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Noticias de San Luis
Otro miércoles de represión, gas pimienta y corridas en la marcha de jubilados
Los jubilados volvieron a marchar para reclamar un aumento en sus haberes. La movilización contó con el apoyo de numerosas organizaciones sociales y políticas.
Los jubilados se movilizaron este miércoles, a las puertas de un Congreso vallado, en reclamo por mejores pensiones, ante un enorme operativo policial que les acorraló para evitar cortes de tránsito, y los obligó a mantener su protesta en la vereda.
A su vez, las fuerzas policiales buscaron controlar a columnas de sindicatos, militantes de izquierda y organismos sociales que fueron sumándose a la movilización en apoyo a los jubilados en los alrededores del Parlamento.
En medio de la marcha, efectivos de Infantería de las fuerzas federales corrieron, empujaron y utilizaron gas pimienta para dispersar a los manifestantes.
“Últimamente, se están sumando a la lucha los sindicatos, no solo porque consideran que es válido y legítimo nuestros reclamos, sino porque el movimiento de jubilados se ha transformado en un canal por donde pueden expresarse todos los reclamos de los trabajadores”, contó Liliana Kunis, de la organización Jubilados Insurgentes.
Todos los miércoles, desde hace décadas, grupos de jubilados se reúnen en los alrededores del Congreso para reclamar mejores pensiones. También piden el regreso de la cobertura gratuita total para sus medicamentos y la moratoria provisional, que permitía acceder a una jubilación mínima a trabajadores con insuficientes aportes a la seguridad social.
Jubilaciones y pensiones
Horas antes de la protesta, el Ejecutivo decretó un aumento del 2,4 % en las jubilaciones a partir de abril próximo. La pensión mínima será así de 285.820 pesos (unos 260 dólares), muy por debajo de la cesta básica para los adultos mayores, calculada en 1.200.523 pesos (unos 1.100 dólares). Ese nivel de ingresos margina a la mayoría de los jubilados argentinos a la pobreza.
El Gobierno también definió mantener en 70.000 pesos (unos 64 dólares) el bono de refuerzo para la seguridad social que se otorga por la situación de emergencia económica que vive el país, cuyo monto no se actualiza desde enero de 2024.
“Estamos en la lucha por nuestros derechos que tantos nos costaron conseguir y éstos (los del Gobierno) son criminales, nos están matando sin remedios y alimentos. Nos dan la cuarta parte de lo que necesitamos para vivir”, expresó Alberto Schocron, también de Jubilados Insurgentes, organización que luchan por pensiones dignas.
Schocron aseveró que el Gobierno es “perverso” al pagar pensiones paupérrimas. “Muchos nos estamos quedando sin el cobijo para pagar los alquileres”, agregó.
En las últimas semanas, gran parte de la sociedad acompañó a los jubilados en sus movilizaciones semanales frente al Congreso en busca de mejores condiciones.
En la protesta del 12 de marzo hubo una represión de las fuerzas de seguridad que dejó un saldo de 46 heridos y 124 detenidos.
CM/MM
Postales de otra marcha de jubilados con un Congreso vallado
Una nueva marcha de jubilados y organizaciones políticas se llevó a cabo en el Congreso, en medio de un fuerte protocolo antipiquetes.
Una nueva marcha de jubilados y de distintas organizaciones políticas tuvo lugar esta tarde en las inmediaciones del Congreso, donde la Policía dispuso vallas para mantener a los manifestantes en las veredas.
MM
Cristina y Massa presionan a Kicillof para evitar el desdoblamiento electoral
El kirchnerismo presentó un proyecto para unificar la fecha de elecciones en la Provincia con la nacional. La pulseada por las PASO expone la interna del peronismo.
El kirchnerismo presentó este miércoles un proyecto en la Legislatura bonaerense para que las elecciones provinciales se realicen el mismo día que los comicios nacionales. Es un gesto de presión al gobernador Axel Kicillof, mientras se dilata el debate por una eventual suspensión de las PASO en ese distrito.
La iniciativa fue presentada por la senadora provincial Teresa García y cuenta con el aval de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Economía Sergio Massa, lo que supone un escollo para la postura de Kicillof respecto de que no haya elecciones concurrentes en territorio bonaerense.
¿Qué son las elecciones concurrentes? Es la la realización, en una misma fecha, de los comicios para cargos nacionales (est eaño, senadores y diputados) y cargos locales (en el caso de la Provincia de Buenos Aires, legisladores provinciales y otros cargos locales no nacionales).
“Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección. Presentamos el proyecto de suspensión de las PASO en la provincia, y la convocatoria a elecciones para senadores y diputados provinciales, concejales y consejeros escolares; en la misma fecha y en concurrencia con la elección nacional”, expresó García en sus redes sociales, donde compartió el proyecto.
El texto lleva la firma de todos los senadores peronistas, incluida la legisladora del Frente Renovador Sofia Vannelli, lo que empareja los intereses del massimo y del kirchnerismo en el rechazo de un posible desacople (que en la jerga política argentina se llama desdoblamienot) del calendario electoral provincial.
Mientras tanto, se dilata el tratamiento del proyecto de suspensión de las PASO impulsado por Kicillof en la Legislatura local. Fuentes del parlamento bonaerense indicaron a la agencia NA que, “con suerte”, la iniciativa del oficialismo será tratada por el cuerpo legislativo la semana que viene.
El trasfondo es una disputa de poder. Kicillof quiere desdoblar para medir su fuerza propia y despegarse de la dinámica nacional. Cristina y Massa, en cambio, apuestan a elecciones concurrentes para que los intendentes empujen su boleta. Por ahora, la definición se estira y todas las miradas apuntan este jueves, fecha clave en la que podría resolverse tanto la suspensión de las PASO como la fecha definitiva de los comicios bonaerenses.
JJD, con información de NA.
El dólar blue trepó a $1.310 por la expectativa de devaluación ante el pacto con el FMI
Los tipos de cambio financieros arrancaron en alza pero bajaron después por la intervención del Banco Central: el contado con liquidación cerró a $1.294 y el MEP, a $1.295. El mercado espera que el Fondo exija que, a cambio del futuro préstamo, salte el oficial de los $1.043 actuales.
El dólar blue saltó este miércoles a $1.310, con un alza del 1,1%. El contado con liquidación llegó a alcanzar los $1.301, tras incrementarse 0,4%, y terminó en 1.294, con una baja del 0,2%, por la intervención fuerte del Banco Central, que sigue quemando reservas mientras defiende un tipo de cambio oficial sobrevaluado y sigue la indefinición sobre el nuevo ritmo de devaluación que le impondrá el Fondo Monetario Internacional (FMI). El dólar MEP (Mercado Electrónica de Pagos), que subió 0,4%, a $1.299, descendió por la intervención oficial para cerrar en 1.295, con lo que moderó el aumento al 0,1%. La presión sobre los tipos de cambio paralelos tiene que ver con la expectativa de los operadores financieros de que el nuevo endeudamiento con el FMI implique una depreciación más acelerada del peso oficial, contra un dólar que por ahora sólo aumenta el 1% mensual en esa plaza controlada por el cepo. El dólar oficial cuesta $1.043... de momento.
Con el tipo de cambio actual en el mercado regulado, el Central no deja de perder reservas: vendió US$1.368 millones en los últimos ocho días hábiles. Precisamente, el FMI quiere que la Argentina empiece a acumular divisas para pagar sus deudas, incluidos los US41.000 millones que se le deben y los eventuales US$8.000 millones que se sumarían con el nuevo acuerdo. Para ello, exige que se deprecie más rapidamente el peso y no admite que el dólar oficial suba menos que la inflación.
Con el gobierno de Javier Milei, el staff técnico del FMI ya acordó que el dólar flote dentro de una banda, que ya no suba sólo 1% mensual como hasta ahora, y que se establezcan unas reglas de intervención del Banco Central para evitar sobredevaluaciones o sobrevaluaciones, pero resta determinar en el directorio del organismo los máximos y los mínimos en los que podrá moverse el tipo de cambio y las cantidades de reservas que podrá gastar la autoridad monetaria para controlarlo. A su vez, a mayor flexibilidad cambiaria inmediata, como desea el Fondo, mayor será el adelanto del préstamo en 2025, como pretende el ministro de Economía, Luis Caputo. Así lo explicaron tres fuentes con acceso a los negociadores.
El Gobierno intenta desafiar en el mercado financiero a quienes sostienen que el acuerdo con el FMI llevara consigo una devaluación y ofrece dos títulos atados a la evolución del dólar con vencimiento en junio y enero de 2026. Esta estrategia ya había sido utilizada en dos operaciones anteriores, cuando la Secretaría de Finanzas las declaró desiertas por falta de oferentes.
La operación, que estará abierta entre las 10 y 15 de este jueves, las incluye la subasta de otra serie de títulos para renovar vencimientos por más de $9 billones. En el menú de opciones se ofrecen dos bonos linked al 30 de junio y al 26 de enero de 2026. De esta forma, quienes creen que la actual coyuntura termina en una devaluación pueden comprar esos títulos y, en caso que el dólar suba, se garantizan ese beneficio a través de este título que deberá pagar el Tesoro Nacional. También se ofrecen bonos Lecaps de corto plazo, que vencen el 28 de abril, el 30 de mayo y el 31 de julio de este año, y dos bonos atados a la inflación con vencimiento en 31 de octubre de 2025 y 31 de marzo de 2027.
AR/MG
Con informacion de Noticias Argentinas
El Tribunal Supremo de Brasil abre un proceso penal contra Bolsonaro por tramar un golpe de Estado
El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.
El Tribunal Supremo Federal de Brasil decidió este miércoles, por unanimidad, abrir un proceso penal contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y otros siete acusados por supuestamente tramar un golpe de Estado.
El líder ultraderechista será juzgado por dirigir, presuntamente, una conspiración que buscó anular la victoria electoral del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022, mediante una intervención militar.
Los cinco jueces de la Sala Primera del Supremo votaron por aceptar la denuncia tras conocer los detalles de la investigación, expuestos la víspera por la Fiscalía, y escuchar los argumentos de la defensa del líder ultraderechista.
Bolsonaro y los otros siete acusados, entre los que hay militares de alto rango y antiguos ministros de su Gobierno (2019-2022), fueron denunciados por abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso y primero en votar consideró que hay “materialidad” e “indicios razonables” en la acusación que presentó la Fiscalía señalando a Bolsonaro como líder de la trama golpista, y dijo que la denuncia detalló la participación del ex jefe de Estado en los actos citados.
Al argumentar su posición en la audiencia, el juez instructor reconoció el liderazgo del exjefe de Estado en la presunta trama golpista y dijo que los hechos fueron descritos “en forma detallada” y “satisfactoria” por la Fiscalía.
“Tuvimos un intento de golpe de Estado violentísimo (...) una violencia salvaje, con petición de intervención militar para un golpe de Estado”, dijo De Moraes al argumentar su voto en la audiencia en la que se decide si se abre un juicio contra Bolsonaro.
El juez sostuvo que “la organización criminal siguió todos los pasos necesarios para derrocar al Gobierno legítimamente elegido” en un objetivo que “no se concretó” por “la resistencia de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea a las medidas de excepción”.
Flávio Dino, el segundo juez en votar, resaltó que hubo alegatos orales “que concuerdan con la materialidad” de los hechos, mientras que el magistrado Luiz Fux seguidamente afirmó que fue una denuncia “amplia y bien elaborada”.
En tercer lugar se pronunció la jueza Cármen Lucia Antunes, quien también resaltó los detalles expuestos en la investigación, dijo que “la dictadura mata” y señaló que el Estado democrático de derecho es un logro que requiere de “vigilancia constante”.
El último magistrado en manifestarse fue Cristiano Zanin, presidente del órgano colegiado, quien aseveró que la Corte cuenta con “hechos capaces de constituir los delitos que fueron narrados por la Fiscalía”.
La denuncia, presentada en febrero por la Fiscalía, acusó a Bolsonaro y a otros 33 sospechosos de tratar de anular los resultados de las elecciones de 2022 en las Lula salió victorioso y mantenerse en el poder.
Según la acusación, la conspiración desembocó en la invasión violenta las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, el 8 de enero de 2023, pocos días después de la toma de posesión de Lula.
Bolsonaro dice que buscan impedirle disputar las elecciones de 2026
Bolsonaro afirmó que están acelerando el proceso en su contra para impedirle disputar las elecciones presidenciales de 2026 en las que, afirmó, nadie lo vencería. “Tienen apuro, mucho apuro”, dijo el expresidente en un largo mensaje en sus redes sociales, transmitido durante las deliberaciones de los jueces.
Bolsonaro dijo que el proceso en su contra “avanza a una velocidad 14 veces mayor que el Mensalão”, el proceso contra el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción en su primer mandato, “y 10 veces más rápido que el de Lula en el Lava Jato”, el caso de desvíos en la petrolera Petrobras.
El exmandatario aseguró que la propia prensa admite que ese apuro no obedece a razones jurídicas, sino políticas, ya que el tribunal intenta impedir que el juicio se extienda hasta 2026, cuando será año electoral.
“Quieren impedir que yo llegue libre a las elecciones porque saben que, en una disputa justa, no hay ningún candidato capaz de vencerme”, afirmó Bolsonaro.
El líder de la ultraderecha, de cualquier forma, ya está inhabilitado políticamente por ocho años por haber sido condenado en un proceso de la Justicia electoral por sus ataques a la democracia.
Según Bolsonaro, el juicio penal en su contra ya tiene “una fecha, un blanco y un resultado decididos anticipadamente” ya que obedece a un proyecto de poder que busca interferir en la dinámica política y electoral del país.
“Todos dicen que el proceso concluirá este mismo año, pese a que no hay precedentes para tamaña celeridad en un caso de esa dimensión, porque todos saben que lo que está en curso es una especie de atentado jurídico a la democracia: un juicio político, conducido de forma parcial y abiertamente injusta”, dijo.
Afirmó que el magistrado Alexandre de Moraes, el juez instructor del caso, tan solo busca una “venganza”, mandarlo a la cárcel y retirarlo de las urnas para impedirle volver a la Presidencia y la obtención de mayorías en el Congreso.
“Lo más irónico es que, en cuanto más atropellan reglas, plazos y garantías para intentar eliminarme, más descarado queda el miedo que tienen de las urnas y de la voluntad popular. Si realmente creyesen en la democracia que dicen defender, me enfrentaría en las urnas”, aseguró.
Según Bolsonaro, la comunidad internacional está atenta a lo que ocurre en Brasil y diferentes juristas, diplomáticos y líderes políticos comparan la situación del país con lo ocurrido en Nicaragua y Venezuela, en donde la oposición fue perseguida con “acusaciones vagas de extremismo o de amenazas a la democracia”.
Con información de la agencia EFE