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Noticias de Mendoza

Panchos, hamburguesas y alfajores, rápido y de parado: el achicamiento de la clase media redefine la gastronomía

Mientras se desploman los restaurantes típicos a los que concurría la clase media, al tiempo que la cocina premium gana estrellas Michelin y se concretan emprendimientos gastronómicos millonarios, hay un rubro –que no tiene salón ni mozos y no supera los 40 metros cuadrados– que creció en medio de la crisis socioeconómica. Son los locales low cost —pizza al corte, empanadas, hamburguesas—. En los últimos dos años se multiplicaron en todos los centros urbanos del país a un ritmo que el sector formal llama “refugio de emprendedores”.

El sábado pasado en Caballito, sobre av. Rivadavia, Antonela N. (36) esperaba, en una larga fila con su marido y sus hijas, la cena de Mr. Tasty: balde repleto de papas fritas con seis burger por $23.000. Esta joven familia tipo, en otro momento no tan lejano, salía los sábados a comer en restaurantes. Cada tanto, incluso, la pareja se reservaba algún viernes para beber “tragos de autor”. Pero en el último año sus ingresos se congelaron, ya no llegan a los casi $2.400.000 necesarios para pertenecer a la clase media porteña –según datos del INDEC– y tuvieron que recortar gastos.

“Si bien no pagamos alquiler porque mi marido heredó el departamento del padre, ya no podemos salir a comer afuera. Por eso empezamos a venir acá, es muy barato y a las nenas les gusta. Nos llevamos un balde de estos y vamos a casa a mirar algo en la tele”, cuenta Antonela y describe, al mismo tiempo, la reconfiguración de la escena gastronómica en Buenos Aires.

Julio Gauna, fundador y dueño del Grupo Desembarco, un imperio gastronómico que incluye Mr. Tasty, El Desenbarco, Dark Kitchens y Mila & Go., confirma la tendencia: “Cuando abrimos Mr. Tasty en 2024 teníamos un público joven, pero hoy en día la mayoría son familias que antes salían a comer y ahora pasan a comprar un balde con hamburguesas y papas y comen en su casa”.

“Hay recesión y la gente consume distinto, hoy el cliente busca precio, promociones y rapidez”, dice Gauna, que proyecta terminar el año con 200 locales en todo el país. “El año pasado abrimos 60 locales en seis meses, en uno de los momentos más recesivos del país; eso demuestra que hay consumo”, asegura.

El centro que colapsa

Según los expertos, la gastronomía se está reorganizando en dos extremos –uno que se agranda y otro que se mantiene– mientras el centro colapsa. Los restaurantes y bodegones típicos están cerrando al tiempo que las sucursales de comida barata y rápida abren decenas por mes y la cocina premium acumula reservas con semanas de anticipación.

“Una de las particularidades de este modelo es ampliar la brecha entre ricos y pobres”, dice Hernán Herrera, coordinador del área de economía del Instituto Argentina Grande. “La quita de restricciones y cepos ha mejorado la vida de quienes pueden vivir en dólares y ha empeorado a las mayorías de la clase media. El ajuste del sector público impacta directamente en los negocios minoristas de todos los días”, explica.

Según la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC), la actividad en restaurantes cayó 30% interanual. Los locales vacíos se multiplicaron en las principales arterias del microcentro, San Nicolás y Monserrat.

El boom de los low cost

En simultáneo, los locales baratos y rápidos se agrandan. Según la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias (AAMF), el formato crece entre el 8 y el 12% anual incluso en años de contracción, y nueve de cada diez locales franquiciados siguen abiertos diez años después de su inauguración, una tasa de supervivencia que ningún otro segmento del rubro puede mostrar.

“Los únicos locales que están teniendo un consumo sostenido son aquellos de ventas de productos low cost, sean pizzas, empanadas, helados o la parte gastronómica”, dijo recientemente Marcelo Bernardini, de la consultora Franquicias que Crecen. El fenómeno se entiende también por la facilidad de ingresar al negocio. Se precisa una inversión inicial que no supera los US$ 35.000, entre uno y tres empleados, gastos operativos mínimos y un recupero del capital, según estiman, en doce a dieciocho meses.

Mr. Tasty es una de las nuevas franquicias low cost con crecimiento vertiginoso. Fundada en 2024 por Julio Gauna como una dark kitchen, pasó en menos de un año de tener un solo local en Boedo a más de 60 en doce provincias, con otros 40 en construcción. Sus locales miden 40 metros cuadrados, no tienen salón y funcionan con siete u ocho empleados. Los precios arrancan en $4.000. “Está pensado para el trabajador que baja del tren, cansado, y quiere comer bien sin esperar”, dice Gauna.

Solo Empanadas, otra de las cadenas del segmento, inauguró entre dos y tres locales por mes durante 2025 con un ticket de entrada de US$ 25.000 y espacios de 40 metros cuadrados. El modelo también cambió el hábito de consumo que lo sostiene. “La gente no se sienta a almorzar, sino que come de parado”, dijo en otra entrevista Daniel Arce, de Franquicias que Crecen. “Hay uno o dos por cuadra y todos trabajan, porque cambió el consumo”.

“Yo prácticamente vivo a empanadas de estos locales”, cuenta Antonela, todavía en la fila de Mr. Tasty que avanza con rapidez. Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), en Argentina se consumen cerca de 10 millones de empanadas por día; en plataformas de delivery, es el segundo plato más pedido, solo detrás de la pizza. “Trabajo de secretaria en microcentro hasta las cinco de la tarde. Antes me compraba una vianda, pero no tiene sentido. Ahora cruzo y me como dos empanadas, gasto $2.000 en el almuerzo”, dice.

Quizás quien mejor resumió la situación fue Claudio Messina, director de la empresa Fantoche, quien describió un aumento exponencial en la venta, pero lejos de ser mostrarse satisfecho se sinceró: “En muchos casos el alfajor reemplaza una comida...a veces yo digo es bueno para la industria, pero es malo para el país”. En un reportaje con Ahora Play, siguió: “Esto no es de hoy, desde la década del '80, cada vez que hay un problema económico y falta plata en el bolsillo de la gente el alfajor crece porque es la porción justa. Comes un triple con una gaseosa o un agua y tenés las calorías necesarias para seguir trabajando y gastás muchos menos que sentarte a comer en un restaurante”.

De acuerdo a datos de 2025, en Argentina se venden 12 millones de alfajores por día, esto implica 4.380 millones por año para un mercado liderado por las marcas que ofrecen los productos de menor costo con Guaymallén a la cabeza. Fantoche, en particular, aumentó sus ventas 32% respecto de 2024.

El otro extremo que acumula estrellas

Mientras crecen los locales low cost y fast food como Mostaza –que anunció una inversión de US$ 40 millones para abrir 30 nuevos locales solo este año–, sobre la Costanera Norte, el llamado Distrito Joven concentra restaurantes de primer nivel inaugurados en los últimos dos años –Maro, Sendero Costanera, Fabric Dragón Blanco, Costa 70 70, Jano's Eventos–. “Parecen de Miami”, dice a elDiarioAR Martín Pittaluga, empresario gastronómico, dueño de La Huella y El Mostrador Santa Teresita de Olivos.

Esos nuevos restaurantes operan sobre tierras públicas concesionadas a privados. Jonatan Baldiviezo, abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, dijo en una nota publicada en Clarín el pasado 4 de enero: “El acceso al río queda mediado por la capacidad de consumo. Si no te sentás a pagar, el espacio te expulsa”. Quienes pueden sentarse, en general, son el 6% de la población que actualmente concentra el 34% de la riqueza argentina, con un piso de ingreso de US$ 8.000 mensuales, según la una investigación de la consultora Moiguer.

“Veo una caída enorme del consumo. Primero porque Argentina está muy cara y segundo porque la gastronomía está atravesando una crisis muy fuerte. Hay mucha oferta, sí, pero sobre todo hay costos muy altos”, comenta Pittaluga, quien conoce las dos caras de la crisis.

En los años 90 quebró un restaurante en Buenos Aires y se fue a Uruguay. En 2001 fundó con dos socios el Parador La Huella en José Ignacio, sobre una playa que nadie frecuentaba y que hoy atiende hasta mil personas diarias en temporada alta. La Huella llegó al puesto 11 del ranking de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina y es caso de estudio en Harvard Business School.

“Lugares de primer nivel como Don Julio, El Preferido o Happening tienen una fama y una clientela consolidada que los sostiene”, dice. “Tienen un plus. Puede ser la calidad, la ubicación, la tradición o la fama. Hoy tener una clientela consolidada vale muchísimo.”

Don Julio, el más citado, acumula estrella Michelin, estrella verde y un puesto en los 50 Best Latin America. En 2025, la Guía Michelin otorgó tres nuevas estrellas en Buenos Aires: Crizia, con el chef Gabriel Oggero, se sumó a Aramburu, el único restaurante con dos estrellas del país.

Mientras el fine dining acumula reconocimientos internacionales y reservas con semanas de anticipación, el mercado intermedio se contrae. En noviembre de 2025, el Financial Times lo registró con un título: “Más pizza, menos bife de chorizo”. El encarecimiento en dólares –el precio de un bife de chorizo con guarnición pasó de US$ 9,40 en 2023 a US$ 21,90 en 2025– expulsó al turista extranjero y aceleró el corrimiento del consumo local hacia los extremos.

En restaurantes de gama media y alta, la caída del consumo llegó al 40%, según la AHRCC –diez puntos por encima del promedio general–. El 76% de los argentinos redujo la frecuencia con la que sale a comer, según una encuesta de Kantar Insights. “Los restaurantes más cotidianos, los de clase media, donde la gente antes salía dos o tres veces por mes, ahora salen una sola vez, y muchos quiebran”, concluye Pittaluga.

LN/MG

La Administración Trump detuvo a los padres de al menos 27.000 niños en siete meses

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. en enero de 2025, el Gobierno tuvo en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian analizó los registros oficiales y concluyó que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno detuvo a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) deportó cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias fueron separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS deportó a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. En promedio, la Administración Trump detuvo a unos 2.300 progenitores por mes y deportó a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud superó con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EE.UU.

Los datos a los que tuvo acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

Faisal Al-Juburi — ONG de asistencia jurídica Raíces

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé termine en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. presentó una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian analizó más de una decena de casos y entrevistó a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno detuvo a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde construyeron sus vidas y formaron familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala tuvo un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también debilitó la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, rechazó responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

E.F.A — Solicitante de asilo venezolana

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EE.UU. sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EE.UU. durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EE.UU. no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EE.UU. para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que trabajó durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs trabajó con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado pidió que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EE.UU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se convirtió en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Atrapante serie en clave de thriller, aliñada con sexo aventurero y humor negro

Luego de un capítulo inaugural que sugiere maliciosamente un transitar por ciertos caminos previsibles del thriller, los sucesivos episodios de DTF St. Louis, miniserie (HBO Max) que se anuncia cerrada, una creación total de Steven Conrad (Patriot, 2015-2018), se abren y se cierran con renovados sobresaltos argumentales.

Giros que, por ejemplo, corren de su lugar acostumbrado al veterano detective blanco Homer, y que van afianzando el aplomo de su coequiper negra, Plumb, bastante más joven, de mentalidad abierta que conoce y acepta (en algún caso, practica) usos y recursos de la sexualidad contemporánea. Ella y él se nombran por sus apellidos, no incurren en rivalidades o enfrentamientos –como se podría suponer en una situación del arranque– sino que, por el contrario, ponen progresivamente de manifiesto que son los personajes más honestos, con un verdadero interés vocacional en su oficio de investigadores.

Al revés de lo que sucede con los tres protagonistas de la historia principal, cuyas distintas facetas se van despejando mayormente a través de la búsqueda y los interrogatorios de Homer y Plumb, a partir de un presunto crimen. Facetas equívocas, contradictorias, extravagantes que antes que la mentada –en gacetillas y reseñas– crisis de la mediana edad, tienen que ver con la ausencia de metas que los incentiven, el deterioro de las relaciones conyugales, un desencanto existencial que solo parece encontrar aliciente en la amistad entre dos personajes en principio incompatibles: el perdedor, ingenuo y benévolo Floyd y Jack, el manipulador, presunto ganador. El primero, en el breve lapso que transcurre –por vía de flashbacks– DTF, trabaja con el lenguaje de señas para sordos en el programa de televisión de su reciente amigo Jack, meteorólogo estrella de un canal local, que se desplaza en una extraña bicicleta, especie de silla de ruedas con pedales, que cumple un rol en la serie.

La tercera integrante del trío protagónico es Carol, mujer de Floyd, madre de un adolescente inadaptado social, nacido de una relación anterior, que rechaza a su padrastro y apedrea las casas del barrio. En esta narración fragmentada no lineal, a los ojos del espectador, Carol puede ir de la probable femme fatale al ama de casa capaz de trabajar de árbitra improvisada de baseball infantil, ridículamente vestida, sin que se le caiga un anillo. Sin que se pueda considerar un espoileo puesto que el hallazgo ocurre al promediar el primer cap: la víctima del hipotético asesinato es el bueno de Floyd. Y el primer sospechoso es Jack.

Verdad o consecuencia

Objeto televisivo difícil de identificar –no sería un modelo para armar sino más bien un collage minuciosamente organizado– DTF muestra imágenes fijas de desnudo integral masculino, escenas de representación de las respectivas fantasías sexuales de Carol y Jack (cuando se convierten en amantes) que van más allá del Kamasutra, la detective Plumb instruye con naturalidad a Homer sobre el uso actual de la pornografía… Y, sin embargo, no se trata de una serie que busque generar erotización en quien la mira por más rebuscados que parezcan los caprichos que se ponen en escena en el Quality Garden Suites, ya que Steven Conrad marca una fría distancia clínica.

De paso y ya que estamos en tema, vale apuntar que, en el pabellón danés de la actual Bienal de Venecia, la artista Maja Malou Lysel está presentando, no sin polémica, Things to Come, exposición que mezcla pornografía (como estímulo visual eficaz), ciencia y ficción. La idea es llevar a discusión la crisis de fertilidad masculina, el rol de las imágenes y las transformaciones del cuerpo en el siglo 21, partiendo de un título del visionario HG Wells llevado al cine en 1936, acerca del progreso tecnológico y la consiguiente redefinición de estructuras sociales.

Por otra parte, en la serie tan eficazmente creada, escrita y dirigida por Conrad, donde nunca se termina de saber lo suficiente como para poder entender todas las acciones y sus motivaciones; hay una ambigüedad estructural narrativa que, premeditadamente, desorienta y obliga a quien la mira a estar muy alerta. Y, en cierta forma, a participar activamente para no perderse en ese laberinto, apasionante pero muy intrincado; entre esos personajes que nunca dejan de ser enigmáticos. Respecto de los cuales el propio creador nunca partido definido.

Las apariencias engañan también en los que se refiere a la locación porque, aunque se nombre la ciudad de St. Louis en el título y durante el transcurrir de los episodios, esta producción fue rodada en Atlanta, estado de Georgia. Así es que los conocedores de St. Louis y sus suburbios de clase media, no encontrarán locaciones que les resultan familiares.

Por varias razones, entonces, este raro thriller tiene efectos desestabilizadores, nunca se mueve en terreno firme, a menudo está desplazando sospechas, aún cuando se desliga de la muerte de Floyd. ¿Es sincero Jack cuando se comporta como marido amable y padre protector de sus hijas, o solo quiere ajustar las hamacas para espiar a su vecina que toma sol? Y cuando él declara que sedujo a Carol, en realidad, ¿no fue ella la que condujo ese baile, la que lo encontró “casualmente” en el bar Jamba Juice, la que mantiene posición dominante en los encuentros íntimos? ¿Es Carol un tanto psicópata o apenas está a la defensiva frente a los detectives? Para mayor desconcierto humorístico, el tema que abre los episodios es Let the Sunshine In, de ¿quiénes si no? The 5th Dimension.

Como quedó dicho más arriba, parece franca y con rumbo indudable la relación que va deviniendo entrañable entre el viejo detective que reconoce sus prejuicios del siglo 20, y la joven colega que termina siendo su maestra en nuevas costumbres. Richard Jenkins y Joy Sunday, tanto en los interrogatorios a puertas cerradas como en amplio hall brutalista de la comisaría o en el encantador diálogo del último capítulo, están perfectamente creíbles en su transparencia actoral. Dentro de un cásting sumamente acertado, pasa lo propio con el Floyd de David Harbour y su naïveté un poquitín torpe, un mucho bondadoso y decente. Con todos los matices requeridos por su opacidad y sus ambivalencias, Jason Bateman y Linda Cardellini generan constante inquietud e interés por descifrar a Jack y a Carol. En papeles secundarios, se ganan alabanzas Arlan Ruf como el desdichado adolescente y Peter Sarsgaard en el rol de Modern Love, el hombre que acude a una cita con Floyd, que no ha sabido reconocer la foto que recibió. Modern Love es el primero que dice la frase que otros repetirán: “Nadie es normal, se lo puede ver así desde la vereda de enfrente”.

Dato curioso al margen: St. Louis y Rosario –provincia de Santa Fe, Argentina– fueron nombradas en 2017 ciudades hermanas, junto a otras 13 localidades, comprometiéndose a la mutua cooperación en agricultura, comercio, educación y cultura. Ya ha habido intercambio.

Vanguardias y religión

¿Qué puntos de contacto hubo entre las vanguardias artísticas y el catolicismo? Aunque por su asociación con la modernidad, las vanguardias han tendido a ser vistas como anticlericales, figuras como Leopoldo Marechal, Xul Solar, Emilio Pettorutti, Jacobo Fijman, Tomás de Lara, Juan Antonio Spotorno, Tristão de Athayde, César Pico, Ernesto Palacio, Victor Delhez, Elías Castelnuovo, Murilo Mendes, Norah Lange, Norah Borges o Clarice Lispector, muestran que, en el tiempo de entreguerras, los cruces entre vanguardia y catolicismo fueron frecuentes. ¿De qué maneras se articularon esos cruces entre Buenos Aires, Río de Janeiro y París? ¿En qué lenguajes se expresaron?

Entrevistada: Laura Cabezas

Conducción: Miranda Lida

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial. 

La ocupación comercial, el lado oculto de la expansión israelí para eliminar la identidad palestina de Jerusalén Este

En los estrechos callejones de Jerusalén Este, donde los aromas de especias, pan recién horneado y quesos locales solían mezclarse con el bullicio cotidiano, empieza a abrirse un hueco difícil de llenar. No es solo la ausencia de productos palestinos en las estanterías: hay un cambio silencioso que atraviesa toda la cadena, desde el productor hasta el consumidor.

Desde hace semanas, los productos palestinos encuentran cada vez más obstáculos para llegar a los comercios. Según la Federación Palestina de Industrias Alimentarias y Agricultura, las autoridades israelíes endurecieron las restricciones a la entrada de alimentos, especialmente lácteos y carne procesada. La organización sostiene que no se trata únicamente de controles sanitarios o administrativos, sino de una medida que puede reconfigurar el mercado local en favor de productos israelíes y de los asentamientos de colonos.

Este jueves se celebró la conocida marcha de las banderas, en la que ultranacionalistas israelíes desfilan por la ciudad para celebrar el 59 aniversario de la ocupación de la ciudad.

En el barrio de Shuafat, al noreste de la ciudad, Ahmad —cuyo nombre, como el de los otros comerciantes de esta crónica, fue modificado para proteger su identidad ante posibles represalias—, propietario de una pequeña tienda de comestibles, observa con frustración sus heladeras. “Antes tenía yogur de Hebrón, queso de Nablus, leche fresca de Ramala, pero ahora, mire esto”, dice señalando los pocos yogures que aún le quedan. “Nos queda poco stock. Cuando se acabe, no sé cómo vamos a reponerlo”.

Ahmad no está solo. A pocos metros, otro comerciante, Abu, apunta a una dimensión menos visible del problema: “No es solo el precio. Es identidad. La gente quiere consumir lo suyo. Esto rompe ese vínculo”.

La federación palestina insiste en que Jerusalén Este forma parte integral del mercado palestino junto con Cisjordania y Gaza y que cualquier interrupción en ese flujo tiene un impacto directo en toda la economía. A su juicio, estas medidas vulneran el Protocolo Económico de París de 1994, que regula las relaciones comerciales entre Israel y la Autoridad Palestina en el marco de los Acuerdos de Oslo.

Las críticas fueron respaldadas por el ministro palestino de Industria, Arafat Asfour, quien en declaraciones a la radio Voice of Palestine acusó a Israel de bloquear la entrada de productos básicos por razones políticas. Según Asfour, se está “manipulando el aspecto económico” para asfixiar a las empresas palestinas. También advirtió de posibles represalias comerciales, incluida la prohibición de productos israelíes en el mercado palestino. Por ahora, no hubo respuesta oficial israelí.

En la zona comercial de Ras al-Amud, cerca del Monte de los Olivos, Salwa lleva más de veinte años vendiendo productos palestinos. “Nuestros clientes confiaban en estos productos. No tanto por el precio, sino por la calidad y porque forman parte de nuestra vida diaria”, explica. “Esto rompe la conexión con los productores de Cisjordania”.

No es solo el precio. Es identidad. La gente quiere consumir lo suyo. Esto rompe ese vínculo

Abu — comerciante en Jerusalén Este

Desde la federación subrayan además que los productos palestinos cumplen estándares internacionales, están sometidos a controles sanitarios y fueron exportados durante años sin incidentes, lo que cuestiona los argumentos técnicos que podrían justificar restricciones.

Aunque las denuncias cobraron fuerza en las últimas semanas, no es la primera vez que surge una controversia de este tipo. Según informó Al Jazeera, en 2016 Israel ya prohibió la entrada de estos productos a cinco empresas palestinas con el argumento de que no cumplían los estándares requeridos. Las autoridades palestinas rechazaron entonces esa explicación. El ex primer ministro Rami Hamdallah denunció que se trataba de un intento de aislar económicamente Jerusalén Este y de diluir su identidad palestina. Como respuesta, la Autoridad Palestina impuso restricciones a productos de cinco empresas israelíes.

Las pérdidas económicas estimadas para ambos lados rondaban los 280 millones de euros, según el Ministerio de Economía palestino. El comercio total entre Israel y la Autoridad Palestina se sitúa en torno a los 3.700 millones de euros al año.

El precedente se remonta incluso a 2010, cuando medidas israelíes similares fueron frenadas por la presión internacional. Organizaciones israelíes como Adalah, el Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, denunciaron entonces que las restricciones eran arbitrarias, al afectar de forma generalizada a los productos procedentes de Cisjordania sin requerir evaluaciones individuales ni justificaciones técnicas detalladas.

“Hay que entender que la economía palestina está profundamente conectada a la israelí y que la economía palestina de Jerusalén Este no controla plenamente sus propias decisiones”, explica Yazan Risheq, investigador en Economía Política Internacional de la Arab American University en Cisjordania. “Israel puede afectar directamente a la economía palestina controlando importaciones, exportaciones y empleo. Las restricciones a los productos no son solo comercio: pueden profundizar la dependencia económica palestina respecto a Israel y limitar cualquier posibilidad de desarrollo independiente, matando el sueño de un Estado palestino”.

Jerusalén Este, una ciudad ocupada

Las restricciones a los alimentos palestinos se producen en un contexto mucho más amplio. Jerusalén Este, de mayoría palestina y considerada territorio ocupado por el derecho internacional, fue tomada y anexada por Israel tras la guerra de 1967. Esa anexión no fue reconocida por la comunidad internacional, pero Israel considera la ciudad su capital eterna, una definición repetida durante décadas por distintos dirigentes israelíes. De hecho, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, insistió en diferentes ocasiones en que “Jerusalén nunca volverá a ser dividida” y que “Jerusalén fue y solo será la capital del pueblo judío”.

Sobre el terreno, esa visión política se traduce en una creciente expansión de asentamientos israelíes, considerados ilegales por la Corte Internacional de Justicia, y en una presión constante sobre los barrios palestinos de Jerusalén Este. Organizaciones internacionales, expertos y grupos israelíes de derechos humanos denuncian desde hace años un proceso de “judaización” de la ciudad mediante demoliciones, restricciones urbanísticas, revocación de permisos de residencia y expulsiones de familias palestinas.

Según el último boletín mensual de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, solo en abril las autoridades israelíes demolieron o forzaron la demolición de al menos 11 viviendas y otras estructuras en la zona de Al Bustan, en Silwan, un barrio palestino al sur de la Ciudad Vieja, desplazando al menos a 36 personas para ampliar el proyecto arqueológico y turístico israelí conocido como 'King’s Garden'. En Batn al Hawa, también en Silwan, siete familias palestinas recibieron órdenes definitivas de expulsión con 21 días para abandonar sus casas y entregarlas a colonos israelíes. En los últimos meses, Silwan estuvo en el foco mediático por estas demoliciones, que se habían ralentizado durante los combates activos contra Irán, pero que ahora se han retomado.

Hay que entender que la economía palestina está profundamente conectada a la israelí y que la economía palestina de Jerusalén Este no controla plenamente sus propias decisiones. Israel puede afectar directamente a la economía palestina controlando importaciones, exportaciones y empleo. Las restricciones a los productos no son solo comercio: pueden profundizar la dependencia económica palestina respecto a Israel y limitar cualquier posibilidad de desarrollo independiente

Yazan Risheq — investigador en Economía Política Internacional de la Arab American University en Cisjordania

La ONU sitúa estos casos dentro de un patrón más amplio de desplazamiento forzoso tanto en Jerusalén Este como en Cisjordania: cerca de 2.000 palestinos fueron desplazados desde comienzos de 2026 debido a la violencia de colonos y a medidas israelíes. En paralelo, la organización también alerta de un incremento de las restricciones y ataques en lugares religiosos musulmanes y cristianos de Jerusalén Este.

El problema de las restricciones sobre los productos palestinos, sin embargo, no empieza en las tiendas, sino mucho antes: en la ruta. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) existen actualmente 925 obstáculos al movimiento en Cisjordania, entre puestos de control permanentes, controles intermitentes y barreras físicas. Estas restricciones afectan a unos 3,4 millones de palestinos y dificultan directamente el acceso a mercados clave como Jerusalén.

En la práctica, esto implica que un camión cargado de leche desde Ramala o carne desde Hebrón puede enfrentarse a múltiples controles, esperas imprevisibles o incluso denegaciones de paso. Empresas palestinas como Hamouda, uno de los principales distribuidores de lácteos en Jerusalén Este, denunciaron en diferentes ocasiones bloqueos puntuales en la entrada de sus productos a esta parte de la ciudad Santa.

Naciones Unidas advierte que este entramado no es puntual, sino estructural. OCHA señala que estas limitaciones forman parte de un sistema cada vez más arraigado de políticas restrictivas que fragmenta la economía y afecta al acceso a recursos, mercados y medios de vida, una tendencia que se intensificó en los últimos años.

En este contexto, la barrera de separación entre Jerusalén Este y Cisjordania, de más de 700 kilómetros, y su red de controles constituyen el mayor obstáculo al movimiento. Según esta agencia, solo tres de los trece pasos principales permiten el acceso a Jerusalén para palestinos con documentación de Cisjordania y permisos israelíes, que son complejos de conseguir.

Los retrasos, cierres o denegaciones de paso, subraya la ONU, “impiden gravemente el acceso a servicios y recursos, alteran la vida familiar y social, debilitan los medios de vida y contribuyen a la fragmentación de Cisjordania con impactos acumulativos en los derechos económicos de los palestinos”. En términos generales, la oficina concluye que el sistema de permisos vigente desde los años noventa y la construcción de la barrera en los 2000 aislaron progresivamente Jerusalén Este del resto del territorio, transformando así su economía.

“Tal y como recogen informes de Naciones Unidas desde 2013, Jerusalén Este se está aislando progresivamente del resto de la economía palestina y su peso económico disminuyó significativamente debido a las restricciones de movimiento, la barrera de separación y los límites al desarrollo”, añade Risheq. “Si observamos las políticas israelíes contra la economía palestina, como la confiscación de tierras, las demoliciones de viviendas y las restricciones de movimiento, vemos el enorme impacto que tienen no solo en Jerusalén, sino en toda Cisjordania”.

Todo ello se produce en un contexto económico palestino ya crítico, marcado por la ofensiva sobre Gaza y un contexto donde Israel tiene constantes hostilidades con sus vecinos de la región. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la economía palestina se contrajo un 30% en 2024 respecto a 2022, la mayor caída desde que existen registros en 1972.

En Jerusalén, la última guerra con Irán añadió una presión adicional a otro sector, aparte del alimentario: el turismo, que representaba cerca del 80% de los ingresos de muchos comercios. Su caída dejó tiendas vacías. “La pandemia no es nada comparado con esto”, resume Hassan, otro comerciante de la ciudad. “Antes venían turistas cada día. Ahora, si vendemos algo el viernes o el sábado, tenemos suerte”. Las cifras lo reflejan: de 4,4 millones de visitantes en 2019 se pasó a apenas 330.000 en 2024.

A ello se suman los cierres puntuales en la Ciudad Vieja, el corazón histórico de Jerusalén, durante episodios de tensión, como en el mes de marzo, cuando se produjeron los combates más intensos contra Irán. Durante semanas, solo podían acceder los residentes de esta parte de la ciudad y muchas tiendas echaron el cierre, deteriorando aún más la economía palestina. Estos incidentes fueron denunciados por organizaciones israelíes como la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI) y la ONG Ir Amim que constataron que estas limitaciones no tenían base legal.

Por su lado, la Cámara de Comercio e Industria de Jerusalén lo describió así: “Cuando comenzó la guerra con Irán, el mercado se convirtió prácticamente en una zona militar”. Todo ello ocurrió durante el mes de Ramadán, el periodo más importante del año para muchos comerciantes, que esperaban recuperar parte de las pérdidas acumuladas. No fue así. Hoy, la Ciudad Vieja recupera poco a poco algo de actividad, pero lejos de los niveles previos de hace unos años y marcada, ahora, por la restricción a los productos palestinos.

Al mismo tiempo que la economía palestina se asfixia entre restricciones, permisos y bloqueos, el comercio vinculado a los asentamientos de colonos mantiene su actividad. Una asimetría que empieza a generar reacción fuera de la región: al menos una docena de Estados miembros de la Unión Europea estudian medidas para limitar o directamente prohibir estas relaciones comerciales.

En este sentido, España tomó la delantera. En septiembre del año pasado se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aprobar un real decreto que prohíbe el comercio vinculado a estos asentamientos, considerados ilegales por el derecho internacional. Desde diciembre, un listado publicado por el Ministerio de Hacienda incluye más de 200 asentamientos y más de un millar de códigos postales cuyos productos no pueden ser importados a España. Otros gobiernos, como el de Suecia, plantea otras medidas como aumentar los aranceles a estos productos y exigir certificados de origen claros para su entrada en el mercado europeo.

Mientras tanto, en los mercados de Jerusalén Este, la incertidumbre y el malestar persisten. “Antes compraba leche local porque sabía de dónde venía”, comenta Fad, padre de familia. “¿Por qué tengo que comprar marcas que no conozco o que son más caras? No solo duele en el bolsillo, también es una cuestión moral”. Los comerciantes esperan una resolución, los consumidores se adaptan como pueden y los productores, al otro lado del muro, ven cómo uno de sus principales mercados sigue diluyéndose poco a poco.