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Las razones detrás del paro: 11% menos de salario, flexibilización laboral y 82.000 despidos y en aumento
Detrás del segundo paro general contra las políticas de ajuste y reformas liberalizadoras de Javier Milei hay diversas razones. Habrá políticas, pero también económicas. La pérdida del salario en estos cinco meses, sumada a los despidos en el Estado y en el sector privado, la historia de reducción de personal que acompañan a las privatizaciones y la reforma para flexibilizar el trabajo son algunas de ellas.
En materia de sueldos, los últimos datos oficiales disponibles son de febrero. En los primeros tres meses de gobierno de Milei, la remuneración de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 11,3%, calcula Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma. “Tiendo a pensar que marzo y abril en el mejor de los casos le va a empatar a la inflación, pero no habría que descartar un retroceso, teniendo en cuenta que la actualización de dos de las paritarias más grandes, comercio y construcción, fue muy baja, 8% y 14%, para el bimestre, respectivamente”, advierte Campos, en contraposición con los dichos del Presidente, que ya ve una mejora de los salarios.
En el sector público, la caída de los primeros tres meses de la nueva gestión fue bastante más grande, del 20,6%. “Para el bimestre marzo-abril tampoco deberíamos esperar una recuperación”, señala Campos. En la provincia de Buenos Aires, el aumento fue del 18%, con lo que va a quedar levemente por debajo de la inflación, y en el Estado nacional, apenas del 8%.
Por el lado del empleo registrado, los últimos datos generales son de enero. En los primeros dos meses de la era libertaria se perdieron unos 40.600 puestos en el sector privado. Podríamos agregar unos 10.000 más en febrero en la construcción, según el informe del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), aunque estrictamente no son fuentes comparables. Además hubo 26.900 despidos en el sector público y 4.500 en casas particulares. “El adelanto que tenemos de febrero, la Encuesta de Indicadores Laborales (de la Secretaría de Trabajo), dio muy mal: fue la peor variación para un mes de febrero desde 2002”, advierte Campos.
Pero los despidos también pueden aumentar de la mano de las 11 privatizaciones que aprobó la Cámara de Diputados y deberá votar el Senado. ¿Por qué? Porque cuando una empresa del Estado se vende suele haber ajustes de personal antes o después de su transferencia al sector privado. A veces antes para tornarla más atractiva para los inversores y en otras ocasiones, después, con el argumento de que había exceso de plantilla. Esto ya sucedió en las privatizaciones en la década del 90, cuando gobernaba Carlos Menem, uno de los referentes de Milei.
La socióloga especializada en economía Marisa Duarte, presidenta del Instituto Argentina para el Desarrollo Económica (IADE). le puso cifras a los despidos por privatizaciones en los 90 en su libro 'Los impactos de las privatizaciones sobre el mercado de trabajo: desocupación y creciente precarización laboral', editado en 2002. Allí se advierte que en la empresa teléfonica Entel, dividida entre Telefónica y Telecom, hubo 15.000 cesantías; en el Correo Argentino, concesionado a la familia Macri, 18.000; en Aerolíneas, 5.000; en Obras Sanitarias, después privatizada como Aguas Argentinas y después reestatizada como AySA, 5.000; en Segba, partida en Edenor y Edesur, y otras empresas eléctricas, 14.000; en el transporte ferroviario, entrega en concesión, 78.000; y Gas del Estado, de la que surgieron varias compañías como Metrogas, 5.000. En total, 141.000 quedaron en la calle en seis años.
Por último, también la reforma laboral ha encendido las alarmas de los sindicatos. El Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma ha señalado las siguientes objeciones:
- “Eliminación de las normas laborales en establecimientos de hasta cinco trabajadores: El proyecto regula la figura del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores independientes a su cargo, a quienes no se les aplican las normas laborales. De esta manera, se trata de trabajadores que dejan de gozar de la totalidad de los derechos laborales. Carecen de vacaciones pagas, aguinaldo, licencias por maternidad, paternidad o enfermedad, salario mínimo. La iniciativa deja de considerarlos trabajadores y, por ende, su vínculo con el principal (patrón) pasa a estar regulado por el contrato que entre ellos hayan firmado, usualmente una locación de servicios.”
- “Fomento de la tercerización laboral. El proyecto modifica radicalmente las normas vigentes en materia de interposición de empleadores. Se habilita la intermediación de personas en los vínculos laborales, estableciendo que la empresa usuaria del trabajador solo será responsable subsidiaria por las obligaciones del empleador directo, pero que el vínculo contractual será entre las partes que firmaron el contrato. Esto facilitará que las empresas recurran a cadenas interminables de subcontratación, haciendo muy difícil la identificación del verdadero titular del vínculo (muy importante en casos de insolvencia) y facilitando la utilización de figuras como el trabajador independiente con hasta cinco trabajadores independientes.”
- “Eliminación de las multas por la falta de registro de los trabajadores. El proyecto de ley elimina todas las multas que agravaban las indemnizaciones por despido en caso de falta de, o deficiente, registro de los trabajadores. Como consecuencia de ello, mantener a un trabajador no registrado o deficientemente registrado recibirá como única sanción aquella prevista en la ley 25.212, el Pacto Federal del Trabajo, que considera a esta conducta como una falta grave o muy grave según el caso. En la actualidad, el mínimo de estas multas asciende al 30% o 50% del salario mínimo, y se destinan a mejorar el servicio de administración del trabajo. En los hechos, esta disposición reduce a la nada el riesgo de tener trabajadores no registrados, por lo que estará lejos de favorecer su registración, como alegan sus defensores. En pequeños y medianos establecimientos el incentivo para mantener a los trabajadores al margen del sistema de seguridad social será mucho más elevado. Esta disposición también alcanza a la multa por el despido de una trabajadora no registrada que se desempeña bajo el régimen de casas particulares.”
- “Obstáculos a la reinstalación de trabajadores en casos de despidos discriminatorios. El proyecto aprobado en comisión incluye un reclamo de los empleadores de larga data: el establecimiento de una indemnización agravada en los casos de despidos discriminatorios que impida la posibilidad de demandar la reinstalación del trabajador afectado. Las demandas por reinstalación de trabajadores despedidos como consecuencia de un acto discriminatorio se extendieron a lo largo de las últimas dos décadas. Ellas fueron aceptadas por una jurisprudencia mayoritaria, convalidada por la Corte Suprema, que entiende que en esos casos el trabajador afectado puede optar por demandar la indemnización por despido prevista en la ley de contrato de trabajo o reclamar el cese de los efectos del acto discriminatorio, lo que implica en los hechos retrotraer la situación al momento previo al despido. Para los empleadores esto siempre fue inaceptable, ya que pone en crisis su poder disciplinario en los establecimientos. Los despidos discriminatorios habitualmente se dirigen contra trabajadores que no cuentan con una tutela sindical específica, ya que no son delegados o miembros de la dirección de una organización sindical, pero que son sancionados por su empleador por su actividad sindical. En este grupo entran casos de fundadores de sindicatos, candidatos por listas opositoras antes de que estas sean oficializadas, activistas sindicales de distinto tipo, etc. El proyecto aborda este tema desde una perspectiva cínica. Establece que quien sea despedido como consecuencia de un acto discriminatorio tendrá derecho a una indemnización agravada de entre el 50% y el 100% de la que le corresponda por la ley general, pero acto seguido dispone que 'el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva vínculo laboral a todos los efectos'.”
- “Reemplazo de la indemnización por despido por un fondo de cese laboral. El proyecto abre la puerta a reemplazar la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo por un fondo de cese laboral similar al actualmente existente en la industria de la construcción. Los detalles de esta iniciativa son remitidos a la reglamentación posterior por parte de la autoridad de aplicación, la Secretaría de Trabajo, y se impone como única exigencia que ello sea producto de la negociación colectiva. Este mecanismo genera la eliminación de todo poder disuasorio del despido, ya que el acto de despedir para el empleador pasa a ser gratuito. Si bien habrá que esperar la reglamentación definitiva, estos sistemas se basan en un aporte sobre la nómina salarial que es igual para todas las empresas comprendidas en el ámbito de actuación del convenio colectivo, independientemente de que tengan mayor o menor rotación de su personal. De esta manera, para quienes no tienen una alta tasa de rotación se transforma en un aumento en su estructura de costos, mientras que para quienes tienen una alta tasa de rotación implica una socialización de las consecuencias patrimoniales que se derivan del despido de sus trabajadores. Este mecanismo no distingue entre renuncias, despidos sin causa o despidos originados en la actividad sindical de un trabajador. En todos los casos el costo para el empleador es igual a cero. Si un trabajador resulta indeseable, ya sea por reclamar activamente el cumplimiento de la legislación laboral ya sea por no aceptar los abusos de distinto tipo que pueden plantearse en relaciones asimétricas de poder como lo son los contratos de trabajo, el empleador puede recurrir al despido sin ningún tipo de perjuicio para su patrimonio. La contracara de este mecanismo es que, en contextos de alto desempleo, la ley pone a los trabajadores en una situación de mayor debilidad aún, forzándolos a aceptar cualquier tipo de abuso por parte del empleador, quien de lo contrario podría despedirlo fácilmente. Total, paga el fondo de cese. Por otra parte, nos encontramos frente a una herramienta que puede generar un mecanismo muy lucrativo en el plano financiero, por cuanto quien administre los recursos de los fondos de cese tendrá en sus manos sumas de dinero muy elevadas, con posibilidades de realizar negocios en el plano financiero que no tendrán ningún tipo de relación con la protección de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.”
- “Ampliación del período de prueba. El proyecto en cuestión amplía el período de prueba previsto en el artículo 92 bis de la ley de contrato de trabajo de tres a seis meses, con la posibilidad de extenderlo por vía de la negociación colectiva a ocho meses en el caso de las empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 12 meses en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores. El único objetivo de esta disposición es precarizar aún más la situación laboral de los trabajadores de menor antigüedad y fomentar la rotación entre distintos puestos de trabajo.”
- “Empleo público: límites a la huelga, despidos y obstáculos para la negociación colectiva. El proyecto de ley avanza sobre numerosos derechos de los trabajadores comprendidos en la ley marco del empleo público. En particular, facilita el despido de quienes se desempeñen en órganos u organismos suprimidos, o que fuesen afectados por un cambio en la asignación de funciones. En estos casos, se establece que los trabajadores respectivos quedarán automáticamente en situación de disponibilidad, sin tener derecho, como establece la regulación actual, a ocupar las vacantes que pudiesen generarse en otras áreas del sector público. Asimismo, los obliga durante el plazo de disponibilidad a 'desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado'. El proyecto también elimina los obstáculos para poner en disponibilidad a trabajadores que se encuentran gozando de licencias con o sin goce de haberes, incluyendo las licencias por enfermedad o accidente, embarazo y matrimonio. En estos casos, dejaría de ser necesario esperar a que finalice la licencia en cuestión para comenzar el plazo de disponibilidad. La iniciativa elimina la participación sindical en los mecanismos de ascensos y promociones, así como también facilita la movilidad dentro de la misma jurisdicción a criterio exclusivo del empleador. Adicionalmente, prohíbe la realización de tareas vinculadas a campañas electorales y/o partidarias durante la jornada laboral, y flexibiliza los requisitos para imponer sanciones como apercibimiento, suspensiones, cesantías o exoneración. En cuanto a los mecanismos de acción colectiva, el proyecto establece expresamente deberá descontarse el tiempo no trabajado en caso del ejercicio del derecho a huelga, y que a través de la negociación colectiva no podrán establecerse cuotas de solidaridad a cargo de trabajadores no afiliados a menos que se cuente con su autorización expresa.”
AR/MG
El Gobierno volvió a criticar el paro de la CGT y confirmó que les descontarán el día a los estatales que adhieran
El vocero presidencial, Manuel Adorni, volvió a arremeter contra la CGT por el paro general que realizará este jueves y tildó a la central obrera como “los fundamentalistas del atraso”, además de ratificar que “a los trabajadores estatales que paren se les descuenta el día. Quien no va a trabajar y quien no cumpla con su actividad, no cobra”. Además, el portavoz indicó que el paro general “afectará a 6,5 millones de personas”.
“En cuatro meses dos paros de la CGT, dos de Educación, más de cientos de marcha. Mañana paran los fundamentalistas del atraso. A quienes piensan extorsionar a los argentinos, les informamos que solo se van a ganar el odio de los argentinos”, sostuvo el funcionario nacional.
En su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada, el portavoz consideró que la medida de fuerza de la central obrera “no tiene una justificación aparente” y remarcó que “está habilitada la línea 134 para denunciar extorsiones” para adherir a la protesta.
Asimismo, el funcionario recordó que, al igual que en otras manifestaciones recientes, “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que esto ocasione”.
Según el vocero, por el paro convocado por la central obrera, este jueves “6.593.000 personas no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”.
Además, el funcionario remarcó que desde que la gestión Milei asumió el 10 de diciembre pasado, tuvimos dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáuticos y más de cien marchas e intentos de piquetes. Mientras que, en cuatro años, el gobierno de Alberto Fernández, que terminó con 211% de inflación, 50% de pobres y 130 mil muertos por COVID-19 bajo el lema ‘El Estado te cuida’, tuvo 0 paros“.
Empresarios, también contra el paro de la CGT
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) expresó su rechazo al paro que la CGT convocó para este jueves, por entender que se trata de una medida “injustificada y por demás inoportuna”.
“Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción del actual Gobierno Nacional ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características, cuando el panorama económico y social de entonces lejos estaba de ser idílico”, sostuvo la entidad empresaria.
La CAC señaló, además, en un comunicado, que “los padecimientos presentes tienen su origen en desaciertos previos, algunos de larga data –como las excesivas regulaciones y la presión tributaria desproporcionada– y otros que se magnificaron notablemente durante los últimos años, como el desorden en las cuentas públicas y la excesiva emisión monetaria”.
También cuestionó a los sindicalistas que rechazan la reforma laborol incluida en el proyecto de Ley Bases, al sostener que, en ese aspecto, la iniciativa oficial “prevé cambios bastante acotados, mucho menos ambiciosos que los planteados en el texto original, por lo que una oposición cerril es difícil de comprender”.
En consecuencia, consideró que “la ausencia de justificativos, conjugada con múltiples y perniciosas perturbaciones que todo paro general produce, lleva a expresar el pleno rechazo a la medida”.
Con información de agencias.
IG
Levantaron la orden de arresto contra “Pepín” Rodríguez Simón pero deberá pagar una fortuna
La jueza federal María Servini concedió hoy la exención de prisión que había pedido en la víspera Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, exasesor del expresidente Mauricio Macri, en la causa en la que está acusado por la “mesa judicial” contra ex funcionarios kirchneristas.
No obstante, la jueza le fijó una caución de 3.120 millones de pesos para garantizar su sujeción al proceso y le impuso una serie de medidas de conducta, entre ellas la prohibición de salida del país.
Rodríguez Simón está prófugo desde 2021, cuando viajó a Uruguay ante un llamado a indagatoria de la misma jueza que hoy le concedió la exención de ser detenido.
Cuando regrese a la Argentina, Rodríguez Simón deberá presentarse ante Servini, quien finalmente podrá tomarle indagatoria y definir su situación procesal.
Pero además, tendrá “la obligación de comparecer ante estos estrados dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes”, según condicionó la jueza.
En el mismo sentido, deberá “solicitar autorización al tribunal cada vez que pretenda ausentarse más de 24 horas de su domicilio y dar aviso en el plazo de 24 horas en caso de modificar aquel”.
“Estaré a la prohibición de salida del país oportunamente dispuesta, imponiéndole la entrega inmediata de su pasaporte”, amplió Servini.
Para viajar a Uruguay, Rodríguez Simón no necesita su pasaporte, pero la presentación de su DNI invariablemente hará saltar en los registros la prohibición de salida.
Rodríguez Simón está acusado de haber formado parte de la denominada “mesa judicial” que supuestamente funcionó durante el gobierno de Macri y tuvo entre sus objetivos a los empresarios del Grupo Indalo, especialmente Fabián De Sousa y Cristóbal López.
Ambos son querellantes en este expediente.
CRM con información de la agencia NA
Los gobernadores aún no se hacen eco del “pacto federal” anunciado por Ignacio Torres
Con el Pacto de Mayo acercándose a pasos agigantados, el gobierno de Javier Milei confía en que los acuerdos alcanzados con los distintos gobernadores de la oposición en los últimos meses se traducirán en votos a favor del proyecto de ley Bases en el Senado. Pero no todo está resuelto. El escenario que se abre en la Cámara Alta es incierto y obliga al oficialismo a reforzar esos intercambios, más aún si se tiene en cuenta un anuncio realizado este lunes por el mandatario chubutense del PRO, Ignacio Torres: la convocatoria al conjunto de los líderes provincial a un “pacto federal” que contemple, principalmente, el reclamo por un reparto más equitativo en el plano fiscal.
Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, la iniciativa de Torres desconcertó al resto de los gobernadores que hasta la tarde de este martes no se habían hecho eco del asunto. Solo fuentes cercanas a Maximiliano Pullaro confirmaron a este medio que existieron conversaciones con el chubutense, pero dieron a entender que el “pacto” todavía es incipiente. El lunes, durante una rueda de prensa en su provincia, Torres aseguró que buscaba coordinar los pasos a seguir para la “presentación formal” del documento con el santafesino y su par de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ambos referentes de sus respectivas regiones (Centro y Norte).
“Cualquier pacto no tiene que ser declarativo o de adhesión, tiene que surgir de las provincias”, sostuvo Torres, quien además aseguró que el texto se firmará antes del Pacto de Mayo y que contará, entre sus principales puntos, con “la defensa irrestricta de la Educación Pública”. Sin embargo, la intención el gobernador que más tensó la cuerda con la Casa Rosada por la quita de fondos coparticipables a su provincia, lejos está de ser poner en riesgo el acto que tendrá lugar en Córdoba el próximo 25, donde la Casa Rosada pretende escenificar el apoyo de la mayoría de la clase política al rumbo tomado por el presidente Milei.
Envalentonado por el lugar que comenzó a ocupar a partir de sus cruces con el Presidente, Torres tomó la iniciativa política y, en marzo pasado, logró ser elegido por sus pares como el representante de la región patagónica, un rol que busca poner en valor el peso de ese territorio en, por ejemplo, la producción de hidrocarburos. En ese sentido, el gobernador de Juntos por el Cambio también anticipó esta semana que los senadores que responden a los cinco mandatarios patagónicos rechazarían la restitución del Impuesto a las Ganancias cuando el paquete fiscal sea tratado en el Senado, aunque aclaró que acompañarán gran parte de la Ley Bases. “Todos van a votar en contra de Ganancias porque no se contempla el ítem zona desfavorable en el mínimo no imponible. El costo de vida en la Patagonia es mucho más alto”, indicó Torres en diálogo con Radio con Vos.
Por su parte, fue la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, quien se encargó de afirmar en TN que “el gobierno provincial siempre está dispuesto al diálogo”, aunque aclaró su “oposición” a reponer el impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. La neuquina Lucila Crexell, en tanto, aún no definió su voto a la ley Bases y su decisión estará atada a lo que converse con el gobernador Rolando Figueroa. A esas voluntades hay que sumarle lo que vaya a suceder con los dos senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, quienes responden al gobernador Claudio Vidal, uno de los que más visitó la Casa Rosada en los últimos meses.
El gobernador Zamora es otro de los mandatarios con los que se reunió el ministro del Interior, Guillermo Francos, pero ese ida y vuelta no obtuvo el resultado que el oficialismo esperaba: los representantes santiagueños en la Cámara de Diputados finalmente votaron en contra de la ley Bases, lo que convierte en una incógnita lo que podría suceder en el recinto del Senado.
Es que cerca del ministro Francos saben que no deben confiarse ya adelantaron que no descartan “nuevas reuniones” en los próximos días. Sin ir más lejos, según publicó elDiarioAR, tiene previsto visitar algunas de las provincias del NOA, en un nuevo intento por sumar voluntades o garantizar ausencias de opositores a esa sesión que será clave. En la cartera de Interior niegan la existencia de una dinámica de “látigo y chequera” hacia las provincias, pese al acuerdo alcanzado, entre otros, con el gobierno de Misiones para reactivar obra pública a cambio de que los representantes misioneros en el Congreso acompañen la ley Bases. “No hay toma y daca, simplemente contemplamos los intereses de las provincias”, deslizaron, suspicaces.
La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Salta se encuentran entre las provincias de mayor pérdida de transferencias nacionales en el primer trimestre de este año, de acuerdo al último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en base a datos del Ministerio de Economía de la Nación. A Ricardo Quintela, por ejemplo, le llegaron un 36,4% menos de recursos, mientras que Gustavo Sáenz tuvo una pérdida del 20,1%. Realidades que, a fuerza de necesidad y pragmatismo político, La Libertad Avanza debió comenzar a tener en cuenta.
PL/JJD
Críticas del PRO y la UCR al régimen de grandes inversiones complican las leyes del Gobierno en el Senado
El Gobierno inició en cuesta arriba este martes en el Senado el debate por la ley de Bases, que ya tiene media sanción de Diputados. Luego de un comienzo empantanado por el cambio a último momento en la redacción de dos artículos, funcionarios del Ejecutivo encabezados por el ministro Guillermo Francos expusieron ante legisladores de la Cámara alta sobre el proyecto clave de Javier Milei. El oficialismo tuvo que aceptar que se abra el plenario de comisiones a la intervención de invitados especiales –lo que podría dilatar los tiempos del tratamiento parlamentario– y se embarró en una discusión con la oposición en una cuestión espinosa como el Régimen Especial de Grandes Inversiones (RIGI). Allí no solo recibió críticas y pedidos de cambios del kirchnerismo, sino también de la UCR y hasta del PRO.
“Por supuesto que no creo que sean un nido de ratas”, tuvo que aclarar en un primer momento el titular del Ministerio del Interior, luego de que desde el kirchnerismo lo consultaron por la acusación al Congreso por parte del Presidente. La cancha en el Senado se vislumbra inclinada en contra del oficialismo a partir del poder de fuego que tiene Unión por la Patria tanto en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales como en el recinto. Pero también hay una posibilidad certera de que los circunstanciales aliados de La Libertad Avanza quieran introducir cambios, lo que haría volver el proyecto a Diputados, conspirando con el cronograma original de Milei de que las leyes estén sancionadas para el Pacto de Mayo del 25
Los cuestionamientos centrales que recibió el oficialismo fueron por el RIGI, que establece importantes exenciones de impuestos para las inversiones a partir de los US$ 200 millones. “Es hípergeneroso, es excesivamente generoso”, lo calificó el senador radical Martín Lousteau (UCR). “¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando beneficios a cosas que por ahí ya estaban porque son en áreas en las que Argentina ya tiene ventajas comparativas? Minería, Vaca Muerta, etcétera”, apuntó el economista.
A su voz se sumó llamativamente Guadalupe Tagliaferri (Ciudad de Buenos Aires-PRO). “A mí no me queda claro que sea un plan de grandes inversiones que va a favorecer al conjunto del país. No está planteado en la ley los sectores que ustedes quieren explotar y fortalecer”, apuntó la senadora amarilla, referenciada en Horacio Rodríguez Larreta. De paso cuestionó que uno de los beneficios que recibirían dichas inversiones está atado al impuesto al cheque, que es coparticipable, justo cuando CABA mantiene una disputa con la Nación por una deuda al respecto, aún judicializada. “El RIGI va a ser beneficioso en algunas provincias, pero el costo lo van a acompañar todas las provincias por 30 o 40 años”, reclamó la legisladora.
Desde UxP, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el régimen se sobreponga a las potestades de las provincias sobre los recursos naturales. “Del federalismo no saben nada, este texto debe haber sido escrito en alguna oficina oscura y porteña”, señaló la legisladora. Cuestionó que el proyecto –que en rigor está dentro del paquete fiscal, que se discute en paralelo a la ley Bases– no respeta las leyes ambientales de las jurisdicciones.
Los funcionarios del Gobierno intentaron aclarar las dudas, aunque sin mucha suerte. “Los únicos beneficios del RIGI son tributarios, aduaneros y cambiarios. Las provincias sólo tienen potestad sobre el primero. Nada dice sobre la obligación medioambiental y ningún beneficio habla de esa materia”, aclaró el segundo de la jefatura de Gabinete, José Rolandi. “Sobre el supuesto avasallamiento del federalismo, interpretamos que al ser un régimen federal interviene un juez federal sobre la materia del RIGI. Nada tiene que hacer sobre leyes ambientales de las provincias”, insistió después.
También el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, salió en defensa del proyecto de Gobierno. Subrayó que el impacto del régimen llevaría el costo tributario al 35% “siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales”. Esa frase generó una repregunta del salteño Juan Carlos Romero, habitual aliado de LLA: “¿Si una provincia no adhiere, se va a poder instalar o no una empresa?”, consultó el senador. “No estamos normando por encima de la Constitución o de las leyes provinciales”, respondió el funcionario.
Finalmente los representantes del Ejecutivo reconocieron que el tema es espinoso y pidieron tiempo para analizar posibles cambios en la redacción. “Dennos hasta mañana que viene Chirillo”, fue la salida que encontró Rolandi, en referencia a que este miércoles expondrá en el Senado el secretario de Energía, pero también mentor de la ley Bases, Eduardo Rodríguez Chirillo. “Si mañana vemos que no es suficiente la explicación, vemos si hacer una modificación”, admitió Rolandi, que fue una de las espadas del Ejecutivo que en Diputados pimponeó la redacción de las leyes con los bloques aliados.
Otra concesión que dio el Gobierno en el primer día de tratamiento en el Senado es la posibilidad de que al plenario de comisiones se sumen voces extralegislativas. Eso demoraría la discusión, cuando el oficialismo tiene pensado dictaminar este jueves, justo el día del paro general de la CGT, y sesionar la semana que viene. Ahora está en el aire cuándo serían esas intervenciones y quiénes participarían, pero un borrador de la lista ya comenzó a circular entre los bloques.
El kirchnerismo ya avisó que invitará a las centrales obreras, sobre todo porque la ley Bases incorporó en su media sanción una reforma laboral que no estaba en el texto original. “Está planteada en relación a romper la relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Va a generar más precarización”, señaló sobre ese capítulo la senadora peronista Nora Giménez (Salta).
Francos reconoció dialogó sobre el proyecto con la GT y defendió la iniciativa: “Los informales no tienen ninguna proteccion porque la legislacion de trabajo actual es un castigo para las empresas pymes. Son avances positivos, no son un cambio fundamental”. Rolandi, otra vez, pateó el debate para este miércoles: “Mañana viene el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que va a poder profundizar este tema”, señaló.
La macrista Tagliaferri incluso se metió con otro punto de la ley Bases: el fin de la moratoria previsional. Pidió un nuevo proyecto a nivel integral y reconoció que la propuesta oficial perjudica a las mujeres próximas a jubilarse porque equipara con los hombres la edad de 65 años. Se hizo eco en ese punto sensible la cordobesa Alejandra Vigo (Unidad Federal), cuyo voto es clave para el Gobierno si no quiere que sus leyes fracasen en el Senado.
También UxP apuntó ante los funcionarios contra las privatizaciones que habilita la ley Bases y sobre las prerrogativas del artículo 3, que habilita los superpoderes para que el Presidente pueda avanzar en la “disolución”, como reza el texto, de un sinfín de organismos del Estado. “Sobre la disolución fuimos reacios a hacer una lista de organismos porque entendemos que al incluir un listado todo lo que no entra va a ser disuelte y no es la intencion del Ejecutivo. La intención es tratar de eficientizar el Estado y centralizar las políticas públicas analizando con mucha precisión cada casa. No implica que no tendrá control, sino absolutamente lo contrario”, respondió por el Gobierno María Ibarzabal Murphy, secretaría de Planeamiento. Después insistió sobre otro tema espinoso: “Hay un miedo de que se van a disolver los organismos de ciencia y tecnologia. No es la intencion y voluntad del Poder Ejecutivo hacer eso y tampoco significa que se el Ejecutivo va a hacer lo que quiera”.
Sobre el final de la reunión, la senadora nacional Vigo destacó la importancia de la moratoria previsional —“yo sí voté la moratoria previsional”, resaltó— y sostuvo que se debe revisar el texto llegado de Diputados en lo relativo a la edad jubilatoria de las mujeres equiparada con la de los varones. En tal sentido, destacó la importancia del trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, señalando que “el trabajo que realizan las mujeres en su hogar triplica al trabajo que puedan realizar los varones”.
También resaltó sus diferencias con el gobierno de Milei en cuanto a la importancia del financiamiento organismos públicos como el Banco de Datos Genéticos y el CONICET, y en esa línea subrayó la urgencia de asegurar fondos para las universidades.
El plenario de comisiones pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 10 de la mañana. “No hay certezas de que vaya a salir ni certezas de que no vaya a salir; los votos están y no están”, dijo a la prensa, una vez finalizada la primera jornada, el jefe del bloque La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche. Toda una declaración.
MC/JJD