General Ramirez

Noticias de Entre Rios

Entre recortes y reformas, Sturzenegger emerge como el arquitecto del nuevo impulso oficial

Federico Sturzenegger volvió a ocupar el centro del tablero libertario. Después de varias semanas en las que el Gobierno quedó atrapado entre internas políticas, problemas de gestión y el escándalo patrimonial que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la Casa Rosada decidió reactivar uno de los ejes más identitarios del proyecto de Javier Milei: la motosierra. Y el encargado de conducir esa nueva etapa vuelve a ser el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, acaso el funcionario que mejor logró preservar influencia real dentro de un oficialismo atravesado por tensiones permanentes.

La escena del miércoles pasado buscó transmitir justamente esa idea. Adorni recibió a Sturzenegger para avanzar sobre la denominada “agenda de planificación 2026/2027”, un programa que contempla nuevas reducciones de estructuras estatales y recortes de personal, además de fusión de organismos públicos y un nuevo paquete de leyes de desregulación económica y administrativa. En el Gobierno sostienen que se trata de la próxima fase del programa libertario: una profundización del ajuste estatal después de los primeros meses de shock económico y estabilización fiscal.

La reunión ocurrió apenas horas después de la reactivación política interna del oficialismo. Tras la cumbre de gabinete del lunes y la tregua sellada el martes en la mesa política, el Gobierno intenta recuperar iniciativa pública mediante una estrategia que en la Casa Rosada ya describen casi como una doctrina: inundar la agenda con anuncios y proyectos legislativos. Aunque muchos de ellos no tengan todavía garantizados los votos en el Congreso.

La estrategia de saturación legislativa ya empezó a tomar forma concreta esta misma semana. Mientras Sturzenegger avanzaba con el nuevo esquema de ajuste y reorganización estatal, el Gobierno envió al Congreso distintos proyectos vinculados a desregulación económica y reformas estructurales. Entre ellos aparecen iniciativas asociadas al denominado “Súper RIGI”, que busca ampliar beneficios fiscales y regulatorios para sectores estratégicos como litio, uranio, hidrógeno verde y vehículos eléctricos; modificaciones a la Ley General de Sociedades; cambios regulatorios para el mercado de capitales y nuevos proyectos orientados a simplificar trámites administrativos y reducir controles estatales. La lógica detrás de esa avanzada ya no parece exclusivamente parlamentaria. En la Casa Rosada entienden que la acumulación simultánea de reformas también funciona como una forma de reconstruir centralidad política y volver a instalar la idea de un Gobierno en movimiento.

“Revolución de los seguros”

En ese esquema, Sturzenegger se transformó en una pieza central. Mientras otros ministros quedaron absorbidos por conflictos internos o desgaste político, el ex presidente del Banco Central consolidó un lugar singular dentro del ecosistema libertario. No solamente como ejecutor técnico del ajuste, sino también como uno de los pocos funcionarios capaces de ofrecer una narrativa consistente de transformación estatal. En distintos despachos oficiales reconocen que Milei sigue viendo en él al principal arquitecto del proceso de reformas estructurales.

Ese alineamiento volvió a quedar expuesto este jueves durante la participación presidencial en el Latam Economic Forum, organizado por la financiera Research For Traders ante un auditorio integrado mayoritariamente por empresarios de la comunidad judía. Allí Milei dejó entrever hacia dónde pretende avanzar la próxima etapa del experimento libertario. “Si ustedes quieren achicar el Estado, deben sustituir sus servicios por los seguros”, planteó el Presidente, antes de poner como ejemplo la medicina prepaga o la seguridad y la educación privada. La definición no apareció aislada. Funcionó como una suerte de marco doctrinario para el nuevo ciclo de reformas que impulsa Sturzenegger.

“Como no están satisfechos con el Estado, buscan al sector privado”, insistió Milei. El Presidente celebró además la baja de los índices de criminalidad y volvió a elogiar públicamente a Patricia Bullrich por haber pasado “de 9.000 piquetes a cero”, pese a los rumores de tensión política recientes dentro del oficialismo. “Ahí se desarrollan seguros”, ejemplificó después. Y fue entonces cuando mencionó directamente a Sturzenegger: “Con Federico estamos trabajando en la revolución de los seguros”. Según explicó, el objetivo consiste en abandonar progresivamente la idea del Estado como principal prestador de coberturas sociales. “Vamos a hacer una transición ordenada hacia un nuevo sistema, no se puede hacer de manera instantánea, va a demandar tiempo”, sostuvo Milei. “Si es instantáneo, el remedio puede ser peor que la enfermedad”.

La frase terminó de confirmar algo que en la Casa Rosada ya venían describiendo en reserva: Sturzenegger dejó de ser solamente el ministro encargado de recortar estructuras estatales para convertirse también en uno de los principales diseñadores ideológicos de la segunda etapa libertaria. La discusión ya no pasa únicamente por el ajuste fiscal o la reducción de organismos públicos. Empieza a abarcar cuestiones mucho más profundas vinculadas al propio modelo de protección social que imagina Milei.

El plan que impulsa el ministro apunta, mientras tanto, a reducir cerca del 20% de la estructura estatal, incluyendo empleados permanentes y contratados. Según pudo reconstruir elDiarioAR, Adorni les solicitó a las distintas carteras propuestas concretas para avanzar con recortes de personal. A fines de mayo vencen además cientos de contratos estatales que no serían renovados, en lo que aparece como el primer movimiento visible de esta nueva etapa de ajuste.

La ofensiva se desarrolla además en un contexto económico particularmente sensible. La caída de la recaudación, las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la obsesión presidencial por sostener el equilibrio fiscal empujan al Gobierno a profundizar el recorte del gasto público. Hace apenas dos semanas, Milei modificó por decreto el Presupuesto 2026 y aplicó recortes por más de 2,5 billones de pesos sobre partidas de salud, educación y otras áreas sensibles. Paralelamente, ordenó una reducción del 2% de los gastos corrientes dentro de cada ministerio.

Dúo ajustador

En ese punto, el vínculo entre Luis Caputo y Federico Sturzenegger, que durante el gobierno de Mauricio Macri protagonizaron una de las internas económicas más feroces del entonces oficialismo, adquirió una lógica completamente distinta. Ya no funcionan como polos en tensión, sino como un doble cerrojo sobre el gasto público. El ministro de Economía controla el flujo de recursos y administra los márgenes financieros, al tiempo que fija prioridades bajo una premisa innegociable: sostener el equilibrio fiscal a cualquier costo. Sturzenegger, en paralelo, opera sobre la estructura misma del Estado. Empuja recortes, bloquea expansiones presupuestarias y presiona para reducir organismos, personal y capacidad regulatoria. Entre ambos delimitan el margen de maniobra del resto del gabinete. Lo que no encaja dentro de esa arquitectura de ajuste y desregulación, simplemente no avanza.

En la lógica de Sturzenegger, sin embargo, el ajuste no constituye solamente una necesidad fiscal. También representa una oportunidad política e ideológica. Cerca suyo aseguran que el objetivo es aprovechar la ventana política abierta por Milei para avanzar sobre transformaciones que otros gobiernos jamás se animaron siquiera a discutir.

Esa centralidad creciente también expone una paradoja del oficialismo. Mientras La Libertad Avanza continúa mostrando dificultades para ordenar su funcionamiento político, el ministro de Desregulación logró avanzar de manera relativamente sostenida con su agenda. Incluso durante las semanas más turbulentas del Gobierno, cuando las internas volvieron a dominar buena parte del clima interno.

En ese tablero, Sturzenegger aparece cada vez más como el funcionario que mejor expresa el núcleo doctrinario del experimento libertario. Mientras el resto del Gobierno sufre un ahogo generado por el mismo afán ajustador de “el Coloso”, como lo bautizó Milei, él sigue empujando la misma obsesión que acompaña a Milei desde el inicio de la gestión: reducir el tamaño del Estado argentino hasta límites que ningún gobierno democrático reciente intentó alcanzar.

PL/CRM

Funcionarios de Milei irán a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de Súper RIGI

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC

Las voces del territorio y las trincheras cotidianas, protagonistas del quinto episodio de "Destellos en la oscuridad"

 “Si este momento histórico autoritario requiere articulaciones amplias para enfrentarlo. ¿Por qué es tan difícil ampliar las alianzas?” Ana Cacopardo lanzó la pregunta y Claudia Albornoz, vocera de La Poderosa apuró su definición: “¿Por qué no nos juntamos más? ¿Cuál es el problema? La mezquindad, el personalismo, el antiperonismo.  La ultraderecha avanza y llega a la Argentina a raíz de muchísima desilusión. Nosotros desde La poderosa proponemos discutir pactos. La clase media hoy está realmente golpeada. Le decimos a la clase media, vamos a pactar en función de salir adelante y poder escucharnos”

El diálogo fue parte del quinto episodio del ciclo “Destellos en la oscuridad”, el podcast audiovisual auspiciado por elDiarioAR y conducido por la periodista Ana Cacopardo que esta vez reunió a tres figuras fundamentales de los feminismos populares en Argentina: Claudia “Negra” Albornoz, referenta villera y vocera de La Poderosa; Deolinda Carrizo, referenta campesina del MOCASE-MNCI; y Dina Sánchez, trabajadora de la economía popular, migrante y secretaria adjunta de la UTEP.  

“Destellos en la oscuridad” –disponible en YouTube y Spotify– inaugura una nueva forma de pensar el cruce entre pensamiento, cultura y periodismo: cada semana se publicará un episodio que combina conversación, reflexión y registro audiovisual en torno a temas centrales de nuestro presente histórico.

A días de una nueva movilización de Ni Una Menos, las tres protagonistas de este episodio reflexionaron acerca de por qué no encuentran lugar –o prefieren eludirlo–, en las listas de los partidos políticos. Con preguntas resonando de fondo: qué diferencias hay entre hacer política institucional y política territorial, cómo hacer para que las “prácticas de palacio” no corten puentes y recuperen la escucha de las reivindicaciones y realidades de los habitantes de los barrios populares. 

La conversación se fue tejiendo en el espacio cultural La Paz Arriba, colmado a pesar del domingo gris y lluvioso. En la mesa más cercana al escenario escuchaban atentas Dora Barrancos y Diana Maffía, “dos matriarcas del feminismo” destacó Cacopardo. Un poco más atrás la cantante y compositora, Sofía Viola que cerraría el encuentro con su música y poesía. 

Hacen Destellos:

Producción y contenidos: @curiadolores @lulubarsky@cacopardoll

Audiovisual: @andres_pacifico_irigoyen y Lucía Lubarsky

Realización: Casa productora Pacífico

Diseño gráfico: @denuma

Maquillaje: @nati.skincare

El laberinto judicial que condena a las víctimas

El 8 de marzo de 2023, María Isabel Speratti Aquino participó de la marcha por el Día de la Mujer en Buenos Aires. Marchó por todas y marchó por ella, que desde 2021 recorría juzgados y fiscalías en Cañuelas para reclamar que el sistema judicial entendiera lo que le pasaba: su exmarido, Gabriel Alejandro Núñez, había querido estrangularla y su vida corría peligro. El juez Martín Miguel Rizzo caratuló la causa como “lesiones leves” algo que en los hechos fue un intento de femicidio. Ocho días después de esa marcha, el jueves 16 de marzo, a las 7:30 de la mañana, cuando María salía de su casa para llevar a sus hijos a la escuela, Núñez le disparó tres tiros en la cabeza. ¿En qué momento del proceso el sistema le falló a María?

Los datos muestran que la mayoría de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia no llegan a denunciar. Según la Encuesta de Prevalencia (aplicada con el apoyo de la Iniciativa Spotlight de la Unión Europea, en 2022) el 45% de las mujeres argentinas sufrió violencia por parte de su pareja actual o anterior, pero sólo una de cada cuatro buscó ayuda o denunció. De las 228 víctimas de femicidio registradas en 2024, se sabe que el 18% había realizado una denuncia previa; menos del 5% contaba con medidas de protección vigentes al momento del hecho.

Durante dos años y medio, María recorrió la Fiscalía 1 de Cañuelas, el Juzgado de Paz, el Juzgado de Garantías N° 8 y la policía. Presentó denuncias, aportó lo que tenía, insistió. El juez Rizzo le prometió conseguirle un abogado de oficio porque María no tenía medios para pagar uno. Mientras tanto, su agresor contaba con representación legal. Es en esa asimetría, una mujer sola en el laberinto judicial frente a un hombre con abogado, que se condensa el verdadero problema estructural: el sistema muchas veces le falla a quienes buscan ayuda. 

Las razones para no denunciar son conocidas y fueron documentadas por ELA a lo largo de veinte años de investigación: barreras económicas y falta de patrocinio jurídico gratuito –como sucedió con María–; falta de información; sesgos de género de los operadores judiciales que minimizan los testimonios; revictimización institucional; y procesos que se extienden por años sin resolución. A esto se suma un factor que el sistema judicial no suele considerar: los daños emocionales y psicológicos profundos dificultan la denuncia inmediata. El miedo, la culpa, la vergüenza, la dependencia económica o emocional y la autoprotección psicológica retrasan o impiden que lleguen a denunciar. Los tiempos de las víctimas son, muchas veces, incomprendidos por un sistema que tiende a considerar tardías o inconsistentes las denuncias realizadas fuera del “tiempo procesal esperado”.

En estos días, mientras un Estado nacional indolente abandona a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia a su suerte, otro caso vuelve a poner en discusión cómo la justicia interpreta la violencia de género. La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver el caso de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. Su crimen tuvo una primera condena por homicidio simple. Luego, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza revisó esa decisión y condenó a Andrés Di Césare a prisión perpetua por femicidio, al considerar que en este caso hubo violencia de género. Esa calificación fue confirmada en dos instancias provinciales.

Ahora, la Corte Suprema de la Nación debe decidir si mantiene esa interpretación o si vuelve atrás. La discusión no es menor ni técnica en un sentido abstracto. Lo que está en juego es cómo se entiende el concepto de femicidio, qué significa una relación desigual de poder y si la violencia de género sólo puede reconocerse cuando hay una relación afectiva formal o antecedentes previos reiterados o notorios.

Las decisiones judiciales no sólo resuelven casos individuales: también marcan criterios, envían señales y orientan el modo en que otros tribunales van a tratar hechos similares. Pero más aún, una decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación construye sentido, aporta argumentos, refuerza acuerdos alcanzados… o los desconoce. Reconocer que no todos los asesinatos de mujeres son iguales sino que hay casos en los que se trata de un femicidio es comprender que algunas violencias ocurren en contextos de desigualdad y que no solo deben ser analizados por la justicia con herramientas adecuadas, sino que además es responsabilidad del Estado prevenirlos acompañando a las mujeres, en lugar de dejarlas solas en el laberinto de la justicia. Esa asistencia, ese acompañamiento, no estuvo allí para María Speratti, aun cuando recorrió las oficinas pidiendo ayuda. 

La presunción de inocencia

En los últimos meses, a raíz del proyecto de ley presentado por la senadora Carolina Losada, que busca aumentar las penas para falsas denuncias en casos de violencia de género, volvió a instalarse una idea peligrosa: que los estándares de valoración de la prueba en casos de violencia de género habrían “invertido” la presunción de inocencia. Ese argumento es jurídicamente incorrecto. La presunción de inocencia rige en todo proceso penal porque ninguna condena puede dictarse sin prueba y se mantiene hasta que exista sentencia firme. 

El problema es la presunción de falsedad que pesa sobre las mujeres que denuncian, y que cuando ese sesgo atraviesa a los operadores judiciales, cuesta vidas. 

En marzo de 2026, el Comité CEDAW de Naciones Unidas resolvió un caso contra el Estado argentino (comunicación núm. 175/2021) que describe este problema. G.M.H. había denunciado a su agresor. Los funcionarios que intervinieron minimizaron su denuncia basándose en estereotipos que cuestionaban la veracidad de las mujeres en casos de violencia de género, priorizaron la versión del agresor y calificaron los hechos como un daño a la propiedad. Esa inacción, motivada por prejuicios, permitió que el agresor la asesinara. El Comité fue categórico: la desestimación de las denuncias realizadas a tiempo constituye una violación de los derechos humanos que puede culminar en femicidio. Dudar del relato de las mujeres, bajo el fantasma de que exageran o realizan “falsas denuncias”, tiene costos irreparables.

Por eso, en sus observaciones finales (CEDAW/C/ARG/CO/8) publicadas el 23 de febrero de este año, el Comité de Naciones Unidas se pronunció respecto a las regresiones normativas, institucionales y presupuestarias que afectan la vida de mujeres, niñas y adolescentes. 

Las barreras reales

El acceso a la justicia no depende únicamente de que exista una ventanilla para hacer una denuncia. Requiere información clara, patrocinio jurídico, medidas de protección oportunas, investigación seria, operadores capacitados, articulación entre instituciones y decisiones judiciales que comprendan el contexto en el que ocurren las violencias.

Cada poder del Estado tiene una responsabilidad. El Poder Ejecutivo debe garantizar políticas de prevención, asistencia y protección. El Poder Legislativo debe evitar normas que generen retrocesos o desalienten la búsqueda de ayuda. El Poder Judicial debe investigar con debida diligencia y decidir sin prejuicios, con evidencia y sin estereotipos.

Cuando alguno de esos eslabones falla, la respuesta estatal llega tarde o no llega, y el caso de María Isabel Speratti Aquino es la prueba de eso, cuando un intento de femicidio se caratula como “lesiones leves” o una mujer debe esperar meses un abogado, el Estado pone más barreras en lugar de derribar las que ya existen.

Fortalecer el acceso a la justicia significa construir instituciones capaces de escuchar, investigar, proteger y decidir con responsabilidad. 

NG/MG

Kicillof acusó a Milei de encabezar “el gobierno más insensible de la democracia”

El gobernador Axel Kicillof encabezó este jueves el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde sostuvo que “frente al abandono, el ajuste y la crueldad” de la gestión nacional, su gobierno provincial eligió “luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos”.

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan, el mandatario bonaerense volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y sostuvo: “Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”.

“La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

“Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, indicó.

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo: por eso, nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”, concluyó Kicillof.

Estuvieron en el acto miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes de los trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales.