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“No queremos ser millonarios, queremos una vida digna”: médicos y enfermeros alertan por la crisis en hospitales públicos

El Hospital de Clínicas José de San Martín es uno de los hospitales escuela más importantes del país. Desde hace más de un siglo funciona como centro de formación médica, investigación y atención para pacientes de todo el territorio nacional. Sin embargo, trabajadores, médicos y enfermeros advierten que atraviesa una de las crisis presupuestarias más severas de los últimos años.

En el primer piso del hospital, cientos de personas esperan ser atendidas en el marco de la Semana de Prevención Cardiovascular. La actividad incluye controles de presión, exámenes físicos y entrevistas médicas, aunque al final del circuito apenas dos profesionales deben atender a una demanda masiva. Según explican desde el hospital, este tipo de jornadas también funcionan como una forma de ordenar una atención que ya no logra absorber la cantidad de pacientes que llegan diariamente.

A medida que se recorren los distintos sectores del edificio aparecen techos deteriorados, humedad, puertas rotas y áreas abandonadas. El estacionamiento del personal permanece inundado y en distintas paredes cuelgan carteles convocando a la Marcha Federal Universitaria de este martes.

En una de las salas abiertas a la comunidad, un cirujano plástico brinda una charla sobre linfedema, insuficiencia venosa, lipedema y obesidad. Mientras tanto, en otros sectores del hospital, trabajadores del área de insumos describen demoras constantes en licitaciones y dificultades para conseguir materiales básicos.

Una paciente que se atiende allí desde hace años asegura que continúa recibiendo buena atención, aunque reconoce que en ocasiones faltan medicamentos para tratar enfermedades crónicas como la diabetes. “A veces hay, a veces no”, resume mientras espera volver a ser llamada.

Deterioro progresivo

Fernando Chamot, director de prensa del hospital, describe un escenario de ajuste progresivo. Según explica, distintos servicios comenzaron a reducirse debido a la falta de recursos: disminuyó el personal de seguridad, se espació la limpieza en algunos sectores y se redujo la capacidad de atención.

“Hoy se atiende un 50 por ciento menos de lo que se podría atender porque tomar más pacientes sería una irresponsabilidad”, sostiene. “Se cierra el cupo y al mes siguiente se evalúa con qué recursos se cuenta. Para los médicos es muy difícil porque no fueron formados para decir que no”.

Chamot también asegura que gran parte de las obras realizadas recientemente fueron financiadas mediante donaciones privadas y advierte sobre el deterioro salarial del personal. Según datos difundidos por el hospital, en abril de 2026 un residente cobraba 1.442.908 pesos netos; un médico, 1.354.908; un enfermero, 1.176.004; y un auxiliar, 1.026.354 pesos.

En el sector de enfermería, trabajadores describen jornadas extensas, pluriempleo y condiciones laborales cada vez más precarias. Guillermo, enfermero con treinta años de servicio, asegura que muchos profesionales deben trabajar en varios hospitales para alcanzar ingresos mínimos. “Nosotros cuidamos, pero también necesitamos que nos cuiden”, afirma.

Luis, otro enfermero del Clínicas, sostiene que durante el último año la situación empeoró notablemente. Relata faltantes de pañales, problemas de mantenimiento y filtraciones de agua que afectaron sectores enteros del hospital. Según cuenta, en varias oportunidades fueron los propios trabajadores quienes compraron materiales básicos de su bolsillo.

“No había ni un foco para que un enfermero pudiera poner un suero durante la noche”, asegura. También describe situaciones en las que enfermeros y médicos colaboran económicamente con pacientes sin recursos para comprar agua o alimentos.

El deterioro, explican, no se limita a la infraestructura. Un médico del hospital, que pidió reserva de identidad, advierte sobre el impacto que la crisis puede tener en la formación de futuros profesionales. “Lo que empieza a doler es cuando dejan de venir quienes se están formando”, señala. Para él, el desgaste cotidiano y el estrés permanente afectan directamente el aprendizaje y el desarrollo académico. “La academia tiene que ser la mejor. Esta institución es irreproducible, aunque demuelan el edificio”, sostiene.

La situación también alcanza al Hospital Odontológico de la UBA. Allí, el decano Pablo Rodríguez explica que gran parte del funcionamiento depende del aporte económico de los propios pacientes. “Si no fuera por eso, no podríamos comprar insumos”, afirma. Según detalla, los estudiantes atienden alrededor de doscientos pacientes durante su formación, algo que considera una de las grandes fortalezas del sistema universitario.

Rodríguez también describe salarios deteriorados entre el personal docente y no docente. Los profesores, explica, cobran alrededor de 280 mil pesos mensuales por una jornada semanal de trabajo. “Nos sostenemos gracias al esfuerzo de los docentes y de los pacientes”, resume.

Aumento de la demanda

El aumento de la demanda aparece como otro de los problemas centrales. Según un informe del Instituto Argentina Grande elaborado sobre datos del INDEC, unas 742 mil personas dejaron de tener cobertura médica en los últimos dos años y pasaron a depender exclusivamente del sistema público.

Jorge Yabkowski, secretario general de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (Fesprosa), define el escenario sanitario actual como “desbordado”. Advierte que la combinación entre recortes presupuestarios, falta de personal y aumento de pacientes configura “la tormenta perfecta”.

También señala problemas crecientes en el acceso a medicamentos y retrocesos en políticas preventivas. “El programa Remediar se está cayendo”, sostiene. Según afirma, aumentaron los casos de tuberculosis y sífilis, mientras que hace un año no se distribuyen preservativos desde el sistema público nacional.

Jimena, médica que trabajó hasta hace poco en un hospital nacional y actualmente se desempeña en hospitales porteños, asegura que el deterioro se profundizó desde 2024. “Cada vez más personas dejaron de tener prepaga o perdieron la obra social y terminan en el hospital público”, explica.

Según relata, los faltantes de insumos comenzaron a afectar incluso prácticas básicas. “No había recipientes para urocultivos. Había pacientes críticos que no podían hacerse estudios y los médicos trabajaban a ciegas”, recuerda. Finalmente decidió abandonar ese hospital por el desgaste cotidiano. “Quedarse en esas condiciones era faltarse el respeto a uno mismo”, afirma.

En el Hospital Pirovano una pediatra describe un escenario similar. Aunque aclara que el sistema público siempre trabajó “al límite”, sostiene que en los últimos años comenzaron a aparecer pacientes con enfermedades más avanzadas y familias que antes podían atenderse en el sector privado. “El paciente no consigue turnos o no puede pagar una consulta particular”, explica. También señala que muchos llegan desde la provincia de Buenos Aires porque no consiguen atención en hospitales cercanos.

Entrada la tarde, gran parte de los sectores administrativos del Pirovano ya permanecían vacíos, aunque decenas de pacientes seguían esperando atención. Algunos dormían en la guardia, otros permanecían conectados a vías intravenosas en sillas de los pasillos mientras los portasueros se arrastraban lentamente detrás de ellos. En medio del movimiento silencioso, varias palomas caminaban entre los corredores del hospital.

LS/CRM

La 4° Marcha Federal Universitaria vuelve a las calles para reclamar por financiamiento y recomposición salarial

La comunidad universitaria volverá a las calles este martes 12 de mayo. La cuarta Marcha Federal Universitaria concentrará a estudiantes, docentes, no docentes y organizaciones sociales en todo el país con una consigna que se repite desde hace más de dos años: que el Gobierno nacional cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y recomponga los salarios del sector. Desde diciembre de 2023, las transferencias presupuestarias al sistema universitario cayeron un 45,6% en términos reales, según denunció el propio Consejo Interuniversitario Nacional.

El acto central será en Plaza de Mayo a las 17. La convocatoria está encabezada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, integrado por CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FATUN, CTERA, FAGDUT y UDA. Durante la jornada habrá paro total y suspensión de clases en todas las universidades nacionales del país.

Una ley aprobada que el Ejecutivo no cumple

En el centro del reclamo está la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, una norma con un historial político inédito. Aprobada por amplia mayoría en el Congreso en agosto de 2025, fue vetada en septiembre de ese año por el presidente Javier Milei mediante el decreto 647/2025. El Ejecutivo argumentó que su implementación generaría un costo de más de un billón de pesos sin fuente de financiamiento y pondría en riesgo el superávit fiscal.

Sin embargo, el Congreso rechazó el veto en dos instancias consecutivas. Primero la Cámara de Diputados y luego el Senado —con 58 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones— ratificaron la ley con la mayoría especial requerida. A pesar de ello, el Gobierno no avanzó en su implementación. Las universidades recurrieron entonces a la Justicia y la causa avanza hacia la Corte Suprema.

La ley establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento universitario —que incluyen hospitales, laboratorios y partidas de investigación—, ordena la convocatoria a paritarias para recomponer el salario docente y no docente, y aumenta las becas estudiantiles.

Franco Bartolacci, presidente del CIN, dijo en conferencia de prensa: “Si no valen las gestiones, si no vale la legitimidad incuestionable de una ley razonable aprobada por el Congreso, si no vale lo que ordena la Justicia, que valga la voz del pueblo de la Nación”.

Salarios por debajo de la línea de pobreza

La situación salarial es uno de los puntos más críticos del conflicto. Según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), los salarios del personal docente y no docente cayeron un 34% en términos reales entre noviembre de 2023 y comienzos de 2026.

El 65% de los docentes universitarios trabaja con dedicación simple —diez horas semanales— y cobra menos de $365.000 brutos mensuales. En el extremo más bajo, un auxiliar de segunda percibe $162.991, frente a una Canasta Básica Total de $1.360.299, que marca la línea de pobreza para un hogar tipo según el INDEC.

Incluso en el cargo más alto —profesor titular con dedicación exclusiva—, el salario básico bruto alcanza $1.456.091, apenas por encima de ese umbral. El 70% del personal universitario, según datos presentados en el Senado al momento de ratificar la ley, cobra por debajo de la línea de pobreza.

Las consecuencias ya son visibles en las aulas: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se perdieron 438 cargos docentes desde diciembre de 2023, según denunció Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA.

Cuarta movilización desde el inicio de la gestión Milei

Esta será la cuarta movilización federal desde que comenzó la gestión de Milei. La primera, en abril de 2024, fue la más masiva y de mayor repercusión pública. La segunda, en octubre de ese año, mantuvo la convocatoria. La tercera, en septiembre de 2025, coincidió con la sesión en la que Diputados rechazó el veto presidencial. En los tres casos, el conflicto de fondo permaneció sin resolución.

La movilización en la Ciudad comenzará horas antes del acto central en Plaza de Mayo. Los principales puntos de encuentro serán:

Réplicas en todo el país

La marcha tendrá presencia en todo el territorio nacional. En Córdoba, la concentración será a las 15 en el Monumento de la Reforma (Ciudad Universitaria) y el acto central a las 17:30 en Bv. San Juan y Vélez Sarsfield. En La Plata, habrá una movilización hacia Plaza de Mayo con cese total de actividades académicas.

En Salta, la concentración arrancará a las 16 en el Monumento 20 de Febrero, con marcha hacia Plaza 9 de Julio. En Santa Fe, una columna partirá desde Ciudad Universitaria a las 15 hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral. En La Pampa, las convocatorias serán en Santa Rosa a las 17:30 y en General Pico a las 18.

Milei y Adorni recortaron $2,5 billones para universidades, tratamientos de VIH y hasta obras de agua potable

Bajo el pomposo lema de las planillas oficiales, “2026 - Año de la Grandeza Argentina”, el Gobierno oficializó este lunes lo que en la práctica representa un golpe demoledor a la inversión social. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial, se autorizó una reestructuración presupuestaria que retira miles de millones de pesos de programas críticos de salud, educación y desarrollo provincial, consolidando una hoja de ruta donde el equilibrio fiscal se paga con la motosierra social.

El ajuste no discrimina: afecta desde la provisión de drogas para pacientes con cáncer y VIH hasta el mantenimiento de las Fuerzas Armadas, pasando por la paralización total de obras de saneamiento para acceder a agua potable o cloacas. El documento de cientos de páginas que esconde un recorte neto de al menos $2,5 billones en las distintasáreas.

Salud

El área de Salud Pública sufrió un recorte nominal de $63.021 millones. El impacto más severo se siente en el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones, una cifra que pone en jaque la continuidad de la entrega de fármacos de alta complejidad.

Pero la crueldad del ajuste se lee en los detalles:

Educación

En la Secretaría de Educación, el recorte asciende a $78.768 millones. La mayor contradicción oficialista aparece en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288 millones en transferencias directas a las provincias.

La asfixia al sistema educativo se completa con:

Golpe a las provincias

El ajuste sobre los gobernadores e intendentes es, quizás, el de mayor volumen político y social. La Decisión Administrativa 20/2026 dispuso un recorte superior a los $970.000 millones mediante la eliminación de transferencias y la suspensión de obras de infraestructura hídrica.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, desactivó partidas por $27.641 millones que estaban destinadas a llevar obras a las provincias. La lista de obras “muertas” incluye:

Defensa y Ciencia

Ni siquiera las Fuerzas Armadas quedaron a salvo de la “motosierra”. El Ministerio de Defensa perdió más de $46.000 millones. El caso más emblemático es el de la Armada Argentina, que debió dar de baja la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos para la Base Naval Puerto Belgrano al perder el crédito externo que financiaba el proyecto.

Por su parte, el sistema científico-tecnológico continúa su desmantelamiento silencioso: se registran fuertes bajas en el presupuesto del CONICET, el programa espacial y los proyectos de energía nuclear de la CNEA.

El detalle del ajuste aparece en los anexos que acompañan el decreto. El considerando principal de la medida dice que “corresponde adecuar el presupuesto vigente de diversas Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional con el objeto de afrontar gastos que hacen al cumplimiento de su cometido” y que “se efectúan rebajas en créditos presupuestarios de varias Jurisdicciones”. El artículo 3° incrementa en $500.000 millones el límite para el pago de deudas previsionales judiciales de ANSES, llevándolo a $712.288 millones.

Malvinas y Parques Nacionales

El ajuste alcanza también a áreas de la Cancillería y hasta los Parques Nacionales. En el ministerio de Relaciones Exteriores se desfinancia - ente otros rubros- el programa “Acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida”, al que se le quitan aproximadamente 14,3 millones de pesos, según reveló el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal.

El exlegislador también consignó podas $2.557 millones en el programa referido a “Conservación y Administración de Áreas Naturales Protegidas”, que incluye recortes en los fondos presupuestarios pertenecientes a parques nacionales de todo el país. También hay ajuste en el “Servicio de Bomberos” del Ministerio de Seguridad Nacional, por $11,8 millones.

MC

La tierra que habla: los desaparecidos de La Perla vuelven a tener nombre

En 1979, antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitara Argentina, los militares removieron los cadáveres enterrados en los terrenos que rodeaban el casco de La Perla. Querían borrar las evidencias. Lo que no pudieron borrar fue la tierra misma, que durante casi cinco décadas guardó los huesos en silencio, dispersos y desarticulados, esperando.

Hoy, esos huesos tienen nombre. Once personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar fueron identificadas días atrás en la zona conocida como Loma del Torito, en las inmediaciones del ex centro clandestino de detención más grande del interior del país, y este martes la Justicia en Córdoba dará todo los detalles. La revelación se suma a la docena de cuerpos ya identificados en marzo pasado. La ciencia forense hizo lo que la impunidad intentó impedir.

El lugar

La Perla está sobre la Ruta Nacional 20, kilómetro 15, en Malagueño, a pocos kilómetros de la ciudad de Córdoba. El predio tiene una historia anterior al horror: originalmente formaba parte de un conjunto de estancias expropiadas en 1942 por el Estado Nacional para uso del Tercer Cuerpo de Ejército.

Desde el 24 de marzo de 1976 y hasta fines de 1978, ese lugar fue otra cosa. Fue el eje de la red represiva del III Cuerpo de Ejército, comandado por Luciano Benjamín Menéndez. Los propios represores la llamaban “la universidad”. Por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas en calidad de detenidas-desaparecidas. La gran mayoría fue asesinada e inhumada clandestinamente en los terrenos aledaños. La estructura que la sostenía era precisa y burocrática: el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren coordinaba fuerzas armadas, policía, SIDE y Gendarmería en una “comunidad informativa”; de ese entramado dependía la sección de Operaciones Especiales, que administraba La Perla.

Cerca de allí anduvo en aquellos años José Julián Solanille, un baqueano que comenzó a trabajar como peón de campo a metros de La Perla unos días antes del 24 de marzo de 1976. Durante dos años, no hizo preguntas. Solo miró, según su historia que reconstruye LaTinta. Vio las tumbas y los rastros de camiones. Vio cuerpos arrojados desde helicópteros. Fue testigo del fusilamiento masivo que ordenó personalmente Menéndez en la Loma del Torito. “Tenían a toda la gente en dos filas. No sé, eran muchas personas. Como cien. Algunos vestidos, otros totalmente desnudos. Los que podían ver gritaban. Unos hasta corrieron. Pero los mataron por la espalda”, declaró años después ante la Justicia.

Su perra collie, entrenada, empezó a traer a casa pequeños restos humanos. Solanille los escondía junto a las vías del tren, rezándoles en latín. Cuando el patrón lo supo, mandó matar al animal. En 1978, Solanille se mudó y guardó todo en silencio.

En 1983, la radio mencionó la sigla CONADEP. Solanille montó su Vespa y encaró hacia Córdoba. Declaró ante la Comisión y dos años después lo hizo en el Juicio a las Juntas. Su testimonio fue clave para reconocer el sitio donde estaba la Loma del Torito y guiar las primeras expediciones en la zona en 1984. Solanille falleció en 2019, sosteniendo hasta el último día lo que había visto.

Una denuncia, un geólogo y cuarenta años de espera

Las investigaciones en La Perla comenzaron hace más de veinte años, impulsadas en gran medida por una denuncia presentada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Pero fue recién en 2024 cuando el geólogo de la Universidad Nacional de Río Cuarto Guillermo Sagripanti logró un avance decisivo: accedió a fotografías aéreas del lugar tomadas en 1979 y, con nueva tecnología, acotó la zona de excavación a diez hectáreas.

Esa precisión fue lo que permitió que, entre septiembre y noviembre de 2025, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) excavara cuatro hectáreas en la Loma del Torito —dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera— con diez mil metros lineales de trincheras. Allí encontraron restos óseos humanos dispersos y desarticulados, evidencia de antiguas fosas removidas. Era exactamente lo que los testimonios habían señalado desde hacía décadas.

Carlos Vullo, director del Laboratorio de Genética del EAAF, explicó al diario LaVoz el desafío: los restos llegaron fragmentados, contaminados, degradados. Primero hubo que descontaminar exhaustivamente cada muestra para preservar el ADN genuino y eliminar hongos y bacterias. Luego se molieron los huesos hasta convertirlos en polvo fino, se extrajo el material genético con equipos semiautomatizados y se lo amplificó con técnicas de PCR.

“Es como si quisiéramos leer una hoja que está fragmentada en cuatro partes: si unimos esos pedazos, podemos seguir leyendo. Pero si uno rompe ese papel en 120 partes, es mucho más difícil acomodar las piezas del texto”, graficó Vullo.

El perfil genético obtenido —una suerte de documento de identidad biológico— se cotejó luego con las muestras de sangre donadas por familiares de desaparecidos en el banco de datos nacional, que reúne entre doce mil y catorce mil muestras. El software del EAAF establece coincidencias en hora y media. Pero la confirmación final siempre cruza los datos genéticos con toda la información antropológica, histórica y testimonial reunida. Solo después, la Justicia notifica a los familiares.

Dos veces la misma noticia

El 10 de marzo pasado, a días del cincuenta aniversario del golpe, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja convocó a una conferencia de prensa y anunció la primera tanda: doce personas identificadas. Entre ellas, Mario Alberto Nívoli, baterista de Las Perdices que había estudiado ingeniería química en Santa Fe y fue secuestrado el 14 de febrero de 1977, cuando su hija Soledad tenía cuatro meses. “Cuando supe que en septiembre habían encontrado la fosa de La Perla y que mi papá podía estar ahí, comencé a ordenar mi casa. A hacer lugar. Ahora me doy cuenta de que lo estaba esperando”, dijo Soledad a LaVoz al enterarse de la identificación.

En aquel hallazgo también fueron identificados Eduardo Jorge Valverde Suárez, Óscar Omar Reyes, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, una de las mellizas Carranza Gamberale (Adriana o Cecilia), Raúl Oscar Ceballos Cantón, José Nicolás Brizuela, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Carlos Alberto D’Ambra Villares y Alejandro Jorge Monjeau López.

La semana pasada el mismo juzgado confirmó once identificaciones más. La segunda tanda incluye a tres parejas que habían sido secuestradas y asesinadas juntas, y cuyos restos fueron hallados también juntos, cuarenta y ocho años después.

“Este nuevo hallazgo es significativo para Córdoba. Una de las asignaturas pendientes era encontrar la fosa de La Perla donde se enterraron desaparecidos”, señaló Vullo.

Tres parejas, las nuevas identidades

Ester Felipe y Luis Mónaco militaban en Villa María. Ella era psicóloga, nacida en Las Varillas. Él, periodista, camarógrafo de los SRT de la Universidad Nacional de Córdoba y delegado sindical. Ambos integraban el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y, según testimonios de sobrevivientes, permanecieron aproximadamente una semana en La Perla antes de ser fusilados. Sus restos aparecieron juntos en Loma del Torito.

Su hija, la periodista e investigadora Paula Mónaco Felipe, vive en México. Describió la noticia como una “conmoción muy linda” y una “inesperada forma de felicidad”. “Permanecieron juntos pese a todo, pese a tanto que les hicieron vivos e incluso muertos”, dijo. Y también: “Saber que la tierra nos los guardó y nos los devuelve te reconcilia de alguna forma con muchas cosas del universo”. Pero no sin advertir lo que queda pendiente: “La ausencia ocupa muchísimo espacio y la ausencia va a seguir ahí, el dolor seguirá ahí”.

Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy formaban otra pareja, oriundos de Tres de Febrero. Él fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de la funeraria Punilla donde trabajaba; ella fue detenida poco después en la misma ciudad. Tenían militancia política —él vinculado a Montoneros, ella a la Juventud Peronista— y también compartían el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch. Cuando fueron secuestrados, tenían una hija pequeña, Mariela, que fue rescatada por vecinos y entregada a familiares. Sus restos aparecieron juntos.

También fueron identificados José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga. 

Además se reveló la identidad de Edelmiro Cruz Bustos, reconocido dirigente de la Juventud Radical secuestrado en abril de 1976. Y Graciela Doldán, abogada laboralista y militante montonera, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti. “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”, comentó sus redes el exmandatario provincial. Roberto, hermano de Graciela, resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La búsqueda no termina

En mayo de 2026, el EAAF inició la Campaña 2026: nuevas excavaciones en tres hectáreas adyacentes al área trabajada el año anterior, con financiamiento garantizado a través del Consejo de la Magistratura de la Nación y con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Los trabajos se extenderán hasta fines de septiembre.

Paula Mónaco Felipe hizo un llamado urgente al Estado para que multiplique los recursos destinados a estas tareas. Al ritmo actual, advirtió, podría llevar años identificar los restos ya recuperados, mientras los familiares siguen muriendo sin certezas. “No es justo que se sigan muriendo sin certeza cuando esos restos ya están ahí”. Vullo sabe que cada caso abierto tiene una fecha de inicio pero no de cierre. “Estos casos sabemos cuándo empiezan, pero no cuándo terminan.”

Queda tierra por excavar. Quedan familias esperando. De los 2.200 a 2.500 que pasaron por La Perla, la enorme mayoría continúa desaparecida. Los cuerpos identificados ahora son apenas el principio de una deuda que el Estado todavía no termina de saldar.

"Los terminamos encontrando": los nombres y las historias de los desaparecidos identificados de La Perla

Ester Felipe y Luis Mónaco, militantes de Villa María. Sus restos fueron hallados juntos. Carlos Cayetano Cruspeire y Rosa Cristina Godoy, pareja de Tres de Febrero, secuestrados en Córdoba en 1977, padres de Mariela, quien quedó al cuidado de vecinos y familiares. José Luis Goyechea y Nilda Moreno, secuestrados el 15 de agosto de 1977 en barrio General Paz, Córdoba, ante sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Graciela Doldán, abogada laboralista y militante, secuestrada en abril de 1976, compañera del diputado y exgobernador Juan Schiaretti.

Las últimas identificaciones del trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba revelan parte del terror de la dictadura militar en el centro clandestino de detención La Perla. Los restos fueron identificados a partir de los hallazgos realizados en 2025 en el predio conocido como Loma del Torito, perteneciente a la Guarnición Militar de La Calera y los detalles de la investigación serán dados a conocer por el Juzgado Federal N°3 de Córdoba, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, este martes a las 11 en una conferencia de prensa en los Tribunales Federales de la capital provincial. En total hubo 11 nuevas identificadas, sumadas a 12 conocidas en marzo pasado.

La campaña arqueológica de 2025 en Loma del Torito fue ordenada por el juzgado en el marco del expediente iniciado hace cuatro décadas por una denuncia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y familiares de desaparecidos.

La Perla funcionó como centro clandestino de detención entre 1976 y 1978, y se estima que por sus instalaciones pasaron entre 2.200 y 2.500 personas.

En marzo de 2026, el mismo proceso había permitido identificar 12 personas: Carlos Alberto Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana y Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Valverde, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Coquelli Pardo y Okelly Pardo.

Antes de la conferencia oficial de este martes, organismos de derechos humanos y familiares adelantaron públicamente la identidad de algunos de los identificados. Entre ellos se encuentran al menos tres parejas.

Los padres de Paula Mónaco Felipe

Ester Felipe y Luis Mónaco eran militantes de Villa María, Córdoba. Él nació en 1947 en la capital provincial, fue periodista y delegado sindical. Ella nació en 1950 en Las Varillas y trabajó como psicóloga. Ambos integraron el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados el 11 de enero de 1978 y llevados a La Perla, donde fueron asesinados.

Su hija, la periodista Paula Mónaco Felipe, que reside en México, escribió en sus redes: “Hoy vuelven con nosotres y estamos flotando, con el corazón al galope, descubriendo una nueva y maravillosa forma de felicidad”.

La pareja de Tres de Febrero

Carlos Cayetano Cruspeire fue secuestrado el 10 de septiembre de 1977 en Córdoba, cerca de su trabajo en una funeraria del centro. Rosa Cristina Godoy fue detenida ilegalmente poco después en la misma ciudad. Eran padres de Mariela, una niña pequeña que quedó al cuidado de vecinos y luego fue entregada a familiares.

Pertenecían a Montoneros y la Juventud Peronista respectivamente, y también integraban el grupo Scout San Francisco de Asís de Villa Bosch, en el partido de Tres de Febrero.

Secuestrados ante sus tres hijos

José Luis Goyechea y Nilda Moreno fueron llevados el 15 de agosto de 1977 desde su casa en barrio General Paz, en Córdoba, delante de sus tres hijos de 5, 3 y 1 año. Goyechea era riojano, estudiaba Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de Córdoba y trabajaba como empleado administrativo en el Colegio de Médicos. Moreno era psicopedagoga.

La compañera de Schiaretti

Graciela Doldán era abogada laboralista, militante de Montoneros y compañera de militancia del entonces joven Juan Schiaretti, hoy diputado nacional. Nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe y fue secuestrada en abril de 1976 en su casa de Córdoba, a los 34 años.

Schiaretti se pronunció al conocer la identificación: “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”.

Su hermano Roberto resumió lo que sienten muchas familias: “La Gorda les ganó otra vez. No la pudieron desaparecer. Los sacamos de la condición de desaparecidos, los terminamos encontrando”.

La conferencia de este martes será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación.