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El malestar ciudadano se refleja en todos los indicadores, desde la percepción de la honestidad hasta la preocupación por el interés general, y evidencia un deterioro que golpea a la Casa Rosada. El documento completo, aquí.
Cinco meses consecutivos de caída configuran un patrón que ya no puede ser atribuido a fluctuaciones coyunturales. La gestión de Javier Milei volvió a perder confianza ciudadana en abril, según el último Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella. El indicador descendió un 3,7% respecto de marzo y se ubicó en 2,33 puntos sobre 5 posibles, profundizando una tendencia negativa que comenzó en diciembre de 2024.
En términos interanuales, la caída es del 4,8%, y si se compara con abril de 2017 —segundo año de gobierno de Mauricio Macri—, el nivel de confianza actual es 10,7% menor. La comparación histórica también revela que el dato de abril de 2025 es 34,5% superior al registrado en abril de 2021 durante la gestión de Alberto Fernández, pero esa cifra sirve de poco consuelo para un gobierno que atraviesa un desgaste. Sin embargo, cabe tener en cuenta el impacto positivo en la percepción de las personas sobre la marcha del gobierno posterior al levantamiento del cepo cambiario para las personas, una de las principales promesas de campaña de Milei.
La media de confianza en los 17 meses de Milei al frente del Ejecutivo es de 2,51 puntos, una cifra inferior a los 2,63 de Macri en el mismo período de su mandato y apenas superior al 2,26 de Fernández. Desde diciembre de 2024 hasta abril de 2025, la pérdida acumulada en la valoración ciudadana alcanza el 12,4%.
Los números del ICG son duros, pero aún más revelador es el deterioro generalizado en sus cinco componentes. La Capacidad para resolver los problemas del país bajó un 3%, ubicándose en 2,77 puntos, mientras que la Honestidad de los funcionarios retrocedió un 1,5% y quedó en 2,58 puntos. La Eficiencia en la administración del gasto público apenas cayó un 0,2%, hasta 2,35 puntos, pero la Evaluación general del Gobierno se desplomó un 4,9%, quedando en 2,02 puntos. El golpe más fuerte se observó en la Preocupación por el interés general, que sufrió una caída del 9,7% hasta ubicarse en apenas 1,95 puntos.
El estudio, realizado por Poliarquía Consultores entre el 3 y el 11 de abril sobre 1.000 casos en ciudades de más de 10.000 habitantes, también permite observar variaciones según el género, la edad, la región geográfica, el nivel educativo y la percepción sobre la situación económica.
Entre los hombres, la confianza fue mayor (2,61 puntos) que entre las mujeres (2,04 puntos), repitiendo una brecha ya registrada en meses anteriores. Por rango etario, los jóvenes de 18 a 29 años fueron los que mostraron mayor nivel de confianza (2,55 puntos), seguidos por los mayores de 50 años (2,33 puntos) y los adultos de 30 a 49 años (2,27 puntos).
Geográficamente, el interior del país mantiene el mayor nivel de confianza (2,51 puntos, con una caída del 3,5%), mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el índice fue de 2,21 puntos (una baja del 6,4%) y en el Gran Buenos Aires de 2,01 puntos (descenso del 2,9%).
El análisis por nivel de instrucción revela contrastes más marcados. Quienes tienen educación terciaria y/o universitaria mostraron un ICG de 2,50 puntos, apenas por encima de los 2,33 puntos de quienes completaron hasta secundaria, aunque estos últimos registraron un aumento del 3,6%. El dato más preocupante es el desplome de 30,2% entre quienes sólo alcanzaron la educación primaria, cuyo índice cayó a 1,41 puntos.
La experiencia de victimización delictiva también incidió en la percepción: quienes no fueron víctimas de delitos en los últimos doce meses marcaron un ICG de 2,43 puntos, frente a los 2,04 puntos de aquellos que sí sufrieron algún hecho de inseguridad.
El termómetro económico ofrece otro ángulo de análisis. Quienes creen que la situación económica mejorará en un año tienen una confianza de 4,09 puntos, pese a una caída del 2,4%. Entre los que consideran que todo seguirá igual, el índice creció 11,0% y llegó a 2,53 puntos. En cambio, para quienes creen que empeorará, la confianza se desplomó hasta apenas 0,45 puntos.
Así, el panorama que presenta el ICG de abril 2025 es el de una sociedad fragmentada, escéptica y, en muchos sectores, abiertamente desconfiada. La caída de la confianza no distingue edades, géneros ni zonas geográficas, aunque sí se ensaña con los más vulnerables en términos educativos y de experiencia con el delito.
JJD
Al igual que a nivel nacional, quedaron sin efecto las primarias locales. Ahora Kicillof debe negociar con el kirchnerismo y la oposición el cronograma electoral hacia las generales.
La Legislatura bonaerense definió por unanimidad suspender las PASO provinciales y los habitantes de Buenos Aires tendrán este año finalmente dos elecciones: el 7 de septiembre las legislativas locales y el 26 de octubre las legislativas nacionales.
Tras la votación el gobernador Axel Kicillof deberá terminar de negociar con el kirchnerismo la implementación del cronograma electoral. Es decir que ahora se abre una nueva discusión sobre los plazos electorales.
La votación de este lunes en la Legislatura acabó con la dilatada discusión por las primarias, que le costó al oficialismo bonaerenses varias semanas de discusión, con la interna abierta entre el gobernador y el sector de Cristina Fernández de Kirchner.
Las contradicciones ahora se trasladan a los plazos para presentar las listas e inscribir candidatos. Las nuevas complicaciones tienen que ver con la advertencia que la Junta Electoral realizó acerca de que, si se suspenden las PASO, sin modificar los plazos electorales establecidos por la ley provincial, no dispondrá del tiempo necesario para analizar y oficializar las listas de candidatos.
En ese marco, la presidenta de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, convocó en paralelo a la sesión en la Legislatura a todos los bloques parlamentarios a una reunión de trabajo para tratar los temas relacionados con los plazos electorales.
El desenlace de la jornada legislativa pone a prueba la capacidad de los distintos espacios políticos para garantizar un proceso electoral ordenado, ya que deberán resolver en tiempo récord cuestiones clave para el normal desarrollo de las elecciones.
El argumento del gobernador es que la Ley 5.109, que establece que la lista de candidatos debe presentarse 30 días antes de las elecciones y las boletas partidarias 20 días antes a la fecha, data del 1946, cuando el padrón bonaerense era muy inferieor al actual. El problema que encuentra el axelismo es que la Junta Electoral —que por primera vez estará a cargo de la elección, al ser desdoblada— tendrá muy poco tiempo para verificar a los candidatos e imprimir las boletas. En ese contexto, el día que anunció la fecha de la elección provincial, el gobernador había incluido nuevos plazos en el proyecto para suspender las PASO.
IG/MC
El presidente Javier Milei recibirá este martes al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Alvin Holsey, en el marco del alineamiento con el Gobierno de Donald Trump.
Holsey llega este lunes y permanecerá tres días en el país. Viajará a la Base Naval de Ushuaia, un punto estratégico en la mira tanto de Estados Unidos como de China.
En abril de 2024 la base fue visitada por la antecesora de Holsey, la generala Laura Jane Richardson, que también fue recibida por Milei. En ese entonces, el mandatario argentino declaró que “el mejor recurso para defender la soberanía argentina es la alianza con Estados Unidos”.
El objetivo estratégico de la Argentina es construir una base naval integrada, que contenga un polo logístico en el extremo sur del continente y se convierta en la puerta de entrada a la Antártida. Ese proyecto comenzó a planearse durante el gobierno de Alberto Fernández por inciativa del entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana.
Holsey también se reunirá con el ministro de Defensa, Luis Petri, y con el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Julián Isaac.
La embajada de Estados Unidos informó que el jefe militar mantendrá reuniones con líderes del gobierno y del área de Defensa en esta primera visita a la Argentina. El interés del Gobierno de Trump por los avances de la construcción de la base naval integrada en Ushuaia es un elemento sustantivo del “compromiso duradero para mejorar la asociación estratégica entre ambos países”.
La embajada estadounidense informó que la visita es para “reforzar la colaboración militar de larga data” entre ambas naciones, “con el objetivo de fortalecer la seguridad regional y avanzar en intereses compartidos”.
En la visita a la base, Holsey se reunirá con personal militar local para interiorizarse sobre sus misiones y el papel clave que desempeñan en la protección de las rutas marítimas vitales para el comercio global, se informó.
El almirante Holsey asumió al frente del Comando Sur el 7 de noviembre de 2024, al día siguiente del triunfo electoral de Trump.
Sin tener apoyo en el Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior, el gobierno de Javier Milei avanzó con una resolución reservada para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de policía. En una polémica medida, el Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en forma transitoria que hayan cometido delitos de flagrancia, según confirmó el ministro de Defensa, Luis Petri.
“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”, lanzó el funcionario, que utilizó la palabra “detenciones”, aunque en su entorno buscaron aclarar ante elDiarioAR que se trata de “aprehensiones”. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó Petri en su cuenta de X.
La orden tiene un caracter secreto y no fue publicada en el Boletín Oficial, pero está en el marco de la flamante “Operación Julio Argentino Roca” para reforzar la vigilancia y el control en las fronteras, tanto terrestre, fluvial como en el aeroespacio, como comunicó Defensa días atrás. En total participarían unos 10.000 militares, que se irán rotando en grupos de 1.300.
Según se indicó oficialmente, las FF.AA. operarán en zonas rurales del norte y noreste del país, alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales. Las acciones se coordinan con el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich.
Esta avanzada de Petri va en línea con la estrategia que ya se había comenzado a desarrollar el año pasado para modificar la ley de Seguridad Interior, que limita el accionar de los militares fronteras adentro, fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991). El oficialismo impulsó sus cambios en la Cámara de Diputados, de hecho Petri fue a dar una exposición al respecto, pero nunca consiguió el aval siquiera de sus aliados para lograr aunque sea tener dictamen de comisión. Sin acuerdo parlamentario, el Gobierno avanzó de facto.
“La medida no es controversial, es ILEGAL”, planteó Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y exministro de Defensa. “Ahora sabemos porque Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”, advirtió el dirigente peronista.
Pese a ser reservada, trascendieron detalles de la orden hacia los militares, como que el objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, según reza la resolución. Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”, plantea la medida.
Además de Rossi, hubo críticas desde otros sectores políticos y sociales. Los ex ministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999–2001) y José Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003) y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionaron a Petri por considerar “ilegal” la iniciativa que tomó el titular de la cartera, debido a que la función de las FFAA debería limitarse a resguardar a la Nación de ataques o conflictos con el exterior.
Es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta
“Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, remarcó López Murphy, diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF), que agregó eue esta medida es “absolutamente innecesaria”.
Una resolución ministerial “no es suficiente” para modificar una ley, consideró Jaunarena, “por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, según consignó la agencia NA. “Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FF.AA. y de Seguridad”, concluyó.
Sabsay sostuvo en Radio Rivadavia que las Fuerzas Armadas “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”, como informó el ministro de Defensa. “Me extraña porque Petri es una persona muy apegada a la ley. Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta”, remarcó el constitucionalista.
MC
El ministro de Desregulación acelera la motosierra de Milei con una serie de decretos para fusionar y eliminar áreas y organismos. Además habrá un "digesto" de leyes y normas que rigen en el país.
Javier Milei y Federico Sturzenegger aceleran la motosierra contra el Estados y sus trabajadores. El Gobierno anticipa una serie de decretos para avanzar en la fusión y eliminación de organismos, así como una limpieza de leyes y normas. El ministro de Desregulación bautizó al nueva etapa de ajuste como una “refuncionalización” del Estado, que sería anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en las próximas horas.
El ministro anticipó en declaraciones a LN+ que la serie de decretos recibirá el nombre de “El Digesto” y reveló que apunta a dar a conocer en detalle el contenido de las leyes y decretos. Además, sostuvo que en la actualidad hay 42.000 leyes, 220.000 circulares o resoluciones y 700.000 decretos, de los cuales solo 70.000 están digitalizados y el resto, 630.000 deben revisarse de manera manual. Sturzenneger trabajaba desde el año pasado en una pomposa “ley hojarasca”, y tiene que apurarse porque ahora están a punto de vencer los superpoderes que el Congreso otorgó a través de la ley Bases.
“El objetivo que tenemos para fin de año es hacer una limpieza muy fuerte, que los argentinos sepan cuáles son las reglas que tenemos. Dentro de ese proceso apuntamos a desregular”, anticipó Sturzenegger, y añadió: “En las próximas semanas vamos a hacer una refuncionalización importante del Gobierno”. Se trata de varios decretos autónomos y delegados que abarcan varias áreas del Estado, donde habrá fusiones y eliminaciones. El anuncio estará a cargo de Adorni, candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza.
“Tenemos áreas con distintas organizaciones que tienen tareas duplicadas, sin sentido, otras en las que el kirchnerismo generó organismos descentralizados que tienen la capacidad de cobrar y a autofinanciarse, para eso inventaron trámites”, cuestionó.
Stuzenegger anticipó que podría haber nuevos despidos: “Queremos volver a centralizar las áreas. Esos organismos vienen con estructura, gente que liquida sueldos, y cuando los centralizas usas la estructura general de eso, lo que te permite liberar personas para gastar menos”. Desde que asumió la gestión libertaria, ya fueron despedidos 40.000 trabajadores.
El propio Milei fue el primero en anticipar el paquete de modificaciones que busca eliminar los decretos y circulares que consideran obsoletas. “Se viene el shock regulatorio más grande de la historia humanidad que yo lo llamo 'El digesto'. Federico Sturzenegger le pidió a cada ministro que haga un digesto de las leyes que usa”, sintetizó la semana pasada el Presidente en declaraciones a Radio Rivadavia. “¿Qué va a pasar cuando tengamos hecho el digesto de todas las cosas que usamos en todos los ministerios? Vuela, todo afuera”, advirtió.
Con información de agencia NA
MC