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Los cordobeses de Martín Llaryora terminaron plegándose a las presiones de Casa Rosada, así como los peronistas que responden a Raúl Jalil y Gerardo Zamora. El PRO y el radicalismo, en plenas negociaciones con Karina Milei, también pegaron el faltazo.
La sesión opositora que venía a romper con el triunfalismo libertario tras la victoria en CABA se derrumbó por falta de quórum. El Gobierno logró bajar a los aliados indecisos, como los cordobeses de Martín Llaryora y los peronistas que responden a Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), y desactivó, así, la conformación de la comisión que iba a investigar a los hermanos Milei por el escándalo $LIBRA. Los jubilados, que más tarde se reunirán en las afueras del Congreso, se quedaron, a su vez, sin el refuerzo de los haberes que la Cámara de Diputados iba aprobar por la tarde.
El clima había comenzado a enrarecerse la noche anterior. La inclusión a último momento del tratamiento del nombramiento de los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) había dinamitado la concordia de la multipartidaria opositora que venía impulsando la sesión. El acuerdo entre el peronismo y Emilio Monzó para designar a dos los integrantes de la AGN había generado malhumor entre los lilitos de la Coalición Cívica y una parte del radicalismo, que había comprometido su apoyo a Mario Negri.
La advertencia llegó tarde a la noche desde las entrañas de la Coalición Cívica: “La AGN está embarrando la sesión y está poniendo en riesgo las prioridades, que son $LIBRA y las jubilaciones”. Los lilitos estaban dando un ultimátum, no querían tratar la AGN y, al día siguiente, amenazaron con vaciar la sesión -que ellos mismos habían impulsado- hasta 15 minutos antes de que venciera el plazo para conseguir el quórum. Cuando vieron que el número no estaba, sin embargo, bajaron.
El ruido generado por la AGN, sin embargo, se había convertido en la excusa perfecta. El Gobierno había dedicado las últimas 48 horas a llamar y presionar gobernadores para evitar que la Cámara de Diputados destrabara la comisión $LIBRA: empoderado tras la victoria en CABA, Martín Menem y los emisarios de Casa Rosada habían conversado con Nacho Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Llaryora, y les habían pedido que colaboraran para boicotear la sesión.
Algunos, como Frigerio o Torres, no tenían problema en plegarse, ya que suelen trabajar en tándem con el Gobierno. Pero los diputados de Llaryora tenían proyectos presentados sobre jubilaciones y se encontraban en una situación más incómoda. Y fue ahí que el tema de la AGN cayó como anillo al dedo.
La primera en despertar las alarmas fue Alejandra Torres, la esposa del despedido director de la ANSES, Osvaldo Giordano. “Lo que vamos a presenciar hoy en el Congreso es una muestra más de cómo algunos usan el tema previsional para posicionarse políticamente, no porque les importen los jubilados”, justificó, en la previa de lo que sería el gran faltazo cordobés. Ni ella ni Ignacio García Aresca, que responde a Llaryora, ni Carlos Gutierrez, que responde a Juan Schiaretti, dieron quórum. Solo Natalia de la Sota y Juan Brugge, que dieron el presente solo luego de varios ruegos de sus aliados en el pichettismo.
El quórum dependía de los cordobeses, pero no solo de ellos: la ausencia de los tres santiagueños de Zamora, los dos catamarqueños de Jalil y la chubutense Eugenia Alianello -un favor de Torres al Gobierno- terminaron de pavimentar la derrota opositora. Frente a las ausencias peronistas, sin embargo, había una presencia que llamaba la atención: era Leopoldo Moreau, que había tenido un pequeño infarto el día anterior, había sido operado de urgencia (ya que tiene 4 bypass) y, menos de 12 horas después, se había ido de la clínica y había dado al quórum para la sesión.
En UxP, sin embargo, se agarraban la cabeza: el Gobierno había operado con fuerza, la oposición se había desordenado y hasta los propios habían fallado. La sesión que pretendía romper el triunfalismo oficialista había fracasado y no había hecho otra cosa que empoderar, aún más, a LLA.
En la oposición estaban convencidos de una cosa: los esfuerzos de Menem para boicotear la sesión estaban directamente relacionados a la comisión $LIBRA. “Las jubilaciones las podían tratar, pero la investigación sobre $LIBRA no”, explicaba, irritada, una importante dirigenta peronista.
No era la primera vez que Menem movía mar y tierra para evitar que la comisión se constituyese. El riojano ya había logrado, con éxito, empantanar la comisión investigadora de modo de que no pudiera ponerse en funcionamiento. Había modificado el ecosistema de la Cámara de Diputados, había creado interbloques y quebrado bancadas aliadas, y todo para dejar la composición de la comisión en un empate inmovilizador: 14 del oficialismo, 14 de la oposición.
El objetivo de la oposición era forzar el desempate a través de la designación de las autoridades de la comisión en el recinto. Si la multipartidaria opositora se quedaba con la presidencia podría tener el número para votar los pedidos de informes al Ejecutivo y a la Justicia y, más fundamentalmente, autorizar las citaciones a los funcionarios nacionales. De haber tenido éxito, la oposición habría tenido vía libre para citar a Luis Caputo, Mariano Cúneo Libarona e, incluso, la misma Karina Milei. Y los funcionarios habrían estado obligados a comparecer, ya que la comisión tiene la facultad de forzar su presencia a través de la fuerza pública.
Con el derrumbe de la sesión, sin embargo, la comisión vuelve a ingresar a un limbo. El Gobierno había logrado, una vez más, evitar que el Congreso investigara a los Milei. Y, en el proceso, había volteado los proyectos opositores para aumentar el bono a los jubilados y reformar el sistema previsional, de modo de incluir una prestación proporcional de la vejez que resolviera el vacío que dejó el vencimiento de la moratoria previsional.
MC
En esta nueva movilización en las inmediaciones del Congreso, también se hicieron presentes Prefectura y la Policía Federal. Los jubilados, que reclaman un por un aumento para el sector, volvieron a recibir gas pimienta por parte de las fuerzas de seguridad.
Nuevos incidentes entre jubilados y policías se registraron este miércoles en la manifestación realizada frente al Congreso en demanda de un aumento en los haberes para el sector.
Efectivos de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería colocaron un vallado que impidió el paso de los manifestantes apostados sobre la Plaza del Congreso, en cumplimiento del protocolo antipiquetes.
A la vez, los agentes rodearon la movilización de los jubilados, que se vieron impedidos de abrirse paso en torno a la plaza, lo que generó corridas y represión de las fuerzas a través del uso de gas pimienta.
Acompañaron la movilización organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Polo Obrero y la UTEP.
Horas antes del inicio de la protesta había fracasado por falta de quórum en la Cámara de Diputados el tratamiento en el recinto de un incremento de los haberes y del bono para jubilados.
Un miércoles más está presente el padre Paco Olveira, sacerdote que integra la congregación de Curas en Opción por los Pobres, que resultó herido en el marco de la represión hace dos semanas y fue gaseado por efectivos de la Policía Federal el miércoles pasado. Otros manifestantes resultaron heridos.
"La última canasta básica, con metodología del INDEC, pero incorporando gastos de vivienda, estaba en 1.200.000 pesos mensuales", afirmó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, y minimizó los proyectos de Diputados, porque tratarán "un ajuste del 7% para cinco millones de jubilados de la mínima y son apenas 25.000 pesos, esto no mueve la aguja". A las 15, nueva concentración en Congreso.
El Gobierno logró boicotear la sesión por jubilaciones y el escándalo $LIBRA
Organizaciones de jubilados realizarán este miércoles una nueva marcha en las inmediaciones del Congreso para reclamar un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto del presidente Javier Milei a la ley que establecía un incremento en los ingresos del sector. Mientras tanto, en Diputados, tal como quería el Gobierno, no hubo quórum y cayó la sesión que, en su última parte, debía tratar diferentes proyectos que buscan una reforma previsional que aumente el poder adquisitivo de los jubilados.
Los jubilados se darán cita como todos los miércoles a las 15 en las cercanías del Congreso, donde el Ministerio de Seguridad suele desplegar el operativo de las fuerzas policiales para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes.
La semana última se registraron una serie de incidentes entre la Policía Federal y los manifestantes cuando los efectivos intentaron evitar que la protesta interrumpiera el tránsito en la intersección de Callao y la Avenida Rivadavia.
Como producto de la represión, los agentes de la Policía Federal agredieron al padre Francisco “Paco” Olveira, que se encontraba en la movilización, así como también a otros manifestantes que resultaron heridos.
En Diputados se iban a plantear dos tipos de reformas, hasta que se cayó la sesión por falta de quórum. La primera apunta a incrementar el bono jubilatorio de $70 mil y actualizarlo por inflación. UxP propone subirlo, como base, a $115 mil y el pichettismo a $100 mil: si bien todavía no hay acuerdo, la oposición buscará consensuar un monto intermedio entre ambos valores antes de la votación. Se incrementará, a su vez, todas las jubilaciones en un 7,2%.
El otro tipo de reforma consiste en aprobar algún mecanismo que resuelva el vacío que dejó el vencimiento de la última moratoria previsional. UxP y la izquierda proponen prorrogar el Plan de Pagos de Deuda Previsional durante dos años más, de modo de incluir al inmenso porcentaje de hombres y mujeres que llegaron a la edad de jubilarse pero no pueden hacerlo porque no cumplen con los 30 años de aportes.
El radicalismo y el pichettismo, en cambio, proponen una reforma que establezca una prestación proporcional por vejez. El objetivo es eliminar la obligatoriedad de los 30 años de aportes y reemplazarlo por un mecanismo que incremente el valor de la jubilación percibida en proporción a la cantidad de años aportados. La base mínima, en este caso, sería la PUAM (que representa el 80% de la jubilación mínima)
La oposición sospecha que este último será el dictamen que consiga la aprobación de Diputados, ya que la moratoria no cuenta con más avales que los del peronismo y la izquierda. Pero hay otro motivo, y es que la oposición sabe que tiene que aprobar una ley que, luego, necesitará ser ratificada con dos tercios de los votos. Ya que el veto de Milei es inevitable.
Es ahí cuando entra a jugar el PRO, que tuvo una dura reunión de bloque el martes por la noche. Después de un largo debate, las espadas macristas, que amagaban con acompañar el proyecto de prestación proporcional, aceptaron rechazarlo o, los más díscolos, abstenerse. La oposición, sin embargo, piensa en el día después. Y fantasea con que la guerra del PRO con LLA les permita sumar, cuando llegue el momento, algunas adhesiones macristas a resistir el veto presidencial.
El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, afirmó que con las reformas previsionales que se tratarán esta tarde en la Cámara de Diputados “se sigue hablando de miseria”, sostuvo que es necesario “hacer un sistema nuevo”, y destacó que hoy una canasta básica para un jubilado está “en 1.200.000 pesos mensuales”.
“La última canasta básica, con metodología del INDEC, pero incorporando gastos de vivienda, estaba en 1.200.000 pesos mensuales”, afirmó Semino y minimizó los proyectos de Diputados, porque tratarán “un ajuste del 7% para cinco millones de jubilados de la mínima y son apenas 25.000 pesos, esto no mueve la aguja”.
El funcionario reclamó que se implemente “inmediatamente una recomposición del haber jubilatorio, porque la gente se está muriendo de hambre, no pueden comprar medicamentos, no puede pagar expensas, ni alquiler, ni una pensión”.
Recalcó que el bono que perciben los jubilados que cobran la remuneración mínima y que está congelado desde hace más de un año “tiene que ser parte integrante del haber”, mientras que cuestionó que el Gobierno “hace cualquier cosa” ya que “lo sube, lo baja o lo congela, es un disparate, vale hoy la mitad de lo que debiera valer”.
“Hablamos de una reforma, que es tardía, porque es necesario un sistema nuevo y una recomposición del haber jubilatorio ya. El sistema no tiene plata, hay que sacarla del presupuesto nacional, tienen que poner plata el Estado para que la gente no se muera de hambre”, enfatizó en declaraciones a Radio Splendid.
Para Semino el sistema previsional no funciona “porque siguen vigentes las leyes de (domingo) Cavallo” que se sancionaron en los ´90 cuando este estaba al frente del Ministerio de Economía.
Mencionó como ejemplo que en esa década “se perdieron aportes patronales” y en el año 95 “se quitaron 8 puntos de aportes patronales, un desquicio”.
El funcionario puso como ejemplo a seguir las reformas de Noruega y Finlandia, que percibieron un envejecimiento de la población y hoy financian su sistema previsional con aportes surgidos de la actividad petrolera y de la minería.
“Hoy esos dos países encabezan el índice de sustentabilidad actual y futuro de los sistemas de Seguridad social”, dijo y puntualizó que en la Argentina “nadie habla de que las mineras y las petroleras se llevan todo con una simple declaración jurada, y no dejan ni un ´mango´ para el país y mucho menos para la Seguridad Social”.
Con información de agencias.
IG
La medida fue impulsada por Federico Sturzenegger y declara a la navegación fluvial y marítima como servicio esencial. Desde el gremio SOMU advierten que la decisión pone en riesgo empleos argentinos y limita el derecho a huelga.
El gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la desregulación de la marina mercante mediante un decreto que abre el transporte de carga y pasajeros en aguas argentinas a buques con bandera extranjera y tripulaciones no nacionales. La iniciativa, que lleva la firma del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, declara a la navegación marítima y fluvial como un “servicio esencial”, lo que impacta directamente sobre los derechos laborales del sector.
El nuevo marco normativo permite que, ante la falta de disponibilidad de personal argentino, se pueda contratar a tripulantes de cualquier nacionalidad. Además, autoriza a barcos extranjeros a operar libremente en rutas fluviales y marítimas nacionales.
A través de sus redes sociales, Sturzenegger defendió la decisión como una forma de reivindicar los principios constitucionales de “libertad de navegación y comercio” y criticó el “excesivo reglamentarismo” que, según él, distorsionaba el espíritu de la Constitución.
La respuesta del sector no tardó en llegar. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) rechazó la medida y recordó que ya en marzo había alertado sobre el “grave perjuicio” que implicaría para los trabajadores del rubro. En particular, el gremio remarcó que al declararse la actividad como esencial se restringe el derecho a huelga, y cuestionó la posibilidad de reemplazar mano de obra nacional por extranjera, lo que podría derivar en una caída de los salarios y en una pérdida masiva de empleos.
“El hecho de abrir la puerta a las navieras extranjeras, incluidas las chinas, que pagan sueldos de no más de 400 dólares, supone el fin de la marina mercante nacional en poco tiempo”, aseguraron fuentes del sector a la agencia EFE.
Asimismo, desde el Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la marina mercante convocaron a una asamblea este jueves a las 16 en su cede y reiteraron “la instrucción de no aceptar ni suscribir ningún cambio en las condiciones establecidas en los Convenios Colectivos y acuerdos vigentes”.
El decreto se inscribe en la lógica de reformas estructurales que el gobierno de Milei impulsa desde el inicio de su gestión, con el objetivo de desregular la economía, aunque sus efectos concretos sobre la soberanía marítima, el empleo y la industria nacional generan un creciente debate.
MM con información de la agencia EFE.
Tras el fiasco en CABA, la exmandataria y el líder del Frente Renovador no quieren que se "localice" la estrategia electoral. Se calienta el debate sobre la lapicera, a dos meses del cierre de listas. Incertidumbre y fastidio entre los intendentes axelistas.
Kicillof acuerda modificar el calendario electoral, aunque siguen las versiones de ruptura con Cristina
En un clima de desazón por los resultados de la elección porteña, donde Leandro Santoro jugó con la expectativa de un triunfo y debió conformarse con un segundo puesto, tanto Axel Kicillof como Cristina Fernández de Kirchner prometen que intentarán evitar una fractura que beneficie a Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la interna entre ambos sectores no se resolvió y se avizora un panorama en el que la estrategia de la expresidenta –junto con su aliado Sergio Massa– se impondrá por sobre la del gobernador.
Antes de los comicios porteños, el peronismo venía de atravesar una paliza en las elecciones de Chaco, San Luis, Salta y Jujuy. Los cuestionamientos internos se habían enfocado principalmente en las dos últimas, donde el PJ provincial estaba intervenido y bajo la supervisión de Cristina. Aquel malestar parecía jugar a favor de Kicillof, aunque algo empezó a cambiar en los últimos días.
El resultado de los comicios porteños demostró que, pese a la voluntad de Jorge y Mauricio Macri de apelar a una campaña local en la Ciudad, la elección se nacionalizó tal como quisieron Javier y Karina Milei. Con esa experiencia muy fresca, en algunos sectores del peronismo interpretan que lo que ocurrió el domingo podría favorecer a Cristina en la interna.
La expresidenta había ejercido una fuerte presión sobre Kicillof para que no desdoblara la elección bonaerense. El argumento que repetían en el Instituto Patria era contundente: había que nacionalizar la campaña contra Milei y no discutir temas de seguridad o salud locales, porque ese debate iría camino al fracaso. También planteaba la inconveniencia de obligar a los bonaerenses a ir a votar en dos instancias separadas. El gobernador hizo oídos sordos a esos cuestionamientos y se aferró a la máxima de poner en discusión su propia gestión. Ahora hay quienes empezaron a retrucarle que, más allá de su voluntad, eso será una misión imposible con la Rosada dispuesta a nacionalizar otro round.
“Se va a nacionalizar por más que juegue Pepe Pompin. La discusión se da a través de los medios y las redes y ahí nadie discute gestión. Se discuten modelos, valores”, afirmó a elDiarioAR un estrecho colaborador de Cristina. Tanto ella como Sergio Massa avanzaron en los últimos días en conversaciones respecto a la posibilidad de ponerse al frente de las listas: la expresidenta iría como candidata por la Tercera sección y el exministro por la Primera, donde pisa más fuerte el Frente Renovador (FR).
De confirmarse ese escenario, los más perjudicados podrían ser los intendentes que orbitan en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), ya que deberían negociar desde una posición adversa con La Cámpora y el FR a la hora de armar las listas. La fecha tope es el 19 de julio, por lo que vendrán dos meses de negociaciones intensas.
“Massa no va a tomar ninguna decisión hasta el 30 de junio”, aseguran en su entorno a elDiarioAR. La afirmación es, en sí misma, llamativa, ya que hasta hace un mes el líder del FR aseguraba que en esta elección iba a tener un rol de armador y que no deseaba ser fronting. Ahora no lo descartan. También hablan de un operativo clamor, o al menos uno incipiente, de un grupo de intendentes de la Primera y la Tercera que se acercaron a verlo para pedirle que compita. Estuvieron encabezados por Gustavo “Tano” Menéndez y Federico Otermín, dos alfiles cristinistas. En el axelismo reina la desconfianza. Consideran que las candidaturas de Massa y Cristina son, hasta ahora, es una decisión “mediática” de la que todavía no hay certezas. Una herramienta de presión para condicionar la previa y forzar a Kicillof a acordar.
La intención de Massa y Cristina de salir a jugar fuerte opera como respuesta a lo que ven que se está gestando desde la Rosada en la Provincia. Después del triunfo en CABA, Milei y su candidato Manuel Adorni abrieron la puerta para recibir a todos los que estén dispuestos a dar su salto de fe libertario. “Tabula rasa”, sostuvo el legislador electo, en una apuesta a que los dirigentes del PRO abandonen el barco de a uno y se conviertan en candidatos violetas.
En los últimos días, el peronismo bonaerense volvió a activarse. Las alarmas se encendieron después del resultado porteño, tanto en el PJ como en el axelismo, donde hasta ahora se consolaban con que los oficialismos provinciales salían ilesos de las urnas. Ambas tribus confirmaron su voluntad de bajar la tensión, convencidas de que la fragmentación podría desembocar en un triunfo libertario.
Volcados de lleno a la reparación que dejó el temporal y las inundaciones en la Provincia, en el equipo de Kicillof repiten que su estrategia será lograr la unidad: “Axel es promotor de la misma desde siempre. Si ves los discursos del año pasado, en todos pide unidad amplia para enfrentar a Milei”, dijo uno de sus armadores. En el kirchnerismo destacan que Cristina dio reiteradas muestras de su voluntad de no romper, como el hecho de haberle votado la suspensión de las PASO y el cambio de cronograma al gobernador, pese a que marcó sus diferencias públicas. El massismo se mueve en tándem con ella.
La campaña de Santoro también se volverá ejemplo de que una solución “local”, despegada de las figuras más importantes del espacio, no necesariamente garantizará un triunfo. Esta vez, nadie puede culparlos por el resultado. Por eso, en la Provincia se empiezan a posicionar como actores clave: ella, para garantizar el piso; él, para convocar a los “extrarpartidarios” con los que insiste desde hace meses. “Una unidad no sólo política sino social, llamando a todos los sectores relevantes de la sociedad Argentina a la reconstrucción nacional. Esta amplitud es importante para los sectores que están fuera de la política”, sostienen en el massismo.
LA/MG