Noticias de San Juan

Plan Patricia: ¿un mileísmo sin Milei?

Desde hace un mes que las encuestas que llegan a los despachos de la Casa Rosada no ofrecen una buena noticia. El escándalo patrimonial de Manuel Adorni se apalancó sobre la caída del poder adquisitivo y no hay noticia –ni la baja del índice de pobreza, ni el fallo por la expropiación de YPF, ni la guerra contra el periodismo– que permita salir de la encerrona. Pero allá donde la imagen de Javier Milei cae, junto a la del resto del Gobierno, la de Patricia Bullrich se mantiene inmutable. Un dato que el círculo rojo, los empresarios insultados por Milei, Mauricio Macri y hasta el peronismo empiezan a olfatear. Una pregunta que, en la intimidad, se hace la propia Bullrich: ¿y si en 2027 el candidato no es Milei?

El primero en sugerir, sin decirlo, la posibilidad de un mileísmo sin Milei fue Mauricio Macri en Parque Norte hace tres semanas. “Esa diferencia entre lo que se prometió y lo que no llegó a la mesa de los argentinos se llama ‘próximo paso’. Y nosotros somos el próximo paso”, afirmó el ex presidente en el acto de relanzamiento del PRO. A su manera, reivindicando la motosierra y la estabilización macro impulsada por el gobierno libertario, Macri expuso una debilidad que la oposición viene advirtiendo hace tiempo y que, ahora, se escucha también en las charlas de empresarios con aliados del Gobierno: aunque la macro esté ordenada, si la micro no cierra, Milei va a perder las elecciones. 

Macri verbalizó este diagnóstico casi como una provocación. El único interés del ex presidente radica en mantener el control de la Ciudad de Buenos Aires y, para lograrlo, necesita negociar con Karina Milei. Jorge Macri fantasea con poder ir a una PASO con La Libertad Avanza, pero sus asesores le dicen que, para lograrlo, necesita que el PRO mida 15 puntos a nivel nacional. “Y nosotros no medimos ni 15 puntos en la Ciudad”, afirma, irónico e irritado, un referente del PRO. 

Macri es conciente de esa limitación, ya que se enfrentó a esa realidad en la elección porteña, cuando Adorni sacó el doble de votos que la lista encabezada por Silvia Lospennato. Pero también advierte que tiene capacidad de daño: si Milei quiere ganar en primera vuelta, necesita evitar que haya filtraciones hacia otras opciones de derecha. LLA los necesita si pretende evitar la instancia de ir a un ballotage contra el peronismo. 

El ex presidente observa los números de la actividad y desempleo, así como los coletazos del escándalo de Adorni, y hace cuentas. Quienes lo conocen advierten que no tiene interés en dar una pelea electoral, pero que, por si acaso, deja la puerta abierta. 

El efecto Adorni

Bullrich, en la intimidad, hace una lectura similar a la de Macri, pero no está dispuesta a sacar los pies del plato. No todavía, al menos. Su principal objetivo es ser la candidata de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, y está construyendo políticamente para lograrlo. Después de dejar el Ministerio de Seguridad, que le ofrecía una vidriera fácil, Bullrich se las empezó a rebuscar para mantener su propia agenda: se muestra como la garante de las reformas libertarias en el Senado, se saca selfies en el Lollapalooza y organiza encuentros con diversas figuras, desde el gendarme detenido en Venezuela, Nahuel Gallo, hasta la abogada acusada por injurias raciales en Brasil, Agostina Páez.

Karina, que resiente a todos aquellos dirigentes que levantan el perfil, la castigó por ello. La guerra fría entre ambas dirigentas comenzó poco después de que el Senado aprobara la reforma laboral, que fue capitalizada por Bullrich casi como un triunfo propio. La secretaria de la Presidencia la comenzó a esmerilar, mostrando a Adorni como su candidato en la Ciudad de Buenos Aires y planteando dudas sobre la lealtad de Bullrich. 

Cuando conversan en privado, eso sí, Karina “finge demencia”, tal como define un bullrichista. Durante todo el verano, la secretaria de la Presidencia no dio muestras de estar enojada con la ex ministra de Seguridad, pero sí se lo hizo saber a través de terceros. Bullrich comenzó a impacientarse. “Ella hace política hace 40 años, tiene su perfil, no la van a asustar”, advierte un colaborador cercano, que se pregunta cuántas más “muestras de amor” tiene que dar después de haberse ido del PRO para sumarse a LLA. 

La última semana, sin embargo, Karina llamó por teléfono a Bullrich para sellar la paz. La crisis política que desató el escándalo patrimonial de Adorni la obliga a ordenar el frente interno. Pero no solo eso: Karina, como todos los funcionarios de Casa Rosada en la última semana, recibió la encuesta de CB Global Data que muestra cómo el derrumbe de la imagen de Adorni arrastra la imagen de todo el Gobierno. De todo el Gobierno menos de una persona: Patricia. 

La consultora –que está a cargo de Cristian Buttié y es conocida por haber sido una de las pocas que pronosticó el triunfo de Milei en 2023– viene registrando una tendencia a la baja de la imagen de Milei desde hace tres meses. La última caída, sin embargo, fue más pronunciada y muestra al presidente con una imagen positiva del 42% y una negativa del 56%. Adorni tiene una imagen negativa del 67%. Bullrich, en cambio, lidera el ranking con una imagen positiva del 46% y una negativa del 52%. 

Bullrich sabe que esa imagen positiva es su seguro de vida. Y que, con Adorni caído en desgracia, ella está un paso más cerca de reemplazarlo en la boleta porteña. La ex ministra aparece como la principal beneficiaria de la crisis política del Gobierno y, por lo tanto, apuesta a administrarla en silencio. Se sacó una foto con Adorni para apaciguar las aguas hace un par de semanas –especialmente luego de que un sector de Casa Rosada empezó a operar con que había sido ella, y no Santiago Caputo, quien había filtrado el video de Adorni subiéndose a un avión privado con su familia–, pero no sobreactúa su respaldo.

La senadora prefiere mantener distancia de todos los escándalos. No solo el de Adorni o los créditos del Banco Nación, sino también de la embestida contra los periodistas. Bullrich fue una de las pocas referentas libertarias que no salió a denunciar la supuesta operación mediática rusa ni a cuestionar a los medios que aparecieron en el listado. “La guerra de Milei es con el Grupo Clarín, por eso no dice nada”, advierte un dirigente de confianza de la ex ministra. 

A su manera, Bullrich se diferencia del resto del Gobierno mientras relojea las repercusiones. Ella insiste, ante cualquiera que le pregunte, que ella es la candidata de Milei. En su entorno fantasean con la posibilidad de hacer un mileismo sin Milei si la situación económica no repunta y que sea el propio Milei quien acepte la propuesta. Aunque saben, sin embargo, que Karina nunca lo aceptará.

Mientras tanto, esperan.

MCM/CRM

Un Gobierno atascado en la vara amoral

Luis Caputo explicó que los funcionarios que accedieron a alguna de las hipotecas del Banco Nación suman apenas 0,2% de los 27.000 receptores de esos créditos a baja tasa, por lo tanto, su insignificancia anula la sospecha de delito. Es una forma de medirlo; hay otras. Por ejemplo, la que apunta un ministro de una provincia aliada del oficialismo. “Metieron a la mitad de la consultora Anker en esos créditos”.

El funcionario provincial se refiere a la consultora boutique que encabezaban Caputo y Santiago Bausili. Cuando fueron convocados por Javier Milei, en diciembre de 2023, el primero se hizo cargo del Ministerio de Economía, el segundo, del Banco Central (BCRA), y los economistas del staff pasaron a ocupar despachos oficiales.

El listado de beneficiados con hipotecas del banco público —a una tasa entre la mitad y un tercio de la de una entidad privada, mayor cobertura sobre el precio de la vivienda y menores exigencias en cuanto a ingresos del solicitante— incluye a unos doce funcionarios del Poder Ejecutivo.

De ellos, tres trabajaron para Anker, y están entre quienes recibieron los préstamos de mayor monto, no sólo entre los otorgados a funcionarios, sino entre los 27.000 clientes a los que aludía Caputo.

Encabeza el listado el ex-Anker y actual director del Banco Central Juan Pedro Inchauspe, quien cosechó $509 millones en diciembre pasado, según el sitio “Cuánto Deben”, del analista Andrés Snitcofsky, que sistematizó la información. Otro responsable de la consultora y actual secretario de Finanzas, Federico Furiase, recibió $367 millones en agosto de 2025. Le siguió Felipe Berón, exanalista en la firma de Caputo-Bausilli y actual segundo de Furiase, con $362 millones.

Del resto de los economistas de Anker —Caputo, Bausili y el director del BCRA Martín Vauthier— no hay registro de que hubieran aprovechado la gran oportunidad de endeudarse a la tasa subsidiada del Nación, al menos a su nombre.

En cambio, sí lo hicieron más hombres del Ministerio de Economía: Matías Mana, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales (otro en la línea Furiase, $243 millones) y Juan Manuel Garzón (subsecretario de Programación Macroeconómica).

El foco mayor se colocó sobre Felipe Núñez, asesor de Caputo y director del BICE. Juntó $373 millones en febrero de 2025. Toda una contradicción con sus provocaciones en redes sobre el cierre del Banco Nación, al que definía antes de ocupar su función actual como “una cueva de acomodados políticos que lo único que sirve es para timbearse los ahorros de la gente para salvar a inviables”.

Inusualmente apichonado para quien suele actuar como un matón virtual en la defensa del Gobierno, Núñez mintió en el streaming fascistoide Carajo. Antes de acudir al medio preferido del equipo económico, Núñez se hizo asesorar por un abogado y leyó el mensaje: “No hicimos nada moral ni ilegal, fuimos como cualquier hijo de vecino a sacar un crédito a la misma tasa y plazo que puede sacar todo el mundo. Nuestras familias se endeudaron a 30 años”. Se abstuvo de pedir que le agradecieran.

A su lado, el secretario de Finanzas Furiase explicó lacónico —ajeno a su repentina preferencia por la provocación— que su préstamo fue para comprar “una segunda vivienda, y no tercera como se dijo por ahí”. Se refirió a la información dada por Alejandro Bercovich en C5N, quien mostró la suntuosa casa que Furiase compró en el barrio privado Los Perales e informó que sus ingresos se multiplicaron en febrero, cuando pasó a cobrar honorarios como director de Aeropuertos Argentina, la empresa encabezada por Eduardo Eurnekián en la que el Estado es accionista. Con los al menos $10 millones que ganará por una tarea a la que no dedica ni un minuto al mes, el secretario podrá afrontar la cuota de la hipoteca sin problemas.

Furiase, quien era director del BCRA cuando recibió el préstamo, y otros receptores de Anker probablemente deban explicar ante tribunales la tentación en la que incurrieron en momentos en que contaban con información privilegiada sobre el comportamiento de las tasas y supervisaban las condiciones del crédito.

El hecho de que más de la mitad de los funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo que recibieron un crédito del Nación pertenecieran a las inmediaciones de la oficina de Caputo explica la pelea en sordina que se desató esta semana entre el titular de Hacienda y colegas del gabinete.

La lista de libertarios que recibió un crédito es extensa. Como informó este diario, durante unos meses de 2025, se desató un radiopasillo en varios ministerios para sacar un crédito del Banco Nación y ofertas “te paso el contacto”. Las fuentes calculan en decenas entre las segundas líneas de su entorno que se endeudaron, entre asesores, directores y jefes de gabinete con menos nombre que los sesenta que salieron a la luz entre los tres poderes del Estado, con una clara preponderancia de integrantes de La Libertad Avanza.

Sandra Pettovello sobreactuó al fulminar a su jefe de gabinete, el radical Leandro Massacessi, receptor de $439 millones. La ministra de Capital Humano se quejó de que no le había avisado y lo echó. En la particularísima escala ética de la amiga y contenedora psicológica de Javier Milei, otros hipotecados entre funcionarios que la rodean no merecieron reparo, apunta una fuente de Economía. En la cartera de Caputo vieron en Pettovello una aprovechamiento político para desmarcarse al costo de exponer al staff de Anker, a riesgo de generarles un frente judicial.

¿Qué piensa sobre este asunto el líder cuya lógica de razonamiento y sus principios tienen encandilado a todo el elenco gobernante?

En un diálogo en penumbras con dos fans emitido por la TV Pública, Milei se hizo preguntas referidas a los créditos del Banco Nación: “Haber tomado un crédito, ¿mató gente? No”. Siguió: “¿Alguien perdió la libertad por esto? Tampoco”. Abundó: “¿La tasa es la tasa de mercado? Afirmativo. No violentaste la propiedad privada”.

Esa secuencia de preguntas condensa problemas de diverso orden. Primero, intelectual. No hay forma de que una persona que comprende de qué se trata atine a interrogantes tan absurdos. Luego, en relación a la verdad, conflicto esencial en el Mundo Milei. La tasa para primera vivienda del Banco Nación para el público en general es el doble del 4,5% que rige en la línea de créditos a la que accedieron funcionarios de Economía que hace dos años gozaban con la idea de cerrar el banco “prebendario”. No fue “tasa de mercado”.

El conflicto con la verdad del Presidente remite a un aspecto que parece haberse instalado como motor del Gobierno ultraderechista: la amoralidad. No asoma una convicción ética que priorice unos valores sobre otros, aunque sean polémicos, o que dé lugar a un prisma rector para todo el Gobierno. Prevalece una ausencia de toda moral, que da lugar a un cúmulo de comodines argumentativos para tratar de justificar o esconder lo que haga falta, con lo que surja en el momento, sin línea de razonamiento o reparos sobre el procedimiento.

La presunción de corrupción sistemática que refleja el caso ANDIS y el 3% para Karina, la organización de una aparente estafa desde el propio despacho presidencial expresada por $LIBRA, la pulsión por comprar propiedades y viajar en aviones caros de los Adorni o la avivada de casta por excelencia que reflejan los créditos de Banco Nación demuestran un menú variopinto de podredumbre que tiene entretenido al Gobierno, al punto de paralizarlo en aspectos básicos de la administración.

Se suma a ello otro plano identitario del ascenso del Soez. Para Milei, el insulto y la grosería fueron forman de “llamar a las cosas por su nombre”, hablar “sin hipocresía” para denunciar el latrocinio de la casta o, en sus términos, “a los chorros de los políticos de mierda”. El éxito electoral del ultra tuvo un correlato de su retórica en las pantallas de canales de noticias, columnas de opinión, redes, humoristas y streamings fascistoides.

Los últimos episodios de canales como Carajo, que pasaron a perder audiencia hasta transformarse en marginales, muestran a esas voces no ya para apuntar a quienes ellos considen infrahumanos (por trabajar en el Estado, ser científico, feminista, de izquierda o gay), sino para el goce de justificar el latrocinio propio, porque están en el poder. Una variante todavía de alta difusión no se preocupa por negar lo evidente, sino por decir que los anteriores fueron peores. Otra vez, la amoralidad.

Todo esto ocurre mientras millones de personas no pueden viajar en colectivo a trabajos en los que ganan menos en términos reales que hace cinco meses o tres años, otros millones están impedidos de atenderse con el médico de PAMI porque el instituto de salud de los jubilados entró en un déficit inmanejable, y unos cuantos millones más viven bajo el agobio de lidiar con escuelas, hospitales, universidades y programas de asistencia amputados por la motosierra. Todo ese mal vivir cotidiano encuentra al Gordo Dan vomitando agravios que perdieron gracia y al Presidente haciéndose entrevistar por una lista de periodistas tan restrictiva, que más temprano que tarde se reducirá a un único nombre posible: Luis Majul.

Maniatado

Se desató una guerra con Irán. La acción del Estado argentino fue limitarse a las palabras “apoyo total”, “vamos a hacer todo lo que pida Estados Unidos”. La adhesión irrestricta viene en combo con el pegoteo con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí con pedido de arresto por crímenes de guerra e investigado por genocidio.

Semejante grandilocuencia pavloviana impide atender un aspecto tan básico como el desfasaje generado en los costos del transporte público a raíz del aumento del petróleo derivado de la crisis en el Golfo Pérsico. El precio de viajar en el área metropolitana triplicó el aumento de la inflación desde que asumió Milei, mientras trenes, subtes y colectivos no cesaron de recortar servicios. Se viaja más caro y peor.

Entre otras razones, el Gobierno está maniatado para, por ejemplo, intervenir en el mercado de combustibles, porque el dogma económico lo impide. Con las capacidades del Estado acechadas o abandonadas, los organismos de control resignan capacidad para exigir cumplimientos y auditar costos. Tampoco es posible aumentar los subsidios para mitigar el alza, porque la persistente caída de la recaudación producto de la recesión resta recursos al Estado, que profundiza los recortes y acelera la retracción del consumo.

¿Sorprendidos?

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SL

El PAMI por dentro: un sistema en crisis donde el poder siempre encuentra la manera de sobrevivir

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI entre 2005 y 2012 y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular de Derecho y Ciudadanía, o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM

Tras un pedido del banco de Elzstain, la unidad antilavado restringe el acceso a la información de sanciones antiguas

El Banco Hipotecario, que preside Eduardo Elsztain, pidió tiempo atrás por nota formal a Unidad de Información Financiera (UIF) que en su página web dejen de publicarse las sanciones contra el lavado de dinero con más de cinco años de antigüedad, aquellas que el organismo ya no puede utilizar como antecedente para agravar nuevas multas por incumplimientos a las normas de prevención de este delito. Que figuraran los textos completos de esas resoluciones sancionatorias en Internet, susceptibles de ser halladas en cualquier búsqueda online, podría suponer un daño reputacional si alguien se interesaba por esa información. Por ejemplo, un inversor del extranjero, donde este tipo de cuestiones pesan más que en la Argentina.

La UIF accedió al pedido del Hipotecario y a partir del pasado lunes en su buscador en línea de sanciones ya no aparecen las de más de cinco años de antigüedad. Y, por tanto, tampoco figura más la multa firme que se le aplicó en 2019, hace siete años, en el gobierno de Mauricio Macri. Sólo están los castigos desde abril de 2021 en adelante y se puede clickear cada uno para leer la resolución respectiva. Hace una semana se podía consultar el detalle de todas las sanciones, sin importar su antigüedad. Ahora hay que scrollear hasta abajo de todos los castigos de los últimos cinco años para llegar hasta la leyenda que dice “Acceso al registro histórico de sanciones” y pinchar el enlace. Entonces se abre ese listado de multas antiguas, pero sin la posibilidad de abrir el enlace para leer la resolución de cada una. Para conseguirla, hay que hacer el burocrático trámite de pedido de acceso a la información.

“Para evitar planteos de derecho al olvido, se decidió ajustar la información publicada”, justificaron en el Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques y que controla la UIF. En el Hipotecario no contestaron la consulta de elDiarioAR. “Se adaptó el plazo de libre acceso a cinco años, seguimos mostrando la existencia con un listado, y ahora damos la posibilidad de solicitar más detalles de cada caso individual a través del portal acceso a la información pública para así evitar planteos futuros vinculados a daños y perjuicios”, agregaron en la cartera de Mahiques, que llegó al cargo por impulso de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en pleno avance de las causas de presunta corrupción de todo el gobierno y como parte de la disputa de poder contra el asesor presidencial Santiago Caputo.

Más allá de las internas, el presidente Javier Milei ha sabido cultivar una estrecha relación con Elsztain. Se alojó en su hotel Libertador durante la campaña presidencial de 2023. Aquel año visitaron juntos en Nueva York la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el rebe de Lubavitch. Durante el gobierno libertario no se han conocido negocios que Elsztain y sus empresas, como la desarrolladora inmobiliaria y de shoppings IRSA y la agrícola Cresud, hayan conquistado en el entorno estatal. Ha invertido en una mina de oro en San Juan y en otra de plata en Salta, en un sector beneficiado en general por la reforma de la Ley de Glaciares, aunque no está claro el impacto particular en cada yacimiento.

Al Hipotecario le interesaba ese derecho al olvido para evitar googleos incómodos del mundo financiero internacional que dañen su imagen. Que no aparezca en la web la resolución no le cambia nada en lo jurídico porque antes y después de este cambio en la web de la UIF las multas de más de cinco años de antigüedad seguían operando como antecedentes para eventuales inspecciones del organismo, pero no servían como agravante de nuevas sanciones. En cambio, los castigos recientes sí se utilizan para reforzar las multas futuras.

Sin embargo, que apareciera el detalle de las sanciones pasadas servía como castigo reputacional, que es un aspecto importante en el combate del lavado según las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que controla 139 países. Sobre todo pesa la imagen en naciones como la Argentina donde las multas son bajas y las condenas penales por este delito brillan por su ausencia. Al GAFI, que evalúa periódicamente a sus miembros, le preocupan esta cuestiones, como también la elevada rotación de jefes de la UIF -cuatro en la era Milei, de los cuales uno ni siquiera llegó a asumir y el nuevo candidato de Mahiques, Matías Álvarez, aún debe pasar primero por audiencia pública- o el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal -que relajó el control antievasión tributaria pero no el antilavado-.

O sea que quien adoptó la medida para borrar el detalle de las sanciones pasadas no fue Álvarez sino el vicepresidente de la UIF, Santiago González Rodríguez, que responde a la línea de Caputo, en retirada del organismo, como de otros entes de todo el Estado. Tampoco Mahiques ni Karina Milei se opusieron.

Es más, la medida no sólo eliminó las resoluciones antiguas sino también las que están apeladas ante la Justicia. En esa lista aparecía la mayor multa de la historia de la UIF, la de $13.000 millones contra el banco norteamericano Merrill Lynch por falencias en la identificación de clientes, gestión de documentos y ausencia de reportes ante operaciones sospechosas de lavado. Fue una sanción aplicada por este gobierno, en la gestión de Paul Starc al frente de la UIF.

La sanción de la unidad antilavado contra el Hipotecario ocurrió en febrero de 2019, cuando Mariano Federici presidía la UIF. El organismo lo penalizó por limitaciones en el monitoreo sólo a clientes de alto riesgo, con deficiencias graves detectadas en 2010 y 2013, deficiencias en la matriz de riesgo y el uso acotado y la subvaloración de variables relevantes, la implementación de sistemas de identificación y perfiles de clientes insuficiente o desactualizada e incumplimientos en reportes de operaciones sospechosas (ROS). La investigación inicial de la UIF data de 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y el organismo era dirigido por José Sbatella.

La multa en sí fue de bajo monto para un banco: $100.000, que eran US$2.500 de entonces. Otros $100.000 debían pagar en conjunto las autoridades de la entidad, incluido Elsztain, el miembro del órgano de administración Ernesto Viñes, los directores por IRSA -que controla el 44% del Hipotecario- Mario Blejer -expresidente del Banco Central-, Jacobo Dreizzen, Carlos Pisula, Gabriel Resnik, Mauricio Wior y Saúl Zang y los entonces integrantes del directorio en representación del Estado en tiempos del kirchnerismo Edgardo Fornero, Diego Bossio, Ada Maza y Mariana González. Para más detalle de la sanción aquí abajo se puede consultar:

No es tan habitual que un banco grande sea sancionado por la UIF, pero algunas aparecen. Por ejemplo, figuran en las de los últimos cinco años las aplicadas contra el Galicia (es de 2010, pero está publicada), BBVA (2023) y Macro (aunque es de 2020). En el archivo histórico, sin detalle de resoluciones, están las multas al Patagonia (2018), Supervielle (2014) y Comafi (2018).

AR/CRM

La ruta del dinero Adorni: cómo acumuló propiedades, viajes de lujo y deudas inexplicables desde que asumió con Milei

Cuando Manuel Adorni se paró por primera vez frente a los micrófonos de la Casa Rosada, en diciembre de 2023, tenía dos departamentos, un auto y poco más de diez mil dólares en el exterior. Dos años y cuatro meses después, ostenta $2,5 millones y más de US$48.000 en ahorros, cuatro inmuebles –incluida una casa en un country–, dos vehículos –entre ellos, una camioneta–, deudas con jubiladas cuya conexión es la amistad con uno de sus hijos –dueño de una constructora–, viajes al Caribe, al menos un vuelo a Punta del Este en un jet privado y una causa judicial abierta por supuesto enriquecimiento ilícito. Las preguntas que hoy instruye el fiscal federal Gerardo Pollicita ante el juez Ariel Lijo son simples y contundentes: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

Diciembre de 2023: lo que declaró al asumir

En su primera declaración jurada como funcionario público, presentada el 29 de enero de 2024, Adorni declaró que tenía dos cuentas en el exterior con un total de $8,2 millones de pesos (unos diez mil dólares al tipo de cambio de entonces), diez millones de pesos en un fondo de inversión y apenas 182 mil pesos en cajas de ahorro locales. En efectivo, tenía 2.400 dólares.

Llegó al Gobierno con dos inmuebles: un departamento de 115 metros cuadrados en la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, que informó que tiene desde 2014 y figura a medias con su mujer. Lo adquirió mediante una hipoteca que canceló en 2019. El otro, un departamento de 107 metros cuadrados en La Plata, 100% de él por una donación familiar, que declara como suyo desde 2016. Sus bienes al inicio del período sumaban $11,6 millones de pesos. Era, en apariencia, un funcionario de clase media con propiedades modestas. Pero lo que vino después no encaja con ese punto de partida.

Cierre de 2023: el salto que no cierra

Al comparar su declaración jurada inicial con la anual correspondiente al período 2023 –presentada el 7 de noviembre de 2024, fuera de término–, surge una diferencia enorme: sus bienes pasaron de $11,6 millones a $61 millones. Un incremento patrimonial de más del 500%, según reveló El Destape.

La aparente justificación está en un crédito familiar. Adorni declaró que al final de 2023 incorporó a su patrimonio 42.500 dólares en efectivo, provenientes de préstamos de su madre, Silvia Pais, y de una jubilada de 95 años llamada Norma Zuccolo, presuntamente también familiar suya. Los montos coincidían exactamente con el valor en pesos que el funcionario adjudicó a los dólares.

Exintegrantes de la Oficina Anticorrupción señalaron que simular préstamos de familiares es la maniobra habitual para “blanquear” dinero que no se había declarado con anterioridad y que factiblemente se utiliza para comprar algún bien. El patrón se repetiría, con otras personas, en los dos años siguientes.

2024: camioneta y casa en un country

En 2024, su primer año completo como funcionario, Adorni incorporó a su patrimonio una Jeep Compass Sport 2.4, modelo 2021, valuada en $11,3 millones. Fue en marzo de ese año. En relación con los vehículos, el funcionario informó haber tenido el 50% de un Renault Captur modelo 2019, aunque al cierre del período figura con valor declarado cero, una situación que en el sistema de la Oficina Anticorrupción suele registrarse cuando un bien es vendido entre un período y otro.

El mismo 2024 la familia Adorni llegó al country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Al principio alquilaban una vivienda en el lote 2 del mismo predio. El barrio privado –ubicado sobre la Ruta 6 a 82 kilómetros de CABA– tiene 61 hectáreas, cancha de golf de 18 hoyos, caballerizas, canchas de tenis y fútbol. Los precios de venta oscilan entre USD 90.000 y USD 200.000, y el costo de las expensas mensuales varía entre $600.000 y $800.000.

Evidentemente el lugar les gustó y mucho, porque el 15 de noviembre de ese 2024, Bettina Angeletti –esposa del jefe de Gabinete– registró a su nombre la Unidad Funcional 380 en el country. Figura como única titular de desde esa fecha. El documento deja constancia de que está casada con Manuel Adorni.

La fecha es por demás sugestiva: porque ese mismo día de noviembre, Adorni hipotecó el departamento de Parque Chacabuco donde vivía con su familia. Le había pedido a su escribana de confianza, Adriana Nechevenko –que lo conoce hace más de 20 años y lo llama “Manu”– que le buscara gente para que le prestara dinero. Ella le consiguió como financistas a una oficial de la Policía Federal ya retirada y su hija, actual miembro de la fuerza. Así, Graciela Isabel Molina de Cancio le aportó US$85.000 y Victoria María José Cancio, 15.000 dólares. El acuerdo de 100.000 dólares era al 11% anual a pagar en 24 cuotas mensuales. 

Según declaró Nechevenko en sede judicial, una vez recibidos los 100.000 dólares en efectivo, Adorni depositó el dinero en un banco y aportó otros 20.000 dólares propios. Así compró la casa del country, que colocó a nombre exclusivamente de su mujer. El funcionario no informó esta casa en el anexo público de su última declaración jurada. Tampoco lo hizo en su DDJJ como candidato porteño, como reveló elDiarioAR.

Tras concretar la compra, la familia inició una obra de gran magnitud. Antiguos moradores del barrio afirman que la vivienda original era una casa antigua que fue prácticamente demolida y reconstruida desde cero. La Justicia citó a declarar como testigos para los próximos días a Juan Ernesto Cosentino, el vendedor de la casa en el country, y a Matías Tabar, de la empresa “Grupo AA”, que estuvo a cargo de las obras en el lote 380.

Fin de 2024: vacaciones

Mientras Milei pedía a sus funcionarios que evitaran los destinos de lujo y mostraran austeridad, la familia Adorni viajaba a Aruba entre el 24 de diciembre de 2024 y el 10 de enero de 2025. El traslado se habría realizado en vuelos comerciales de LATAM Airlines, con escalas en Perú a la ida y en Ecuador al regreso. La Justicia intenta confirmar que se hayan alojado en el complejo Tamarijn Aruba All Inclusive, bajo modalidad todo incluido. El costo estimado del viaje ronda los 12.000 dólares.

Según informes oficiales, no hay registros de Adorni en la Casa Rosada entre el 27 de diciembre de 2024 y el 6 de enero de 2025, ambos días incluidos. El 31 de diciembre de 2024, Adorni y su mujer publicaron una foto posando frente a una pileta iluminada para recibir el Año Nuevo, con Vancouver como ubicación en Instagram. El problema es que en esa época del año, esa ciudad canadiense está en pleno invierno, con temperaturas bajo cero.

Cuando el escándalo explotó meses después, Adorni dijo que en un año y medio no había tomado vacaciones.

Agosto de 2025: la DDJJ con más preguntas

La declaración jurada correspondiente al ejercicio 2024, presentada el 4 de agosto de 2025, muestra que Adorni declaró más de USD 48.000 en ahorros, dinero en efectivo en pesos, dos propiedades y dos vehículos. 

Sus pasivos también crecieron. A fines de 2024 reportó deudas por $95,4 millones, frente a los $34,2 millones declarados en 2023, un crecimiento del 178% en un año. Se trata de deudas en dólares con cuatro acreedores: su madre Silvia Pais, Victoria María José Cancio, la sucesión de Norma Zuccolo y Graciela Isabel Molina.

La casa del country no figuraba. El departamento de Caballito, que compraría meses después, tampoco. La foto patrimonial que presentó no se condecía con la realidad que ya se estaba construyendo.

Noviembre de 2025: el departamento de Caballito, con una hipoteca que no cierra

El jefe de Gabinete firmó en noviembre de 2025 la escritura de compraventa del departamento de la calle Miró 550, en Caballito, donde vive actualmente con su familia. La operación quedó registrada a un valor de 230.000 dólares que provienen, casi en su totalidad, de una hipoteca no bancaria con dos particulares Esto ocurrió dos semanas después de que fuera confirmado como jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

El inmueble había sido ofrecido a USD 295.000 por la inmobiliaria Rucci en noviembre de 2024. Las compradoras, la jubilada Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64 años), lo adquirieron seis meses antes, en mayo de 2025, por US$ 200.000, al ex jugador Hugo Morales, que lo había comprado 20 años atrás por el mismo valor de venta. 

La propiedad, por su alta categoría y ubicación, debería constar en realidad cerca de US$ 450.000. El tasador de Reporte Inmobiliario calculó un valor cercano a los 375.000 dólares. El departamento terminó en manos de Adorni por un valor registrado de US$ 230.000, un 22% más barato que el aviso original. 

Sin vender su departamento en Parque Chacabuco, Adorni pagó un anticipo en efectivo de solo 30.000 dólares y se comprometió a saldar el resto mediante una hipoteca a pagar a noviembre de 2026. Lo curioso es que las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, cuando se lo compraron a Morales y luego cuando se lo vendieron a Adorni, siempre estuvieron acompañadas de dos hombres que no figuran en la compra, pero sí en la reserva.

Uno de ellos es hijo de Viegas, Pablo Martín Feijoo, que elDiarioAR reveló que figura en los registros de ingreso a la Casa Rosada. Entró, autorizado por el propio Adorni, el 22 de octubre de 2025, semanas antes de concretar la venta. El otro hombre detrás de las jubiladas se trata de Leandro Miano. Ambos “muchachos” –como los definió Morales en su declaración ante la Justicia– forman parte de la empresa desarrolladora TJS Group y de la constructora Avda SRL. La escribana de la operación fue, nuevamente, Adriana Mónica Nechevenko de Schuster.

Actualmente, Feijoo ofrece a la venta el departamento de Parque Chacabuco que los Adorni abandonaron cuando se fueron a vivir a Caballito. Es ofrecido a US$289.990, más caro que el de Caballito, que es más grande y de más categoría.

2026, cuando todo estalla

En el feriado de Carnaval, Adorni viajó con su esposa, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio en un HondaJet privado con matrícula LVHWA, que salió el jueves 12 de febrero a las 20.21 y aterrizó en Punta del Este 35 minutos después.

El viaje duró cinco días. Al volver, el 17 de febrero, el funcionario solicitó hacer el trámite de migraciones en un hangar de San Fernando para no ser visto. Grandio tiene un programa en la TV Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete. La emisora estatal le firmó al menos seis contratos desde 2024.

Adorni dijo que pagó todo de su bolsillo. Pero la secretaria del broker aeronáutico ratificó ante la Justicia que Grandio pagó el vuelo, y que el periodista le dijo que quería “invitar a una familia a Punta del Este”. El vuelo de vuelta también lo pagó Grandio, en efectivo, a través de un intermediario. El vuelo costó ida y vuelta, unos 10.000 dólares.

El expediente Adorni explotó mediáticamente en marzo, cuando se difundió una fotografía que mostraba a Bettina Angeletti junto a la comitiva presidencial en Nueva York, durante la Argentina Week 2026. Adorni confirmó que su esposa había viajado en el avión presidencial. Dijo que ella tenía pasaje comprado por US$5.348 pero que, por un cambio de agenda, él la invitó a sumarse al avión oficial, algo que impide el artículo 2 de la Ley de Ética Pública. Se consideró un “deslomado”. 

Adorni volvió de Nueva York junto a su mujer en el vuelo JFK-EZE, DL 115, del 14 de marzo de 2026, con partida a las 22:25 desde Estados Unidos y arribo a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo y sin escalas. El importe total de los tickets superó los US$10.000: el pasaje del jefe de Gabinete se facturó en 4.910,35 dólares, mientras que el de Angeletti en 5.154,55 dólares. En cuanto a la reserva, aparece asociada a “RESERVASPASAJES//JEFATURA.GOB.AR”, Cytric y marcas de “MISIÓN OFICIAL”.

En pocos días salieron a la luz el vuelo privado a Punta del Este, la casa en el country, el departamento de Caballito y el presunto viaje a Aruba. El escándalo ya no tiene retorno. Cada hilo que tira la Justicia lleva a las mismas preguntas: ¿puede el actual jefe de Gabinete justificar su patrimonio? ¿De dónde salió la plata?

MC