La Carusina

Noticias de Mendoza

Una cena reservada revela el cruce de intereses entre Milei y las farmacéuticas por el tratado de patentes con EE.UU.

Una cena reservada e informal –el menú fueron empanadas– marcó el tono de las conversaciones reservadas y con fuerte interés empresarial y diplomático que hay por el tratado de patentes conocido como PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes), donde están en juego unos US$3,3 mil millones. El encuentro reunió a funcionarios del gobierno de Javier Milei, representantes de compañías de Estados Unidos y hasta un experto británico en el tema, y fue en la casa de una periodista, según pudo reconstruir elDiarioAR de dos fuentes que estuvieron en la comida.

El cónclave ocurrió el martes 21 de abril a la noche, una semana después de que se suspendiera a último momento un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados donde se iba a comenzar a discutir el PCT. El tratado es clave porque fue una promesa que Milei le hizo a Donald Trump cuando firmó el acuerdo comercial Argentina-Estados Unidos a fines del año pasado, y que tuvo rúbrica final en febrero pasado. El libertario prometió que iba a ser sancionado antes del 30 de abril –es decir, el jueves pasado– pero no llegó a cumplir su palabra.

El paso en falso de Milei se debió al fuerte lobby por parte de la industria farmacéutica para que se pateé el debate y se incorporen cambios en la letra del tratado. El PCT ya tiene media sanción del Senado desde septiembre de 1998 –nunca perdió estado parlamentario porque es un acuerdo internacional– y el apuro del Gobierno para sancionarlo antes de mayo se debía a que este 30 de abril era el día en que Washington publicaba su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual (al cierre de esta nota aún no estaba publicado).

Este miércoles, en una decisión sorpresiva para el Gobierno, EE.UU. retiró a la Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual. “Hace años y años que estábamos en la Priority Watch List. Éramos parte del club de chicos malos del muundo”, admitió una fuente libertaria ayer.

“Veníamos observados hace 30 años en su reporte anual de comercio como que provocábamos distorsiones por la falta de respeto a la propiedad intelectual”, agregó el funcionario consultado. En el mundo empresarial también celebraron, aunque también remarcaron que sigue siendo un pendiente la sanción del PCT “para la innovación en general”.

En marzo pasado, también para sorpresa de los empresarios, el gobierno de Milei firmó la Resolución Conjunta 1/2026 que derogó la normativa vigente desde el año 2012 que restringía el otorgamiento de patentes farmacéuticas en Argentina. Fue otro guiño para el negocio de las multinacionales. El eslabón que falta es el del PCT.

Rosca de empanadas

Entre los comensales de la cena informal hubo, entre otros, un alto funcionario del ministerio de Desregulación, que conduce Federico Sturzenegger, y de empresas norteamericanas. El encuentro se organizó con motivo de la visita al país de Ken Shadlen, profesor de Development Studies en la London School of Economic, experto en los regímenes globales de propiedad intelectual y quien el lunes pasado disertó en la UNSAM. Shadlen fue parte de la comida pero las fuentes consultadas por este medio evitaron precisiones ya que el encuentro se basó en la regla de Chatham House: se puede decir qué se habló, pero no quiénes hablaron.

Algo que sí quedó claro en la conversación fue que el Gobierno no iba a cumplir con la meta de la sanción del PCT para el 30 de abril. También flotó en el aire la posibilidad de que haya cambios en la letra chica del acuerdo en Diputados. Esa eventualidad fue confirmada luego a elDiarioAR por una fuente libertaria involucrada en la rosca parlamentaria y que estuvo en la comida.

Cualquier modificación en el PCT a instancia de la votación en la Cámara baja obligaría a una revisión en el Senado, una situación que impulsan los laboratorios nacionales (nucleados en la cámara CILFA) y que rechazan las multinacionales (vinculadas a la cámara farmacéutica CAEMe y a la AmCham, la cámara de comercio Argentina-EE.UU.).

La adhesión al PCT supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, pero el punto de mayor discusión es el Capítulo II, que –según los involucrados– facilitaría el evergreening, una “trampa legal” para estirar el monopolio de medicamentos viejos con retoques cosméticos. CILFA impulsa que en el texto a la adhesión haya una explícita “reserva” al Capítulo II, pero AmCham y CAEMe se niegan. Uruguay es un país que tiene esa posición ya adoptada, y fue uno de los puntos debatidos con el británico Shadlen en la cena. El Capítulo II también habilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea.

El PCT también alcanza a las semillas y agroquímicos. El tratado impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición en el Congreso– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios. Los críticos del tratado estiman que sin restricción de patentes hay un ahorro de 3.321 millones de dólares que, entienden, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.

“Lo importante para nosotros es que el PCT se trate. Es una exigencia del sector de innovación y las tecnológicas, no solo de las farmacéuticas. Y lo ideal sería que no haya modificaciones para que el trámite parlamentario sea mucho más ágil”, planteó uno de los voceros empresariales que estuvo en la cena reservada. 

La puja por incorporar o no cambios en el PCT se materializó días atrás con una serie de notas escritas de CILFA, AmCham y CAEMe que llegaron a los despachos de los diputados para explicitar su posicionamiento. En especial se enviaron a Martín Menem –presidente de la cámara– y a Juliana Santillán –titular de la comisión de Relaciones Exteriores–, como dio cuenta elDiarioAR el domingo pasado.

Lo que quedó flotando entre los comensales es que el PCT tiene todos los ingredientes de un conflicto que el Gobierno no termina de resolver: es una promesa diplomática con Washington, una batalla entre corporaciones con miles de millones en juego y, en el fondo, una discusión sobre quién paga los medicamentos en Argentina.

MC

EE.UU. retiró a la Argentina de la categoría más crítica en su informe de propiedad intelectual

Estados Unidos decidió retirar a la Argentina de la Priority Watch List -la categoría más crítica de su informe anual sobre propiedad intelectual- y ubicarla en la Watch List, en reconocimiento a una serie de reformas recientes orientadas a fortalecer la protección y la aplicación de estos derechos.

La decisión fue oficializada en el último informe de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que cada año evalúa el estado de la propiedad intelectual en los socios comerciales. Ese reporte, conocido como Special 301, forma parte de la estrategia de Washington para presionar por estándares más estrictos en la protección de invenciones, marcas y derechos de autor, así como por mecanismos efectivos de cumplimiento en tribunales, fuerzas de seguridad y controles fronterizos.

En ese marco, la mejora en la calificación argentina se vincula con la firma, en febrero de 2026, del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países. Según el informe, ese entendimiento permitirá “mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación contra su robo”, en línea con uno de los objetivos centrales de la política comercial estadounidense: garantizar que los beneficios de la innovación y la creatividad retornen a su economía.

Como parte de esos compromisos, la Argentina avanzó en cambios normativos y regulatorios. Entre ellos, la derogación de limitaciones consideradas “excesivamente amplias” en materia de patentes -particularmente en el sector farmacéutico- que impedían el otorgamiento de derechos en casos que sí son aceptados en otras jurisdicciones. También se incluyeron medidas para fortalecer la persecución penal de la falsificación, mejorar los controles en frontera y habilitar herramientas judiciales más ágiles, como medidas cautelares contra la piratería.

El informe destaca además iniciativas para reforzar la aplicación de la ley, como el incremento de operativos e incautaciones en mercados señalados por la venta de productos falsificados, el desarrollo de una estrategia nacional contra la piratería y el compromiso de publicar estadísticas periódicas sobre estas acciones. A su vez, se prevé avanzar en la cooperación entre proveedores de servicios de internet, titulares de derechos y autoridades, en un contexto donde la piratería digital es uno de los principales focos de preocupación global.

En línea con lo que el propio reporte identifica como desafíos recurrentes a nivel mundial -como la falsificación, la piratería en línea y las dificultades en la aplicación efectiva de los derechos-, Estados Unidos señaló que la Argentina aún presenta problemas estructurales. Entre ellos, mencionó la persistencia de mercados físicos y digitales asociados a la comercialización de productos ilegales, así como limitaciones en la eficacia de los mecanismos judiciales y administrativos.

El documento vuelve a señalar a ferias como La Salada y zonas comerciales del barrio de Once como puntos críticos, y advierte que, si bien se registraron operativos y detenciones, la aplicación de la ley sigue siendo irregular y con demoras. En el plano digital, remarca que gran parte de las acciones contra la piratería dependen de iniciativas de los propios titulares de derechos, con resultados dispares.

También persisten observaciones en materia de patentes -particularmente en biotecnología-, protección de datos de prueba en sectores sensibles y demoras en los procesos de aprobación. Aunque el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) logró reducir el atraso, los tiempos siguen siendo elevados.

En cuanto al comercio, el acuerdo bilateral incorporó disposiciones sobre indicaciones geográficas y acceso a mercados, con el objetivo de garantizar que productos estadounidenses puedan seguir utilizando denominaciones consideradas genéricas, bajo estándares de transparencia y equidad.

Pese a estos avances, el informe deja en claro que la reclasificación no implica el cierre de las observaciones. Estados Unidos continuará monitoreando la implementación de los compromisos asumidos y mantendrá el diálogo bilateral a través de los mecanismos previstos en el acuerdo, en línea con el enfoque del Special 301, que combina evaluación, presión y negociación para promover cambios en los regímenes de propiedad intelectual a nivel global.

Tras varios días de tensión, reabre la sala de prensa de Casa Rosada con una conferencia de Adorni

El Gobierno nacional reabrirá el próximo lunes la sala de prensa de la Casa Rosada, luego de varios días de cierre que generaron malestar entre periodistas acreditados y encendieron el debate sobre la relación con los medios. La reapertura coincidirá con una conferencia encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La restricción al acceso de la prensa se extendió durante más de una semana y, en algunos casos, superó los diez días. Inicialmente, desde el Ejecutivo se justificó la medida por una supuesta filtración vinculada a intereses extranjeros, lo que derivó en la exclusión de determinados medios.

Con el paso de los días, el cierre se amplió a la totalidad de los periodistas acreditados. En ese contexto, el Gobierno apuntó a un informe televisivo del canal TN, al que asoció con una presunta situación de espionaje que, según su postura, comprometía cuestiones de seguridad nacional.

La decisión generó una rápida reacción del sector periodístico, que denunció restricciones injustificadas y reclamó la restitución del acceso a su lugar de trabajo. Frente a la creciente presión pública, la administración de Javier Milei optó por revertir la medida.

El conflicto trascendió el ámbito del Ejecutivo y llegó al Congreso, donde legisladores de distintos bloques opositores convocaron a una reunión de la comisión de Libertad de Expresión. Allí, periodistas afectados expusieron situaciones que incluyeron denuncias por presiones, hostigamiento y exposición de datos personales en redes sociales.

La iniciativa fue impulsada por los vicepresidentes de la comisión, Nicolás Trotta y Lourdes Arrieta, ante la falta de convocatoria formal por parte de su titular, Guillermo Montenegro. El encuentro reunió a representantes de diversos espacios políticos, aunque sin la participación de sectores aliados al oficialismo.

La ausencia de dirigentes del PRO y la UCR fue motivo de cuestionamientos por parte de otros bloques. No obstante, colaboradores del diputado Cristian Ritondo señalaron que el legislador ya había manifestado su desacuerdo con el cierre.

Durante la reunión, la periodista Liliana Franco advirtió sobre el clima de tensión con la prensa y pidió una intervención institucional. En su exposición, sostuvo que los ataques al periodismo adquieren una dimensión preocupante cuando provienen desde el poder.

Con la reapertura prevista, el Gobierno busca cerrar un episodio que generó críticas tanto en el ámbito político como en el mediático. Sin embargo, el tema seguirá bajo observación, en medio de un escenario de creciente fricción entre Javier Milei y los trabajadores de prensa.

Avanza la causa por corrupción en la ANDIS: Lijo ordenó peritar los audios de Spagnuolo

El juez federal Ariel Lijo dispuso avanzar con una pericia clave en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad. La medida apunta a analizar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que hasta el momento no habían sido plenamente incorporados al expediente.

La decisión marca un cambio en el rumbo de la investigación, ya que las grabaciones habían quedado en un segundo plano mientras se debatía su validez. Ahora, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 ordenó que se determine su autenticidad y procedencia.

Para ello, Lijo encomendó la tarea a la Gendarmería Nacional Argentina, específicamente a su Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, que deberá realizar un análisis técnico sobre el material. El objetivo es establecer si los audios son genuinos y cómo fueron obtenidos.

El avance se produce en línea con lo dispuesto previamente por la Cámara Federal porteña, que había ordenado verificar estos elementos antes de definir su valor probatorio dentro del expediente.

En paralelo, las defensas de Spagnuolo y de la empresa Suizo Argentina habían planteado la nulidad de la causa, argumentando que las grabaciones podrían tener un origen irregular. Si bien ese pedido no prosperó, sí derivó en la necesidad de profundizar el análisis sobre el material.

La resolución que impulsó esta instancia fue tomada por la Sala II del tribunal de apelaciones, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes en diciembre instruyeron avanzar con la verificación.

En ese momento, el juzgado estaba a cargo de manera subrogante de Sebastián Casanello, quien había recibido la orden de iniciar las comprobaciones sobre los audios.

Con esta nueva medida, la causa entra en una etapa decisiva, ya que el resultado de las pericias podría determinar el peso de las grabaciones dentro de la investigación y su eventual impacto en la situación procesal de los involucrados.

Con colaboración de Sebastián Lacunza

JIB

Trump desafía el límite legal para continuar la guerra de Irán sin autorización del Congreso y sin un plan de salida

La guerra de Donald Trump en Irán supone una violación del derecho internacional. Así lo denunció el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el mismo 28 de febrero: “Condeno la escalada militar que se produjo hoy en Medio Oriente. El uso de la fuerza por parte de Estados Unidos e Israel contra Irán, y la posterior represalia de Irán en toda la región, socavan la paz y la seguridad internacionales. Todos los Estados miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas”.

Pero, además, la guerra del presidente de Trump también está desafiando el límite legal para obtener la preceptiva autorización del Congreso de EEUU. ¿Por qué? Porque el Congreso de EE.UU. no declaró la guerra ni la autorizó por ley, y tampoco fue provocada por un ataque inminente ni por una emergencia nacional.

La Administración Trump se encuentra en una doble estrategia paralela. Por un lado, hay conversaciones con congresistas de última hora sobre la autorización para la guerra contra Irán antes de que venza el plazo, según informó la CBS. Por otro lado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, argumentó ante el Senado que el alto el fuego con Irán extiende el plazo legal que obligaría a Trump a solicitar la aprobación del Congreso para la guerra o a comenzar a retirar las fuerzas estadounidenses del conflicto.

“En estos momentos nos encontramos en un alto el fuego, lo que, según entendemos, significa que el plazo de 60 días se detiene o se suspende”, declaró Hegseth en su comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados del Senado, cuando se le preguntó si la Casa Blanca solicitaría una autorización, algo a lo que se negó a responder.

La interpretación de la ley por parte del Sr. Hegseth, que algunos expertos jurídicos cuestionan, se enunció en su segundo día consecutivo de comparecencias en el Capitolio, al tiempo que mostraba una actitud desafiante y agresiva ante los congresistas que expresaron su preocupación por la guerra en Irán y su gestión errática.

En efecto, si la guerra continúa hasta este viernes, 1 de mayo, sin la aprobación del Congreso, será “claramente ilegal, al haber superado el plazo de 60 días y el periodo de preaviso de 48 horas que se concede al presidente, en virtud de la resolución sobre los poderes de guerra de 1973, para llevar a cabo este tipo de operación militar”, explica Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, quien afirma que ahora “es obligación de los tribunales federales” tomar cartas en el asunto.

La resolución sobre poderes de guerra fue aprobada durante la guerra de Vietnam, y se aplica cuando las tropas estadounidenses participan en hostilidades o en situaciones en las que las hostilidades son inminentes, como está pasando en esta guerra en Irán.

Según señala Chemerinsky, la ley exige que el presidente retire a las fuerzas armadas de EE.UU. de la participación en hostilidades tras 60 días, a menos que el Congreso haya declarado la guerra, haya autorizado una prórroga de 60 días o se encuentre físicamente incapacitado para reunirse como consecuencia de un ataque armado contra Estados Unidos.

El presidente de EE.UU. puede prorrogar este plazo 30 días si certifica por escrito ante el Congreso que lo requiere una “necesidad militar inevitable” relacionada con la seguridad de las fuerzas.

La guerra contra Irán comenzó el 28 de febrero, y el plazo comenzó a correr el 2 de marzo, cuando Trump notificó formalmente al Congreso sus bombardeos contra Irán.

El Congreso de EE.UU., por su parte, no declaró la guerra ni hizo nada para autorizarla, y su negativa a hacerlo no constituye en modo alguno la aprobación necesaria para continuar el conflicto. “La resolución sobre los poderes de guerra no incluye una casilla de verificación para excluirse de ella”, señala Chemerinsky.

Trump vuelve a pedir ayuda

Con las negociaciones estancadas y el estrecho de Ormuz doblemente bloqueado, el presidente de EE.UU. vuelve a mirar a sus aliados para desatascar el paso por el que circulaba el 20% del comercio mundial de petróleo antes de los ataques de EEUU e Israel sobre Irán.

Según publica The Wall Street Journal, un documento del Departamento de Estado revela que la Administración Trump quiere que otros países formen una alianza para ayudar a reactivar el tráfico marítimo. Según el plan, añade AP, EE.UU. continuaría con su bloqueo de los puertos iraníes, al tiempo que coordinaría con sus aliados imponer mayores costos a los intentos de Irán de obstaculizar el comercio energético. En este sentido, Trump sopesa diferentes opciones para presionar a Irán a que ponga fin a su control sobre la vía marítima.

Mientras tanto, el precio del crudo Brent superó brevemente los 126 dólares por barril a primera hora de este jueves y se mantuvo por encima de los 100 durante el día, ya que el estancamiento de las negociaciones entre EE.UU. e Irán genera muchas dudas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y el fin definitivo de la guerra de Irán.

El crudo de referencia estadounidense subió un 1,3%, hasta los 108,28 dólares por barril. Antes de que comenzaran los ataques de EE.UU. e Israel e Irán, el crudo Brent cotizaba en torno a los 70 dólares por barril.

La iniciativa, denominada Maritime Freedom Construct, según WSJ, se detalla en un documento interno del Departamento de Estado enviado este martes a las embajadas estadounidenses en el que se instaba a los diplomáticos a presionar a los gobiernos extranjeros para que se sumaran a ella. Según el cable, la coalición liderada por Estados Unidos compartiría información, coordinaría diplomáticamente y haría cumplir las sanciones.

La solicitud de apoyo de la administración Trump demuestra que EE.UU. quiere que otras naciones participen en la gestión actual y potencialmente futura del estrecho de Ormuz. Y, también, la incapacidad de la Casa Blanca para resolver un problema provocado por el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.