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El Gobierno cree que la CGT no moverá el tablero y se alista para un miércoles con conflicto acotado

El Gobierno cree que la CGT no moverá el tablero y se alista para un miércoles con conflicto acotado

En la Casa Rosada interpretan que la central sindical llega dividida y confían en que la reforma laboral tendrá los votos necesarios en el Senado. Preparan un operativo de seguridad para una jornada con movilización.

En la Casa Rosada siguieron sin dramatismo la resolución de la Confederación General del Trabajo (CGT). El viernes, con el debate por la reforma laboral en el Senado a la vuelta de la esquina, el oficialismo se mostraba convencido de que la central no lograría los consensos necesarios para convocar a un paro general. La decisión de limitar la respuesta a una movilización a las puertas del Congreso confirmó esa lectura: para el Gobierno, el sindicalismo conserva capacidad de ruido en la calle, pero perdió poder para condicionar el desenlace político.

El tono interno fue más duro que el discurso público. Ante las objeciones lanzadas desde Azopardo 802 por los representantes de la central obrera, en los pasillos de Balcarce 50 no se anduvieron con vueltas. “Lo que diga la CGT no nos importa”, lanzó un miembro de la mesa política del mileísmo. Sin matices, el mismo funcionario agregó que “los gordos siempre hacen lo mismo, defender la de ellos” y evaluó que la protesta prevista para el próximo miércoles solo servirá para “exponer que ya no los acompaña nadie”.

La mesa política del gobierno.

Más allá de esa confianza, el Gobierno se prepara para una jornada caliente. En el Ministerio de Seguridad que conduce Alejandra Monteoliva no prevén un escenario de descontrol, aunque seguramente se disponga de un operativo reforzado con presencia de fuerzas federales, además de vallado y custodia del Congreso. En la cartera son conscientes de que el objetivo principal será evitar incidentes o situaciones de desborde, mientras que la CGT buscará exhibir fuerza política con movilizaciones en todo el país, con sus sindicatos más combativos impulsando paros por actividad.

Lo cierto es que el dato que más valoran en la Casa Rosada es el frente político. Los libertarios lograron aislar el reclamo sindical de la mayoría de los gobernadores, que respaldan la ley y concentran su negociación en el impacto fiscal. La fallida cumbre de mandatarios peronistas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) dejó a los sectores más duros del peronismo y del sindicalismo sin volumen para ordenar una oposición común.

Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT.

La negociación con los gobernadores

En paralelo al frente sindical, el Gobierno continúa consolidando apoyos entre los gobernadores, pieza clave para garantizar el resultado en el Senado. En la Casa Rosada sostienen que la mayoría de los mandatarios optaron por acompañar la reforma laboral o, al menos, evitar confrontar abiertamente con el oficialismo. La discusión con las provincias, explican, se concentra menos en el contenido laboral del proyecto que en su capítulo fiscal, particularmente por la eventual merma de recursos derivada de la baja del impuesto a las Ganancias para las empresas..

El trabajo político del ministro del Interior, Diego Santilli, fue central para sostener ese esquema. Desde que asumió el cargo, el funcionario activó una ronda de contactos con gobernadores de distintos signos políticos para contener tensiones y evitar la conformación de un frente opositor. En el Gobierno destacan que, en los últimos días, logró desactivar la cumbre que un grupo de mandatarios peronistas, una instancia que podía convertirse en señal de resistencia institucional frente al proyecto.

Diego Santilli al salir de la reunión con gobernadores dialoguistas en la Casa de Salta.

En La Libertad Avanza interpretan que, más allá de los matices, los gobernadores priorizan hoy la estabilidad fiscal y el vínculo con la Casa Rosada antes que un alineamiento político con la CGT. Varios mandatarios, incluso, prefieren negociar compensaciones o mecanismos de atenuación del impacto fiscal antes que quedar expuestos en una confrontación abierta contra una ley que el Gobierno da por encaminada. Esa lógica explica, según fuentes oficiales, el repliegue de sectores del peronismo dialoguista y la falta de coordinación entre provincias y sindicalismo.

No obstante, en Balcarce 50 admiten que el respaldo de los gobernadores no es uniforme ni automático. Algunos mantienen reservas sobre aspectos puntuales del proyecto y continúan negociando en silencio. En particular, el foco está puesto en garantizar el acompañamiento de legisladores que responden a ejecutivos provinciales clave, donde el oficialismo cree haber avanzado lo suficiente como para asegurar una mayoría funcional en el recinto.

Con ese cuadro, Javier Milei considera que la discusión legislativa está, en términos políticos, bajo control. El verdadero interrogante, admiten cerca del Presidente, no pasa por los votos sino por el nivel de conflictividad social que pueda generar la reforma una vez aprobada. Por eso, mientras consolidan el frente con las provincias, en la Casa Rosada observan con la misma atención la calle que el tablero parlamentario.

PL/MG

Reforma laboral: los gremios “heridos” de la CGT en una interna sindical en la que no gana nadie

Reforma laboral: los gremios “heridos” de la CGT en una interna sindical en la que no gana nadie

La CGT volvió a exhibir sus fisuras ante el proyecto oficialista: gremios que empujan por el paro y sectores que apuestan a la negociación conviven en una interna sin vencedores claros. Entre recuerdos del 2017, pases de factura y cálculos políticos, la central obrera intenta contener una fractura que amenaza con reordenar el mapa sindical y beneficiar al Gobierno.

Los cambios más polémicos de la reforma laboral en la vida cotidiana por los que ni los gobernadores ni la CGT pelean

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Si algo dejó en evidencia la estrategia de la CGT es que los gremios “heridos” que querían un paro general y no lo consiguieron no se encuentran muy lejos, en ese malestar, del resto de los sindicatos, que lograron hacer primar una posición de mayor moderación ante el tratamiento de la reforma laboral que tendrá lugar el próximo miércoles en el Senado.

La central obrera volvió a mostrar una fractura marcada entre los gremios más duros, que empujan por un paro de actividades y por una posición más confrontativa contra el Gobierno, y el ala “dialoguista”, que apuesta a que sea la propia “política” y las instituciones de la democracia las que frenen una reforma que consideran a todas luces regresiva.

Sorprende encontrar, en estos últimos, al camionero Hugo Moyano, que justamente supo hacer gala en los ‘90 de una posición de confrontación interna con la CGT del menemismo, en una postura que lo llevó incluso a romper con aquel status quo para conformar el Movimiento de los Trabajadores Argentinos (MTA).

Uno de los

Lejos de aquella versión, y más cerca del retiro que de un sindicalismo activo –tiene 82 años–, el padre del clan Moyano apuesta a la negociación y al diálogo con los actores del poder para conseguir poner (algunos) límites a la avanzada del Gobierno sobre el sistema laboral argentino. Se diferencia en esto de su propio hijo Pablo, que desde los márgenes de la CGT propulsa un choque abierto.

Así, mientras Hugo maneja a discreción a Octavio Arguello, el dirigente camionero que integra el triunvirato de la central obrera junto a Jorge Sola (Sindicato del Seguro) y Cristian Jerónimo (Sindicato del Vidrio), Pablo busca agitar las aguas con el recuerdo de la frustrada reforma laboral que en 2017 pretendió impulsar Mauricio Macri. En aquella oportunidad, les dice el más confrontativo de los Moyano, no hicieron falta tantos gremios para hacer caer el proyecto.

Otros de los sectores “heridos” tras la decisión de no concretar un paro nacional el día que se trate la reforma en el Senado fue el de Juan Carlos Schmid, jefe de la poderosa Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

El dirigente, que supo ser uno de los triunviros de la central en tiempos del macrismo, pidió una medida de fuerza para el miércoles próximo, pero su posición fue desestimada por la mayoría. Lo mismo le pasó a Sebastián Maturano, secretario gremial de los maquinistas de La Fraternidad e hijo de Omar Maturano, y quien tampoco fue debidamente escuchado.

“Maturano quería incluso un paro de 24 a 48 horas para cuando el Senado tratara la reforma”, apuntó ante elDiarioAR una fuente que participó de la reunión del consejo directivo cegetista del viernes último.

Sebastián Maturano, secretario gremial de los maquinistas de La Fraternidad, otro de los que pretendía un paro de hasta 48 horas.

Como fuera, la CATT, La Fraternidad y Camioneros se unen al elenco de decepcionados que ya conforman gremios más combativos como la UOM, Aceiteros y los pilotos de APLA, que de todos modos decidieron no quedarse de brazos cruzados: los metalúrgicos harán paro el mismo miércoles desde las 10 para permitir que sus afiliados puedan marchar al Congreso.

Junto a estos gremios y otros sectores externos como las dos fracciones de la CGT, la UOM ya había motorizado la semana pasada una marcha en Córdoba y concretará otra el martes, un día antes del tratamiento de la ley, en la ciudad de Rosario.

El peso de la mayoría

Pese a la efusividad de ese sector, la posición mayoritaria es otra y Jorge Sola y Cristian Jerónimo, que llevan las riendas del diálogo institucional de la CGT, apuestan por la negociación y el “cabildeo” para ganar tiempo. Los acompaña en esa estrategia un peso pesado como Andrés Rodríguez, jefe de los estatales de UPCN y uno de los que llevó la voz cantante de la moderación en la reunión del consejo directivo del viernes.

Ese sector no quiere apurar un nuevo paro, que sería el cuarto en la era libertaria, por una cuestión táctica: en sus cálculos, la medida perdería fuerza y luego serían tildados de “débiles”. Y Rodríguez aporta otra cuestión para nada menor: “El clima social no está para que nadie pierda el salario por parar”.

Según pudo saber elDiarioAR de fuentes de la mesa chica de la central, la estrategia de los “dialoguistas” pasa por apostar a la Cámara de Diputados, donde los sindicalistas creen que el oficialismo y sus aliados no conseguirán los números para aprobar la reforma. En el Senado ya dan por perdida la pulseada.

Jorge Sola, uno de los secretarios generales de la CGT.

“Durante febrero no va a salir en Diputados, y una vez que hayamos pasado a las sesiones ordinarias ya será otra cosa”, se ilusionó ante este medio un operador sindical.

Y hay otro punto que entusiasma, aunque con reservas, a los sindicalistas. Un sector importante del consejo directivo cree que Javier Milei no buscará ir a fondo con la reforma y que La Libertad Avanza aceptará cambios en muchos artículos sensibles del proyecto. ¿La razón? En la CGT están convencidos de que el presidente libertario solo quiere mostrar que pudo ir a fondo allí donde sus predecesores no-peronistas, como el radicalismo y Macri, no pudieron.

“Es solo maquillaje para exponer al PRO”, se envalentonan en Azopardo, donde nunca dejó de haber contacto directo no ya con el secretario de Trabajo Julio Cordero sino directamente con Santiago Caputo. Para los ‘Gordos’, Milei se conformaría con apenas aparentar haber doblegado a la ‘casta sindical’.

La CGT se inclina entonces por ser la ‘punta de lanza’ de numerosos reclamos multisectoriales contra el Gobierno a lo largo del país. Si no se apuran, el sector conformado por la UOM y las CTA podría convertirse en un ‘nuevo MTA’ y fracturar de hecho el campo sindical. El escenario ideal para el Gobierno.

NP/MG

La mayor inversión minera del país pide otra ley de glaciares pero dice que no tocará ninguno

La mayor inversión minera del país pide otra ley de glaciares pero dice que no tocará ninguno

A más de 4.000 metros de altura, el proyecto Vicuña en San Juan se perfila como el principal desembolso extranjero de la historia argentina por la creciente demanda de cobre, clave para la transición energética. Pero con la minería se debate sobre la reforma de la norma que protege las reservas de agua y por la cantidad de empleo que generará.

No se puede ir por cuenta propia hasta la mayor inversión minera de la historia argentina, el proyecto Vicuña, en la provincia de San Juan, en la frontera con Chile, cerca de La Rioja. Por eso en este y otros casos a lo largo de los Andes, los defensores de la actual ley de glaciares, ahora en revisión, se basan en imágenes satelitales recolectadas en el Instituo Argentino de Glaciología (Ianigla). Son nueve horas y media de viaje en ómnibus o camioneta 4x4 desde la ciudad de San Juan, incluidas seis por un camino privado de ripio.

El camino, que se inicia en el pueblo riojano de Guandacol y atraviesa ríos, fue construido por las mineras antecesoras de Vicuña Corp., que se formó en 2025 entre la gigante australiana BHP y la canadiense Lundin.

Sólo invitado por la empresa concesionaria del yacimiento, que incluye las minas Filo del Sol y Josemaría, se puede acceder. Y la compañía exige a sus invitados una mañana de controles médicos que van desde pedalear en bicicleta fija con electrodos para la vigilancia cardíaca (ergometría) hasta la prueba de entrada y salida del aire en los pulmones (espirometría) para chequear que podrán aguantar a estar 20 horas entre los 4.000 y los 5.300 metros sobre el nivel del mar, alturas en las que falta el aire.

Dolores de cabeza, con puntadas o presión en la frente, mareos que hacen parecer que uno camina en un barco con marejada y no por el campamento donde viven los mineros, cansancio e insomnio. Son algunos de los síntomas que sufrimos los periodistas invitados y por los que terminamos apenas llegar o durante la noche con una cánula de oxígeno durante 15 minutos o con un suero de analgésicos y corticoides.

Los trabajadores del proyecto, que alternan 14 días en la montaña y 14 en sus casas (dos de estos días de descanso se consume en el viaje), se van acostumbrando pero también a veces sufren el mal de altura, que ha provocado en algunos casos dislexia circunstancial o hasta un edema cerebral o pulmonar. Son problemas que se podría acotar mascando hoja de coca, pero la compañía la prohibió porque puede tapar otras sustancias en sangre en los controles de alcohol y drogas que aplican a los empleados. Se recomienda tomar mucha agua en pequeños sorbos y comer liviano. 

El cerro en sombra es la futura mina Josemaría, parte del proyecto Vicuña.

En estos cerros tan inhóspitos, áridos, por donde andan algunas vicuñas, guanacos y zorros, con pocos glaciares y manchones de nieve en retroceso por el cambio climático, donde en invierno hace menos que 20 grados bajo cero, trabajan por estos días de verano más de 1.100 personas con cascos, anteojos de sol, camperas relucientes y botas en lo que el director para Argentina de Vicuña, José Morea, llegó a calificar como la mayor inversión extranjera de la historia argentina, no sólo minera.

El CEO prometió que será una de las diez mayores minas de cobre, oro y plata del mundo, cuando esté terminada, porque por ahora siguen en la etapa de exploración, de perforaciones para determinar en qué parte de la montaña hay más recursos. Sólo después construirán la planta procesadora y en la década próxima recién empezarán a producir y exportar. Morea no quiso desmentir la cifra exacta de la inversión que el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, informó que rondaría los US$12.000/15.000 millones en 20 años, 2.000 millones en los próximos dos, según la parte del proyecto que se presentó en diciembre pasado para recibir las rebajas de impuestos y aranceles de importación y los beneficios cambiarios del Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI). El RIGI sólo exige 20% de proveedores locales y las empresas apenas cumplen con ese piso, en tiempos en que prefieren lo importado por cuestión de precio.

Las inversiones incluyen la construcción de una nueva ruta de 220 kilómetros desde la mina hasta el pueblo de Rodeo, en la provincia de San Juan, para conectarla de manera más directa con la capital cuyana, en lugar de tener que desviarse por La Rioja, como hasta ahora. Una unión de una constructora sanjuanina con una puntana están ya trabajando en los primeros 50 kilómetros y pronto Vicuña licitará el resto. Además, la minera organizará otra licitación para levantar una línea de alta tensión hasta Rodeo para abastecerse de electricidad del sistema interconectado central de la Argentina. Por ahora usan generadores a gasoil.

En Vicuña, al igual que en todas las demás mineras, abogan por la reforma de la ley de protección de glaciares que el presidente Javier Milei metió en las sesiones extraordinarias del Congreso este mes. Pero aclaran que no necesitan de ese cambio para continuar con su proyecto y que no tocarán los glaciares y las zonas periglaciales que están en su dominio. Josemaría ya tiene aprobado su estudio de impacto ambiental por el anterior gobernador peronista, Sergio Uñac, y Filo del Sol espera por su autorización con el actual jefe provincial, Marcelo Orrego, del partido Producción y Trabajo, de perfil conservador.

Es incensante el ir y venir de camiones argentinos y chilenos por la mina binacional Filo del Sol.

Metegoles en altura

En la que será la mayor mina de la Argentina defienden que la iniciativa oficialista proteja “los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial con funciones hídricas efectivas y relevantes”, es decir, ya no todo seguirá resguardado como hasta ahora; que los más de 17.000 glaciares relevados por el Ianigla sigan vetados para la actividad minera y petrolera sino que ese inventario sirva como insumo para posteriores estudios de si aportan o no suficiente agua a la provincia donde están situados. Ahí radica uno de los puntos claves de la ley de Milei: que ya no sea la Nación sino cada provincia la que determine qué proteger y qué no. 

Los opositores a la reforma temen que los gobernadores, por convicción o presión, cedan a las pretensiones de las mineras. Además, advierten que puede que un glaciar mirado de manera individual no tenga tantos recursos hídricos, pero en conjunto con otros sí revista impacto y, por tanto, su eliminación puede resultar dañina. La falacia de agregación o de composición en el pensamiento de John Maynard Keynes sostiene que lo que es racional o virtuoso a nivel individual puede ser desastroso a nivel agregado. 

En el campamento Batidero, un conjunto de contenedores ensamblados con habitaciones dobles y simples con televisor para 1.060 huéspedes, un comedor, un kioskito, un gimnasio y una sala de recreación con dos metegoles, una mesa de ping pong, un billar y otra TV, la gerenta de Ambienta de Vicuña, Yanina Ripoll, explica qué glaciares están dentro de la concesión de la empresa. Bióloga, que hasta cinco años atrás trabajaba en la Secretaría de Ambiente de San Juan, cuenta que hay un glaciar “con alto deterioro”, inventariado por el Ianigla, “manchones de nieves” y un glaciar de escombros –es decir, que en su superficie no tiene hielo sino roca, lo que es parte de la zona periglacial– que fue descubierto por la minera e incorporado después al relajamiento provincial. 

Campamento Batidero, en el proyecto Vicuña.

“Avanzamos en estudios para ver el aporte hídrico de los glaciares y los manchones”, cuenta Ripoll. “Desde 1976 hasta la fecha han retrocedido en tamaño 84%. El glaciar de escombros, llamado G110, está inactivo y no tiene aporte hídrico a la cuenca” , agrega la bióloga. “Aunque se modifique la ley de glaciares, no se tocará ni este ni el glaciar, que nosotros llamamos AR30, aclara en la empresa. ”¿Y para qué entonces los están analizando?“, preguntó la prensa. La respuesta: porque así los obliga la ley ambiental minera y de paso para evitar cualquier eventual reclamo futuro sobre el respeto del área protegida. También está trasladando vegas (vegetación que indica la presencia de agua), ratones y lagartos para mantenerlos pero fuera del yacimiento. Los glaciares y las zonas periglaciales están en retroceso por el calentamiento global y, en la medida en que desaparezcan, las actividades extractivas podrán avanzar sobre las montañas que los albergaban.

Agua, cobre y autos eléctricos

Lo paradójico es que a la vez que las mineras codician zonas con glaciares, reservas de agua en jaque también por el cambio climático, a la vez justifican su interés por el crecimiento de la demanda de cobre, materia prima para los cables de los autos eléctricos, necesarios para reemplazar los de combustión, que provocan el efecto invernadero. A 4.200 metros de altura, en un mirador frente a la mina Josemaría –lleva ese nombre en honor al fundador del Opus Dei, cuya imagen está en la oficina de entrada campamento Batidero–, el gerente de geología de Vicuña, Juan Arrieta, explica el vínculo del negocio con la lucha contra el calentamiento global.

Señala que el boom minero que atraviesa la Argentina ocurre en este momento porque las técnicas de exploración han podido acceder a zonas complicadas, que por la forma de los Andes tienen mejor entrada desde Chile; y por incentivos que ha surgido, no mencionó explícitamente el RIGI, sino el aumento del precio del cobre por la demanda de las energías renovables. El oro y la plata también se han apreciado en los últimos años pero no por sus fines industriales sino por la especulación financiera.

Josemaría ocupa 3.3.00 hectáreas. Filo del Sol, 10.000. Contiene tres veces más recursos y están más alta, llega hasta los 5.350 metros sobre el nivel del mar. Ahora se la está explorando con nueve máquinas perforadoras, con pozos de hasta 2.000 metros de profundidad. Y así continuarán dos años más. Entre cobre, oro y plata, se calcula que hay 7.890 millones de toneladas “inferidas” y 3.630 millones “medidas e indicadas”. Es decir, primero se infiere que hay tanta cantidad de metal y después de los estudios pasan a categorizarse como medidas e indicadas. El análisis se inicia en el campamento Batidero y continúa en el laboratorio de la empresa en la ciudad de San Juan. Una vez concluidos los estudios, se elaborará un modelado en tres dimensiones y el plan de minado, es decir, el modo en que se explotará el cerro.

Trajinar de camiones y camionetas en el proyecto Vicuña.

Filo del Sol es una mina binacional, un décimo de los recursos está del lado chileno. Por eso, en los dos campamentos argentinos de Vicuña duermen trabajadores chilenos que trabajan del otro lado de la frontera. Pero la planta procesadora del metal se instalará del costado argentino. Se prevé que en los próximos meses se contratará a 300 operarios para que en dos turnos de 12 horas, de día y de noche, inclusive en invierno, hagan el movimiento de suelos para allanarlos para la futura fábrica. Por ahora en estas montañas trabajan 390 empleados de Vicuña y 1.200 de firmas contratistas, desde perforadoras hasta catering, limpieza y asistencia médica. Casi todos son varones. 

El agua necesaria para el tratamiento de los metales se supone que llegará desalinizada desde el Pacífico chileno. Es la que suelen utilizar las minas del país vecino y que se bombea hasta la altura. Pero se prevé que se reutilizará el 76% del agua que se emplee en el proceso de flotación del metal y que termine en el dique de cola, que es el depósito del descarte de las tierras residuales de la separación del cobre, el oro y la plata. En el mineral no hay presencia de arsénico y no se usará cianuro porque se procesará con el método de lixiviación, según la gerenta de Ambiente de Vicuña. Como sustancia química peligrosa se empleará el xantato. 

Pocos ciudadanos se acercan a preguntar por el impacto ambiental de la mina a los tres centros comunitarios que Vicuña ha abierto para contactar con los pueblos más cercanos, Rodeo y San José de Jáchal, en San Juan, y Guandacol, en La Rioja, según la responsable de esas casas, Mercedes Pagés. Sí ha surgido la inquietud por el agua en charlas con productores rurales, a los que asisten con la marca y la vacunación del ganado. Pagés explica que el “cambio en el contexto socioeconómico” ha llevado a que la gente se acerque a esos centros para preguntar por empleo o por la posibilidad de convertirse en proveedores de Vicuña. Desde allí organizan programas de apoyo a emprendedoras para profesionalizar proyectos que son de subsistencia; o al turismo local. “Pagamos el derecho de estar acá contribuyendo a las comunidades, diversificando la economía, es la política del buen vecino”, cuenta Pagés. Claro que esta y otras inversiones mineras en San Juan enfrentan la oposición de la asamblea Jáchal No se Toca, que nació en 2015 por la contaminación del mayor yacimiento de la provincia hasta el momento, Veladero.

Campamento Batidero, en el proyecto Vicuña.

Pagés reconoce que no todos los vecinos podrán ir a trabajar a la alta montaña, por preparación o por estado físico. Y que en algunos casos son los jóvenes los que no les interesa la dura vida del minero, de dos semanas acá arriba, lejos de su gente, por mes, y prefieren aprender con ellos programación para trabajar desde sus computadoras con clientes de todo el mundo. Los mineros tienen los segundos mejores sueldos de la Argentina, en promedio $7 millones, detrás de los petroleros, pero no todos ganan tan bien por trabajar tanto tiempo acá donde falta el aire.

Los enfermeros que atienden a los descompuestos cobran $1,1 millones; los choferes que los trasladan, 800.000; los médicos, 3 millones, igual que un obrero de la construcción. Un electricista saca 1,5 millones; un perforista, que es un técnico que hizo un año más de secundario, hasta 7 millones en una buena campaña de muchos pozos; pero están también los ingenieros o los geólogos, que caminan 7 kilómetros por día identificando caminos para la prospección geofísica, que cobran 10 o 14 millones. Pero la minería sola, ni junto con los hidrocarburos de Vaca Muerta, sin suficientes proveedores locales ni agregado de valor a las materias primas, no alcanzarán para dar empleo a los 14 millones de trabajadores activos de la Argentina, incluidos los que ahora pierden el empleo en las fábricas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba.

AR/MG

Verso y reverso en el vínculo entre Milei y "los dueños del poder"

Verso y reverso en el vínculo entre Milei y

El ciclo patrimonialista en la Argentina libertaria. Entre el experimento de los CEOs que no compran jeans en Argentina y la bandera del capitalismo salvaje y aleccionador. Expedientes que hibernan y forcejeos en grado de tentativa con Clarín y Techint

El “patrimonialismo” es materia de estudio de Fernando Haddad. En 2016, mientras se desarrollaba el proceso de destitución de Dilma Rousseff, el actual ministro de Economía de Brasil y excandidato presidencial del Partido de los Trabajadores enmarcó sus efectos:

“Un gran equívoco del PT sería éste: subestimar el carácter patrimonialista del Estado brasileño. Hay un error en hablar de corrupción sistémica o de lobby en Brasil. La corrupción en el país es más grande que sistémica, y es el corolario de nuestro patrimonialismo. Afirmar que la corrupción, aquí, es sistémica puede dar la impresión de que sería posible un patrimonialismo no corrupto”

Continuó Haddad, referente de la izquierda universitaria de su país, citado en el número de enero de la revista Piauí.

“No hay lobby en el patrimonialismo. El lobby supone por lo menos dos lados, si no en una mesa cuadrada, por lo menos en un mostrador. En el patrimonialismo, el poder político es el poder económico —‘los dueños del poder’, en la definición de Raymundo Faoro—que se sientan a una mesa redonda. No se distinguen los lados. En un contexto como ése, no hay víctimas, excepto los que no están a la mesa; hay negocios”.

La figura de los “dueños del poder”, en cuanto a un poder político indistinguible del económico, es esencial para comprender parte de la historia latinoamericana. En algunos países, la alternancia en el manejo del Estado se entiende por diferencias internas de la elite, e incluso familiares. No es sólo una cuestión de las naciones más pobres de América.

En Chile, cuarta economía de Sudamérica, la Unión Democrática Independiente (UDI), uno de los dos grandes partidos legados por el pinochetismo —ahora son varios más—, es referida como la formación “gremialista”. Su mentor, el ultraderechista Jaime Guzmán, creó en la década de 1960 el concepto para sintetizar a los “cuerpos intermedios de la sociedad”, “despolitizados”, “técnicos”, entre ellos, las representación empresarial. Eso, en los papeles de la cátedra de la Universidad Católica de Chile. Con la deriva del pinochetismo y la UDI, el lenguaje político afinó la idea. El “partido gremialista” pasó a ser inequívocamente el de la elite económica vinculada al Opus Dei y los Legionarios de Cristo.

Con el correr de la democracia, el otro partido de naturaleza pinochetista, Renovación Nacional (RN), compartió la representación de los intereses del empresariado. A la hora de la propuesta, la educación le tocaba al dueño de la universidad privada más lucrativa; la salud, al de la clínica más importante de Santiago. De hecho, el único presidente de derecha electo por voto popular desde el retorno de la democracia hasta 2025, Sebastián Piñera (RN), era uno de los empresarios más acaudalados del país.

La hora de los CEOs

La historia “patrimonialista” fue distinta en Argentina. La identidad común entre las elites económica y política funcionó hasta que dejaron de cometer fraude electoral. El voto libre consagró primero a la UCR y luego al peronismo. La línea de tiempo de ambos movimientos albergó vertientes a izquierda y derecha, liberal-conservadoras, de centro, socialdemócratas, más allá y más acá. No fueron partidos de “dueños”. Sus dirigentes del siglo XX, nacidos mayormente de la clase media, las universidades públicas, la inmigración y los sindicatos, negociaron, confrontaron, pactaron, se dejaron infiltrar, se corrompieron y fueron víctimas del “poder real”. En la definición del brasileño Haddad, el lobby actuó sobre los dos partidos mayoritarios, pero la democracia argentina no fue “patrimonialista”. Grosso modo, hubo una mesa cuadrada, con partes en relativa tensión. Claro que el acceso de los dueños a las sillas gubernamentales encontró atajos con las dictaduras. La última —la genocida— elevó a Martínez de Hoz como una cara indisociable del poder agrario y financiero.

El ascenso de Mauricio Macri marcó un punto de inflexión en democracia. Se trató de un apellido icónico de la “patria contratista”, aunque de relación conflictiva con sus pares. No accedió tanto una “clase” como el proyecto cuentapropista de un gran empresario, metódico, que empezó por Boca Juniors y terminó en Casa Rosada. Antes que con “dueños”, el fundador del PRO llegó al Ejecutivo junto a directivos de empresas, ONG y vertientes más o menos innovadoras de la derecha.

A los CEOs del Gobierno de Macri les habría venido bien comprar un jean en la peatonal de Berazategui

La etiqueta “Gobierno de los CEOs” agradó al macrismo como símbolo de profesionales exitosos en el mundo privado, de esos que nunca compraron un jean en Argentina y “se la jugaron por el país”. Una teoría vulgar, propia de la radio que suena en el taxi, dijo que como Macri y su equipo eran millonarios, no tenían ningún otro interés que el buen gobierno. De hacer negocios personales, ni hablar.

La hora del soez

Faltó calle —les habría venido bien a los CEOs comprar un jean en la peatonal de Berazategui—; sobraron dogmas, pulsión por la deuda y lucro negociado del mismo lado del mostrador, o en la mesa redonda, describiría el brasileño Haddad. La frustración fue tan estrepitosa, que pudo presumirse que sería la última experiencia de un Gobierno de CEOs, pero Milei llegó para darle una vuelta de tuerca, recargada, con nuevo sentido.

El soez proclama a los cuatro vientos la victoria sanadora del salvajismo del capital sobre la “política inmunda”. La aventura tiene contornos patrimonialistas, pero tampoco es equiparable a la historia de las elites latinoamericanas, ni a la combinación de conservadurismo y “saber técnico” (gremialista, según el chileno Guzmán) de Macri.

Milei es el hijo maleducado de un empresario prebendario, que pasó por las aulas de la Universidad de Belgrano, protagonizó una pobre hoja laboral y tiene un tuit fijado que acusa al Grupo Clarín de extorsionar para hacer negocios. Acaba de declarar una supuesta guerra a “Chatarrín”, Techint, con argumentos similares.

Ambos grupos, Clarín y Techint, juegan en liga propia. El primero, por su prevalencia inusitada en el mundo de los medios, combinada en las últimas tres décadas con un poderío en el área de las telecomunicaciones que lo sentó a la mesa del gran capital como uno más. El segundo, por volumen de facturación, proyección internacional y cantidad de empleados. El conglomerado de Paolo Rocca tiene fierros que sobresalen en el firmamento argentino.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín

Hay periodistas y políticos que podrían ponerse a algunas de las dos empresas —Techint o Clarín—como un segundo apellido. Acaso el agronegocio como conjunto pueda competir en ese terreno. Por nombrar un ejemplo de poca monta, si alguien dijera Silvana Giudici de Clarín, nadie se alteraría.

Julio Ramos tenía identificados en Ámbito Financiero a unos cuantos servidores públicos a los que aludía como diputado Clarín, ministro Clarín, sindicalista Clarín o juez Clarín. Daba en el blanco. Algunos de los apuntados siguen en funciones.

Javier Milei y Jonatan Viale, en el instante en que son interrumpidos por Santiago Caputo, el 17 de febrero de 2025

La influencia de Techint transcurre por vías más discretas. Nunca se corroboró, por ejemplo, que el imperio de Rocca hubiera asistido a un grupo mediático conservador en una crisis financiera de principios de este siglo en un volumen tal que lo tornó socio de facto. Sin embargo, hay indicios inequívocos de su influencia. Existen medios y editorialistas que ponen la lucha del libre mercado contra el Estado elefantiásico en un altar. También lo hace Paolo Rocca, de allí la prodigalidad de sus alabanzas y su apoyo efectivo al ascenso de Milei. Bastó que Techint perdiera la primera licitación de construcción de caños de acero para la industria hidrocarburífera en muchas décadas, para que surgieran voces impensadas sobre la necesidad de ir de a poco, de no llevar al país a un suicidio en el camino al deseable fin del proteccionismo.

Caben las preguntas si el experimento de Milei podría definirse como un modo de patrimonialismo y cuánto tiene de real la puja del Gobierno ultraderechista con los poderosos Clarín y Techint.

La conformación del gabinete y el mecanismo de decisión gubernamental apuntan trazos de un poder económico sin intermediarios, algo así como un “patrimonialismo” clásico, pese al carácter plebeyo del propio Milei y de parte de su entorno (Karina, Spagnuolo, Lemoine, Pettovello, Gordo Dan). Las posiciones en Trabajo, Salud, Energía y Agro fueron delegadas a las respectivas industrias, lo que no las exime de intereses contrapuestos propios de cada sector.

La foto más nítida y acompasada es la del ministerio de Economía y el Banco Central, que bien podrían sintetizarse como una megacartera de Finanzas. El equipo surgió de diferentes camadas del JP Morgan que luego se volcaron a sus propios fondos de inversión y forjaron nuevas sociedades, dato crucial en un ciclo de financiarización de la economía internacional, en el que la renta se acumula sobre ingenierías financieras creadas para solventar otras ingenierías financieras —todo es comercializable, desde los despidos, el banco de horas de las enfermeras, el riesgo ambiental, los préstamos a insolventes—, y así hasta el infinito.

Delegación por ausencia

Milei es relatado por testigos como ausente de la gestión cotidiana. Esos testimonios y la mera observación de su utilización del tiempo denotan ensimismamiento en batallas de Twitter, sus perros, los premios vergonzantes que se hace entregar en Miami y Madrid, los whatsapps que les manda en tiempo real a los conductores de TN, LN+ y A24, y, si los tribunales lo demuestran, el 3% y oportunidades estilo $LIBRA que administraría su hermana.

Este diario informó tempranamente, antes de la asunción del economista de la Libertad Avanza en Casa Rosada, cómo los estudios jurídicos corporativos redactaban la que luego se conoció como ley Bases y el mega-DNU que encauzaron todo el mandato. Un puñado de bufetes, de esos que cobran cientos de dólares por hora, trabajaron desinteresadamente en beneficio del Estado. Otro ciclo de “jugarse por el país”.

Milei y el ministro Federico Sturzenegger dirían que ellos promueven el libre mercado mediante desregulaciones draconianas, hasta el punto de generar resistencia en nichos anquilosados, lo que sería lo contrario al gobierno de las corporaciones, al menos de la elite local.

El alcance de la sumisión pavloviana de la política exterior y comercial a los dictados del trumpismo —no sólo indisimulada, sino que festejada por el mileísmo— está por verse. Podría tratarse de un “patrimonialismo” con sede en otro país que, por las nuevas dinámicas tecnocapitalistas, prescinde algo de la elite local, nunca del todo. Es explícita la sintonía entre Milei y el tecnoempresario argentino más famoso, Marcos Galperín, que se traduce en la extensión de beneficios impositivos anuales por cientos de millones de dolares, cuya lógica económica es cuestionada incluso por miradas ortodoxas. Algunos avanzan —José Luis Manzano— y otros aparecen —Leonardo Scaturicce—. Por ahora, la apertura bajo normas estadounidenses es sellada en acuerdos anegados por el secretismo, que tienden a asfixiar la mera posibilidad de una producción industrial, científica y tecnológica local, aunque para ello está siendo más efectiva la motosierra que corta presupuestos clave y desfinancia la investigación.

Todo indica que la prioridad de la Casa Blanca es bloquear el comercio y los proyectos estratégicos con China. Sin embargo, los caños que amenazan a Techint son chinos o tienen componentes de ese origen. El tiempo dilucidará cuánto de la voluntad del trumpismo se corona, y cuál será la respuesta de Pekín, principal destino de exportaciones argentinas y una de las primeras fuentes de inversión extranjera.

El liderazgo del grupo que comanda Héctor Magnetto, impuesto por sofocación de la competencia, alcanza todos los formatos de medios. El negocio del infoentretenimiento está en plena reconfiguración y Clarín parece haber parado la pelota. En años recientes, se desprendió de emisoras del interior del país y cerró productos digitales y gráficos.

Con la dictadura, Papel Prensa; con Alfonsín, Radio Mitre; con Menem, la televisión abierta y el cable; con Néstor Kirchner, el virtual monopolio de la TV paga y un avance decisivo en provisión de internet; con Macri, el salto a Telecom, nueva escala económica.

Forcejeos en grado de tentativa

Llegó Milei. Hay presuntos forcejeos. Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista y las tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas críticas de Marcelo Bonelli, investigaciones como la reciente sobre $LIBRA y otros contenidos que aparentemente enojan al irascible.

Patricia Bullrich dialoga con Paolo Rocca en la jornada Propymes organizada por el Grupo Techint el 11 de diciembre de 2025

El interés primordial de Clarín en los años de Milei es la compra de Telefónica por parte de Telecom, lo que le otorga dominio en el mercado de telefonía móvil y consolida la preeminencia en internet y TV paga: inaprobable con cualquier criterio de libre competencia.

Milei fijó el tuit “la gran estafa argentina”, enojado con la pretensión de Clarín, pero su Gobierno, en los hechos, habilitó la fusión, que marcha viento en popa. Telecom y Telefónica unificaron balances, management y criterios comerciales. Aunque hay un expediente abierto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, cada día que transcurre, la operación se torna más irreversible. En la hipótesis de que en algún momento se termine el pacto evidente que habilita contenidos de odio oficialista en segmentos centrales del grupo, los tribunales podrán dar curso automático a las previsibles cautelares, y los años pasarán.

Existen el prime time de TN y la radio para la barricada oficialista pura y dura, y tapas del diario y la web que se dedican a tapar antes que a informar; pero también las columnas y contenidos que aparentemente enojan al irascible mandatario

La pérdida de mercado en el segmento de caños sin costura y la provisión de acero en general puede significar un duro golpe para Techint, que ningún Gobierno se atrevió a habilitar. Sin embargo, el conglomerado de Rocca tiene otro pilar en el negocio de los hidrocarburos con Tecpetrol. Es uno de los tres principales productores de gas en Argentina y está camino a serlo también en petróleo.

A Techint le corren las generales de la ley, con una Secretaría de Energía volcada a aprobar adhesiones al régimen de grandes inversiones (RIGI) que benefician principalmente a empresas locales: YPF, Pan American Energy (Bulgheroni), Tecpetrol, Pluspetrol y Pampa Energía (Mindlin). Algunos de esos proyectos ya habían sido anunciados antes de la asunción de Milei en Casa Rosada. Con una rebaja excepcional de impuestos y libre acceso y disponibilidad para girar utilidades al exterior, los grandes jugadores locales están encantados con el RIGI y van por más.

En evaluaciones de firmas internacionales, hay segmentos de la producción de gas y petróleo en Argentina en los que la carga impositiva ya está entre las más bajas de América Latina, aunque siguen siendo un problema el costo de financiamiento y la logística. La Secretaría de Energía anunció que planea extender los beneficios del RIGI a toda la producción de gas y petróleo. Maná del cielo que hace un tiempo no barajaba el accionista petrolero más optimista.

Tecpetrol le suma un apéndice de negociación que pasa por debajo del radar. En 2019 entabló un juicio al Estado por un supuesto cambio en las reglas de juego para el pago de un subsidio para la producción de gas en Vaca Muerta, dispuesto por el Gobierno de Macri en 2018, cuando se le quemaron los papeles. Entre 2016 y 2020, la empresa de Rocca invirtió US$1.900 millones en su proyecto de gas Fortín de Piedra y recibió US$1.500 millones de subsidio. Pretende otros US$640 millones por vía del reclamo judicial.

¿La defensa legal del Estado estará actuando como corresponde ante un reclamo de esa magnitud?

SL

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Kicillof presidente (del PJ bonaerense): el nudo de la interna kirchnerista

Kicillof presidente (del PJ bonaerense): el nudo de la interna kirchnerista

Un acuerdo de cúpulas acordó la designación del gobernador como el sucesor de Máximo Kirchner en la presidencia del Partido Justicialista bonaerense. Verónica Magario será la vice y Kichner jefe del Consejo partidairo. El trasfondo de las negociaciones y la irritación del panperonismo frente a una interna que condiciona la estrategia opositora para enfrentar a Javier Milei.

El acuerdo se empezó a cerrar el miércoles, pero no fue hasta el sábado al mediodía que los negociadores del kicillofismo y La Cámpora se animaron a publicar el comunicado de prensa. Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense y, con su designación, comienza una nueva etapa para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones de 2027. Hasta último momento, sin embargo, predominó la desconfianza absoluta y, pese a la pipa de la paz, el nudo de la interna kirchnerista continúa condicionando la estrategia peronista para enfrentar a Javier Milei. 

El acuerdo de cúpulas fue solo posible por una certeza compartida: cualquier cosa era mejor que ir a una desgastante elección interna, y solo el nombre de Kicillof podía garantizar llegar al domingo, fecha límite para la presentación de las listas, con una propuesta unificada. El gobernador bonaerense, al principio, se resistió. Kicillof quería comenzar a construir su proyecto presidencial durante 2026 y la silla del PJ local, que Máximo Kirchner ocupaba desde 2021, lo volvía a arrastrar al pago chico. 

El gobernador prefería que el lugar quedara en manos de una dirigente de confianza, como la vice Verónica Magario. Su único objetivo era asegurarse que el PJ bonaerense no le generaría dolores de cabeza cuando comenzara a proyectar su aventura presidencial. Es decir: que Kirchner le cediera el espacio a un dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que Kicillof creó hace más de un año para consolidar su emancipación de Cristina Fernández de Kirchner. No le había caído bien, además, que Máximo le hubiera “ofrecido” el lugar a través de un off en los medios. Para el círculo chico del gobernador, la propuesta del líder de La Cámpora había sido una provocación destinada a “romper todo”.

Máximo Kirchner y Mariel Fernández en una reunión del Consejo del PJ Nacional

El nombre de Magario, sin embargo, no lograba generar el consenso suficiente. Ni para La Cámpora ni para el Movimiento Evita, que estaba candidateando a la intendenta Mariel Fernández. Los delegados de Kicillof –“Carli” Bianco, Gabriel Katopodis y Andrés “Cuervo” Larroque“se reunieron, durante cuatro días seguidos, con los delegados del cristinismo –el propio Máximo, a veces, y Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y Federico Otermín– y negociaron hasta sellar la unidad. Lo más difícil no fue convencer a Kicillof –que cedió ser él si significaba que tenía el respaldo de todo el panperonismo–, sino cerrar los lugares de abajo. 

El problema era la foto del día después. Los dos sectores coincidían en que había que finalizar la disputa interna para poder comenzar a enfocarse en ser oposición a Milei. Pero ninguno quería quedar, el lunes, como que había perdido la pulseada interna. 

El kicillofismo no quería que pareciera que el gobernador quedaba como líder de “un partido prestado”. Exigía que, además de la conducción, le dieran la vicepresidencia y la secretaría general. Así como la mitad más uno de los consejeros. “La foto final tiene que dar a un Axel empoderado, conduciendo y rodeado de dirigentes de confianza. Si no es imposible”, admitió, entre reunión y reunión, uno de los emisarios que convenció al gobernador para ocupar la conducción. 

Axel Kicillof de campaña junto a Gabriel Katopodis, Cristina Álvarez Rodríguez y el

El kirchnerismo, en cambio, exigía la mitad de los lugares. Exigía, tras el paso al costado de Máximo, una distribución equitativa que permitiera dejar una imagen de equilibrio. Aunque solo fuera para afuera. 

Finalmente, se acordó que la vice presidencia 1era quedaría para Magario y la secretaría general para Mariano Cascallares, como pedía el kicillofismo. La segunda presidencia quedará en manos del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la presidencia de la Junta Electoral será del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. La presidencia del Congreso partidario, mientras tanto, quedará en manos de Máximo Kirchner. 

El nudo de la interna bonaerense

“Son un concurso de boludos”, masculla, indignado, un peso pesado del PJ nacional con terminales en el cristinismo y el kicillofismo. La irritación del panperonismo federal fue una constante durante el último mes de negociación por la presidencia del PJ bonaerense: una furia indignada que se dedicó a denunciar, puertas adentro y siempre en off the record, cómo el nuevo capítulo de la interna fratricida kirchnerista encerraba la discusión opositora en las fronteras de la disputa bonaerense

El temor, para una parte importante de la dirigencia peronista, es el día después, cuando Kicillof comience a conducir el PJ provincial y, pese a todo, la disputa interna por el liderazgo continúe sin resolución. “Son tres borrachos que se pelean porque les da de comer. Máximo tendría que haber resuelto esta discusión el año pasado, pero no, estamos encerrados hablándole a los propios cuando deberíamos estar convenciendo a los del medio”, se queja un referente del massismo que, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, decidió no participar, esta vez, en la interna entre CFK y su ex hijo político. 

Cristina Fernández de Kirchner desde San José 1111

En el ala kicillofista, que pretende liderar la alternativa opositora en 2027, argumentan que este es el último paso. Que una vez que el gobernador ocupe la conducción del PJ bonaerense podrá ordenar al peronismo detrás suyo para empezar a recorrer el resto de las provincias y, finalmente, empezar a dialogar con otros partidos para armar un frente amplio que le compita a Milei. “Veníamos de demasiada horizontalidad. Esto antes lo organizaba Cristina, pero ahora ya no puede. Axel necesitaba posicionarse para empezar a ordenar detrás suyo porque si no ningún gobernador se lo iba tomar en serio”, reflexiona un dirigente del MDF. 

En el cristinismo, mientras tanto, esperan que, una vez resuelta la disputa local, se pueda empezar a mirar para 2027. Todavía no tienen candidato, pero aspiran a tenerlo. Al menos para negociar: CFK no conduce más, pero conserva intacto su poder de daño. Y pretende utilizarlo para condicionar la propuesta electoral. Son cada vez menos, sin embargo, los que imaginan un desenlace favorecedor si no se resuelve antes la disputa interna. 

“El peronismo está atrapado en la interna de Tapalqué. Y si no la superamos va a ser muy difícil ganar la Provincia en 2027. Y sin la Provincia no poder ganar la presidencial”, reflexiona, resignada, una de las principales dirigentas del cristinismo.

MCM/CRM