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Sin movilizaciones del kirchnerismo y con un fuerte operativo de seguridad, Cristina espera el fallo de Vialidad

Hay máxima tensión en la previa al fallo de este martes del Tribunal Oral Federal número 2 sobre Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Mientras en el kirchnerismo aún no está definida la posibilidad de movilizarse en favor de la vicepresidenta –que considera que la condena en su contra “ya está escrita”–, en la Ciudad se está montando un fuerte operativo de seguridad, según pudo saber elDiarioAR. 

La lectura de la sentencia en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz no tiene horario estipulado, pero se especula que sea después cerca de las 18. La vicepresidenta es la principal acusada como jefa de una asociación ilícita, delito por el cual el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión.

Desde las 13.30 los tribunales federales de Comodoro Py permanecerán cerrados al público. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso leerán desde allí su fallo, aunque los acusados seguirán la audiencia de manera virtual. Como cada vez que se conectó de manera remota, la vice estará en su despacho del Senado. Tiene la obligación de estar con la cámara encendida al momento de la lectura.

Es probable entonces que, de ocurrir, las movilizaciones sean en las inmediaciones de los tribunales en el barrio porteño de Retiro o en la Plaza de los Dos Congresos. En el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta están preparando medidas para ambos sitios, aunque también para otros puntos claves del microcentro, como son la Plaza de Mayo y el Obelisco.

“Se está armando un fuerte dispositivo de prevención por cualquier eventualidad”, afirmaron a este medio desde la administración porteña. Se evitó precisar el número de efectivos de la policía de la Ciudad que estarán a disposición, pero estarán “sobre los lugares que por lo general suelen realizarse las manifestaciones”, agregaron en Uspallata. 

Del operativo está a cargo el ministro del área, Marcelo D'Alessandro, quien justo este fin de semana fue señalado como parte de un plan para enmascarar un viaje a Bariloche denunciado como “dádivas”, en el que también participaron los jueces Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Pablo Cayssials, Carlos Mahiques, el procurador porteño, Juan Batista Mahiques; el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth, y los directivos del Grupo Clarín Pablo Casey y Jorge Rendo.

Frente a la decisión preventiva de la policía de la Ciudad, en el kirchnerismo no hubo un llamado explícito a que sus militantes se movilicen. En La Cámpora consideran, de alguna manera, “suficiente” la demostración de fuerza que hizo el aparato en el reciente acto de la vice en La Plata, pero todo puede cambiar al momento de la lectura. 

Un operador kirchnerista recordó el episodio de movilización y represión cuando el Congreso, a instancias de Mauricio Macri, buscaba sancionar la ley de movilidad jubilatoria: cree que este martes podría repetirse una marcha de esas características y que sea espontánea. En Cambiemos siempre apuntaron que los manifestantes tiraron “14 toneladas de piedras” a la policía. 

“El horno no está para bollos. El poder judicial tiene la imagen por el piso y no los vota nadie”, señaló la fuente, que aclaró que La Cámpora no tiene, a priori, movilizar. Hay preocupación por si el tribunal dicta la inhabilitación para que Cristina Kirchner pueda volver a ocupar cargos públicos, aunque la sentencia no quede firme ahora.

“Nosotros estamos en estado de alerta y movilización”, dijo Andrés "Cuervo" Larroque en declaraciones radiales. Además del fallo también están los fundamentos y es probable que los fundamentos no estén el mismo día. Por eso digo, es un proceso que tiene su tiempo, no es una cosa de un día. Hemos hecho muchas movilizaciones y vamos a estar predispuestos para todas las que haya que hacer. Es prudente siempre elegir el mejor momento, el mejor lugar y el motivo", completó.

“No sé que voy a hacer el 6. Me voy a poner escuchar el fallo y después veré”, sostuvo el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, del entorno de la vice, sin definición concreta, pero abierto a las posibilidades. 

La CGT tampoco comunicó ninguna medida, pero uno de sus triunviros, Pablo Moyano, reveló que los gremios tendrán libertad de acción de haber condena. "Se está analizando la posibilidad de una movilización. No hay nada resuelto y si se hace, seguramente los gremios van a tener libertad de acción”, manifestó el sindicalista.

El titular de la cartera de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, hombre cercano al presidente Alberto Fernández afirmó: "Tenemos que tener la capacidad, la templanza y la decisión de expresarnos en las calles y de todas las maneras posibles, porque lo que puede pasar esta semana es muy pero muy grave".

También en el Movimiento Evita hubo diálogo al respecto en las últimas horas, pero desde la UTEP, el gremio de las organizaciones sociales, afirmaron a elDiarioAR que siguen los pasos de La Cámpora. 

Este lunes, con Juan Grabois a la cabeza, el Frente Patria Grande realizó una atípica protesta frente a los tribunales de Comodoro Py. Simularon un partido de fútbol “por la justicia”, enfrentando a los equipos de “Los Mufa” –representado por funcionarios del PRO– y la Argentina –con CFK de capitana–.  En la intervención, el árbitro, que era el Poder Judicial, tenía el apoyo de la barra del Liverpool –el nombre del equipo donde juega el fiscal Diego Luciani– y era “comprado” por los jugados macristas. 

“A uno le puede gustar más o menos Cristina, Vidal, Milei, pero los vota la gente y los podés reconocer en la calle. Hay gente que no vota nadie. Nadie conoce la cara de Ercolini. Hay un poder oculto en la argentina que maneja los hilos de la patria”, cuestionó Grabois tras la protesta.

Bajo el lema “Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina”, este martes sí habrá una movilización dirigida por Luis D'Elía, de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV). Desde las 10 habrá una marcha de Liniers –avenida Rivadavia y General Paz– a Comodoro Py. “Vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola”, anunció el dirigente, recordando los episodios del 2001.

MC/MG

Vialidad: Hoy se conoce el fallo en la causa en que Cristina está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita

Doce años de prisión y la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. Cerca de las 18 horas, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 2 dirán cuanto de cierto hay en la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz y que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner.

Sin movilizaciones, el propio kirchnerismo decidió frenarlas, y con un importante operativo de seguridad en los principales puntos de la Ciudad -el centro porteño, el Congreso y los tribunales de Comodo Py-, la vicepresidenta escuchará en su despacho del Senado la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la llamada "Causa Vialidad".

Se trata del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-.

El caso tiene tal magnitud que los jueces se reunieron este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. Se estima que será una sentencia unánime.

La semana pasada, cuando pudo decir "sus últimas palabras" antes del veredicto, Cristina Fernández dejó en claro lo que pensaba del juicio, que estaba delante de un "pelotón de fusilamiento".

Aunque no está relacionado con el fallo que se conocerá hoy, el mensaje en cadena nacional que el presidente Alberto Fernández dio este lunes es una muestra de como se vive dentro del oficialismo la decisión del TOF 2. El Presidente anunció que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Uno de los implicados es Julián Ercolini, titular del Juzgado federal 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

La lectura del fallo será virtual y la vicepresidenta, como el resto de los acusados, tendrá la obligación de mantener su cámara encendida al momento de escuchar la sentencia.

Mas de cien testigos pasaron a lo largo de un juicio que lleva más de tres años y medio y abarca a 13 imputados, incluyendo al empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y principal beneficiado de la concesión de la obra pública en Santa Cruz en los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner.

Sin embargo, la columna vertebral de la causa ha sido la prueba documental más que los testimonios. El punto en duda es si la fiscalía logró probar a lo largo del debate la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer a Báez, y hasta que punto corresponde la imputación de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de acusaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Además de la asociación ilícita, la vicepresidenta está acusada por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Aún cuando el Tribunal contemplara ambos delitos y con la pena máxima, Cristina Fernández no irá presa ya que por el cargo que ocupa tiene fueros. Es decir que antes deberá someterse a un juicio político en el que sea destituida. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. Por último, el próximo 19 de febrero, la vicepresidenta cumplirá 70 años, por lo que en caso de ser condenada deberá cumplir prisión domiciliaria.

El fiscal Diego Luciani es quien llevó adelante la acusación. Lleva trabajando en el TOF 2 como fiscal desde hace siete años. En su alegato final, Luciani solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez.

“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el 19 de agosto Luciani en su alegato final que duró nueve jornadas. “La corrupción fue la regla -subrayó en otro tramo-. El estado de derecho quedó rezagado. Este desequilibrio debe restaurarse en este juicio una sentencia justa”.

También pidió decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

El 23 de agosto, Cristina Fernández pudo hacer su descargo en el que aseguró que la sentencia "está escrita" y que “esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”. Un mes más tarde, la vicepresidenta lo denunció por prevaricato, un delito que implica sanciones contra quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

"Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”, dijo entonces Cristina, vinculando el atentado que sufrió el 1 de septiembre con el avance del juicio.

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos, y penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron castigos para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

CC

Uno por uno, los pedidos de condena a CFK y al resto de los acusados en la Causa Vialidad

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron las penas más altas en la Causa Vialidad para la vicepresidenta Cristina Kirchner y para el empresario Lázaro Báez.

Por el tenor y el contenido de la acusación, la misma pena habrían pedido para el difunto ex presidente Néstor Kirchner si hubiera afrontado el juicio.

Ellos tres, según la acusación, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una "asociación ilícita" articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años, entre 2003 y 2015.

Está previsto que el veredicto se conozca aproximadamente hacia las 18 de este martes.

Con información de agencias.

IG

En un círculo cerrado de sólo cuatro personas, el tribunal afina detalles para una sentencia unánime en el juicio contra CFK

El veredicto que se conocerá el martes en el juicio oral y público por el caso de presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que tiene en el banquillo de los acusados a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, está lacrado, como si fuera un sobre con información altamente confidencial que sólo pasa por las manos de cuatro personas: los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y el secretario letrado del Tribunal Oral Federal número 2, quien asiste a los magistrados en el caso. 

En el tramo final del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-, los cuatro hombres mantuvieron una reunión este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. 

La reunión fue para comenzar a pulir los últimos detalles de la sentencia que anunciarán dentro de dos días, de acuerdo a la información que pudo corroborar elDiarioAR. Sentencia que mantienen en un hermetismo absoluto, según admitieron allegados, amistades y colegas de los jueces consultados por este medio. 

El hermetismo es una costumbre de este tribunal, que ha reforzado para un caso que colmó de tensión los ánimos del sexto piso de Comodoro Py, con recusaciones, exposición mediática, episodios de amenazas, seguridad reforzada y una imputada estrella con millones de seguidores que los enfrentó dentro y fuera del tribunal. La vicepresidenta los definió el martes último como un “pelotón de fusilamiento”. 

A esta altura, Vialidad se vive como ese partido de fútbol o pelea de boxeo que significa tanto que ya antes de empezar es necesario que acabe.

En el tramo final, Giménez Uriburu, Basso y Gorini han logrado acercar posiciones hacia una sentencia unánime, sin divisiones en los grandes puntos del caso, de acuerdo a la información recabada por este medio de fuentes directas del juicio.

Los jueces volverán a reunirse este lunes, luego de la penúltima audiencia de palabras finales de los imputados, y nuevamente al día siguiente, tras escuchar -si así lo decide el acusado- al último en la lista en orden alfabético, Juan Carlos Villafañe, uno de los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz, quien tiene audiencia el martes por la mañana. 

Los magistrados pasarán a un cuarto intermedio y anunciarán el veredicto después del mediodía, posiblemente en horas de la tarde del martes, confirmó una fuente judicial con conocimiento directo. El horario posiblemente se informará este lunes durante la audiencia de la mañana. Las audiencias serán virtuales y todos los imputados deben conectarse para escuchar la decisión final de los jueces.

El juicio se ha extendido por tres años y medio. Han declarado más de cien testigos y tiene trece imputados. La columna vertebral de la acusación es documental y es lo que ha pesado en la decisión final que tomaron los jueces, explicó a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las deliberaciones. 

El principal debate en torno al caso ha sido hasta qué punto la fiscalía podría probar la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer al entonces socio de su familia, el empresario Lázaro Báez; y si correspondía una imputación por el delitos de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de imputaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Durante meses, periodistas y analistas han especulado, apostado y estimado el posible resultado de este juicio para Fernández de Kirchner. La principal hipótesis que se ha publicado es que el tribunal optaría por una condena parcial, supuestamente absolviendo a la vicepresidenta del cargo de jefa de una asociación ilícita -delito con hasta diez años de prisión- e imponiendo una pena únicamente por el delito de defraudación, que tiene un máximo de seis años. 

Sin embargo, por el momento, sólo son trascendidos que se basan en la versión que estiman muchos jueces y fiscales en los tribunales y que ante las consultas de la prensa responden como proyecciones personales, aunque, en off the record, aclaran: “No tengo información, el tribunal está cerrado. Esto es una opinión personal”. Ni siquiera los más cercanos a algunos de los magistrados del tribunal admiten tener información certera sobre el veredicto.

Algunos incluso estiman una pena de entre 5 y 7 años para Fernández de Kirchner que incluya la condena por asociación ilícita. Este tribunal ha aplicado la figura de la asociación ilícita en distintos casos de narcotráfico, incluso de narcomenudeo, explicó una fuente con conocimiento directo de los fallos, por lo que algunos no descartan que pueda contemplar una sentencia que incluya este delito.

Aun con una condena, por ambos o uno de los delitos imputados, la vicepresidenta no irá presa. Por el cargo que ocupa tiene fueros, que exigen un juicio político y destitución para que tanto el Presidente como su segunda en la línea de sucesión sean encarcelados. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. 

Dados los tiempos de la Casación y la Corte, que suelen extenderse por años, Fernández de Kirchner podría incluso competir en las próximas elecciones de 2023, incluso si recibiera una condena de inhabilitación. Además, cumplirá 70 el próximo 19 de febrero, por lo que eventualmente su prisión efectiva, de ser condenada y confirmada, sería domiciliaria.

El tribunal mantiene una vara que no quiere ver descender: ha emitido numerosas sentencias en casos de alto impacto, como la tragedia de Once, la tragedia de Lapa y el encubrimiento del caso AMIA, y sus integrantes se jactan de que esas condenas han sido confirmadas a grandes rasgos por los tribunales encargados de revisarlas, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, y la Corte Suprema. Es un parámetro que les pesa a los jueces: lograr -dijo una fuente con conocimento directo del tribunal- una sentencia que no sea “demagógica” para ningún sector político y que sobreviva a las instancias revisoras. 

En los últimos siete años en los que Diego Luciani ha ejercido como fiscal ante el Tribunal Oral Federal número 2 nunca ha conocido de antemano una sentencia en los numerosos juicios que ha llevado adelante con al menos dos de los jueces que actualmente integran el cuerpo, Gorini y Giménez Uriburu, ya que Basso lo integra únicamente para este juicio. “Tampoco ha preguntado para saberlo ni en este caso ni en otros”, aclararon fuentes allegadas al fiscal que solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez. 

Como parte de la sentencia, el tribunal también deberá decidir sobre decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

También deberán anunciar si denuncian la posible comisión de otros delitos que surgieron a partir de la investigación y que fueron revelados durante el juicio y según la fiscalía involucra a varios exfuncionarios, entre ellos, el diputado Máximo Kirchner; y empresarios de “Petersen, Thiele & Cruz”, de la familia Eskenazi; Esuco, de la familia Wagner; y Equimac, otra importante empresa de obras viales, por participar de la presunta simulación de licitaciones a favor de Báez.   

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos.

Pidió penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron penas para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

No ha sido el juicio más complejo del tribunal ni el más denso, afirmó una fuente con conocimiento directo de la historia del TOF 2, pero sin lugar a dudas, Vialidad será un antes y un después para los jueces y los fiscales del caso que terminará en poco más de 48 horas con el veredicto contra una vicepresidenta en ejercicio.

ED

A horas de conocer la sentencia en la Causa Vialidad, Cristina Kirchner eligió un diario de Brasil para apuntar contra la Justicia y los medios

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió el diario Folha de Sao Paulo para dar su último testimonio previo a conocer la sentencia del TOCF 2 que investiga la supuesta corrupción en la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015 y se manifestó segura de que los jueces que la juzgan en el marco de la causa Vialidad la van a condenar este martes. "Será una suerte de regalo para (Héctor) Magnetto", el CEO del Grupo Clarín, apuntó.

"El 6 van a dictar la sentencia. El 7 de diciembre va a ser publicada en los diarios. Ese día, el 7D, fue un emblema de nuestro gobierno con la ley de medios, que establecía que los dueños de medios que tenían demasiada concentración mediática debían desinvertir", dijo la expresidenta en una entrevista concedida al diario brasileño, que compartió este lunes en sus redes sociales.

En ese marco, añadió: "La tapa de 'Cristina condenada' y el 7D van a coincidir. Es una suerte de regalo para Magnetto".

Asimismo, la Vicepresidenta advirtió que "los jueces puestos por (el expresidente Mauricio) Macri lo protegen a él y protegen a quienes quisieron matarme, y no investigan nada de lo que pasó durante su gobierno".

"Se violaron todas las garantías constitucionales, todo lo que se dijo es una absoluta mentira, y el juez que instruyó esta causa, con las mismas obras y denuncias, había dicho que no era competente", expresó, en referencia a Julián Ercolini, ahora involucrado en los chats entre altos funcionarios judiciales vinculados al macrismo y el Grupo Clarín.

Respecto al intento de asesinato en su contra del pasado 1 de septiembre, también sostuvo que "los que están presos fueron los autores materiales del atentado, pero yo creo que hay autores intelectuales". Y agregó: "Recibieron financiamiento de 17 millones de pesos de una carpintería que no existe. Si esto fuera al revés, estaríamos todos presos".

"El neoliberalismo encontró tres nuevos instrumentos: controlar la voluntad popular, proteger judicial y mediáticamente a los dirigentes de derecha y disciplinar a los dirigentes políticos para que los que quieran defender a los excluidos lo piensen dos veces", también sostuvo Fernández de Kirchner en la nota de poco más de una hora.

Por otra parte, la Vicepresidenta aseveró que "acá el lawfare estuvo encarado desde la cúspide del poder" y le apuntó a Ricardo Lorenzetti: "Cuando él era presidente de la Corte, se tomó una foto con Sergio Moro, de un lado, y Claudio Bonadio, del otro, que era un juez que nos perseguía a mí y a mi familia".

"Ser dirigente es poder mirar más allá y decir 'la historia va por allá, hay que hacer esto'. Eso no lo voy a perder nunca. Podré ser presidenta o legisladora, pero nunca voy a renunciar a decir lo que me parece que hay que hacer para construir un país mejor para nuestra gente", dijo Cristina en otro tramo de la entrevista con el diario brasileño.

En tanto, optó por no hablar del Presidente, "menos en un reportaje en un diario extranjero", antes de explicar por qué no fue candidata a presidenta en 2019. Para la ex mandataria, la designación de Alberto Fernández como candidato presidencial fue una decisión pragmática y "un gran acierto" porque permitió unir al peronismo y evitar la reeleción de Mauricio Macri. Y llevó la charla a una cuestión de género: "Esto de que 'CFK no es pragmática', que 'CFK esto', que soy 'polarizadora'. Soy mujer, ese es el problema. Si yo grito, soy histérica, 'está gritando, loca, loca'. Como les decían a las Madres de Plaza de Mayo, 'locas'. Si el hombre grita, qué fuerza que tiene, 'es un tipo fuerte'", afirmó. 

Con información de agencias.

IG