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Los hermanos Neuss, asociados a Cherñajovsky y Stanley, entre otros empresarios locales, se adjudicaron las represas Alicurá y Cerros Colorados. Central Puerto, de Reca, los Miguens Bemberg y Escasany, ganaron la licitación para seguir con Piedra del Águila. La restante central de la cuenca del Comahue, El Chocón, fue a parar a Uribelarrea. Las multinacionales AES y ENEL, con las manos vacías. El Estado recaudará US$706 millones en total.
Dos de las cuatro centrales hidroeléctricas de la cuenca patagónica del Comahue que está reprivatizando el gobierno de Javier Milei fueron concesionadas por 30 años, todas vía licitación, al grupo energético Edison, que integran los hermanos Juan y Patricio Neuss -amigos del asesor presidencial Santiago Caputo-, el fondo Inverlat -dueño de Havanna y propiedad de Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y su yerno Federico Salvai, exjefe de gabinete bonaerense de María Eugenia Vidal-, Rubén Cherñajovsky y Luis Galli -el dueño y el CEO del grupo Newsan, de electrónica fueguina pero también licenciataria de las marcas de higiene de Procter & Gamble-. Con varios funcionarios que llegaron al Gobierno por su recomendación y con intereses en diversos negocios con el Estado, los Neuss avanzan así en sus negocios, que van desde la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa y la firma de energías renovables Harz hasta campos e inmuebles.
Después de la privatización de la metalúrgica Impsa y de la Ruta del Mercosur, las hidroeléctricas constituyen la tercera venta organizada por la administración libertaria. Eran centrales que ya habían sido concesionadas al sector privado en los 90, cuyos contratos habían vencido en el anterior gobierno y que habían retornado al Estado. Las opciones eran que se las quedara la Nación, que las pasara a las provincias o que se privatizaran de vuelta, como en la gestión de Carlos Menem. Se optó por esto último.
El Estado recaudará US$706 millones por las represas. Son dólares clave para un Banco Central en apuros. Los resultados de la licitación se conocieron el viernes pasado, cuando se adjudicaron cinco de las generadoras y quedó pendiente la sexta, que se definió este miércoles en un repechaje entre los dos mejores oferentes en términos de propuesta de compra. En total hubo ocho contendientes.
Así fue que Edison se quedó con la hidroeléctrica Cerros Colorados. Derrotó en una especie de balotaje en la última oferta a BML, de Manuel Santos Uribelarrea, inversor sojero y energético. En la primera presentación, BML había superado a Edison por US$41,7 millones frente a 38 millones, pero como la diferencia era menor al 10% este último grupo pudo retrucar y puso US$21 millones más que la oferta inicial de su rival. Ya el viernes los Neuss y compañía se había adjudicado Alicurá, tras superar a la norteamericana AES, con una oferta de US$162 millones.
Central Puerto, la empresa de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escasany -accionista del Grupo Financiero Galicia- presentó la propuesta más alta por Piedra del Águila, unos US$245 millones. BML, de Uribelarrea, ganó El Chocón frente a la competencia de la italiana ENEL, dueña de Edesur, al ofertar US$235,7 millones.
Al igual que está sucediendo en otros negocios de la Argentina libertaria, los empresarios locales ganan terreno frente a las multinacionales. Durante las tres décadas anteriores, AES tuvo Alicurá; ENEL, El Chocón; Central Puerto ya contaba con Piedra del Águila, mientras que Cerros Colorados estaba en manos de Aconcagua Energía, una empresa fundada por Diego Trabucco y Javier Basso hasta que entró en crisis este año y quedó en manos de Pablo Iuliano. La licitación fue organizada por el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, dependientes del ministro de Economía, Luis Caputo, tío del asesor presidencial.
AR/CRM

El nuevo embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, aseguró ante funcionarios del Gobierno y líderes empresariales que trabajará para concretar una visita de Donald Trump al país y reafirmó el respaldo de Washington a la administración de Javier Milei.
En un evento convocado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) para dar la bienvenida formal al nuevo embajador norteamericano, Peter Lamelas, volvió a tomar fuerza la posibilidad de una visita de Donald Trump al país para reunirse con Javier Milei. El diplomático aseguró públicamente que trabaja para concretar el viaje por pedido directo del presidente de Estados Unidos.
El encuentro tuvo una marcada presencia del Gobierno nacional. Asistieron el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; y también hubo una breve aparición del ministro de Economía, Luis Caputo. Del ámbito legislativo se destacó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.
También participaron figuras centrales del sector privado. Entre ellas, la presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación, Mariana Schoua; el CEO de la cámara, Alejandro Díaz; el titular local de JP Morgan, Facundo Gomez Minujín; además de referentes de empresas estadounidenses y líderes empresariales nacionales.
En su discurso, Peter Lamelas —quien asumió su rol diplomático hace poco más de un mes— combinó definiciones políticas, económicas y personales. Contó que ya había visitado la Argentina como turista en otras oportunidades y que ahora llega con un mandato claro: “El presidente Trump me pidió explícitamente ayudar a su amigo Javier Milei”, afirmó ante funcionarios y empresarios. También dijo que mantiene “línea directa” con el mandatario estadounidense para consultas y respaldo, y que su misión es “acompañar al gobierno argentino y apoyar a las compañías estadounidenses que invierten en el país”.
En varios tramos de su intervención, el embajador dejó claro que el apoyo de Washington no será solo simbólico. “Voy a trabajar para gestionar una visita del presidente Donald Trump a la Argentina”, aseguró. Y agregó que Estados Unidos “respaldará a los pueblos y a las compañías argentinas” en esta nueva etapa del vínculo bilateral.
Peter Lamelas también trazó una mirada sobre la situación económica local y el rumbo del Gobierno. Señaló que la administración Milei “comprende la importancia del capitalismo, los mercados y el rol de los negocios”, y que apoyar a las empresas es fundamental para generar empleo y crecimiento. Consideró que el país “tiene la oportunidad de ser grande otra vez, como hace 80 años”.
Respecto de las relaciones bilaterales, destacó el reciente acuerdo comercial firmado entre ambas naciones y admitió que Estados Unidos “no prestó atención a la Argentina durante décadas”, pero ahora sí, por su importancia regional. Una Argentina fuerte, dijo, “contribuye a estabilizar la región”.
Sobre el final, Peter Lamelas dejó un mensaje de expectativas y advertencia: “Estados Unidos necesita que Argentina crezca y prospere. Este Gobierno tiene dos años para demostrar avances. No queremos regresar al pasado; queremos avanzar”.

El Gobierno plantea penas más severas para homicidios, robos y explotación sexual infantil, elimina la prescripción en delitos graves y fija nuevas reglas para impedir la liberación anticipada.
El Gobierno de Javier Milei avanza en la redacción de un nuevo Código Penal que propone una reconfiguración del sistema punitivo argentino para “terminar con la impunidad”. El mismo se confeccionó con la intención de generar cambios en la legislación penal que pongan fin a lo que describen como “una tomada de pelo a toda la sociedad”.
En este sentido, la iniciativa propone cerrar la “puerta giratoria” que permite que personas condenadas “sigan delinquiendo una y otra vez”.
Entre otras modificaciones, la propuesta gubernamental endurece penas en un amplio abanico de delitos, elimina la prescripción en casos considerados especialmente graves y restringe los beneficios que hoy permiten reducciones o morigeraciones de condena.
El Ejecutivo propone elevar mínimos y máximos en una amplia lista de delitos. “La pena de los delitos tiene que ser acorde al daño causado”, fundamenta el texto.
Entre los casos más relevantes, el homicidio simple subiría de 8–25 años a “una sanción de 10 a 30 años”, mientras que el homicidio agravado, ya con pena de prisión perpetua, incorpora nuevos supuestos, como cuando la víctima sea el Presidente o ministros, menores de 16 o mayores de 65, o hechos cometidos “en un lugar de concurrencia masiva mediante armas, automotores u otros elementos aptos para producir la muerte de un número indeterminado de personas”.
El endurecimiento también alcanza a delitos como lesiones, abuso de armas, omisión de auxilio y uso de imágenes de explotación sexual infantil. En este último caso, la pena pasaría de 3–6 años a “3 a 12 años”, con agravantes que elevan el mínimo a 4. Para la posesión con fines de distribución, la pena se ubica en “4 a 12 años de prisión”.
El capítulo sobre robos incorpora figuras específicas para modalidades como “motochorros”, “viudas negras” y la apropiación de dispositivos electrónicos. El robo simple, por ejemplo, aumenta de 1 mes–6 años a “3 a 8 años de prisión cuando se comete con fuerza en las cosas”, y a “3 a 10 años cuando se comete con violencia sobre las personas”.
Una de las modificaciones más profundas es la eliminación de la prescripción para un conjunto amplio de conductas. El documento afirma que el castigo de delitos graves “no puede verse condicionado por el tiempo, porque implica un acto de injusticia con las víctimas”.
No prescribirán, entre otros, los homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, terrorismo y narcotráfico. “Independientemente de cuánto tiempo haya pasado, la Justicia va a poder investigar y responsabilizar al autor”, remarca el texto.
El proyecto eleva mínimos penales para que una gran mayoría de delitos implique cumplimiento efectivo. Según el cálculo del Ejecutivo, “el 82% de los delitos serán de cumplimiento con prisión efectiva”.
Además, amplía la lista de delitos que ya no podrán obtener condena condicional, entre ellos “robos especialmente agravados” y la portación ilegal de armas.
La reforma también limita la liberación anticipada. Quedarán excluidos quienes tengan condenas por homicidio, robo seguido de muerte, robos con armas y delitos dolosos cometidos por funcionarios.
“Si entraste varias veces a prisión no se te puede liberar anticipadamente, porque claramente no aprendiste nada”, sostiene el documento al justificar la exclusión también de reincidentes.
Otro punto clave es que las condenas comenzarán a ejecutarse cuando el tribunal superior rechace el recurso extraordinario federal, evitando la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema.
También se establece que las condenas perpetuas “no tendrán límite temporal”, y que los funcionarios condenados por cualquier delito perderán automáticamente sus jubilaciones de privilegio.
El proyecto “robustece el marco de la legítima defensa” y amplía la participación de las víctimas en decisiones que puedan afectarlas, como la concesión de beneficios penitenciarios. Las modificaciones, dice el texto, buscan dejar en evidencia “la relevancia de la víctima en el proceso”.
Con información de Noticias Argentinas
JIB

El funcionario tuvo posturas negacionistas en una reciente exposición ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas. Había vaciado el área y era muy cuestionado por los organismos.
Alberto Baños dejó de ser el subsecretario de Derechos Humanos de Javier Milei. El funcioario renunció a su cargo tras una muy cuestionada gestión: días atrás llegó a negar ante la ONU la cifra histórica de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura.
La salida de Baños la ejecutó el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pudo confirmar este medio. Su salida coincide con el ascenso de Alfredo Vítolo, un abogado cercano al macrismo con claras manifestaciones en favor de liberar a los represores. El Gobierno lo nominó como Director Nacional de Asuntos Jurídicos en materia de Derechos Humanos el 31 de octubre pasado.
El recambio en DDHH también ocurre días después de que un grupo de negacionistas, familiares de represores y militares retirados exigieran ante la Casa Rosada la libertad de lo que consideran “presos políticos”.
En su paso por el área, el ahora ex funcionario Baños aceptó que se degrase a subsecretaría. Hay que dejar lugar a otros que sigan el camino. Mitad de gestión“, explicaron en DDHH a elDiarioAR. ”Fue un excelente funcionario que cumplió enormes tareas“, citó P/12 de Cúneo Libarona sobre Baños.
En diciembre del año pasado vació la secretaría al despedir a empleados vía WhatsApp y días después anunció el cierre del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estuvo en riesgo, incluso, el funcionamiento del Archivo Nacional de la Memoria.
Pero su hito como funcionario libertario llegó hace pocos días. Ante el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas, negó la cifra de 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar. Insistió con la versión negacionista de que ese número fue creado para “hacer negocios” por el accedo a subsidios económicos y acusó a los organismos de derechos humanos de intentar “cuestionar a la República Argentina”. Y buscó dar la vuelta el señalamiento de “negacionismo” y habló de que el gobierno está cumpliendo las políticas de Memoria de una manera “amplia”.
Los organismos de DDHH repudieron enérgicamente su exposición en la ONU y denunciaron que durante su gestión se “desmantelaron y atacaron políticas vinculadas al proceso de memoria, verdad y justicia que comprobó que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y no una guerra”, según un comunicado de Abuelas de Plaza de Mayo.
La entidad también alerto que en lo que respecta al derecho a la identidad en particular, la gestión de Baños afectó la búsqueda de los nietos y nietas obstruyendo la tareas que lleva adelante la CoNaDI y se intentó modificar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos.
MC

El gobernador de la provincia de Buenos Aires en la marcha de los jueves, la cual tuvo un tinte especial ya que coincidió con la fecha de cumpleaños de la extitular de la agrupación.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la habitual marcha de las Madres de Plaza de Mayo, con la que se conmemoraró el cumpleaños (hubiera cumplido 97) de una de las referentes de la asociación, Hebe de Bonafini, quien falleció en noviembre de 2022.
“Este jueves 4 de diciembre, día de cumpleaños de nuestra eterna compañera Hebe, las Madres de Plaza de Mayo seguimos luchando en la Marcha de los Jueves N° 2486, junto a la militancia, Demetrio Iramain y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof”, indicaban desde las redes sociales de Madres de Plaza de Mayo.
La ronda comenzó en la Pirámide de Mayo, situada en el centro de la plaza y hubo una ceremonia que contó con la participación de la exrectora de la Universidad de las Madres (UNMA), Cristina Caamaño; la actual presidenta de la Asociación, Carmen Arias; madres como Pina de Fiore, Sara Mrad e Irene Molinari; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.
Además, durante la jornada se anunció el lanzamiento de la cátedra libre “Hebe de Bonafini”, que proyectará el legado cultural y académico de la histórica dirigente, según comentaron desde el Espacio Cultural Nuestros Hijos.
La marcha también tuvo la actuación del Coro EcuNHi perteneciente al Espacio Cultural Nuestros Hijos y dirigido por Eduardo Ferraudi, y el cierre musical estuvo a cargo del grupo Aguafuertes.
En septiembre, la gestión de Kicillof firmó un acuerdo con la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo para crear el programa Proyecto Memoria Joven, una iniciativa cuya misión es “fortalecer los valores de memoria, verdad e identidad entre las nuevas generaciones”.
Con el decreto de 2342/25, el Gobierno bonaerense destinó $109.966.000 a la organización que lidera Estela de Carlotto, para financiar talleres y charlas que se desarrollarán en distintos puntos del territorio bonaerense.
Este programa está dirigido a jóvenes de 14 a 21 años y propone una serie de actividades socio-culturales que promueven “la inclusión, la formación ciudadana y la participación juvenil”. Las actividades estarán organizadas en torno a cuatro ejes temáticos: Comunicación para los derechos humanos; Abuelas y el derecho a la identidad; Memoria en el tiempo; y Memoria joven hoy.
El vínculo entre el gobierno bonaerense y la histórica organización de derechos humanos se fortaleció en mayo de 2024, cuando Axel Kicillof anunció una Unidad Provincial Especializada para colaborar en la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura militar. Esta medida se adoptó tras el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños que dependía de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Con información de agencias.
IG