Los Ojos De Agua
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Noticias de Cordoba
Día D del criptoescándalo: la Cámara de Diputados interpela a Francos y Cúneo Libarona para que den explicaciones sobre el caso $LIBRA
Por primera vez en 30 años, en el Congreso se realizará la interpelación a un funcionario del Poder Ejecutivo, que está obligado a asistir presencialmente (en este caso, a dos de ellos). El Gobierno deberá brindar explicaciones por el derrumbe de la memecoin promocionada por Javier Milei el 14 de febrero. El desafío opositor para organizar la sesión.
Por primera vez en 30 años, la Cámara de Diputados será escenario de una interpelación a un funcionario del Poder Ejecutivo Nacional. La última vez había sido a Domingo Cavallo, en el 1995, y terminó con el exministro de Economía del menemismo denunciando a Alfredo Yabrán como jefe de una “mafia enquistada en el poder”. Tres décadas después, la oposición busca un impacto similar en la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. ¿El motivo? El criptoescándalo que comenzó en el Día de los Enamorados, con un tuit de Javier Milei promocionando una memecoin que se derrumbó a las pocas horas, y que hoy empapa a toda la cúpula del poder libertario.
Guillermo Francos viene preparando su testimonio hace días. Todo lo que diga podrá ser utilizado en la causa judicial que investiga la presunta estafa cometida por el Presidente con la cripto $LIBRA. Tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, en donde un exfiscal federal del Departamento de Justicia, llamado Timothy Treanor, viene trabajando en una demanda colectiva. Por este motivo es que la exposición del jefe de Gabinete será clave en el desarrollo de la investigación judicial. Así como en el tenor de la campaña electoral.
El discurso de Francos girará en torno a dos ejes: la inexistencia de delito y al hecho que el derrumbe del valor de $LIBRA, que generó pérdidas por más de US$200 millones, no causó un perjuicio económico para el Estado argentino. En la Jefatura de Gabinete, sin embargo, mantienen el secretismo sobre los detalles. Francos sostiene que es porque “desde el punto de vista público a nadie le interesa el tema”, tal como afirmó a Radio Splendid en la previa de la sesión. Insiste en que el criptogate “tiene poco que ver con la administración pública”, pero que igual asistirá a las 14 horas, cuando comience la sesión, a dar explicaciones.
En la oposición lo esperan con la guardia en alto. Esperan que haya fair play, pero sospechan que pueda haber juego sucio. La interpelación de funcionarios nacionales está amparada por el artículo 71 de la Constitución, pero existen muchas lagunas en el reglamento de la Cámara de Diputados que podrían abrirle la puerta a la creatividad reglamentaria. El mayor temor es que, en un exceso de reglamentarismo, Francos y Cúneo Libarona se nieguen a participar de la sesión si, por ejemplo, no hay quórum.
El reglamento nada dice sobre la necesidad de que haya quórum, pero tampoco lo decía para las sesiones informativas del jefe de Gabinete. Y Francos, hace un par de semanas, apostó hasta último momento a que no hubiera quórum para dejar el informe de gestión escrito e irse, sin hablar. Esta salida, cuya autora intelectual es la bullrichista Silvana Giudici (PRO), podría replicarse el martes, por lo que la oposición se concentra también en porotear tener 129 presentes. A pesar de que, desde el despacho de Martín Menem, advierten que no será un problema.
Desafío opositor
Para la oposición nucleada en el peronismo de Unión por la Patria, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia para Siempre, así como la Coalición Cívica y la izquierda, la interpelación es una prueba de fuego. No solo la gestión libertaria juega sus fichas en la sesión: la oposición también. Y esto es así porque lo que suceda el martes definirá si el criptoescándalo queda en el olvido —como pasó, entre otros casos, con la visita de diputados de La Libertad Avanza a la cárcel de Ezeiza para fotografiarse con el genocida Alfredo Astiz— o si se convierte, en cambio, en un escándalo que pueda agrietar la coraza comunicacional que blinda a Milei.
Es un desafío. No fue fácil conseguir la mayoría parlamentaria para forzar a los funcionarios nacionales a dar explicaciones al Congreso. Hubo que sacrificar muchos nombres —como el de Manuel Adorni y Karina Milei— para hacerse con el número e, incluso así, hubo dos que anunciaron que no asistirán: el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. Raras veces la oposición tuvo la posibilidad de sortear el blindaje que Milei —con la ayuda de sus aliados en el PRO, los gobernadores y el radicalismo— logró construir a su alrededor. Y necesita aprovecharlo.
Es por este motivo que los alfiles de la oposición, como la camporista Paula Penacca, el pichettista Oscar Agost Carreño, la radical Carla Carrizo y el lilito Maximiliano Ferraro, vienen trabajando un plan de labor que organice la sesión. Hace tres décadas que el Congreso no interpela a un funcionario e, incluso entonces, el oficialismo tenía que lidiar con un un sistema bipartidista: un escenario muy distinto al caos de atomización partidaria que predomina hoy en el Congreso.
El plan de labor diseñado por la oposición presenta tres etapas. En la primera, los funcionarios interpelados tendrán de 60 a 90 minutos para realizar una defensa conjunta. Luego será el turno del interpelador, que realizará las preguntas y repreguntas a Francos y Cúneo Libarona. Será un ida y vuelta de pregunta-respuesta y estará en manos de un grupo de diputados específicos, que cada bloque opositor que impulsó la interpelación designará internamente. No habrá lugar para el oficialismo ni el PRO ni ninguna de las bancadas que votaron en contra de la interpelación: estos bloques recién podrán intervenir en la tercera etapa.
La última etapa será más similar a un clásico informe de gestión. Los diputados y diputadas intercalarán preguntas con discursos y, cada cinco o seis intervenciones, los funcionarios responderán de modo global. Los discursos de los jefes de bloque se dejarán para el cierre, ya que el objetivo es priorizar las respuestas de los funcionarios, más que las alocuciones políticas.
Será una sesión larga. En la oposición especulan que durará más de 10 horas, aunque los detalles se terminarán de definir el martes por la mañana en una reunión de labor parlamentaria con Menem y el resto de las bancadas.
Si bien la mira opositora se encuentra, por estas horas, en ordenar la sesión y conseguir la mayor cantidad de respuestas posibles de los funcionarios, hay otro tema que estará revoloteando durante la jornada: la comisión investigadora $LIBRA. El miércoles a la mañana, apenas unas horas después de que finalice la interpelación, se reunirá por primera vez la comisión que la oposición logró aprobar para investigar el criptoescándalo. Debido a una serie de maniobras de Menem, que creó interbloques a piacere para hacerse con más sillas, la comisión se encuentra al borde de la parálisis. Y la oposición aprovechará la sesión del martes para desbloquearla.
MC/JJD
Arcor anunció que compró el 100% de La Serenísima, cuyos accionistas después impugnaron el precio y se demora la toma de control
El grupo de origen cordobés ejecutó una opción de compra firmada en 2015, pero el desacuerdo por el valor de las acciones abre una instancia de negociación que podría extenderse hasta un mes.
El Grupo Arcor anunció este lunes el ejercicio de la opción de compra para adquirir el 100% de Mastellone Hermanos, la principal empresa láctea del país. Sin embargo, los accionistas vendedores de La Serenísima impugnaron el precio ofrecido, abriendo un proceso de disputa que demora la toma de control y genera incertidumbre sobre los próximos pasos.
La comunicación oficial se realizó a través de una notificación presentada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Arcor, junto con Bagley Argentina y Bagley Latinoamérica, informó que había decidido ejercer la opción pactada en 2015 para comprar el 51,323% del capital social restante de Mastellone, del cual ya poseía el 49%.
No obstante, apenas recibida la notificación, los representantes de los accionistas vendedores comunicaron que impugnarán el precio indicado por considerar que no se ajusta a las pautas establecidas en el contrato firmado en diciembre de 2015. El conflicto no es menor: según el procedimiento previsto, los vendedores cuentan ahora con un plazo de 30 días para formalizar su desacuerdo por escrito y activar los mecanismos de resolución contemplados en el acuerdo original.
El precio de las acciones es el eje de la disputa, en una operación que, de concretarse, permitiría a Arcor desembarcar de manera directa en el estratégico mercado lácteo, ampliando su presencia en el consumo masivo argentino.
La carta enviada a la CNV por Mastellone confirma el escenario de conflicto: el Directorio de la compañía dejó constancia del rechazo de los vendedores al valor propuesto y del inicio del proceso de impugnación que podría extenderse o derivar en una instancia de arbitraje.
Con este escenario abierto, el control total de Mastellone por parte de Arcor y sus socios estratégicos queda en suspenso, al menos hasta que se resuelva la diferencia sobre el precio. El grupo, fundado en 1951 en Arroyito, Córdoba, había planificado cerrar la operación como parte de una estrategia de expansión y diversificación, pero ahora enfrenta un escollo que, cuando menos, podría retrasar sus planes.
JJD
Motosierra al sueldo mínimo: cayó 33% con Milei y es de los más bajos de Latinoamérica
El Gobierno busca otorgar alzas en línea con lo ofrecido por el empresariado y muy por debajo de la inflación. El básico impacta tanto en trabajadores de baja calificación como en los estatales y en los que están contratados en la informalidad.
El salario mínimo, que hoy es de $296.832, perdió 33,5% del poder de compra desde que Javier Milei llegó al poder. ¿Importa? Hay gente dispuesta incluso a trabajar por menos que eso, afirmó en su momento el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni. Sin embargo, por obligación legal, el Gobierno no tuvo otra que convocar para este martes al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, en el que se reúnen patronales y centrales sindicales para aumentarlo. En sesiones anteriores, la Secretaría de Trabajo en la era libertaria, bajo la conducción de Julio Cordero, siempre laudó a favor de la propuesta de los empresarios.
La Argentina tiene el 14° salario mínimo más bajo de Latinoamérica, medido en dólares (US$253), en una región de 19 países. Sólo seis pagan peor: El Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Cuba y Venezuela (US$1,60). A la cabeza están Costa Rica (US$725), Chile y Uruguay.
“Desde la asunción del actual gobierno, el salario mínimo ha perdido poder adquisitivo en una forma brutal”, advierte un informe del Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (Cifra-CTA), que redactó la economista Mariana González. “En efecto, entre noviembre de 2023 y abril del año en curso, el poder de compra de este salario se redujo en más de una tercera parte. Esta reducción, sumada a la de años anteriores, implica que quede desdibujada su función como herramienta para fijar un piso salarial. En febrero de este año, el salario mínimo representó menos de una quinta parte del salario promedio registrado del sector privado.”
“A lo largo de 2024 hubo cuatro reuniones del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil”, recordó González. “En todas ellas, ante la falta de acuerdo, fue la Secretaría de Trabajo quien determinó los aumentos nominales, que fueron prácticamente equivalentes a la propuesta del sector empresario. Su última resolución, de diciembre de 2024, implicó continuar con la tendencia decreciente del salario mínimo, de modo que se perdió entre el último aumento previo a esta resolución y el mes en curso un 7% de poder adquisitivo.”
“La perdida sufrida durante este gobierno se acumula con retrocesos previos, por lo que el salario mínimo se ubicó en abril de 2025 en un nivel real que es 44,1% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 57,3% menor que noviembre de 2015”, se refirió González al último mes de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. “Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de compra a lo largo de este tiempo, estaría actualmente cerca de los $ 700.000. Tras este retroceso histórico el valor real del salario mínimo es inferior al vigente durante la mayor parte de la década de 1990 y en la crisis final del régimen de convertibilidad, cuando, como sucede en la actualidad, esta política se había abandonado como herramienta para determinar pisos salariales e impulsar una menor desigualdad salarial. La comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia revela una situación peor que la de 2001. El salarió mínimo en la actualidad equivale a sólo el 58,1% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y poco más de una cuarta parte de la canasta de pobreza.”
Pese a que cada sindicato negocia un básico que suele estar por encima del salario mínimo, este supone una referencia clave. “El principal objetivo del SMVM (salario mínimo vital y móvil) es asegurar que los salarios no caigan por debajo de un determinado nivel, en particular para trabajadores de menor calificación, que suelen acceder a ocupaciones con remuneraciones más bajas. De este modo, contribuye además a disminuir la desigualdad en los ingresos laborales”, señala González.
“Numerosas investigaciones, incluyendo varios realizadas por organismos internacionales, encuentran que esta institución contribuye a reducir la desigualdad salarial al elevar los sueldos de quienes se encuentran en el extremo inferior de la distribución”, continúa la economista.
Tanto es así que hasta la exlíder de la democracia cristina alemana Angela Merkel impulsó en 2015 la creación de salario mínimo en su país cuando lo gobernaba. Pero además constituye una referencia para los empleados en negro o no registrados por sus patrones. “Más allá de que las y los trabajadores informales suelen quedar por fuera de la legislación laboral, se ha comprobado que la evolución de sus remuneraciones está ligada a la dinámica del salario mínimo, que funciona como una señal para su determinación”, observa González.
“En conclusión, el SMVM sirve para proteger los ingresos de las y los trabajadores tanto formales como informales, contribuye a mejorar la distribución de los ingresos y, en consecuencia, al bienestar general de la sociedad”, señala la experta de la CTA. “En cambio, no se ha demostrado que tenga efectos negativos sobre el nivel de ocupación.”
El SMVM no se aplica a los trabajadores del sector rural y a los trabajadores domésticos, aunque el nuevo Régimen de Trabajo Agrario determina que la remuneración mínima de los trabajadores agrarios no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. En el ámbito del sector público sólo se aplica a los trabajadores de la Administración Pública Nacional y de los organismos donde el Estado nacional actúe como empleador, es decir, no en el sector público provincial y municipal.
AR/MC
El índice de confianza en el gobierno de Javier Milei cayó en abril y acumula cinco meses de descenso
El malestar ciudadano se refleja en todos los indicadores, desde la percepción de la honestidad hasta la preocupación por el interés general, y evidencia un deterioro que golpea a la Casa Rosada. El documento completo, aquí.
Cinco meses consecutivos de caída configuran un patrón que ya no puede ser atribuido a fluctuaciones coyunturales. La gestión de Javier Milei volvió a perder confianza ciudadana en abril, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador descendió un 3,7% respecto de marzo y se ubicó en 2,33 puntos sobre 5 posibles, profundizando una tendencia negativa que comenzó en diciembre de 2024.
En términos interanuales, la caída es del 4,8%, y si se compara con abril de 2017 —segundo año de gobierno de Mauricio Macri—, el nivel de confianza actual es 10,7% menor. La comparación histórica también revela que el dato de abril de 2025 es 34,5% superior al registrado en abril de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, pero esa cifra sirve de poco consuelo para un gobierno que atraviesa un desgaste. Sin embargo, cabe tener en cuenta el impacto positivo en la percepción de las personas sobre la marcha del gobierno posterior al levantamiento del cepo cambiario para las personas, una de las principales promesas de campaña de Milei.
La media de confianza en los 17 meses de Milei al frente del Ejecutivo es de 2,51 puntos, una cifra inferior a los 2,63 de Macri en el mismo período de su mandato y apenas superior al 2,26 de Fernández. Desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025, la pérdida acumulada en la valoración ciudadana alcanza el 12,4%.
Los números del ICG son duros, pero aún más revelador es el deterioro generalizado en sus cinco componentes. La Capacidad para resolver los problemas del país bajó un 3%, ubicándose en 2,77 puntos, mientras que la Honestidad de los funcionarios retrocedió un 1,5% y quedó en 2,58 puntos. La Eficiencia en la administración del gasto público apenas cayó un 0,2%, hasta 2,35 puntos, pero la Evaluación general del Gobierno se desplomó un 4,9%, quedando en 2,02 puntos. El golpe más fuerte se observó en la Preocupación por el interés general, que sufrió una caída del 9,7% hasta ubicarse en apenas 1,95 puntos.
El estudio, realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 11 de abril sobre 1.000 casos en ciudades de más de 10.000 habitantes, también permite observar variaciones según el género, la edad, la región geográfica, el nivel educativo y la percepción sobre la situación económica.
Entre los hombres, la confianza fue mayor (2,61 puntos) que entre las mujeres (2,04 puntos), repitiendo una brecha ya registrada en meses anteriores. Por rango etario, los jóvenes de 18 a 29 años fueron los que mostraron mayor nivel de confianza (2,55 puntos), seguidos por los mayores de 50 años (2,33 puntos) y los adultos de 30 a 49 años (2,27 puntos).
Geográficamente, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,51 puntos, con una caída del 3,5%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 2,21 puntos (una baja del 6,4%) y en el Gran Buenos Aires de 2,01 puntos (descenso del 2,9%).
El análisis por nivel de instrucción revela contrastes más marcados. Quienes tienen educación terciaria y/o universitaria mostraron un ICG de 2,50 puntos, apenas por encima de los 2,33 puntos de quienes completaron hasta secundaria, aunque estos últimos registraron un aumento del 3,6%. El dato más preocupante es el desplome de 30,2% entre quienes sólo alcanzaron la educación primaria, cuyo índice cayó a 1,41 puntos.
La experiencia de victimización delictiva también incidió en la percepción: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses marcaron un ICG de 2,43 puntos, frente a los 2,04 puntos de aquellos que sí sufrieron algún hecho de inseguridad.
El termómetro económico ofrece otro ángulo de análisis. Quienes creen que la situación económica mejorará en un año tienen una confianza de 4,09 puntos, pese a una caída del 2,4%. Entre los que consideran que todo seguirá igual, el índice creció 11,0% y llegó a 2,53 puntos. En cambio, para quienes creen que empeorará, la confianza se desplomó hasta apenas 0,45 puntos.
Así, el panorama que presenta el ICG de abril 2025 es el de una sociedad fragmentada, escéptica y, en muchos sectores, abiertamente desconfiada. La caída de la confianza no distingue edades, géneros ni zonas geográficas, aunque sí se ensaña con los más vulnerables en términos educativos y de experiencia con el delito.
JJD
Alineado con Trump, Milei recibe al nuevo jefe del Comando Sur de EE.UU.
Holsey llegó este lunes y permanecerá tres días en el país. Viajará a la Base Naval de Ushuaia, un punto estratégico en la mira tanto de Estados Unidos como de China.
El presidente Javier Milei recibirá este martes al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, en el marco del alineamiento con el Gobierno de Donald Trump.
Holsey llegó este lunes y permanecerá tres días en el país. Viajará a la Base Naval de Ushuaia, un punto estratégico en la mira tanto de Estados Unidos como de China.
En abril de 2024 la base fue visitada por la antecesora de Holsey, la generala Laura Jane Richardson, que también fue recibida por Milei. En ese entonces, el mandatario argentino declaró que “el mejor recurso para defender la soberanía argentina es la alianza con Estados Unidos”.
El objetivo estratégico de la Argentina es construir una base naval integrada, que contenga un polo logístico en el extremo sur del continente y se convierta en la puerta de entrada a la Antártida. Ese proyecto comenzó a planearse durante el gobierno de Alberto Fernández por inciativa del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.
Holsey también se reunirá con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac.
La embajada de Estados Unidos informó que el jefe militar mantendrá reuniones con líderes del gobierno y del área de Defensa en esta primera visita a la Argentina. El interés del Gobierno de Trump por los avances de la construcción de la base naval integrada en Ushuaia es un elemento sustantivo del “compromiso duradero para mejorar la asociación estratégica entre ambos países”.
La embajada estadounidense informó que la visita es para “reforzar la colaboración militar de larga data” entre ambas naciones, “con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y avanzar en intereses compartidos”.
En la visita a la base, Holsey se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global, se informó.
El almirante Holsey asumió al frente del Comando Sur el 7 de noviembre de 2024, al día siguiente del triunfo electoral de Trump.