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En cadena nacional Alberto Fernández pidió investigar a jueces y fiscales por "promiscuidad antirrepublicana"

En un mensaje sorpresivo y en cadena nacional, el presidente Alberto Fernandez habló este lunes por cadena nacional para anunciar que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Para Fernández se trata de "promiscuidad antirrepublicana" que puede recibir una sanción penal por los delitos de “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Presidente habló poco después de que se filtraran chats entre los que abordaron el avión privado que los trasladó hasta aquel paraje paradisíaco de la Patagonia. Pero también lo hizo horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad en la que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al manejo irregular de la obra pública a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Por ese delito, la fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

"Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes", dijo el Presidente por cadena nacional. Se refería el viaje que jueces y fiscales habrían realizado a Lago Escondido, en la Patagonia, junto a empresarios del Grupo Clarín.

Fernández anticipó que pidió a su ministro de Justicia que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que se investigue el supuesto viaje, mientras que a los diputados del Frente de Todos les pidió que  evalúen "la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados".

Noticia en desarrollo

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. 

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que  avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.

A horas de conocer la sentencia en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner eligió un diario de Brasil para apuntar contra la Justicia y los medios

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió el diario Folha de Sao Paulo para dar su último testimonio previo a conocer la sentencia del TOCF 2 que investiga la supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar este martes. "Será una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto", el CEO del Grupo Clarín, apuntó.

"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta en una entrevista concedida al diario brasileño, que compartió este lunes en sus redes sociales.

En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto".

Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que "los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno".

"Se violaron todas las garantías constitucionales, todo lo que se dijo es una absoluta mentira, y el juez que instruyó esta causa, con las mismas obras y denuncias, había dicho que no era competente", expresó, en referencia a Julián Ercolini, ahora involucrado en los chats entre altos funcionarios judiciales vinculados al macrismo y el Grupo Clarín.

Respecto al intento de asesinato en su contra del pasado 1 de septiembre, también sostuvo que "los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales". Y agregó: "Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos".

"El neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces", también sostuvo Fernández de Kirchner en la nota de poco más de una hora.

Por otra parte, la Vicepresidenta aseveró que "acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder" y le apuntó a Ricardo Lorenzetti: "Cuando él era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro, de un lado, y Claudio Bonadio, del otro, que era un juez que nos perseguía a mí y a mi familia".

"Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto'. Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente", dijo Cristina en otro tramo de la entrevista con el diario brasileño.

En tanto, optó por no hablar del Presidente, "menos en un reportaje en un diario extranjero", antes de explicar por qué no fue candidata a presidenta en 2019. Para la ex mandataria, la designación de Alberto Fernández como candidato presidencial fue una decisión pragmática y "un gran acierto" porque permitió unir al peronismo y evitar la reeleción de Mauricio Macri. Y llevó la charla a una cuestión de género: "Esto de que 'CFK no es pragmática', que 'CFK esto', que soy 'polarizadora'. Soy mujer, ese es el problema. Si yo grito, soy histérica, 'está gritando, loca, loca'. Como les decían a las Madres de Plaza de Mayo, 'locas'. Si el hombre grita, qué fuerza que tiene, 'es un tipo fuerte'", afirmó. 

Con información de agencias.

IG

En un círculo cerrado de sólo cuatro personas, el tribunal afina detalles para una sentencia unánime en el juicio contra CFK

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

Massa firma con Estados Unidos un acuerdo para detectar los fondos escondidos de argentinos en ese país

En un acto en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este mediodía un acuerdo con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Marc Stanley, para el intercambio automático de información tributaria, de modo de poder descubrir los US$ 100.000 millones que se calcula que argentinos esconden en bancos, sociedades y propiedades en la superpotencia. Está en duda si servirá para detectar los activos de compatriotas que guardan su patrimonio en firmas cuyos accionistas no están claramente expresados.

"Me complace estar aquí para la firma del acuerdo para implementar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas Extranjeras, FATCA, como se conoce en inglés", comenzó Stanley. "Este acuerdo es importante para Estados Unidos porque permitirá el intercambio de información de las cuentas financieras mantenidas por personas estadounidenses especificadas, directamente o a través de determinadas entidades, en instituciones financieras argentinas. El acuerdo es recíproco, y Estados Unidos también proporcionará cierta información relativa a las cuentas financieras mantenidas por residentes argentinos en instituciones financieras estadounidenses. Hasta la fecha, Estados Unidos ha firmado más de 100 acuerdos bilaterales de este tipo con jurisdicciones extranjeras. La firma de hoy supone un importante paso en nuestros esfuerzos mutuos para combatir la evasión fiscal en el extranjero que afecta a ambos países y aumentar la transparencia en el sistema financiero mundial", apuntó Stanley.

Luego fue el turno de Massa, quien se jacta de haber conseguido lo que no pudo el gobierno de Mauricio Macri. "Estamos poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo, que durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante con Estados Unidos. En 2017, se firmó un acuerdo FACTA pero con una particularidad, no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Este año sólo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo", disparó el ministro y apuntó a uno de sus antecesores en el gobierno de Macri, Alfonso Prat-Gay, quien ayer en el canal de La Nación lo había calificado de "vende humo".

"Este cambio sustantivo es sobre cómo funciona el volumen de información: es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y el IRS (el organismo homólogo de Estados Unidos) tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial", continuó Massa. "Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los cinco o 10 años."

"Esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales", apuntó el jefe del Palacio de Hacienda. "Este es un acto de estricta justicia tributaria. Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos. No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino."

"Este paso importante es el capítulo más trascendente en los más de 100 acuerdos que la Argentina tiene con la OCDE", aludió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. "Hay más de 100 acuerdos firmados que nos permiten que quienes depositan dinero en Suiza, Islas Caimán y tantos paraísos estén controlados por AFIP. Este es un acuerdo masivo; van a estar alcanzados ciudadanos y ciudadanas argentinas que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en los Estados Unidos y que lo hayan hecho per se, como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust. Lo que de alguna manera el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas; son las utilidades o rentabilidades que pueda haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades. Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero. Estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que exterioricen, blanqueen en la Argentina, con la idea de generar, además, algunas condiciones de inversión y algunas condiciones de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, pero también a la idea de que rompemos la cacería en el zoológico. No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre; la AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, no pagaron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días."

Ahora que tiene en la mira a los evasores en Estados Unidos, Massa quiere darles la oportunidad de que blanqueen sus capitales y así reforzar las reservas del Banco Central y las cuentas públicas. "Quiero aprovechar la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación (Cecilia Moreau) en este encuentro para pedirle que rápidamente, junto al presidente de la Comisión de Presupuesto (Carlos Heller), que también se encuentra, convoquen a la Comisión de Presupuesto y a la de Legislación General para que nuestro titular de la AFIP (Carlos Castagneto) y otros funcionarios puedan asistir e informar y poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior", aseguró el ministro. La idea es aprovechar un proyecto de ley que ya aprobó el Senado y que impulsó Oscar Parrilli para promover una amnistía fiscal con cuyos fondos se pague la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Muchas veces a la hora de hablar de la administración austera, de la buena administración de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones, evaden impuestos, también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita", sostuvo Massa. "Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y principios de orden fiscal, rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todas las cosas, de fortalecimiento de nuestra economía. Les pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino, a partir de la ley que trate nuestro Parlamento, se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos", finalizó el ministro.

El gobierno de Joe Biden hizo caso omiso a una reciente carta de ultraliberales para que no firmara el pacto con el gobierno de Alberto Fernández. El diputado libertario y economista José Luis Espert, el senador del PRO Pablo Torello, los economistas Roberto Cachanosky, Manuel Adorni y Gustavo Lazzari y el abogado argentino radicado en Miami y especialista en patrimonios en el exterior Martín Litwak, asesor de Javier Milei, firmaron una esquela advirtiendo que en la Argentina "es un país que ha violado constantemente los derechos de privacidad de muchos de sus ciudadanos". Claro que las filtraciones han ocurrido en otros países del mundo, como lo demostraron los Panamá y Pandora Papers, entre otras. Litwak reaccionó al anuncio de hoy de Massa con un lapidario mensaje en Twitter que buscaba quizá ofrecer tranquilidad a sus clientes: "Fue tanto humo e incluyó tantos horrores conceptuales la arenga de Massa que es difícil de comentar. Seguramente, fue precisamente lo que buscó. Nuevamente, esperaremos el texto final del tratado para opinar con propiedad. Por el momento, traten de no entrar en pánico". Si es humo, ¿entonces para qué mandaron la carta al gobierno de Biden? Si no lo es, entonces los dueños de los US$ 100.000 millones están en problemas.

Contadores de renombre en la City porteña advierten qué tan lejos ir la AFIP con el FATCA en su caza de evasores. "Cuando se implemente, aquellos que no tienen las cuentas declaradas van a necesitar el blanqueo. Lo que sí tengo dudas de que se implemente tan rápido", opina César Litvin. "El modelo FATCA no llega al beneficiario final (de una sociedad) sino al titular de una cuenta. Con lo cual, si un sujeto argentino tiene una estructura armada en algún paraíso fiscal, la información que va a dar Estados Unidos es al paraíso fiscal y no a la Argentina. En ese caso, habrá que ver qué jurisdicción tiene o no intercambio con la Argentina y si identifica a los beneficiarios finales. Por ejemplo, Islas Vírgenes Británicas son muy utilizadas por los argentinos en Estados Unidos porque para sus bancos es una jurisdicción muy amigable por tener normas anglosajonas. A partir del 1 de enero de 2023, Islas Vírgenes Británicas obligará a hacer balances y hay que identificar la cuenta, los accionistas dentro de la estructura societaria. Es decir, que con el FATCA la información irá a esas islas y de éstas puede ir a la Argentina. En cambio, hay otras jurisdicciones donde se puede seguir jugando a las escondidas", analiza Litvin.

Su colega Jorge Gebhardt ratifica que el FATCA sólo apunta a los titulares de cuentas, pero no de sociedades, pero señala que "hay que esperar para ver la letra chica del acuerdo y hasta dónde entregan información y con qué límites a un kirchnerismo que ya ha demostrado usarla con fines políticos". De todos modos, admite que esas filtraciones ocurrieron en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y no en el de Alberto Fernández.

AR

La revolución de las hojas A4, las protestas y represión en Shanghai por dentro

 Apareció en uno de los pasillos en la Universidad de Fudan, la casa de estudios más antigua de Shanghái, y decía: “Antes muerto que esclavizado”. Escrito con una letra desprolija, en un papel mal recortado, que colgaba de un broche, daba la sensación de que su autor tenía apuro en esconderse y sólo quería tirar una botella al mar, una señal para que el que quiera entender, entienda. Las frases elípticas se multiplicaron en comentarios de las redes sociales chinas, como Weibo o Moments, que lograban esquivar a la censura y repetían “yo también soy una persona” o “los chinos también somos personas”. Brotaban al azar en letreros de la vía pública, en los postes de luz, o entre las manos de aquel hombre, vestido de negro y enfundado con un barbijo. Se detuvo ante los transeúntes a la salida del subte de Jing’an, uno de los barrios más elegantes de la ciudad y mostró un cartel: “No estamos haciendo lo suficiente/ vos sabés de qué hablo”, decía y se perdió en la multitud.

Ese mismo 26 de noviembre, pero de noche estallaron las manifestaciones en las principales ciudades chinas, como Pekín, Shanghái, Cantón y Chengdu o en la provincia de Xinjiang. Norte y sur, este y oeste del país asiático, en una dispersión geográfica y con una profundidad en sus demandas que sólo pueden ser comparadas con las protestas de Tiananmén de 1989. Sus consignas varían desde el relajamiento de las políticas de cero tolerancia al covid, que China mantiene desde el 2020, hasta demandas más profundas como derechos humanos o, incluso, la renuncia del presidente.

“Las personas tienen un mensaje común”, dijo al New York Times Xiao Qiang, un investigador sobre libertad de expresión de la Universidad de California. “Ellos saben que quieren expresar y las autoridades también, así que la gente no necesita decir nada. Si sostienes un papel en blanco, ya todos saben a qué te refieres”. De hecho, lo notable, lo extraordinariamente único de estas movilizaciones es que, por primera vez en treinta años, la población sale a las calles, no para cuestionar una determinada medida, sino para expresar su frustración con el sistema.

Hojas A4 en blanco se repiten en Internet o en la vía pública y desaparecen al segundo, absorbidas por el aparato de censura. Fotos de los usuarios cambian por emoticones sin labios, ficheros vacíos, ramos de flores y capturas de pantalla que dicen “error del sistema”. Hablan sin nombrar, en una muestra de creatividad política para expresar la disidencia a un régimen que no tolera la oposición.

El detonador fue el fuego en la ciudad de Urumqi, capital de la provincia de Xinjiang, una región en el extremo oeste, tan distante para el imaginario chino que su nombre significa la “nueva frontera”. Allí, el jueves 24 de noviembre, entre diez y cuarenta personas murieron en un incendio. La cantidad de víctimas varía según los relatos, ya que los medios públicos hablan de diez muertos, pero otros testimonios multiplican esa cifra por cuatro. De hecho, la reacción popular sólo se comprende, si se tienen en cuenta los rumores, la información paralela, que esquiva al discurso oficial. 

Según los manifestantes, los bomberos no pudieron entrar al edificio ya que las puertas estaban bloqueadas. Los hidrantes no llegaron a tiempo porque las barricadas impedían el acceso. Medidas similares se tomaron en las cuarentenas de otras ciudades chinas, donde los comités de barrio (esas unidades heredadas del maoísmo que mezclan a delegados del partido con conserjes y vecinos que actúan como voluntarios) colocaron candados y bloquearon con paneles las salidas de emergencia, en un gesto de apoyo a las políticas de cero covid. Como resultado, los videos muestran cómo los chorros de agua apenas acariciaban las llamas que salían del edificio, mientras los vecinos gritaban. 

“La capacidad de algunos residentes para rescatarse a sí mismos era muy débil… y fallaron al escapar”, explicó Li Wensheng, el jefe de la brigada que intervino en el incendio. Su aparición pública respondía a las primeras muestras de rechazo social. Y como respuesta, negó que las restricciones hayan causado las muertes, culpó a los autos estacionados y, de paso, a las víctimas, lo que generó una indignación mayor.

Grupos de manifestantes rompieron las cuarentenas y avanzaron por las calles, reclamando el fin de un aislamiento que ya llevaba más de 105 días. Se reunieron por las noches y empujaron las vallas, se enfrentaron a la policía sanitaria que viste de mameluco blanco y escafandra, los llamados da bai. “Mi familia no pudo salir a la puerta de su casa por más de cuatro meses”, cuenta Jack Wu, un peluquero de Xinjiang que trabaja en Shanghái. Como muchos de los migrantes internos, no ve a su familia hace más de tres años por las restricciones del gobierno.

No es la primera vez que las políticas de la pandemia provocan una tragedia en China. El 19 de septiembre un micro que trasladaba enfermos y contactos estrechos a una unidad de aislamiento chocó en la provincia de Guizhou. Veinte personas murieron y otros 27 resultaron heridos. Y este es sólo uno de los casos que tuvo escala pública.

“Ya fue demasiado, ¡no se puede vivir así por más de tres años!”, explica una estudiante shanghainesa que utiliza redes occidentales para postear en contra de las políticas. Su opinión representa a ese sector de la población, jóvenes de clase media urbana, que el fin de semana pasado se reunió en la calle Wulumuqi (Urumqi en mandarín) con mensajes de duelo. La tarde del sábado, en una de las arterias del centro de Shanghái, más de cien personas cargaban flores, velas prendidas o coreaban consignas al azar como “ziyou, ziyou”, es decir “libertad”. Como afirmó una de las manifestantes, la mayoría no tenían “ninguna clase de experiencia en protestar, no mostraban organización alguna y de hecho no compartían la misma consigna”. Su comentario remarca la naturaleza espontánea de estas demandas.

Cuarenta minutos después la policía delimitó las cuatro cuadras a la redonda, los primeros manifestantes fueron arrestados, incluso cuando los protestas eran pacíficas. Algunos de ellos denunciaron que fueron golpeados, como el corresponsal de la BBC, Edward Lawerence, que fue detenido junto con los participantes el domingo 27 de noviembre. 

Esa misma noche, la policía cerró la zona. Jóvenes con barbijos y ropa de invierno encontraron las barricadas donde antes estaba el memorial a las víctimas del incendio. Y su respuesta fue sólo mirar en silencio. Se detuvieron para ver a los agentes de policía, frente a frente. Los miraban fijo sin decir una sola palabra en el más completo silencio.

Hoy, la esquina parece un territorio de guerra, no por el desorden, sino por los paneles que tapan las cuadras, los autos blindados en cada esquina, los camiones de policía y los uniformados que recorren, de punta a punta, una de las esquinas que supo ser de las más bellas de Shanghái. Su presencia demuestra hasta que punto las protestas fueron excepcionales, no tanto por el número de sus participantes, sino por la valentía de quienes decidieron salir a la calle.