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El peronismo puso el cuerpo, Milei escondió la billetera: cómo se orquestó la jugada de rechazo al DNU

El peronismo puso el cuerpo, Milei escondió la billetera: cómo se orquestó la jugada de rechazo al DNU

No habían pasado ni 12 horas desde la convocatoria al Pacto de Mayo y Héctor Daer repetía: “El DNU se va a caer”. Era la mañana del sábado 2 de marzo. Lo que parecía enfriarse, sólo se estaba entibiando y dos semanas después, el peronismo se llevaba su primera y contundente victoria en ese lugar incómodo de ser oposición.

Una conjunción de factores hicieron, sin dudas, que el decreto terminara rechazado en el Senado. Algunos pesan más que otros, pero no se pueden entender por separado.

La historia comenzó a gestarse en enero. La CGT emprendía entonces reuniones con todos los bloques legislativos, amigos y enemigos, para convencerlos de la necesidad de rechazar la reforma laboral. En paralelo a las presentaciones judiciales, las fotos mostraban a los líderes sindicales en encuentros inusuales: desde amables reuniones con los dirigentes de la izquierda nacional, como Myriam Bregman, a Miguel Pichetto o Facundo Manes. Pidieron incluso una reunión con Elisa Carrió. Finalmente, se encontraron con los diputados de la Coalición Cívica. Todo servía a la hora de convencer.

En paralelo, el peronismo en el Senado esperaba, agazapado. Hacía mucho calor en Buenos Aires. Primeros días del año. Con movimientos sigilosos, las espadas legislativas del principal bloque opositor tenían que dejar que pasara el tiempo. Esperar. “Todo en su medida y armoniosamente, decía el general”, recitaba Juliana Di Tullio mientras anudaba en silencio la jugada. Sólo necesitaba que no se dieran cuenta. El 24 de enero, Unión por la Patria presentó el pedido especial de sesión para el 1 de febrero, a las 14 horas. El texto ya estaba escrito desde hacía tiempo. El día anterior había vencido el plazo reglamentario para que se expidiera la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y los cuerpos, tanto el Senado como Diputados, quedaban en condiciones de llevar el DNU a sus recintos.

Todo ocurría mientras el oficialismo y sus aliados hacían alarde de la decisión de demorar la conformación de esa comisión. El peronismo en Diputados tampoco empujaba demasiado. Solo se escuchaban los ruidos de la pelea pública de Germán Martínez por la cantidad de lugares que les tocaba. Les convenía que pasara el tiempo, para atacar por el otro costado.

Consumada la jugada, faltaban los votos. Los 33 de Unión por la Patria estaban firmes. Había que conseguir sólo cuatro. Para entonces, con un Milei estrenando poder, la victoria para el peronismo se dibujaba muy lejana. Los gobernadores se acercaban al calor de la Casa Rosada y el kirchnerismo era esa mancha venenosa expansiva que deja una reciente derrota electoral.

En el oficialismo, los actores protagónicos, también jugaban. La inexperiencia legislativa de Victoria Villarruel y la torpeza política de un Gobierno que demostró manejarse más cómodo en el conflicto que en el consenso aportaron su parte.

Villarruel postergó todo lo que pudo la convocatoria, pero ya no tenía más margen para no hacer el llamado, analizan en el peronismo, con la vice ya denunciada en los tribunales por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Con el diario del lunes, todo se ve más claro. Si Villarruel hubiese convocado a la sesión especial apenas el kirchnerismo se lo reclamó, en enero… ¿los votos estaban? Probablemente no. “Y si estaban, no estaban con la contundencia que tuvimos ayer”, describe un senador. No se van a olvidar fácilmente el número: 42 por el rechazo, sólo 25 por la aprobación y las cuatro abstenciones. El número fue construido en estos casi dos meses. Un tiempo clave que terminó por consolidar esta nueva y provisoria mayoría.

Y Milei, por supuesto, se autogestionó la derrota. La guerra sin destino con los gobernadores, sobre todo los patagónicos, terminó de sellar su suerte. Los gobernadores con poder de fuego en el Senado lo hicieron valer: el santacruceño Claudio Vidal aportó sus dos votos, con José Carambia y Natalia Gadano; el de Río Negro, Alberto Weretilneck sumó a Mónica Silva; y sucedió lo que ahora parece cantado pero en enero era impensado: el rechazo de Edith Terenzi, cercana, pero no propia, a Ignacio Torres, de Chubut. Muchos votos que no estaban.

El malestar de los gobernadores después de que Milei los ahogara financieramente terminó con el segundo pedido de sesión especial, esta vez, de los senadores provinciales. Villarruel, ahora sí, quedaba definitivamente acorralada.  El llamado al diálogo del Presidente le bajó el envión con el que venía el rechazo al DNU, pero el impasse duró poco: todo quedó en una foto en la Casa Rosada y la misma receta: no se iban a reponer los fondos que el gobierno central había quitado a las provincias.

Votos cercanos, pero nunca seguros, fueron los de Lucila Crexell, de Neuquén, Carlos Espínola, de Corrientes, y Edgardo Kueider, de Entre Ríos, dirigentes sin jefes territoriales que arrastraron lo suyo al número. Otra historia es la Martín Lousteau.

“Al peronismo no se lo puede subestimar, y ellos se equivocaron mucho. Tenían todo el poder de fuego y no lo usaron”, describen en el PJ sobre los errores del Gobierno. Ahora le toca el tiempo a Diputados y nada es lineal en la heterogénea liga de gobernadores. Lejos está el peronismo, con sus problemas de liderazgo, en garantizarse otra victoria. Pero al menos, tomó aire.

MV/DTC

Violencia en Rosario: la punta de un iceberg que todavía no asomó

Violencia en Rosario: la punta de un iceberg que todavía no asomó

El iceberg sigue sin asomar en la superficie. El equipo de fiscales que investiga los crímenes de trabajadores en Rosario imputó a 16 personas en la causa, pero todavía no identificó a los autores de los homicidios ni a quienes dieron las órdenes. La sospecha, como desde el principio, es que se trató de una reacción a las condiciones de detención de los presos de alto perfil y a su exhibición en situaciones humillantes.

Uno de los detenidos fue imputado como partícipe necesario en el crimen del taxista Sergio Celentano, porque el viaje que terminó en emboscada fue pedido desde una línea de teléfono a su nombre. Otras once personas cayeron en una casa –descripta como “aguantadero”– donde se secuestró una moto y ropas parecidas a las que llevaban los asesinos del chofer Marcos Daiola, y están acusadas de encubrimiento agravado. El resto afronta cargos por tenencia de armas y por intentar coimear a la policía.

Según se reveló en la audiencia, el asesinato de Daiola fue precedido por otro ataque en el mismo sector de la zona oeste contra otro chofer del transporte urbano. Poco antes de la medianoche del jueves 7, dos hombres que iban en una moto Honda Twister de color blanca se acercaron a un coche de la línea 122 y realizaron varios disparos desde la puerta y desde el frente del colectivo, sin alcanzar a herir al conductor.

Una moto del mismo modelo y color reapareció al caer de la tarde del mismo jueves en otro ataque. El que iba de acompañante subió a un trolebús de la línea k en la esquina de Mendoza y Guatemala y una cuadra después extrajo un arma y baleó a Daiola en la cabeza. El chofer falleció dos días después. Las cámaras de vigilancia de la zona orientaron a los fiscales hasta una casa de Nicaragua al 2200, donde fue secuestrada la moto.

“No podemos determinar la existencia de un plan para que los crímenes se hayan producido al mismo tiempo, pero pueden tener el mismo origen”, dijo el fiscal Patricio Saldutti ante la prensa. “En el último tiempo hubo una serie de movimientos, tanto en cárceles federales como provinciales, que han generado estos hechos violentos”, agregó sin mayores precisiones sobre las restricciones impuestas a referentes de bandas para recibir visitas.

Los presos de alto perfil pueden recibir hasta dos visitas por semana, cada una de media hora, y solo de familiares directos. Los visitantes pasan a través de escáneres corporales que pueden detectar celulares –también se contempla la posibilidad de inspecciones con perros para detectar drogas– y ven a los reclusos en un locutorio, a través de un blindex. El ministro de Seguridad Pablo Cococcioni había advertido que esas visitas se espaciarían por quincena o por mes antes de que se desataran los crímenes.

Los reclusos tampoco pueden recibir paquetes con comida y entre ellos Ramón Machuca –conocido como el Monchi Cantero– denunció que el gobierno santafesino también redujo la cantidad de dinero que puede llevarle su familia para aprovisionarse en la cantina de la cárcel de Piñero. Machuca es un miembro de Los Monos conocido por las entrevistas que concedió a Rolando Graña cuando estaba prófugo y por haber tenido contactos con el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio.

La sospecha de los orígenes de la violencia lleva a las cárceles pero hasta ahora no surge un vínculo entre los imputados y los presos. Los crímenes de Celentano y el taxista Héctor Figueroa y una balacera en la que se hizo tiro al blanco contra el frente de la comisaría 15ª fueron perpetrados con la misma arma, una pistola 9 milímetros, y con balas entregadas a la policía de Santa Fe en 2021. El dato es todavía un hilo suelto, aunque coincide con otro episodio: el tiroteo contra un colectivo de la línea 130, el 22 de enero, en el que también se dispararon balas de la policía y que fue acompañado de un mensaje que mencionaba a Pullaro.

El tiratiros, según el fiscal Pablo Socca, fue enviado en esa ocasión por Emiliano Avejera, preso de alto perfil en la cárcel de Piñero, y el mensaje buscó escrachar a Yamil Azum, detenido a su vez en Coronda por narcomenudeo y otros delitos. El nombre de Pullaro fue un anzuelo para llamar la atención de la prensa y engañar a los fiscales que investigan amenazas contra el gobernador.

Saldutti aseguró ayer que “hay medidas en curso” por el crimen del playero Bruno Bussanich. Hubo dos sospechosos pero ningún indicio en su contra y quedaron en libertad. La recompensa ofrecida por el gobierno provincial, con el rostro del asesino como fue registrado por una cámara de vigilancia, tampoco dio resultado hasta el momento.

El refuerzo de 450 efectivos federales y los vehículos del Ejército desplegados el jueves y los 400 agentes de la policía bonaerense que se sumaron ayer a los patrullajes no disipan el miedo ni los pedidos de custodia. Los centros de salud provinciales permanecen cerrados y los municipales redujeron su atención a un tercio. No hay atención nocturna en las estaciones de servicio locales de Rosario y tampoco en otras cuatro ciudades vecinas.

Las actividades de Semana Santa del popular padre Ignacio se harán en forma virtual por seguridad. En barrio Rucci, donde se encuentra la parroquia del sacerdote, fueron baleados transportes del Servicio Penitenciario provincial en uno de los episodios que desencadenó la saga de violencia.

Si bien el intendente Pablo Javkin celebra que nunca como ahora los reclamos de la ciudad fueron tan escuchados desde Buenos Aires, las tensiones entre la Nación y la provincia ante la crisis persisten. El presidente Javier Milei rescató la palabra “narcosocialismo”, acuñada por Andrés Larroque en 2012 para atacar al entonces gobierno del Frente Progresista por la detención del jefe de policía Hugo Tognoli acusado de proteger a narcotraficantes. Sal en las heridas del socialismo, uno de los principales aliados de Pullaro.

Patricia Bullrich parece salir mejor parada de la situación que el gobernador de Santa Fe. La ministra de Seguridad anunció que impulsará una ley antimafia –algo que ya había adelantado en diciembre, cuando presentó en Rosario el Plan Bandera–, está imponiendo en la discusión pública y en la prensa el término narcoterrorismo y aprovechó la oportunidad para presentar el protocolo Chocobar para las fuerzas federales. Un émulo del policía porteño, el gendarme Héctor Daniel Rivas, afronta justamente ahora en Rosario un pedido de 23 años de prisión por fusilar por la espalda a un chico de 15 años que estaba desarmado y le rompió el vidrio de su auto con aparente fines de robo.

Ante “el avance global del crimen organizado de tipo mafioso”, Bullrich anunció además la creación de la Unidad Antimafia en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. El decreto invoca el Código Penal Italiano y define al crimen organizado “como el conjunto de aquellas actividades ilegales llevadas a cabo por un grupo estructurado de tres o más personas que actúan de manera concertada durante cierto tiempo”. La Unidad Antimafia desplegará “un abordaje integral y multiagencial en el combate del crimen organizado mafioso”, incluso tareas de investigaciones, con lo que en principio se superpone con la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), que tiene el mismo objeto en el Ministerio Público Fiscal (https://www.mpf.gob.ar/procunar/).

Pullaro inició su gobierno en forma arrolladora con la sanción de un paquete de leyes, pero parece haber bajado varios cambios después de chocar de frente con la crisis de seguridad. Si en menos de tres meses logró la adhesión de Santa Fe a la ley de narcomenudeo, la sanción de una ley de inteligencia criminal, una modificación del Código Procesal Juvenil que avanza hacia una mayor punibilidad de los menores y otra del Ministerio Público encargado de las investigaciones, ahora impulsa una reforma del Código Procesal Penal de la provincia considerada “un giro al oscurantismo” por jueces y académicos.

El proyecto en danza se presentó en diciembre como parte del paquete que también incluyó una nueva ley de Servicio Penitenciario provincial. Impulsado por el millón de votos que lo erigió gobernador, Pullaro logró el tratamiento exprés de las normas en la Legislatura provincial pero tropezó con la oposición de jueces, abogados e incluso integrantes de su propia coalición para la reforma del Código Procesal Penal.

La controversia gira alrededor de dos aspectos: la posibilidad de que una persona pueda pasar hasta 35 días presa sin saber los motivos de su detención y el reemplazo de la audiencia imputativa –donde se formulan los cargos y se ejerce la defensa– por una notificación electrónica.

“Es un camino equivocado”, dice Julián Alfie, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). “Santa Fe no tiene un problema de puerta giratoria. La cantidad de personas encarceladas en la provincia se duplicó en la última década y eso no afectó en nada a la criminalidad, más bien la situación se agravó y además aumentó la tasa de homicidios dolosos”, advierte el especialista a elDiarioAR.

Alfie se reunió en diciembre con legisladores santafesinos y les advirtió sobre “una política criminal boba” en gestación con la reforma, “que llenará las cárceles de perejiles y soldaditos”. El riesgo podría incrementarse con la adhesión de Santa Fe a la ley de desfederalización de estupefacientes, o ley de narcomenudeo.

La ley de narcomenudeo se encuentra vigente en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un informe reciente de la Procunar afirma que la mayor cantidad de causas que se tramitan bajo esa norma son por tenencia de drogas para el consumo personal. Un punto donde los narcotraficantes no son visibles.

La Procunar también señala que el traspaso de la competencia de la Justicia Federal a la provincial “puede resultar en una fragmentación de las investigaciones”, por lo que considera indispensable “una coordinación eficaz entre ministerios públicos para intercambiar información y coordinar el avance de las investigaciones”.

“El problema no es a cuántas personas se detiene sino a quiénes se detiene –subraya Alfie–, y para eso el Ministerio Público tiene que llevar adelante una persecución estratégica, inteligente, orientada a los eslabones de los mercados criminales que puedan afectar su rentabilidad. Lamentablemente la reforma del Código propuesta en Santa Fe no va en ese camino sino por el contrario, para seguir encarcelando perejiles a mansalva o a últimos eslabones de la cadena, lo que seguramente saturará el sistema y volverá más difícil perseguir a quienes hay que perseguir si se quieren hacer las cosas bien”.

El Inecip asesoró a la provincia de Santa Fe en el proceso de reforma del sistema penal, en 2014. “La eliminación de la audiencia es una vuelta al oscurantismo del viejo sistema escrito –agrega Alfie–. Además del derecho del imputado a conocer y controvertir la acusación, afecta al derecho de la víctima a expresarse en los primeros momentos del proceso. Allí donde no hay audiencia oral y pública se compromete la transparencia y la posibilidad ciudadana de controlar los procesos penales”.

La llamada ley de fortalecimiento del Ministerio Público de la Acusación también encontró reparos y pudo ser aprobada con modificaciones. La palabra “fortalecimiento” en el enunciado de la ley “escondía ataques a la autonomía”, según Alfie. El director del Inecip recuerda que en Santa Fe existe “una ley cerrojo” por la cual “todos los fiscales de la provincia quedan a tiro de las sanciones de la Legislatura sin las garantías necesarias” y que el origen de esa ley fue “el haberse animado algunos fiscales a tocar intereses de ciertos dirigentes del Senado provincial”. Una causa sobre los subsidios que otorgaba un grupo de senadores terminó en 2017 con el legajo cerrado, la unidad de investigación disuelta y los fiscales que la integraban enviados a destinos de castigo. “Fue un mensaje claro de la política: no iba a legitimar investigaciones que tocaran sus intereses”.

El Código Procesal Juvenil dispone el cese de los juzgados de menores y que las investigaciones sean tramitadas por fiscales del sistema penal, al tiempo que determina que los menores de 18 años tengan el mismo procedimiento que los mayores con investigaciones a cargo de fiscales supervisados por jueces. “Esta ley deja a los adolescentes sin defensa especial y específica y les impone un plazo de prisión preventiva igual al de los adultos. Viola los estándares constitucionales y legales de Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley”, dijo la ex diputada provincial Matilde Bruera, una de las pocas voces que cuestionó el proyecto.

“Hace diez años que la situación es grave en Rosario –dice Alfie–. Cíclicamente vivimos la misma historia: gobiernos nacionales que envían fuerzas federales que no inciden realmente porque lo que se necesita es una política criminal seria, con una decisión política de tocar los intereses que hay que tocar para afectar la rentabilidad de los mercados criminales”.

Los nuevos organismos, leyes y protocolos se inscriben en esa historia. “Si los mercados criminales se han desplegado es porque generan una rentabilidad muy alta que beneficia a distintos sectores y no solo a los integrantes de los grupos criminales”, destaca Alfie. El iceberg podría sumergirse todavía a mayor profundidad en Santa Fe.

OA/MG

El rigorista flexible que celebra hasta las derrotas y una elite entusiasta con una nueva última oportunidad

El rigorista flexible que celebra hasta las derrotas y una elite entusiasta con una nueva última oportunidad

A Javier Milei le gusta relatarse como un rigorista. Dice —y reproducen los suyos— que sus acciones, esquema de relaciones y ataques de ira están dominados por cuestiones morales; líneas rojas que no transgrede ni deja transgredir.

Ejemplos que contradicen ese relato están a la vista. Sobre José Luis Espert, Milei filtró hace un tiempo a su círculo e insinuó en más de una ocasión en público que le acercó una valija con US$300.000 en nombre de Horacio Rodríguez Larreta para que se cambiara de bando. Esa línea roja habría provocado un ácido distanciamiento durante el período en que Milei avanzó hacia la Presidencia como una topadora y Espert se dejó ver como una alternativa para competirle en el segmento ultra, sin éxito. Tres años más tarde, con su enemigo íntimo tomando posesión de Casa Rosada, Espert “la vio” y se cuadró. Pasó a ser “el Profe” que se saca selfies en el despacho de Milei y portador de poder de fuego para sembrar dudas sobre la lealtad de Victoria Villarruel y llamar a una rebelión fiscal en la provincia de Buenos Aires.

La reacción presidencial sobre el movimiento de Villarruel al habilitar el tratamiento del mega DNU en el Senado expuso una vez más la labilidad de la línea que determina la enemistad absoluta o el abrazo infantiloide de las fuerzas del cielo. No es una cuestión moral, sino de administración del poder, y no podría ser de otra manera, porque si Milei se redujera a sus credos, sus perros y los traumas de la infancia, no habría llegado hasta acá.

En cuanto Villarruel convocó a la sesión para tramitar el DNU, fue objeto de la letrina de las redes, la insidia de los medios oficialistas, una nota de la Oficina del Presidente —como siempre, redactada con motosierra— y los likes del propio Milei. En la Argentina ultra, todo eso viene en combo.

Consumado el acto —derrota 42 a 25 en el Senado—, la ira infinita de Milei se aplacó y Villarruel fue exceptuada del cadalso. “El Profe” no se volvió a pronunciar y sus entrevistadores dejaron de preguntarle al respecto. “Victoria siempre supo de qué lado estaba y no tenía demasiado margen para otra cosa”, transmitió la línea oficial desde la noche del jueves.

En el segundo círculo presidencial narran la secuencia con argumentos que pintan un Milei ajedrecista, ése al que todo, incluidas las derrotas estrepitosas de proyectos “fundacionales”, le sale bien. Con casi cuatro años por delante, un escenario con cámaras legislativas divididas en tercios imperfectos —opositores, oficialistas y escuchadores de ofertas— y la necesidad de transformar en permanente al guadañazo de este primer trimestre, no puede darse el lujo de empujar a la vicepresidenta al bando de los “traidores a la patria” o los “HDRMP”. Quedan demasiadas sesiones del Senado por convocar como para ganarse una enemiga con alto poder de fuego, aceptable imagen positiva y, por lo visto, mayor frialdad.

Villarruel maneja con habilidad tanto su voz pública como la reservada. Tiene claras sus causas, que son las de los negacionistas del terrorismo de Estado, aunque no se acaben allí. Corresponde una mención aparte a políticos y medios kirchneristas que creyeron aportar su granito de arena al enaltecer la figura de quien construyó su vida pública propalando argumentos de los represores. Semejante desvarío —festejar una disidencia dentro del campo ultraderechista que mañana puede absorber el descontento con la motosierra y las extravagancias de los Milei— dice mucho de la crisis profunda del sector autopercibido como “nacional y popular”.

En las últimas horas, la ofensiva de Espert y Milei contra el "impuestazo" de Axel Kicillof resulta paradójica para un Ejecutivo libertario que, apenas asumió, repuso el IVA en los alimentos y multiplicó el gravamen PAIS sobre los bienes y servicios importados. A diferencia de los impuestos sobre el patrimonio que se ponen en tela de juicio en la Provincia de Buenos Aires, los que aumentó la ultraderecha están vinculados al consumo masivo, por lo tanto, afectan a los más pobres, que los pagan con la compra del supermercado.

En las cuentas del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, sólo 2.138 propiedades rurales —las de mayor valor— pagarán este año un impuesto inmobiliario superior a la inflación. El resto, unas 298.000, tendrán una rebaja en términos reales, con mayor beneficio para el segmento más bajo. Acaso a Kicillof se le plantee la oportunidad de reivindicar con todas las letras la potestad de un gobernante progresista de imponer carga más alta a los más ricos, máxime cuando el Ejecutivo central trata de asfixiar a la provincia en la que viven 37% de los argentinos.

El Summit 2024 de la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense (Amcham) del martes pasado fue una fiesta. El entusiasmo con la Argentina de Milei expresado por el presidente de ese organismo, Facundo Gómez Minujín, rankea alto incluso entre ejecutivos de empresas, políticos, consultores y oenegistas que se reúnen en esos ámbitos, aunque el predominio de la visión optimista fue elocuente.

“¿Será para nuestra generación la última oportunidad que tenemos de cambiar el rumbo? ¿Nuestros recursos económicos y humanos serán suficientes para dejar atrás la corrupción, la confrontación y el egoísmo?”, se preguntó Gómez Minujín en una de sus intervenciones en el Centro de Convenciones de la Ciudad. La duda que conlleva la aseveración de que Milei es la salvación fue reiterada en disertaciones de CEOs de ciertas firmas cuya facturación radica en onerosos contratos, comisiones y subsidios firmados con el Estado y seteados en dólares. Habría que remontarse a las citas de este tipo durante los primeros tres años de la Presidencia de Mauricio Macri para reencontrar predicadores sobre “la última oportunidad” para la Argentina.

Hay dos formas antagónicas de mirar la economía de hoy. La que se expresó en la Amcham y tuvo a Luis Caputo como invitado estelar se ancla en números macro relevantes.

La inflación de febrero, 13,2%, fue cerca de la mitad de la que preveían muchas consultoras y economistas —ortodoxos y heterodoxos—, que estimaban tres alzas al hilo (diciembre-febrero) en el orden de 25%, producto de la hiperdevaluación decidida por el ultra no bien asumió. Una escalada de ese tipo habría forzado a Caputo a implementar un nuevo salto devaluatorio y, con ello, un alto riesgo de descalabro político y económico.

Los dólares paralelos en el área de los $1.000 no obedecieron las predicciones de que rondarían un 50% más y el equilibrio fiscal alcanzado en enero y febrero sería la coronación —para el coro oficialista— de la gesta “heroica” por haber eliminado un déficit que la lotería numérica que habita la mente de Milei había cifrado en 17% del PBI (la cifra real, 2,9%). Otro dato está dado por las compras netas de reservas por US$9.500 millones del Banco Central desde el 10 de diciembre, más del doble que los diferentes “dólares soja” o devaluaciones encubiertas que instrumentó Sergio Massa y sólo sirvieron para fogonazos de recuperación antes de un nuevo período de amarrocamiento de granos por parte de los chacareros.

Aunque sean logros probablemente temporales, esos números que celebra el mercado tienen un peso indisimulable. La otra cara de la moneda es el abismo social que dispara el ajuste y una caída histórica en el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones.

Economistas de diverso signo marcan que Caputo y el titular del Central, Santiago Bausili, celebran la compra de dólares porque postergan el pago de importaciones de un modo que habría sido inaceptable y disparador de amparos judiciales si lo hubiera hecho un Gobierno “populista”. Y que logran superávit fiscal porque no pagan nada, ni aumentos jubilatorios, ni de salarios, ni obra pública ni la cuenta de la generación eléctrica. Un excel temerario articulado desde despachos públicos y privados podría disparar reacciones sociales impredecibles y/o un quiebre del sistema de gas y electricidad en el próximo invierno. Además, las mayores importaciones de gas y gasoil, producto de la dilación en la construcción y reversión de ductos, erosionarían el ingreso masivo de dólares que llegaría de las cosechas récord de soja y otros granos.

Para el mundo que se congregó en Amcham, el precipicio al que se acercan las universidades y el sistema científico sencillamente no son un tema mencionable. Eso sí. Sus exponentes resaltan “que el capital humano de la Argentina sigue siendo un diferencial en la región”. Otras cuestiones, como el cierre de la agencia de noticias Télam, los comedores en barrios populares o el Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, pueden generar ya no indiferencia sino solaz por la eliminación de “cuevas de ñoquis”.

Casi sin darse cuenta, fue el propio Caputo, entrevistado por Minujín, el que iluminó un peligro que podría afectar las bases de La Libertad Avanza: "Imaginen a alguien que llega raspando a fin de mes. Uno le está contando que este modelo es mejor que el otro, entonces sacamos Precios Justos, sacamos la ley de Abastecimiento, la ley de Góndolas y, de repente, va al super y ve que las cosas salen 50% más que en Estados Unidos, y dice ‘guau. ¿ése es el modelo?’ No puede estar bueno".

Fernando Morra, exsecretario de Política Económica, señala que el factor decisivo que llevó a Caputo a llegar a marzo con indicadores de inflación y devaluación mejores de lo previsto fue el grado de recesión que el Gobierno decidió disparar. Un derrumbe de actividad y salarios de esta magnitud sólo es equiparable a la crisis de 2001 y la pandemia, en la mirada del exfuncionario y actual director de Análisis Macroeconómico de Suramericana, la consultora de Martín Guzmán.

La estampida de diciembre generó una “puja distributiva” contenida, que por ahora no torció la voluntad de Caputo y Milei. En otras palabras, la calle, los paros y la protesta social están demostrando una tolerancia que fue mejor medida por el Gobierno ultra que por sus críticos.

Para Morra, Caputo tiene algún margen para dilatar la devaluación y llegar a abril, cuando se supone que ingresarán las ventas de la cosecha gruesa de la soja. Tampoco descarta un desenlace disruptivo con otro salto devaluatorio, pero si la estampida no ocurre, será una estabilización en una franja de inflación alta y sin margen para consolidar una recuperación real de reservas, en la medida en que todos los pagos postergados en estos meses (importaciones, energía, aumentos establecidos por ley, paritarias) deberán ser afrontados y se sumarán a demandas sociales históricas y estructurales del pueblo argentino. “El Central compra reservas, pero desde febrero acumula poco, porque tiene que hacer frente a pagos que van por afuera del mercado único de cambios”, puntualiza Morra. En abril, Argentina debe abonar US$2.000 millones al FMI y, en mayo, otros US$850 millones.

Un politólogo de los más escuchados en el campo progresista señala el “efecto disciplinador” de largos períodos de estancamiento económico e inflacionarios: “La perdurabilidad del statu quo se volvió insoportable para una enorme mayoría de la gente y ello es una ventaja para el actual Gobierno, que a muchos les da la sensación de querer algo distinto”.

Pero esta voz advierte sobre dos aspectos. El primero es “el peso que puede tener la recesión galopante en la afectación del empleo, en una sociedad completamente segmentada”. Luego, el hecho de que “el conocimiento sobre el padecimiento en los barrios pobres no nos llega a través de ningún canal, ni virtual ni real, por lo que no sabemos cómo están transitando estos meses sus habitantes. En los barrios pobres del conurbano, a Milei no le fue bien, y en la Provincia en su conjunto, perdió”.

El “éxito” del plan Caputo —tender a la extinción del Estado mientras evita un desborde inflacionario y devaluatorio que conspire contra ese fin— requiere que la recesión golpee todavía más. “La gran pregunta no es económica sino política. Para las reformas previsional, laboral y fiscal, y para los aumentos de tarifas y las privatizaciones, Milei requiere fortaleza política, y eso es lo que se va a jugar en los próximos meses”, dice Morra.

El politólogo citado, que orbita en un sector del peronismo, llega a una conclusión similar. “El Presidente prueba cosas, marca un rumbo, y la oposición no tiene uno propio para ofrecer. El límite de Milei es su propia torpeza política”, indica.

Desde el ángulo opuesto, el exdirector del FMI para el Hemisferio Occidental Alejandro Werner también pone el acento en el margen político. Como se consignó en esta columna la semana pasada, Werner elogia las medidas y la osadía de Milei, pero estima que la posibilidad de que el Fondo cristalice su apoyo con una ampliación del gigantesco crédito por US$44.500 millones dependerá de la capacidad del Gobierno para establecer acuerdos que sellen reformas duraderas.

En su primer trimestre, Milei pudo avanzar con acción, pero, sobre todo, con la omisión de subsanar las consecuencias sociales de la devaluación. El Presidente se ufana de la licuadora de salarios y de la zona liberada para los desmanes del sistema financiero, los supermercados y las empresas de medicina privada.

Los Milei gobiernan con el joven Santiago Caputo y el exgerente de Corporación América Nicolás Posse sentados a la mesa chica. Luis Caputo maneja una botonera todavía más amplia que la que tuvo Massa en su año y medio de gestión. Afincado en una oficina en algún lugar del espacio, Federico Sturzenegger se felicita por sus éxitos y pergeña el plan maestro, mientras Patricia Bullrich se obnubila con una invariante de su vida pública: las armas.  

Por fuera de ellos, prima la parálisis en el Gobierno ultraderechista. Funcionarios juegan al ahorcado a la espera de alguna definición. A veces, llega en forma de un agrio despido.

De las palomas que entornaban a Rodríguez Larreta no queda ni rastro. Sus senadores y diputados no muestran fisura alguna con los halcones de Macri y Bullrich. María Eugenia Vidal, otra paloma, licúa todavía más su perfil con un manejo primitivo de sus redes sociales. Junto a los diputados y senadores del PRO, los gobernadores de ese signo (a excepción de Ignacio Torres, de Chubut) se transformaron en el bloque oficialista más activo.

El grueso de la UCR ofrece la otra mejilla cada vez que Milei descerraja sus improperios contra el “nido de ratas” y los “extorsionadores”, mientras los Vendidos del PJ de Tucumán marcaron el camino para sus colegas de Salta y Misiones, que se mueren de ganas de que Milei los saque a bailar. Hace apenas un mes, el cordobesismo parecía dispuesto a darlo todo por la causa libertaria.

Con ese revoltijo a favor, los Milei no registran victorias en el Congreso. Sus opositores amigables hacen señales de humo con un mes de antelación y, aun así, la derrota sorprende al oficialismo sin que haya atinado a construir puentes efectivos.

En los intervalos de la Amcham, espadas legislativas de La Libertad Avanza se dejaban saludar por ejecutivos y entornistas. Una de ellas explicaba que nunca intercambió palabras con algunos compañeros de bloque y reprochaba a sus pares las ínfulas de protagonismo. “El problema son los celos. Algunos llevamos dos años de relación con Javier, otros recién llegaron y reclaman. Habrá que preguntarles qué es lo que quieren, no es mi problema”. La interna de La Libertad Avanza nació antes de que sus protagonistas siquiera se conozcan.

Así como Caputo definió con precisión la decepción que podrían sentir los votantes que van al supermercado y ven que el modelo disparó los precios a la estratósfera, otro oficialista, Luis Juez, dio en la tecla para ilustrar la aptitud legislativa de los Milei durante su discurso para argumentar a favor del DNU: “Por supuesto que esto es un manual de buenas intenciones, con un un montón de agujeros legislativos horribles, que debería mejorar la técnica legislativa. Por supuesto que es así. ¿Pero qué estamos pidiéndole a una gente que nunca hizo política? ¿Que vengan con un plexo legal de intachable reputación?. No, está bien, está mal hecho, sí”.

Con estos bueyes, la ultraderecha pretende refundar la Argentina.  

SL/DTC

 

El granero del mundo importa pan por capricho magnate

El granero del mundo importa pan por capricho magnate

―¡No es el momento de pelearnos con los gremios! ¡Me chupa un huevo lo que diga Sturzenegger!

Javier Milei estalló en un grito de furia potenciado por el exceso de azúcar. Faltaban un par de días para la asunción y encabezaba una reunión de gabinete preparatoria, en una oficina prestada a pocas cuadras del hotel Libertador. Omar Yasin, el chivo expiatorio con cuyo sacrificio intentó zafar esta semana del escándalo por el aumento de su propio sueldo, acababa de defender la prohibición de los “aportes solidarios” que muchos gremios tienen incluidos en sus acuerdos paritarios. Era una idea de Federico Sturzenegger, cuyo mamotreto de reformas había comprado llave en mano el mismo Milei apenas dos meses antes, tras la derrota de Patricia Bullrich en las generales de octubre y su decisión de apoyarlo en el balotaje. 

Los ministros y secretarios presentes se sorprendieron cuando, al leer poco después el DNU ya publicado, esa prohibición figuraba en el artículo 73, que modificaba el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo. Una alerta temprana de la improvisación, el frenetismo y los bandazos que marcarían los siguientes tres meses y que desembocarían en los dos fracasos del oficialismo para aprobar la Ley Ómnibus y evitar el rechazo del Senado a ese decreto fundacional.

Sturzenegger sigue trabajando entre la Rosada y la Quinta de Olivos, sin haber sido designado para cargo alguno pese a que en enero dejaron trascender que encabezaría una Unidad Transitoria para la Reforma del Estado. Según reveló a elDiarioAR una fuente que participó de la redacción de ambos textos, no hubo un criterio claro para dividir su batería de reformas entre el DNU y la Ley Ómnibus. Fue más bien un ‘mix’ de lo que habían elaborado desde marzo de 2023 Eduardo Rodríguez Chirillo y el eyectado Guillermo Ferraro con lo que aportó el fallido exjefe del Banco Central.

También hubo muchos magnates que consiguieron colar sus intereses particulares. Tal como se informó en esta columna el 28 de enero, por ejemplo, el lobby petrolero y los zares de la electricidad y el gas hicieron y deshicieron a gusto en los primeros borradores. Su ambición de shock deformó las normas al punto de hacerlas intragables para muchos diputados, senadores y gobernadores. Y eso pese a que quedaron en el camino la intención inicial de derogar completo el Código Aeronáutico (que igual el DNU modificó en varios puntos centrales, siempre con la mira puesta en privatizar Aerolíneas Argentinas) y las propuestas más hardcore de Sturzenegger, como que las rutas marítimas de cabotaje sean habilitadas para embarcaciones de bandera extranjera con tripulaciones extranjeras. 

El capítulo laboral del DNU ―que incluye la prohibición de los aportes a los gremios para desfinanciarlos, pero que también elimina el pago de horas extras, restringe el derecho a huelga, recorta las indemnizaciones, extiende el período de prueba de tres a ocho meses y reduce las multas para los empleadores incumplidores― fue redactado por Julio Cordero, el abogado laboralista de Techint que ahora reemplazará al defenestrado Yasin, hombre de Jorge Triaca y Macri. Con Cordero, Paolo Rocca terminó de copar la vieja sede de Alem 650. Allí también se los ve y se los escucha seguido a Julio César Caballero, habitual representante del Centro de Industriales Siderúrgicos (CIS) en distintas disputas de intereses, y a Miguel Ponte, el viceministro de Trabajo de Macri que saltó a la fama por haber dicho que contratar y despedir empleados debería ser “tan natural como comer y descomer”.

La desregulación laboral, que finalmente frenó la Justicia, va ganando relevancia en lo que debate el mundo de los negocios a medida que se profundiza la recesión. Por ahora las Pymes se limitaron a acumular stocks y a aguantar las pérdidas, pero los galpones empiezan a llenarse y los dueños a impacientarse. Los confeccionistas, por ejemplo, tienen exactamente la mitad de demanda en unidades que un año atrás. Algunos optimistas estudian saltear directamente la temporada otoño/invierno y empezar a producir para primavera/verano, cuando esperan que haya aflojado la crisis. Pero los despidos no van a tardar en llegar. 

El drama abarca a todo el sector manufacturero, que trabaja literalmente a media máquina. Lo confirmó el INDEC esta semana al estimar que el uso de la capacidad instalada en la industria fue del 54,6%, el peor enero desde la crisis de 2001, un piso solo perforado a mitad de 2020 en plena cuarentena. En los rubros con caídas más pronunciadas, como el mueblero, ya hay cierres de empresas pequeñas y medianas como los que denunció el Presidente de la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA), Román Queirós. Asoma además una verdadera crisis existencial para polos sectoriales como el instalado en Cañada de Gómez, no demasiado lejos de Villa Constitución, donde el cierre de Acindar desató prácticamente una pueblada y motivó un prolongado corte de la autopista Rosario-Buenos Aires. 

El desplome de la demanda no distingue por tamaño. Se lo dijo el presidente de Quilmes, Martín Ticinese, a Luis Caputo en la reunión que convocó el ministro de Economía con empresas de consumo masivo para pedirles que bajen los precios. En verano, pico estacional de la demanda de cerveza, el gigante ABInBev vendió 20% menos que el verano pasado, que ya había sido mediocre. 

La tensión también aumenta entre los eslabones de cada sector productivo. A los shoppings porteños de Eduardo Elsztain, mecenas y anfitrión de Milei durante meses en el hotel Libertador, se les empiezan a vaciar locales que no consiguen volver a ocupar. Por la llave de un contrato de alquiler de tres años de un local chico, por ejemplo, piden sin sonrojarse US$150.000 dólares. ¿Cuánto puede valer una camisa que se venda ahí? 

Los borradores de las “leyes combi”, como ya llaman con sorna en el Congreso a los dos proyectos con los que el Ejecutivo procura reemplazar a la frustrada Ley Ómnibus, vuelven a mezclar capítulos de la reforma casi al azar. Como si no importara tanto el contenido como el impacto noticioso que generen y su eco en las redes sociales. 

Lo definió el joven estratega Santiago Caputo ante un ministro que le preguntó azorado por un cambio de último momento en la letra del proyecto que naufragó en Diputados. “Lo importante no es cómo quede sino cuántas manos levantadas tengamos”, le respondió. Una frase que ayuda a dimensionar hasta qué punto le dolió a Milei esta semana la derrota estruendosa ―45 votos contra 22― del DNU en el Senado. 

En medio de ese tembladeral político, el ministro de Economía aspira a convencer la semana próxima al director para América del Fondo Monetario, Rodrigo Valdés, de reforzar con dinero fresco el acuerdo que renovó hace poco con el Gobierno. El chileno volverá a expresar en Buenos Aires las dudas que ya planteó Gita Gopinath, la número dos del organismo. A ninguno de los dos le parece viable la intención de Luis Caputo de dejar subir el dólar oficial tan solo un 2% mensual con una inflación de dos dígitos. Máxime cuando marzo arrancó picante, con subas de alimentos y bebidas arriba del 3% semanal durante las primeras dos semanas, según la consultora LCG. Es más del doble que el ritmo de la segunda quincena de febrero. Y falta todavía computar los aumentos del boleto y las tarifas. 

Por eso llamó tanto la atención que Caputo propusiera a los gerentes de supermercados que lo visitaron la semana pasada la antigua solución cavallista de abrir la importación de alimentos para disciplinar a los proveedores locales. Contra lo que informó Economía, no fueron ellos quienes lo reclamaron. “Nosotros no nos habríamos atrevido nunca a pedir algo así, con la escasez de reservas que sufre el Banco Central”, dijo a elDiarioAR uno de los empresarios presentes. 

Al FMI tampoco le simpatizan esas heterodoxias. Quiere que las reservas se acumulen a un ritmo mayor y vayan al pago de la deuda que dejó Mauricio Macri. Y que el dólar suba a la par de la inflación, como le exigió a Egipto al liberarle el desembolso que habilitó dos semanas atrás. Justamente para que no pase como con Caputo y Nicolás Dujovne en 2018, cuando los más ricos se compraron todos los dólares baratos que pudieron y vaciaron las arcas del Central.   

La movida, de todos modos, ya está en marcha. Con la velocidad que le asegura a Caputo tener a su exsocio al frente del Central ―envidia de Cristina Fernández de Kirchner― la comunicación A7980 habilitó la importación con pronto pago y sin impuesto PAIS de una larga lista de 22 páginas de productos de la canasta básica. Lo primero que comprarán afuera las cadenas es pan lactal de Brasil: como vence recién a los 90 días, calculan que el tiempo alcanza para traerlo de San Pablo, distribuirlo y ofrecerlo.

Es de lo que más subió: en noviembre un paquete chico valía $804 y hoy $2.021, según el Indec. Las leyes antimonopolio que aplica con rigor Estados Unidos y que acá también existen le podrían haber servido a Caputo para evitar abusos de la multinacional mexicana Bimbo-Fargo, que concentra más del 80% del mercado desde que Guillermo Moreno habilitó su fusión. Pero optó por asegurarles dólares baratos a quienes importen desde Brasil un pan que se hace con trigo de la pampa húmeda. Make Argentina Great Again. 

AB/DTC

“Es comer o pagar la prepaga”: se multiplican las cautelares que frenan el aumento habilitado por el DNU

“Es comer o pagar la prepaga”: se multiplican las cautelares que frenan el aumento habilitado por el DNU

“Mi sueldo ya no alcanza para pagar la prepaga. Es imposible. Pagaba $120.000 por mes y, la última factura, vino $410.000”. Denise Macchi es docente en una escuela privada de la localidad bonaerense de San Martín. Vive con Lucía, su hija de 7 años, que padece, desde nacimiento, un síndrome genético no especificado, que se caracteriza por parálisis en sus extremidades, dificultades para comer por sus propios medios, incapacidad para regular su temperatura corporal y un deterioro muscular que le ocasiona problemas respiratorios. Lucía es atendida todas las semanas por distintos especialistas y, además, tiene equipado su cuarto con aparatos, tubos y saturadores de oxígeno para prevenir cualquier inconveniente.

El aumento de la cobertura de salud le provocó una situación asfixiante. “Los dos primeros meses los pagué como pude pero, después, era comer o pagar la prepaga”. Denise lleva más de 10 años afiliada a Cobermed. Los últimos incrementos la llevaron a tocar las puertas de la Justicia Federal en la búsqueda de un amparo. “Yo no me quejo de los servicios sino de los aumentos”. La jueza federal en lo contencioso y administrativo San Martín, Martina Forns, ordenó a la prepaga que “se abstenga de aplicar los aumentos realizados al plan asistencial” habilitados por el decreto de necesidad y urgencia (DNU 70/23). Y, además, indicó que se “aplique un aumento de 8,5%” mensual.

El abogado Manuel Luaces, representa a afiliados perjudicados por los aumentos, explica que “para Lucía la prestación de Cobermed de los servicios de salud es indispensable para su mera supervivencia, y el aumento desmedido de la factura de servicio, amén de ser inconstitucional, pone en riesgo la posibilidad de continuar con una cobertura que es esencial para su existencia”. 

Suena increíble, pero Denise sospecha que habrá represalias luego de su amparo en la Justicia. “Yo sé que es una guerra cuerpo a cuerpo y sé que del otro lado se van a poner hostiles, pero no tengo otra opción”. Denise sabe que si se queda sin cobertura de salud para ella y para su hija ninguna empresa de medicina prepaga querrá recibirla.  

El 21 de diciembre de 2023 el gobierno de Javier Milei publicó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 que derogaba dos artículos de la Ley de Medicina Prepaga (26.682). La modificación borraba de un plumazo el control gubernamental para garantizar la “razonabilidad de las cuotas de los planes” de las empresas privadas de salud. El rol de monitoreo estuvo, a lo largo de diez años, a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación. El DNU eliminó la supervisión y dio luz verde a las prepagas para disponer incrementos sin objeción. 

La decisión del Gobierno provocó múltiples reacciones de los afiliados. Un gran número acudió a los organismos de Defensa del Consumidor y un alto porcentaje, presentó amparos y pedidos de inconstitucionalidad contra el DNU en todas las jurisdicciones del país. Así, ya se dictaron medidas cautelares frenando aumentos en Chaco, Mendoza, Salta, Chubut, Rosario, Paraná, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Solamente en el fuero Contencioso Administrativo Federal de San Martín se otorgaron 11 amparos para casos individuales donde se ordenó a las empresas de medicina privada que se abstengan de aplicar subas en las cuotas. Y, en algunos fallos, se dispuso que sólo “podrán recargar un 8,5% mensual”, aludiendo a una vieja normativa del 2022 del Ministerio de Salud del gobierno de Alberto Fernández. 

Los amparos que pusieron límites a las subas alcanzaron a las empresas más pequeñas pero también a las de mayor cantidad de afiliados. Así hubo cautelares contra Swiss Medical, Galeno, Omnit, Medife, Hospital Italiano, Osde, Simeco y Medicus. 

“Lo que se evalúa es si la persona es un adulto mayor o jubilado con enfermedades complejas o un menor con patologías severas que si se quedan sin cobertura por falta de pago ningún prestador va a aceptarlos. Se trata de garantizar su salud como derecho humano”, explica un magistrado federal de la provincia de Buenos Aires sobre el criterio que se adopta cuando intervienen en los amparos. El juez tiene por resolver 18 pedidos de amparos presentados en el último mes. 

El deterioro en el poder adquisitivo sumado a los continuos aumentos de las prepagas atraviesa a todos los ciudadanos por igual. El conductor televisivo Samuel “Chiche” Gelblung presentó en febrero un amparo contra el Estado Nacional por la suba de la prestadora Swiss Medical. Según explicó su abogada Valeria Carreras, Chiche y su esposa tienen desde hace años esa cobertura médica y, en el último tiempo, “se le hizo difícil poder pagarla. Chiche siempre dice que esta decisión del Gobierno afecta a todos por igual”. En la reciente entrevista que Gelblung le hizo al Presidente para el canal de noticias Crónica se habló de los aumentos de las prepagas. Milei prometió: “Son de una vez y para siempre”.  

El universo de personas con cobertura privada de salud es amplio. Según un informe oficial de la SSS, elaborado en agosto del año 2022, existen alrededor de 6.796.690 personas con prepaga. Se presume que el número no ha variado demasiado durante el año 2023. Aún se desconoce la cantidad de afiliados en todo el país que recurrió a la Justicia en la búsqueda de un alivio en las cuotas de sus coberturas. 

Si bien aún ningún magistrado se expidió sobre la inconstitucionalidad de los dos artículos (267 y 269) del DNU que habilitó los aumentos excesivos, hay una demanda civil que amenaza con provocar un sismo en la industria de la salud si prospera. Se trata de un amparo colectivo presentado por el abogado Eduardo Wilson en el Juzgado Federal Civil y Comercial  Nº3 de la Ciudad de Buenos Aires donde ya hay más de 200 afiliados a distintas prepagas que se fueron presentando pidiendo medidas cautelares por los aumentos y reclamando la inconstitucionalidad de los artículos del decreto del Gobierno. Esa demanda comienza a engordarse con pruebas y presentaciones pero todavía está en la Corte Suprema de Justicia, donde se trabó la competencia entre dos jueces. Si hubiese un fallo a favor de la presentación del abogado Wilson, el efecto se podría extender como una gigantesca sábana sobre todos los afiliados que suscribieron en esa demanda. Así, desde hace un tiempo, se largó una carrera en los tribunales por anotarse en amparos colectivos. Wilson cuestionó la inconstitucionalidad de los dos artículos del DNU que habilitaron los aumentos. Su planteo fue contra el Estado Nacional a diferencia del resto de las presentaciones que litigaron contra las prepagas.

Marta Cristina Brauchli tiene 78 años y está afiliada al Hospital Italiano. Cobra una jubilación cercana a los $230.000. Y también acudió a la Justicia Federal para obtener una medida cautelar. La mitad de su haber lo destina al pago de la cobertura médica. La cuota pasó de $96.173 durante el mes de diciembre a $135.605 en enero. “Atento a que la firme postura del Hospital Italiano no difiere del resto de las entidades de medicina prepagas es que no tengo otro remedio que recurrir a Vuestra Señoría”, escribió Marta en una carta dirigida a la jueza de San Martín. 

Esta semana, el rechazo del DNU luego de la votación en el Senado alimentó las expectativas de los afiliados que tramitaron amparos en la Justicia. Según la ley 26.122, se necesita el rechazo de ambas cámaras (Diputados y Senadores) para la derogación total del DNU. Para el constitucionalista Andrés Gil Domínguez si el DNU “se rechaza en ambas cámaras las presentaciones judiciales quedarán abstractas”, sin embargo, considera que el rechazo votado por el Senado le otorga más herramientas a la Justicia para sospechar que puede haber “indicios vehementes" ó “indicios verosímiles” para expedirse en las futuras cautelares o la inconstitucionalidad del DNU. “Es un hecho nuevo y relevante”, explica Gil Domínguez.  

¿Qué puede pasar con las tarifas ya cobradas por las prepagas si el DNU se cae por el rechazado por ambas cámaras? “El artículo 24 de la ley 26.122 otorga derechos adquiridos sobre la vigencia del DNU pero aquellas relaciones jurídicas donde el DNU produjo derechos adquiridos la parte perjudicada puede hacer un planteo sosteniendo que ese artículo de la ley es inconstitucional y que producto de estos esos derechos adquiridos perjudicaron a la persona y deben ser dejados sin efecto”, remata Gil Domínguez. En términos hipotéticos, si un planteo de esa características tuviese acogida en los tribunales podría obligar a las prepagas a devolver lo que ya cobraron. Una idea que evalúan varios abogados que litigan contra las empresas de salud. 

Las empresas prestadoras de salud mantienen un silencio sepulcral. elDiarioAR se comunicó con tres prepagas de las más relevantes de la industria pero rechazaron hacer declaraciones públicas. Confiesan que siguen el derrotero de las demandas y lo que sucede con en el Congreso. 

“Nos preocupa el rechazo al DNU”, cuenta un gerente general de una de las prepagas más conocidas que tiene dos cautelares frenando aumentos. La mayoría de la empresarios justifica los incrementos sobre la base de tres puntos: el atraso inflacionario durante la gestión de Alberto Fernández que permitía incrementos a cuenta gotas; la recomposición salarial de los médicos y especialista para eliminar en algunos casos “el copago” y, por último, el precio de los medicamentos que se encarecieron en casi un 45% desde el arribo del nuevo gobierno. Consultado un empresario de una prepaga sobre qué sucedería si se rechazara en ambas cámaras el DNU, responde: “No tiene efecto retroactivo. Lo que está, ya está”.

RA/DTC