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El gendarme que disparó a Pablo Grillo designó como abogados a defensores de "gatillo fácil" y la “doctrina Chocobar”

El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

FLD/MG

Miércoles de marcha, jueves de paro: la CGT vuelve a la calle con 36 horas de protesta

La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.

No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.

Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.

En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.

La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.

La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.

Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.

El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.

En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico. 

Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.

La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.

PL/JJD

Paro general de la CGT: qué servicios no funcionarán este jueves 10 de abril

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para este jueves 10 de abril, que se extenderá por 36 horas y contará con la adhesión de varios gremios. La medida comenzará el miércoles 9 al mediodía con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, y continuará el día siguiente con una huelga nacional de 24 horas.

El alcance del paro será amplio, con impacto en distintos sectores clave. Sin embargo, algunos servicios funcionarán con normalidad.

Transporte: sin trenes, subtes ni taxis, pero con colectivos y algunos vuelos

El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, aunque una conciliación obligatoria dictada a fines de marzo impide que lleven adelante una medida de fuerza antes del 11 de abril. Por esta razón, los colectivos urbanos funcionarían con normalidad durante el jueves.

En contraste, los servicios de trenes y subtes estarán paralizados, al igual que los taxis, ya que el Sindicato de Peones de Taxis también se suma a la huelga.

En cuanto al transporte aéreo, se prevé una afectación parcial, con una operatividad estimada en un 45%. Entre los gremios que adhieren se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).

Educación, salud y administración pública

La CTERA, gremio que agrupa a docentes de todo el país, tanto del ámbito público como privado, confirmó su adhesión con un Paro Nacional Docente. De esta manera, no habrá clases en muchas escuelas del país.

También se verá afectado el sistema de salud pública, ya que los gremios estatales como ATE y UPCN participarán de la medida, lo que implicará que no haya atención al público ni actividad en organismos públicos, tampoco en municipios y oficinas del Estado.

Al tratarse de una actividad esencial, en la salud pública habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.

Bancos

La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención en ninguna sucursal bancaria, ya sea pública o privada, a lo largo del país. Las únicas operaciones disponibles serán aquellas que se puedan realizar de manera online, a través del homebanking o aplicaciones móviles.

Otros servicios

NB

Patricia Bullrich no se corre: conducirá el operativo de este miércoles pese al fallo de la Justicia y las críticas sindicales

En la previa del paro general del jueves, el Gobierno nacional y el de la Ciudad se cruzaron durante días por una escena que todavía no ocurrió: la movilización de este miércoles al Congreso, convocada por la CGT en el marco de la huelga de 36 horas. La discusión no fue sobre los reclamos, los cortes o los manifestantes. La disputa, más simple y reveladora, giró en torno a una pregunta clave: ¿quién se hace cargo del operativo de seguridad?

La pulseada tuvo fallos judiciales, apelaciones políticas, amenazas cruzadas y un mensaje de fondo: el oficialismo está incómodo con una calle que no puede ni controlar ni evitar. La CGT —que durante meses esquivó el conflicto frontal— se suma por primera vez a la protesta semanal de los jubilados. Pero lo hace en un clima distinto: con el dólar en alza, la inflación en rebote, el Congreso atravesado por el escándalo de la criptoestafa $LIBRA y el Gobierno cada vez más expuesto.

Fue el juez porteño Roberto Gallardo quien encendió la mecha. A partir de un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN, dispuso que el operativo del miércoles quede exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad. En su fallo, subrayó que la seguridad no puede ser excusa para reprimir, y que el derecho a manifestarse no depende del humor del Ministerio de Seguridad ni del contexto político. Ordenó que sea el Gobierno porteño quien garantice derechos, coordine y contenga.

Pero el fallo no se cumplirá. Este martes, desde el Gobierno nacional confirmaron que el operativo lo encabezará Patricia Bullrich, tal como viene ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2023. Lo harán, dijeron, “con el mismo esquema” que en las marchas anteriores: un fuerte vallado perimetral, custodia de las inmediaciones del Congreso y despliegue de fuerzas federales. La ministra lo ratificó con dureza: “De ninguna manera vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal en la Ciudad, como capital de todos los argentinos”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y fue por más: “Le decimos a Gallardo que no se entrometa. No tiene jurisdicción para darle órdenes a las fuerzas federales”.

No fue solo una respuesta política. El Ministerio de Seguridad, a través del director de Normativa, Fernando Soto, ya había denunciado a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño por presunto mal desempeño. Lo acusan de haber invadido competencias del Ejecutivo nacional, de haber actuado con una interpretación “subjetiva y forzada” de los hechos, y de haber dictado un fallo con “sesgo ideológico”. Según el escrito, el magistrado violó la Ley de Seguridad Interior y habilitó “indebidamente la jurisdicción judicial”.

En paralelo, la Ciudad también rechazó el fallo. Jorge Macri apeló la decisión, pidió que se declare nula y elevó el caso a la Cámara Contenciosa. Dijo que “no se puede escribir desde un escritorio cómo actuar ante una manifestación” y aseguró que “vamos a garantizar la seguridad con las fuerzas federales y con la Policía de la Ciudad, como siempre”. En pocas palabras, el jefe de Gobierno reclamó protagonismo para Bullrich, cuestionó al juez y sostuvo que la Ciudad no se bajará del operativo.

En los hechos, el Gobierno nacional mantendrá el control del operativo. Desde Casa Rosada aseguran que replicarán el esquema del 19 de marzo: fuerte despliegue, vallado y ninguna negociación. En Balcarce 50 justifican la decisión: creen que la movilización, por su tamaño y composición —jubilados, sindicatos, organizaciones sociales—, puede derivar en tensiones que la Ciudad no puede manejar. No lo dicen en público, pero lo deslizan: si algo sale mal, quieren tener margen de reacción y, sobre todo, de descarga.

La CGT salió también este martes a marcar posición. Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros, fue directo: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes”. En declaraciones a Radio Splendid, calificó de “locura” cualquier intento de impedir la protesta y cargó contra Bullrich: “No está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”.

Argüello explicó que la CGT, junto a la UTEP y el gremio judicial liderado por Julio Piumato, fue quien impulsó el recurso de amparo que originó el fallo de Gallardo. El mismo que ahora fue desoído por el Gobierno nacional y que motivó la denuncia formal del Ministerio de Seguridad. Consultado sobre Bullrich, el dirigente sindical ironizó: “Ya sabemos quién es. Me pregunto cómo puede seguir estando en un cargo. Hace 40 años que vive del Estado”.

El trasfondo de todo este choque no es solo institucional. Es político. El reclamo que moviliza a los jubilados desde hace meses sigue intacto: aumento de emergencia, medicamentos gratuitos, recomposición real de haberes. Lo nuevo es que la CGT decidió ponerle cuerpo. Y eso cambia la escala del conflicto. Ya no es una protesta persistente pero marginal. Es una movilización con peso propio.

Por eso, la disputa por el operativo de seguridad no fue un detalle. Fue el preámbulo. No se trató de quién despliega los escudos, sino de quién responde por lo que pueda llegar a pasar. Y en ese terreno, el Gobierno eligió jugar fuerte. Confirmó que Bullrich no se corre. Que el protocolo se impone sobre el diálogo. Y que, incluso con fallo en contra, va a actuar.

Porque en el fondo, el problema de Milei con la protesta del miércoles no es Gallardo, ni Jorge Macri, ni la CGT. Es la imagen. Esa que va a circular por redes y noticieros: la de una plaza colmada, un Congreso vallado y un gobierno que, en lugar de escuchar, endurece. Un gobierno que habla de orden, pero expone su debilidad. Y ese, por ahora, es un dilema que ningún operativo puede resolver.

PL/JJD

El Gobierno y el FMI acuerdan un préstamo de US$20.000 millones

En Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno sellaron un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa económico de 48 meses, que será respaldado por un préstamo de US$20.000 millones.

“No entra toda la plata junta”, hicieron saber fuentes del organismo a elDiarioAR, y agregaron que “cuando el Directorio trate el programa se conocerá el monto del primer desembolso”. El plazo de distribución de los desembolsos es de cuatro años.

El entendimiento, alcanzado bajo el marco de la línea del Fondo de Facilidades Extendidas (EFF, por su sigla en inglés), equivale a 479% de la cuota argentina en el organismo y todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, lo que ocurrirá en los próximos días.

El acuerdo se construyó sobre lo que el organismo multilateral definió como “progresos impresionantes” por parte de las autoridades argentinas en materia de estabilización económica. En un contexto internacional adverso, el FMI destacó especialmente el rol de “un sólido ancla fiscal” que permitió avances tempranos en el control de la inflación, la recuperación de la actividad económica y ciertas mejoras en los indicadores sociales.

Con este nuevo programa, el gobierno de Javier Milei apuesta a consolidar lo que definió como una agenda de estabilización y reformas de carácter nacional. La oposición, en cambio, lo acusa de generar más deuda para mantener el dólar estable con fines electorales, sin levantar el cepo, una promesa de campaña del entonces candidato de La Libertad Avanza.

La meta declarada es “afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y liberar un crecimiento más sólido y sostenible”.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el organismo de crédito, y llega en un momento en que la política económica argentina busca respaldo internacional para sus decisiones de ajuste. En este sentido, el staff del FMI dio su aval al rumbo actual de la gestión y anticipó que el acuerdo será tratado por el Directorio “en los próximos días”.

Más allá de su envergadura financiera, el acuerdo representa un respaldo político y técnico para el oficialismo, que podrá exhibirlo como un aval externo a su programa. En un escenario global desafiante, el FMI subrayó el componente “doméstico” del plan de estabilización, remarcando que se trata de una agenda “diseñada localmente”.

Con la aprobación del Directorio, la Argentina accederá a un nuevo paquete financiero que no solo refuerza las reservas internacionales, sino que condiciona parte de la política económica a los objetivos y metas que se acuerden formalmente con el organismo.

La implementación y cumplimiento del programa estarán sujetos, como es habitual, a revisiones periódicas. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que el acuerdo funcione como señal de certidumbre frente a los mercados y como plataforma para atraer inversiones en el mediano plazo.

Tras la declaración del FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en Twitter (X) que el Fondo “alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para un programa de Facilidades Extendidas (EFF) de 48 meses”.

JJD