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El principal centro de coordinación política de la Casa Rosada quedó en pausa en medio de una disputa que expone las tensiones en la cúpula del mileísmo. El clima ya venía enrarecido por el caso Adorni y por la ausencia del asesor en la última reunión.
El regreso de Santiago Caputo desde Washington no trajo consigo una tregua sino, por el contrario, una nueva escalada en la interna libertaria. Apenas aterrizado, el principal asesor de Javier Milei decidió pasar a la ofensiva y apuntó directamente contra Martín Menem, a quien responsabiliza por una serie de ataques difundidos desde una cuenta anónima, en la que durante los últimos días se multiplicaron mensajes especialmente agresivos en su contra.
La disputa, que hasta hace poco se desarrollaba en voz baja, quedó expuesta de manera inédita y provocó un efecto inmediato en uno de los ámbitos de coordinación que es compartido por ambas figuras: la suspensión de hecho de la mesa política, el espacio que desde el verano se consolidó como el verdadero centro de decisiones del oficialismo, incluso por encima de las propias reuniones de gabinete, que según confirmaron este martes desde el Gobierno tendrá una nueva cita el próximo lunes 25 de mayo, tras el habitual Te Deum por la fecha patria en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
El parate no es un detalle menor. Además de Caputo y del titular de la Cámara de Diputados, esa instancia, que venía reuniéndose semanalmente, es convocada por Manuel Adorni, junto a los principales vértices del poder libertario: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia; Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado; Diego Santilli, encargado del vínculo con gobernadores e intendentes; Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía y dueño de la “caja”; Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional y operador de extrema confianza de la hermana del Presidente; e Ignacio Devitt, funcionario dedicado al seguimiento y coordinación de los temas prioritarios del Gobierno.
La mesa política, donde se discuten desde la estrategia legislativa y la comunicación hasta la administración cotidiana del poder, ganó relevancia de manera paulatina durante los primeros meses del año. En parte, porque las reuniones de gabinete dejaron de funcionar como un espacio real de discusión y se transformaron, cada vez más, en escenificaciones de respaldo al Presidente. La dinámica cotidiana del poder empezó entonces a correrse hacia ese otro ámbito, mucho más reducido y operativo, donde conviven dirigentes con perfiles y ambiciones muy distintas, pero unidos por la necesidad de administrar un gobierno que, desde su origen, nació con múltiples centros de poder y con una lógica interna atravesada por desconfianzas permanentes.
La reunión de la semana pasada, sin ir más lejos, ya había mostrado señales de agotamiento. Santiago Caputo se ausentó por su viaje a Washington, del que pocos estaban enterados, y el clima estuvo enrarecido por el desgaste político generado por las investigaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni, un tema que en las últimas semanas alteró el humor interno de la Casa Rosada y obligó al oficialismo a cerrar filas en defensa del funcionario. Incluso antes de la pelea pública entre caputistas y menemistas, varios de los asistentes describían una dinámica cada vez más tensa, con reuniones largas y discusiones cada vez menos disimuladas sobre el rumbo político del Gobierno y la administración de poder dentro del oficialismo.
Sin embargo, la situación actual fue el producto de algo absolutamente inesperado. El detonante fue la sospecha de Caputo de que detrás de la cuenta @PeriodistaRufus —donde se publicaron mensajes que calificaban al asesor como “el fracaso más grande que carga el presidente” y anticipaban que “le queda poco”— se encontraba el propio Martín Menem o, al menos, alguien de su entorno inmediato.
El titular de la Cámara de Diputados negó en privado cualquier vinculación con ese perfil y atribuyó el episodio a un “error involuntario” de un colaborador que replicó algunos de esos mensajes. La explicación, sin embargo, no alcanzó para desactivar el malestar del sector caputista, que interpreta los ataques como la manifestación más descarnada de una disputa de poder que ya no se limita a diferencias tácticas, sino que expone desconfianzas mucho más profundas, que, según el entorno del asesor, no involucrarían a Karina Milei.
Este lunes, en un mensaje publicado en su cuenta de X, Caputo buscó reafirmar su alineamiento personal con Milei y, al mismo tiempo, enviar una advertencia hacia adentro del oficialismo. “Voy a defender el proyecto nacional de Javier Milei DEL QUE SEA y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso”, escribió. Y remató con una frase cargada de significado político: “Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. El mensaje fue leído dentro del oficialismo como una ratificación pública de cuál sigue siendo su principal blindaje: la confianza personal del Presidente.
Ese respaldo, sin embargo, convivió con una señal política más ambigua. Este martes, Javier Milei buscó bajarle el tono al conflicto y salió a respaldar a Martín Menem. Según sostuvo en una entrevista con Neura, la controversia del fin de semana fue “algo prefabricado para generar un problema” y aseguró que el propio titular de la Cámara baja dio explicaciones sobre el episodio dentro del gabinete. Más allá del intento presidencial por encuadrar la disputa como una maniobra externa, el principal efecto político ya es evidente. En la Casa Rosada pocos creen que la pelea derive en cambios inmediatos o pedidos de renuncia, aunque el episodio generó preocupación por el impacto que puede tener sobre el funcionamiento interno del Gobierno. Durante meses, la mesa política funcionó como una válvula de equilibrio entre los distintos sectores del oficialismo. Que hoy haya quedado en suspenso expone hasta qué punto esa convivencia volvió a entrar en una zona de fragilidad.
PL/CRM

El financista de José Luis Espert podría ser sentenciado a seis años de prisión, pero se computaría el tiempo que estuvo detenido en Argentina. El pacto entre la fiscalía de Texas y Machado todavía requiere la aprobación del juez. Planes para su regreso.
Federico “Fred” Machado, el empresario argentino procesado por narcotráfico, lavado de dinero y fraude en un tribunal federal de Texas, podría recibir una pena de seis años de prisión, si prospera el acuerdo negociado con la fiscal federal de Texas Heather Rattan.
El financista del exdiputado de La Libertad Avanza José Luis Espert admitió haber cometido los delitos de lavado de dinero y fraude entre 2010 y 2021, y el fiscal dejaría caer la acusación por narcotráfico, sostenida ante el tribunal desde 2020, según documentos presentados en el expediente radicado en la ciudad de Sherman, Texas, y anticipados por este diario.
La pena de seis años que —de acuerdo fuentes cercanas a la causa— Machado habría negociado con el fiscal y el acuerdo en general, que el lenguaje jurídico estadounidense denomina plea bargain, requiere la aprobación del juez de la causa, Amos Mazzant.
El delito de lavado de dinero y el fraude contemplan, cada uno, un rango de penas desde tres años de libertad condicional hasta 20 años de cárcel, y una multa de dos veces el monto lavado, según el código penal estadounidense.
Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado estuvo detenido en Argentina
Esas penas pueden ser sustancialmente reducidas si prospera el plea bargain. Negociaciones de ese tipo son habituales en los tribunales estadounidenses, al punto de que el 90% de las acusaciones termina en reducción de las condenas máximas, en virtud de la complejidad del caso, la contundencia de las pruebas y el costo económico del procedimiento, indican documentos del Departamento de Justicia.
En el inicio de la acusación, Ernest González, exfiscal y actual juez federal de Texas, acusó a Machado y a Mercer-Erwin de ser cómplices del Cartel de Sinaloa y el Chapo Guzmán, y sostuvo que la detención de ambos había sido decisiva para una sustancial reducción en el tráfico de cocaína desde Sudamérica y Centroamérica a Estados Unidos.
Uno de los aspectos abiertos es si el tribunal aceptará computar el período que Machado permaneció detenido en Argentina.
En marzo de 2021, el financista de Espert se fugó desde Guatemala a Buenos Aires, y fue detenido en abril a pedido de Interpol, en el aeropuerto de Bariloche. Desde entonces, pasó la mayor parte del tiempo en prisión domiciliaria, en una vivienda a nombre de una hermana en las afueras de Viedma, provincia de Río Negro. Es la misma casa que Espert visitó durante la campaña electoral de 2019.
El expediente de extradición se aceleró luego de la investigación de este diario y la comprobación, en septiembre pasado, de que Machado le había transferido US$200.000 a Espert en enero de 2020. El empresario, dueño de un negocio de minas en Guatemala y de la empresa de aviación South Aviation, fue extraditado el 5 de noviembre de 2025. Desde entonces, se encuentra alojado en la prisión del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma.
Si las cuentas le salen bien a Machado y el juez de Texas admite que ya cumplió cinco de los seis años de la probable condena, la expectativa del examigo de Espert es regresar al país antes de fin de año. Podría darse si el tribunal estadounidense le concede la repatriación para cumplir el resto de la condena en Argentina, o si se le da la pena por cumplida en Texas.
La admisión de culpabilidad indica que Machado y su socia, la estadounidense Debra Mercer-Erwin, utilizaron el fideicomiso Aircraft Guaranty Corporation Holdings y la empresa Wright Brothers Aircraft, radicada en Texas, para canalizar dinero del fraude, y que el argentino en particular prestó sus firmas South Aviation y Pampa Aircraft como vehículos de las operaciones. A Machado, además, se lo acusa de haber organizado un esquema Ponzi de recaudación de fondos millonarios para la compra de aviones que no estaban a la venta o eran vendidos múltiples veces.
Mercer-Erwin fue condenada a 16 años de prisión en 2023. En su caso, la pena incluyó el delito de narcotráfico.
Este lunes, el juez que supervisó la legalidad de la negociación, Don Bush, recomendó a su par Mazzant la aceptación del acuerdo. Mazzant podría tomarse varias semanas o meses para decidir, o hacerlo de inmediato.
Machado contó con la asistencia legal de Jamie Solano, una abogada con amplia experiencia en fiscalías de Texas y New Jersey. También participó de su defensa Alex Spiro, socio del estudio Quinn Emanuel, uno de los más cotizados de Manhattan, que tiene a Elon Musk como uno de sus clientes. Los abogados del empresario en Argentina son Roberto Rallín y Franciso Oneto. Éste también representa a Milei.
Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, el plan de Machado es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras
El empresario oriundo de Río Negro y radicado en Estados Unidos desde comienzos de la década de 1990 fue considerado durante décadas como uno de los principales comercializadores de aviones privados en el mercado argentino, con magnates, figuras del deporte, la política y el espectáculo como clientes. Si el acuerdo en Texas se lleva a cabo, su plan es regresar a Argentina de inmediato y dedicarse al negocio de las tierras raras.
En el plano de la política local, Milei dijo haber interpretado que el acuerdo de Machado con la fiscalía de Texas beneficia a Espert. Con insultos y groserías irreproducibles, pidió una reivindicación para el diputado que debió renunciar a su candidatura para renovar el cargo, a raíz de la investigación de éste y otros medios. Luego de años de negar o minimizar el vínculo con Machado, el cúmulo de pruebas se tornó insostenible para el aliado de Milei.
En rigor, dado que Machado admitió el delito de lavado, la sospecha de que Espert fue parte de ese engranaje cobra fuerza, según fuentes con acceso al expediente radicado en tribunales federales de San Isidro.
Espert recibió de Machado un pago de US$200.000 en enero de 2020, con el supuesto fin de asesoramiento contable en la empresa Minas del Pueblo, de Guatemala. Esa transferencia, más otros US$100.000 de pago inicial, fueron parte de un contrato por US$1 millón firmado a mediados de 2019, a cambio de un trabajo que el exdiputado nunca realizó.
A partir de esa transferencia, el fiscal federal Fernando Domínguez indagó en los bienes y el flujo de dinero de Espert en los últimos años. El economista, rebautizado como “El Profe” por Milei tras la última reconciliación, adquirió propiedades, formó fideicomisos y y emergió como titular o beneficiario de cuentas bancarias en el exterior que no formaban parte de sus declaraciones juradas ante la Cámara de Diputados.
Sus bienes permanecen embargados.
SL/MC

Un juez norteamericano aceptó el acuerdo planteado por el empresario argentino, que ya no será juzgado por narcotráfico. La transferencia de 200.000 dólares a Espert sigue incorporada como prueba.
Un juez federal de Texas aceptó este lunes la declaración de culpabilidad de Federico “Fred” Machado, el financista del excandidato libertario José Luis Espert, por los delitos de lavado de activos y fraude electrónico. Por el acuerdo, el empresario argentino recibió el beneficio de que no se lo acuse de narcotráfico, cargo por el que sí esta presa una de sus socias norteamericanas.
La audiencia duró apenas 16 minutos: entre las 11.05 y las 11.21 de la mañana, Machado compareció ante el juez de instrucción Don D. Bush junto a su abogada Jamie Solano y reconoció su participación en una sofisticada estafa montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. A cambio, la fiscalía federal, representada por Heather Rattan, dejó caer el cargo de narcotráfico, que arrastraba mínimos obligatorios de hasta diez años de prisión. La sentencia quedó ahora en manos del juez de distrito Amos L. Mazzant III.
Machado es el empresario que financió la campaña presidencial “Avanza Libertad” de Espert en 2019 y que fue extraditado desde la Argentina a Estados Unidos en noviembre pasado. La revelación de elDiarioAR de que Espert cobró US$200.000 de Machado obligó al economista a dar de baja su candidatura el año pasado como primer candidato de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Ayer este mismo medio informó que Espert sigue bajo la lupa de la Justicia federal argentina porque sería partícipe de la operatoria de lavado de dinero que admitió Machado.
El acuerdo que logró Machado en la justicia de EE.UU. representa un giro respecto de se estrategia inicial, porque después de su extradición se había declarado “no culpable” y apostaba a un juicio oral por jurados. Tras seis meses detenido en un penal de Oklahoma, cambió de táctica.
Según los documentos que él mismo firmó y que fueron presentados ante los tribunales texanos la semana pasada, Machado admitió haber captado millonarios depósitos de inversores por aviones que pertenecían a aerolíneas como Air India, All Nippon Airways y una compañía privada con base en China, y que no estaban en venta, según detalló el diario La Nación. La trama funcionaba a través de las firmas South Aviation Inc y Pampa Aircraft Financing —controladas por el argentino desde Florida— en combinación con Wright Brothers Aircraft Title, una sociedad de Oklahoma City que compartía oficinas y empleados con la empresa de Mercer-Erwin. En uno de los casos documentados, se firmó un contrato por un depósito de cinco millones de dólares sobre un avión de Air India, de los cuales 550.000 fueron transferidos directamente a cuentas de Machado.
Los cargos que asumió implican penas máximas de hasta veinte años de prisión por cada uno, más multas y decomiso de bienes. La defensa apuesta a que el tribunal compute los seis meses ya cumplidos en el penal de Cimarrón y los cuatro años de prisión domiciliaria que Machado purgó en las afueras de Viedma tras su detención en Bariloche en 2021, aunque este último punto queda a discreción del juez. Su entorno especula con una salida en meses o pocos años y un eventual regreso a la Argentina.
Lo que el acuerdo no despeja es la sombra política local. La Fiscalía Federal de Texas mantiene incorporada como evidencia la transferencia de 200.000 dólares a favor de Espert, registrada en enero de 2020 a través del Bank of America como “further credit to” —una instrucción que fragmenta el recorrido del dinero a través de cuentas intermedias— y vinculada a una aeronave con matrícula N28FM. Esa operación es utilizada por los investigadores para probar la ruta del dinero que Machado usó en sus delitos. Espert sostiene que se trató del pago parcial por una consultoría relacionada con una mina en Guatemala, por un contrato de un millón de dólares que no se completó a causa de la pandemia.
La investigación del fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, no encontró pruebas concretas de que esa consultoría se haya realizado. La causa local sigue abierta. “Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa.
La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.
MC

La conexión a lo largo del tiempo entre el excandidato libertario y el empresario argentino que le financió la campaña en 2019 y ahora aceptó en EE.UU los delitos de lavado dinero y fraude.
Un juez de Estados Unidos aceptó este lunes la culpabilidad de Federico “Fred” Machado en los delitos de lavado de dinero y fraude electrónico y la sombra alcanza a José Luis Espert, quien recibió del empresario financimiento para su campaña presidencial 2019 (un avión, una camioneta blindada y un contrato millonario), apenas años antes de saltar a lado de Javier Milei en La Libertad Avanza.
La decisión judicial es un eslabón más de un caso que estalló en julio de 2025 con las revelaciones de elDiarioAR, derivó en la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional y abrió en los tribunales federal de San Isidro una causa por presunto lavado de activos que sigue en trámite.
Espert y Machado se conocieron en marzo de 2019, en el Golf Club de San Isidro, presentados por el empresario aeronáutico Sergio Mastropietro y por Pablo Deluca, ejecutivo de Infobae. Días después se reunieron a bordo del avión Bombardier Challenger N28FM, estacionado en el aeropuerto de San Fernando.
Allí acudieron Nazareno Etchepare y Gonzalo Díaz Córdoba, armadores del Frente Despertar. La charla duró menos de una hora. Machado prometió un avión King Air con piloto, una Jeep Cherokee blindada y fondos en dólares. Espert pidió US$5 millones; el piso comprometido fue de US$ 2,5 millones.
Entre el 21 y el 24 de marzo de aquel año, Espert viajó a Miami invitado por Machado. El empresario le organizó reuniones con argentinos de Florida para sumar aportes. El 18 de abril presentó su libro La Sociedad Cómplice en el Hotel Austral de Viedma. Cerró el acto con un agradecimiento “a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido”.
El 17 de junio de 2019, dos semanas antes del lanzamiento formal de su candidatura presidencial, Espert firmó con Machado un contrato por US$1.000.000 para asesorar a Minas del Pueblo, una empresa minera del empresario radicada en Guatemala. El acuerdo preveía pagos mensuales durante un año. Solo se supo que se concretó uno.
El 22 de enero de 2020, el fideicomiso Aircraft Guarantee Corp, vinculado a Machado y a su socia estadounidense Debra Mercer-Erwin, transfirió US$200.000 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley.
La operación quedó registrada en una contabilidad clandestina que se incorporó después al expediente de Texas. Dos meses más tarde, Espert compró un BMW 240i por más de US$90.000. En noviembre adquirió una casa en Beccar. Consignó ambas operaciones como fondos propios en su declaración jurada.
El 15 de abril de 2021, la policía detuvo a Machado en el aeropuerto de Neuquén a pedido de un tribunal del distrito Este de Texas. Lo acusaron de narcotráfico, lavado de dinero y fraude por unos US$350 millones.
Cumplió prisión domiciliaria durante cuatro años en una casa a veinte kilómetros de Viedma. En noviembre de 2023, Mercer-Erwin recibió en Texas una condena de 16 años. Espert minimizó el vínculo. Dijo que solo había compartido un vuelo a Viedma y denunció una “operación” en su contra.
Pasaron los años y el 27 de julio de 2025, Sebastián Lacunza publicó en elDiarioAR la reconstrucción de la cita en San Fernando. Comenzó a conocerse el préstamo del avión y los WhatsApps entre armadores de la campaña.
El 28 de septiembre, un hallazgo del equipo de Juan Grabois sumó al expediente la transferencia de US$200.000. La exjefa de prensa de Espert, Clara Montero Barré, lo contradijo en público: “Era mucho más que un aportante. Opinaba, participaba”. Un documento del Bank of America ratificó la operación.
El 5 de octubre, Espert renunció a la candidatura. Dos días después, la Corte Suprema habilitó la extradición de Machado. En un allanamiento a la casa del empresario en Viedma, la Policía Federal encontró el contrato por US$ 1.000.000 roto y abollado en un tacho de basura. El 11 de octubre, la Cámara Nacional Electoral resolvió que Diego Santilli encabezara la lista de La Libertad Avanza.
El 5 de noviembre de 2025, Machado partió extraditado desde Ezeiza en un vuelo de United Airlines, escoltado por agentes de US Marshals. Declaró su inocencia ante el juez federal Bill Davis. Pero el 12 de mayo de 2026 cambió de estrategia: firmó un acuerdo con la fiscalía y se declaró culpable de lavado y fraude. El convenio excluyó los cargos por narcotráfico, los más graves del expediente.
Este lunes, el juez de instrucción de Texas Don D. Bush aceptó el acuerdo. La trama que armó Machado supone una sofisticada estafa a nivel internacional montada sobre la venta de aeronaves que, en realidad, no estaban en venta. En esa cadena de operaciones Espert sería un eslabón más, con pata en la Argentina, por lo que se lo sigue investigando.

Aunque el Presidente ya lo consideró "inocente", el excandidato a diputado quedó más complicado por el acuerdo que alcanzó el empresario detenido en Texas. Su expediente sigue abierto en San Isidro.
Javier Milei volvió a defender a Espert y dijo que fue “una operación infame”: “Periodistas de mierda”
José Luis Espert está lejos aún de ser considerado inocente en la causa en la que se lo vincula a Federico “Fred” Machado, como planteó este domingo el presidente Javier Milei. El exdiputado y excandidato a primer legislador por la provincia de Buenos Aires sigue en la mira de la Justicia federal y la aceptación del cargo del lavado por parte del empresario argentino detenido en Estados Unidos no hizo más que complicar su situación.
Dado que Machado reconoció en la justicia de Texas haber lavado dinero, la transferencia por US$200.000 que le hizo a Espert sería un eslabón de ese delito, entienden en la fiscalía de San Isidro donde está investigado “el Profe”, como lo llama Milei.
“Machado aceptó su actividad ilegal, que es lo relevante. Tiene impacto en la causa de Espert”, planteó a elDiarioAR una fuente involucrada directamente en la causa. Espert está siendo investigado por el fiscal Fernando Domínguez y su causa la tramita el juzgado federal de San Isidro, cargo de Lino Mirabelli.
La hipótesis de los investigadores es que la transferencia de Machado a Espert realizada en enero de 2020 --que reveló el año pasado Sebastián Lacunza en este medio-- tuvo otros fines ocultos detrás del objetivo declarado de pagar una consultoría para una mina de Guatemala. El acuerdo global era por US$1 millón. El delito de lavado que lo conectan con Machado habría sido por la compra de propiedades e ingresos de dinero inexplicables.
La semana pasada se supo que “Fred” Machado, que financió la campaña presidencial de Espert, llegó a un acuerdo con la fiscalía federal del distrito Este de Texas, mediante el que se declaró culpable de lavado de dinero y fraude. El acuerdo haría caer la imputación por narcotráfico, uno de los delitos por los que se lo acusó inicialmente en 2020, y por los que está detenida su ex socia Debra Lynn Mercer-Erwin.
Machado lleva seis meses en prisión en el penal del condado de Cimarrón, estado de Oklahoma, y podría lograr un drástico acortamiento de la pena tras el acuerdo con el fiscal Jay Combs. Se espera que en las próximas horas el juez Bill Davis convalide esa negociación.
Milei tomó solo una parte del acuerdo de Machado en EE.UU. para defender a Espert. “La Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de INOCENCIA respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert”, comentó el Presidente este domingo en X.
Pero el mandatario esquivó el reconocimiento de la culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y fraude. Solo dice Milei al respecto: “¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”.
Milei habló de fue una “operación política y mediática” la que obligó a Espert a bajar su candidatura como diputados por La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del año pasado y volvió a cargar contra la prensa que informa sobre el caso.
Pero las palabras del libertario fueron mediáticas y sin efecto judicial. El expediente de Espert sigue en la justicia de San Isidro y allí continuará también pese a los deseos del exdiputado. Es que Espert hizo un pedido para trasladar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py, en Capital Federal. La petición fue rechazada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita una causa surgida en 2021, luego de que Machado fuera detenido en Bariloche, a pedido de un tribunal de Texas.
MC