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Noticias de Misiones

Milei pidió que las big tech se instalen en Argentina: propone una ley de IA sin controles y empresas sin personas

Javier Milei eligió las páginas del Financial Times para hacer una jugada que excede la política doméstica: hablarle directamente a los inversores tecnológicos globales y ofrecerles a Argentina como el territorio más desregulado del mundo para instalar sus empresas de inteligencia artificial. La iniciativa está alineada al desembarco de Palantir de Peter Thiel, el tecnofascista que vive en Buenos Aires desde hace semanas.

La columna de opinión está firmada por el propio presidente junto a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Reforma del Estado, que días atrás envió al Congreso la reforma más profunda al derecho societario argentino desde 1972: habilita la existencia legal de empresas operadas exclusivamente por algoritmos, sin empleados ni gerentes humanos. Ahora ambas piezas encajan: la reforma societaria es la arquitectura legal; la columna en el FT es el aviso publicitario dirigido al mundo.

El texto se titula “Argentina invites AI to free itself” —“Argentina invita a la IA a liberarse”— y arranca con una analogía histórica: la fundación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602 como origen de la sociedad de responsabilidad limitada y motor del capitalismo industrial. “La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribe Milei. El salto argumental es directo: así como esa figura jurídica liberó el potencial del capital, la IA necesita hoy su propio vehículo legal. “Tanto como la revolución industrial nos liberó de las limitaciones del músculo humano, la IA nos liberará de las limitaciones del cerebro humano, llevando la productividad más allá de nuestros sueños más salvajes”, dice el texto.

Sin controles: el corazón del proyecto

La columna anuncia que el Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley de IA basado en tres pilares. El primero, y más revelador, es la declaración de principios: mantener la IA sin regulación, “libre para ser desarrollada sin la mano letal de una regulación prematura y mal comprendida”. No hay mención a organismos de supervisión, marcos éticos, ni instancias de participación ciudadana en el diseño del sistema. La única restricción que aparece en todo el texto es la declaración de beneficiarios finales para evitar el lavado de activos.

El segundo pilar es la creación en el derecho argentino de una “corporación no humana” —entidades operadas por agentes de IA o robots, con responsabilidad limitada—. “Los accionistas humanos pueden participar, pero no son requeridos”, escribe Milei. El tercero: un entorno fiscal competitivo con baja tasa corporativa y posibilidad de elegir la ley de gobernanza. “Argentina no tiene interés en convertirse en un paraíso para el capital ilícito”, aclara, aunque promete “condiciones inigualables” para toda actividad legítima.

El concepto de “corporación no humana” ya estaba en el proyecto de Ley General de Sociedades define a las Sociedades Automatizadas como aquellas que desarrollan su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos sin requerir trabajadores ni recursos humanos para su operación ordinaria.

El guiño a Thiel llega antes que la negativa

La elección del Financial Times como plataforma no es casual. Es el medio de referencia de los mercados financieros y de los grandes fondos de inversión tecnológicos. Publicar allí una columna presidencial es, en sí mismo, un acto de lobby internacional, y tiene un destinatario preciso en el ecosistema ideológico que rodea al gobierno.

Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los principales ideólogos del movimiento tech-libertario que promueve activamente la erosión de marcos regulatorios estatales, lleva semanas en Argentina para desembarcar su empresa Palantir, especializada en gestión masiva de datos personales e inteligencia artificial para seguridad y defensa. El tecnomagnate tiene fichas colocadas en distintos casilleros del tablero local. En el gobierno niegan que la reforma societaria o el proyecto de IA estén vinculados a ese desembarco. “Lo haga luego Peter Thiel o cualquier otro. Ojalá muchos”, dijo un funcionario cercano a Sturzenegger.

El cierre de la columna del FT es una pieza de marketing territorial dirigida sin disimulo a las big tech globales: “Que Buenos Aires se convierta para la IA en lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación —el lugar donde la imaginación legal se puso a la altura del momento tecnológico, y el mundo cambió.”

No hay referencias a derechos laborales en un esquema donde las empresas pueden operar sin trabajadores ni accionistas humanos, ni a las implicancias jurídicas de reconocer a agentes de IA como operadores autónomos con responsabilidad limitada. Tampoco aparece ninguna voz crítica, ningún contrapeso institucional, ninguna pregunta sobre quién controla a las máquinas cuando algo sale mal.

Once años después, una multitud volvió a las calles para decir "basta de matarnos"

“Es sumamente importante venir porque los femicidios que pasaron pudieron haberse evitado y la Justicia no está actuando. Me preocupa que el día de mañana esa mujer sea mi hermana, mi prima o mis amigas. Creo que todas las mujeres argentinas conocemos a alguien que sufrió violencia”. La que habla frente al Cine Gaumont es Celeste, una adolescente de 15 años. Casi la misma edad que tenía Agostina Vega, la nena encontrada asesinada en Córdoba tras permanecer desaparecida varios días, en un caso que escaló la indignación e hizo que hoy muchas mujeres sintieran la necesidad de salir a las calles de todo el país en el undécimo aniversario de Ni Una Menos.

Once años después de aquella primera movilización, que se repite anualmente, la Plaza del Congreso en Buenos Aires se colmó de mujeres, disidencias, pero también de muchos hombres, niños, familias enteras para pedir que de una vez por todas paren los femicidios. Los asesinatos de Agostina pero también de Dulce María Candia y Noelia Romero, ocurridos en los últimos días, encendieron aún más un fuego que ya ardía. La jornada estuvo atravesada por la emoción, la bronca y la convicción de que, frente al avance de los discursos negacionistas y el desmantelamiento de las políticas públicas contra la violencia de género, la presencia en las calles sigue siendo una herramienta irremplazable.

Desde temprano comenzaron a llegar las columnas de organizaciones feministas, sindicales, sociales, estudiantiles y de derechos humanos. Los bombos marcaron el ritmo de una tarde fría que rápidamente ganó temperatura entre abrazos, pañuelos, carteles y cánticos que ya forman parte de la memoria colectiva del movimiento. “¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha feminista por América Latina!”, coreaban miles de voces frente al Congreso. Unos metros más allá llegaba la respuesta: “¡Y tiemblen, y tiemblen, y tiemblen los machistas! ¡Que América Latina será toda feminista!”. Más tarde, otra consigna recorría la plaza de punta a punta: “¡Abajo el patriarcado, se va a caer, se va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!”.

La convocatoria de este miércoles se realizó bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos”. El caso de Agostina se convirtió en uno de los motores de la movilización y estuvo presente en pancartas, intervenciones artísticas y discursos. También fueron recordadas Dulce María Candia, de 17 años, asesinada en Misiones, y Noelia Carolina Romero, de 30 años, asesinada en Temperley. Imágenes similares se replicaron en las marchas que tuvieron lugar en ciudades como Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Trelew y Comodoro Rivadavia.

Entre quienes participaron de la marcha porteña, la necesidad de acompañar colectivamente esa demanda apareció de manera constante. “Venimos por compromiso. Por compromiso social hacia todas las mujeres. Porque tengo dos hijas. Por eso vengo a la marcha”, contó Mariana, una manifestante, mientras caminaba junto a su familia entre las columnas.

Luciana, otra joven, explicó que decidió acercarse porque considera imprescindible enfrentar los discursos que niegan la violencia de género. “Estamos acá porque me parece súper importante luchar por todas las que matan y también porque hay mucha gente que niega que estas cosas pasan y que niega el concepto de femicidio. Me parece importante venir para que haya conciencia de que hay gente que realmente lucha por las chicas que ya no están, por las que fueron abusadas, acosadas o asesinadas. Aunque sea un rato, hay que estar presentes para demostrar que nos apoyamos entre todas”, señaló.

Al cierre de la jornada se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Allí, Ni Una Menos sostuvo que la movilización estuvo atravesada por el reclamo de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce María Candia y Noelia Romero. “Las vidas de las pibas valen”, afirmaron, al tiempo que exigieron la renuncia del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y la destitución de los fiscales que intervinieron en la investigación del caso Agostina. El texto definió lo ocurrido como una muestra de la “desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad”.

El documento, leído entre otras por la cantante Cazzu y la actriz Thelma Fardin, ambas víctimas de abusos, también incluyó fuertes críticas al Gobierno nacional. “Hoy frente al gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal, decimos: nuestras vidas no son desechables”, expresaron. Las organizaciones denunciaron además un “antifeminismo de Estado”, cuestionaron el desmantelamiento de programas vinculados a las políticas de género y reclamaron la recuperación de herramientas de prevención y asistencia para mujeres y diversidades.

La proclama vinculó además la agenda feminista con otros reclamos sociales y económicos. “Nos movilizamos para gritar basta a este modelo de hambre y saqueo que precariza y criminaliza la vida”, señalaron, al tiempo que rechazaron las políticas de ajuste y endeudamiento impulsadas por el Gobierno. Hacia el final, el texto recuperó el espíritu que dio origen al movimiento hace más de una década: “Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla”.

Según datos del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de este año se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en Argentina. La organización también indicó que desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015, se contabilizaron más de 3.400 femicidios en todo el país.

La movilización contó además con la presencia de la CGT, las dos CTA, sindicatos docentes, organizaciones estudiantiles, agrupaciones de derechos humanos y colectivos transfeministas. La marcha coincidió con la habitual protesta de jubilados de los miércoles, generando una importante concentración de manifestantes en las inmediaciones del Congreso durante gran parte de la tarde.

Cuando la tarde comenzaba a caer, las columnas iniciaron la desconcentración. Quedaban todavía los bombos, las banderas y los últimos cánticos resonando entre los edificios del centro porteño.

CRM

Feminista berreta, a mucha honra

Justo después de esa jactancia de Bullrich plagada de inexactitudes –(“Mejor que llenar el Estado de estructuras multimillonarias es tener la decisión de proteger a las mujeres” –¡!–; “No es politiquería barata de feminismo berreta”; “Es Ley y Orden”) se conocen casi en continuado tres asesinatos de mujeres que resulta imposible no tipificar como femicidios: según la Ley 26791 se incorpora al Código Penal (artículo 80, inciso 11) el femicidio como un agravante al típico penal básico del homicidio. “Tiene como objetivo elevar la pena para aquellas muertes causadas a mujeres por una persona con la cual ha mantenido una relación sin necesidad de que hubiese convivencia; y/o debido a su género, orientación sexual, identidad de género o su expresión”. Se añade que el juez o la jueza no podrán disminuir la pena de reclusión perpetua si previamente hubo violencia contra la mujer víctima. La ley sancionada en 2012 rige para mujeres, travestis/trans o identidades feminizadas por razones de género.

Como a esta altura es muy sabido por la difusión masiva y obsesivamente reiterativa del periodismo en general –por muchos momentos, obscena–, figura en primer término, asimismo por sus características tremendamente vituperables, el secuestro mediante engaño, la violación, el estrangulamiento y posterior descuartizamiento de la adolescente (ni “chiquita” ni “nenita”, a ver si dejamos de cargar las tintas con un embuste) Agostina Vega, de 14.

Pero, aunque se les dio muchísimo menos espacio, no se pueden dejar de mencionar, con dolor e indignación, los femicidios de Dulce Candia en Misiones, otra adolescente (17) violada y ahorcada en una obra en construcción, cuyo cadáver fue encontrado días después, ya en estado de descomposición (al día de hoy, la policía local dice que tiene esclarecido el caso: sería un remisero de 47 años). Y de Noelia Carolina Romero (30), muerta a puñaladas en la espalda y tórax por Tomás Adrián Núñez, motivado por celos, quien se autoinfligió heridas acaso para simular que hubo un enfrentamiento físico previo. La víctima había llamado previamente al 911 pidiendo ayuda –“Mi novio me tiene secuestrada”-, pero la policía llegó tarde, de modo que incautó el cuchillo de cocina y se llevó detenido al asesino.

En el caso de Agostina, se demoró mucho –cuatro días– en darse el Alerta Sofía, recurso de emergencia rápida para coordinar la urgente búsqueda y localización de menores y de adolescentes desaparecidos/as cuyas vidas se consideran en alto riesgo inminente, mediante el trabajo articulado entre entidades del sector público y del privado, los medios de comunicación y el sector civil. Dicho Alerta, lanzado a tiempo, al menos habría evitado el descuartizamiento del cuerpo de la adolescente, que sus restos fueran tirados lejos, como basura. Y hubiera favorecido que el asesino, con antecedentes de violencia como tantos otros femicidas, fuera aprehendido inmediatamente de hecha la denuncia por su madre, quien además tardó en ser atendida por la policía.

Mujeres mejorando el mundo

Estos tres infames crímenes ocurrieron en pocos días, y quizás hubo otros que no llegaron a conocerse, incluso indirectos. Como sería el caso de los suicidios de mujeres desesperadas por los golpes y amenazas que caen en depresión profunda. Mujeres, en fin, que están bajo “la Ley el Orden”, bajo la supuesta decisión de “proteger a las mujeres”, y no gracias al activismo que se viene ejerciendo desde el siglo XX, particularmente en sus últimas 3 décadas por parte de periodistas, políticas, abogadas, psicólogas, escritoras, cineastas famosas como María Luisa Bemberg que, desde sus lugares y en su escala defendían los derechos de las mujeres y denunciaban la violencia doméstica, censuraban el hecho de llamar, con un toque de lamentable romanticismo, “crimen pasional” a los episodios de sangre que hoy se denominan femicidio.

Sucedía en Lugar de Mujer, en el Centro de Estudios de la Mujer, en medios como los diarios Tiempo Argentino (el original), Sur, La Prensa…; en revistas femeninas como Claudia y Vosotras donde la violación, el derecho al aborto, la custodia compartida de los hijos, el ciclo de la violencia hacia la mujer, fueron tratados. Ese feminismo local que tuvo precursoras de la talla de Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri, Victoria Ocampo, Florentina Gómez Miranda y tantas otras que hicieron su valioso aporte en la lucha por la igualdad ante la ley, por el llamado voto femenino conquistado recién a mediados del XX.

 Entonces, hace 100 años, la –por el momento– senadora PB no habría podido ni en sueños llegar a un alto cargo público, le hubiera costado mucho cursar una carrera universitaria. Y para empezar por el principio, no habría podido votar en elecciones libres.

Chicas del palo, tomémoslo en serio por el daño que nos hacen a las mujeres las senadoras Bullrich, Losada (con su proyecto de ley por denuncias falsas, ¡por favor!); la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, que tiene un problema serio para pronunciar la palabra femicida

La cronista arriba firmante no sabe bien si es una parte o todo el accionar feminista lo que Bullrich considera politiquería, berreta. Pero sí, chicas del palo, tomémoslo en serio por el daño que nos hacen a las mujeres las senadoras Bullrich, Losada (con su proyecto de ley por denuncias falsas, ¡por favor!); la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, que tiene un problema serio para pronunciar la palabra femicida, incluso cuando ya hay un dictamen de la Justicia. Y un poco adoptémoslo a la chacota porque la ignorancia y el desagradecimiento relativos al feminismo que les abrió las puertas a estas señoras renegadas, merecen que, con humor y devolviendo la fina atención, las que así lo deseemos nos llamemos berretas. Orgullosas de nuestro feminismo que ha generado –y lo seguirá haciendo– tantas transformaciones significativas que tienen implicaciones en todos los niveles de la existencia humana.

Ese feminismo que, como escribió la gran referente española Celia Amorós, se comprometió en el proceso de emancipación de las mujeres que tiene raíces comunes con el proceso de descolonización, justamente en la Ilustración europea, que sentó las bases críticas para que tanto el sometimiento de ellas como el subyugamiento y la explotación de continentes enteros, fueran impugnados. Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer en 1789 (y le costó literalmente la cabeza en la guillotina) deploraba a la vez la situación de esclavitud en la que se veían sometidas las personas de otro color que el blanco en varias islas. En Estados Unidos, el sufragismo y el abolicionismo surgieron íntimamente unidos.

Ya que estamos, ¿quién se acuerda de los rugbiers galos denunciados?

En julio de 2024, en la ciudad de Mendoza, los jugadores de rugby franceses Hugo Avradou y Oscar Jégou fueron denunciados por una mujer de 39 años (a quien llamaremos, a su pedido, María) de haberla violado reiteradamente en forma sumamente violenta. La noticia se publicó con lujo de detalles en nuestro país, los jugadores estuvieron detenidos, fueron rápidamente defendidos por Rafael Cúneo Libarona, hermano del entonces ministro de Seguridad, Mariano CL (que duró en ese cargo hasta marzo de 2026), y al cabo de unos meses, fueron sobreseídos y marcharon a Francia. Y nunca más se volvió a hablar del tema, salvo alguna protesta de la valiente abogada defensora de la denunciante.

En agosto de ese año, el diario Le Monde apuntaba que “el escalofriante relato ofrecido por la argentina ha conmocionado al mundo del rugby. En un documento judicial al que tuvo acceso Associated Press, el fiscal adjunto Gonzalo Nazar afirmó que la gravedad de los presuntos delitos justificaba inicialmente la prisión preventiva”. Sin embargo, el susodicho Nazar cambió de opinión y para justificar la liberación de los acusados (que igualmente debieron permanecer en el país unos meses) alegó “contradicciones notables, inconsistencias, zonas grises e incluso explicaciones insignificantes en el testimonio de la mujer”. Una conversación telefónica con una amiga en la que hizo un chiste de humor negro sobre el episodio fue usado en contra de la denunciante, mientras que los jugadores insistieron en que las relaciones sexuales habían sido consensuadas.

La denunciante declaró que HA y OJ la llevaron al hotel 5 estrellas de la ciudad de Mendoza y la sometieron a actos sexuales violentos y no consentidos, impidiéndole salir de la habitación. Su abogada Natacha Romano afirmó que su defendida posteriormente, por diversas lesiones -entre las cuales una ulceración sangrante- y por el estado de shock y estrés postraumático, debió recibir tratamiento médico. El periodismo, que estuvo tan perseguidor con el caso Agostina, se desentendió del destino de María que, “abandonada por la Justicia”, como declaró, hizo un intento de suicidio. La abogada Romano prometió, llegar a instancias más altas, pero evidentemente debió desistir. La Justicia de Mendoza dictaminó que ningún crimen se había cometido. Los muchachos se fueron y siguieron jugando, aunque algunos puntos de la normativa de los viajes fueron modificados en Francia.

Según una nota publicada en Buenos Aires Times, la doctora Romano declaró posteriormente: “Teníamos pruebas pendientes cuya presentación incluso se había ordenado, pero sorprendentemente el fiscal no quiso verlas”. Dichas pruebas se relacionaban con el origen de los hematomas de la demandante que los atribuyó a la paliza recibida en el contexto de la violación. Según Romano, “la prueba fundamental fue el testimonio del hematólogo quien firmó un informe que descartaba que ella sufriese dolencia alguna que justificara esas lesiones, que suman 15. La jueza restó importancia a dicho informe, la demandante pidió recusación. La jueza fue confirmada por el sistema judicial. También hubo negativa a realizar inspección visual de la habitación donde tuvieron lugar los hechos denunciados, ni se realizó la prueba acústica pedida”.

Esos hechos tuvieron lugar la noche del 5 al 6 de julio de 2023. Cinco días después, en un acierto periodístico, Fernando Bravo entrevistó en su programa de radio Continental al abogado defensor de los rugbiers, Rafael Cúneo Libarona, con importante participación de Silvina Quintans, abogada, periodista especializada en temas de género. En el link pueden escuchar la elocuente entrevista donde, a los pocos días, el defensor de los jugadores revela como “primicia” que tiene 20 pruebas contundentes, 6 testigos y asegura que quiere “proteger a la mujer”. Una de esas pruebas: que los vecinos de la habitación no oyeron nada pese a que las paredes –del hotel 5 estrellas– son de Durlock y se escucha todo. Lo único que no aclara el doctor RCL es qué motivación llevaría a una mujer de 39 –20 años mayor que los chicos, como puntualiza en algún momento– a moretonearse el cuerpo para hacer una denuncia que la conduciría a un proceso arduo y muy penoso.

MS/MG

El Estado nos mata cada 31 horas

Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa

Esta última semana los medios se llenaron de reflexiones sobre la figura del femicidio. Algunos justamente preparados y argumentados, otros desde una peligrosa y animosa ignorancia. Pero lo que no deja de sorprenderme es la escasa responsabilidad que se le concede al Estado en esto. Noelia Carolina Romero, una chica de 30 años llamó al 911 y pidió ayuda porque su novio la tenía secuestrada y tenía miedo. Fue el sábado 31 de mayo, en una casa de Temperley. Cuando llegaron los efectivos, el hombre abrió apenas la puerta, dijo que estaba todo bien y volvió a cerrarla. Adentro se escuchaba a Noelia. Los policías se quedaron en la vereda esperando una orden judicial que no necesitaban —un delito en curso no la requiere, se denomina delito en flagrancia— y cuando finalmente entraron, ella ya habia sido asesinada por Tomás Adrián Núñez, su pareja. 

Este caso no podría ser más gráfico de cómo se estructura la violencia sobre las mujeres en nuestro país: No es que el Estado llegó tarde, el Estado estuvo en la puerta y eligió no cruzarla. Y si a eso le sumamos la dimensión de clase, el problema se profundiza. No porque la clase defina a quién protege y a quién abandona —está claro que todo el aparato estatal está muy lejos de entender el problema siquiera para abordarlo—, sino porque define cuán visible se vuelve ese abandono.

Agostina Vega tenía 14 años y vivía en General Mosconi, un barrio obrero de la ciudad de Córdoba. Salió de su casa el sábado 23 de mayo hacia alguien conocido: Claudio Barrelier, ex pareja de su madre, principal sospechoso, un hombre con antecedentes graves por violencia de género al que habían dejado libre. La Alerta Sofía se activó cuatro días después. La familia llevaba una semana pidiendo que la buscaran cuando aparecieron los 250 efectivos, los perros, los drones, las 240 hectáreas rastrilladas. Para entonces ya no buscaban a Agostina. Buscaban lo que quedaba de ella. Cuatro días es lo que tarda la respuesta cuando la chica es de un barrio obrero. 

Pero todavía se puede bajar un escalón más. Mientras el país miraba Córdoba, en Eldorado, Misiones, Dulce María Beatriz Candia llevaba más de diez días desaparecida y casi nadie se había enterado. Tenía 17 años. La encontraron asesinada en una obra abandonada. No hay detenidos, no hubo operativo masivo, no hubo cobertura sostenida. Si en un barrio popular de Córdoba se demoran unos días, en el interior profundo de nuestro país las búsquedas se hacen en silencio y los hallazgos llegan por casualidad.

Y en el fondo, del fondo, está Delicia Mamani Mamani. Estudiante de magisterio que con 25 años sigue desaparecida desde noviembre de 2025. Su familia es migrante boliviana y vive en un cortadero de ladrillos. Cuando su madre, que habla quechua y no domina el español escrito, fue a denunciar que su hija no aparecía, no le tomaron la denuncia. Seis meses después, el caso sigue sin resolución y se sostiene únicamente porque la comunidad educativa de Delicia se niega a dejarlo morir. Si dependiera del Estado, Delicia ya no existiría en ningún registro. Mujer, pobre, migrante, con discapacidad: acumuló todas las marcas que el sistema lee como permiso para no buscar.

La pobreza, el interior, el origen y la lengua no cambian lo que el Estado hace —abandonar—, cambian si ese abandono llega a verse alguna vez. Y se vuelve invisible porque a esos cuerpos ya se los trataba como prescindibles mucho antes de que aparecieran muertos. Nenas como cuerpos, el cuerpo como una cosa: algo que recién entra en el registro del Estado cuando se vuelve prueba, cuando hay que rastrillarlo en un descampado o anotarlo en una causa. Mientras respira, mientras pide ayuda, no cuenta como una vida que valga la pena mirar.

La filósofa italiana Adriana Cavarero llama horrorismo a la violencia que no se conforma con matar, sino que deshace la forma humana del cuerpo hasta convertir a la persona en cosa. Lo que esa violencia produce no se agota en quien muere: les habla a todas las que siguen vivas. Les enseña dónde están paradas. Y el Estado, cuando se queda en la vereda, cuando demora la alerta, cuando no le toma la denuncia a una madre que habla quechua, no contradice ese mensaje. Lo confirma.

Por eso resulta tan obsceno que, en simultáneo, la senadora Carolina Losada impulse un proyecto que propone hasta seis años de prisión para quienes denuncien “falsamente” violencia de género. Sobre más de ocho millones de causas penales analizadas en 17 provincias, apenas el 0,09% correspondió a investigaciones por supuestas falsas denuncias, y ese porcentaje ínfimo refiere en su mayoría a conflictos patrimoniales, no a violencia de género. El dato desarma la premisa entera. Lo que el proyecto hace, con precisión quirúrgica, es convertir la denuncia en riesgo. A las mujeres que ya dudan si pedir ayuda —porque saben que del otro lado puede no haber nadie— se les agrega ahora la amenaza de terminar presas por haberlo intentado.

El 3 de junio se cumplen once años del primer Ni Una Menos. En 2015 algo cambió: el femicidio dejó de ser una rareza para volverse una categoría legal, política, cotidiana. Lo nombramos, lo discutimos, lo contamos. Y sin embargo a Noelia, a Agostina, a Dulce y a Delicia las abandonaron igual. Ese “igual” es lo que hay que mirar de frente: nombrar la violencia no alcanza si el Estado que debería intervenir se queda mirando desde la vereda. Por eso volvemos a marchar, como cada año, para exigirle a ese Estado que escucha del otro lado de la puerta que de una vez buena vez, la cruce.

AK

El Senado sesiona para desregular la venta de tierras a extranjeros, pagar a fondos buitre y designar jueces

El Senado se reúne este jueves desde las 11 con una agenda que concentra tres temas de interés para Javier Milei. La sesión convocada por Victoria Villarruel —que no está en el recin— incluye la aprobación de alrededor de 50 pliegos judiciales, la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada —el proyecto de desalojo exprés y venta de tierras— y el acuerdo con los holdouts para cancelar u$s 171 millones de deuda soberana en litigio desde el default de 2001.

Lo que no está en el temario es el pliego más caliente de la semana: el de María Verónica Michelli como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal N°3 de La Plata, que el Gobierno rechaza porque es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon. Patricia Bullrich decidió postergar esa definición para la semana que viene.

Los pliegos que sí se votan

Con Michelli en pausa, los cerca de 50 magistrados con dictamen aprobado en las cinco audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos —realizadas entre el 30 de abril y el 14 de mayo— entran al recinto. Varios de ellos generaron ruido antes incluso de que estallara el conflicto de esta semana.

Emilio Rosatti, postulado para el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe, es hijo del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti. Llegó primero en la terna pese a haber quedado cuarto en el orden de mérito original, posición que escaló tras las entrevistas ante los consejeros del Magistratura. En 2022 había renunciado a otro concurso luego de que trascendiera que había sido detenido por conducir alcoholizado. Su padre se abstuvo de votar en el Consejo.

Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, postulados a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, recibieron impugnaciones por resoluciones que beneficiaron al presidente de la AFA, Carlos “Chiqui” Tapia.

Ana María Cristina Juan, candidata al Juzgado Federal de Hurlingham, es esposa del juez Marcelo Martínez de Giorgi, que tiene a su cargo la causa donde se investiga el caso $LIBRA.

US$171 millones a los holdouts

El segundo punto del temario es el acuerdo con los fondos que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y 2010 y que desde entonces litigan contra la Argentina ante la justicia de Nueva York. El acuerdo implica pagarle US$67millones a BainbridgeLtd y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP. El total de US$171 millones tiene una quita superior al 30% sobre los montos reclamados originalmente.

El acuerdo ya había sido devuelto a comisiones en una sesión anterior. El plazo límite original era el 30 de abril, pero el Ejecutivo logró extenderlo hasta el 30 de junio, lo que abre la ventana para que el Senado lo vote este jueves y luego lo remita a Diputados.

La ley de desalojo exprés y venta de tierras

El tercer punto del temario es la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el proyecto del ministro Federico Sturzenegger que tiene varias aristas y que Bullrich tardó dos meses en negociar para conseguir los votos.

El capítulo más sensible es el de los desalojos. El texto habilita que, en casos de falta de pago o vencimiento del contrato, el dueño de la propiedad pueda exigir la desocupación del inmueble luego de solo 10 días de aviso. El Código Civil y Comercial vigente establece que recién después de dos meses consecutivos sin pagar el alquiler el locador puede rescindir el contrato. Con la nueva ley esa protección desaparece.

La negociación llevó a una distinción entre inquilinos morosos, con diez días de plazo, y ocupantes sin contrato —a los que el texto llama “usurpadores”—, para quienes el plazo se mantiene en tres días. También por presión de los aliados, y ante advertencias de la Iglesia y organizaciones sociales que alertaron sobre el riesgo de una emergencia habitacional, Bullrich aceptó eliminar el artículo que habilitaba desalojos en los barrios populares inscriptos en el RENABAP.

La ley también elimina el tope del 15% a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros, una restricción que regía desde la ley de Tierras de 2011.

Hay un tercer componente que pasó casi desapercibido en el debate: la ley modifica también la Ley de Manejo del Fuego sancionada en 2020, que prohibía por hasta 60 años la venta y el cambio de uso de las tierras afectadas por incendios, una medida pensada para desincentivar la quema intencional con fines especulativos. El proyecto de Sturzenegger elimina esa restricción. Cuando fue a exponer en el Senado, el ministro defendió el cambio argumentando que era un “dislate” extender la protección de bosques nativos a la producción agropecuaria y afectar la propiedad privada durante décadas.

MC