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El FMI recorta al 3,5% la previsión de crecimiento de Argentina para 2026 y prevé una inflación el doble de la proyectada
La nueva proyección del FMI, recogido en el informe de 'Perspectivas Económicas Mundiales' divulgado este martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0% previsto para 2026 en el informe publicado a fines de 2025. Además, estima que la inflación se desacelerará este año en Argentina al 30,4%, levemente por debajo del 31,5% registrado en 2025, pero casi dos veces más que el 16,4% previsto en octubre pasado.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía argentina crecerá un 3,5% en 2026, medio punto porcentual menos de estimado en enero pasado y por debajo del 4,4% registrado en 2025, al tiempo que eleva significativamente la previsión de inflación para este año.
La nueva proyección del FMI, recogido en el informe de 'Perspectivas Económicas Mundiales' divulgado este martes, implica una revisión a la baja con respecto del pronóstico de crecimiento del 4,0% previsto para 2026 en el informe de perspectivas publicado en octubre pasado, cifra que se mantuvo también en la revisión de enero de este año.
Para 2027, el FMI mantuvo la proyección de crecimiento del 4% incluida en el informe del primer mes del año.
En cuanto a la inflación, el organismo estima que el índice de precios al consumidor se desacelerará este año en Argentina al 30,4%, levemente por debajo del 31,5% registrado en 2025 pero casi dos veces más que el 16,4% previsto en octubre pasado por el FMI para este año, cifra que no se actualizó en enero pasado.
Para 2027, en tanto, el organismo prevé que la inflación se reduzca al 15,7%.
El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2025 un déficit del 1,1% del PIB, registrará una caída del 0,8% en 2026, frente al 0,4% previsto para este año en octubre pasado.
De cara a 2027, el FMI prevé una caída adicional del 0,6% del PIB.
El organismo pronostica además una caída de la tasa de desempleo para 2026, alcanzando un 7,2%, frente al 7,5% registrado en el cuarto trimestre de 2025.
Esa cifra, anticipó el informe, seguiría cayendo en 2027 hasta ubicarse en el 6,9%.
La difusión de estas perspectivas se da días después de que se cumpliera el sábado el primer aniversario de la firma de un nuevo programa de facilidades extendidas entre Argentina y el FMI.
El acuerdo firmado por el Gobierno de Javier Milei fijó como uno de sus principales objetivos reforzar las exiguas reservas del Banco Central, con créditos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales 12.398 millones fueron desembolsados poco después de rubricado el pacto.
El FMI pronostica que la guerra de Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento mundial
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula en su nuevo informe de perspectivas que la guerra contra Irán restará al menos 2 décimas al crecimiento de la economía mundial este año, en el que ahora prevé un avance del 3,1%, un impacto que sentirán especialmente las economías emergentes.
Ese es la “previsión de referencia” del FMI, basada en el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año, pero el organismo plantea otros dos escenarios más adversos en los que el impacto del conflicto sería aún mayor, uno intermedio en el que la economía se reduciría ocho décimas, hasta el 2,5%, y el peor, en el que el crecimiento global caería al 2%, trece décimas menos.
El dato calculado por el FMI en su nuevo informe de Perspectiva Económica Global (WEO por sus siglas en inglés) publicado este martes es dos décimas inferior a su anterior pronóstico de enero, cuando el organismo atisbaba una economía que se sacudía el lastre de la política arancelaria de Donald Trump y recibía el impulso de la inteligencia artificial (IA).
La nueva previsión supone tres décimas menos de crecimiento que el registrado en 2025 y subraya la especial vulnerabilidad en la que quedan Oriente Medio y algunas economías emergentes -sobre todo las que son grandes importadoras de materias primas y tienen poco margen de maniobra presupuestaria- debido a la guerra.
Estas últimas serían las más expuestas al alza de los precios de la energía y los alimentos, al deterioro de las expectativas de inflación y a un endurecimiento de las condiciones financieras, cuya severidad dependerá de lo que dure el conflicto.
Ya lo avanzaba la entidad la semana pasada, cuando señaló que recortaba sus previsiones por la guerra.
El conflicto ha generado un escenario excepcional y por ello el FMI en esta ocasión hace una “previsión de referencia” en vez de su habitual pronóstico base.
Esta previsión se basa en el supuesto de que la guerra se solvente a mediados de este año y es el primero de los tres escenarios posibles dibujados por el FMI.
En este marco, el organismo deja intacta su estimación global para las economías avanzadas, que mantendrían un avance del 1,8% en 2026, una décima menos que el año pasado.
No obstante, respecto a la revisión de perspectivas que hizo en enero, reduce en una décima el crecimiento de EE.UU. (2,3%) y China (4,4%) y en dos el de la eurozona (1,1%).
A su vez, reduce en tres décimas el crecimiento del conjunto de las economías emergentes y en desarrollo, que se expandirían un 3,9%.
La peor parte, se la llevan los países de Oriente Medio y Asia Central, que, incluso con la guerra resuelta en torno a junio, crecerían este año dos puntos porcentuales menos, un 1,9%, en relación a la previsión de enero.
La economía de Irán en 2026 pasa de un crecimiento previsto en enero del 1,1% a una contracción del 6,1%, mientras que otros grandes exportadores de energía que dependen directamente del estrecho de Ormuz, como Irak o Catar, se contraerían entre casi el 7 y el 9%.
En cuanto a inflación, la entidad prevé que los efectos del cierre de Ormuz impulsen una tendencia inflacionaria al alza que se estaba moderando después los aranceles de Trump y pronostica que los precios subirán un 4,4% en el mundo en 2026 (seis décimas más que lo previsto en enero) y un 3,7% en 2027 (tres décimas más).
En los otros dos escenarios planteados por el FMI el impacto de la guerra es aún mayor.
En el intermedio, el crecimiento mundial se desaceleraría aún más, hasta quedar en el 2,5%, con la inflación alcanzando un 5,4% este año, mientras que, en el peor de los tres contextos, en el que los precios del gas y el petróleo estarían altos más tiempo y se registrarían “mayores daños a la infraestructura energética en la región en conflicto”, lo que reduciría el crecimiento global al 2% en 2026 y la inflación escalaría al 6%.
El organismo subraya que el impacto sobre los emergentes “sería casi el doble que el observado en las economías avanzadas” en cada uno de estos posibles escenarios.
Por otro lado, el informe describe una tendencia general hacia la fragmentación geoeconómica por los crecientes riesgos geopolíticos o la posible extensión o modificación de los aranceles estadounidenses y sigue dibujando dudas sobre la verdadera penetración que pueda acabar teniendo la IA en la productividad.
El FMI insta a las autoridades a estar muy atentas para preservar estabilidad financiera y de precios y proteger a los ciudadanos más expuestos al encarecimiento de la energía y los alimentos, además de fortalecer colchones presupuestarios.
Latinoamericana y del Caribe crecerán un 2,3% en 2026, una décima más de lo previsto
La economía de Latinoamérica y el Caribe crecerá un 2,3% en 2026, lo que supone una décima menos que en 2025, pero mejora -también en una décima- lo previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero, cuando hizo su proyección anterior.
Así, y según el informe de perspectivas del FMI difundido este martes, la economía de la región avanzará este año más que en 2025, pese a la elevada incertidumbre global desatada a raíz de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que hará que otras grandes regiones del mundo sufran una ralentización.
De cara a 2027, el organismo mantiene que la región crecerá el 2,7%, tal y como había calculado en enero, aunque respecto a su previsión del pasado octubre, supone una décima más.
Para Centroamérica, prevé un avance del 3,7% en 2026, igual que en 2025, y del 4% en 2027, impulsada por el consumo interno y las remesas, y para el Caribe del 5,7% en 2026 y del 8,6% en 2027, frente al crecimiento del 6,2% en 2025, con economías beneficiándose de la recuperación del turismo, pero también expuestas a fenómenos externos.
El conjunto de la región sigue condicionado por factores externos como el encarecimiento de las materias primas, el endurecimiento de las condiciones financieras y la desaceleración de la demanda global, aunque con impactos diferenciados entre los países.
En ese sentido, el FMI explica que las economías importadoras de energía son las más vulnerables a estos choques, mientras que los exportadores de materias primas pueden beneficiarse parcialmente.
El FMI destaca que el actual entorno internacional ha incentivado a varios países de la región a acelerar acuerdos de integración, como el alcanzado recientemente entre Mercosur y la Unión Europea, y enfatiza que estos pactos pueden fortalecer vínculos comerciales y diversificar exportaciones.
Brasil se desacelera y México, al contrario
Entre las principales economías de la región, el FMI prevé que Brasil se desacelere en 2026, con un crecimiento del 1,9%, frente al 2,3% de 2025, y repunte al 2% en 2027, beneficiándose inicialmente de su condición de exportador neto de energía, aunque posteriormente pesará la menor demanda global, el encarecimiento de insumos como fertilizantes y unas condiciones financieras más restrictivas.
México, por su parte, crecerá un 1,6% en 2026 y un 2,2% en 2027, después de haber registrado un 0,6% en 2025, en un entorno marcado por la consolidación fiscal, una política monetaria restrictiva y las tensiones comerciales, principalmente con EE.UU., que limitan la inversión y la actividad.
Argentina, que creció un 4,4% en 2025, moderará su avance al 3,5% en 2026 y al 4% en 2027, aunque mantendrá uno de los desempeños más sólidos entre las grandes economías de la región, impulsada por un proceso de estabilización macroeconómica y reformas que, según el FMI, mejoran la confianza.
Colombia crecerá un 2,3% en 2026 y un 2,5% en 2027, tras haber avanzado un 2,6% en 2025, en línea con un patrón de expansión moderada condicionado por el entorno externo.
Chile registrará un crecimiento del 2,4% en 2026 y del 2,6% en 2027, después del avance del 2,3% en 2025, mientras que Perú lo hará un 2,8% en ambos años, tras haber crecido un 3,4% en 2025. En ambos casos, el FMI apunta a crecimientos contenidos, afectados por la menor demanda externa y el encarecimiento de la energía.
Ecuador se desacelerará, al pasar del 3,7% en 2025 al 2,5% en 2026 y 2027; mientras que Venezuela repuntará un 4% en 2026 y un 6% en 2027, frente al 1,5% de 2025.
Para Bolivia se prevé un avance del 3,3% en 2026 tras una caída del 1,2% en 2025; el crecimiento en Paraguay cederá un poco al 4,2% en 2026 y un 3,5% en 2027, tras el avance del 6% de 2025; y Uruguay crecerá un 1,8% en 2026 (igual que en 2025) y un 2,6% en 2027.
Caputo: "Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas"
El ministro de Economía admitió que la inflación saltó 3% en marzo, pero prometió que bajará a partir de abril. También espera que las inversiones se traduzcan en "crecimiento sostenido" en el tiempo que así creará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con vaticinios anteriores de este gobierno.
En la cumbre anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (Amcham, según sus siglas en inglés) en la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, prometió este martes que “los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en décadas”. Después de que ayer admitiera que la inflación de marzo superó el 3% por el aumento del combustible ante la guerra de Irán, pero vaticinara de que bajará a partir de abril, en el Centro de Exposiciones de Buenos Aires ante ejecutivos de empresas norteamericanas y de otros orígenes vaticinó que en la medida en que hay inversión, habrá “crecimiento sostenido” y entonces se generará empleo. Una nueva promesa de que el futuro será mejor, que contrasta con vaticinios anteriores de este gobierno.
El ministro reconoció que hay sectores en los que baja el consumo y el trabajo, pero sostuvo que eran actividades que estaban sustentadas de manera artificial en el hecho de que antes la gente recibía pesos que no valían nada y los terminaban gastando. Reconoció que por ahora lo que crece es el empleo informal, pero se esperanzó con que las inversiones, que por ahora se centran en la explotación de materias primas, provoquen aumento de la actividad económica que impulse la creación de más puestos de trabajo. Contrastó dos ejemplos: la fabricante de neumáticos Fate, que cerró sus puertas ante las importaciones, y Lumilagro, que por un lado optó por traer termos de China pero aún sigue produciendo parte de sus productos en la Argentina.
“La inflación es un fenómeno monetario que es consecuencia de un exceso de oferta, una caída de la demanda, o una combinación entre ambos”, comentó Caputo. Según su visión, por las elecciones legislativas de octubre pasado, hubo más demanda de dólares y cayó la demanda de pesos. “Generó una suba de la inflación y del riesgo país, además de una caída del crecimiento económico”, agregó. Es decir, la culpa, como siempre en el relato del jefe del Palacio de Hacienda, es el riesgo “kuka”, el temor de los inversores a que vuelva el kirchnerismo al poder.
“Estamos purgando esa caída en la demanda de dinero”, aseguró Caputo. “La parte positiva es que se empieza a ver recuperación en la demanda de dinero. A partir de abril vamos a ver una desaceleración de la inflación importante”, volvió a vaticinar.
En este encuentro también disertó el embajador de EE UU en Buenos Aires y empresario de origen cubano, Peter Lamelas, y harán lo propio el presidente Javier Milei y sus ministros de Salud, Mario Lugones -hombre clave en la discusión sobre la reforma de la legislación de patentes, que exige el gobierno de Donald Trump-, de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y del Interior, Diego Santilli. Entre las compañías que tendrán oradores en la cumbre figuran la química Dupont, la siderúrgica Acindar, Aeropuertos Argentina, los bancos Citibank y JP Morgan, las eléctricas AES y Central Puerto, Telecom Personal, Amazon Web Services, la auditora PwC, las petroleras Chevron y PAE, el grupo Newsan, las agrícolas Corteva y Cargill, la láctea Danone, las mineras Newmont, Rio Tinto y Glencore, el laboratorio Roche y Bagó, la fabricante de productos de higiene Johnson & Johnson, entre otras.
AR/MG
Lobby farmacéutico, presión de EE.UU. y miles de millones en juego: la pelea detrás del tratado de patentes que apura Milei
El oficialismo desactivó a último momento una reunión clave en la Cámara de Diputados. Los laboratorios argentinos reclaman un perjuicio por más de US$3,3 mil millones. El deadline que impone la Casa Blanca, aunque el tratado tiene casi 30 años de demora.
La Cámara de Diputados desactivó a última hora este lunes, sin nueva fecha, el plenario de comisiones que debía debatir este martes la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). El freno llegó en medio de una presión que en el Gobierno ya no disimulan: del uno al diez, el lobby farmacéutico está en diez, graficó una fuente libertaria al tanto de la discusión. En juego hay miles de millones de dólares.
El tratado lleva casi tres décadas esperando. El Senado lo aprobó en 1998 y la media sanción nunca llegó a votarse en Diputados –como es un tratado internacional, no pierde estado parlamentario ante cada renovación legislativa–. Pero ahora hay un reloj que corre: el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos el 5 de febrero –el ARTI– incluye el compromiso de remitirlo al Congreso antes del 30 de abril. Y el 30 de abril no es una fecha cualquiera. Es el día en que Washington publica su Informe 301, el ranking anual donde clasifica a los países según el nivel de protección a la propiedad intelectual. “Hace años y años estamos en la Priority Watch List”, admitió la misma fuente oficial, que tradujo sin eufemismos: “Es la categoría de los chicos malos del mundo”. Las conversaciones con Estados Unidos sobre la implementación del acuerdo son permanentes, agregó, y eso incluye también los compromisos recíprocos de la contraparte.
En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo. También alcanza a las semillas y agroquímicos. La medida impide la copia de fórmula por parte de terceros y protegería la innovación, aunque los laboratorios nacionales –así como la oposición– contraargumentan que la duplicación permite bajar los precios de los remedios.
Qué hay en juego
El PCT no es un tratado exclusivamente farmacéutico –abarca todo tipo de patentes– pero es en esa industria donde el choque de intereses es más concreto y más visible. La cámara CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentino), que agrupa a los laboratorios nacionales, puso sobre la mesa los números que justifican su resistencia: los ahorros generados por el lanzamiento de medicamentos genéricos y biosimilares fueron estimados por por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en US$2.214 millones anuales a precios de septiembre de 2024, y si se suman los ahorros por nuevos lanzamientos o moléculas no incluidas en ese estudio, la cifra puede estimarse en 3.321 millones de dólares para 2025. Ese ahorro, argumentan, beneficia al Estado, las obras sociales, las prepagas y, en última instancia, a los pacientes.
Para ilustrar el argumento, CILFA apela a casos concretos. La versión nacional del pembrolizumab –Keytruda, de MSD– se comercializa un 60,3% más barata que el original; la alternativa local de semaglutida –Ozempic y Wegovy, de Novo Nordisk– es un 63,5% más económica; y la versión argentina de nusinersen –Spinraza, de Biogen– tiene un precio un 45% menor. El caso más reciente y resonante es el de Keytruda: cuando el laboratorio Elea lanzó su biosimilar, Merck terminó ofertando un 49% menos que su cotización anterior en una licitación estatal.
Del otro lado, las multinacionales argumentan que sin protección de patentes no hay incentivo para investigar. Y el Gobierno sostiene que un marco jurídico más predecible es condición necesaria para atraer inversión en I+D, justo un área que el propio Estado dejó de financiar.
El nudo: el Capítulo II y la reserva de Uruguay
El principal foco de tensión no es el tratado en su conjunto sino el Capítulo II, que habilita al INPI a utilizar opiniones técnicas preliminares emitidas por oficinas de patentes de primer nivel como la USPTO americana o la EPO europea. CILFA y su par Cooperala plantearon ante los diputados que la aprobación implicaría una cesión de soberanía en materia de patentabilidad.
Desde el Gobierno reconocen que la negociación con el sector es constante. Pero agregan un dato que complica el argumento: el INPI ya usa esos dictámenes hoy, sin estar adherido al tratado. Son opiniones no vinculantes ahora y seguirían siéndolo con el PCT. La situación práctica, sostienen, no cambiaría demasiado.
Lo que sí aclaran es que el margen de maniobra es estrecho. De los 158 países que integran el PCT, solo Uruguay formuló esa reserva al momento de adherirse, en enero de 2025. Y precisamente porque Uruguay la tiene, los laboratorios argentinos la reclaman ahora. Pero la evaluación oficial es que, a esta altura, la reserva tiene más valor simbólico que sustantivo. Y hay un problema adicional de orden jurídico: como la media sanción del Senado de 1998 no la incorporó, incluirla ahora sería complejo.
La propia CILFA, al pronunciarse sobre la derogación de las pautas de patentabilidad de 2012, dejó una señal de pragmatismo: reconoció y valoró la decisión del Gobierno de excluir la protección de datos de prueba y la extensión de plazos de patentes del ARTI, señalando que esas exclusiones contribuyen a mantener un ecosistema farmacéutico procompetitivo. En otras palabras: el sector sabe que el PCT es probable, y negocia los límites del daño.
Treinta años de demora
El PCT tiene 158 Estados Parte y es el mecanismo estándar para la protección internacional de invenciones. Argentina es, junto con Venezuela, el único país de América Latina fuera del sistema. Brasil integra el tratado desde 1978, México desde 1995, Colombia desde 2001, Chile desde 2009 y Uruguay desde enero de este año.
El Gobierno defiende la adhesión con datos de la propia OMPI: el CONICET y la red universitaria concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo el sistema PCT –una de las proporciones más altas de América Latina– y empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya presentan solicitudes desde oficinas receptoras en el exterior porque Argentina no tiene oficina propia. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, lo resumió ante los legisladores: “Hoy, un emprendedor o una universidad que quiere proteger su invención en el mundo tiene que hacerlo a través de Perú o Ginebra porque Argentina no tiene oficina receptora propia”, según consignó La Nación.
Este martes iba a reunirse un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General, pero se pospuso por la presión subterránea de los laboratorios. En concreto, Cacace está de viaje en EE.UU. En el oficialismo no saben ahora cuándo será la fecha de reprogramación, pero para el Gobierno se agota el reloj de arena.
MC
Diputados suspendió el debate por el tratado de patentes en medio de presiones cruzadas de laboratorios
La discusión quedó sin fecha tras un pedido del Ministerio de Desregulación. El oficialismo defiende la adhesión, mientras la industria local advierte por su impacto en el acceso a medicamentos.
La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.
Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada.
Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.
Resistencia de la industria nacional
El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país.
La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.
Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década.
En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.
Un margen de negociación acotado
Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.
Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.
La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.
La defensa del Gobierno
El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior.
También destaca que el CONICET y universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.
Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.
Patentes contra el cáncer: el "caso argentino" que forzó al gigante Merck a bajar el precio de su medicamento estrella
Un laboratorio local aprovechó la falta de patente de Keytruda en Argentina y desarrolló, por primera vez, un biosimilar que tuvo una consecuencia inmediata: la caída del precio del medicamento, una tendencia que podría expandirse en los próximos años en otras regiones.
En la lucha global contra el cáncer, Argentina se volvió territorio estelar del enfrentamiento entre dos laboratorios. Uno es una multinacional que asegura haber invertido US$ 44.000 millones en la investigación y el desarrollo de un costoso medicamento de vanguardia; el otro, una firma local que aprovechó la ausencia de patente en el país, desarrolló un biosimilar y salió a competir, forzando una rebaja de hasta del 50% del precio, con el consiguiente ahorro para las arcas públicas y el mayor acceso a la medicina por parte de los pacientes. Pero antes las empresas evaluaron sellar una alianza que evitara la competencia. Incluso, barajaron la posibilidad de desarrollar la droga en conjunto en el país.
El laboratorio multinacional es Merck & Co., que en la Argentina opera bajo las siglas MSD. Su medicamento estrella se llama Keytruda (cuya base es el pembrolizumab), que ofrece uno de los tratamientos oncológicos más innovadores y costosos del mundo. Ha ayudado a salvar incontables vidas desde 2014 -y en la Argentina desde 2016-, aunque resulta inaccesible para gran parte de los enfermos con cáncer.
El pembrolizumab es un fármaco de inmunoterapia usado para tratar diversos tipos de cáncer porque reactiva el sistema inmunitario del paciente, permitiendo reconocer y destruir las células cancerosas. Se emplea en melanomas y tumores de pulmón, mama triple negativo, linfomas de Hodgkin y otros cánceres avanzados o metastásicos.
Merck ha construido un imperio alrededor de Keytruda, que representa casi la mitad de sus ingresos. Lo hizo, aupado a una combinación de patentes y lobby, que por múltiples factores no se replicaron en la Argentina. Aquí apareció un competidor local, Laboratorio Elea, de la familia Sigman, que desarrolló el biosimilar PembroX, un medicamento biológico equivalente al original en calidad, eficacia y seguridad. PembroX salió al mercado en enero de 2025, lo que forzó una reducción en el precio de venta y permitió que un mayor número de pacientes accedieran al innovador tratamiento.
Desde entonces, el contrapunto entre Merck y Elea se convirtió en un caso testigo a en la lucha contra el cáncer, responsable de una de cada seis muertes en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por un lado, está la protección de las patentes de medicamentos que permiten recuperar los miles de millones de dólares invertidos en investigación y desarrollo para, a su vez, financiar nuevas investigaciones que lleven a nuevas curas. Por el otro, aparece el derecho a la salud de los pacientes, que a menudo atraviesan situaciones de máxima vulnerabilidad.
En distintos países, esa tensión adquiere formas extremas: pacientes que recurren al mercado negro sin saber si compran un medicamento auténtico o falsificado, otros que demandan a sus Estados para acceder al tratamiento —y no siempre llegan a ver el fallo judicial que así lo ordena—, o médicos que deben decidir qué paciente recibe la droga y cuál queda afuera.
Este capítulo argentino hace parte de la investigación La Medicina del Millón que lideró el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) durante el último año. Revela las prácticas de lobby desplegadas por Merck & Co. para montar una red de más de 1400 patentes en 53 países. Es una estrategia que expertos describen como “evergreening”: una sucesión de registros que extienden el control comercial más allá del vencimiento original de la patente para controlar a la competencia en el mercado, mantener elevados los precios de Keytruda y construir, así, un imperio económico con ese medicamento como pilar central.
Desde su lanzamiento, Keytruda fue un faro de esperanza para miles de enfermos oncológicos que ansían superar la enfermedad. No obstante, puede transformarse en una gran desilusión, porque sus precios son prohibitivos para gran parte de la humanidad, según comprobó el equipo que lideró ICIJ y que integraron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), formado por La Nación, Infobae, el portal Ruido y elDiario.Ar en Argentina y El Espectador en Colombia.
Basada en documentos oficiales y privados, y entrevistas con oncólogos, reguladores, empresarios y otras fuentes con información privilegiada de la industria farmacéutica, la investigación detectó, además, que Merck & Co. promueve una dosis de Keytruda más alta de lo necesario, según afirman destacados investigadores del cáncer. Y ese exceso les cuesta alrededor de US$ 5000 millones al año a gobiernos de todo el mundo, solo en pacientes con cáncer de pulmón, según investigadores de la OMS.
La telaraña de patentes y lobby le permitió a Merck & Co. acumular al menos US$ 163.000 millones por ventas de Keytruda desde 2014, según consta en sus cuentas anuales, lo que le permitió destinar casi US$ 75.000 millones en dividendos a sus accionistas. En simultáneo, la compañía redujo sus impuestos al registrar sus ganancias en jurisdicciones con beneficios fiscales.
Recorte en los precios
La estrategia del lucrativo negocio de la farmaceútica, sin embargo, registró una excepción en la Argentina, donde se desarrolló y se puso a la venta el primer el primer biosimilar de este medicamento en el mundo basado en la droga pembrolizumab. La competencia obligó a Merck a cambiar su estrategia de precios.
Lanzado por el Laboratorio Elea, de la familia Sigman, el biosimilar PembroX fue lanzado en enero de 2025, tras un ida y vuelta entre ambos laboratorios que sondearon la posibilidad de sellar una alianza, que no prosperó, según detallaron desde Elea al equipo argentino aliado de ICIJ. MSD no negó esa versión. ¿Conclusión? Elea lanzó su biosimilar, los precios de venta se redujeron y un mayor número de pacientes tuvo posibilidades de acceder al medicamento.
La caída del precio operó en dos canales distintos. En el mercado de las farmacias, el precio neto por dosis de dos viales de Keytruda era de US$ 4857 en junio de 2024, según información provista por Elea. Una semana antes del lanzamiento de PembroX, Merck lo redujo a US$ 3821; y en enero de 2025, al momento del debut del biosimilar, lo llevó a US$ 3448: una baja acumulada del 29% en menos de siete meses.
En las licitaciones públicas, la caída fue aún más pronunciada. Los números del portal oficial COMPRAR.AR, donde el Estado publica las licitaciones del Ministerio de Salud, reflejan lo ocurrido. El 20 de enero de 2025, Merck vendió 3.214 dosis a un valor de US$ 3.171 por unidad. Pero en la siguiente licitación, convocada ese mismo año, Elea salió a competirle con un valor de US$ 1.400 la unidad y Merck redujo el suyo a US$ 1.650. En otras palabras, una reducción del precio del 48%.
A pesar de lidiar con una inflación en la Argentina que todavía horada la rentabilidad, los laboratorios bajaron aún más sus precios desde entonces. Según la orden de compra 80-0026-OC26 que se publicó el pasado 1 de abril, el Ministerio de Salud de la Nación le adjudicó a Elea otra compra a un valor de US$ 1.386 la unidad, según el tipo de cambio vigente del Banco Nación al cierre de ese día. En esa misma licitación, Merck ofertó US$ 1.627 por unidad, un 49% menos que su cotización anterior de 3171 dólares.
En términos agregados, eso implica una reducción superior al 56% en el precio que terminó pagando el Estado entre comienzos de 2025 y 2026. El contraste es aún más elocuente si se tiene en cuenta que durante ese período la inflación acumulada en la Argentina rondó el 40%: el precio del medicamento cayó en dólares mientras el resto de los precios subían.
Elea se convirtió, así, en el primer laboratorio local que se aprovechó de las oportunidades que ofrece la ley de patentes argentina que dificulta el registro de patentes de medicamentos a farmacéuticas extranjeras. Por eso, Merck no patentó Keytruda en el país, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos y Europa, cuya patente rige hasta 2028. Allí este laboratorio se mueve como único proveedor y fija los precios según los volúmenes de venta, cantidad de pacientes y características específicas de cada mercado.
El costo de los tratamientos depende de cada paciente. A su vez, Merck fija los precios para cada mercado con criterios que no ha hecho público, por eso un tratamiento asciende a US$ 208.000 en Estados Unidos - donde se concentran el 60% de sus ventas, según el relevamiento del ICIJ-; pero puede bajar hasta US$ 130.000 en Colombia y US$ 65.000 en Sudáfrica, con el consiguiente impacto en los presupuestos públicos de salud, incluso en los países más desarrollados.
A pesar de las rebajas que motivó la competencia en Argentina, el precio de pembrolizumab bajó en relación a otros países, pero todavía es demasiado costoso para quienes no tienen obra social (39% de la población, según el Censo 2022). También es frecuente que las obras sociales demoren o frenen las autorizaciones para suministrar esta droga, pues les es complicado enfrentar compras de medicamentos tan costosos.
Meses después del lanzamiento de PembroX, las autoridades argentinas avalaron el desarrollo de biosimilares. En marzo de 2025, la ANMAT aprobó la disposición 1741/2025, que flexibilizó los criterios para la aprobación de biosimilares. La medida fue celebrada por laboratorios locales, pero genera debate entre especialistas sobre los estándares de evaluación.
La salida de PembroX para competirle y quitarle la porción mayor del mercado a Keytruda abrió un mercado atractivo para otros laboratorios locales interesados en seguir los pasos de Elea, según confirmaron directivos del sector farmacéutico local consultados por el equipo argentino de ICIJ. Pero no sólo eso: también le abre a Elea la oportunidad de exportar su biosimilar a otros países de la región y del mundo, una vez que caduque la patente de Keytruda en 2028. En ese sentido, el laboratorio ya colocó PembroX en Paraguay y confía en expandirse a otros países del hemisferio.
El dueño del laboratorio Elea, Hugo Sigman, ha sabido moverse en las aguas de la política local durante décadas, al punto de mostrarse cerca del kirchnerismo –y en particular de los ex ministros de Salud, Ginés González García y Juan Manzur- como ahora del presidente Javier Milei. Su hijo, Leandro Sigman, aplaudió desde las primeras filas al jefe de Estado durante la “Argentina Week” que se desarrolló en Nueva York, el mes pasado.
Elogiado y criticado por sus colegas, Sigman también acumula recelos. Sus competidores, locales y extranjeros por igual, le endilgan a Elea tener trato preferencial en la ANMAT desde hace décadas, y en particular durante el kirchnerismo. Por ejemplo, al requerir la aprobación de sus medicamentos u otros trámites, aunque junto a Sigman rechazan de manera categórica cualquier proceder indebido.
Impacto inmediato
Desde su lanzamiento en la Argentina, el biosimilar PembroX concentró el interés del mercado internacional de medicamentos oncológicos por la consiguiente reducción en el precio del Keytruda. Ésta última perdió terreno en las compras de obras sociales, medicinas prepagas y sistemas públicos. En los primeros seis meses desde su lanzamiento, Pembrox se quedó con más de la mitad del mercado, según verificó el equipo de ICIJ en la Argentina con base en documentos oficiales.
El surgimiento de Pembrox como competidor local provocó, además, un crecimiento del mercado de pacientes que podrían acceder a ese tratamiento, que permanecía acotado por los precios elevados. Así, el mercado argentino de pembrolizumab ascendía a 50.000 unidades por año durante 2023 y 2024 durante la vigencia solitaria de Keytruda, pero creció a las 80.000 unidades durante 2025 tras la irrupción de Pembrox, según datos que difunde el laboratorio Elea. De ese modo, no sólo bajaron los precios: el acceso se expandió de manera directa, con un aumento de más del 60% en la cantidad de tratamientos disponibles.
El salto fue especialmente pronunciado en las compras del Estado nacional. Mientras el Ministerio de Salud adquiría un promedio de 280 dosis anuales durante los años en que Merck era el único proveedor, en 2025 esa cifra trepó a casi 4000 dosis, con otras 800 en proceso de adjudicación: un incremento de más de 1300% que refleja tanto la caída del precio como una política de acceso más amplia.
La competencia ha propiciado un mayor acceso y una mejor asequibilidad, afirmó el CEO de Elea, Gustavo Pelizzari, que reflexionó sobre el impacto económico de Keytruda en las cuentas de Estados Unidos: “Estoy convencido de que lo venden mucho más barato en Argentina que en Estados Unidos”, afirmó. “Deben de estar causando un perjuicio significativo al Gobierno estadounidense. Quiero decir que ellos, Merck”, añadió, “deberían verse obligados a venderlo al precio argentino. Por eso no hacen públicos los precios”.
Ante la consulta periodística formal de ICIJ, el presidente global de Merck & Co., Robert M. Davis, prefirió no hacer comentarios, pero la vicepresidenta del laboratorio, Johanna Herrmann, defendió la política corporativa. El precio de Keytruda “refleja su valor para los pacientes y los sistemas de salud”, respondió por escrito. Y en otra carta dirigida al Consorcio, Herrmann reconoció que Merck se enfrenta a “crecientes presiones políticas y comerciales” en torno al acceso de los pacientes al medicamento y al precio fijado en países emergentes. La empresa trabaja, afirmó, para garantizar que la atención médica sea “asequible, eficiente, equitativa y sostenible a escala global”.
En la Argentina, MSD estima que más de 15.000 pacientes fueron tratados con Keytruda durante la última década, “lo que refleja un uso amplio y sostenido en diferentes segmentos del sistema de salud”, indicaron desde el laboratorio al equipo local de ICIJ. “MSD trabaja de manera constante con autoridades sanitarias, financiadores, prestadores y otras partes interesadas del sistema de salud para apoyar la incorporación de la innovación en la práctica clínica”, añadieron, “y permitir que más pacientes se beneficien de nuevas terapias a medida que las indicaciones se aprobaban y estaban disponibles”.
Apenas unos días antes de Navidad, sin embargo, Davis y los líderes de otras ocho empresas farmacéuticas se reunieron en la Casa Blanca. Los fotógrafos se agolparon para tomar fotos mientras los ejecutivos esperaban ansiosos al presidente Donald Trump. Todos los jefes de los laboratorios habían acordado reducir drásticamente los precios de sus medicamentos más vendidos. Apenas entró a la sala, Trump miró a los ejecutivos y les dijo: “Vaya, ¡qué equipo! Ustedes sí que ganan mucho dinero”. Davis aprovechó la oportunidad. Prometió que Merck bajaría los precios de un remedio para la diabetes y una pastilla cardiovascular. Pero no dijo nada sobre Keytruda.
Lo que ocurre en la Argentina anticipa una tensión que se profundiza en el mundo: ¿qué pesa más?, ¿la protección de la innovación -a través de las patentes- o el acceso masivo a los tratamientos? En ese equilibrio —todavía inestable— no sólo se define el precio de un medicamento, sino quién puede acceder a él y quién queda afuera. En última instancia, es una discusión que atraviesa a toda la industria farmacéutica: cuánto vale una vida —y quién puede pagarla.