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Noticias de Corrientes

Maniobras para evitar el quorum y un muro de silencio por el caso $LIBRA: el trasfondo de Francos en Diputados

Un informe que llegó sobre la hora y con muchas preguntas sin responder. Un Guillermo Francos que arribó sonriente y amenazó con que, si no había quorum, solo dejaría el texto y se iría. Un Martín Menem que convocó la sesión informativa para acallar los reclamos aliados y la fijó en la previa de un fin de semana largo, de modo de garantizarse un alto nivel de ausencias. La visita del jefe de Gabinete a la Cámara de Diputados había empezado mal y, ante la negativa de Francos de responder cualquier pregunta sobre el caso $LIBRA, la oposición optó por un Plan B: apostar todas las fichas a la interpelación de la semana próxima.

Hasta último momento, el Gobierno especuló con que el fin de semana largo por Semana Santa les ahorrara el encontronazo de Francos con el Congreso. La expectativa era que una falta de quorum le permitiera al jefe de Gabinete dejar el informe escrito y volver rápido a Casa Rosada: otro ardid normativo con el cual La Libertad Avanza buscaba eludir el dolor de cabeza de tener que defender a Javier Milei frente al Congreso. 

Menem ya había puesto en práctica una estrategia similar el día anterior, consolidando una conformación de la comisión investigadora por el caso $LIBRA que le garantizara un empate inmovilizador. El mismo Francos había hecho lo mismo minutos antes de que comenzara la sesión, enviando un informe escrito que se negaba a responder las preguntas vinculadas al criptoescándalo. “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista para el martes 22 de abril del corriente año a las 14 horas”: la frase, repetida más de 70 veces a lo largo del texto, pavimentaría el clima que se viviría, horas después, en el Congreso.

“Si lo interpelaron y lo fuerzan a venir dos veces él también se va defender”, deslizaban, sonrientes, en el entorno de Francos. La oposición se lo haría valer, luego, en el recinto. Pero, por lo bajo, la atención estaba puesta en otro lado: la interpelación del próximo martes, para cuando el jefe de Gabinete deberá volver a presentarse para brindar explicaciones sobre el escándalo $LIBRA. 

Mientras el jefe de Gabinete encadenaba explicaciones, los diputados de la oposición conversaban a un costado, intentando dirimir antes del inicio del fin de semana largo cómo organizarían la próxima sesión. El último antecedente que se recuerda es el de Domingo Cavallo en el 96’: entonces, el ex ministro de Economía había sido interpelado por el Senado para dar explicaciones por una reforma impositiva y terminó exponiendo durante más de 10 horas. La oposición, ahora, busca hacer lo mismo con Francos, pero primero tiene que definir un plan de acción.

El desafío de la oposición es conseguir respuestas. Ante la posibilidad de que la comisión investigadora se empantane debido a la creatividad reglamentaria de Menem –que se abocó a reformar todo el ecosistema de la Cámara de Diputados en pos de conseguirse más voceros propios en la comisión–, la interpelación es la gran apuesta opositora frente al criptoescándalo. Por lo que el objetivo es diseñar una dinámica de preguntas y respuestas que, más allá del show, fuerce a Francos a brindar las respuestas que retaceó durante la sesión informativa. 

La oposición, sin embargo, no le suelta la mano a la comisión investigadora. La maniobra de Menem para empantanarla, oficializando una conformación de 28 integrantes según la cual la mitad, es decir 14, sin diputados oficialistas o aliados del Gobierno, presenta otro tipo de desafío. Un sector de la oposición pretende modificar la composición a través de forzar una interpretación del reglamento que obligue al presidente de la Cámara a respetar el espíritu del pleno cuando aprobó la creación de la comisión investigadora hace una semana. Es decir: el objetivo es usar una mayoría en el recinto para modificar la composición y dejarla como debería haber quedado previo a que Menem intercediera para armar nuevos bloques e interbloques.

La ausencia del escándalo $LIBRA y el enojo de De Loredo

Francos se negó a referirse al caso $LIBRA, escudado en que daría las explicaciones pertinentes en la interpelación de la semana próxima. La mayoría de la oposición lo aceptó con tranquilidad, pero no así Rodrigo de Loredo, la verdadera víctima del silencio del jefe de Gabinete. El presidente de la UCR -la primera, la original, que luego terminó dividiéndose en otros dos bloques más- había apostado todo a la visita del jefe de Gabinete, que había sido la oferta original de Menem a la oposición para desactivar la interpelación por el criptogate, y había quedado descolocado ante la negativa de Francos de hablar del caso $LIBRA. 

La semana pasada, De Loredo había optado por plegarse al pedido del Gobierno y había votado en contra del proyecto de interpelación, junto al PRO y LLA, con la excusa de que lo que correspondía era que Francos diera explicaciones en una sesión informativa. Pero, después, Francos dio su informe y se negó a referirse al caso $LIBRA, dejando a la UCR más mileísta en offside frente al resto de la oposición. 

De Loredo quiso explicar la postura de su bloque en el recinto, pero lo hizo apuntando los dardos contra el kirchnerismo y terminó trenzándose a los gritos con Unión por la Patria y algunos de sus ex compañeros de bloque. “Siendo que quienes finalmente prosperaron este pedido de interpelaciones integran un espacio político que ha sido responsable de gravísimos episodios de corrupción en la argentina, desde Qunita a Fútbol para todos. Y que ninguno de esos casos en más de dos décadas fueron causales de interpelación o juicio político”, comenzó De Loredo, pero fue interrumpido por el formoseño Fernando Carbajal. “La pedimos nosotros a la comisión”, le recordó el radical de Democracia Para Siempre, que había integrado el mismo bloque que De Loredo hasta el año pasado.

De Loredo se puso nervioso, pero siguió hablando. Hasta que interrumpió Daniel Gollán, a los gritos. “Fuimos todos absueltos. Sos un mentiroso”, le vociferó el ex ministro de Salud, quien había sido imputado en la causa por el Plan Qunita y que terminó siendo absuelto, como todos los acusados, luego de que la Justicia hubiera fallado que no había existido delito. Gollán estaba furioso, y se paró y comenzó a gritarle “Mentiroso” en la cara. La tensión escaló y Menem tuvo que convocar a un cuarto intermedio.

MC/MG

Francos esquiva hablar del escándalo $LIBRA en Diputados y evita dar detalles sobre el acuerdo con el FMI

Guillermo Francos esquivó la jeringa de los diputados de la oposición sobre el caso $LIBRA. En su informe de gestión que presentó este miércoles en la Cámara de Diputados, apenas minutos antes de exponer públicamente en el recinto, insiste en cada una de las consultas con la misma respuesta: “Las preguntas referidas a la temática Libra serán abordadas por el Jefe de Gabinete de Ministros durante la sesión prevista para el martes 22 de abril del corriente año a las 14 horas”. Al menos 72 veces aparece la misma respuesta a lo largo del informe de 1700 páginas y 2300 preguntas.

El oficialismo reveló poco antes de las 14 el informe de Francos en la web de Diputados. Hubo quejas internas por la demora en la publicación, que suele hacerse al menos un día antes de la presentación formal del jefe de Gabinete ante los legisladores nacionales. “No está estipulado en el reglamento el tiempo de entrega”, aclaró una fuente al lado de Martín Menem.

La resbaladiza respuesta del ministro coordinador se repite ante otras consultas de la oposición, como son el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que se concretó recién ayer con el ingreso de U$S14.000 millones, o las proyecciones de la inflación para el resto del año, dado que en marzo hubo un salto al 3,7% y la apertura del cepo al dólar devaluó el peso al menos un 10% en las primeras 48 horas.

“El Ministerio de Economía informa que el Gobierno no hace proyecciones de inflación”, se lee en la respuesta a la pregunta N° 534. Y puntualmente sobre el FMI, en muchas preguntas las respuestas aparecen espacios vacíos y en otra el jefe de Gabinete se remite al comunicado del Banco Central del viernes pasado que determinó las bandas de flotación del dólar entre $1.000 y $1.4000.

Cuando le preguntan si “no considera un verdadero contrasentido que el nuevo acuerdo con el FMI encabezado por el gobierno nacional de Javier Milei se va a hacer por medio de un Decreto de Necesidad de Urgencia que autoriza al propio Milei”, la respuesta de Francos es nula. El espacio aparece en blanco.

La respuesta N° 272 sintetiza un sinfín de consultas sobre el acuerdo con el FMI, donde Francos solo expone: “El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hace saber el inicio de la Fase 3 del Programa Económico con flexibilización cambiaria y flotación entre bandas, cuya comunicación oficial fue difundida en su página institucional en https://www.bcra.gob.ar/Noticias/inicio-fase-3-programa-economico.asp”.

Jubilados

Francos también es escurridizo sobre la situación de los jubilados, teniendo en cuenta la seguidilla de manifestaciones en contra del Gobierno frente al Congreso cada miércoles. El ministro evita dar detalles sobre si habrá nuevos aumentos para el sector, pero asegura que los haberes no quedaron tan atrás de la inflación.

“El Ministerio de Economía informa que, durante el primer bimestre de 2025, los haberes previsionales acumularon un incremento del 155% respecto al mismo bimestre del año anterior, duplicando prácticamente la suba observada en los precios en igual período (75%). Impulsadas por la desaceleración de precios y la actualización por movilidad, las jubilaciones y pensiones han recuperado a febrero 2025 el 13% de su poder adquisitivo en relación a diciembre 2023, cuando el Javier Milei asumió la presidencia”, responde en la pregunta N° 1777. “El grupo etario con menor incidencia de pobreza e indigencia, según el último informe publicado por el INDEC, corresponde a los adultos mayores”, agrega. Y apunta que las jubilaciones mínimas en abril alcanza $355.821.

Represión

El informe tiene una larga respuesta sobre cuál fue el operativo de Patricia Bullrich el 12 de marzo, día en que fue herido por la represión el fotógrafo Pablo Grillo, quien aún sigue internado en el hospital Ramos Mejía. Para esa marcha de los jubilados, apoyada por hinchas de fútbol, el Gobierno disputo el despliegue del Comando Unificado Federal a cargo del Comisario General Luis Alejandro Rollé, jefe de la Policía Federal. “En el desarrollo de sus funciones, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales observan estrictamente los principios de proporcionalidad, excepcionalidad, progresividad y racionalidad”, dice el informe de Francos.

“El operativo contó con un total de 1.266 efectivos distribuidos entre las distintas fuerzas de seguridad federales”, apunta el texto, y señala sobre el armamento llamado “no letal” usado por comando unificado: “a. Las pistolas que inmovilizan al objetivo mediante descargas eléctricas no letales. b. Las pistolas que disparan municiones con substancias irritantes u otros productos químicos no letales a través de carabinas, lanza gas, escopetas y disuasivos químicos orgánicos, cartuchería de calibre 12/70 antitumulto y estruendo. c. Los artefactos eléctricos específicos para uso policial que provocan descargas no letales. d. Los gases paralizantes. e. Cualquier otro armamento no letal aprobado conforme a la reglamentación y que cumpliera los mismos fines como pulverizadores orgánicos marcas 'SELF DEFENDER' y 'MK- 9'”.

Y agrega: “A su vez, se informa que la dotación Móvil Hidrante posee lo que se denomina 'bolsa granadera' la cual cuenta con granadas de Disuasivo Químico”. Y como “tipos de agresores utilizados para armas no letales: cartuchos 38.1 CS Candela Marca FM (Fabricaciones Militares), granadas de mano de hostigamiento ‘CS’ y ‘CN’ Marca FM (Fabricaciones Militares), lanzadoras de menor letalidad marca byrna, modelo SD y modelo TCR y proyectiles para lanzadoras byrna”.

SIDE

Sobre la represión a la marcha de jubilados el Gobierno niega que haya habido trabajo de inteligencia de la SIDE, pese a la reunión que llevó a cabo en Casa Rosada entre Bullrich, el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, y Santiago Caputo apenas antes de la nueva movilización del 19 de marzo. Dice Francos: “La Secretaría de Inteligencia del Estado no ha participado en modo alguno en operativos de seguridad vinculados a la manifestación del día 19 de marzo de 2025. Las versiones periodísticas que sugieren lo contrario carecen de todo sustento fáctico y resultan erróneas”.

Y agrega: “En ningún momento la SIDE ha desplegado acciones de vigilancia, represión, obtención de información, ni producción de inteligencia orientada hacia ciudadanos por su opinión política, pertenencia a organizaciones sociales, sindicales o partidarias, ni ninguna otra conducta prohibida por el artículo 4° de la Ley 25.520. La SIDE actúa con estricto apego al marco legal y reafirma su compromiso con el respeto a las libertades civiles, los derechos individuales y el funcionamiento pleno del sistema democrático”.

Apenas cuatro preguntas de 4000 fueron sobre la SIDE, que conduce Neiffert bajo el designio del asesor Caputo. En la N° 180 la oposición consulta sobre “inmediata desclasificación de los archivos vinculados a las actividades militares y guerrilleras entre 1976 y 1983”. “Actualmente, la medida se encuentra en fase de instrumentación, en una etapa preparatoria que responde a criterios técnicos propios de la labor archivística, necesarios para garantizar una correcta organización, resguardo y eventual transferencia de la documentación”, dice Francos.

Respecto a Caputo, que continúa asesorando a Milei en el carácter de monotributista, el jefe de Gabinete ratifica que su contrato sigue vigente al que comunicó el año pasado en Diputados, donde detallaba que cobraba 3750 Unidades Retributivas de Servicios (URS). Esa unidad para el cuarto trimestre de 2024 es de $683,55, por lo que Santiago Caputo factuaría por mes $2.563.312,5.

El peronismo, quien más preguntó

Según detalló el Gobierno, Francos recibió el pasado 28 de marzo 4078 preguntas que fueron sintetizadas en 2304 preguntas para integrar el informe escrito. Unión por la Patria fue el bloque que mayor cantidad de consultas remitió (1250), le siguió el PRO (209), el radicalismo disidente de Democracia para Siempre (146), y la UCR (141)

Respecto a las áreas de gobierno a las cuales fueron dirigidas las consultas, el Ministerio de Economía concentró la mayor cantidad de preguntas al recibir 812. Le siguieron las carteras de Capital Humano con 379, Salud con 259, Seguridad con 173, Justicia con 91 y Defensa con 90. En tanto, la Vicejefatura de Interior recibió 84 preguntas; el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, 75; la Jefatura de Gabinete, 74; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, 63; y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, 62. 

También 36 preguntas fueron destinadas al Banco Central de la República Argentina; 33 a la Secretaría de Comunicación y Medios; 16 a la Secretaría de Cultura; 15 a la Vicejefatura Ejecutiva; 14 a la Agencia de Administración de Bienes del Estado; 13 a Secretaría General de la Presidencia; y 6 al Ente Nacional de Comunicaciones. Por último, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) recibió 4 preguntas, la Sindicatura General de la Nación, dos, y la Agencia de Acceso a la Información, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro recibieron una consulta cada una.

MC

El Indec ya terminó el nuevo IPC pero el Gobierno lo mantiene frenado y se sigue usando una canasta vieja

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ya terminó todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, la reformulación permanece demorada por el propio Gobierno.

La información figura en la página 24 del informe que Francos envió al Congreso, en respuesta a una pregunta formulada por diputados nacionales de la Coalición Cívica, el partido que lidera Elisa Carrió. “El Ministerio de Economía informa que el Indec finalizó en el mes de marzo de 2025 todos los desarrollos técnicos y metodológicos del nuevo IPC, así como también las consultas y testeos técnicos del nuevo índice para su implementación. Actualmente se encuentra a la espera de los avales institucionales para realizar la campaña de sensibilización y alfabetización del nuevo IPC. Mientras tanto, el Instituto continúa realizando los análisis técnicos en torno a la estabilidad de los precios para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones internacionales y garantizar que las modificaciones no se introduzcan en períodos atípicos”, fue la respuesta de Francos.

La revelación echa luz sobre una discusión que crece entre economistas, consultoras y especialistas: si los datos oficiales están reflejando o no con fidelidad la evolución real de los precios. El índice de precios que se emplea en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, viene dando por lo general más alto que el que usa el Indec.

Históricamente, ambas mediciones coincidían casi perfectamente: entre febrero de 2022 y diciembre de 2023, la relación entre el IPC CABA y el del INDEC para GBA fue del 99,8%. Sin embargo, a partir de enero de 2024, la inflación medida en la Ciudad de Buenos Aires comenzó a ser un 13% superior a la del Indec y en el último dato disponible la diferencia escaló al 55%.

La explicación radica en la canasta de consumo utilizada: la de CABA está actualizada desde 2022, mientras que la nacional continúa siendo la misma desde 2004. En términos metodológicos, eso implica darle diferente peso a rubros como alimentos, servicios, vivienda, educación y transporte.

Economistas advierten que la canasta vigente subestima la inflación real, especialmente en sectores de clase media y media-alta, donde el peso de los servicios regulados y privados es mayor.

Qué dijo Francos en el recinto

En la sesión informativa de la Cámara baja de este miércoles, el diputado radical Martín Tetaz le señaló a Francos que el Indec está “usando una estructura de ponderadores que surge de la Encuesta de Gasto de los Hogares (ENGHo) del año 2004, más de 20 años, lo que no refleja la realidad” y que “hay una encuesta del año 2017 que se puede utilizar y que ya ha habido sucesivos compromisos del propio Indec sobre la implementación de los nuevos ponderadores”.

“Quiero saber si usted me puede garantizar si esos ponderadores van a estar incluidos en el nuevo índice ante las elecciones que vienen o no. Porque de hecho, algunos de datos que usted dio en su presentación cambian radicalmente si los usos de los ponderadores son los del 2004 o los del 2017. Por ejemplo, le voy a dar uno solo porque no tengo más tiempo. Los salarios reales en la evolución que usted mencionó están 16 puntos abajo si usted usa los ponderadores del 2017 en vez de usarlos del 2004. Y eso le explica por qué hay alguna confusión con algunos diputados acá que mencionan la aparente contradicción de que el salario real en el relato de ustedes crece, pero el consumo masivo en los datos propios del Indec cae. ¿Me puede dar una fecha, jefe de Gabinete, de cuándo van a estar los ponderadores en el nuevo índice? Y si no la puede dar porque no le corresponde a usted, ¿puede tomar las medidas necesarias para que sea antes de las elecciones? Gracias”, dijo Tetaz.

Francos no le dio una fecha concreta a Tetaz pero sí le respondió: “Entiendo la pregunta, y quiero decir esto muy concretamente: el titular del Indec (Marco Lavagna) planteó hace unos meses atrás, y ahora últimamente, la necesidad de cambiar algunos ponderadores en su visión. Y el presidente [Javier Milei] le dijo: 'No cambien nada, porque si la cambiamos ahora, van a decir que lo estamos haciendo por una otra razón [política]. Esperemos a que pase este momento y cuando la situación esté totalmente estable, analizamos y proponemos un cambio de los ponderadores'. Esa es la razón por la que todavía no se lo ha hecho”, dijo el funcionario.

JJD

Tensión e incidentes en la marcha de jubilados: la policía gaseó manifestantes

Otra vez hubo incidentes durante la marcha de jubilados de los miércoles en el Congreso. Ocurrieron luego de efectivos de la Policía Federal disuadieran a los manifestantes con gas lacrimógeno.

La Policía escoltó a los manifestantes hacia la vereda en las inmediaciones del Palacio Legislativo para garantizar el funcionamiento del tránsito.

Los jubilados se manifestaron esta tarde alrededor del Congreso, en el centro porteño, en una nueva edición de las tradicionales protestas de los miércoles en reclamo de un aumento de los haberes del sector. 

Algunas organizaciones políticas como UTEP y partidos de izquierda acompañaron la protesta, que era seguida de cerca por efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería.

“Hasta conseguir jubilaciones dignas estaremos en las calles apoyando y acompañando a los jubilados”, señalaron desde la organización.

La anterior movilización tuvo la adhesión de sindicatos de la CGT y las dos CTA, en la previa al paro general del jueves pasado. La marcha más recordada fue la de principios de marzo, cuando se produjeron incidentes entre manifestantes y la Policía. En aquella jornada hubo varios detenidos y heridos de gravedad, entre ellos el fotoperiodista Pablo Grillo.

La situación de los haberes jubilatorios se convirtió en un eje de tensión creciente con el Gobierno nacional. El reclamo apunta a una recomposición urgente del poder adquisitivo y la sanción de una nueva fórmula previsional.

MM con información de la agencia NA.

Confirman la prisión perpetua para tres de los policías acusados de matar a Lucas Gonzalez por "odio racial"

La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó que Lucas Gonzalez, el joven de 17 años acribilldado cuando salía de entrenar con sus amigos en el club Barracas Central, fue asesinado por “odio racial”, tal como había determinado la justicia en primera instancia. Por esa razón, los jueces confirmaron la condena a prisión perpetura de los tres agentes que integraban una brigada de la Policía de la Ciudad.

El tribunal, en cambio, decidió absolver y liberar a otros dos de los policías que habían sido condenados por el crimen.

El 11 de julio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 25 que condenó a los acusado habia considerado el causal de agravante de “odio racial” ya que los policías que persiguieron y dispararon a Lucas y sus amigos cuando salían de entrenar lo hicieron sin motivo. La única razón, según los jueces, fue por su aspecto físico. El caso dejó al descubierto la violencia institucional dentro de la fuerza.

Los condenados fueron Gabriel Isassi, Fabián López y Juan José Nievas. Todos habían recibido una pena a prisión perpetua por el homicidio quíntuplemente agravado en perjuicio de Lucas y la tentativa de homicidio agravada contra tres de sus amigos.

Los tres habían sido defendidos por el abogado Martín Luis Sarubbi, conocido por defender a policías involucrados en casos de gatillo fácil. Sarubbi representó al policía acusado de disparar contra Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, y también a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal y Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, ambas investigadas en la causa por el atentado contra la expresidenta.

La Cámara también confirmó la condena de Roberto Orlando Inca, Fabián Alberto Du Santos, Rodolfo Alejandro Ozán y Héctor Claudio Cuevas por encubrimiento y el intento de homicidio de los otros jóvenes que iban con Lucas.

Entre los agravantes que se consideraron en primera instancia figuran, además del odio racial, el uso de arma de fuego, alevosía, la intervención premeditada de varias personas y el abuso funcional como miembros de una brigada de la Policía de la Ciudad.

Según el fallo que ahora fue ratificado por la Cámara, “es claro que [los tres intervinientes] obraron en base a un designio común, que todos pretendían lograr el mismo objetivo, esto es matar a los jóvenes, que todos estuvieron de acuerdo en la manera de desarrollar ese ‘iter criminis’ y que lo hicieron ejecutando acciones típicas y necesarias para lograr el resultado, valiéndose de sus armas reglamentarias, alevosamente, con el concurso premeditado de dos o más personas, por odio racial y mediante abuso funcional -de lo cual además pretendieron valerse para lograr su impunidad”.

Sin embargo, la decisión de la Cámara da marcha atrás sobre la situación de dos de los condenados en primera instancia. Se trata de Juan Horacio Romero y Sebastián Jorge Baidón quienes habían recibido una pena de a 6 y 8 años de prisión respectivamente. Para la Cámara, la condena a Romero no describió de forma clara ni fundamentada las acciones específicas que se le atribuían.

Sobre la situación de Baidón, los jueces Pablo Jantus, Alberto Huarte Petite y Gustavo Bruzzone detallaron que existían dudas razonables sobre la validez del reconocimiento realizado por la víctima.

El asesinato de Lucas González ocurrió a fines de 2021 cuando el adolescente y tres amigos salieron del predio del club Barracas Central luego de entrenar.

En medio del trayecto “fueron interceptados por un auto modelo Nissan que no tenía ninguna identificación policial ni tampoco contaba con la patente trasera. De allí descendieron tres hombres que les apuntaron. Ante esto, y de acuerdo a lo relatado por los jóvenes en el juicio, intentaron esquivar la situación al considerar que se trataba de un robo”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal.

En ese momento, los tres integrantes de la brigada dispararon contra el auto: uno de los proyectiles impactó en la cabeza de Lucas, que debido a las heridas falleció en el hospital “El Cruce” de Florencio Varela al día siguiente, mientras que sus amigos quedaron detenidos.

Para Gregorio Dalbón, abogado de la familia de Lucas, la decisión de la Cámara es un “fallo histórico que marca un antes y después para los casos de violencia policial”. En su cuenta de X, el abogado señaló: “¿Por qué este fallo marca un precedente? Porque gracias a la lucha que llevamos adelante junto a la familia de Lucas, logramos que se condene el racismo estructural en las fuerzas de seguridad y poner de relieve que el Poder Judicial no debe ser cómplice de la impunidad policial”.

Según opinó Manuel Tufró del CELS, el “fallo de Casación confirma que la policía actuó de manera racista y será clave para discutir cómo los agentes intervienen en los barrios populares, como cuando las brigadas de las comisarías se mueven sin ninguna identificación”.