Villa Atuel

Noticias de Mendoza

Envalentonados por el discurso de Milei, grupos provida interceptan a mujeres que buscan abortar en centros de salud

La bandera afuera de un centro de salud en los Troncos del Talar parece una invitación. Dos mujeres, una con una gorra verde, ambas con guardapolvos blancos que dicen “Interrupción del Embarazo” y “No Están Solas,” se acercan con panfletos en las manos y sonrisas dulces. 

El material no es una invitación, sino una advertencia: pinta una imagen estremecedora de las complicaciones que pueden derivar de la toma de misoprostol y mifepristona para abortar. El papel que distribuyen tiene un número de WhatsApp de “consejería”. 

Las caras cambian con algunas preguntas sobre quiénes son y por qué están ahí. 

–Mujeres autoconvocadas –es la respuesta a la primera pregunta. –Para acompañar a mujeres que están muy solas –es lo que repiten frente a la segunda. 

Se sienten incómodas. No es una suposición; lo dicen cuando me identifico como periodista. Y sus cuerpos lo demuestran. El mío también, porque algo parece no encuadrar. Es el día de la semana en que el centro de salud atiende consultas por interrupciones de embarazos y el verde que visten me hizo pensar que están para orientar a personas en esa dirección. Pero el propósito de las “mujeres autoconvocadas” es muy diferente, explica el médico Franciso Fariña, ya dentro de la salita de salud, donde cuelga un pañuelo verde. 

“Para nosotros están cometiendo un delito que es dar información falsa y además vulnerar el acceso a un derecho”, dice Fariña. Repasa el contexto que viven a cuatro años de la legalizacion del aborto en Argentina, en el que las fuerzas que se oponen a la ley van ganando terreno.

Las mujeres están para “interceptar”, explica. Se instalan afuera de las rejas del centro de salud, acercándose a toda mujer que pasa. Las interacciones varían, según los testimonios que llegan al equipo médico. Algunas pacientes cuentan que fueron direccionadas a un consultorio donde les hicieron una ecografía y que las mismas mujeres les ofrecen transporte hasta ese lugar. Después llegan al centro de salud con una imagen impresa de la ecografía, dice Fariña, en algunos casos contando que tuvieron que escuchar latidos. A otras les mostraron videos que describen a los médicos como “muy angustiantes”. Denunciar sus actividades no cambia mucho, dice el médico, más allá de una visita de la policía, que les pide que corran sus carteles para no invadir el espacio público.

“En este último año este grupo que está acá desde el 2020 empezó a aparecer en otros lugares de la zona”, dice Fariña, siempre fuera de consultorios de interrupción de embarazo en los días que atienden. “Sería más honesto que se pusieran con pañuelos celestes y fetos de plástico”, apunta Fiamma Vindigni, una médica en el centro de los Troncos. “Igual no corresponde –aclara–, pero sería más honesto”. 

Para ellos, y para otros profesionales de la salud, este es un efecto de la era Javier Milei, una señal que las palabras de un presidente tienen filo. Y cortan. 

En repetidas ocasiones el Presidente ha atacado el feminismo, direccionando su ira hacia “los asesinos de los pañuelos verdes” y sostenido –a pesar de las leyes vigentes en la Argentina– que un aborto es “un asesinato agravado por el vinculo”. Aunque el vocero presidencial dijo el año pasado que revertir la ley del aborto no esta en la agenda, su administracion sigue mandando mensajes contradictorios, el último en diciembre cuando Martin Menem, presidente de la Camara de Diputados, declaró en una entrevista que le “gustaria” reformar la legislacion de interrupción legal de embarazo y que “podría ser un proyecto” para 2025.

“Ahora están en un momento empoderado”, dice Gisela Stablun, médica y directora de Salud Sexual y Reproductiva en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre las fuerzas que trabajan en contra de la legalización. No parecen ser “mujeres autoconvocadas”, agrega, sino parte de algo más grande, con financiamiento y materiales en común. “Hay una desinformación o un intento todo el tiempo de desinformar o desestabilizar la política. Eso implica un doble esfuerzo para nosotras: poder seguir informando sobre la práctica y que los insumos necesarios lleguen”, dice, y agrega: “También nos pasa que las personas llaman para preguntar si todavía se puede abortar.”

Que esto ocurra en el conurbano bonarense –un territorio que sostiene politicas públicas para garantizar la ley de aborto y gobernada por Axel Kicillof, que busca posicionarse como una posible alternativo a Milei– no es menor. Demuestra que aun en una provincia donde 133 de 135 distritos tienen equipos de salud que proveen la interrupción legal del embarazo, el desafío es fuerte. 

San Miguel se ha declarado municipio “pro vida” y no garantiza la interrupción legal del embarazo, a pesar que hay una ley nacional. En el vecino municipio de San Isidro se desató una polémica por un consultorio primero denominado “Maternidades Vulneradas” que operaba dentro del Hospital Municipal Materno Infantil de San Isidro y que funcionaba, según organizaciones de derechos humanos y feministas, para obstaculizar el acceso al aborto. En un informe, Amnistia Internacional difundió la historia de una mujer que sufrió presión para cambiar su decision de tener un aborto en ese consultorio y tuvo que ir a otro municipio para realizar el procedimiento.  

“A nivel simbólico, van generando una disputa de sentido”, dice Carlota Ramírez, quien está a cargo de la Dirección de Equidad de Género en Salud en la provincia de Buenos Aires. El efecto Milei se extiende a lo concreto. El Gobierno Nacional redujo de manera repentina su inversión en salud sexual y, según pedidos de información hechos por Amnistía Internacional y testimonios de funcionarios de salud provinciales, frenó la compra y entrega de misoprostol y mifepristona el año pasado, según datos hasta agosto, derivando esa tarea a las provincias. El Ministerio de Salud no respondió a una demanda para información sobre el suministro de insumos para abortos en 2025.  

La provincia de Buenos Aires está logrando saldar ese bache por ahora, pero implica una gimnasia presupuestaria diaria de microdecisiones. En agosto la provincia expandió la línea de asistencia 148, que ahora también brinda informacion sobre metodos anticonceptivos y aborto. Fue una respuesta a reclamos de falta de atención de la línea 0800 del Ministerio de Salud Nacional, que cambió el mensaje con el cual recibe usarias a “salud sexual y procreación responsable”. 

“No solamente el Gobierno Nacional no envía –incumpliendo la ley– los insumos, sino que está ahogando financieramente a las provincias”, dice Ramírez. El año pasado atravesaron un momento en el que se agotó el stock de misoprostol. “Tuvimos que salir a repartir lo último que nos quedaba de mifepristona que la venimos guardando para las situaciones más complejas”, cuenta Ramírez. Por ahora los insumos están, pero están evaluando achicar la canasta de métodos anticonceptivos disponibles en el sistema de salud pública por cuestiones de fondos. “Si nosotros no pudiéramos garantizar el misoprostol nos subiría la muerte materna. Esta es una realidad. Las mujeres se mueren por abortos inseguros”, dice Ramirez.  

Puntos de resistencia 

A pesar de estos desafíos, el número de médicos que se sumaron como efectores de la interrupción de embarazo aumentó en la provincia, dice Ramírez. Y hay fuertes ejemplos de estrategias y modelos que están hechos para resistir.

Uno de ellos está en el Hospital Manuel Belgrano, en el municipio de San Martín. Allí un equipo de mujeres profesionales –médicas, residentes, una trabajadora social y una psicóloga– acompañan abortos de primer y segundo trimestre en una sala dedicada para esa funcion. Al entrar, se escucha una música suave. Una lámpara de sal genera un clima de calma. Los asientos están detrás de un divisor que otorga privacidad a las pacientes que atraviesan los efectos del medicamento. “Si quieren acostarse, se recuestan. Si quieren estar con familiares, pueden estar”, dice Ailin Carrillo, la médica a cargo del espacio. 

Como la ley misma, este pequeño lugar dentro del hospital es una manifestación de territorio conquistado. “No existe en ningún otro hospital público un espacio así”, dice Carrillo. Para las usuarias, transmite otro nivel de atención y contención, dedicada y sin exposición. Para el equipo de salud es una demostración del apoyo institucional que las respalda, en un contexto que todavía presenta cuestionamientos por parte de médicos que no están a favor de la práctica. Después que asumió Milei, médicos empezaron nuevamente a revisar historias clínicas, dijo Carrillo, para ver si las prácticas se cuadraban dentro de la reglamentación. 

Su propia trayectoria marca la velocidad de cambios sociales en Argentina. Cuando Carrillo estudio medicina en la UBA, entre 2007 y 2012, el tema aborto nunca se abordo. Ni se mencionó. De hecho, Carrillo acompañó a una amiga de la facultad cuando transitó un aborto y recuerda la sensación de miedo justamente por la falta de información sobre qué hacer y cómo hacerlo. Ella, como estudiante de medicina, no sabía a dónde recurrir para ayudar a su amiga. “Me sentí totalmente sin herramientas”, dice. Eso la sacudió y contribuyó a su propia evolución. Hace poco encontró uno de sus cuadernos de esa época. En un margen había escrito la palabra aborto y la había rodeado con un círculo. “Como diciendo: buscá esto”.  

Entró al Hospital Belgrano en el 2013 y el equipo de interrupción voluntaria del embarazo se conformó entre 2017 y 2018, al principio con residentes de medicina y el respaldo de la jefatura. En esos años, bajo el marco legal establecido por la Corte de causales para la interrupción legal del embarazo el trabajo fue más artesanal, mirando historias clínicas de otros profesionales de la salud para entender cómo avanzar, cuenta Elizabeth Álvarez, una trabajadora social que forma parte del equipo. La red que se tejió en esos tiempos se sostiene aún hoy y se fortalece con capacitaciones, como la que lideró Carrillo en diciembre con residentes de medicina, que brindó instrucción sobre cómo llevar adelante una aspiración manual endouterina, conocida como AMEU. 

El equipo tiene la particularidad, también, de tener una psicóloga dedicada al espacio. Se llama Florencia Pose y trabaja a la par de Carrillo. Su presencia implica que todos las usuarias que les consultan reciben evaluaciones psicológicas y acompañamiento. 

“Mi objetivo principal es poder trabajar los efectos emocionales, subjetivos de una interrupción de un embarazo”, dice Pose. “Porque más allá de que haya una ley, las representaciones sociales de interrumpir un embarazo siguen siendo muy culpabilizadoras hacia las mujeres y eso tiene impactos emocionales muy sufrientes”. En general, aunque estén seguras en sus decisiones, en muchos casos impulsadas por situaciones económicas en las que ya están enfrentando dificultades para darle de comer a su familia, siguen sintiendo culpa. “Muchas mujeres vienen pensando que se pueden morir por este tratamiento”, dice. “Aun así vienen a hacerlo. Eso para mi es muy conmovedor, porque son capaces de enfrentarse con esa posibilidad”, cuenta. 

Por eso, la presencia de psicología es primordial, dice Carrillo. “Flor es una joyita para este equipo, y marca la diferencia en un montón de cosas”. La manera en que entra y sale una persona no es la misma sin ella, dice. 

Ambas hablan de lo crucial que es el apoyo institucional, tanto de la dirección del hospital hasta nivel provincial, de Stablun y Ramírez, que se involucran personalmente cuando surgen desafíos puntuales. Así fue en San Isidro, cuando llegaron a través de la línea 148 las primeras denuncias sobre el consultorio que operaba en el Hospital Materno Infantil. Mujeres que llegaban al hospital con preguntas sobre una interrupción de embarazo primero pasaban por las manos de voluntarias que no tenían formación médica. 

“Les daban información falsa y trataban de convencerlas de que no continúen con el embarazo”, dice Stablun. Hubo denuncias de que les mostraron videos de fetos muertos. Que las hacían alzar un bebé de plástico. Que les daban escarpines. “Lo que estaban haciendo era ilegal”, dice Stablun. “La propia médica del hospital nos informaba que les llegaban más tarde porque las hacían dar vueltas, las hacían esperar”. 

El hospital es municipal. Entonces más que mandar recomendaciones y monitorear, los oficiales provinciales no tienen poder real para cambiar el contexto. Pero la presión también vale y después de mandar notas a la Dirección y tener reuniones, sacaron a las voluntarias, y ahora está a cargo de una enfermera que, según sabe Stablun, deriva rápidamente a un medico. Estos cambios se concretaron en diciembre, después de que el movimiento feminista se manifestara afuera de hospitales en San Isidro para visibilizar lo que estaba sucediendo. 

Para Pose, la psicóloga del Hospital Belgrano, unas de sus mayores preocupaciones es que las personas sientan que no puedan acercarse a un centro de salud y vuelvan a acudir a métodos inseguros. 

“Son tremendos los efectos” de los discursos anti, dice Pose. “Más allá que haya un montón de leyes que sean re progres en nuestro país, si no están acompañadas por campañas, que tienen que ver con cambiar los imaginarios sociales de esa práctica”, dice Pose, el miedo igual tiene un impacto. Sin embargo, la evidencia también muestra una convicción para acceder al derecho. 

“Las personas gestantes que atraviesan lugares en los que son hostigados no se quedan con eso –resalta Álvarez, la trabajadora social y compañera de Pose–. Vuelven a consultar”. 

Esta nota fue realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.

DTC

Dos por semana: 115 funcionarios ya dejaron su cargo desde que Milei llegó al poder

Desde que empezó el gobierno de Javier Milei, al menos 115 funcionarios de alto rango han dejado sus puestos, ya sea porque fueron echados, como es el más reciente caso de Roldofo Barra, ahora exprocurador del Tesoro, o porque renunciaron por motu proprio.

Al conteo minucioso lo lleva adelante el politólogo Pablo Salinas, quien este viernes publicó en X (Twitter): “Con la renuncia del Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra ya son 115 los funcionarios/as políticos que han dejado el gobierno de Milei. A razón de 2 renuncias/despidos por semana desde el 10/12/2023”.

A la lista se sumó este viernes Barra, tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), hace apenas una semana.

De los egresos de funcionarios de algo rango la mayoría fueron de los ministerios de Economía, cuyo jefe es Luis Caputo (31%), y de Capital Humano (22%), que encabeza Sandra Pettovello.

De entre los grandes desplazados, el primero de ellos fue el ministro de Infraestructura (área posteriormente absorbida por Economía), Guillermo Ferraro. Fue apenas 45 días después de la asunción del nuevo gobierno. Supuestamente se debió a que Ferraro filtró información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.

Meses después, el 4 de diciembre último, Ferraro murió. Tenía 69 años y, antes de su breve gestión por el Poder Ejecutivo, había tenido a cargo nada menos que la fiscalización de la segunda vuelta que Milei le ganó a Sergio Massa y se convirtió en Presidente.

A fines de mayo le tocó a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, cargo en el que Milei puso a Guillermo Francos (quien ocupa ese puesto actualmente), que venía de ser ministro del Interior, una cartera que ya no existe como tal. Días después Milei reveló que lo despidió porque, a su criterio, “no cumplió objetivos”: “Fue eyectado aunque era amigo mío [desde] hace 18 años”, dijo.

En septiembre fue el turno de Mario Russo, quien renunció como ministro de Salud y en su lugar quedó el actual titular de la cartera, Mario Lugones. Y al mes siguiente fue echada Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto. La sucedió en la Cancillería el embajador Gerardo Werthein.

JJD

Milei echó a Barra de la Procuración: lo acusan de firmar un dictamen contra el Gobierno y de vivir en el exterior

Rodolfo Barra no llegó al lunes próximo, día en que tenía una agenda fijada con Santiago Caputo. Finalmente esta tarde de viernes fue desplazado en su cargo como procurador del Tesoro. La decisión de la Casa Rosada se conoció mientras Javier Milei sigue en el exterior y tiene entre sus motivos que el ahora exfuncionario emitió un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Sin estar confirmado, el reemplazo que más suena es el del Ricardo Manuel Rojas, exsecretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y exjuez en lo Criminal de Buenos Aires (1993-2008), con fuerte perfil conservador.

“El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra. Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación”, comunicó oficialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni. Hace apenas una semana la Casa Rosada expulsó al entonces jefe de la unidad antilavado.

El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.

El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.

El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora el foco se centró en Rodolfo Barra, que finalmente acabó siendo desplazado.

En la Casa Rosada señalaban esta tarede similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señala por un dictamen que, si bien no era vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.

La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.

Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país. Según se comentaba en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.

Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, el desplazamiento de Barra fue encabezado por Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial. Avanzó con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. El asesor ahora busca reemplazo.

Barra generó controversias desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado nazi: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.

Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.

DM/MC

Quién puede escucharte

Recuerdo muy bien la primera sensación de ser espiada por la pantalla. Era 2004, todavía no había Facebook para el gran público ni X/Twitter. Chateaba por el ya difunto chat de Gmail con mi novio y empezamos a notar que aparecían, en publicidades al costado del chat, ofertas relacionadas con cosas de las que hablábamos, como sugerencias de viajes a Santiago justo cuando él partía desde Mendoza hacia Chile. “Nos lee”, dijimos, asombrados. Recuerdo que nos dio un poco de miedo. También recuerdo que lo olvidamos pronto. 

Desde hace bastante, sin embargo, toda charla casual de café se refiere a que el celular ya no lee, sino que escucha. O incluso, lee la mente. Todos saben a qué me refiero, pero voy a usar ejemplos recientes, para minimizar el ruido de las anécdotas y de la memoria. En un festejo de fin de año tardío, mi amigo Alejandro dijo que el GPS reprendió a su pareja cuando ella lo puteó por guiarla mal. A todos los presentes nos pareció una cosa por completo posible, y hablamos de Siri, Alexa y la película Her como visionaria. Más tarde pensé: pero esto de que la pantalla escuche, sea clarividente y reaccione a insultos no puede resultar tan cotidiano. Le mandé un mensaje a otro amigo, Martín de Palermo, pidiéndole un ejemplo reciente, lo menos florido posible. Martín me envió este audio: “En mi vida tuve un gato. Jamás me apareció nada con un gato, jamás. Por pedido de nuestra hija tenemos una gata, y desde entonces no paro de recibir todo el tiempo reels relacionados con los gatos. Cómo alimentarlos, cómo evitar que no muerdan, qué les gusta. Jamás hice una búsqueda relacionada con los gatos. Ayer estábamos con unos amigos y el papá, que tiene 90 años, hablando de si él podía seguir conduciendo. Hablamos, nada más. A la mañana siguiente, le apareció en un reel con una noticia curiosa sobre una mujer conductora en Pennsylvania de 103 años. Decime que no nos escuchan”.

Si se va a buscar en YouTube, está plagado de gente que hace pruebas con su celular pero yo, en principio, no le creo a nada de lo que aparece en las redes y todo es muy amateur. Mejor es empezar por lo legal, aunque sea porque es alucinante que no nos importen nada las leyes. Hay usuarios que sí reclaman sobre la invasión de privacidad, exigen reparaciones. Los casos se pueden leer online en Google Assistant Help, y son muchísimos. Google dice en su política de privacidad que los datos de audio sólo los usa si se autoriza al asistente de voz. La privacidad de Meta –Facebook, Instagram, Whatsapp– es más clara. Dice: “A veces, los anuncios pueden ser tan específicos que parece que alguien escucha tus conversaciones a través del micrófono, pero no es así. Solo usamos el micrófono con tu permiso y cuando estás usando una función que lo utiliza”. 

Y sin embargo, se mueve. Si la escucha fuese cierta, ¿esto no es un escándalo gigante? ¿Confiamos en la política de privacidad de estas empresas? Claro que no. Sin embargo, en 2018 y ante el Senado de Estados Unidos, Mark Zuckerberg, cuando le preguntaron directamente si usaban audio de los usuarios, dijo NO y agregó: “Usted está hablando de la teoría conspirativa de que escuchamos lo que se habla por los micrófonos y lo usamos para publicidad. No hacemos eso”. Fue una declaración bajo juramento: mentirle al Congreso, que no es un maxikiosco, sería un delito gravísimo. ¿Zuckerberg está por encima de la ley? ¿O acaso logró que en realidad no nos importe? “Quién me va a robar, a quién le importa lo que hago, no tengo secretos”. Esa es la reacción más común cuando se le sugiere a alguien que, a lo mejor, no debería usar 1234 para desbloquear un teléfono en el que tiene apps de bancos. ¡Quién soy yo para que me espíen!, gritan, y después lloran cuando son robados o hackeados (yo lo hago eh, no tiro postas, tuve todos los problemas de seguridad posibles y los atravesé con llanto, amargura, culpa y odio a mí misma). Si no confiamos en Zuckerberg, un señor que se parece a H.P. Lovecraft, ¿por qué le entregamos nuestra vida? Para resolver este asunto hay investigaciones en universidades, que tienen encima mucho dinero y buena metodología. La web Gizmodo da cuenta de uno de ellos, y del paper de Northwestern University, en Illinois, sobre exfiltraciones de celulares, es decir, datos que salen del aparato pero que nunca hubo intención de compartir. Exploran más de 17.000 apps, casi todas con acceso a fotos y voz y mapas. Hay muchas otras formas de dar señales al algoritmo que no son la voz, como cada like, la red de contactos, el gps, el IP, me entero, y me explico lo del gato de mi amigo. Quizá él no buscó, pero si su hija, y todos comparten wifi. No hay que olvidar además las cookies, que se guardan en teoría para que nuestra vida sea más fácil. El método es muy complejo e imposible de explicar para mi, pero se entiende. Aquí está, en inglés, en PDF. Hay que aclarar que es relativamente viejo: data de 2018. (Lo explica mejor el podcast colombiano Cosas de internet,  discontinuado en 2023) Spoiler: no encontraron ni una exfiltración. Ni una. Es decir: el método científico afirma que no te escuchan.  

El susurro en mi cabeza dice: a lo mejor estos académicos están comprados y lo hicieron justamente para que parezca contundente. Y esto que todos sabemos, que todos vivimos, como en La carta robada de Poe, necesita de este paper tan serio para tener legitimidad. Ahora mismo, mientras le pongo final a esta nota, entré a un diario online y uno de las primeras publicidades que vi fue de Elwic Protect, expertos en operaciones seguras. “¿Billetes falsos? Tenemos la solución”. ¿Cómo saben que estoy preocupada, de puro ansiosa, por unos dólares que debo usar para pagar un servicio muy caro? No se lo dije a nadie porque me da miedo el mero pensamiento. Me van a decir: estás en Argentina, es el tipo de publicidad más normal en la patria. Cierto.

Sigo scrolleando. Me salen dos más de seguros y seguridad. Es normal. No soy tan importante. Lo que me da un poco de miedo es que me fuerzo a sentir paranoia, y no pasa. No sólo soy presa fácil. Soy un regalo barato. La sola idea de salirme de la red me parece ridícula. Estoy domada. Sé que mi comportamiento es predecible. Si quieren algo de mi, lo van a obtener.   

DTC

Desde México hasta Argentina: la crisis de incendios llega a Latinoamérica tras la emergencia en Los Ángeles

Los incendios en Los Ángeles, California, están alcanzando niveles alarmantes. Mientras tanto, los países latinoamericanos no están exentos de vivir una situación similar. En la Patagonia, al otro extremo del continente, el fuego arrasó con más de 10 100 hectáreas desde que comenzó el verano austral, afectando al Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otras áreas. En Chile, los incendios forestales en lo que va del 2025 causaron la muerte de tres brigadistas.

Estos no son los primeros siniestros de grandes dimensiones que ocurren en aquella región de Estados Unidos, sin embargo, una particularidad los ha puesto en el foco internacional: los incendios pasaron de ser forestales a convertirse en urbanos, como también ocurrió en Chile en 2024. Y no se detienen. En menos de un mes, el fuego en Los Ángeles —desde que estalló el 7 de enero de 2025—, provocó no sólo la destrucción de más de 14 000 hogares e infraestructura, sino la irreparable pérdida de casi una treintena de vidas humanas.

En 2024, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Argentina fueron afectados por incendios que provocaron muertes y arrasaron con los bosques y su biodiversidad, incluso llevando a algunos de sus gobiernos a declarar la situación de desastre nacional.

¿Qué tan preparada está la región para enfrentar los incendios en 2025? A decir de los expertos en el tema, lo que está ocurriendo es una alerta generalizada que no se debe desestimar. Se trata de un llamado especial de atención para los gobiernos latinoamericanos, comúnmente rebasados en capacidades, para trabajar en la prevención, en destinar recursos suficientes a las estrategias de manejo del fuego y al combate oportuno de incendios forestales. Sobre todo, en una época donde los efectos del cambio climático —como vientos más fuertes, temperaturas elevadas y sequías prolongadas —están combinándose con las acciones humanas y los fuegos provocados, generando incendios con resultados catastróficos.

“Hay una transformación del ambiente en el que se propaga el fuego y las cosas se complican ahora bajo los efectos de la alteración del clima a escala planetaria”, dice Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara.

“Llevamos medio siglo hablando de manejo del fuego, igual que se viene hablando de planeación urbana, de control de la expansión desordenada de las ciudades y de acciones para mitigar el cambio climático”, continúa Jardel. “Ahora se presenta una situación en la cual estos factores se están combinando y vemos ese triste y mal ejemplo de los incendios en Los Ángeles, que ocurren en una región densamente poblada, que ha pasado por una transformación significativa del paisaje y que, por las características de su clima y vegetación, podemos decir que es uno de los ambientes más inflamables del mundo”, añade.

“Desde luego que es una lección que debemos aprender, porque pueden producirse condiciones similares en América Latina”, sostiene el experto.

Mongabay Latam conversó con especialistas para explicar la compleja situación. Este es el panorama latinoamericano, visto desde México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia.

Argentina: un frágil sistema de manejo del fuego

Desde inicios de 2025, Argentina enfrenta tres incendios forestales de importantes magnitudes en la región patagónica. En la localidad de Epuyén, provincia de Chubut, el fuego ha consumido aproximadamente 3000 hectáreas de bosques. Según reportaron diversos medios argentinos, para el 20 de enero del 2025, las llamas ya habían destruido al menos 50 viviendas y obligaron a más de 200 familias a evacuar la zona ubicada en el extremo sur del país.

Mientras tanto, otro incendio que inició a finales de diciembre pasado en el Parque Nacional Nahuel Huapi no ha podido ser extinguido. A la fecha, arrasó con más de 5.000 hectáreas de esta reserva boscosa cercana a la frontera con Chile. La situación es crítica. La combinación del clima seco, la falta de lluvias, los fuertes vientos y una débil capacidad de respuesta gubernamental han complicado el panorama.

“Argentina no pareciera estar preparada a nivel provincial ni a nivel nacional para un escenario de crisis climática que pone mucho más en riesgo —sobre todo, en la época de verano>— a los bosques andino patagónicos”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.

A finales de enero se sumó un tercer foco de incendio en la zona que alcanzó 2000 hectáreas de bosques nativos y pastizales en la provincia de Chubut, en la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, explica Giardini.

El especialista sostiene que estos incendios son una muestra de la fragilidad del sistema de manejo del fuego en el país. “A nivel nacional, los recursos para todo el tema del medio ambiente han sido disminuidos. Hay una decisión política de no poner mucho dinero en el medio ambiente, que va a repercutir a mediano plazo, por ejemplo, con los brigadistas que están en una situación de fragilidad laboral”, explica Giardini.

Los brigadistas no tienen contratos permanentes y son pocos en comparación con las áreas que se deben atender. Cada vez que se presenta un incendio, se deben movilizar otros grupos de brigadistas desde otras provincias a las zonas afectadas.

Giardini destacó la necesidad de una mayor inversión en prevención de incendios e infraestructura de respuesta rápida, así como una legislación más estricta para penalizar la destrucción forestal intencional. “Se deben aumentar significativamente —tanto a nivel provincial, como a nivel nacional— los esfuerzos en prevención, en infraestructura para el ataque rápido de fuego”, dice.

El especialista plantea que es necesario que “el Congreso de la Nación trabaje en proyectos que han quedado, en muchos casos, sin avances para la penalización por la destrucción ilegal de bosques, ya sea por conversión con deforestación o con incendios. Esa sería otra herramienta importante para frenar a aquellos que están tratando de destruir a los dos bosques ilegalmente”, concluye Giardini.

Colombia: los riesgos de combatir el fuego

El año recién empieza y en Colombia las altas temperaturas y la temporada seca ya encendieron las alertas de amenaza de incendios para 304 municipios, ubicados mayormente en la región Andina, según reportó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su informe más reciente, publicado el pasado 20 de enero. Esto, de acuerdo con las autoridades, se debe a que actualmente el país presenta poca nubosidad y lluvias, así como temperaturas máximas y alta radiación solar, factores que han secado la vegetación convirtiéndola en material potencialmente inflamable.

“Los grandes vientos y las zonas previamente deforestadas pueden hacer que, con la biomasa seca y acumulada, lista para ser quemada, se propague rápidamente el fuego”, señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “Que yo conozca, no hay ningún país en Latinoamérica con sistema de quemas controladas para reducción de biomasa vegetal”, sostiene.

De acuerdo con Botero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha mostrado tener una buena capacidad para obtener y brindar información. Este organismo posee un sistema de monitoreo no solamente de incendios, sino de otros riesgos naturales y que a su vez está conectado con las instituciones ambientales, ministerios, autoridades territoriales y con los cuerpos de bomberos departamentales y municipales.

Sin embargo, el país se enfrenta a un problema mayúsculo cuando se trata de enfrentar incendios de mayores dimensiones. “Su grandísimo talón de Aquiles es, realmente, que todavía es un sistema muy rudimentario, manual, donde dependemos de los apoyos de la Fuerza Aérea que tiene algunas aeronaves dispuestas para ese efecto. Se requiere del desarrollo de una aeroflota de control de incendios robusta, permanente e independiente de las Fuerzas Militares”, explica Botero.

Durante la temporada de incendios forestales de 2024, el Gobierno declaró una situación de desastre y calamidad, que “marcó un punto crítico para Colombia, con un incremento significativo en la frecuencia y severidad de estos eventos debido a las altas temperaturas globales”, reconoció la UNGRD en un comunicado publicado el 17 de enero.

Actualmente, anunciaron estar en preparación para proteger áreas fundamentales durante 2025, particularmente, con planes de respuesta específicos para los parques nacionales considerados vulnerables, como El Tuparro, Isla Salamanca, Cinaruco, Sumapaz y la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sin embargo, Rodrigo Botero remarcó que Colombia presenta una problemática particularmente grave y distinta a otros países de la región: la presencia de incendios en zonas dominadas por los grupos armados y que ponen en riesgo la integridad de los cuerpos de bomberos.

“Este es un país en donde se dan incendios y campos minados a la par, es gravísimo, imagínate el nivel de riesgo”, dice Botero. “Es de tal gravedad el asunto, que inclusive el tema ha sido tratado en las mesas de negociación y de diálogo para incluir el protocolo explícito de cesar las hostilidades contra el personal que atiende desastres naturales, incluyendo los incendios. Me parece que eso es un precedente mundial importantísimo”, sostiene el especialista.

Otro asunto que considera importante, es señalar que en Colombia hay una minimización del delito de incendios provocados en el código penal. “Tiene que haber un escenario de tipificación legal para el manejo del fuego y para su tipificación como delito en aquellos casos que se ha comprobado la premeditación y el daño alevoso a los recursos naturales y los servicios ambientales”, concluye.

México: el manejo del fuego, una conversación pendiente

En México, los registros de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indican que 2024 fue uno de los años más devastadores para el medio ambiente. Fueron más de 1.6 millones de hectáreas consumidas por los 8002 incendios registrados en los 32 estados de la República, sin excepción.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los últimos tres años el país ha pasado por un prolongado período de sequía, sumado a una variación climática que ha favorecido temperaturas más altas. Los primeros incendios del 2025 ya se están haciendo notar. En lo que va del año, se han registrado 46 incendios forestales en siete entidades federativas, arrasando con una superficie de más de 522 hectáreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego, señala que México, igual que muchos otros países del mundo, ha seguido una política de supresión del fuego, casi siempre respondiendo de manera reactiva a los incendios, movilizando combatientes y cada vez invirtiendo más en tecnología con maquinaria y aeronaves.

Aunque considera que ha habido avances en las capacidades para combatir incendios, para Jardel la conversación sobre el manejo del fuego basada en principios ecológicos aún está pendiente en muchas zonas del país.

“Este es un tema que queda un tanto relegado en medio de la política ambiental y forestal que, de por sí, están siempre en un plano secundario”, afirma Jardel. “Aunque ha habido momentos en los cuales han aumentado presupuestos, la tendencia de los últimos años es a ir reduciendo parte de los recursos aplicados a estas cuestiones”.

Además, sostiene que “paralelamente, hay una mayor transformación del paisaje, más gente viviendo en contacto con las áreas forestales y cambio climático, y lo que observamos durante el último sexenio fue prácticamente que se triplicó la superficie incendiada en relación al promedio de los 30 años anteriores”, afirma el especialista.

Con esta tendencia hacia una mayor superficie afectada por los incendios, Jardel sugiere prestar particular atención al manejo de las tierras forestales para lograr actividades efectivas de prevención y control de incendios, a través del manejo ecológico del fuego.

“Es un proceso social y, desde luego, implica una política bien diseñada”, concluye el especialista. “Esperemos que en esta administración [federal] se fortalezcan estos temas y que no sigan siendo relegados a un segundo o tercer plano porque al final de cuentas de ahí dependen los recursos, depende el abastecimiento de agua de las ciudades y de la agricultura y, desde luego, la conservación de biodiversidad, así que es un tema prioritario”.

Chile: consecuencias sobre la vida humana

Actualmente, en Chile existen 74 focos de incendios, de los cuales 11 están aún en combate, 29 controlados y 34 extinguidos, explica Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile, en entrevista con Mongabay Latam. Las tareas para combatir el fuego le han costado la vida a tres brigadistas privados, que trabajaban para la empresa Servicios Forestales Nacimiento. Sus muertes ocurrieron el domingo 19 de enero, mientras combatían un incendio forestal en la Región de La Araucanía.

“La situación ha sido bastante compleja , especialmente en la zona centro y centro sur del país, que es la más afectada ahora y también históricamente”, agrega. “Algunos de los incendios de mayor complejidad están ocurriendo en la región de la Araucanía, en la comuna de Los Sauces, con más de 400 hectáreas quemadas, y en la Región Metropolitana, en la zona de El Canelo, con más de 100 hectáreas afectadas”, afirma González.

La temporada de incendios se puede extender hasta abril y mayo, por lo cual aún es temprano para hacer balances, sostiene. Por ello, la especialista también pide poner especial atención a las zonas de interfaz urbano-rural y a las zonas con plantaciones de pinos y eucaliptos, que son altamente combustibles.

“Esperamos que los esfuerzos de prevención funcionen, que exista una rápida respuesta a los siniestros y se disponga de todos los recursos para combatir los focos que se generen”, concluye.

Bolivia: al calor de la emergencia

Marlene Quintanilla considera que los incendios en Bolivia se experimentan de manera tan descontrolada que, cada año, son más voraces que el anterior. “El año 2024 fue catastrófico”, afirma la ingeniera forestal y directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza.

“Se incendiaron 10 millones de hectáreas, de las cuales una parte muy importante se ha desarrollado en bosques y en áreas que, en años anteriores, no identificamos que podrían quemarse; inclusive las zonas transicionales de la Amazonía han sido arrasadas por el fuego”, dice la experta.

Esta situación incluso orilló al gobierno boliviano a declarar “desastre nacional” en septiembre de 2024, con el objetivo de canalizar ayuda internacional y la transferencia de recursos económicos a las regiones más afectadas. Este pasado reciente pone en alerta respecto al año que recién empieza, considera Quintanilla.

“Ha habido avances muy leves en temas de planear cómo vamos a afrontar un año más de incendios, todo está al calor de la emergencia y esto es algo que se invita a cambiar en el país”, asevera. “Evidentemente este es un año particular de más desafíos donde el contexto económico del país está también en una condición difícil y distinta a la de hace tres años, donde teníamos una condición económica en la que se podría haber asignado recursos. Este es un año económicamente más complejo para el país”, afirma Quintanilla.

Ante la falta de recursos, lo mejor es reforzar la prevención. “Desde la política tenemos que proteger más ecosistemas y más bosques, porque son los que mitigan los efectos del cambio climático”, dice Quintanilla.

Además, es urgente endurecer el marco normativo de las leyes para sancionar de manera ejemplar los incendios provocados por los humanos. “No hay sanciones realmente ejemplares para disminuir esta presión”, considera la especialista. Mientras esto no mejore, agrega, seguirá habiendo personas que utilicen el fuego para tomar y habilitar tierras, con incendios que no sólo se dan en el lugar que les interesa quemar, sino que se expandirán con los vientos y la temperatura que se da por efectos del cambio climático.

“En Bolivia no tenemos la preparación y la economía suficiente como para atender estos megaincendios que se han dado en la gestión pasada”, concluye la experta. “Atender la prevención sería el área más importante y el marco normativo es clave para ello”.

ED