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Noticias de Neuquen
La oposición prepara su nuevo embate contra Javier Milei: moratoria previsional y aumento del bono jubilatorio
Mientras afuera del Congreso convocaban la marcha en defensa de los jubilados, los diputados comenzaron el debate previsional. El desafío de sortear el veto presidencial.
Sin protocolo antipiquete, jubilados y la CGT marcharon juntos contra el ajuste del Gobierno: “Cada vez somos más”
Mientras en las afueras del Congreso comenzaban a congregarse las primeras columnas de las centrales obreras, adentro, en la Cámara de Diputados, la oposición calentaba motores para el nuevo asalto al gobierno libertario. Después de la (insospechada) victoria en la sesión por el caso $LIBRA, llegaba el turno de los jubilados. Los diputados de la oposición pretenden aprobar, en un par de semanas, un grupo de iniciativas que apuntan a mejorar los haberes jubilatorios: un desafío a tono con el clima callejero pero que deberá encontrar la manera de sortear la amenaza final. Es decir, el veto presidencial.
El éxito de la sesión del martes había sido casi un milagro. Los diputados opositores, aún al día siguiente, todavía sonreían nerviosos: el acompañamiento de algunos gobernadores, como Martín Llaryora o Raúl Jalil, había sido una novedad que daba cuenta de un cambio en la relación de fuerzas en el Congreso. Y había que aprovechar mientras durase. Había dos objetivos: poner en funcionamiento la comisión $LIBRA, por un lado, y trabajar en una nueva reforma jubilatoria que, esta vez, lograse sortear el veto de Javier Milei.
Se reunieron al mediodía en el plenario de comisiones de Presupuesto y Previsión Social que habían emplazado, a la fuerza, en la sesión del día anterior. José Luis Espert miraba con cara de pocos amigos, forzado a asistir por una mayoría opositora compuesta por el peronismo de Unión por la Patria, la izquierda, el pichettismo de Encuentro Federal, el radicalismo díscolo de Democracia Para Siempre y la Coalición Cívica. La votación había salido por 125 votos a favor y 77 en contra: solo LLA, el MID y el PRO y UCR más mileísta había acompañado. El resto de los aliados –incluidos varios macristas– habían optado por abstenerse o ausentarse.
Los números eran importantes porque, mientras los diputados desglosaban sus proyectos, un antecedente sobrevolaba el plenario: el veto de Milei a la ley que había buscado recomponer en un 8,1 por ciento la jubilación mínima el año pasado y el tercio que el Gobierno había conseguido, allá por septiembre, para blindar este veto.
“Hay que ser pragmáticos. El oficialismo actual nos obliga a un principio de vetocracia que hace que leyes del Congreso necesiten de una mayoría agravada. Nosotros siempre necesitamos dos tercios”, advirtió Nicolás Massot (ex macrista, hoy en Encuentro Federal) en el plenario y, como si estuviera negociando en público con sus socios del peronismo, miró a los diputados de UxP y agregó: “Una mirada pragmática sería desmembrar. Legislemos tres proyectos distintos. El tema previsional es inabarcable. Y el Gobierno puede llegar a estar de acuerdo con alguno. O estoy convencido de que algunos sectores de la UCR, incluso el PRO, van a acompañar algunos proyectos”.
Massot ponía, así, el dedo en la llaga: el desafío de conseguir una nueva victoria opositora era poder presentar una propuesta que, en última instancia, tuviera que ser acompañada por los aliados del Gobierno que, por estas semanas, intentan cerrar acuerdos electorales con Karina Milei en sus respectivas provincias.
Las posturas, los proyectos
En total hay presentados unos 17 proyectos de ley vinculados a temas previsionales que se dividen, a grandes rasgos, en tres ejes. Los que proponen una prórroga de la moratoria previsional, que venció en marzo y que, según un informe de la ANSES, dejará a unas 243 mil personas en edad de jubilarse sin poder hacerlo por no contar con la cantidad de aportes. Esta iniciativa es impulsada principalmente por el peronismo y la izquierda, que insisten en que, hasta ahora, la moratoria ha sido la herramienta más eficaz para incorporar a casi el 95 por ciento de los adultos mayores en el sistema previsional.
El Gobierno tomó la decisión de no prorrogar la moratoria y tanto sus alfiles en el oficialismo con en el PRO se manifiestan en contra de la iniciativa. “La moratoria se convirtió en un sistema innecesario e inequitativo”, cuestionó Patricia Vázquez, del PRO, quien insistió con el latiguillo libertario de “no hay plata”. Le respondió Itaí Hagman (UxP): “La razón por la cual las jubilaciones vienen perdiendo no es moratoria. Hasta 2017 las jubilaciones crecieron y con moratoria. El deterioro tiene que ver con cambio de fórmula de 2017, con la situación macroeconómica, y con los sucesivos cambios de fórmula siguientes”, argumentó el diputado de Patria Grande, y le recordó que el sistema previsional no se financiaba solo con aportes, sino también con impuestos.
La moratoria previsional, sin embargo, genera algunos resquemores entre el radicalismo deloredista alineado con el Gobierno. Desde este sector, así como en el pichettismo, proponen un proyecto de prestación proporcional por vejez, que sume a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) un proporcional por la cantidad de años aportados. La PUAM, sin embargo, representa sólo un 80 por ciento de la jubilación mínima y recibe muchas críticas por parte del peronismo y la izquierda. No solo por el monto, sino porque eleva la edad de jubilación para las mujeres -ya que empieza a regir para todos a partir de los 65 años- y no aporta derecho a una pensión. Es decir que, cuando una persona muere, el viudo o viuda no puede seguir cobrándola.
El otro tipo de proyecto presentado es el que genera más consenso entre los partidos. Es la iniciativa que propone una actualización por IPC del bono para lo jubilados que cobran la mínima. Hay proyectos del peronismo, la Coalición Cívica y el pichettismo. Según explicó la radical Danya Tavela en el plenario, de actualizarse el bono -que está congelado hace más de un año- este pasaría de 70 mil pesos a 131 mil.
El plenario había tenido su primera reunión informativa. Se reunirá dos veces más y, el 6 de mayo, procederá a dictaminar. El objetivo es convocar una sesión inmediatamente, ya que la oposición confía que tendrá el número. También creen que el Senado aprobará la ley. El desafío, sin embargo, será resistir cuando llegue el veto.
En la última semana, el Gobierno no paró de acumular errores políticos en el Congreso. Hasta sus aliados más cercanos en el PRO se agarran la cabeza, incrédulos antes la falta de respuesta de Santiago Caputo y Guillermo Francos. Al momento de la votación, sin embargo, el PRO no salió en su ayuda. Y la oposición confía en que, cuando llegue el momento de defenderse del veto presidencial, el clima electoral juegue en su favor y logren, finalmente, insistir en una ley opositora en la era Milei.
MC/MG
Sin protocolo antipiquete, jubilados y la CGT marcharon juntos contra el ajuste del Gobierno: “Cada vez somos más”
Anticipando al paro general de 36 hs impulsado por la máxima central obrera, distintos sindicatos acompañaron a los jubilados en su tradicional protesta contra el recorte en los salarios y medicamentos. Las fuerzas de seguridad interrumpieron el tráfico y no hubo contacto con los manifestantes.
Francisco Reidó, de 70 años, volteó hacia atrás, miró las columnas y banderas de los distintos sindicatos que se extendían por casi dos cuadras sobre la avenida Rivadavia en las inmediaciones del Congreso y codeó a su compañero de hilera, jubilado igual que él: “Los viejos liderando columnas, ni en los mejores gobiernos peronistas vi esto”, dijo Francisco, docente retirado, mientras sostenía una bandera de su agrupación: “Jubilado en defensa propia”. A su lado, otros llevaban la bandera de “Jubilados de Flores” o “Jubilados multisectorial”. Detrás de ellos, respetando un espacio breve, pero marcado, las principales centrales obreras del país.
Es un miércoles, las cuatro de la tarde, y a la tradicional marcha de los jubilados en el Congreso se sumó la CGT en su inicio al paro general de 36 hs declarado por la central obrera contra el ajuste económico del Gobierno. Los diferentes sindicatos y agrupaciones de jubilados llegaron al parlamento a partir de las dos de la tarde, cuando sus calles ya estaban valladas, impidiendo el paso de los manifestantes sobre la avenida Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, aunque sin aplicar el protocolo antipiquete de Patricia Bullrich. La poca presencia policial que hubo en el operativo cortó el tránsito, además, en las avenidas Rivadavia y Callao y así evitó cualquier contacto con los manifestantes. Sin embargo, distintos efectivos de la policía federal se apostaron sobre el techo del parlamento, a metros de su histórica cúpula, para instalar cámaras de seguridad. Una escena que no se había visto antes en las últimas manifestaciones.
“Se acordaron un poco tarde los muchachos de la CGT de nosotros, pero bueno...”, ironiza Liliana Kunis, jubilada de 68 años, tras 35 de aporte como maestra jardinera. Liana integra la agrupación Plenario de Trabajadores Jubilados y le reclaman tres puntos fundamentales al Gobierno: un aumento de emergencia para las jubilaciones mínimas, la restitución del 100% en la cobertura de remedios del PAMI y las reaperturas de las moratorias para futuros jubilados. Con la situación actual, explica Liliana, “el 90% de las mujeres no se va a poder jubilar y el 70% de los hombres tampoco”. “Yo no cobro la mínima como otras compañeras, pero no por eso me voy a quedar en casa. La situación actual es lamentable”, apunta Liliana. La ex maestra jardinera recuerda que hace un año, solo había cinco organizaciones de jubilados marchando. “Hoy somos 15 agrupaciones y venimos de hacer un plenario el 29 de marzo donde vinieron casi 300 jubilados”, señala Liliana.
Se acordaron un poco tarde los muchachos de la CGT de nosotros, pero bueno...
A la integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados no se la nota entusiasmada por el acompañamiento de las centrales sindicales esta tarde. “Por su puesto que es muy importante, pero creo que mezclar el reclamo de mejores paritarias cuando hay jubilados que no sobreviven 10 días con el sueldo, puede ser confuso”, destaca Liliana.
La imagen de una máquina de coser flamea en una bandera celeste y blanca. Los trabajadores del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), llegaron para apoyar la lucha los jubilados, pero también para protestar frente al “hundimiento del sector textil”. “La apertura de las importaciones no nos hizo más competitivos, como dijo el Gobierno, sino que se están destruyendo puestos de trabajo en el rubro”, aclaró Jorge Luis Rojas, secretario general del SOIVA. “Muchas fábricas empezaron a cerrar y tenemos limitada las paritarias en un sector donde lamentablemente el trabajo en negro impera por culpa de los grandes empresarios”, señaló Rojas. “Nos preocupa que nuestros trabajadores tengan sueldos irrisorios para esta economía”, agrega el dirigente gremial. Y agrega: “¿cómo llegas a jubilarte así?”.
Sobre una de las vallas negras de la policía que anillan al Congreso, hay un cartel con la consigna “Fuerza Pablo”. Son amigos del fotógrafo gravemente herido por el impacto de una granada de gas en su cabeza, disparada por el gendarme Héctor Guerrero el pasado 12 de marzo.
“Este sábado vamos a organizar un festival solidario por Pablo en Remedios de Escalada”, cuenta Raúl Alderete, jubilado de 74 años y vecino del fotógrafo. Raúl militaba con el abuelo de Pablo en una agrupación vecinal de Escalada. “Su familia y la mía son todos militantes barriales en Escalada”, cuenta. Desde el disparo que casi le provoca la muerte al fotoperiodista, los vecinos organizan todos los viernes un “semaforazo” en la plaza del barrio. “Lo hacemos por Pablo y para que Bullrich y toda su banda de criminales renuncie”, cuenta Raúl, jubilado que todos los miércoles participa también de la marcha. Mientras Raúl pega afiches, una fotógrafa se sube a un poste de luz con su cámara. A su lado, hay un pequeño cartel con una frase: “no disparen”.
Jerónimo Montero es investigador del CONICET en la Universidad Nacional de San Martín y delegado de ATE-CONICET en la misma universidad. La situación de los investigadores en el principal órgano estatal científico, cuenta Jerónimo, es “alarmante”. “Los investigadores ya no quieren hacer el ingreso por los bajos salarios y otros hasta renunciaron”, resume el investigador. “La realidad es que muchos investigadores necesitan más de un trabajo y ni hablar de los becarios que se van del país porque no hay más ofertas”, señala Jerónimo. La bandera de “Jóvenes Científicos Precarizados” también flameó entre los jubilados.
FLC/MG
Miércoles de marcha, jueves de paro: la CGT vuelve a la calle con 36 horas de protesta
El sindicalismo busca mostrar fuerza frente al ajuste y suma su peso a la movilización de los jubilados. La tensión por el operativo de seguridad revela la incomodidad del Gobierno ante una escena que no logra evitar.
La calle será el escenario. Este miércoles, desde el mediodía, columnas sindicales, movimientos sociales y la protesta ya habitual de los jubilados volverán a confluir frente al Congreso. Será el primer acto de una huelga que se estiró a 36 horas y que tendrá su punto más alto el jueves, cuando rija el tercer paro general contra Javier Milei. Pero más allá de las fechas, los nombres y los reclamos, lo que empieza a visibilizarse es otra cosa: un malestar que no encontró contención institucional y ahora desborda por los márgenes del sistema político.
No se trata del regreso triunfal de una central obrera poderosa. Al contrario: la CGT se suma a una protesta que no empezó en la sede de Azopardo, sino en las veredas de los jubilados, donde una mínima que no alcanza para lo básico fue el primer motor de la bronca. La huelga, entonces, no es obra de una dirigencia resuelta, sino la reacción inevitable ante una clase política que no supo o no quiso escuchar a tiempo.
Desde hace días, en la sede de la CGT se afina el dispositivo para que la movilización sea masiva. El jueves pasado, referentes de gremios como Sanidad, UPCN, Uocra, Camioneros, Seguros, Vidrio y Smata delinearon la logística y el recorrido: concentración en Yrigoyen y Solís, marcha hacia la Plaza de los Dos Congresos y consignas claras: paritarias libres, aumento de emergencia para los jubilados y rechazo al ajuste. La expectativa es que más de 300 mil personas participen de la jornada, que contará también con la adhesión de las dos CTA y de movimientos sociales como la Corriente Clasista y Combativa y Territorios en Lucha.
En la previa, el Gobierno nacional intentó desactivar la medida del jueves con una maniobra quirúrgica: dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de la UTA, apostando a mantener activo el transporte durante la jornada de paro. Pero el tiro puede salir por la culata. La medida no alcanza legalmente al paro general convocado por la CGT, y en el gremio de colectiveros hay tensión interna. Algunas seccionales del interior ya avisaron que podrían sumarse, incluso desoyendo la conciliación.
La discusión más áspera, sin embargo, se dio por el operativo de seguridad de hoy. Un fallo del juez porteño Roberto Gallardo dispuso que la custodia debía recaer en la Policía de la Ciudad, y que el Gobierno nacional debía abstenerse de intervenir. Pero la Casa Rosada desoyó la orden y confirmó que será Patricia Bullrich quien encabece el despliegue, con el mismo protocolo que en las protestas anteriores: vallado perimetral, fuerzas federales y ningún margen para el diálogo.
La ministra de Seguridad fue tajante: “No vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal”, dijo. Y fue por más: denunció al juez ante el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño. El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, por su parte, apeló el fallo, respaldó a Bullrich y se sumó al coro oficial que busca impugnar judicialmente cualquier intento de frenar el protocolo antipiquetes.
Pero la marcha va. Así lo confirmó este martes Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo”. Para la central obrera, el escenario está claro: si el Gobierno apuesta a la represión, será su responsabilidad. Porque lo que está en juego no es solo el derecho a manifestarse, sino el modo en que el oficialismo decide relacionarse con el conflicto social.
El Gobierno se mueve entre el desprecio discursivo y el cálculo defensivo. En los últimos días, funcionarios como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero, mantuvieron contactos reservados con algunos gremialistas, buscando alguna señal de distensión. No la encontraron: el triunviro Héctor Daer apuntó el lunes contra la Casa Rosada al señalar que “hay diálogo, pero no hay negociación”.
En público, los libertarios dicen que no hay reclamo puntual, que el paro es político, que los sindicatos son parte de “la casta”. Francos llegó a calificar la medida de “ridícula” y advirtió a los gremios sobre sus consecuencias. En privado, en cambio, el análisis es menos ideológico.
Es que el trasfondo político es cada vez más complejo para Milei. La economía da señales de fatiga, la inflación amenaza con rebotar, el dólar se recalienta, el Congreso avanza con una comisión investigadora por el caso $LIBRA y la imagen presidencial empieza a mostrar signos de desgaste. En Azopardo lo leen con claridad: lo que hasta hace meses era impensado —una huelga general de 36 horas— hoy se vuelve inevitable.
La de este miércoles no será una jornada fundacional ni un punto de quiebre. Pero sí una foto reveladora. La de un gobierno que eligió la confrontación antes que el diálogo, que responde al conflicto social con protocolos y vallados, y que empieza a enfrentarse con algo más complejo que la “casta”: la realidad. Esa que no se puede bloquear ni empujar con gases lacrimógenos, y que cada vez encuentra más voces dispuestas a ocupar la calle.
PL/JJD
Otra vez el Gobierno apela al miedo y usa las estaciones de tren para convocar a hacer denuncias contra el paro
La medida, convocada por la CGT y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), reclama la recomposición salarial urgente de los trabajadores y repudia las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.
Por segunda vez, el Gobierno inundó las estaciones de tren con carteles en pantallas y mensajes en altoparlantes contra el paro general que la CGT encabeza este 10 de abril.
“Ataque a la República. La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar. Si te extorsionan o te obligan a parar denunciá al 134”, decía el mensaje que fue difundido también redes sociales por el vocero presidencial Manuel Adorni, entre otros.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad de la Nación compartió el mismo mensaje en sus canales oficiales a través de un flyer.
De hecho, horas antes, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich posteó: “Gracias al 134, (Eduardo) Belliboni va a juicio”.
Paro general
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, llevará adelante este jueves una huelga general de 24 horas en todo el país en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei y en reclamo de mejores condiciones salariales.
La medida, convocada por la CGT y que cuenta con el apoyo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), reclama la recomposición salarial urgente de los trabajadores y repudia las políticas económicas implementadas por el Ejecutivo.
Las medidas de fuerza comenzaron este miércoles con el acompañamiento de múltiples sindicatos a una protesta de jubilados, que se manifiestan todas las semanas desde hace años frente al Congreso en reclamo de mejores condiciones.
La protesta se llevó a cabo sin incidentes y ante un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad, y contó con la presencia de miles de trabajadores de distintos sindicatos.
Los sindicatos ferroviarios, del subte de Buenos Aires y el Sindicato de Peones de Taxi confirmaron su adhesión al paro, mientras que la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que representa a los choferes de autobuses, anunció que no va a participar y que sus servicios funcionarán con normalidad.
En tanto, el transporte aéreo tendrá una operatividad del 45 % y los controladores aéreos mantendrán servicios mínimos por tratarse de una actividad esencial.
La operadora estatal Aerolíneas Argentinas informó que canceló más de 250 vuelos, lo que afectará a más de 20.000 pasajeros.
La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) confirmaron también su adhesión a la huelga.
Además, las escuelas y universidades públicas permanecerán cerradas durante la jornada de este jueves, mientras que en el sector salud mantendrán guardias mínimas para atender urgencias.
No habrá tampoco atención al público en oficinas estatales, registros civiles y reparticiones municipales de todo el país, ni repartición de correspondencia por parte de Correo Argentino.
La recolección de residuos se suspenderá desde este miércoles a la noche y retomará su funcionamiento normal a partir de las 0:00 del viernes.
MM con información de agencias.
Paro general de la CGT: qué servicios no funcionarán este jueves 10 de abril
La medida de fuerza afectará a varios sectores clave como el transporte, educación, salud, bancos y la administración pública. Incluirá una movilización este miércoles y una huelga el jueves.
La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para este jueves 10 de abril, que se extenderá por 36 horas y contará con la adhesión de varios gremios. La medida comenzará el miércoles 9 al mediodía con una movilización frente al Congreso junto a jubilados, y continuará el día siguiente con una huelga nacional de 24 horas.
El alcance del paro será amplio, con impacto en distintos sectores clave. Sin embargo, algunos servicios funcionarán con normalidad.
Transporte: sin trenes, subtes ni taxis, pero con colectivos y algunos vuelos
El gremio de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó su adhesión al paro, aunque una conciliación obligatoria dictada a fines de marzo impide que lleven adelante una medida de fuerza antes del 11 de abril. Por esta razón, los colectivos urbanos funcionarían con normalidad durante el jueves.
En contraste, los servicios de trenes y subtes estarán paralizados, al igual que los taxis, ya que el Sindicato de Peones de Taxis también se suma a la huelga.
En cuanto al transporte aéreo, se prevé una afectación parcial, con una operatividad estimada en un 45%. Entre los gremios que adhieren se encuentran la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA).
Educación, salud y administración pública
La CTERA, gremio que agrupa a docentes de todo el país, tanto del ámbito público como privado, confirmó su adhesión con un Paro Nacional Docente. De esta manera, no habrá clases en muchas escuelas del país.
También se verá afectado el sistema de salud pública, ya que los gremios estatales como ATE y UPCN participarán de la medida, lo que implicará que no haya atención al público ni actividad en organismos públicos, tampoco en municipios y oficinas del Estado.
Al tratarse de una actividad esencial, en la salud pública habrá atención parcial, con menos personal del habitual, con guardias mínimas para consultas espontáneas y urgencias.
Bancos
La Asociación Bancaria anunció que no habrá atención en ninguna sucursal bancaria, ya sea pública o privada, a lo largo del país. Las únicas operaciones disponibles serán aquellas que se puedan realizar de manera online, a través del homebanking o aplicaciones móviles.
Otros servicios
- Comercios: el Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó aún su adhesión al paro. Su referente nacional, Armando Cavalieri, no participó de las reuniones de la CGT en la que se resolvió la medida. Más allá de lo que resuelva Cavalieri, el gremio no cuenta con el poder para paralizar a las grandes cadenas de supermercados, que está previsto que abran sus puertas, aunque con plantel reducido. Los comercios de cercanía que no cuentan personal sindicalizado tienen previsto abrir y dependerá mucho de si funcionan los colectivos.
- Gastronomía: el gremio adhiere al paro, aunque no todas sus seccionales. La seccional porteña del gremio de los gastronómicos, a cargo de Dante Camaño, no se sumará. Dependerá mucho de que el personal pueda conseguir transporte para llegar a sus lugares de trabajo.
- Recolección de residuos: no habrá servicio hasta las 24 del 10 de abril. Luego, se reanudará con normalidad la tarea. Podría haber excepciones en distritos en los que el servicio esté municipalizado y no a cargo de los camioneros, o del sindicato local de recolectores.
- Correo postal: no habrá reparto de correo postal de las empresas privadas ni de la estatal Correo Argentino. Sí, en cambio, funcionan casi con normalidad los repartidores autónomos que prestan servicios para Mercado Libre.
- Administración pública: adhieren los principales gremios estatales, UPCN y ATE. No habrá atención al público ni actividad en los organismos. UPCN tiene la capacidad de paralizar las áreas jerárquicas del Estado y los organismos públicos nacionales, mientras que ATE se jacta de poder afectar el normal funcionamiento de hospitales públicos y más de 800 municipios.
- Actividad portuaria: se interrumpirán las actividades en los puertos, por lo que se verá afectado el comercio exterior. Adherirán los 19 gremios del sector.
- Transporte de cargas: no funcionará el reparto de mercadería, diarios y revistas. Tampoco el transporte de caudales, ni el suministro de combustible. Son todas ramas que controla el gremio de los camioneros, que encabezan Hugo y Pablo Moyano. Sin embargo, funcionarían las empresas de transporte que prestan servicios a Mercado Libre o las que distribuyen de manera independiente bebidas y alimentos.
- Estaciones de servicio: habrá una atención parcial, pese a que el gremio del sector es uno de los impulsores de la protesta.
NB