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Noticias de Mendoza

La movilización contra el veto de Milei terminó con represión y al menos un detenido a las afueras del Congreso

La movilización de jubilados autoconvocados y organizaciones sociales en contra del veto de Javier Milei a la nueva ley previsional, terminó con represión y al menos un detenido a las afueras del Congreso luego de que la Cámara de Diputados ratificara el decreto firmado hace dos semanas por el Presidente. Hasta ese momento, una tensa calma había marcado el clima en las inmediaciones del palacio legislativo, mientras en el recinto de la Cámara de Diputados los bloques opositores buscaban infructuosamente desafiar la decisión oficial y votar nuevamente a favor del proyecto que preveía recomponer en un 8% las jubilaciones pulverizadas por la inflación.

Las escenas de tensión y corridas comenzaron tras la votación en el Parlamento, cuando un grupo de manifestantes tiraron las vallas apostadas en la esquina de Callao y Rivadavia que hasta ese momento impedían el paso de todo aquel que intentaba acercarse a la puerta de lateral del edificio. El hecho motivó el accionar de las fuerzas federales, que avanzaron sin miramientos contra las columnas utilizando gases y balas de goma y dejando al menos 9 heridos, según informó el SAME.

Más temprano, en el marco de un fuerte operativo que contó con más de un millar de uniformados, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había desplegado sobre la avenida Entre Ríos un camión hidrante que impidió que la columna de la CGT llegase a la Plaza de los Dos Congresos.

“Yo vengo acá a defender nuestro derecho a cobrar nuestra jubilación, porque lo que nos están pagando es aberrante”, le dijo Carlos a elDiarioAR, un jubilado que, como tanto otros, marchó cada miércoles a las puertas del Congreso. “Yo lo único que le voy a decir a la Bullrich que si quiere la sangre mía se la tiro ya acá en la plaza, pero que los jubilados cuando se vayan a dormir a la noche tengan para comer”, sostuvo, conmovido, al asegurar que la semana pasada ya sufrió las consecuencias de la represión que terminó con varios adultos mayores afectados por los gases que arrojaron las fuerzas de seguridad.

Héctor, de 72 años, llegó a las puertas del Congreso desde el barrio de Villa Pueyrredón, donde tiene su casa. “Un medio kilo de bizcochitos vale lo mismo que lo que cobra un jubilado por un día”, calculó, indignado. “Estoy con una bandera y vine por mí mismo”, aclaraba ante la consulta de este medio, mientras a escasos metros un grupo de gendarmes hacían un cordón.

Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había anunciado un “operativo de seguridad especial”. Durante su conferencia de prensa matutina apuntó que “se va a cumplir a rajatabla con el protocolo vigente” y anticipó que el Gobierno “supone” que se están “planificando actos de violencia”.

En la previa a la movilización, desde el Gobierno evitaron precisar el número de efectivos por razones de seguridad, pero sí anticiparon que se haría uso del protocolo antipiquetes “de ser necesario”. En los alrededores del Congreso hubo efectivos de la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“¡Este Gobierno es una vergüenza!”, gritaba Alicia, una jubilada de 68 años que cobra la mínima y que llegó a la plaza acompañada de su sobrina. “Ojo los políticos que están en el Congreso, porque les va a ir muy mal si no apoyan al pueblo”, advirtió la mujer en diálogo con elDiarioAR, que no dudó en apuntar directamente contra el grupo de diputados radicales “comprados” que se reunieron con Milei este martes en Casa Rosada y que fueron claves para la ratificación del veto en el recinto.

El Polo Obrero, organizaciones de izquierda, las CTA y demás movimientos sociales convocaron a concentrarse desde las 13 en las afueras del Congreso. También Pablo Moyano, cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), fue parte de la convocatoria. En su cuenta de X, la central obrera expresó su “total apoyo al reclamo de las y los compañeros trabajadores jubilados, por una mejora en sus ingresos, en resguardo de su acceso a la salud y en decidido rechazo al veto presidencial contra el aumento de sus haberes”.

Otra bandera que estuvo presente en la plaza fue la de ATE, que anunció un paro de 24 horas para este miércoles. “Los diputados que voten en favor del veto estarán condenado a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, había dicho el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

Quien también se plegó a la movilización en contra del veto de Milei fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Los recursos que designaría esta ley son el equivalente a los impuestos que le perdonó a los más ricos de la Argentina cuando cambió Bienes Personales”, sostuvo el mandatario ante la consulta de la prensa, acompañado por su vicegobernadora, Verónica Magario. “Acá no hay un problema de si hay plata o no hay plata, sino para qué se usa”, lanzó.

Hace dos semanas, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había pedido a los representantes legislativos que alcancen el número para poder rechazar la decisión del oficialismo. “Hoy en el país hay 5 millones de jubilados que están por debajo de la línea de pobreza. Repudiamos la medida y les pedimos a los diputados y senadores que consigan los dos tercios necesarios para ponerla vigente”, planteaba el funcionario de Kicillof horas después de conocerse el veto presidencial.

PL/MG

La CGT salió dividida a la calle, en un clima enrarecido por las críticas de Cristina al sindicalismo

La movilización de este miércoles para exigir que el Congreso rechace el veto de Javier Milei a la movilidad jubilatoria encontró a una CGT dividida, con “libertad de acción” para sus gremios, en un clima de creciente malestar a raíz de los fuertes cuestionamientos de Cristina Kirchner al sindicalismo a través de su última carta pública.

La cúpula de la central obrera se mostró fracturada: el sector más combativo decidió plegarse a la marcha convocada inicialmente para las 13 por las dos vertientes de la CTA —que encabezan Hugo Godoy y Hugo Yasky—, los movimientos sociales y la izquierda, en un desafío al protocolo antipiquetes con el que amenaza el Gobierno. Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Abel Furlán (Metalúrgicos) serán las caras visibles de la CGT en las inmediaciones del Congreso.

Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la CGT e integrante del sector de los autodenominados “independientes”, explicó la postura oficial: “Desde la CGT hemos repudiado el veto. De cualquier manera, hay libertad de acción para quienes quieran acompañar este tipo de manifestación, pero no es un tipo específico que la institución CGT decida hacer”, dijo el último fin de semana en AM 750.

La tensión entre las distintas facciones es indisimulable. “Repudiamos la represión que vimos en los últimos dos miércoles y a los diputados que quieren darse vuelta y apoyar el veto”, se diferenció Pablo Moyano y afirmó: “Ojalá sea una marcha masiva y ojalá los diputados se enteren de que hace 20 días votaron la reforma de $13.000, es vergonzoso decirlo. Se armó toda esta pelea por $13.000 para los jubilados y estos delincuentes aprobaron un presupuesto de $100.000 millones para inteligencia”. 

En diálogo con elDiarioAR, un representante de la CGT presente en la marcha afirmó: “Creemos que es necesario acompañar todas las demandas de la sociedad en la calle, y hoy la demanda más fuerte es la de los jubilados. El ala ‘dialoguista’ insiste con bajar el perfil de confrontación con el Gobierno”. En ese sentido, cuestionó la estrategia: “¿Y qué consiguieron hasta ahora? Su resultado es cero. Ser dialoguista hasta ahora no tuvo ninguna eficacia; sostienen esa posición por un tema de confort. Milei no les dio nada, todo lo que pudo modificarse se lo hizo a través del Congreso”. 

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, uno de los primeros en cuestionar el veto de Milei tildándolo de “mentiroso, cruel e insensible”, decidió sumarse a marchar con los movimientos sociales como la UTEP, los sectores agrupados en el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, organizaciones de izquierda y organismos de derechos humanos. La columna bonaerense se reunirá a las 11, encabezada por el mandatario provincial, sus funcionarios y un grupo de intendentes bonaerenses. 

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro de 24 horas con movilización al Congreso. El sector se encuentra en estado de alerta por el intento de congelar los salarios en la administración pública y los despidos que anunció Milei en diferentes áreas. Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno. 

La tensión por la carta de Cristina 

En el último documento que publicó contra Milei, Cristina también realizó una crítica profunda hacia el peronismo al afirmar que “se torció” y “se desordenó” por varios motivos, entre ellos no haber advertido la modificación de las relaciones laborales. Según la expresidenta, de la minoría que representan hoy los trabajadores registrados en la actividad privada, sólo el 40% de ellos está sindicalizado.  

“La consecuencia objetiva es que las representaciones sindicales características del siglo XX y fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores”, lanzó en la carta, en una frase que se interpretó como un cuestionamiento hacia el rol de la actual conducción sindical. 

Al ser consultado por este tema, Pablo Moyano reaccionó visiblemente molesto, pidiéndole a Cristina “que dé nombres”. “La leí muy por encima. Esa crítica se tiene que dar en un debate interno y no hacerla público. Volvemos a las peleas anteriores que llevaron a este cachivache a presidente (por Milei)”, analizó el líder camionero en Radio 10. 

Andrés Rodríguez fue más duro y opinó que Cristina debe “revisar mejor los números” a los que hizo referencia. “En la población económicamente activa hoy el trabajo formalizado está reducido a la mitad. Esto no es producto de que el movimiento obrero haya querido informalidad, es producto de la falta de políticas de los gobiernos de hace bastante tiempo”, dijo y contraatacó: “Durante los gobiernos que presidió la señora Cristina Kirchner tampoco se hizo una política de empleo formal firme porque siguió existiendo el subsidio a la gente que estaba en la informalidad, agravado después en el gobierno de Macri y mucho más en el de Alberto Fernández”.

Las críticas de Cristina tampoco fueron bien recibidas por los dirigentes gremiales más cercanos al kirchnerismo. Un sindicalista de la CTA, de buen vínculo con el Instituto Patria, opinó en diálogo con elDiarioAR: “Son afirmaciones del sector político que no coinciden con los embates que estamos recibiendo permanentemente. La tesis de Cristina es que el sindicalismo está disminuido en su capacidad de acción, pero hay 28 proyectos presentados en comisión para impedir la reelección en sindicatos, eliminar cuota sindical, prohibir que alguien procesado -con un proceso judicial en curso- pueda tener un cargo, un protocolo creación de fuerza especial en centros sindicales, y la lista sigue”.

En ese sentido, resumió: “Desde el lado del Gobierno ven al sindicalismo como una amenaza latente. Nadie pierde tiempo en patear a un perro muerto… si efectivamente el sindicalismo estuviera reducido a la nada, como se desprende de lo que plantea Cristina, el Gobierno no perdería tiempo en generar protocolos y toda una andanada de iniciativas con las que busca desactivar el poder de fuego de los gremios”. 

“No sirve que presente eso ahora. Interpreto que Cristina lo plantea porque es una mirada que pretende tender cierta transversalidad a sectores de clase media que miran con mucho prejuicio al sindicalismo, pero no es oportuno”, cerró. El tema signó la antesala de la protesta y promete continuar en las próximas semanas, cuando la cúpula de la CGT y el resto de los dirigentes sindicales sientan, una vez más, la presión de sus bases para salir a la calle a protestar contra las medidas del Gobierno.

LA/JJD

Milei dividió a la oposición y evitó que Diputados rechace su veto al aumento de las jubilaciones

Javier Milei dividió a la oposición y ganó la pulseada política por el veto a la ley de aumento de las jubilaciones. El oficialismo, junto con aliados circunstanciales en Diputados, consiguió este miércoles bloquear la posibilidad de que los opositores consigan dos tercios de los votos presentes para insistir con la norma que planteaba una nueva fórmula jubilatoria: el tablero marcó 153 votos en contra del veto y 77 a favor, con 8 abstenciones y 9 ausencias.

La definición se concretó tras una corta sesión que no llegó a las cinco horas, en medio de una fuerte protesta fuera del Congreso, encabezada por sindicatos y organizaciones sociales y piqueteras. Las bombas de estruendo llegaban a escucharse en los pasillos de la Cámara baja. Apenas se confirmó el veto en el recinto, en las inmediaciones al Palacio Legislativo las fuerzas de seguridad activaron el protocolo antipiquete para reprimir la manifestación.

El Gobierno cristalizó la cuña que metió en el radicalismo ayer: cinco diputados de la UCR acompañaron la negativa al veto, que ya tenía el apoyo de La Libertad Avanza, el PRO, el MID de Oscar Zago y otras bancas libertarias satélites, como Carolina Píparo. Se mantuvieron homogéneos los espacios de Unión por la Patria y de Miguel Pichetto en contra del veto. Sorprendió el giro que dio Lourdes Arrieta, que ya expulsada de LLA se abstuvo, aunque en su discurso había dicho que estaba a favor de la ley jubilatoria.

Sí apoyó la suba de los haberes el larretista Álvaro González. Pero votaron a favor del veto María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, que en la media sanción se habían ausentado.

Un dato que circuló en los pasillos de Diputados apenas terminó la sesión fue qie sin los 5 votos de los radicales, el veto se caía. “Quedaba herido de muerte”, planteó un operador parlamentario. Al oficialismo le sobraron 4 votos: necesitaban 83 sobre 248 presentes, y consiguió 87. Los flamantes radicales mileístas fueron Mariano Campero, Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi.

Como la necesidad de los dos tercios tiene en cuenta las ausencias, fueron también clave que se hayan levantado de sus bancas otros dos legisladores radicales, cercanos al Gobierno: Roxana Reyes y Gerardo Cipolini. Además para la estrategia oficialista aportó la abstención de los ocho diputados de Innovación Federal, que responden a gobernadores peronistas no-kirchneristas de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Río Negro, Alberto Weretilneck. 

Los discursos durante el debate cristalizaron la ruptura en todas las bancas. El mayor foco estuvo en la UCR, tras la sangría que encabezó ayer Campero. “Roma no paga traidores y el pueblo tampco los vota”, acusó a sus correligionarios la radical Danya Tavela. El jefe de bloque, Rodrigo de Loredo, reconoció el problema puertas adentro y buscó culpar al kirchnerismo y al macrismo por estar en contra de hacer una insistencia parcial sobre la ley, rescatando por ejemplo el ítem que establecía una mejora de 8,1% para compensar la inflación de principio de año. “La respuesta que recibimos es no. Es todo o nada”, dijo el cordobés.

El tucumano pidió al final de la sesión la palabra para defenderse de las críticas que recibió. “No voy a ser partícipe de una desestabilización que quieren hacer los kirchneristas”, dijo Campero. Hizo un show propio, ya que ante los abucheos de la oposición los alentó en forma irónica.

También cruzó al rechazo al veto el jefe del PRO, Cristian Ritondo, tomar la palabra y fustigó contra los radicales: “No tienen conducta partidaria”, los acusó. El macrista dijo que “la ley es mala para los jubilados” para justificar el veto, ante la advertencia de Milei de que la norma tendría un costo fiscal de casi 2 puntos del PBI para el año próximo a partir de que planteaba un aumento anual haciendo un mix entre la diferencia entre el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Hoy creo que darse vuelta es claramente darle la espalda a los jubilados. No le encuentro una sola razón objetiva, política, material, ni cambio en la realidad de los jubilados en la Argentina que justifiquen que algunos diputados voten contrario al mandato de Juntos por el Cambio, voten contrario a lo que votaron el pasado 5 de junio en este recinto”, acusó a sus ex socios cambiemitas Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

También en el peronismo hubo pase de facturas. “El diablo disfrazado de fuerza del cielo metió la cola”, aseguró Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria. “Estamos hartos de la hipocresía. Cansados de los que terminan dándose vuelta como panqueques para terminar beneficiando a Milei. Sensibilidad cero con los jubilados tuvieron”.

MC/JJD

Murió el expresidente peruano Alberto Fujimori a los 86 años

El expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) falleció este miércoles en su residencia de Lima a los 86 años, tras “una larga batalla contra el cáncer”, confirmó su hija y heredera política Keiko Fujimori.

“Después de una larga batalla contra el cáncer, nuestro padre, Alberto Fujimori acaba de partir al encuentro del Señor. Pedimos a quienes lo apreciaron nos acompañen con una oración por el eterno descanso de su alma. Gracias por tanto papá”, publicó Keiko Fujimori en la red social X, en un mensaje que firmó junto a sus hermanos Hiro, Sachie y Kenji.

Minutos antes, el abogado de Fujimori, Elio Riera, se adelantó a la familia y escribió su propia despedida al exmandatario en la red social X.

“Señor presidente, gracias por todo. Descanse en paz. Su legado perdurará en la historia”, expresó Riera, que lo representaba en un nuevo juicio oral por la matanza de Pativilca perpetrada en 1992.

“Su amistad para mí será eterna. Recordaré siempre sus palabras: logramos el objetivo. Hasta pronto mi gran amigo”, agregó el letrado.

Fujimori, quien cumplió 86 años el pasado 28 de julio, abandonó en diciembre pasado la cárcel de Lima en la que cumplía una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) restituyera el indulto humanitario que le otorgó en 2017 el entonces gobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Esa decisión fue adoptada en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

En las últimas horas, sus partidarios y colaboradores más cercanos se acercaron a su domicilio a indagar sobre su estado de salud, e incluso algunas excongresistas, como Luisa Cuculiza, contaron a la prensa que Fujimori les respondió brevemente el saludo.

Asimismo, la primera vicepresidenta del Congreso peruano, la fujimorista Patricia Juárez, pidió a los peruanos: “Oren por él, por la salud del presidente Fujimori”.

En un pronunciamiento hecho a los periodistas, Juárez dijo que sus “oraciones y pensamientos están con el presidente Alberto Fujimori”, acompañada por otros integrantes de la bancada de Fuerza Popular, el partido fundado por Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

Otro legislador de Fuerza Popular y médico personal del exgobernante, Alejandro Aguinaga, declaró, horas antes, que Fujimori estaba “luchando” en ese momento por su vida.

“El presidente está luchando (...) Vista la situación actual y como consecuencia de las informaciones (que circulan acerca de su salud) pedimos que se restrinjan las visitas y reiteramos nuestro agradecimiento (por el interés en Fujimori)”, dijo a los periodistas apostados en la puerta de la casa.

Poco después, la Presidencia de Perú expresó en un mensaje en la red social X su preocupación por la salud del exgobernante.

“Desde la Presidencia de la República expresamos nuestra preocupación por la salud del expresidente Alberto Fujimori y hacemos votos por su pronta recuperación. Extendemos a su familia, nuestra solidaridad y fuerza”, señaló. 

CRM con información de la agencia EFE

Alberto Fujimori, el autócrata que dividió a Perú

El expresidente peruano Alberto Fujimori irrumpió en la política en 1990 y, desde entonces, dividió a la sociedad de Perú. Esa división, que pervive hasta el día de hoy, separa a los que ensalzan su figura, al considerar que salvó a su país del terrorismo y el colapso económico, y los que remarcan que fue un autócrata que cometió graves violaciones a los derechos humanos.

Fujimori, de 86 años, falleció este miércoles en la casa limeña de su hija Keiko. Lo hizo en libertad tras una polémica decisión que le permitió abandonar la prisión en diciembre pasado.

Apodado “Chino” por sus rasgos orientales, a pesar de ser descendiente de japoneses, nació en 1938 y ejerció un gobierno de mano dura en Perú entre 1990 y 2000.

En la primera ocasión venció como candidato anti-establishment al escritor Mario Vargas Llosa y fue reelegido otras dos veces en medio de denuncias de fraude.

Fujimori dio el 5 de abril de 1992 un golpe de Estado con el apoyo de las Fuerzas Armadas que lo llevó a asumir todos los poderes del Estado, luego de cerrar el Congreso e intervenir el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales.

Tras la presión de países y organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobernante convocó a un Congreso Constituyente que promulgó en 1993 una nueva Constitución Política, que aún está vigente.

En 1994, se divorció de Susana Higuchi tras un conflicto familiar que incluyó la denuncia de su esposa ante el Congreso de que había sido torturada por los servicios de seguridad, y llevó a su hija mayor, Keiko, a convertirse en primera dama del país, cuando solo tenía 19 años.

Higuchi falleció en diciembre de 2021 a los 71 años, de un cáncer de pulmón que padeció durante los últimos años.

Los simpatizantes de Fujimori lo admiran por haber derrotado durante su gestión a los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, y por haber detenido la “hiperinflación” que heredó del primer gobierno de Alán García (1985-1990).

Sin embargo, durante su mandato también se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción de la historia peruana, liderada por su asesor “en la sombra” Vladimiro Montesinos, quien también está preso.

Con la difusión, en septiembre de 2000, de un video en el que se veía a Montesinos entregando dinero a un congresista opositor, se vio obligado a anunciar que iba a convocar a nuevas elecciones, a las que aseguró que no se presentaría.

Dos meses después, escapó del país y renunció a la Presidencia mediante un fax enviado desde Japón, donde permaneció hasta 2005, cuando viajó a Chile, que lo extraditó a Perú en 2007.

El exgobernante cumplió su condena desde 2009 en una prisión policial de Lima adaptada exclusivamente para él y que, según sus opositores, era una “cárcel dorada” que no se comparaba a las condiciones del resto de la población penitenciaria del país y donde recibió continuamente a sus familiares y partidarios.

En esa prisión fue ganando de manera progresiva compañeros de reclusión. Durante meses la compartió con Alejandro Toledo, su principal opositor al final de su mandato, y Pedro Castillo, cuyo mensaje golpista recordó a muchos el pronunciado por Fujimori en 1992.

Durante los últimos años, “el Chino” fue operado en seis ocasiones de una dolencia precancerígena en la lengua, conocida como leucoplasia, y también afrontó problemas estomacales, vasculares, de presión arterial y pulmonares.

En 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski lo indultó con el argumento de que una junta médica había determinado que padecía una “enfermedad progresiva, degenerativa e incurable” y que las condiciones carcelarias implicaban grave riesgo para su vida.

Investigaciones posteriores señalaron que el indulto fue otorgado como consecuencia de un aparente acuerdo político con el hijo menor del exmandatario, el entonces legislador Kenji Fujimori, para evitar que prospere la destitución por acusaciones de corrupción contra Kuczynski, quien finalmente renunció al cargo en marzo de 2018.

La gracia presidencial fue anulada posteriormente por un juez y Fujimori debió volver a la cárcel, después de que Kuczynski dejará el cargo y Kenji fuera desaforado por el Congreso en medio de un duro enfrentamiento político con su hermana Keiko.

En octubre de 2021, fue sometido a un cateterismo en el corazón en una exclusiva clínica de Lima, para aliviar una obstrucción en una arteria, y en noviembre volvió a ser internado por complicaciones por una fibrosis pulmonar.

A esas enfermedades sumó un nuevo tumor maligno que le fue detectado en mayo pasado.

En el plano legal, la Justicia peruana confirmó en enero de 2020 que Fujimori debía ser juzgado por el “caso Pativilca”, en el que se atribuye al grupo Colina el asesinato de seis dirigentes comunales de esa localidad del norte de la región Lima.

La polémica en torno a su figura llegó a dos de sus cuatro hijos, considerados sus herederos políticos: la tres veces candidata presidencial Keiko, que es juzgada por presunto lavado de activos, y el exlegislador Kenji, condenado a 54 meses de prisión por tráfico de influencias.

En diciembre pasado la polémica rodeó su figura por última vez.

El Tribunal Constitucional ordenó su liberación, en desafío a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), una última muestra de la influencia sobre el poder que tuvo hasta su último minuto y también de la capacidad de dividir a una sociedad.

CRM con información de la agencia EFE