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Noticias de Neuquen

La empresa favorita para quedarse con la hidrovía se reunió con el embajador de EE.UU. y desmintió un vínculo con China

Directivos de Jan De Nul, la empresa belga que opera el dragado del río Paraná desde hace tres décadas y que encabeza el consorcio favorito para quedarse con la concesión de la hidrovía por los próximos 25 años, fueron recibidos este jueves por el embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El encuentro se realizó en horas de la mañana en la sede diplomática y tuvo como eje central la licitación de la Vía Navegable Troncal, el canal por el que transita el 80% de las exportaciones argentinas.

Según informó la propia compañía en un comunicado, el embajador Lamelas escuchó de primera mano los planes del consorcio formado por Jan De Nul —con el 60% de la sociedad— y la empresa local ServiMagnus, liderada por Ricardo Román y su hijo Leonardo, familia con larga trayectoria en el negocio portuario argentino. Los directivos detallaron el plan de obras, las características de las dragas y el equipamiento de balizamiento, así como la tecnología que implementarán para la seguridad de la navegación y para colaborar en la lucha contra el contrabando y el narcotráfico.

Desmienten el vínculo con China

La reunión ocurre en un contexto de fuerte polémica. En las últimas semanas trascendió que Jan De Nul tendría algún tipo de relación comercial o contractual con empresas de capitales estatales chinos. En la sede de la embajada, los directivos de la compañía desmintieron “categóricamente” esas versiones, calificándolas de “maliciosas” y orientadas a “entorpecer el desarrollo del proceso licitatorio”.

En el encuentro, Jan De Nul ratificó además los antecedentes presentados en su oferta técnica, donde certifica que “toda la tecnología e insumos que se utilizarán son provenientes de países de occidente”, con especial mención a proveedores estadounidenses —como las cámaras del sistema VTS de control de tráfico vehicular marítimo—.

El trasfondo geopolítico no es menor. El gobierno de Javier Milei prohibió en el pliego licitatorio la participación de empresas públicas extranjeras, una decisión interpretada como una señal hacia Washington, preocupado por el interés que había mostrado la estatal china CCCC en la hidrovía. Esa misma firma opera el Yang Tsé Kiang, uno de los pocos ríos del mundo de extensión comparable al Paraná —1.400 kilómetros—.

Jan De Nul marcha al frente

El consorcio Jan De Nul-ServiMagnus acumula 66 puntos en la evaluación técnica frente a los 42 de su único competidor, la también belga DEME, una diferencia de 24 puntos que lo coloca como amplio favorito. En la oferta económica, ambos consorcios empataron al presentar la tarifa mínima establecida por el pliego: US$3,80 por tonelada, un 13,5% menor a la tarifa actual. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpym), que conduce Iñaki Arreseygor, deberá expedirse sobre el ganador en el curso de los próximos días.

Se trata de un negocio de US$300 millones anuales, con un compromiso de inversión estimado en US$10.000 millones según el Gobierno, orientado a profundizar el calado del río para permitir que los barcos naveguen con mayor carga. Por la hidrovía también transita el 90% de las exportaciones paraguayas y el 6% de las brasileñas.

Irregularidades y resistencias

El proceso no está exento de cuestionamientos. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, emitió la semana pasada un dictamen que advirtió sobre “diversas irregularidades” en los pliegos, entre ellas la ausencia de una evaluación de impacto ambiental previa al llamado licitatorio, limitaciones a la posibilidad de impugnar y problemas en la fórmula de evaluación de ofertas. La PIA señaló “elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades” que podrían derivar en una adjudicación “pasible de reproches administrativos y/o penales”.

En paralelo, una coalición de organizaciones nucleadas en el Foro por la Recuperación del Paraná presentó esta semana una medida cautelar para frenar las obras de ensanchamiento y profundización del dragado, mientras que legisladores del bloque Unión por la Patria encabezaron una reunión en la Cámara de Diputados en la que cuestionaron la falta de transparencia del proceso y la ausencia de participación de las provincias ribereñas.

Para Jan De Nul, la reunión en la embajada estadounidense fue también una oportunidad para resaltar sus tres décadas de trabajo en la hidrovía y comprometerse a sumar proyectos conjuntos con empresas americanas en el marco de las tareas de la futura concesión. La empresa descartó cualquier vínculo con capitales chinos y buscó dejar en claro que la polémica responde, en sus palabras, a “la impotencia de sus competidores para superar una propuesta de excelencia, tanto en materia de calidad de servicio como en costos”.

Resistencia a la licitación de la llamada Hidrovía: ambientalistas y oposición denuncian la entrega del río Paraná

La nueva licitación de la llamada Hidrovía Paraná-Paraguay se convirtió en uno de los conflictos políticos, ambientales y geopolíticos más sensibles del año. Mientras el Gobierno avanza con el proceso para concesionar por 30 años el dragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT), organizaciones ambientalistas, pescadores artesanales, abogados especializados, referentes sociales y sectores de la oposición comenzaron a coordinar acciones judiciales y políticas para intentar frenarlo.

La disputa no gira solamente alrededor del dragado de un río. Lo que está en discusión es el control de una de las principales arterias comerciales de América del Sur: un corredor fluvial de 3.442 kilómetros que conecta Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, y por el que circula buena parte de las exportaciones agroindustriales del continente.

“Una cosa es el Gobierno y otra cosa es el poder. Y quienes tienen el poder sobre nuestros ríos son empresas multinacionales como Cargill, Cofco y Viterra”, resume en declaraciones a diversos medios Luciano Orellano, uno de los principales referentes del Foro por la Recuperación del Paraná.

La resistencia creció con fuerza en los últimos días después de que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), dependiente del Ministerio Público Fiscal, difundiera un dictamen donde identificó “irregularidades” en el proceso licitatorio impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Lo más importante de ese dictamen son las denuncias sobre el uso de documentos apócrifos. Reportes periciales indican que un supuesto informe técnico respaldatorio de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) es falso. Además, en el dictamen se insiste con la ausencia de un Estudio de Impacto Ambiental integral, problemas en el mecanismo de participación ciudadana y posibles falencias administrativas que podrían derivar incluso en consecuencias penales.

A partir de ese documento, las organizaciones Naturaleza de Derechos, el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Sebastián Casanello, para intentar suspender el proceso. La presentación judicial sostiene que el proyecto para profundizar el dragado del Paraná hasta 44 pies avanza sin estudios científicos suficientes sobre las consecuencias ecológicas que semejante intervención tendría sobre los humedales y el ecosistema fluvial.

Ecocidio

Para los sectores ambientalistas, el problema excede ampliamente una cuestión técnica. El Paraná constituye uno de los sistemas hídricos más importantes de Sudamérica y abastece de agua, pesca y trabajo a millones de personas. “No hay antecedentes de que algo así funcione porque nunca se hizo en ninguna parte del mundo. Hacerle esto al río es un ecocidio”, sostiene a la Agencia Tierra Viva la abogada santafesina Gabriela Ferrer, una de las impulsoras de las presentaciones judiciales contra la licitación.

La crítica apunta especialmente a la intención de profundizar el canal navegable por encima de los niveles actuales. Las profundidades máximas hoy oscilan entre 34 y 37 pies en distintos tramos del Paraná y el Río de la Plata, niveles establecidos tras la primera privatización de la Hidrovía durante el gobierno de Carlos Menem. El nuevo esquema busca llevar ese calado hasta 44 pies para permitir el ingreso de buques de mayor porte.

Según los especialistas que cuestionan el proyecto, semejante modificación alteraría de manera drástica la dinámica natural del río. La principal advertencia es que el aumento del dragado aceleraría el escurrimiento del agua y terminaría secando lagunas, bañados y humedales que funcionan como reservorios naturales. La situación preocupa especialmente en Entre Ríos y Santa Fe, donde distintas comunidades ya vienen denunciando consecuencias derivadas de las tareas de dragado realizadas desde los años noventa.

El guía de pesca y referente ambiental de Victoria, Javier Núñez, sostiene en declaraciones citadas por Análisis Digital que las dragas vienen depositando sedimentos sobre las bocas de ingreso de agua del delta entrerriano, afectando lagunas y humedales fundamentales para el ecosistema. “¿Nos van a dejar sin delta y sin miles de puestos de trabajo?”, se preguntó recientemente.

Núñez recordó que durante la bajante extrema de 2020 y 2021 la ciudad de Victoria estuvo cerca de quedarse sin suministro de agua potable. También advirtió que miles de familias viven de la pesca, el turismo y la ganadería de humedal y podrían verse afectadas por cambios profundos en el comportamiento del río.

La preocupación es compartida por pescadores artesanales del litoral. Nelson Yapura, pescador de la costa santafesina, sostiene que el dragado amenaza directamente el ciclo reproductivo de numerosas especies. “Si secamos los humedales, esos peces van a desaparecer”, alertó. Según explica, gran parte de las especies del Paraná desovan en el cauce principal y luego utilizan lagunas y bañados para desarrollarse. La alteración de esos ambientes pondría en riesgo tanto la biodiversidad como la subsistencia económica de comunidades enteras que dependen del río.

Soberanía nacional

Pero el conflicto no se limita al plano ambiental. La oposición y distintos especialistas comenzaron a instalar la discusión en términos de soberanía nacional, control del comercio exterior y concentración económica.

El diputado nacional y excanciller Jorge Taiana encabezó esta semana una reunión en el Congreso junto a legisladores de Unión por la Patria, sindicalistas, especialistas y activistas ambientales para reclamar la suspensión de la licitación. Allí también se volvió a impulsar la necesidad de avanzar con el Canal Magdalena, el histórico proyecto para conectar el sistema fluvial argentino con el Atlántico sin depender del puerto de Montevideo.

Para quienes cuestionan el actual esquema de la Hidrovía, el Canal Magdalena representa mucho más que una obra de infraestructura. Lo consideran una herramienta clave para recuperar capacidad logística, fortalecer la marina mercante nacional y evitar que gran parte del comercio argentino siga dependiendo de puertos extranjeros.

La crítica aparece ligada además al modelo de privatización portuaria consolidado desde los años noventa. Actualmente, buena parte de los puertos sobre el Paraná están bajo control privado y vinculados a grandes multinacionales agroexportadoras.

Por el corredor fluvial circulan cerca de 100 millones de toneladas anuales de granos, aceites, minerales y combustibles. Según distintos referentes que cuestionan el modelo actual, el control estatal sobre lo que efectivamente sale del país es extremadamente limitado. “El 98 por ciento de los buques que circulan por nuestras aguas son de bandera extranjera”, advierte Orellano.

Narcotráfico

En ese punto aparece otro de los ejes más sensibles del debate: el narcotráfico y el contrabando. Diversos especialistas y dirigentes vienen denunciando desde hace años que la combinación entre puertos privados, escasos controles estatales y enorme volumen exportador convirtió al corredor del Paraná en una de las principales rutas utilizadas para el tráfico internacional de cocaína.

Rosario, principal nodo agroexportador del país, quedó en el centro de múltiples investigaciones judiciales vinculadas al narcotráfico y al lavado de dinero. Distintos sectores críticos del modelo de Hidrovía sostienen que la falta de presencia estatal en puertos y terminales privadas facilita maniobras de contrabando y tráfico ilegal.

Aunque el tema no aparece de manera explícita en los pliegos licitatorios, especialistas en soberanía fluvial advierten que la discusión sobre quién controla la navegación y los puertos no puede separarse de la problemática de la seguridad.

“El que maneje el río Paraná maneja la riqueza de la Argentina”, resumió el diputado provincial santafesino Carlos del Frade, uno de los principales críticos de la privatización de la Hidrovía. Del Frade sostiene que detrás de la discusión técnica existe una disputa geopolítica mucho más profunda vinculada al control de recursos estratégicos, alimentos y comercio internacional. Incluso denunció la influencia de actores extranjeros y cuestionó acuerdos vinculados al Comando Sur de Estados Unidos.

La idea de que el Paraná constituye una pieza central en la disputa global por alimentos y recursos también aparece en los discursos de organizaciones que impulsan las remadas en defensa del río.

Durante marzo se realizó la segunda travesía náutica Remar Contracorriente contra la privatización del Paraná, una movilización que recorrió distintos puntos del litoral para denunciar las consecuencias ambientales y políticas de la nueva concesión. Allí confluyeron organizaciones socioambientales, comunidades costeras, pescadores, referentes indígenas y activistas que intentan instalar la discusión pública sobre el futuro del río.

Mientras tanto, el Gobierno continúa avanzando con la licitación bajo el argumento de que la modernización de la Vía Navegable Troncal es indispensable para mejorar la competitividad exportadora y reducir costos logísticos.

Pero la resistencia crece. Las organizaciones ambientalistas ya preparan nuevas presentaciones judiciales, mientras que desde la oposición buscan llevar la discusión al Congreso y convertir el tema en uno de los grandes debates políticos alrededor del modelo productivo, la soberanía y el control de los recursos estratégicos del país. Porque detrás de la discusión sobre dragas, puertos y peajes, lo que empieza a emerger es una pregunta mucho más profunda: quién controla el río por donde sale buena parte de la riqueza argentina.

Con información de Análisis Digital y Agencia Tierra Viva

CRM/MG

Defender la tierra desde el territorio

El lema del Día de la Biodiversidad de este año es «Actuar localmente para lograr un impacto global». Pero esta frase no puede ser abordada como un simple eslogan o una frase decorativa para el calendario ya que conlleva una fuerza que es palpable en cada territorio que resiste frente a la devastación de la naturaleza. 

Para Argentina, estas palabras representan un llamado de acción crítico y urgente. Mientras organismos internacionales alertan sobre una crisis sin precedentes a escala planetaria —con un millón de especies en peligro de extinción de acuerdo a datos de la ONU—, en el país la pérdida y la afectación de la biodiversidad se traduce a nombres propios, impunidad de empresas y gobiernos y cicatrices profundas sobre los ecosistemas que difícilmente puedan ser remediadas.

Es evidente que las grandes catástrofes ecológicas globales se ejecutan en lo local. Cuando se avanza sobre la destrucción de hábitats críticos, se genera un efecto dominó que repercute en todo el planeta y que pone en evidencia la emergencia climática que estamos atravesando, la pérdida irreversible de especies, por ejemplo los polinizadores o la alarmante disminución de fuentes de agua dulce. En la Argentina, esta destrucción silenciosa ocurre ante nuestros ojos. Por ello, es fundamental el rol de la sociedad civil para fiscalizar y denunciar los crímenes ambientales que atentan contra las poblaciones, el ambiente, los bienes comunes y la fauna y la flora nativa. 

Asistimos a la destrucción impune de hábitats que son el refugio de la vida silvestre. Un claro ejemplo de ello fue la masacre de pingüinos de Magallanes en el Área Natural Protegida Punta Tombo ocurrida en 2021, reflejo crudo de cómo la codicia o la negligencia local pueden desvastar en minutos el ciclo reproductivo de colonias enteras de especies migratorias. Afortunadamente, la justicia local pudo aseverar la gravedad del daño y condenó al responsable por los cargos de daño ambiental agravado y crueldad animal. 

Por otro lado, la biodiversidad no se limita únicamente a las especies más visibles o carismáticas. Existe una microfauna del suelo y ecosistemas invisibles para el ojo humano que sostienen nuestro bienestar y que hoy mueren en silencio debido a la desidia de empresas y la complicidad de los gobiernos. Lo vemos en la contaminación de acuíferos provocada por un pozo petrolero abandonado en Pichanal, Salta, o en el vertido ilegal de agroquímicos en el Río Paraná por parte de empresas como Atanor, que operaba en San Nicolás, Buenos Aires. Estas acciones atentan de manera directa contra derechos humanos fundamentales y metas globales urgentes, ya que afectan directamente la salud, el bienestar y el acceso al agua limpia de comunidades enteras.

A su vez, la deforestación y los incendios en el Gran Chaco y los bosques Andino Patagónicos —impulsados por un lado por la negligencia y por otro por la intencionalidad fomentada por el avance de las topadoras para la frontera ganadera y sojera— no solo eliminan polinizadores clave para la agricultura sostenible como mariposas, colibríes, abejas y abejorros, sino que atacan directamente la soberanía alimentaria y el sustento de comunidades indígenas y campesinas.

No hay posibilidad alguna de alcanzar un futuro sostenible si seguimos tratando a la naturaleza como una zona de sacrificio y un recurso inagotable a explotar. La protección ambiental no es un lujo; es el soporte vital para la sociedad. Es por ello que la acción local es fundamental. A lo largo y ancho del territorio, hay vastos ejemplos: la ciudadanía y las asambleas movilizadas, las organizaciones de la sociedad civil como actores fundamentales en la defensa de la Naturaleza y la comunidad científica que aporta valiosa evidencia desde el terreno. 

La biodiversidad local es un patrimonio colectivo innegociable. Es hora de entender que salvar el planeta exige, de manera obligatoria, empezar por defender cada rincón de nuestra propia tierra.

El autor es Licenciado en Ciencias Biológicas y especialista en biodiversidad de Greenpeace Argentina 

Milei anunció una baja de retenciones a la soja, la cebada y el trigo

El presidente Javier Milei sostuvo este jueves que “es imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”. Así se expresó al inicio de su discurso por el 172º aniversario de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde anunció la baja de retenciones al trigo, la cebada y la soja.

La medida anunciada por el presidente alcanzará al trigo y la cebada, cuyas retenciones bajarán del 7,5% al 5,5% desde junio. Además, a partir de enero próximo, la soja tendrá una reducción gradual de entre 0,25 y 0,5 puntos porcentuales mensuales, dependiendo de los niveles de recaudación. También se anunciaron beneficios y novedades para los sectores automotriz, petroquímico y de maquinaria.

“A partir de enero de 2027, según venga la recaudación, vamos a bajar (las retenciones a la soja) entre un cuarto de punto y medio punto por mes de manera continuada hasta al año 2028 si nosotros reelegimos”, precisó.

“No solamente vamos a bajar retenciones al sector agripecuario. También le vamos a bajar a la industria a partir de julio 2026 hasta junio 2027; a la indsutria automotriz, a la industria petroquímica y maquinarias vamos a ir a cero”, anunció.

En este sentido, afirmó que desde el Gobierno seguirán “bajando retenciones” y “achicando el tamaño del gasto público para poder devolverle a los argentinos de bien el dinero que les corresponde”. 

“Que se achique el Estado y se agrande el mercado para que podamos tener más prosperidad”, exhortó. El presidente volvió a sostener que “los impuestos son un robo” y que “nadie los paga por gusto”. “Entonces nuestra misión es achicar al Estado para bajar impuestos”, destacó.

“Llegamos al gobierno para reivindicar la libertad económica”, dijo el jefe de Estado. Tras señalar que es “imperdonable lo que le hicieron al campo durante décadas”, dijo que “no se trató de un mero descuido ni pueden alegar ignorancia después de tanto tiempo”.

En ese sentido, denunció “un modelo sistemático de expoliación del campo para financiar al Estado, a los amigos de la política y a sus clientes”.

En otro orden, Javier Milei destacó que el norte del Gobierno es bajar impuestos, pero advirtió que para hacerlo “de manera sostenible necesitamos equilibrio fiscal y crecimiento económico”. 

“El equilibrio fiscal ya lo tenemos y lo vamos a sostener hasta las últimas consecuencias. El crecimiento lo estamos construyendo y fue deliberadamente saboteado”, advirtió ante los empresarios que se dieron cita.

Y agregó: “En medio de un programa que funcionaba con una economía que venía creciendo al 7% mensual y la inflación cayendo 1,5% mensual, la oposición nos tiró 40 leyes para romper el equilibrio fiscal. Generó pánico y provocó una dolarización del 50% de los pesos que circulan en nuestra economía”.

En ese sentido, volvió a denunciar que la oposición ejecutó un intento de “golpe de Estado” durante el año pasado.

“Básicamente lo que ocurrió es que ese intento de golpe de Estado coordinado entre la política con siete pedidos de juicio político, con intentos de descontrol en la calle, más algunos que se resisten al cambio y quieren mantener el statu que que hundió a los argentinos de bien con la complicidad de los medios”, evaluó en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

“Dada la aceleración en la tasa de inflación, eso disparó la tasa de interés, y eso cortó el sesgo de crecimiento que tenía la Arngeitna y mientras se frenaba la demanda tuvimos que enfrentar una corrida como nunca antes vista en la historia argentina”, recordó y agregó que “el tamaño del ataque” recibido “equivale a 70 mil millones dólares”. 

“Jamás en la vida se vio un ataque de semejante magnitud y jamás pudo la Argentina resistir como resistido gracias a este maravilloso modelo que diseño Toto Caputo”, destacó Javier Milei.

Siguiendo con el tema, destacó que “sin embargo, no sólo que nos pusimos de pie sino que además no pudieron violentar el modelo cambiario”.

“Argentina tiene la recesión más loca del mundo porque acaba de mostrar un crecimiento del 5,5 interanual y 3,5 desestacionalizado rompiendo el máximo histórico de la variable”, ponderó.

El presidente también hizo hincapié en “el crecimiento de las exportaciones que fue del 33%, haciendo un nuevo récord histórico”. “No vamos a parar hasta exterminar esa maldicion qu epesa sobre la Argneitna que es la inflación”, prometió.

“Nos tratan de crueles pero bajamos la pobreza a la mitad y sacamos de la pobreza a 14 millones de argentinos”,remarcó, y señaló que “todo esto fue posible gracias al ajuste fiscal que hicimos”.

Para Milei, todas estas cosas “demuestran que este Gobierno tiene tremenda gestión”.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El FMI aprobó la revisión del acuerdo y liberó US$1.000 millones para Milei y Caputo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo firmado con la Argentina por un total de US$20.000 millones, una decisión que permitirá destrabar un nuevo desembolso de US$1.000 millones para el país.

La medida representa un respaldo del organismo multilateral al rumbo económico que viene llevando adelante el gobierno de Javier Milei en medio de las negociaciones por la estabilidad financiera.

Desde el FMI destacaron el “impulso reformista” impulsado por la administración de Javier Milei, además de las mejoras registradas en materia monetaria y cambiaria durante los últimos meses.

El organismo consideró que las políticas implementadas permitieron avanzar en la reducción de desequilibrios macroeconómicos y en la consolidación del programa acordado entre ambas partes.

La aprobación de esta revisión era seguida de cerca por el mercado y por el equipo económico, ya que el desembolso forma parte de los compromisos previstos dentro del nuevo entendimiento alcanzado con el organismo internacional.