sobre el atentado, el 9 de agosto de 1994, se respaldaron esos señalamientos de la inteligencia: “Encuentro limitada mi competencia para interrogar a Rabbani respecto de las sospechas que recaen sobre su persona. Será el Supremo Tribunal de la Nación quien deba decidir al respecto”, refirió el juez del caso, mientras disponía las primeras ordenes de captura internacional sobre cuatro “diplomáticos” iraníes, falsamente acusados.
La Corte rechazo su propia intervención. La falsa atribución a esos “diplomáticos” fue explicada con detalle en “30 Días” y el Procurador General de la Nación les había ya advertido sobre el déficit de la acusación. Para ese entonces, un cable de la embajada de Estados Unidos en Argentina advirtió también sobre la situación, “dolorosamente evidente, ya a seis semanas”: “Mientras el papel iraní es ampliamente asumido, faltan pruebas concretas”. “Las autoridades argentinas parecen perdidas en producir pruebas fuertes para vincular a cualquier persona o grupo con los bombardeos. En ambos casos parecen hacer un esfuerzo de buena fe, pero en 1992 fracasaron totalmente y en 1994 sus esfuerzos están claramente fracasados”, sostenía el cable diplomático. Hoy sabemos que ni siquiera hubo buena fe.
Desde entonces, Mohsen Rabbani fue reiteradamente y hasta hoy señalado como responsable de la inteligencia previa al atentado y de organizar la logística del grupo operativo que condujo la camioneta cargada de explosivos hasta la mutual judía el 18 de julio de 1994. En “30 Días” reseñé también las estrategias de abordaje que le destinó la SIDE después del atentado y cómo llegó a infiltrar a uno de sus agentes, que le reportaba lo que veía y escuchaba:
“Le tomó tiempo, pero el infiltrado logró la confianza del mismísimo Rabbani. Fue su chofer. La infiltración se extendió por varios años, mientras la inteligencia seguía investigando al sheij y su entorno. El agente ingresó a la comunidad trabajando como chofer de una línea de colectivos de la zona. Luego, entabló una relación con la hija de un empleado de la embajada de Irán. Aprendió palabras y saludos en farsi. Ya infiltrado en el entorno del sheij, cuando Rabbani tenía dudas sobre algo que leía en los diarios argentinos, el chófer lo asistía leyéndoselos”.
Hubo además un segundo agente infiltrado y la información obtenida se acumula en el caso “Orador” de la SIDE. Los informes de enero de 1996 ya admitían no poder reunir elementos que corroboren la hipótesis de que los iraníes sean los autores de los atentados, aunque alimentan la sospecha de que Rabbani sabe quién lo hizo, en el marco de sus relaciones. Luego, en el informe de febrero se plantea que las conexiones claves del islamismo chiita en nuestro país son las mujeres de la comunidad. Hay referencias al rol atribuido a las hijas de las familias destacadas y la vinculación con los libaneses asistentes a la mezquita de Floresta, objetivo de la SIDE.
Pero además y para ese tiempo, las autoridades de la SIDE mantuvieron al menos tres reuniones secretas con los funcionarios iraníes que continuaban sus funciones en Buenos Aires, con el expreso propósito de procurar un acuerdo de intercambio.
Esas reuniones tuvieron lugar entre mayo y junio de 1996, en el despacho de la subsecretaría de Inteligencia Interior de la SIDE, en el edificio central de la calle 25 de Mayo. Y a ellas asistió el propio acusado Mohsen Rabbani, que estaba a cargo de la Consejería Cultural de la embajada de Irán, acompañado por el encargado de negocios que quedó en la Embajada tras la partida del embajador Soleimanpour, luego de las acusaciones de agosto de 1994.
Las autoridades de la SIDE aclararon a los iraníes que estaban en “un área de reserva”, de “secreto confesional”, un área de inteligencia que no interfería en las relaciones internacionales con Irán, que corrían por cuenta y responsabilidad de la Cancillería. Los funcionarios argentinos manifestaron que consideraban erradas las vinculaciones que se hacían del gobierno iraní con el atentado a la AMIA. La SIDE realizó “escuchas ambientales” de esas reuniones, que luego fueron transcriptas y se hallaron entre la documentación desclasificada. También se encontraron los registros de la intervención telefónica que se mantenía sobre la representación diplomática.
Tales registros documentan que incluso se le propuso a Rabbani generar “colaboraciones” de inteligencia entre ambos países para superar los inconvenientes y nutrirse de la inteligencia iraní: “Lo que ya les dije el otro día es que estamos abiertos a cualquier intercambio, sobre todo de ópticas, de uniones, y más con un país tan importante como Irán”. Y expresamente se le pidió al consejero cultural que hiciera llegar ese planteo al gobierno iraní, advirtiendo que aunque las relaciones exteriores no eran competencia de la SIDE, tenían el apoyo del gobierno argentino para llevar adelante esta propuesta.
Esas mismas autoridades de la SIDE participaron luego de otra operación de acercamiento al acusado Mohsen Rabbani, con el objetivo, esta vez, de sacarlo del país. La documentación desclasificada da cuenta así de la coordinación del servicio de inteligencia argentino y el norteamericano en la definición de esa nueva tarea y la estrategia para llevar adelante lo que llamaron “Operación Cacerola”: el servicio colateral enviaría un oficial operativo especializado en contraterrorismo que, con el apoyo operativo de la SIDE, se encargaría de ofrecerle a Rabbani su salida del país a cambio de una importante suma de dinero, frente a la amenaza de que si no lo sacarían en forma compulsiva.
Mohsen Rabbani se fue de Argentina el 21 de septiembre 1997 en un vuelo de Iberia con escala en Madrid y destino a Teherán. Y la cancillería argentina hizo saber a la SIDE que había informado a las autoridades iraníes que el gobierno argentino no deseaba que Rabbani regresara a la Argentina. La Cancillería indicó que esta solicitud implicaba un llamado a la cooperación del gobierno iraní a fin de no declarar, formalmente, persona no grata a Rabbani.
La captura internacional de Rabbani fue dictada en 2003, casi seis años después de que saliera del país, y la imposibilidad de llevarlo ante el juez del caso ha derivado en la decisión de juzgarlo en ausencia. El archivo de la “Operación Cacerola” fue un hallazgo de las tareas de relevamiento de información desclasificada y fue aportado e incorporado ya como prueba documental en juicio.
En la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos informada el año pasado, el Estado argentino es responsable de determinar la identidad de los autores materiales e intelectuales de los hechos y todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba, evitando omisiones, siguiendo líneas lógicas de investigación, absteniéndose de actos que impliquen la obstrucción para la marcha del proceso investigativo y sin poder ampararse en argumentos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, que en realidad sean pretexto para impedir la investigación.
Además, el Estado argentino debe proseguir los procesos pendientes en contra de los responsables del encubrimiento del atentado, con el fin de aplicar las sanciones correspondientes. La tragedia de la AMIA lleva más de 30 años y nuestro país está obligado a remover todos los obstáculos que mantienen al caso en la impunidad total.
*Autor de “30 Días. La trama del atentado a la AMIA”, de Editorial Planeta.