La Vasconia

Noticias de Mendoza

Adorni recibió en la Casa Rosada al hijo de una de las jubiladas que le prestó US$100.000 para comprar su casa

El 22 de octubre del 2025, menos de un mes antes de escriturar como propio el departamento en Caballito donde vive con su familia, Manuel Adorni tuvo en la Casa Rosada una reunión con un personaje clave en la trama sobre sus propiedades: recibió a Pablo Martín Feijoo, hijo de unas de las jubiladas que le vendió inmueble y que le dio una hipoteca por US$100.000. El mismo día también estuvo en la sede gubernamental la esposa del funcionario, Bettina Angeletti.

Feijoo ingresó a Balcarce 50 a las 10.16 de ese día y se retiró a las 21.34, según pudo constatar elDiarioAR en los registros de visitas de la Casa Rosada. Adorni, que por entonces era vocero presidencial, fue el funcionario que le autorizó el ingreso. Feijoo estuvo acompañado por Gisela Kocsis, según la misma planilla. Angeletti ingresó a las 9.58 y se retiró a las 11.25.

Feijoo, de 36 años, es hijo de Beatriz Alicia Viegas, una de las dos mujeres que le vendió el departamento de la calle Miró al 500 a Adorni. La segunda vendedora y también prestamista de otros US$100.000 es Claudia Sbabo. Ambas le dieron a Adorni una hipoteca sin intereses por el 87% del valor escriturado, según declaró este miércoles en Comodoro Py la escribana Mónica Nechevenko.

La figura de Feijoo toma relevancia porque según el primer dueño del departamento de Adorni, el exfutbolista Hugo Morales, cuando él le vendió el inmueble a Viegas y Sbabo, las mujeres estaban acompañadas “por dos chicos”. Esa fue su declaración este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo reconstruir elDiarioAR, el exdeportista profesional accedió a vender el departamento en mayo pasado a US$200.000 porque “quería sacárselo de encima”, pese a que el precio original de venta era por US$340.000. En varios ocaciones en su declaración testimonial indicó la presencia de “dos hombres”.

Este miércoles el diario La Nación reveló la identidad de Feijoo como uno de esos hombres. El otro se trata de Leandro Miano. Ambos forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. Así como Feijoo es hijo de Viegas, Sbabo está casada con Omar Leonardo Miano, mismo apellido que el otro de los miembros de la desarrolladora. Tanto Feijoo como Miano serían citados a declarar como testigos por el fiscal Gerardo Pollicita. Las jubiladas lo iban a hacer este jueves, pero se postergó para la semana próxima.

Adorni, según pudo saber elDiarioAR, relató puertas adentro de la Casa Rosada que una de las mujeres que le vendió el departamento “es madre de un amigo”. Así cobraría sentido la visita de Feijoo en Balcarce 50 menos de un mes antes de la escritura del departamento, que fue el 14 de noviembre. El del 22 de octubre es el único ingreso de Feijoo a la Casa Rosada en 2025.

La escriba Nechevenko también tuvo llamativos ingresos a la Casa Rosada para verse con Adorni en los últimos dos años. La profesional, que intervino en las distintas operaciones inmobiliarias de Adorni, ingresó al menos siete veces a la Casa Rosada entre 2024 y 2025 para reunirse con el funcionario.

La primera visita fue el 30 de julio de 2024 y duró poco más de una hora; luego volvió el 19 de agosto y el 7 de octubre de ese año, en encuentros también registrados con horarios precisos de ingreso y egreso. En diciembre de 2024 se produjo una cuarta reunión, en un período en el que la escribana participaba en la operación de la casa en el country Indio Cuá.

Las visitas continuaron en 2025: el 27 de mayo se registró el encuentro más extenso —casi once horas dentro de la Casa Rosada— en paralelo a la escrituración del departamento de Caballito; luego hubo una reunión breve el 14 de julio y otra el 15 de septiembre, ambas de menos de media hora. Según los registros obtenidos vía acceso a la información pública, estos encuentros se produjeron en los mismos períodos en que se concretaron o avanzaron las operaciones inmobiliarias bajo investigación judicial, lo que puso el foco en el vínculo entre el funcionario y la profesional.

MC

A pesar de las protestas fuera del Congreso, los diputados se preparan para sancionar la Ley de Glaciares

Los primeros manifestantes comenzaron a instalarse en los alrededores del Congreso desde temprano. “Diputados no traicionen a los argentinos”, rezaba la bandera que los activistas de Greenpeace colgaron en el Monumento a los Dos Congresos, antes de que la policía los detuviera. Con el correr de las horas, a medida que se desarrollaba el debate en el Palacio Legislativo, llegaron las primeras columnas de agrupaciones y personas sueltas. Llevaban carteles que decían “La ley de Glaciares no se toca” y predominaba un clima de resistencia que contrastaba con la resignación que se vivía en el recinto: la oposición sabía que el Gobierno tenía el número (consiguió el quórum con 129 diputados, la mitad más uno del recinto) y que, pese a los discursos, la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares era solo cuestión de tiempo. 

Lo primero que hizo José Peluc, el presidente de la comisión de Recursos Naturales, cuando comenzó el debate fue pedir un aplauso por cómo se había llevado a cabo la audiencia pública. La oposición estalló a los gritos, recordándole que de 100 mil personas inscriptas solo se había permitido participar a 200: una irregularidad que la oposición ya archivó como causal para impugnar la ley luego de que se sancione. “Ustedes tratan de desdibujar el concepto de la Ley de Glaciares, diciendo que no los vamos a cuidar, pero decir eso es no haber leído el proyecto”, les respondió el diputado libertario. 

El discurso oficialista, que contó con el respaldo de varios legisladores de provincias mineras, giró en torno a la necesidad de “aclarar conceptos” y de fortalecer el “federalismo” de la legislación vigente desde 2010.

“El presidente Milei dijo que apoyaría a las provincias y cumple su palabra”, se jactó Nicolás Mayoraz, aludiendo a la modificación clave que introduce el proyecto del oficialismo: dejar en manos de los equipos técnicos de las provincias la definición de si un glaciar o ambiente periglaciar cumple una función hídrica estratégica y merece, en consecuencia, formar parte del Inventario Nacional de Glaciares, que es lo que garantiza la prohibición de la explotación productiva en la zona.

El argumento del Gobierno, así como el de los gobernadores, era que la reforma no venía a cambiar el objeto de la ley, es decir la protección hídrica de los glaciares. En efecto, la reforma no modifica el artículo primero, que hace referencia al objeto de la ley, pero sí los artículos que refieren a la operatividad del inventariado y la definición de qué glaciares y ambientes periglaciares corresponde proteger. Un punto sobre el que la oposición insistió a lo largo de todo el debate. 

“Se pasa de un régimen que protege glaciares y periglaciares por su condición objetiva a uno que protege sólo después de que una autoridad provincial verifique determinadas funciones hídricas de esos glaciares”, señaló la radical jujeña, María Inés Zigarán, quien pese a responder a un gobernador aliado de Javier Milei, que además tiene interés en desarrollar la explotación de litio en la provincia, fue una de las voceras más críticas de la reforma. 

“El proyecto del oficialismo sobre esta reforma se presenta como respeto a las autonomías provinciales mientras descentraliza el costo político, económico, social y jurídico que tendrán que asumir las provincias”, agregó la diputada radical. 

“Los glaciares inventariados alimentan las cuencas que dan de beber a 7 millones de habitantes. Y se están basando para defender esta ley datos que no son científicos, ¿cómo voy a creer que esas provincias, porque ya no va a haber una autoridad competente unificada y hegemónica, van a garantizar una transparencia de criterio cuando se utiliza una palabra que no es científicamente válida como ‘relevancia’?”, sumó la peronista Adriana Serquis, quien aprovechó para llevar una maqueta para explicar cómo funcionan los glaciares. 

Otro de los ejes de las impugnaciones opositoras giró en torno a lo que será la estrategia de las organizaciones ambientales luego de que la nueva ley se publique en el Boletín Oficial: la inconstitucionalidad de la reforma y su inevitable judicialización. “Son las reservas de agua dulce más significativas que tiene la Argentina, creo que vamos a una balcanización del federalismo de concertación ambiental. Están rompiendo la uniformidad establecida en nuestra Constitución. Están haciendo una modificación encubierta de la Constitución al romper el establecimiento de presupuestos mínimos”, cuestionó el lilito Maximiliano Ferraro.

Ferraro, a su vez, apuntó contra el lobby minero y denunció que la reforma había sido redactada por las empresas mineras. “Las mineras redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo. Estamos acostumbrados a la historia de la Argentina corporativa. ¿Vamos a mirar para otro lado en relación a lo que es la agenda corporativa de las mineras en lo que es un escandaloso conflicto de intereses que se lleva adelante en muchísimos de estos proyectos, y que hasta tienen que ver muchas veces con el financiamiento de la política?”, cuestionó el diputado de la Coalición Cívica. 

Otras intervenciones, mientras tanto, aprovecharon para chicanear al oficialismo por el escándalo patrimonial que rodea a Manuel Adorni. “Esta ley es tan mamarracho que solo le falta una jubilada que se presente para hipotecar el país”, ironizó el neuquino peronista Pablo Todero, aludiendo a las jubiladas que le prestaron 300 mil dólares al jefe de Gabinete para comprar la propiedad en Caballito y el country en Exaltación de la Cruz. 

“Me pregunto si esto lo redactó Adorni o algún genio por el estilo, porque dice una cosa que es distinta a lo que quiere decir el bloque oficialista”, agregó Eduardo Falcone, del MID, que pese a su discurso crítico adelantó que iba a votar a favor de la ley en general. 

Remató Juan Grabois, quien señaló que la reforma de la Ley de Glaciares “es equivalente a poner a Yiya Murano en el tanque de agua de tu casa”. “Piensan que la Tierra es plana y tienen fundamentos más truchos que las hipotecas de Adorni y las criptomonedas de Milei; quieren sustituir una política de Estado gestionada por los mejores científicos del mundo”, cuestionó el líder de Patria Grande.

MCM/MC

Incidentes y tensión frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados

Los incidentes marcaron la jornada de protesta frente al Congreso mientras se debatía la modificación de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados. En un clima de alta tensión, manifestantes ambientalistas y militantes de partidos de izquierda protagonizaron enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad en pleno centro porteño.

El episodio más grave se registró en la intersección de Avenida de Mayo y 9 de Julio, donde las fuerzas de seguridad intentaron despejar la calzada para evitar cortes totales de tránsito. Según fuentes policiales, los uniformados avanzaron para obligar a los manifestantes a subir a la vereda, lo que derivó en empujones, corridas y momentos de desorden.

Como resultado de los disturbios, al menos una persona fue detenida acusada de participar en los desmanes. La situación se dio en simultáneo con el debate legislativo, lo que sumó presión a una jornada ya atravesada por fuertes cruces políticos dentro del recinto.

La tensión no fue un hecho aislado. Durante la mañana, otro foco de conflicto se produjo cuando activistas de Greenpeace escalaron el Monumento a los Dos Congresos y desplegaron banderas con consignas contra la reforma. Tras la intervención policial, siete manifestantes fueron demorados por contravenciones.

A lo largo del día, la protesta se mantuvo activa en las inmediaciones del Congreso, con una importante presencia policial destinada a contener posibles cortes y evitar que la movilización avanzara sobre arterias clave. La combinación de un debate sensible y la movilización en la calle derivó en un escenario de creciente conflictividad, con episodios que expusieron la tensión social en torno al tratamiento de la iniciativa.

Con información de agencias y medios

JIB

La oposición presionó al oficialismo por Adorni y quedó a pocos votos de interpelarlo

La previa de la sesión de la reforma de la Ley de Glaciares, que consiguió quórum con facilidad, estuvo marcada por un monotema: el escándalo patrimonial de Manuel Adorni, que comenzó con el viaje privado a Punta del Este y continúa, hace más de un mes, con el desfile de testigos ante el despacho del fiscal Gerardo Pollicita. La oposición agarró el tema y machacó durante toda la sesión, sumando el caso $LIBRA, la persecución contra periodistas y la guerra contra Irán en la mezcla. Perdió todas las votaciones, pero esgrimió una mayoría sorpresiva que despertó las alarmas oficialistas. 

“Es un papelón, no pueden explicar nada de todas estas propiedades, nada de todos estos viajes y lo más paradojal que parece que el gobierno de La Libertad Avanza, que tenía un vocero, ahora tiene que esconderlo y son los funcionarios los que se transformaron en los voceros de Adorni”, provocó la camporista Paula Penacca comenzada la sesión. La diputada de Unión por la Patria fue la primera en presentar un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni para que diera explicaciones sobre sus viajes y propiedades, que tienen envuelto al Gobierno en una crisis hace un mes.

El PRO y la UCR, así como los gobernadores de Tucumán, San Juan y Salta, salieron en defensa del jefe de Gabinete y frustraron la avanzada opositora. La votación salió 124 votos y 118 en contra: dado que la propuesta, al ser un apartamiento del reglamento, necesitaba de tres cuartos de los presentes para ser aprobada, se rechazó. Pero dejó un mensaje. La oposición había fracasado en sostener una mayoría especial, pero no una mayoría simple. Hubo aliados del Gobierno que, al momento de votar, decidieron ausentarse y dejaron expuesto al jefe de Gabinete.

Fue el caso, por ejemplo, de los misioneros que responden a Hugo Passalacqua, los cordobeses de Martín Llaryora y los santafesinos de Maximiliano Pullaro (que 24 horas antes había cerrado un acuerdo por la deuda previsional con Nación y se preparaban para acompañar la reforma de la ley de Glaciares). También de los ex libertarios Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID, y de Marcela Pagano. Todos ausentes al momento de la votación que, sin embargo, estaban presentes en otros pasillos del Congreso. 

Una situación similar se vivió cuando Maximiliano Ferraro pidió un apartamiento de reglamento para interpelar a Adorni y a Karina Milei por el caso $LIBRA, que sumó novedades sobre la participación de los funcionarios en el lanzamiento de la criptomoneda a raíz de las filtraciones periodísticas del celular de Mauricio Novelli. La oposición consiguió 125 votos a favor y 116 en contra. Una vez más, perdió la votación pero demostró fuerza. Con una novedad: la salteña Yolanda Vega acompañó el proyecto pese al alineamiento de su gobernador, Gustavo Sáenz, con Javier Milei.

El jefe de Gabinete tendrá que pisar la Cámara de Diputados el 29 de abril en un escenario hostil. Existe una mayoría incipiente que está dispuesta a llevarlo por la fuerza a dar explicaciones y, en la vereda de enfrente, un oficialismo que no termina de convencer a todos sus aliados para que salgan en su defensa. “Lo van a destruir”, coincidió un aliado del Gobierno, poco después de la sesión.

La oposición apunta a utilizar esta mayoría incipiente en una futura sesión. El objetivo de la bancada peronista, que preside Germán Martínez, es convocar dentro de unas semanas una sesión especial con un temario que incluya todos los temas rechazados –incluido el “No a la Guerra”, un proyecto de ampliación de licencias parentales y otro destinado a las PYMES– para que puedan ser emplazados y tratados en comisión. Una maniobra que, por discusiones técnicas, la oposición no pudo implementar en el recinto y planea, ahora, utilizarlo como insumo para pasar a la ofensiva en el Congreso. 

No será el único tema. La oposición tiene planeado volver a la ofensiva en el Congreso y buscará hacerlo de la mano del escándalo Adorni, por un lado, y del rechazo del DNU 941 que reestructuró la SIDE. 

El PRO y la UCR apoyan la censura a periodistas

Otro de los temas que se incluyó al comienzo de la sesión fue el repudio a la decisión del gobierno nacional de quitar la acreditación en Casa Rosada a periodistas y medios de comunicación vinculados a una supuesta red de espionaje ruso. Hubo dos proyectos de resolución presentados, uno por Romina del Plá (PO) y otro por Lorena Pokoik (UxP), y ambos fueron rechazados. 

Votaron en contra LLA, pero también el PRO y la UCR. Los gobernadores, en esta ocasión, decidieron ausentarse. Sí acompañaron el rechazo a la censura, en cambio, el peronismo, la izquierda, la Coalición Cívica y Provincias Unidas. 

Una situación similar se vivió con el proyecto de resolución de No a la Guerra de Eduardo Valdés y Juan Marino (UxP). “Paz, paz, paz, esto es lo que quiero escuchar de este recinto”, pidió Valdés, pero con 121 votos a favor y 117 en contra no logró conseguir conseguir los tres cuartos del recinto.

MCM/CRM

Cinco provincias y seis grandes mineras: quién es quién detrás de la reforma de la Ley de Glaciares

Cinco provincias con actividad minera y seis grandes mineras. En ese puñado de intereses se concentra la expectativa por la reforma de la Ley de Glaciares que este miércoles concretaría el Gobierno en la Cámara de Diputados. El proyecto apunta a modificar el régimen de protección vigente desde 2010 y habilitar condiciones para el desarrollo de inversiones por miles de millones de dólares en la cordillera de los Andes.

El cambio central que introduce la reforma es en la definición de qué se protege. La ley vigente establece una tutela amplia sobre glaciares y ambiente periglacial, sin distinción. El nuevo esquema propone limitar esa protección a los cuerpos de hielo que demuestren una “función hídrica efectiva”, delegando en las provincias la potestad de determinar qué queda alcanzado y qué no. En la práctica, implica pasar de una protección general a una protección condicionada, con un cambio en los criterios técnicos y en la autoridad que define las áreas vedadas a la actividad minera.

San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy y Mendoza aparecen como los principales impulsores territoriales de la iniciativa. Del lado empresario, el mapa se concentra en BHP, Glencore, Barrick Mining, Lundin Mining, Rio Tinto y McEwen Copper, con participaciones cruzadas y financiamiento común. El presidente de la Cámara Argentina de Industrias Mineras, Roberto Cacciola, afirmó ante el Congreso que el 75% de los proyectos cupríferos del país necesitan que “el tema glaciares se resuelva”. La frase condensa el interés en juego y ordena el debate.

El impulso a la reforma fue construido durante años por las provincias con actividad minera. La Mesa del Litio, creada en 2021 por Catamarca, Salta y Jujuy, y la Mesa del Cobre, conformada en 2024 con San Juan y Mendoza, funcionaron como espacios de articulación política. Los fundamentos del proyecto reconocen ese origen y el reclamo de los gobernadores para que cada provincia tenga mayor margen de decisión sobre qué áreas proteger.

Ese alineamiento territorial quedó expuesto en el plenario de comisiones de Diputados que firmó el dictamen este martes en un clima de fuerte tensión. La propia lista de expositores funcionó como una radiografía del mapa político detrás de la reforma. Participaron, de manera presencial, el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso; la ministra de Minería de esa provincia, Teresita Regalado; el ministro de Minería de Jujuy, José Gómez; la ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre; el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea; el ministro de Producción sanjuanino, Gustavo Fernández; el secretario de Gestión Ambiental de esa provincia, Roberto Moreno; el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero; el subsecretario de Ambiente nacional, Fernando Brom; el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Thiem; y el subsecretario de Política Minera, Federico Caeiro. De forma remota expusieron el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil; el secretario de Minería de Salta, Gustavo Carrizo; el coordinador de esa área, Juan José Martínez; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable salteño, Alejandro Aldazabal; y el coordinador de esa cartera, Sebastián Varela.

La nómina exhibe una fuerte presencia de funcionarios de provincias mineras y áreas productivas vinculadas al sector, con escasa participación de distritos sin proyectos en cartera. Ese sesgo fue parte de las críticas durante el debate. Desde el Frente de Izquierda, Romina Del Plá sostuvo: “Las mineras y los funcionarios a sueldo de las mineras son los que han tomado por asalto este plenario de comisiones”. La diputada Sabrina Selva, de Unión por la Patria, agregó que la reforma no había sido consensuada en el Consejo Federal de Medio Ambiente ni con todas las provincias.

Del lado de los respaldos, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego defendió el desarrollo de la actividad y afirmó: “La minería y el ambiente van de la mano, es el mundo que viene y sin minería no va a haber futuro”. La discusión volvió a mostrar una lógica que ya había atravesado el Senado: más que por pertenencia partidaria, las posiciones se ordenaron por intereses territoriales vinculados a los proyectos.

En ese contexto, la figura del secretario de Minería, Luis Lucero, quedó en el centro de la discusión. Horas antes del plenario fue denunciado penalmente por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas por presunto conflicto de intereses, en base a su trayectoria previa como abogado de empresas mineras en el estudio Marval O’Farrell Mairal. Según la presentación, el funcionario había sido formalmente excusado de intervenir en decisiones vinculadas a proyectos como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera, pero esa excusación “no fue efectiva” y habría participado en iniciativas orientadas a flexibilizar la Ley de Glaciares. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó la presencia del secretario de Minería y advirtió: “No está participando como un mero actor del Poder Ejecutivo, asesoró a una o más de decenas de empresas mineras”.

El interés empresarial

La reforma de la Ley 26.639 se inserta en un esquema más amplio de incentivos a la inversión minera. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) garantiza estabilidad fiscal por 30 años, beneficios impositivos y acceso a arbitrajes internacionales. A eso se suman la eliminación de retenciones a productos mineros y acuerdos sobre minerales críticos. En ese contexto, la modificación de la ley apunta a remover un límite específico: la protección de glaciares y ambiente periglacial en zonas donde se ubican varios de los proyectos en cartera.

Recién en ese marco aparece el detalle de los desarrollos concretos. San Juan concentra el eje más dinámico. Allí opera Veladero, de Barrick Mining, con antecedentes de al menos cinco derrames de solución cianurada desde 2015; El Pachón, controlado por Glencore, con una inversión proyectada de 9.500 millones de dólares; y Los Azules, de McEwen Copper, aprobado dentro del RIGI con una inversión estimada en 2.700 millones.

Este último proyecto cuenta con declaración de impacto ambiental aprobada bajo la normativa vigente de la Ley de Glaciares y fue diseñado en ese marco. Según la empresa, su factibilidad “está completamente compatible con la ley como está”, aunque su CEO, Michael Meding, sostuvo ante elDiarioAR que “una mejora en las definiciones de la ley de glaciares […] te mejora la financiabilidad de proyectos porque sacás incertidumbre”.

El proyecto Vicuña, el joint venture entre BHP y Lundin Mining que integra Filo del Sol y Josemaría, prevé inversiones cercanas a los 18.000 millones de dólares. Desde la compañía aseguran que el desarrollo no requiere una modificación de la ley para avanzar, aunque respaldan la reforma como sector. En Catamarca, el proyecto MARA —también bajo control de Glencore— se apoya sobre la infraestructura de Minera Alumbrera y registra antecedentes judiciales por violaciones a la normativa ambiental vigente.

Los accionistas de Vicuña Corp fueron recibidos por Javier Milei en Casa Rosada nueve días antes de la votación en el Senado, donde el proyecto obtuvo media sanción el 26 de febrero con 40 votos a favor. En la foto se mostraron Jack Lundin, CEO de Lundin Mining y miembro del directorio de Vicuña; Carlos Ramírez, vicepresidente en BHP y presidente del directorio de Vicuña; Ron Hochstein, CEO y José Luis Morea, Country Director en la Argentina.

Las posiciones empresariales convergen en un punto: no plantean la reforma como condición excluyente para avanzar, pero sí como un mecanismo para reducir incertidumbre regulatoria. El CEO de Glencore en Argentina, Martín Pérez de Solay, sostuvo que en el área de El Pachón hay glaciares que “no tienen función hídrica contundente”. En la misma línea, Meding planteó que “hay que entender cuál es la contribución de un glaciar o de un glaciar de escombro al sistema hídrico”.

El nivel más profundo del mapa aparece al observar la estructura del capital. El informe “Los ganadores del deshielo”, del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, identifica una presencia transversal de los fondos BlackRock y Vanguard en las principales mineras. BlackRock posee el 5,6% de BHP y el 7,3% de Glencore, mientras que Vanguard controla alrededor del 5,36% de BHP. El documento lo sintetiza: “Los principales beneficiarios de esta reforma comparten accionistas comunes, entre ellos los grandes fondos de inversión globales”.

El mismo informe describe el cambio que introduce la reforma en términos precisos: “Se reemplaza la protección general de glaciares y ambiente periglacial por un esquema condicionado a la demostración de su funcionalidad hídrica”. Y agrega: “Se invierte la carga de la prueba: ya no son las actividades las que deben demostrar que no afectan, sino que el glaciar debe probar que merece protección”. También advierte que “la fijación de umbrales mínimos excluye glaciares de pequeñas dimensiones que cumplen un rol clave en el sistema hídrico andino”.

En ese marco, concluye que “la reforma habilita el avance de proyectos mineros que actualmente se encuentran limitados por la legislación vigente”. Más de 85 constitucionalistas advirtieron que estos cambios podrían implicar un retroceso en materia de protección ambiental en relación con el artículo 41 de la Constitución Nacional.

*Con la colaboración de Alejandro Rebossio

MC