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Noticias de La Rioja

Milei cedió y Bullrich anuncia una treintena de cambios para aprobar la reforma laboral

Patricia Bullrich ingresó al Salón de las Provincias del Senado triunfante, escoltada por el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi. La jefa de La Libertad Avanza organizó, a último momento, una conferencia de prensa para dar a conocer las 28 modificaciones que había negociado con los senadores aliados para aprobar la reforma laboral que, según estima, tiene ya los votos asegurados para aprobarse este miércoles en el Senado. Y era ella quien quería mostrar que los había conseguido. 

“Hace muchísimos años, desde la vuelta a la democracia, la Argentina viene trabajando la posibilidad de adecuar normas laborales a los distintos cambios de nuestro país en el mercado laboral. Hoy venimos a anunciar, con un gran bloque integrado por distintos actores políticos, de la UCR, los PRO y los partidos provinciales, que hemos cerrado un acuerdo”, anunció, satisfecha, la ex ministra de Seguridad. 

A su lado estaban Vischi y el jefe del PRO, Martín Goerling Lara, a modo de representación de los bloques aliados. Y, más atrás, expectantes, estaban los senadores libertarios: ellos también esperaban la conferencia de prensa para enterarse qué diría, finalmente, el proyecto de reforma laboral. 

“La reforma laboral se construyó con horas de trabajo con todos los senadores que integran el grupo de 44 senadores de la Nación”, se jactó Bullrich, quien había pasado, horas antes, por Casa Rosada para terminar de validar los cambios negociados con los aliados. En la reunión de la mesa política –donde participaron también Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santilli, Santiago Caputo y Martín y Lule Menem–, Luis “Toto” Caputo terminó dando el okey al mayor punto de conflicto con los gobernadores: la baja de la alícuota del impuesto a las Ganancias, que los mandatarios advertían que desfinanciaría a las provincias. 

En el Gobierno, finalmente, prevaleció el pragmatismo. Se aceptaron los pedidos de los gobernadores y de la CGT y se selló, así, el número para sesionar el miércoles.

Los cambios en el proyecto

Los gobernadores se enteraron de la modificación más esperada poco antes de que Bullrich iniciara la conferencia de prensa: la baja de las alícuotas del impuesto a las Ganancias se pospondría y se volvería a discutir en el futuro en el marco de una reforma fiscal más amplia. “El tango se baila de a dos. En este acuerdo el gobierno propuso una rebaja de Ganancias, los senadores pidieron una mirada más integral. Creo que no hay ganadores o perdedores. Creo que hay un acuerdo en el que se aceptan las miradas”, señaló Bullrich.

Otro cambio fue el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una creación de Federico Sturzenegger para financiar las indemnizaciones por despidos de las empresas. La versión original proponía financiar el FAL con el 3% de aportes patronales que las empresas derivan a la seguridad social, es decir a las jubilaciones. La nueva versión, en cambio, destinará el 1% de los aportes, en el caso de las empresas grandes, y el 2,5% en el caso de las PYMES. 

Los sueldos seguirán siendo “dinámicos” –es decir, que pueden ser reducidos por la empresa–, pero tendrán que ser depositados, sí o sí, en entidades bancarizadas. Originalmente se había habilitado para billeteras virtuales, en un guiño a Mercado Pago, pero finalmente se terminó definiendo que el cobro sería solo a través de bancos. “El salario es muy importante y no todos tienen las mismas exigencias. Los bancos si no reciben el dinero pagan igual. Pero una billetera virtual, sin capacidad de nada, cobra y se lleva el salario de los trabajadores”, explicó la ex ministra de Seguridad.

La CGT, mientras tanto, logró sostener el 6% de aportes patronales destinados a las obras sociales –el Gobierno lo quería bajar al 5%– y sostener, durante dos años, la obligatoriedad de las cuotas solidarias. Los aportes solidarios, que los trabajadores destinan para financiar a los sindicatos, tendrán un tope del 2%. En el Gobierno advierten, sin embargo, que la redacción de este artículo (el 128) seguirá generando conflictos con la CGT porque la central sindical seguirá presionando para modificarlo. Ningún sindicalista quiere llegar a 2028 y encontrarse con que, a partir de entonces, los aportes pasarán a ser voluntarios. 

Las asociaciones empresarias también consiguieron lo suyo: el Gobierno había amagado con eliminar los aportes obligatorios para financiar a las cámaras empresariales, pero Javier Milei terminó aceptando establecer la obligatoriedad de un aporte del 0,5%. 

La ultraactividad de los convenios colectivos continuará estando limitada, con una diferencia: la Secretaría de Trabajo, que hoy conduce Julio Cordero, no estará ya facultada a suspender de oficio la homologación del convenio colectivo. Sí se establece, en cambio, que podrá suspenderse “por petición de cualquiera de las partes legitimadas”. Es decir que los empresarios podrán pedir suspender los convenios colectivos una vez vencidos. 

El cambio de la prevalencia de los convenios colectivos, en cambio, continuará vigente en el proyecto que se debatirá el miércoles. Milei rechazó el pedido de sostener la prevalencia de los convenios por actividad por sobre los de empresa, por lo que Bullrich terminó anunciando que la reforma laboral insistirá en su versión original. Es decir: un convenio de ámbito menor –por empresa o por territorio– tendrá prelación por sobre un convenio de ámbito mayor, sea por actividad o nacional. 

El fraccionamiento de las vacaciones, el banco de horas que elimina las horas extra y la disminución de las indemnizaciones, en cambio, seguirán vigentes.

MCM/CRM

"Vamos a prender fuego el país": los gremios endurecen su postura ante la reforma laboral

Los gremios más combativos dentro de la CGT endurecieron este martes su discurso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y advirtieron sobre una escalada del conflicto sindical a partir de la votación de mañana en el Senado. Anticipan paros, movilizaciones y la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado. El mensaje más contundente lo expresó en Rosario el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, durante una movilización previa a las jornadas de protesta convocadas a nivel nacional para este miércoles.

“Vamos a prender fuego el país, a través de una huelga por tiempo indeterminado. Sobran los motivos”, afirmó Yofra en declaraciones realizadas en una transmisión en vivo de Cadena 3 Rosario, en el marco de una movilización sindical contra el proyecto oficial. El dirigente sostuvo que la reforma representa un ataque directo a los derechos laborales y llamó a profundizar las medidas de fuerza.

La protesta en Rosario se inscribe en un plan de acción más amplio de las dos CTA, la UOM, Aceiteros y otros gremios de la CGT, en el marco del Frente de Sindicatos Unidos. Para este miércoles preparan un paro con movilización al Congreso.

El endurecimiento del conflicto sindical también incluyó mensajes directos a los gobernadores y legisladores. Desde la marcha realizada en Santa Fe, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que “quienes avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte”, en referencia al costo político que podría tener apoyar el proyecto del Ejecutivo.

Las centrales sindicales denuncian que la reforma no solo afecta derechos laborales básicos, sino que busca disciplinar al movimiento obrero y debilitar la capacidad de organización y protesta de los trabajadores. En ese marco, los gremios anticipan que las medidas podrían profundizarse si el Congreso avanza con el tratamiento sin modificaciones sustanciales.

Baja de la edad de imputabilidad: la marcha atrás del Gobierno, el enojo de los aliados y la interna peronista

El Gobierno buscaba sesionar este jueves para reformar el régimen penal juvenil y todo indicaba que sería aprobado con una amplia mayoría en la Cámara de Diputados. Pero apenas un día después de presentarlo este lunes, lo retiró de la mesa de entrada.

Oficialistas libertarios y peronistas opositores observaban que, tanto para bien como para mal –según quién opine– predominaba el consenso político y social para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Aunque no a los 13, como dice el proyecto que envió el Gobierno con el objetivo de forzar una negociación con los aliados que deje a todos con la sensación de haber conseguido, al finalizar la sesión, un triunfo político. 

Cuando los diputados aliados del radicalismo y el PRO leyeron el PDF oficial del proyecto de ley que envió el Gobierno se llevaron una sorpresa. Pese a la promesa de Martín Menem de que se avanzaría con el dictamen consensuado el año pasado, el proyecto volvía a bajar la edad de imputabilidad –es decir, la edad a partir de la cual una persona puede ser considerada penalmente responsable– a los 13 años. No había sido el acuerdo que habían cerrado con el riojano la semana anterior. 

“Siempre te hacen una de más. Patricia necesita decir que iba por los 13 años pero que el Congreso, como somos todos unos cagones, va a ir por los 14”, masculló, irritado, un diputado opositor que igual dijo que acompañaría el proyecto del oficialismo tal como se había oficializado. La puesta en escena del Gobierno era clara para todos, pero la provocación terminó generando que hasta el PRO, principal aliado de Javier Milei en el Congreso, amenazara con no acompañar la ley si no se cerraba un acuerdo este miércoles, cuando estaba agendado un plenario de comisiones para dictaminar el proyecto para poder debatirlo el jueves en el recinto.

“El acuerdo es que sea 14 años y con cláusula especial con las provincias por el gasto que incurran. Ese es el acuerdo que tenemos. Si hay algún cambio tendremos que rediscutir si estamos de acuerdo o no”, advirtió un peso pesado del PRO en la Cámara de Diputados. La misma lógica se aplica al resto de los bloques aliados –el radicalismo, el pichettismo y los gobernadores de Provincias Unidas– que cerraron, hace apenas un par de meses, un dictamen de consenso con modificaciones que perdió estado parlamentario cuando terminaron las sesiones extraordinarias. 

No fue el único acuerdo que rompió La Libertad Avanza. Además de volver a establecer la edad de imputabilidad a los 13 años, el proyecto vuelve a fijar penas máximas para los adolescentes condenados de hasta 20 años de prisión. El acuerdo originalmente había sido bajarlo a 15, con la aclaración de que, en los casos de delitos que no superen los 6 años de prisión y no hubieran implicado la muerte o una gran violencia contra las víctimas, se recomienda al tribunal penas no privativas de la libertad. El proyecto presentado ayer, sin embargo, volvía a establecer que un niño de 13 años puede llegar a ser privado de su libertad hasta por 20 años. 

Un cambio sí introducido por este proyecto, que llevó la firma del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, refiere a la asignación específica de un presupuesto para la implementación de la ley. La versión original del proyecto no incluía fondos para que las provincias pudieran aggiornar su infraestructura penal –ya fuera en centros abiertos, institutos especializados de detención o módulos separados de una prisión para mayores–, por lo que los aliados le exigieron fuentes específicas de financiamiento. 

Ironías del destino: fuentes de financiamiento fue lo mismo que el Gobierno le pidió a la oposición para la emergencia en discapacidad y uno de los motivos por los cuales se negó a cumplir la ley hasta que un fallo de la Justicia los obligó a implementarla.  

Finalmente, el Gobierno cumplía a medias. El proyecto destinaba unos $ 23.739.155.303 a implementar la ley, pero escondía una trampa: $20 mil millones de esos $23 mil millones estarían destinados a la Defensoría General de la Nación, que se encuentra con un defensor interino porque el Gobierno no mandó aún el pliego para reemplazar a Stella Maris Martínez. Los restantes $3 mil millones estarían destinados al Ministerio de Justicia. 

“No hay proyecto de responsabilidad penal juvenil ni tribunales con especificidad en la materia. Le ponen unos pesos para ponerle a los jueces de menores, y siga siga. Son dos chirolas”, se quejó un diputado opositor que analizaba acompañar una parte de la ley y que denuncia que, contrario a lo acordado el año pasado, el Gobierno decidió enviar un proyecto destinado a desfinanciar a las provincias en el marco de las negociaciones por la reforma laboral. 

Los gobernadores están en estado de alerta. Temen que el Gobierno le pase la pelota del financiamiento de la reforma del régimen penal juvenil sin ningún peso para financiarlo, y todo en un contexto de sobrepoblación carcelaria. Exigirán recursos y esperan que, cuando llegue el debate en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados el próximo miércoles, se incorpore una cláusula para que las provincias, a medida que se adhieran al nuevo régimen, puedan celebrar convenios con Nación. 

De momento, estas cláusulas no aparecen. 

La interna peronista

El peronismo observa que Patricia Bullrich, la exsenadora que impulsó originalmente el debate por la baja de la edad de imputabilidad, podría tener más de 130 votos para aprobar la baja de la edad de imputabilidad. A pesar de las maniobras del proyecto presentado por el Gobierno y a pesar de que los crímenes cometidos por niños y adolescentes se redujeron drásticamente en los últimos años. Según datos de la Secretaría de la Niñez, que recopila en un informe el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la cantidad de niños en conflicto con la ley penal se redujo en un 22% entre 2020 y 2024.

El bloque que comanda Germán Martínez votará en contra de cualquier versión de la ley, pero hay algunos legisladores del massismo que están analizando la posibilidad de votar, en particular, una baja de la edad de la punibilidad a los 14 años, tal como el propio Sergio Massa viene impulsando desde 2025. “El proyecto del Gobierno no lo vamos a votar. Y cuando se abra votación en particular muchos de los diputados de la casa puede ser que concuerden en que la edad debe bajarse a 14 años”, deslizó el diputado massista Ramiro Gutiérrez, en diálogo con Radio Con Vos.

En el Frente Renovador adviertieron ayer, sin embargo, que el proyecto del Gobierno era una “cáscara vacía”, y esperaban terminar de fijar una postura en las próximas 24 horas. 

“Hay cuatro problemas con este proyecto. Primero baja la edad de imputabilidad a los 13 años. Segundo, sube el mínimo de la pena de 15 a 20 años. Tercero, modifica el tiempo de implementación de 180 días al momento de la reglamentación. Y por último no hay ningún financiamiento ni plazos para la construcción de infraestructura básica ni para cambio de autoridades judiciales. No hay ningún proyecto de régimen de responsabilidad juvenil, es sólo un título”, señaló Sebastián Galmarini a elDiarioAR. 

Aunque por ahora sin proyecto, el Gobierno busca igual romper al peronismo para dar una demostración de fuerza. En el peronismo, sin embargo, se encogen de hombros y advierten: “Les sobran los votos sin nosotros”.

MCM/CRM

Diputados debatirá la reforma penal juvenil y el acuerdo UE-Mercosur en una semana clave para el oficialismo

El oficialismo confirmó la convocatoria a una sesión especial en la Cámara de Diputados para este jueves a las 11 con un temario de alto voltaje político: la reforma del régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La apuesta de La Libertad Avanza (LLA) es avanzar con ambos proyectos en una misma semana y consolidar una serie de victorias parlamentarias en medio de fuertes tensiones con la oposición.

La citación fue formalizada por el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, en paralelo al proceso de conformación de las comisiones que deberán dictaminar las iniciativas. En el oficialismo confían en que los despachos estarán listos este miércoles, pese a las críticas del kirchnerismo, que cuestiona el procedimiento y lo tilda de “exprés”.

En el caso de la reforma penal juvenil, el Gobierno debió recalibrar la estrategia. Uno de los puntos más sensibles -la edad de imputabilidad- generó fricciones con bloques aliados. El texto enviado inicialmente fijaba el límite en 13 años, lo que puso en riesgo los apoyos necesarios. El consenso alcanzado el año pasado con sectores dialoguistas establecía los 14 años como piso, por lo que el Ejecutivo decidió retirar la iniciativa y enviar una nueva versión ajustada a ese acuerdo.

Desde la Casa Rosada explicaron que la prioridad es que “se trate un proyecto ya acordado con otros sectores para que salga de la forma más expeditiva posible”. En ese marco, se espera que en las próximas horas ingrese el texto definitivo con la edad de 14 años y con una partida presupuestaria específica para su implementación, un aspecto que no estaba contemplado en la versión original.

El proyecto es similar al que obtuvo dictamen en mayo de 2025, aunque incorpora precisiones sobre financiamiento. El costo total estimado asciende a $23.739 millones y detalla las partidas destinadas al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación. Para el oficialismo, la inclusión de estos fondos refuerza la viabilidad operativa de la reforma.

En términos de contenido, el dictamen tomado como base fija un tope de 15 años para las penas privativas de libertad -y no 20 como pretendía inicialmente el Ejecutivo- e introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva. Esta solo se habilitaría cuando el delito contemple una escala penal de diez años o más, con un máximo de 15. En los demás casos, se prevén sanciones alternativas, salvo en situaciones de homicidios u otros hechos de violencia grave.

El texto también reafirma garantías procesales y establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso. Dispone, además, estándares estrictos para la detención de menores: alojamiento separado de adultos, módulos diferenciados y acceso garantizado a educación, salud y actividades formativas.

Dentro del peronismo persisten diferencias en torno a ambas iniciativas. Diputados del Frente Renovador se muestran dispuestos a acompañar la baja a 14 años, mientras que otros sectores mantienen reparos. Esas tensiones podrían profundizarse si el oficialismo logra articular una mayoría con bloques provinciales y referentes del centro político.

El temario de la sesión también incluye el acuerdo UE-Mercosur, cuya incorporación no había sido tratada en la última reunión de jefes de bloque encabezada por Martín Menem, presidente de la Cámara. El oficialismo apuesta a que la Argentina sea el primer país del bloque regional en ratificar el tratado y busca capitalizar el impulso político que el acuerdo ganó en Brasil, donde ya avanzó en el Parlamento y podría llegar al recinto tras el Carnaval.

La estrategia se apoya en una señal de urgencia política, aun cuando el Parlamento Europeo solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que se pronuncie sobre su validez. Ese punto será uno de los principales argumentos de la oposición dura para cuestionar el tratamiento inmediato.

En paralelo, el Gobierno proyecta una semana de definiciones también en el Senado, donde espera avanzar -aunque con modificaciones- con la reforma laboral. La combinación de debates sensibles y negociaciones cruzadas configura un clima de intensa actividad legislativa.

Casanello ordenó pericias para determinar si hubo un ataque coordinado en redes contra Villarruel

El juez federal Sebastián Casanello avanzó en una causa que busca establecer si existió un ataque coordinado en redes sociales contra la vicepresidenta Victoria Villarruel. En ese marco, ordenó a la División de Ciberpatrullaje de la Policía Federal Argentina la realización de pericias para analizar mensajes, cuentas y patrones de publicación en distintas plataformas digitales.

La investigación se centra en determinar si los mensajes dirigidos contra Villarruel respondieron a una acción sistemática y organizada o si se trató de expresiones individuales y aisladas.

La causa se inició a partir de denuncias presentadas por la propia vicepresidenta, quien sostuvo que fue blanco de un hostigamiento persistente en redes sociales. En su planteo judicial, Villarruel afirmó que los ataques excedieron la crítica política habitual y que existieron conductas que podrían encuadrarse en figuras penales vinculadas a la intimidación o la incitación. En su presentación, de agosto pasado, apuntó contra las cuentas oficialistas “rebelión”, “amenazas” e “intimidación pública”. Uno de los denunciados es Javier Negre, director del medio La Derecha Diario, y también incluyó al biógrafo del Presidente, Nicolás Márquez, y a la diputada Lilia Lemoine.

La denuncia de la vicepresidenta también abarcaba los delitos de “asociación ilícita” y “atentados contra el orden público”.

Con la intervención de Ciberpatrullaje, Casanello busca ahora aportar elementos técnicos que permitan delimitar responsabilidades y establecer si hubo una estructura detrás de los mensajes difundidos y conocer las direcciónes de IP de las cuentas. También busca determinara si hay un patrón que configure  “violencia contra las mujeres en la vida política”.

La decisión judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política entre Villarruel y el oficialismo, y con el diálogo totalmente cortada entre el Presidente y su vice.