Santa Isabel

Noticias de Corrientes

Efecto electoral en el Congreso: la descomposición política afecta la receta libertaria y amenaza con otra derrota en Diputados

Javier Milei cerró la semana con una derrota fulminante en el Senado que, por primera vez en la historia, le rechazó a un presidente el decretazo de dos jueces supremos. Fue un fracaso de la estrategia trazada por Santiago Caputo, pero, fundamentalmente, fue el fracaso de una lógica bélica oficial que empieza a mostrar sus fisuras. La descomposición política producto de los cierres electorales comienzan a hacer mella en la receta libertaria para el Congreso: el control del oficialismo flaquea y el caos, que una vez fue la fuente principal de acumulación política del Gobierno, ahora se les rebela. Y la oposición lo huele.

El rol estelar de Mauricio Macri en la derrota del Gobierno en la votación del Senado despertó las alarmas. En la Casa Rosada tomaron nota de que, sin la intervención de Macri para que Alfredo de Angeli y Victoria Huala dieran quórum, la sesión opositora hubiera podido flaquear. Son los que buscan responsabilizar al ex presidente de la derrota. Otros, en cambio, apuntan los cañones directamente contra Caputo y denuncian, por lo bajo, que “no contó bien”. “Estaban convencidos de que estaban a un voto de ganar”, masculla una dirigenta libertaria, que recuerda que la misma desinteligencia matemática se dio con la votación del DNU de la deuda con el FMI. Si bien el oficialismo logró aprobar el decreto, terminó lejos de los 134 votos que poroteaba originalmente y cerró con solo 129 adhesiones: lo mínimo indispensable. 

Los pases de factura se multiplican luego de un fracaso como el del jueves, pero una cosa era segura: la intervención de Macri en contra del Gobierno representaba un cambio en el escenario. No era la primera vez que el ex presidente decidía mostrar los dientes en una votación —ya lo había hecho con el rechazo al DNU de los fondos reservados de la SIDE—, pero la diferencia era que, ahora, la amenaza podía hacerse más constante. La guerra electoral en la Ciudad de Buenos Aires comenzaba a mostrar sus efectos y el temor latente que siempre existió en el oficialismo —es decir, que Macri pudiera hacerles daño en el Congreso— comenzaba a volverse una realidad.

Mal de uno, bien de otros

La oposición olfatea estos cambios y busca aprovechar la debilidad del Gobierno mientras pueda. Y lo intentará el próximo martes en la Cámara de Diputados, un recinto que, hasta ahora, ha demostrado plegarse con facilidad a las presiones del Ejecutivo. El objetivo de la oposición es conseguir número para impulsar una nueva sesión por el caso $LIBRA y sumar, a su vez, otro de los temas que más costo político le ha generado al Gobierno: la crisis de los jubilados.

La sesión pedida para el martes 8 al mediodía es encabezada por las tres alas opositoras que Milei tiene en Diputados: el peronismo, que atraviesa días de fuertes turbulencias internas; el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre, que ha decidido reinventarse en contraposición a la UCR complaciente con el gobierno libertario; y el pichettismo de Encuentro Federal, una bancada compleja y heterogénea que, si bien no siempre aporta tantos votos, suele echarse al hombro la tarea de coordinar la estrategia legislativa. 

Esta multipartidaria opositora, a la que suele sumarse la izquierda y la Coalición Cívica, viene adoptando una dinámica interna cada vez más fluida. Tienen grupo de WhatsApp exclusivo para la sesión y suelen mantener reuniones —personales y virtuales— para diseñar estrategias conjuntas. Un escenario impensable hace un año, a pesar de las varias iniciativas compartidas —como el aumento a las jubilaciones o al presupuesto universitario, ambas vetadas por Milei—, que se explica, en gran medida, por el contexto electoral.

No hay mucho en común entre Paula Penacca (La Cámpora), Maximiliano Ferraro (lilito), Danya Tavela (radical Franja Morada) y Oscar Agost Carreño (ex macrista cordobés). Sin embargo, en las últimas semanas, todos ellos vienen trabajando en estrategias legislativas que permitan romper con la coraza comunicacional de Caputo. El objetivo principal es forzar al Ejecutivo a que brinde explicaciones sobre lo que ocurrió con la criptomoneda $LIBRA. Es un tema delicado, y no solo porque afecta al presidente, que fue quien la promocionó, sino porque el escándalo se derrama sobre gran parte de su entorno. Karina Milei, en primer lugar, pero también otras figuras de confianza, como Martín Menem o José Luis Espert. 

Los vientos del Senado y de la calle

En la oposición hace cuentas y no será fácil. La sesión pedida para el próximo martes tiene dos ejes: la vinculada al caso $LIBRA —con proyectos de interpelación a funcionarios nacionales y una iniciativa que pretende crear una comisión investigadora— y otra vinculada a la situación de los jubilados, que todos los miércoles encabezan marchas en las afueras del Congreso. En el caso de los jubilados, el objetivo de la oposición será emplazar la comisión de Presupuesto, que preside Espert, para poder dictaminar varios proyectos en boga, que van desde la prórroga a la moratoria previsional a una reforma de la PUAM y un aumento de los bonos a la jubilación mínima.

La sesión se dará en un escenario peculiar: luego de la derrota del Senado y en la previa del paro general que decretó la CGT, que el Gobierno trabaja por desarticular con amenazas a la UTA para que garantice el transporte automotor. El miércoles, además, se espera una nueva convocatoria en defensa a los jubilados. Y todo en el marco de causas judiciales que se abren y deciden investigar los operativos de Seguridad de Patricia Bullrich: la semana pasada, por ejemplo, el fiscal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de Cristian Rivaldi, el policía que gaseó a una niña durante la marcha en contra del veto al aumento a los jubilados el año pasado. 

La multipartidaria opositora apuesta a aprovechar el contexto para conseguir quórum. Sabe que el Gobierno apelará a su estrategia clásica de presionar gobernadores y radicales, pero se entusiasman con que el fracaso en el Senado funcione como preludio de una nueva derrota oficialista. 

El ojo estará puesto en el PRO. No en todo el bloque, que responde mayoritariamente al Gobierno, sino a algunos satélites sueltos —como el larretista Álvaro González— o a los pocos alfiles leales que le quedan a Macri, como Silvia Lospennato o María Eugenia Vidal. “El PRO está con ganas de jugar”, desliza un armador opositor que dialoga con el bloque. En la bancada que preside Cristian Ritondo, en cambio, optan por el silencio y la cautela.

Un primer poroteo les da, a los más cautos, unos 130-131 para el quórum. Son las estimaciones más pesimistas, que evalúan que, por ejemplo, Unión por la Patria no tendrá a todo el bloque jugando. El foco está puesto en los catamarqueños de Raúl Jalil y los santiagueños de Gerardo Zamora, que podrán jugar a vaciar la sesión o, en cambio, negociar unas pocas ausencias y sumar al grueso de los diputados que les responden (que son 10). Al frente de las conversaciones están Penacca y Germán Martínez.

La incógnita, además, es lo que harán los radicales aliados del Gobierno. Los que responden a los gobernadores son un no asegurado —ni Alfredo Cornejo, Leandro Zdero o Gustavo Valdés tienen interés en enemistarse con el Gobierno por el caso $LIBRA—, pero hay algunos radicales sueltos que presionan puertas adentro para acompañar. Es el caso de diputados como Fabio Quetglas, Julio Cobos o Mario Barletta. 

Otro vértice de atracción es el cosmos de los ofendidos con el Gobierno, en donde entran varios ex libertarios como Lourdes Arrieta o el MID de Oscar Zago. También Rocío Bonacci y Marcela Pagano: dos enemigas de Menem que tienen diálogo fluido con Zago y no le hacen ascos a coquetear con algunos sectores de la oposición.

La oposición se mueve con sigilo. Hasta ahora, la Casa Rosada no ha activado el operativo presión: están convencidos de que la sesión informativa convocada para el 16 de abril, en la que irá Guillermo Francos a dar un informe de gestión, será suficiente para calmar las ansiedades de los aliados más incómodos. Pero el contexto electoral pesa: más de uno mastica bronca con los cierres que viene digitando Karina en los distritos y fantasea con cobrarse su venganza. 

MC/JJD

Las bolsas europeas caen más de un 6% en la apertura tras el desplome del mercado asiático en un lunes negro por los aranceles

El IBEX 35, el principal indicador de la Bolsa española, se hundió más de un 6% minutos después del arranque de esta mañana, en el primer lunes laborable con los aranceles del Gobierno de Donald Trump en vigor. Pierde los 12.000 puntos en la tercera sesión de pánico en el mercado por la guerra comercial y el miedo a una recesión global. En los primeros compases de cotización, el IBEX 35 cotiza en los 11.300 puntos tras desplomarse ese 6%.

Las ganancias acumuladas en el año se reducen a un leve 1,96%, segun informa EFE. En otros mercados, el precio del crudo Brent sigue su corrección, ya que se hunde el 3,51%, hasta los 63,3 dólares, mientras que el euro se mantiene fuerte frente al billete verde, y se cambia a 1.101 dólares. Todas las empreas del selectivo español han sufrido caídas.

Los mercados europeos cayeron a su mínimo en 16 meses. Las acciones europeas se desplomaron hasta su nivel más bajo desde diciembre de 2023. El índice Stoxx 600, que sigue a las seiscientas empresas más grandes de Europa, cayó más de un 6% esta mañana.

La Bolsa de Londres sufre una importante caída. El mercado bursátil británico cayó un 6% al inicio de la jornada, alcanzando su mínimo del año. Las acciones caen con fuerza y se suman a las pérdidas de la semana pasada. El índice FTSE 100 se desplomó 488 puntos hasta los 7566, el nivel más bajo desde febrero.

En Alemania, el arranque de la bolsa deja caídas de alrededor de un 10%. El índice DAX 40 de la Bolsa de Fráncfort se ha desplomado hasta los 18.533 puntos, y los 40 valores que componen este índice bajaban. El fabricante de armamento y componentes para eléctricos Rheinmetall cae un 26,7%, Siemens Energy, la matriz de Gamesa, baja un 14%, y el fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines cedía un 12%.

La Bolsa de París ha abierto también con una clara tendencia bajista y, a pocos minutos de la apertura, se dejaba un 6,67 %, en medio de las tensiones económicas creadas por los aranceles anunciados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El selectivo CAC-40 de la Bolsa parisiense comenzó con una bajada de poco más del 2%, pero enseguida agravó su situación. Lideraba las bajadas el fabricante aeronáutico Airbus, con una bajada de más del 13% y el industrial Safran y la tecnológica Capgemini, con más del 12%, algo por encima del gigante del lujo Kering.

En Italia, la Bolsa de Milán se dejaba cerca del 7%. El selectivo FTSE MIB del mercado milanés comenzó con una bajada del 1,37%, hasta situarse ahora con una caída del 6,81% y 32.290,98 puntos. En un comienzo de sesión en el que no se registra ninguna subida, los bancos lideran las bajadas, con pérdidas que superan el 10%, aunque también afectan a otras empresas. Es el caso de Bper Banca (-10,46%), Banca Popular de Sondrio  (-10,33%) y Banca Monte Paschi de Siena (-10,26%). También pierde un 10,17% en grupo automovilístico camionero Iveco (-10,17%).

Los mercados de valores asiáticos han abierto igualmente con pronunciadas caídas, resentidos ante las tasas y a medida que aumenta el temor a una recesión global. Las principales economías de Asia arrancan la semana afectadas por los aranceles de Trump y, en el ecuador de las negociaciones, el principal indicador del parqué nipón, el Nikkei, se desplomaba un 6,48%, mientras que, en China continental, Shanghái y Shenzhen caían un 6,34% y un 8,01%, respectivamente.

Hong Kong ha acumulado pérdidas todavía más pronunciadas y el selectivo Hang Seng cedía un 10,7% al descanso de la media sesión, de la misma forma que el índice taiwanés Taiex retrocedía un 9,7% en las primeras horas de cotización.

En el Sudeste Asiático, Singapur lideraba este lunes las pérdidas registradas en las primeras horas de negociaciones, con una bajada superior al 7% del índice STI.

En Malasia, el parqué de Kuala Lumpur caía un 5,58% y, en Filipinas, la Bolsa de Manila descendía un 3,94%, mientras las plazas de Yakarta, Bangkok y Ho Chi Minh no operaron por ser festivo en sus respectivos países.

En Corea del Sur, el Kospi respondió a las tarifas de Trump con una bajada del 4,92% y, en Australia y Nueva Zelanda, los selectivos ASX200 y NZX llegaron a la pausa con bajadas de más de un 3%.

Desplome también en India

Los mercados bursátiles de la India registraron severas caídas durante las primeras horas de este lunes, próximas al 4 %. El índice Sensex de la Bolsa de Bombay (BSE), que tiene en cuenta a las 30 empresas con mayor capitalización del mercado bursátil indio, perdía 2.925 unidades a las 10:30 hora local (5:00 GMT), y se situaba en los 72.445 puntos, lo que equivalía a una caída del 3,89 %.

El índice que agrupa los valores de 50 compañías indias de la Bolsa Nacional de Valores de la India (NSE), el Nifty, caía a esa misma hora un 4,10 %, hasta las 21.966 unidades.

García-Mansilla y Cristina se suben a una calesita que seguirá girando en la Corte Suprema

Manuel García-Mansilla ya no tiene acceso a las causas que tramitan ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Desde el jueves por la noche, el juez nombrado en comisión y por decreto en el máximo tribunal por el presidente Javier Milei puede incurrir en un delito si cumple con el mandato presidencial. Es que por esas horas el máximo tribunal fue notificado de la medida cautelar dispuesta por el juez federal Alejo Ramos Padilla para que el nuevo juez cortesano se abstenga de intervenir en los expedientes que tramitan en la Corte hasta que se analice el procedimiento por el cual fue nombrado.

Este último viernes, García-Mansilla tampoco acudió a su despacho del Palacio de Justicia ni presentó la prometida nota a sus colegas de la Corte para plantearles que sean ellos quienes decidan sobre su futuro: si puede o no seguir siendo juez de la Corte en comisión y por decreto, luego de que el Senado rechazó su pliego. Los caminos del abogado conservador se bifurcan pero terminan en el mismo lugar: la preciada Corte. Por un lado, ejerce como juez en comisión y por decreto hasta fines de 2025; por otro, la mayoría de los senadores decidieron que no podrá ser juez de la Corte por el mecanismo que plantea la Constitución. Es como si estuviera disociado en dos entidades.

En el tribunal, atravesado por el destino de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el decreto de Javier Milei, los colaboradores de los jueces se preguntan quién será capaz de inmolarse por García-Mansilla, con qué objeto. Les parece un sinsentido. “La decisión sobre si seguir o no como juez en comisión tiene que tomarla García-Mansilla, no sus colegas”, explican muy cerca de los jueces.

El jueves de esta semana será un día clave para entender cómo sigue la dinámica en la Corte. Ese día, los jueces deben reunirse en el acuerdo semanal para despachar fallos pendientes. ¿Se presentará García-Mansilla o acatará la cautelar de Ramos Padilla? ¿Qué va a pasar con las resoluciones administrativas de la Corte -–as que generan las peleas entre los jueces– y con los fallos judiciales que ya firmó García-Mansilla en estas últimas semanas? ¿Se caen como su pliego en el Senado?

En las horas siguientes a la sesión en la que los senadores votaron contra el deseo de Milei, la caída de los pliegos de los dos postulantes a la Corte tuvo una serie de lecturas políticas que no pasaron desapercibidos en terminales peronistas que tienen un pie en el ámbito judicial. Y en el fondo aparece la figura de Fernández de Kirchner.

Se esperaba que la historia diera un vuelco de 180 grados en la sesión del jueves. En febrero lo llamativo fue que García-Mansilla logró jurar como juez del máximo tribunal y el juez federal Ariel Lijo no pudo. Lijo eligió no renunciar como titular del juzgado federal número 4 y pedir una licencia al cargo para poder asumir como ministro de la Corte por decreto, pero el máximo tribunal le negó la licencia, con un voto del flamante juez mileísta. 

Sin embargo, en las puertas de la sesión del jueves Lijo era el único de los dos candidatos que contaba con despacho favorable en la comisión de Acuerdos, paso previo a que los senadores voten en el recinto. García-Mansilla sumaba solo firmas de rechazo. Todo indicaba que Lijo tenía muchas más chances que su compañero de candidatura.

En los meses previos se especuló con que el peronismo-kirchnerismo podía llegar a negociar con el Gobierno aprobar los pliegos de los candidatos a la Corte a cambio de que se completen las vacantes en un sinfín de juzgados federales y se amplíe el número de miembros del máximo tribunal. Así Fernández de Kirchner podría definir una candidata propia como jueza cortesana: “Si ellos tienen sus monstruos, nosotros tenemos los nuestros”, planteó entonces a elDiarioAR una senadora alineada con la expresidenta.

En ese ida y vuelta se nombraba como pasamanos a Sebastián Amerio, secretario de Justicia Nacional y delfín de Santiago Caputo; al senador camporista Wado de Pedro; y al armador peronista Juan Manuel Olmos. Pero lo que se manejó siempre de manera crítica, con oscurantismo y especulaciones, terminó de estallar con la jura de García-Mansilla y la no-jura de Lijo. 

En medio de ese berenjenal cortesano, el máximo tribunal recibió la causa judicial de la expresidenta por el caso Vialidad, en el que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial y perpetua para el ejercicio de cargos públicos por corrupción en la obra pública de Santa Cruz. 

Cuando el expediente llegó a la Corte para analizar las condenas y absoluciones, Fernández de Kirchner recusó a García-Mansilla para que no intervenga en la causa y Milei declaró que “va a ir presa”. Se empezó a especular con que la Corte podría acelerar los tiempos y confirmar rápidamente la condena contra la exmandataria, dejar la sentencia firme y obligarla a ir presa y quedar inhabilitada para postularse este año en las elecciones.

En el máximo tribunal, aseguran que eso no sucederá y que el trámite de la causa contra Fernández de Kirchner tramitará con la normalidad (y lentitud) habitual. Nada de tiempos exprés. El reloj está a cargo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, quien maneja ciertos tiempos de los expedientes. Por ejemplo, cuándo enviarlo a la Procuración General de la Nación para que el procurador interino, Eduardo Casal, dictamine la posición del organismo sobre el caso. Es el primer paso antes de que los jueces analicen la causa. Puede demorar un año en manos del Procurador. O no. Depende ahora dle reloj de Casal.

Pero, claro, también hay factores externos: la presión política, la presión mediática, destacan en el tribunal.

Con García-Mansilla fuera de la Corte, se dilataría aún más una decisión sobre el futuro de Fernández de Kirchner. Salvo que Ricardo Lorenzetti se alinee con Rosatti y Carlos Rosenkratz, el máximo tribunal debería apelar a conjueces para alcanzar el mínimo de tres firmas para definir sobre la cuestión. Mientras tanto el tiempo electoral sigue corriendo y la fecha para definir candidaturas –tanto para la elección nacional, que es en octubre, como para la bonaerense, aún en suspenso– se acerca a pasos agigantados.

“La más beneficiada con lo del Senado fue Cristina. Se le dio una sobreviva, se le dio vuelta el reloj de arena”, interpretó un operador que ha entrado a la oficina principal del Instituto Patria. 

“El kirchnerismo buscó esa jugada y le salió bien. A qué conjueces va a llamar Rosatti para definir la suerte de Cristina. Ahora se le complican los tiempos al Gobierno”, planteó otra fuente que siguió muy de cerca el proceso de los pliegos de Lijo y Mansilla. 

Con una derrota que se avecinaba ya desde el comienzo de la semana, el manotazo de ahogado de la Casa Rosada fue intentar que ni siquiera haya sesión. Pero fracasaron los intentos de Guillermo Francos de convencer a los gobernadores peronistas para que no den quórum y tampoco pudo negociar con otros espacios, como los radicales Martín Lousteau o Pablo Blanco. Sin contar con lo caro que le salió la expulsión de Francisco Paoltroni de La Libertad Avanza (LLA). El jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi, hizo contorsiones para que Santiago Caputo retirara los pliegos pero también fue en vano. “Querían postergar la sesión, pero lo que pasó con los jueces por decreto más el caso $LIBRA envalentonó a la oposición”, contó una voz.

El último intento del oficialismo fue avanzar en el Senado con Ficha Limpia, proyecto que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados: la vicepresidenta Victoria Villarruel convocó a una sesión especial para el miércoles 9, mismo día en que la CGT apoyará la marcha de los jubilados y un día antes de la huelga de 24 horas. 

En caso de ser sancionada la ley, impulsada por LLA y el PRO, quitaría de la carrera electoral a Fernández de Kirchner porque impide que cualquier persona condenada en segunda instancia se presente a un cargo electivo. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a 6 años de prisión contra la expresidenta en la causa Vialidad, la expresidenta presentó su recurso ante la Corte para revertir ese fallo y sólo queda que el máximo tribunal decida si deja o no firme la sentencia. Al final, todo termina en el mismo lugar.

ED/MC/MG

Deuda, FMI y cepo: yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno

El dólar paralelo subió 8% en marzo y registró su mayor avance desde junio 2024, cuando había trepado 10%. No obstante, a diferencia de entonces, el Banco Central habría vendido alrededor de US$400 millones en el mercado paralelo durante el mes pasado, según nuestras estimaciones preliminares —que se sumarían a los US$1.500 millones de enero y febrero—, mientras que en la primera mitad del año pasado no había intervenido en el mercado. La situación, entonces, muestra algunas señales de tensión.

Además de las causas de la suba, vinculadas al acuerdo con el FMI y las posibles restricciones que podría traer para la venta de dólares del Banco Central en el mercado oficial y paralelo, lo que implicaría una aceleración de la tasa de depreciación, tiene sentido preguntarnos con qué pesos se presionó, ya que desde el Ministerio de Economía se sostuvo en diversas oportunidades que “no hay pesos suficientes para mover al tipo de cambio”. 

En su argumento, una Base Monetaria Amplia (billetes y monedas más instrumentos de regulación monetaria —Leliqs, pases y LEFI— y depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central) fija en $47,7 billones hace más de un año era condición suficiente para que el tipo de cambio no pudiera moverse súbitamente. Sin pesos líquidos, explicaban, por más “voluntad” de comprar dólares que hubiera, no habría forma de efectivizar la operación.

Ahora bien, el primer problema es qué números se miran. Si en lugar de la mencionada BMA tomáramos los billetes y monedas, más los depósitos a la vista —pesos en cuenta corriente y cajas de ahorro— y los plazos fijos en manos del sector privado (M3) el escenario es distinto. Estos suman $100 billones, y virtualmente se duplicaron en el último año (+91,5% i.a.), por lo que la “cantidad de pesos fija” deja de valer como argumento.

Más importante aún, el tipo de cambio no es un precio absoluto, sino relativo entre pesos y dólares. Y acá está el segundo punto: la caída de 8% en el stock de reservas brutas, que pasó de US$27.100 millones al cierre de marzo 2024 a poco más de US$25.000 millones en la actualidad, profundiza el desequilibrio. Expresados al tipo de cambio paralelo, la suma de billetes y monedas, depósitos a la vista y plazos fijos creció más de 60% en el último año, saltando de US$47.000 millones a US$77.000 millones. Como resultado, la diferencia con las Reservas escaló de US$20.000 millones a más de US$50.000 millones, y la estabilidad cambiaria no estaba garantizada —como se verificó ex post—.

En la actualidad, resalta que la diferencia no se corrigió: medidos al Contado con liquidación, los pesos en manos del sector privado siguen superando a las Reservas brutas. No obstante, podemos notar que, salvo algunos momentos puntuales de 2018 y 2019, entre 2003 y 2024 esta relación casi siempre estuvo en terreno negativo, promediando USD -24.000 millones. La corrección expansiva sería aumentar el denominador, es decir, las Reservas brutas, pero es bastante más fácil de decir que de hacer. Asimismo, un excedente moderado de pesos no es un problema necesariamente, ya que dinamiza la demanda interna (los momentos de escasez de pesos suelen llevar hacia arriba la tasa de interés, encareciendo el costo de financiamiento de la inversión y el consumo en cuotas), pero cuando este es sostenido o abultado puede traer tensiones cambiarias. 

Hacia adelante, más que con qué pesos se podría presionar sobre el tipo de cambio, la pregunta es con qué dólares se cancelarán los vencimientos de deuda pública en moneda extranjera. Entre abril y diciembre, hay pagos por US$13.500 millones (entre títulos, FMI y otros organismos multilaterales más Bopreal y swap, estos últimos compromisos del Banco Central), la mitad de las reservas brutas. En 2026 y 2027, estos compromisos promedian US$25.000 millones por año: flujos de pagos por un stock de reservas por año.

Con una demanda de dólares por importaciones que supera a la oferta por exportaciones, la respuesta parece estar del lado de la cuenta de capital. En este sentido, sobresale que el año pasado, el endeudamiento de las empresas aportó más de US$15.000 millones, a la vez que en el primer trimestre de 2025 sumó US$7.000 millones. Sin embargo, desde mediados de marzo, aumento de la devaluación esperada y de la incertidumbre cambiaria mediante, este número cayó de US$150 millones promedio diario a cero. Por lo tanto, es un aporte difícil de contemplar hoy, al menos en un escenario inicial.

En este esquema la deuda pública queda como alternativa: repagar la deuda con nueva deuda, algo que es bastante más usual de lo que los argentinos estamos acostumbrados —la mayoría de los países de la región lo hacen— y que puede ayudar a moderar el esfuerzo en términos de superávit de cuenta corriente. Ahora bien, asumiendo que el FMI y el resto de los organismos multilaterales de crédito no alcanzarían para la totalidad de los pagos —dado que el acuerdo llegaría a US$20.000 millones en cuatro años—, será necesario acudir a los mercados privados, cerrados para nuestro país hace siete años.

La experiencia internacional refleja que con cepo no será posible reabrir el crédito externo. Argentina 2025, con un riesgo país por encima de los 900 puntos básicos (al viernes último) y un costo de financiamiento en dólares de 12,5%, no pareciera ser la excepción. En un mundo que se cierra, relajar los controles de salida de capitales puede traer presiones cambiarias. En un mundo que se cierra, ¿se podrá pagar la deuda con este nivel de cepo o solo quedará volver con la frente marchita?

*El autor de esta columna de opinión es funcionario público de la Provincia de Buenos Aires, jefe de macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Martín Guzmán: “Si este endeudamiento se concreta, habrá que plantear políticamente su ilegitimidad”

“Si el FMI vuelve a jugar políticamente, no hay más margen”. Desde la pantalla de Zoom, Martín Guzmán no titubea al cuestionar la legitimidad del nuevo endeudamiento que impulsa el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En diálogo con eDiarioAR, advierte que eludir al Congreso vulnera no solo la ley argentina, sino también las propias reglas del FMI, y sostiene que si el préstamo se concreta en estas condiciones, será necesario discutirlo desde un plano político, no legal.

Arquitecto del acuerdo de 2022, el exministro de Economía apunta al corazón del acuerdo que se cocina: el uso de los dólares para controlar el tipo de cambio. Asegura que los números para el 2025 no justificaban volver al Fondo bajo esta lógica, y sugiere que la jugada oficialista responde más a la necesidad de contener la ansiedad electoral que a un problema macroeconómico urgente. “No me sorprendería que el ajuste ni siquiera se haya terminado”, desliza, y anticipa que el nuevo acuerdo podría implicar un endurecimiento aún mayor de las políticas de recorte.

Aunque hoy no compite electoralmente, Guzmán no descarta volver al centro de la escena. Dice que “hará todo lo posible” para contribuir a una transformación estructural del país.

—¿Cómo interpreta los contratiempos del Gobierno y el FMI respecto del anuncio del acuerdo? 

—La realidad es que tanto el FMI como el Gobierno están en problemas y, al mismo tiempo, buscan un objetivo concreto. El del Gobierno es usar el préstamo para contener al dólar y tener mejores perspectivas electorales. El objetivo del FMI, si da este préstamo, va a ser apoyar al Gobierno y no al país. El Presidente dijo que no quiere apoyo presupuestario para invertir en rutas, en mejorar los puertos, o hacer escuelas. Entonces, el FMI entiende que si le da un préstamo en estas condiciones, se van a reventar toda la deuda en el mercado cambiario, y va a tener un problema. En esta situación en la que el Gobierno está desesperado por traer calma a los mercados y necesita mostrar que tiene un financiamiento inminente, y el FMI necesita cubrirse de todos los problemas en los que se está metiendo, da lugar a las demoras que hemos visto. 

El objetivo del FMI, si da este préstamo, va a ser apoyar al Gobierno y no al país

—¿Y qué pasa a nivel político dentro de la Argentina con este acuerdo?

—Repasemos el proceso y lo que establece el marco legal en Argentina. La Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada en 2021, estipula que todo programa de financiamiento con el FMI requiere de la aprobación del Congreso de la Nación vía una ley especial. Y tiene el objetivo de evitar que un gobierno de turno pueda tomar una friolera de deuda con consecuencias para múltiples generaciones sin involucrar a los representantes del pueblo y de las provincias. El Gobierno eludió la ley al publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y evitar al Senado por no tener los votos, tal como lo declaró el ministro de Economía Luis Caputo. Esto genera que esta deuda pueda ser considerada ilegítima, por el hecho de que si el FMI presta en estas condiciones, va a estar violando una de sus reglas para lo que ellos llaman préstamos bajo acceso excepcional, que establece que los préstamos en esa categoría requieren de amplio apoyo político e institucional para poder implementar el programa. 

El Gobierno eludió la ley al publicar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y evitar al Senado por no tener los votos

—No es la primera vez que menciona la posibilidad de desconocer la deuda. Entrar en un default con el FMI nos aísla totalmente de los mercados, que es lo que quisimos evitar en 2022…

—La Argentina ya está fuera de los mercados y, cuando se le debe más al FMI, menos chances tiene de volver. Por una razón fundamental, que es que el FMI es el acreedor con estatus preferencial, está primero en la fila para cobrar. Entonces, si vos sos un potencial nuevo financista del país, pero ves que hay otro acreedor muy grande delante tuyo en la fila para cobrar, por ahí no haces esa fila, o encareces el préstamo porque tenés más miedo de no cobrar. 

—¿Se imagina usted, como ministro de Economía o funcionario de alta responsabilidad en el gobierno, desconociendo la deuda?

—El préstamo que tomó Macri era impagable en los términos y en los tiempos que el FMI establecía. En el 2022 se logró un acuerdo peronista, totalmente excepcional en el sentido de que no tuvo las condicionalidades típicas de los acuerdos del FMI. Era razonable con el manejo de las restricciones de presupuesto que enfrentaba el país y apuntaba a darle continuidad a la recuperación que la Argentina venía viviendo. Si ahora, con una ley, el FMI vuelve a jugar políticamente, acá ya no hay más margen. Yo creo que, si este endeudamiento se lleva adelante, vamos a tener que plantearle al FMI resolver este problema de otra manera, desde el punto de vista político, no legal.

La Argentina ya está fuera de los mercados y, cuando se le debe más al FMI, menos chances tiene de volver

—¿Se proyecta como candidato en algún espacio político? 

—No estoy yendo a competir en las elecciones legislativas de este año. Sí estoy discutiendo de lleno todos los temas que importan para la Argentina y en el futuro haré todo lo que pueda para contribuir a una transformación en nuestro país. Ojalá podamos hacer algo histórico para la Argentina. 

—En la firma del acuerdo con el FMI en 2022 para pagar aquel que tomó Mauricio Macri en 2018, estaba contemplado implícitamente que se iba a tener que renegociar a partir de 2026, que es cuando empiezan los desembolsos de capital. El Gobierno lo está pidiendo antes: ¿Por qué? 

—El DNU que publicó el Gobierno dice que este programa permitiría refinanciar todos los vencimientos con el FMI de los próximos cuatro años, US$14.300 millones, hasta marzo de 2029. Pero los vencimientos de capital comienzan en septiembre del 2026, un año y medio desde ahora. Según dijeron las autoridades argentinas y del FMI, el préstamo será de US$20.000 millones. Al Gobierno le quedaría un poco menos de US$6.000 millones de nuevo endeudamiento. El Gobierno está pidiendo que en el primer desembolso le pongan mucha más plata encima de la mesa. ¿Por qué habrías de pedir más plata si en realidad todo lo que exceda a US$6.000 millones es para repagarle al propio FMI? El obvio sentido es gastarla y que quede el problema. Es lo mismo que ya hizo Luis Caputo cuando era funcionario en el gobierno de Mauricio Macri. Como presidente del Banco Central financió una fuga de capitales histórica. Si hoy están vendiendo las reservas que son los dólares de los depositantes en el sistema bancario, ¿Alguien cree que no va a salir a vender los dólares que provienen de la deuda con el FMI? 

—¿Y había posibilidades de no tener que renegociar el año que viene?

—La realidad es que Argentina tiene la deuda más grande de toda la historia y de todos los países del mundo con el Fondo Monetario Internacional. Es una deuda imposible de pagar a corto plazo. Por lo tanto, iba a necesitar hacer un refinanciamiento durante su gestión. Pero lo que está haciendo acá es distinto. No se trata solamente de refinanciar la deuda que vence con el FMI, sino de buscar un nuevo endeudamiento. Y por eso aceleró el pedido de un programa. 

—Con la información que hay hasta ahora sobre el programa con el FMI —un pedido de US$20.000 millones con un primer desembolso de US$8.000—, ¿alcanza para mantener este esquema cambiario hasta las elecciones? 

—Yo creo que el Gobierno se apuró, y el propio anuncio de que iba a pedir un préstamo al FMI generó mayores dudas sobre cuál va a ser el régimen cambiario. Sobre todo, si va a haber un salto cambiario. En un contexto en el que los números para el 2025 no eran tan malos, como para que el propio gobierno tomara ese acto de desesperación. La respuesta del mercado fue salir a comprar dólares, cuya consecuencia vemos con la venta diaria de reservas del Banco Central. Ahora la situación que enfrentan es de mucha ansiedad, que podrían haber evitado si no hubiesen metido al FMI de nuevo en la escena. 

—Se discute la adopción de un sistema de flotación entre bandas. ¿Qué implicaría para el régimen cambiario?

—Un régimen de flotación implica establecer un piso y un techo en el valor. Si el dólar alcanza el piso, o sea, si baja mucho la cotización, el Central sale a comprar dólares para impedir que siga bajando, cosa que en Argentina hace muchos años que no pasa. Si la banda alcanza el techo, el Gobierno sale a vender dólares. Para acumular reservas por encima del préstamo del FMI, el Gobierno tendría que poner el piso lo suficientemente alto como para incentivar la venta dólares, pero eso significaría una devaluación. Del otro lado, si el techo no está lo suficientemente alto, el Banco Central va a tener que salir a vender reservas y se va a gastar la deuda del FMI. Ahora, si lo pone muy alto termina también habiendo una devaluación. Si el Gobierno quiere salir del cepo y flotar entre bandas, el tipo de cambio se va a ubicar en un valor mayor que los dólares financieros, el CCL y el MEP, y, por supuesto, del oficial. Por lo tanto, habría un impacto inflacionario. 

—Pero por su conocimiento del FMI, ¿se imagina que puede llegar a dar un desembolso inicial sin pedir ningún tipo de corrección hasta las elecciones?

—El Gobierno está atrapado en esta situación en la que, si deja flotar entre bandas y quiere no gastar reservas, va a generar una devaluación y su consecuente problema inflacionario. Pero si mantiene el mismo esquema o pone el techo lo suficientemente bajo, se van a gastar los dólares del FMI. Si me preguntás a mí para qué van a pedir el préstamo, es justamente para intentar ganar las elecciones, para aguantar. Y eso, imagino, que debe ser lo que están negociando. 

—¿Existe un esquema de flotación de bandas, pero con controles de capitales? 

—Sí, pero sería otro esquema de flotación. Puede pasar que el Gobierno decida no salir del cepo pero hacer algunas modificaciones y anunciarlas como una grandísima reforma del régimen cambiario, aunque sean relativamente marginales. Y eso puede buscarse justamente para evitar un cambio brusco del valor del tipo de cambio si se lo deja flotar libremente dentro de unas bandas. 

—Podría pensarse en ese esquema provisorio y corregir post-elecciones.

—Son las preguntas que todo el mundo se hace, que es tarea del gobierno explicar.

—En función de la negociación que tuvo usted en 2022, ¿a qué tenemos que estar atentos cuando venga la letra chica del acuerdo? 

—Hay que prestar mucha atención a las reformas estructurales, que son las típicas que pide el FMI, como el sistema previsional y de legislación laboral. Pero también hay que ver qué se define en lo fiscal. No me sorprendería que exijan más superávit, es decir más ajuste, para poder enfrentar las tasas de interés muy por encima del 10% en dólares que Argentina deberá pagar para reacceder a los mercados internacionales.

No me sorprendería que exijan más superávit, es decir más ajuste, para poder enfrentar las tasas de interés muy por encima del 10% en dólares que Argentina deberá pagar

—Suponiendo que se firme el acuerdo, ¿cómo seguirá la economía estos próximos años?

—En el caso de que lleguen los fondos del FMI, básicamente con un esquema aguantando por más tiempo pero no resolviendo los problemas de la Argentina. En el corto plazo el precio de los bonos que tienen vencimientos más cortos, va a mejorar. Porque los bonistas, los que ya tienen los bonos emitidos, van a ver una mayor capacidad de que les paguen, porque en parte se podrá usar el dinero del FMI. Pero, aun si el riesgo de recobro de esos bonos baja y por lo tanto el riesgo país baja, eso no quiere decir que Argentina se acerque a poder acceder al mercado internacional porque el riesgo de repago de nuevas emisiones de bonos tiende a aumentar. 

—¿Qué opina usted del último dato que salió de una baja de tres puntos porcentuales en los indicadores de pobreza respecto a diciembre de 2023? 

—Recordemos que la pobreza había subido 12 puntos porcentuales en el primer semestre del 2024, y todavía está por encima de la de mediados de 2022, antes del final del gobierno de Alberto Fernández. La inflación es un impuesto muy regresivo que afecta más a los que menos tienen y su reducción hace que la pobreza baje. Hacia adelante, con este esquema, va a ser muy difícil asentar una tendencia de reducción significativa y sostenida de la pobreza, lamentablemente. Creo que si usan deuda externa para la estabilidad del mercado cambiario, en el corto plazo eso es un estímulo a que no tengas un problema inflacionario mayor, pero en el mediano plazo eso lo terminamos pagando más caro los argentinos. No veo a la Argentina adentrándose en una senda de reducción estructural, de reducción de estos problemas estructurales sociales, económicos y productivos.

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