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El empresario que conectó a Machado con Espert también es investigado por las presuntas coimas de Spagnuolo
Hombre del negocio de la aviación, Mastropietro habría recibido fondos surgidos de los sobornos de Andis, según el fiscal Picardi. Fue allanado. En 2019 hizo de puente entre el supuesto narco hoy extraditado a Texas y el economista de ultraderecha.
El empresario del negocio de la aviación Sergio Mastropietro fue apuntado por el fiscal federal Franco Picardi como uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), según fuentes con acceso al expediente que tramita en Comodoro Py.
El trazo de Mastropietro en el caso surgido de las confesiones de Diego Spagnuolo —un examigo íntimo de Javier Milei— asoma a partir de giros de cientos de millones de pesos a las empresas Baires Fly y Baires Jet, acordados con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, a quien Picardi considera una pieza clave en las coimas bajo investigación.
El juez en lo criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires Sebastián Casanello, a cargo de la causa Andis, ordenó el allanamiento de todos los domicilios personales y empresariales de Mastropietro. Su papel en la trama —según las fuentes citadas— sería relevante y su situación procesal podría complicarse en un futuro cercano.
El nombre de Mastropietro en el expediente dispara una conexión sorpresiva. Se trata de la persona a la que Federico Machado le pidió que lo contactara con José Luis Espert en febrero de 2019. En ese entonces, Machado —hoy detenido en Texas— dijo ser admirador del economista que preparaba la candidatura presidencial, y le solicitó a su colega del negocio de los aviones que oficiara de intermediario. Mastropietro apeló a un conocido con recorrido en el mundo de la política y el periodismo, Pablo Deluca, director de relaciones institucionales de Infobae, y los cuatro más un asesor de Espert participaron de un primer encuentro en el Golf Club de San Isidro.
Allí nacería la relación entre Machado y el economista de ultraderecha, incipiente postulante entonces por el Frente Despertar. Con el tiempo, Machado, dueño de la firma South Aviation y de un emprendimiento minero en Guatemala, sería imputado por fiscales federales de Texas como una engranaje central de una organización de narcotráfico y un fraude masivo, que alcanzaría cientos de millones de dólares. Entre julio y septiembre pasado, elDiarioAR revelaría detalles sobre el financiamiento de Machado a la campaña de Espert y la transferencia al economista de US$200.000 en enero de 2020, corroborando una relación económica que “El Profe”, muy cercano a Milei, había negado persistentemente.
Mastropietro es descripto en el pedido de indagatorias, detenciones y allanamientos formulado por Picardi como quien recibió fondos de algunas de las empresas que orquestaban licitaciones ficticias para apropiarse de dinero destinado a pacientes discapacitados, sin cobertura de salud o con enfermedades raras o graves.
Su rol, de acuerdo a la acusación, habría sido el de facilitar el lavado de dinero de las coimas a través de su empresa Baires Fly, que facturó a firmas de medicamentos e insumos la “compra de kilómetros nacionales para ser utilizados en aeronaves de la empresa”, una leyenda muy laxa, de improbable control.
El juez Casanello dispuso el allanamiento del domicilio de Mastropietro en San Isidro y de sus empresas Baires Fly y Baires Jets.
En el pedido de quince indagatorias, varios allanamientos y la detención de Spagnuolo y otras cinco personas, Picardi detalló que las empresas Profarma SA, Génesis SA, New Farma SA, y Floresta SA se asociaron a funcionarios y lobistas para orquestar falsas licitaciones bajo la órbita de Andis, apropiándose así de cuantiosos retornos y sobreprecios.
Casanello hizo lugar a los allanamientos y las indagatorias, y ordenó la detención de Pablo Atchabahian, un médico urólogo que sería uno de los cabecillas del grupo. Se trata de un histórico del PRO que cumplió funciones en la municipalidad de Pilar, el Gobierno de María Eugenia Vidal y el Ejecutivo de Mauricio Macri. El juez también ordenó allanar Roche, uno de los principales laboratorios globales, donde se desempeñó Atchabahian en los últimos años.
La línea que llega hasta Mastropietro conduce a Miguel Ángel Calvete. Este exjefe de la cámara de supermercados chinos y exconcejal de La Matanza por Cambiemos habría actuado como articulador de las coimas, y mantuvo una relación de mucha complicidad con Mastropietro, a quien mencionaba como “Serginho”.
El expediente constata varios registros de mails y mensajes de texto y de audio en los que Calvete ordena transferencias a las empresas del dueño de Baires Fly, así como conversaciones en las que ambos acuerdan pagos en dólares billete.
Los giros a las empresas de Mastropietro son por varios cientos de millones de pesos. A su vez, Lorena di Giorno, una funcionaria de Andis que en los hechos actuaba como una empleada de Calvete, conformó la sociedad Megastática SA junto a Mastropietro en 2018.
Acompañados de sus respectivas parejas, Calvete y Mastropietro visitaron a Spagnuolo en el barrio cerrado Altos de Campo Grande, de Pilar, el 30 de marzo y el 3 de mayo de 2025.
Una fuente próxima a Mastropietro indicó que esos encuentros en Pilar fueron meramente sociales, porque la pareja del empresario y la de Spagnuolo eran brasileñas. A su vez, el dueño de Baires Fly admite haber realizado vuelos para laboratorios y empresas medicinales, como muchas de otros rubros, pero niega haber tenido contacto de ningún tipo con Andis.
Mastropietro estaba en el exterior cuando sus domicilios fueron allanados esta semana. Anoche aterrizó en Buenos Aires proveniente de Estados Unidos en un vuelo privado.
A partir de intercambios de whatsapp y anotaciones incautadas entre las pertenencias de Calvete, Picardi tuvo indicios para deducir que en los encuentros personales en Pilar o en un domicilio en San Telmo, el presunto vértice de las coimas le entregaba sumas de dinero a Spagnuolo.
El caso salió a la luz a fines de agosto pasado cuando el sitio Data Clave publicó un audio de Spagnuolo en el que reclamaba airadamente que Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem demandaban coimas mensuales por unos US$800.000 por mes para garantizar los contratos con Andis.
En la versión de Spagnuolo, la Droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, cumplía la función de recaudadora entre sus pares para entregarle los sobornos a Karina. La hermana del Presidente se llevaría 3% de la facturación con los laboratorios a título personal, se lo escucha decir al exdirectivo de Andis.
En un giro con respecto a su estrategia inicial, Spagnuolo sostuvo días atrás que los registros no eran reales y habían sido fraguados con inteligencia artificial. El cambio de versión se dio a partir de que el abogado mediático Mauricio D'alessandro asumió la defensa, después de la victoria electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.
El juzgado y la fiscalía, no obstante, basaron la investigación en pruebas documentales, estados contables y mensajes telefónicos, según las fuentes con acceso al expediente antes citadas. Los audios difundidos por Data Clave y el streaming Carnaval fueron mencionados en la denuncia inicial que presentó un particular, pero el caso no se construyó sobre ese contenido.
Funcionarios provenientes de gobiernos de Cambiemos, como Daniel Garbellini —que también será indagado—, habrían sido asignados a puestos claves en Andis bajo la órbita de Lule Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una vez que comenzó el mandato de Milei, como forma de garantizar el circuito de las coimas.
Los Milei y los Menem calificaron la denuncia como una operación en su contra.
Familia
El vínculo de Spagnuolo con Espert se remonta al menos a 2018, cuando grupos de las ultraderechas liberal y conservadora comenzaron a articular proyectos alternativos al Gobierno de Macri. Antes de convertirse en una de las personas más próximas a Milei, Spagnuolo consideraba que Espert y su esposa, Mercedes González, eran como su familia, tal como se encargó de exponer en redes sociales. Con el tiempo, “McBain” —el apodo que le asignaban— se alejó de Espert y se acercó a Milei.
Mastropietro conocía a “Fred” Machado como colega y socio en el mercado de la aviación. La relación incluyó viajes juntos desde Estados Unidos a Argentina en algunas de sus naves.
A su vez, el apellido del dueño de Baires Fly figura en la contabilidad del fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation que se ubicó en el foco de la investigación en un tribunal de Texas. Esa empresa fue un vehículo para transacciones de compra, venta, alquiler y reparación de aviones, pero también para lavado de dinero del narcotráfico, fraudes y otros delitos, según la acusación en Estados Unidos. Por ejemplo, el giro de Machado a Espert por US$ 200.000 está inscripto como una operación del fideicomiso, que fue computada por el Bank of America.
Mastropietro es hallable en dos transacciones asociadas a South Aviation, la firma de Machado. Una por US$200.000 y otra por US$628.537, en mayo y agosto de 2015, respectivamente. Dado que se trata de un comercializador de aviones, pudieron haber sido operaciones legítimas.
Este empresario también fue presidente de Avian, la filial de Avianca que compró la firma MacAir a la familia Macri en marzo de 2016, primer año de mandato del líder del PRO.
Esa aerolínea de origen colombiano aspiraba a desarrollarse en el mercado argentino, pero enfrentó varios problemas en su país de origen y a la vez quedó afectada por la recesión local, por lo que el intento fracasó.
En la vicepresidencia de Avian fue designado Carlos Colugna, histórico directivo de MacAir. Esa continuidad alimentó la especulación de que, en realidad, los Macri nunca se habían desprendido de la firma.
Poco después de la compra de MacAir por parte de Avian, el fideicomiso de Machado registra varias operaciones que suman US$11,6 millones y aparecen referenciadas a los aviones presidenciales Tango 01 y Tango 04, que estaban en desuso.
Funcionarios del Gobierno de Cambiemos desconocen por qué se anotó esa mención a las naves de Presidencia en el fideicomiso de Machado.
Hasta ahora, los tribunales argentinos no investigaron esa pista.
SL
Avanza la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad: llaman a indagatoria al ex titular Diego Spagnuolo
La Justicia citó a declarar al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad en el marco de una investigación por presunto pago de coimas durante su gestión. La causa avanza con nuevas pruebas y testimonios que buscan esclarecer el circuito de recaudación ilegal dentro del organismo.
La Justicia federal profundizó la investigación por presuntos sobornos y maniobras de direccionamiento de contrataciones dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y llamó a indagatoria al ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otras 14 personas. Se trata de un caso que, según fuentes del expediente, expone un esquema sostenido de corrupción, sobreprecios y manipulación del sistema de compras públicas entre 2023 y 2025.
El fiscal federal Franco Picardi consideró que existen elementos suficientes para convocar a Spagnuolo a declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestos pagos ilegales a funcionarios y operadores vinculados a proveedores del organismo. “Considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 para hacer lugar al pedido del acusador público”, sostuvo el dictamen citado por Noticias Argentinas.
Un mecanismo para direccionar compulsas y beneficiar a droguerías
La investigación se aceleró luego de que, este viernes, se levantara el secreto de sumario en la causa. Los peritajes permitieron recuperar comunicaciones eliminadas, registros de video e imágenes que, según fuentes judiciales, constituyen “indicios contundentes” de sobornos. Entre ellas, una cámara registró a Spagnuolo saliendo de la casa del operador de laboratorios Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza central de la estructura ilícita.
Según el dictamen fiscal, se comprobó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios para reducir artificialmente la competencia e invitar siempre a un conjunto predeterminado de proveedores. En 21 compulsas reducidas realizadas entre julio de 2024 y agosto de 2025, las droguerías Profarma S.A. y Génesis S.A. obtuvieron el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de más de $30.337 millones.
Las pruebas incluyen incrementos de precios injustificados en medicamentos esenciales. El caso más extremo fue el del Macitentan 10 mg, adjudicado a $8.290.000 por unidad el 19 de noviembre de 2024 y vuelto a adjudicar tres días hábiles después con un incremento superior al 1.900%. Situaciones similares se detectaron con Burosumab 20 mg: mientras en compulsas generales se pagaron $21 millones por unidad, en las compulsas reducidas las droguerías beneficiadas cobraron más de $40 millones.
Conversaciones, pedidos de dinero y una estructura paralela
Uno de los elementos más comprometedores es un conjunto de audios entre Calvete y Spagnuolo. En ellos, el operador le indica al entonces titular de ANDIS dónde y cómo recibir una suma de dinero que -según el expediente- alcanzaba los $5 millones. En paralelo, quedó registrado que Calvete le pidió a su pareja, Guadalupe Muñoz, “cinco palos” en efectivo “para el boludo del pelado que viaja a Israel”.
La acusación describe una estructura compleja, integrada por funcionarios, exfuncionarios y operadores externos que utilizaban de manera indebida el sistema informático SIIPFIS para otorgar adjudicaciones a determinadas empresas. Pablo Atchabahian —ex director de ANDIS y único detenido hasta el momento— habría puesto su conocimiento del organismo al servicio de las maniobras, ordenando qué pagos frenar y a qué proveedores incorporar. Tenía vínculos directos con la droguería Génesis S.A. y el laboratorio Roche.
Daniel María Garbellini, otro de los indagados, funcionaba como nexo entre la estructura interna y la externa, permitiendo el acceso de operadores no designados a información sensible. Entre ellos estaba Luciana Ferrari, empleada de Roche S.A.Q.E.I., quien gestionaba “tickets” y obtenía datos anticipados sobre las compulsas.
La red se completaba con funcionarios como Roger Edgar Grant —ejecutor de contrataciones PACBI—, Eduardo Nelio González, y Lorena Di Giorno, todos señalados por participar en decisiones y movimientos de dinero. La logística financiera, según el expediente, incluía manejo de efectivo, cheques y articulación con servicios de aviación privada a través de Sergio Mastropietro y Alan Pocoví (Baires Fly S.A.).
Un “centro de operaciones ilícitas”, según la fiscalía
Para Picardi, la evidencia demuestra que ANDIS funcionó entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 como “un centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”, cuyo objetivo era obtener “amplias sumas de dinero de manera indebida” mediante el direccionamiento de licitaciones y adjudicaciones de medicamentos críticos para personas con discapacidad.
Con la indagatoria de Spagnuolo y otros catorce imputados, la causa entra en una etapa clave. La Justicia deberá ahora evaluar si dicta nuevas detenciones y si amplía las imputaciones en función de las pruebas económicas y digitales reunidas.
Con información de la agencia NA y fuentes del expediente
Bullrich buscaba Migraciones desde que llegó al Gobierno y crece la alerta por la mano dura en seguridad
Pese a la polémica interna, no se modificó el DNU que le quitó áreas clave a Interior. Especialistas y organizaciones advierten sobre la lógica punitivista y la criminalización de personas migrantes. Los contratos del Renaper.
Patricia Bullrich consiguió un viejo anhelo que tenía cuando ingresó al gobierno de Javier Milei: hacerse con el control migratorio desde el ministerio de Seguridad. Y pese al zigzag oficial, también se quedó con el Renaper, la agencia que imprime los pasaportes y DNI. El cambio del organigrama le quitó fierros a Diego Santilli en Interior y abrió una interna entre ambos funcionarios que todavía no se disipó. “Falta que se termine de resolver”, apuntaron cerca del “Colo” sobre la posibilidad de que al menos Renaper vuelva a la cartera que lleva la relación con las provincias. Mientras tanto, la avanzada que consiguió la futura jefa del bloque oficialista en el Senado revela una intención libertaria de dotar de mano dura la cuestión migratoria y despertó alertas en organizaciones civiles y especialistas.
Según pudo reconstruir elDiarioAR, Bullrich consiguió Migraciones y Renaper después de insistentes pedidos a los dos jefes de Gabinete que ya tuvo Milei: Gustavo Posse y Guillermo Francos. Finalmente lo consiguió tras salir fortalecida en las elecciones legislativas. Le deja así reforzado el ministerio a su sucesora, Alejandro Monteoliva, aunque la flamante senadora seguirá manejando los hilos detrás de escena.
“Siempre le interesó a Pato lo de Migraciones”, confió un funcionario que conoce el día a día del ministerio del Interior, hasta hace poco comandado por Lisandro Catalán y, más atrás en el tiempo, por el propio Francos. “Migraciones es más importante que el Renaper para la cuestión de la seguridad. Pero en su momento Posse ya nos había dicho que no. Es una buena idea porque permite ir hacia un sistema integral de seguridad”, aseguró una voz que conoce desde adentro la gestión de Bullrich, que agregó sin titubear: “El Renaper ayuda, pero ahí hay muchos contratos también”.
Las nuevas potestades de Seguridad generan preocupación sobre el modo en que el Gobierno gestiona la apertura o cierre de sus fronteras. Voces especializadas consideran que el cambio de perspectiva “profundiza la estigmatización y criminalización” hacia quienes buscan llegar a la Argentina. Está en línea con la modificación de la Ley de Migraciones –hecha hace pocos meses– y la modificación de la estructura de la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) tras la disolución del INADE.
“Trasladar toda la política migratoria al Ministerio de Seguridad agrava la situación que ya impusieron las reformas de los últimos dos años. Ya no solo implica una gestión con perspectiva de seguridad, como si la cuestión de la migración fuera una amenaza para el Estado, sino que la política migratoria y la de registración de personas van a estar, directamente, a cargo del sistema de seguridad”, apuntó a elDiarioAR Diego Morales, director de litigio del CELS.
El Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional
La organización adelantó que informará los nuevos cambios a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace dos semanas advirtió sobre la afectación de derechos de las personas migrantes y refugiados. “Con esta nueva reforma, el Estado desoye estas advertencias y profundiza la estigmatización y criminalización de estos colectivos al definirlos como problemas de la seguridad nacional”, concluyó Morales.
“Se pasa de una lógica civil e integradora a otra más vinculada al control y la seguridad nacional; implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración”, advirtió a este medio Fernando Ardanza, abogado y especialista en Derecho Migratorio, socio fundador de Global Mobility Argentina. El especialista remarcó la posibilidad de “tensionar el espíritu” de la Ley 25.871 de Migraciones: “Cuando las decisiones sobre residencia o permanencia dependen de una cartera que gestiona fuerzas federales, el mensaje político cambia. Porque la ley, lejos de concebir la migración como una amenaza, reconoce la migración como un derecho humano y una fuente de desarrollo e integración para el país”.
Implica el riesgo de reforzar una mirada policial o de orden público sobre la migración
¿Lo pidió Trump?
Los cambios en la política migratoria en la gestión Milei-Bullrich van de la mano con la mano dura de Donald Trump. El gobierno republicano lanzó una feroz reforma para expulsar migrantes y en la Casa Rosada no se quedaron atrás: en mayo se firmó el decreto 366/25, que luego fue declarado inconstitucional en una parte. Un juez federal entendió que invocaba “una situación de excepcionalidad” para reformar la ley de Ciudadanía, ya que el decreto trasladaba la facultad de otorgar la nacionalidad de los magistrados a la Dirección Nacional de Migraciones, exigía que los dos años de residencia fueran no solo continuos sino también legales y sin salidas del país, y añadía como causal de naturalización la realización de una “inversión relevante” en Argentina.
El DNU habilitó también la deportación de extranjeros que cometen delitos y el pago de servicios de salud y de educación por parte de las provincias, aunque varios aspectos ya estaban vigentes, por lo que el anuncio solo reforzó la narrativa de mano dura libertaria.
El Gobierno también avanzó en la búsqueda de que EE.UU. elimine para los argentinos la obligatoriedad de una visa. En julio visitó el país la secretaria de Seguridad Nacional de Trump, Kristi Noem, y se firmó una “declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas”. Luego se supo que el proceso le llevará más tiempo del que pensaban en la Casa Rosada.
“Hay tendencia de algunos países, como México o Panamá, con problemas migratorios con Estados Unidos y tienen en sus fronteras un servicio policial para que toda esa gente no llegue al norte, pero no es lo que pasa en Argentina, que estamos muy lejos”, señaló a elDiarioAR Sabina Frederic, ex ministra de Seguridad. En contrapartida, cuestionó la política bullrichista al respecto: “El régimen migratorio argentino es bastante más abierto que cualquiera de la región. La articulación de Migraciones y Seguridad sí puede resolver problemas de gestión como el control de personas con pedido de captura, pero Bullrich es una máquina de acaparar cosas y a la vez tiene dificultades para gestionar”, apuntó la referente del Instituto En Foco de Políticas sobre Delito, Seguridad y Violencias.
“Tanto los datos del Renaper como de Migraciones son relevantes para la seguridad y dan mucho poder. Roza lo peligroso y profundiza el perfil securitario de la totalidad del gobierno”, alertó el diputado de Unión por la Patria José Glinski, miembro de la comisión de Seguridad Interior y ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Si se mantiene el cambio, el tablero de Seguridad ostentaría el manejo de 164 pasos fronterizos (39 aéreos, 73 terrestres y 52 marítimos o fluviales), además de comandar ya la PSA, Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Según datos oficiales, las diez nacionalidades que registran mayor cantidad de tránsitos son: paraguayos, brasileños, uruguayos, chilenos, bolivianos, estadounidenses, peruanos, colombianos, venezolanos y españoles, que representan el 92,6 % de las entradas y salidas de extranjeros.
Por el lado del Renaper, el ministerio de Seguridad deberá lidiar con la polémica por los miles de pasaportes defectuosos que obligaron al Gobierno a que se reimpriman de manera gratuita. Pero detrás de escena la oficina es una importante caja. Un proveedor habitual del Estado en la impresión de los documentos es Unitec Blue SA, propiedad de Eduardo Eurnekian, que en 2023 ganó una licitación con Alberto Fernández para elaborar DNI por US$45.378.416,8 y pasaportes US$11.822.223. Entre 2024 y 2025 –ya en la época Milei–, la empresa obtuvo del Renaper la adjudicación de contratos para insumos clave para la producción de DNI y pasaportes electrónicos por 6,51 millones de dólares.
MC
Milei gana terreno en una red evangélica global que pide derogar el aborto y rechaza la homosexualidad
La prédica de Franklin Graham ante 70 mil personas en Vélez confirmó la expansión de las iglesias evangélicas al calor libertario. El investigador Ariel Goldstein explica su relación con el sionismo y la extrema derecha. La agenda en el Congreso de la nueva bancada de la fe.
El avance del evangelismo político: “Dios, Patria y Libertad” como nueva bandera del oficialismo
Desde lo alto del estadio de Vélez, el viernes pasado durante el Festival evangélico Esperanza Buenos Aires, se veían niños subiendo por las gradas, corriendo sobre el césped de la cancha y jugando entre las sillas bajo una llovizna y un frío casi invernal. Ellos fueron los receptores del primer espectáculo de la tarde, que combinó coreografías y canciones infantiles. Al final de la jornada, recibirían una dosis de educación sexual evangélica. “Dios quiere que disfruten del sexo y que lo usen”, les dijo Franklin Graham, el pastor más influyente del mundo y asesor espiritual de Donald Trump, pocos días después de haberse reunido con Javier Milei.
El evento fue organizado por la Billy Graham Evangelistic Association y la ONG Samaritan Purse, que dirige Franklin (ambas valuadas en 765 millones de dólares, según la prestigiosa revista New Yorker), en el marco de una estrategia regional de la derecha evangélica alineada con el trumpismo, que busca darle un mayor impulso al regreso de una corriente conservadora mundial.
Frente a 40 mil personas en el estadio de Vélez (entre viernes y sábado concurrieron 70 mil fieles), el pastor internacional de 73 años, hijo del legendario Billy Graham y heredero de la dinastía evangélica fundada por su padre, aclaró: “Pero el sexo debe ser usado dentro del matrimonio. No entre dos hombres. No entre dos mujeres”. La multitud lo ovacionó, y Graham -que en su país promueve un discurso antiimigrante y afirma que Trump es un “enviado de Dios”- continuó su prédica en defensa de la familia tradicional, en contra del aborto y llamando al arrepentimiento de los “pecadores sexuales”.
“Este es el momento propicio para el crecimiento de las derechas y de las iglesias evangélicas”, sostiene Ariel Goldstein, investigador del Conicet y autor de Poder Evangélico y La cuarta ola: Líderes, fanáticos y oportunidades en la nueva era de la derecha extrema. “En sociedades atravesadas por crisis económicas y de pertenencia, estos espacios ofrecen contención, moralidad y comunidad”, agregó.
Del trumpismo al mileísmo: una red de fe y poder
La expansión del evangelismo en la región se consolidó con la victoria de Donald Trump en 2016 y el apoyo político de pastores ultraconservadores. En 2018, el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil coincidió con el debate por la legalización del aborto en Argentina, que visibilizó a los movimientos evangélicos y fortaleció su capacidad de organización.
“De ese proceso surgieron figuras como Cynthia Hotton, candidata junto a Gómez Centurión en 2019, y otros referentes que intentaron vincular derecha y evangelismo. Aunque esas experiencias no prosperaron, marcaron el inicio de un proceso de politización que hoy continúa bajo nuevas formas”, explica el autor de Poder evangélico.
En este contexto, tras las múltiples crisis que dejó la pandemia y con un movimiento evangélico en crecimiento —del 9% de la población argentina en 2009 pasaron al 15% en 2019—, Milei asumió la presidencia y replicó la fórmula de Estados Unidos y Brasil: buscar el respaldo de pastores como puente hacia sectores populares y conservadores. A cambio, el Gobierno impulsó medidas que reforzaron la presencia institucional y territorial de las iglesias evangélicas.
Beneficios y respaldo estatal
El Ejecutivo avanzó con el Decreto 486/2025, que permite a las iglesias no católicas constituirse jurídicamente bajo su propio marco religioso, habilitando la posibilidad de administrar sus bienes y llevar registros contables sin necesidad de hacerlo como asociaciones civiles o fundaciones. Además, un dictamen de la Procuración del Tesoro, emitido en enero, eximió a una congregación del pago de aportes sindicales por motivos de conciencia religiosa, medida que favoreció al sector evangélico y debilitó el poder sindical.
También, a través de la llamada “ley de rezagos”, la Secretaría General de la Presidencia distribuyó miles de bienes incautados por la Aduana a fundaciones vinculadas a congregaciones religiosas. Entre las más beneficiadas figuran la Fundación Cristiana Cielos Abiertos (Mendoza), con más de 800 mil artículos; la Fundación Portal del Norte (Chaco), con 7.500; y la Asociación Visión de Campeones (Corrientes), con más de 30 mil productos, entre ropa, utensilios y artículos de higiene.
En julio, Milei tuvo otro gesto fuerte hacia la comunidad evangélica: se convirtió en el primer presidente en visitar un templo evangélico: Portal del Cielo, en Resistencia, el más grande del país, inaugurado dos días antes.
Ahora, la agrupación Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina (SAEA) denunció que el Gobierno designó a las iglesias y organizaciones religiosas como intermediarias en la distribución de asistencia alimentaria, un rol que antes correspondía a los comedores populares. Entre las beneficiarias figuran ACIERA (Asociación de Iglesias Evangélicas) y el grupo católico Conin, encabezado por Abel Albino.
“En Argentina, el evangelismo no tiene aún el peso institucional que alcanzó en otros países, pero La Libertad Avanza busca construir una alianza más sólida con esos grupos”, señala Goldstein.
La irrupción legislativa del bloque de fe
Tras el triunfo legislativo de octubre, esa alianza se consolidó. Milei encabezó en la Casa Rosada la primera ceremonia evangélica en la historia del Ejecutivo, organizada por ACIERA, la principal alianza de iglesias del país.
En el Congreso, los evangélicos obtuvieron seis bancas nuevas. El bloque de fe está integrado por las senadoras Nadia Márquez (quien mantiene estrechos vínculos con Israel y su nombre suena como futura candidata a gobernadora de Neuquén) y Vilma Bedia, y por los diputados Mónica Becerra, Maira Frías, Miguel Rodríguez, Gastón Riesco, Soledad Mondaca, Santiago Pauli y Lourdes Arrieta (hoy exlibertaria). Impulsan una agenda centrada en la defensa de la familia tradicional, la revisión de la ley de aborto, cambios en la educación sexual y una reforma de la ley de salud mental.
También buscan, según declaró Márquez, mayor incidencia en organismos como la Defensoría de los Derechos del Niño. Su objetivo es trasladar al plano legislativo el ideario moral y religioso que comparten con el oficialismo, combinando conservadurismo en lo cultural y liberalismo en lo económico.
“La llegada de referentes evangélicos al Congreso introduce, por primera vez, una representación directa de su visión religiosa en el ámbito legislativo. Aunque su número es limitado, su influencia ya se percibe en la agenda pública”, dice Goldstein.
Banderas argentinas y banderas de Israel
En Vélez, una multitud de familias de sectores mayormente populares ocupaba las gradas. Algunos sostenían cruces, otros termos y mates. Hombres con remeras que decían “Caballeros del Rey” cantaban con los brazos al cielo; mujeres reían o se abrazaban, visiblemente conmovidas. Mientras, el influencer de la fe más importante de Occidente seguía con su prédica.
“Cuando aterricé, me encontré con su presidente. Y me gustó mucho”, declaró Graham. “Dentro de nosotros hay un vacío que sólo puede ser llenado por Dios. Y yo te digo: Dios tiene un plan para tu vida”, continuó.
“Las iglesias evangélicas se adaptan con facilidad a las realidades locales: sus pastores mantienen un vínculo directo con la comunidad, tienen presencia en los barrios y logran conectar con los jóvenes mediante un lenguaje cercano. Esa flexibilidad, junto con la autonomía de sus congregaciones —sin una jerarquía central como el Vaticano—, potencia su expansión y su influencia política”, explica Goldstein.
Entre las luces, flameaban banderas argentinas y del Estado de Israel, mezcladas en una misma exaltación espiritual. Esa alianza entre fe evangélica y judaísmo se refleja en el Gobierno tanto en la religión que profesa Milei como en eventos como La Derecha Fest, donde pastores evangélicos comparten escenario con figuras del liberalismo libertario quienes reivindican al Estado de Israel.
“El evangelismo pentecostal mantiene un fuerte alineamiento con el Estado de Israel, promovido desde Estados Unidos y basado en una creencia teológica: el regreso del Mesías y la refundación del mundo ocurrirán en Jerusalén. Esa convicción sustenta su respaldo político a medidas como el traslado de embajadas y su afinidad con el gobierno israelí”, analiza Goldstein, que completa con otro punto de contacto entre la fe pentecostal y la visión libertaria: “Los pastores se presentan como modelos de éxito bajo la teología de la prosperidad, que combina fe, mérito y autosuperación. Sus iglesias funcionan como organizaciones con poder económico y presencia mediática. Esa fusión de religión, emprendimiento y eficiencia las convierte en un actor político en ascenso”.
MC
El cuidado: más allá del amor, un derecho humano aún pendiente de políticas efectivas
La Corte Interamericana lo reconoció como derecho. Ocupa las agendas públicas de los países latinoamericanos, salvo la de Argentina. Acá, las políticas de cuidado son tierra arrasada. Una nueva ley de emergencia en cuidados podría convertirse en dique de contención.
Mabel cuida. Se levanta a las 5.30, pone a calentar agua para el mate y mientras tanto carga el lavarropas, corta pan, lo tuesta, pela verduras para las viandas. Su orquesta de tareas domésticas empieza a sonar al alba y se silencia a la medianoche. Vive en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, trabaja por las mañanas en el barrio porteño de Montserrat, donde limpia oficinas. Tiene una hora y media de viaje, primero toma el 140, después el 17. Antes lleva a su hijo Lucas a la escuela, a la Juana Manso de Villa Adelina, y a la pequeña Marisol la deja en lo de una vecina. Los cría sola desde que el padre se fue a trabajar a Uruguay. A veces él manda algo de plata. A veces. Mabel entonces trabaja más horas. Por las tardes, cuida a una señora de casi 80 años en la zona de Villa Ballester, justo a dos cuadras de la iglesia de La Merced, donde la lleva a pasear.
Mabel es una de las miles de mujeres jefas de hogar en Argentina, donde hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 25% del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, según datos de Fundar. A su vez, dos de cada tres de estos hogares monomarentales no perciben la cuota alimentaria, o la reciben de manera aleatoria (UNICEF).
Cuidar es un trabajo
Como tantas otras mujeres, Mabel dedica su vida a cuidar, de forma remunerada y no remunerada. Limpiar, cocinar, lavar ropa, bañar, llevar a la escuela, a turnos médicos, ayudar con las tareas escolares, dar medicamentos, acompañar y contener emocionalmente: todas estas tareas implican trabajo y han sido históricamente invisibilizadas. Se nos enseñó que eran actividades realizadas por amor, amor de madres, amor abnegado, pero como dice la filósofa e historiadora Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Aunque haya amor, hay en el cuidado además un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida. Y lo hacen mayoritariamente las mujeres en el mundo entero sin obtener una remuneración económica a cambio: “Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, explica Federici, autora de ‘Calibán y la bruja’.
Los movimientos feministas han logrado introducir la temática de los cuidados en la agenda pública. La pandemia hizo lo suyo: cuando el mundo se detuvo, lo único que parecía seguir girando, irremediablemente, era el disco rayado de los cuidados. Todas las actividades habían quedado suspendidas en el tiempo, salvo cocinar, limpiar, higienizarse. La rueda sinfín de los cuidados nunca se detiene. Como Bill Murray en la película ‘El día de la marmota’, que se desespera ante el sonido perturbador de su despertador cada mañana, que le anuncia el inicio del mismo acto rutinario, agobiante por lo reiterado.
Otra vez sopa, otra vez a cuidar.
Tiempo, bendito tesoro
Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, elaborada por el INDEC, podemos observar claramente que las mujeres argentinas invierten tres horas diarias más que los varones en trabajo no remunerado, y esto se traduce en menos tiempo para educarse, para generar ingresos, para descansar, socializar, ir al cine, leer. En definitiva, las mujeres tienen menor calidad de vida y menos autonomía, lo que a su vez eventualmente limita sus posibilidades de salir de vínculos violentos. Las mujeres, entonces, son más pobres, más dependientes, más sometidas.
A pesar de las transformaciones culturales conquistadas por los movimientos feministas y de la diversidad, persiste fuertemente la división sexual del trabajo, que promueve tareas productivas fuera del hogar para los varones y tareas reproductivas domésticas para las mujeres. Valga como ejemplo que las trabajadoras de las casas particulares son el último eslabón en el mercado laboral, el peor pago, el más informal y precario. Según el Ministerio de Trabajo, 99,3% de este trabajo es realizado por mujeres.
Las que cuentan con mayores recursos contratan a otras mujeres. Es lo que se conoce como feminización de los cuidados. Las pobres se ocupan de los cuidados de las ricas. Las pobres también cuidan a las pobres, en los comedores populares, en los barrios más vulnerables, en las organizaciones comunitarias. Las mujeres sostienen el mundo.
En la década del 90 las feministas italianas consiguieron lo que se conoció como la “ley del tiempo” y pudieron hablar de la injusticia en el uso del tiempo. Treinta años después, las feministas argentinas lograron otro hito histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como un derecho humano, y por lo tanto los Estados tienen la obligación de garantizarlo.
El cuidado ya no es invisible: ahora es un derecho humano
En enero de 2023, Argentina había presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. La respuesta llegó en agosto de 2025. Fue contundente: reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano. Esto significa que todas las personas tenemos derecho a recibir y brindar cuidados, y también al autocuidado. No es un privilegio ni es un asunto privado, todas las personas necesitamos recibir cuidados en alguna etapa de nuestra vida, y el Estado debe garantizarlo.
Quienes cuidan tienen que tener derechos laborales, los Estados deben cuidar a quienes cuidan. La Corte dijo algo más: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género, que tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, como la pobreza, la dificultad de acceso al trabajo remunerado y de calidad, a la educación y a una jubilación digna. Los Estados deben reconocer esas desigualdades y generar herramientas para garantizar el acceso al cuidado en tanto derecho humano. Fue clara la Corte: es hora de compartir los cuidados entre las familias, la comunidad, el mercado y los Estados.
El cuidado es un derecho y es un asunto colectivo.
Quiero tiempo no enjaulado
Ya lo decía María Elena Walsh en la ‘Marcha de Osías’, allá en 1966: queremos tiempo no apurado, no enjaulado, tiempo de jugar, de gozar, estudiar, viajar, pensar, leer, soñar.
Las mujeres del Partido Comunista Italiano fueron pioneras: en el año 1990 presentaron un proyecto que se llamó “Ley de los Tiempos”, en el que planteaban que la gestión del tiempo era un problema político. La iniciativa cuestionó el reparto sexista del tiempo y planteó una reivindicación fundamental: un tiempo para vivir. Las feministas italianas tomaron la delantera: el artículo 1 de la ley reconocía el derecho de toda persona a prestar y recibir cuidados y a disponer de recursos y de tiempo para ello. Algo similar a lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 2025.
El proyecto de las italianas incluía un artículo sobre el tiempo en la ciudad: decía que los horarios comerciales, bancarios, de oficinas públicas, escolares eran incompatibles con el horario del empleo remunerado y que eso exigía que alguien, léase las mujeres, renunciaran a su propio tiempo. Proponía que los Estados crearan planes para ordenar los tiempos de la ciudad.
Roma entonces reordenó los ritmos urbanos. “Estuve ahí en ese momento. Vi los cambios en el sistema de transporte romano, la creación de clubes de mujeres, el doble horario de la oferta educativa. Empezaban a tocar una nueva música las italianas feministas”, recuerda con emoción la socióloga y pionera en temas de cuidados Virginia Franganillo.
“Si los varones no cambian, cambiemos las ciudades”, decían las italianas. Lograron que se sancionara parte del proyecto de ley. Así pusieron el tema sobre las mesas italianas, lo colaron en los debates intelectuales y crearon herramientas para medir el uso del tiempo. Su lucha resonó en otros países de Europa, y también en América Latina, donde hoy las feministas lideran la discusión pública sobre el tiempo de los cuidados.
“En los 60 discutíamos sobre la división sexual del trabajo. Militantes y académicas argentinas debatimos sobre cuidados durante veinte años, pero no se había logrado crear una política pública. Años después, el gran espaldarazo fue el primer paro de mujeres”, recuerda Franganillo. Era el 8 de marzo de 2017. Argentina daba a luz el primer Paro Internacional de Mujeres. ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’: los cuidados salieron del clóset doméstico y fueron parte de los reclamos que ese día ocuparon las calles.
¿Y quién podrá cuidarnos?
El mundo cambió: se extiende el promedio de vida. El envejecimiento poblacional implica que las personas viven más años y que habrá mayor cantidad de personas adultas mayores que demandarán cuidados. Además, bajan las tasas de natalidad, por lo tanto habrá menos personas jóvenes para cuidar a las mayores. A su vez, cambian los modelos de familia: a los tradicionales se suman los monomarentales, monoparentales, matrimonios igualitarios con y sin hijes, personas que viven solas, modelos que se arman y se desarman. Si históricamente los cuidados eran asuntos familiares, domésticos, las nuevas formas de vida familiar contarán con menos personas para brindar cuidados.
Según la Encuesta del Uso del Tiempo de 2002, en Argentina el 70% del cuidado de las personas mayores lo hacen las familias. Bueno, las mujeres de las familias. En el 30% restante, el cuidado lo gestionan personas externas (otros familiares, la comunidad, el mercado). Quienes pueden contratar servicios de cuidados remunerados en el mercado representan menos de 10% de los hogares, según el último informe de Fundar.
En la medida en que la demanda de cuidados cambia más rápido que la oferta de infraestructura y servicios, existe una sobrecarga de responsabilidades de cuidado en las familias. Bueno, en las mujeres de las familias.
Hoy los Estados se ven ante la necesidad de abordar los cuidados con políticas públicas. Es una oportunidad para el empleo y el desarrollo de las ciudades. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo en Argentina la economía del cuidado podría crear alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030.
En los últimos años, Argentina venía avanzando a paso firme en el diseño de las políticas de cuidados, a través del Mapa Federal del Cuidado (un portal para localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado y de formación para personas cuidadoras), el Programa Casa Activa de acceso a complejos de vivienda colectiva para personas adultas mayores, el proyecto de ley presentado en el Poder Legislativo para crear un Sistema Integral de Cuidados, la mesa interministerial de cuidados, la creación de 500 centros de Desarrollo Infantil de atención integral para infancias hasta los 4 años de edad, kits de lactancia, el Sello Igualar para generar espacios laborales más inclusivos.
Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 el panorama es otro: de 50 políticas de cuidado sólo 3 quedan activas. Son datos del último informe de la Cocina de los Cuidados, un espacio intersectorial de monitoreo de las medidas gubernamentales en el campo de los cuidados, integrado por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas.
Cuidado descuidado
Algunos de los resultados del informe: 1,4 millones de personas adultas mayores quedaron por fuera de la cobertura de medicamentos de PAMI, ya no se distribuyen anticonceptivos, cunas para bebés, equipamiento para maternidades, medicamentos para el embarazo, hierro para recién nacidos, se redujo a un tercio el presupuesto para cuidadoras comunitarias, se cerraron 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumo problemático, que es una de las pocas herramientas de contención para jóvenes con problemas de consumo en los barrios populares.
“En el gobierno anterior habíamos creado programas ejemplares para el resto de la región -explica Lucía Cirmi, Economista y ex Subsecretaria de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad-. Desarrollamos una batería de políticas con una escala muy por encima de lo que se manejaba en el resto de América Latina. Por ejemplo, el Mapa Federal de los Cuidados después se replicó en Colombia, Brasil y Chile. El programa Registradas (creado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado), que alcanzó acá a 43 mil mujeres, tenía cuatro veces la cobertura de lo que tiene un programa similar en Chile. Nuestra política de vivienda activa y colectiva para personas adultas mayores fue la primera experiencia pública en Latinoamérica. Todas políticas que se replicaron en otros países y que desarmó el gobierno de Milei”.
Al menos nueve países latinoamericanos ya avanzaron en leyes integrales de cuidado y otros quince modificaron políticas para ampliar sus sistemas (Cepal, 2025). Es la antítesis de Argentina: acá se enfocó el ajuste en las personas que cuidan y en quienes necesitan recibir cuidados, a quienes hunde en el abandono.
En agosto de este año tuvo lugar la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno de México. El centro del debate: la sociedad del cuidado, un modelo que reconoce el cuidado como un derecho humano, un trabajo productivo y un pilar del bienestar social. En la conferencia se acordó una nueva hoja de ruta para los próximos 10 años a través del ‘Compromiso de Tlatelolco’. El gobierno argentino no se presentó. Sí lo hizo la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que firmó un convenio bilateral con México.
Buenos Aires ha logrado sostener algunas políticas de cuidados al margen de la motosierra nacional: obras de infraestructura para la primera infancia, el Plan Qunita de acompañamiento integral para madres y recién nacidos, el registro y formalización de trabajo de cuidadoras de personas adultas mayores. Las provincias de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego pudieron avanzar en proyectos para crear sistemas de cuidados. También han sostenido algunas políticas de cuidados La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santa Fe.
“Es imposible mantener las políticas nacionales que han sido desmanteladas; de todos modos, estamos sosteniendo programas locales como el Cuidar, y optamos por no visibilizar programas para evitar los castigos y así protegerlos”, explica Alicia Tate Rubio, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe.
Desde la Cocina de los Cuidados pensaron una estrategia: un proyecto de ley presentado a través de la diputada Mónica Macha que pretende obligar al gobierno nacional a dar marcha atrás en el desmantelamiento de las políticas públicas declarando la emergencia en políticas de cuidados. “Pensamos no solo una política pública sino en construir un paradigma del cuidado, una perspectiva que transforme al Estado en un Estado que cuida. Para los feminismos es un tema de agenda muy actual y seguimos trabajando en medio de este contexto tan hostil”.
“Estamos en una profunda regresión, peleando contra el hambre. Pero hemos logrado algo: concientizar sobre el cuidado como un trabajo. De esa no nos bajamos”, dice Virginia Franganillo desde los pasillos de un hospital, mientras cuida a una amiga que está atravesando una enfermedad grave. Sabe de cuidados.
El discurso de odio contra la población LGBTI+ que dio el presidente en Davos le rebotó como un bumerang: en febrero de este año la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se convirtió en una de las movilizaciones de resistencia más rotundas. Hoy, las embestidas contra las poblaciones que más necesitan ser cuidadas van delineando otro dique de resistencia ante la crueldad.
“Échame tierra y verás cómo florezco”, dijo alguna vez Frida Kahlo, en rebelión ante el dolor y las injusticias.
MK / MA