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Super RIGI y reforma electoral: el Gobierno quiere aprobarlas antes del Mundial, pero no llegará a tiempo

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

Reclaman prueba de vida de dos argentinos secuestrados en Libia cuando viajaban en una misión humanitaria hacia Gaza

A tres días del secuestro de diez integrantes de una misión humanitaria internacional en el este de Libia, crece la preocupación por la falta de información sobre el paradero y el estado de salud de las personas retenidas, entre quienes se encuentran los argentinos Paula Giménez y Lucas Aguilera.

Los activistas formaban parte del Convoy Terrestre Global Sumud Maghreb, una misión civil de asistencia al pueblo palestino que se dirigía hacia Gaza con ayuda humanitaria. Según denunciaron desde la red informativa NODAL y organizaciones solidarias, el grupo fue interceptado en las inmediaciones de la ciudad de Sirte, en Libia del Este, y desde entonces permanece incomunicado, sin contacto con familiares ni representantes diplomáticos.

Paula Giménez, psicóloga, y Lucas Aguilera, médico veterinario, son directores de investigación de NODAL e integraban el equipo médico de la misión internacional.

Junto a ellos también fueron secuestradas personas de distintos países: Matías Álvarez Rodríguez, de Uruguay; Alicia Armesto Núñez, de España; Domenico Centrone y Leonarda Alberizia, de Italia; Ana Margarida França Santana Baptista, de Portugal; Lauro Kwoczala, de Polonia; Ashraf Khoja, de Túnez; y Jenelle Jones, de Estados Unidos.

Familiares, organismos de derechos humanos y organizaciones internacionales exigieron una prueba de vida inmediata y reclamaron la realización de una visita humanitaria internacional para constatar las condiciones en las que permanecen las personas secuestradas.

Además, pidieron la intervención urgente de la Cancillería argentina, de las representaciones diplomáticas de los países involucrados, de la Cruz Roja Internacional, de la Media Luna Roja, de Naciones Unidas y de organismos internacionales de derechos humanos.

“Hasta el momento nadie pudo ver a las personas secuestradas y no existe comunicación directa ni información pública verificable sobre las condiciones en las que permanecen”, señalaron desde NODAL en un comunicado difundido este martes.

La organización informó que ya presentó una nota ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos alertando sobre el secuestro y la incomunicación de los diez integrantes de la misión.

También detalló que continúan las gestiones diplomáticas junto a familiares ante la Cancillería argentina y la Embajada de Italia, el único país con representación diplomática en el este libio.

El caso comenzó a generar repercusiones políticas y sociales. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Parlasur impulsaron reclamos formales ante el gobierno argentino, mientras que diputados nacionales presentaron un proyecto de resolución para exigir información y garantías sobre la integridad física de Paula Giménez, Lucas Aguilera y el resto de la delegación internacional.

Las organizaciones que siguen el caso advirtieron sobre la necesidad de mantener la visibilización pública y la presión internacional para lograr información concreta sobre el grupo secuestrado y reclamar su aparición con vida.

Gran Hermano S.A.

Hace más de cien años que la ciencia ficción nos ofrece vívidas descripciones de sociedades totalitarias ficcionales en las que el espionaje sobre la vida privada es fundamental para sostener un orden opresivo. En su extraordinaria novela Nosotros (1920), Yevgueni Zamiatin imaginaba que las personas eran obligadas a vivir en casas transparentes, enteramente construidas de vidrio, para que cualquiera pudiese ver lo que sucedía dentro a toda hora. El Estado contaba, además, con una extensa red de espionaje y de delaciones para saberlo todo sobre cada individuo. No había escapatoria posible: la privacidad había desaparecido. En la más conocida 1984, publicada por George Orwell en 1949, el Gran Hermano –el líder supremo que nadie sabía si existía realmente o si era también él una creación de la propaganda oficial– lo veía todo. Los dispositivos tecnológicos le daban el régimen una vigilancia total sobre las personas: cámaras y micrófonos por todas partes, una “policía del pensamiento” que analizaba las microexpresiones de los rostros para saber lo que pensaba cada uno, agentes infiltrados por todas partes, espías infantiles. La idea quedaba clara: sin espacio privado, sin privacidad, solo queda lugar para la obediencia. La libertad se extingue.  

Desde que la humanidad comprendió esta verdad muy simple, las sociedades instauraron derechos y garantías para evitar ese riesgo. Algunos principios para proteger la privacidad son muy antiguos, como la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia. Otros son más recientes, como el habeas data. Pero siempre estuvo claro que la información personal en manos de los Estados podía ser un problema. 

En esta carrera alocada a la barbarie en la que ingresó el mundo en los últimos tiempos, no hay semana que no veamos un retroceso en los derechos y garantías de todo tipo. El derecho a la privacidad no es la excepción. Su erosión acelerada comenzó hace no tanto tiempo, pero en verdad no fue el Estado el que primero empujó en ese sentido, sino el sector privado. En pocos años, se erigieron un puñado de megacorporaciones que lo saben casi todo sobre nuestras vidas: nuestro domicilio y número de tarjeta, nuestras preferencias sexuales, nuestro gusto de helado favorito, las bandas que escuchamos y también a qué cosas le ponemos like o retuiteamos. Conocen nuestro rostro por las fotos que publicamos o porque nos los exigen para validar usuarios. También nuestra voz. Hasta nuestra huella digital les damos y ya están escaneando nuestros iris. Con todo eso construyen perfiles de consumidores para llenarnos de spam –eso todo el mundo ya lo sabe–, pero también perfiles políticos, que venden a empresas que se dedican a brindar servicios a candidatos en busca de votos. A nadie pareció importarle demasiado nada de esto porque toda esta información la manejan empresarios, no políticos. Ni Zamiatin ni Orwell nos advirtieron sobre ellos. Tampoco la filosofía política, que tendió a ver al Estado como fuente única del riesgo totalitario. El problema es el escenario actual, en el que poder político y poder corporativo están confluyendo de una manera inédita.

En nuestro país, Milei viene de anunciar un plan por el que pondrán toda la información de nuestra población que manejan las diversas reparticiones del Estado en manos de una corporación estadounidense que, dicen, ayudará a mejorar las políticas públicas con herramientas de IA. El principio es sencillo: recopilan todo lo que el Estado sabe de una persona –donde vive, de qué trabaja, cuánto gana, nivel educativo, si tiene o no propiedades o vehículos, antecedentes de salud, vínculos familiares, salidas del país, etc.– y crean un “gemelo digital”, un avatar único con sus mismas características y hábitos. Luego, la IA ayuda a predecir los comportamientos de esos avatares, lo que permite anticipar cómo se comportará colectivamente la sociedad y, así, en teoría, mejorar las políticas públicas. Todo esto, publicitado con las hermosas palabras habituales: “futuro”, “eficiencia”, “modernización”, “cambio”.

A los tontos les dicen, para tranquilizarlos, que son “metadatos”, que van sin la identidad real de cada ciudadano. Tranqui, juegan con tu gemelo virtual, no con vos. Pero incluso si uno fuera a creer que no entregan nombre y apellido, cualquiera comprende hoy la facilidad con la que la IA puede reponer esa información si cuenta con datos como domicilio y edad, simplemente cruzándola con los datos del padrón electoral. Agreguemos que toda esa masa de información personal va a una corporación privada que maneja o puede manejar toda la otra masa de datos personales, incluso más minuciosa, que está en manos corporativas. Empresas como Meta –dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas– colaboran con la policía y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, al menos desde 2007, compartiendo mensajes privados y otra información de los usuarios. Eso ya es suficientemente malo. Pero imaginemos por un momento que no sea un presidente maléfico el que quiera erigir un régimen autoritario aprovechando todo lo que sabe sobre cada uno de nosotros. Imaginemos lo que ni Zamiatin ni Orwell imaginaron: que el riesgo totalitario pueda venir del sector privado o, lo más probable, de una alianza de políticos y corporaciones.

Esto ya es suficientemente preocupante y todavía no comenzamos a hablar del magnate en cuestión, el que recibirá todos nuestros datos: Peter Thiel. Thiel reúne todas las características de un villano de dibujos animados. Antes de reunirse con Milei y comprar una residencia en Buenos Aires, ya había aclarado que está en contra del sistema democrático. No es que uno lo deduce: el hombre lo dijo con todas las letras. Con orgullo. La democracia, para él, es un obstáculo para el capitalismo. Habría que dejar de vivir en sociedades democráticas. Terminar con la democracia. Literal. A esta persona entregaremos todos los datos de los argentinos. Sabrá todo sobre cada uno de nosotros y podrá anticipar qué haremos. No es demasiado alocado pensar que podrá usar esa información para favorecer al político de su preferencia (que además le asegura un contrato suculento con el Estado). 

Nos seguimos haciendo los desentendidos, pero desde el punto de vista material, técnico, hoy ya estamos en el escenario de las casas transparentes de Zamiatin. Ya está disponible la posibilidad de llevar el ojo del Gran Hermano, literalmente, hasta el último rincón de nuestra existencia. Los rayos X totales ya están en funcionamiento. Las paredes de nuestra existencia ya son traslúcidas para el que quiera mirar y tenga el poder suficiente. La tecnología disponible vuelve incluso superfluas las extensas plantillas de espías que imaginaba la ciencia ficción. Hoy es mucho más fácil y barato. 

Está claro, sin embargo, que, al menos por ahora, eso no se ha traducido en la aparición de regímenes totalitarios pesadillescos, al menos no como los imaginábamos. El autoritarismo sin dudas viene en avance, pero no llevamos vidas parecidas a las de los habitantes del mundo de Zamiatin, que ni nombre tenían, apenas un código alfanumérico. Pero aquí viene a perturbarnos esa última tranquilidad otro de los clásicos distópicos, Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, en el que el orden totalitario no está asegurado por la vigilancia policial y el miedo; por el contrario, el control se logra a través del placer, la distracción, el consumo y la gestión de las actitudes de cada uno mediante métodos de inducción psicológica. Gran Hermano S.A. avanza mientras también nosotros jugamos a espiar y controlar las vidas ajenas en el Gran Hermano (el productor holandés que bautizó así al popular programa de televisión tenía un sentido de la ironía exquisito o un cinismo siniestro, una de dos). 

Hablando de Orwell, se le atribuye una frase que no hay prueba de que sea suya, pero que bien podría haber dicho: “el fascismo regresará bajo el nombre de la libertad”. Dice mucho de la realidad en la que vivimos que la infraestructura más impresionante que se haya diseñado para la infiltración en la vida privada de las personas la esté por erigir un gobierno fervorosamente liberal en alianza con un magnate que también es libertario. Muchos se reconfortan con la idea de que no son “verdaderamente liberales”, pero eso ya es insostenible. Porque es un hecho que los que sí son liberales “verdaderos” tampoco están reaccionando contra eso: más bien lo contrario, permiten que avance desde hace años haciéndose los distraídos. Incluso lo fomentan.

Su estruendoso silencio contrasta con la intervención más enérgica que tenemos hasta hoy contra la “vigilancia invasiva” mediante herramientas de IA, que es la que acaba de hacer el Papa, en una encíclica que tiene toda la claridad que le falta a la política tradicional: advierte sobre los “pequeños grupos muy influyentes” que, mediante el control de la IA, pueden “condicionar procesos democráticos” e imponernos “su propia visión moral” convertida en una “infraestructura invisible de los sistemas” y llama a “desarmar la IA” (lo que no quiere decir desmantelarla, sino quitarle su carácter de arma de los poderosos, que hoy tiene).  

Saquen sus conclusiones.

EA/MG   

El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y organizaciones advierten sobre un “grave retroceso”

El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como expediente 186/26, fue enviada esta semana por el Poder Ejecutivo y propone eliminar de manera integral el esquema vigente desde 2022.

El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Entre sus fundamentos, el oficialismo plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del MERCOSUR.

La propuesta generó el rechazo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades vinculadas a la salud pública y los derechos de consumidores, que consideran que la derogación implicaría “un grave retroceso” en materia de derecho a la información alimentaria y protección sanitaria.

Una ley que excede los sellos negros

La Ley de Etiquetado Frontal estableció la incorporación de octógonos negros en envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Sin embargo, la normativa también incluyó restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles y regulaciones sobre entornos escolares saludables.

Las organizaciones que cuestionan el proyecto sostienen que la derogación no solo eliminaría los sellos de advertencia, sino también todo el sistema de protección asociado a la alimentación saludable.

“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron entidades académicas y sanitarias en un documento difundido tras conocerse la iniciativa oficial.

Según datos citados por esas organizaciones, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional incluida en el reverso de los envases, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019.

Los estudios sobre el impacto de la norma

Distintos relevamientos elaborados tras la implementación de la ley por organismos como el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina fueron utilizados por las organizaciones para cuestionar los argumentos del Gobierno.

Entre los datos difundidos, sostienen que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar de forma rápida productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas luego de la aparición de los octógonos.

Otro estudio citado indicó que el etiquetado frontal permitió reducir la percepción errónea de que determinados productos ultraprocesados eran saludables. En particular, mencionaron cambios en la valoración de yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados.

Las entidades también señalaron que el 55,9% de los consumidores utiliza “siempre o casi siempre” los sellos negros como referencia al momento de realizar compras.

La discusión sobre el MERCOSUR

Uno de los argumentos del Poder Ejecutivo para impulsar la derogación apunta a la necesidad de armonizar criterios regulatorios dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones y especialistas sostienen que los modelos que actualmente se discuten en otros países de la región son menos exigentes que el sistema argentino.

En ese sentido, remarcaron que la legislación vigente en Argentina se basa en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los más estrictos de la región.

Como ejemplo, mencionaron que el modelo argentino detecta exceso de azúcares en el 68% de los yogures analizados, mientras que el sistema uruguayo lo hace en el 9% y el brasileño en el 1%.

Las organizaciones académicas, sanitarias y de derechos humanos pidieron al Congreso rechazar el proyecto y sostuvieron que no existen “argumentos sanitarios ni científicos” que justifiquen la derogación de la ley.

Se agrava el conflicto aceitero: el Gobierno dicta la conciliación obligatoria tras el inicio de la huelga por el "0% de aumento salarial"

La negociación salarial en la industria aceitera derivó este miércoles en un fuerte conflicto gremial luego de que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las patronales del sector ofrecieran una recomposición salarial del 0% para mayo. La decisión provocó el inicio de una huelga nacional encabezada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, aunque horas más tarde el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar la medida de fuerza.

El conflicto comenzó tras el fracaso de las negociaciones paritarias. Según explicaron los gremios, la revisión salarial prevista en el acuerdo del año pasado debía realizarse entre el 27 de abril y el 2 de mayo para analizar la evolución económica y definir los aumentos correspondientes. Sin embargo, denunciaron que las empresas no ofrecieron ningún incremento y propusieron únicamente atar futuras actualizaciones al índice de inflación del Indec.

En un comunicado conjunto, los sindicatos calificaron la oferta como “vergonzosa” y acusaron a las patronales de actuar de “mala fe”. “No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, sostuvieron desde la Federación Aceitera.

Además, los gremios cuestionaron que las empresas pretendan abandonar el criterio histórico de negociación basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil, que contempla las necesidades básicas establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo. Según afirmaron, el esquema propuesto por las cámaras empresarias “es una trampa” porque el índice de inflación oficial no refleja el costo real de vida de una familia trabajadora.

La FTCIODyARA sostuvo que las empresas del sector obtuvieron una ganancia extraordinaria de 3.740 millones de dólares a partir de la reducción de las retenciones a las exportaciones impulsada por el Gobierno nacional. “Con esa ganancia extraordinaria pueden pagarnos al menos cinco años de salarios de todos los aceiteros”, señalaron. También remarcaron que los salarios representan apenas el 3,3% del valor exportado por la actividad y que la productividad del sector creció sin una ampliación del personal.

El reclamo sindical apunta a garantizar un salario inicial equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, que —según cálculos elaborados con estadísticas oficiales— debería ubicarse en 2.802.754 pesos para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, vestimenta, esparcimiento y previsión.

La medida de fuerza paralizó actividades en distintos complejos portuarios e industriales del país, aunque minutos después del inicio del paro la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo intervino y dictó la conciliación obligatoria a partir de las 15. La resolución obliga a los sindicatos a suspender la huelga y levantar los piquetes, mientras que las empresas no podrán aplicar sanciones ni descontar salarios durante el período de negociación.

Además, se convocó a una audiencia para el próximo viernes en la Secretaría de Trabajo, en Buenos Aires, donde las partes intentarán acercar posiciones para destrabar el conflicto.

Desde CIARA defendieron la propuesta salarial y remarcaron que los trabajadores aceiteros perciben remuneraciones muy superiores al promedio del empleo privado registrado. Según datos de la cámara empresaria, la categoría inicial del sector parte de 2,34 millones de pesos, un 67% por encima del promedio salarial formal del país, mientras que en categorías superiores la diferencia alcanza el 117%. Además, señalaron que el salario promedio ponderado del sector llegó a 4,9 millones de pesos en mayo de 2026.

La cámara también sostuvo que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, los salarios aceiteros aumentaron un 361%, por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 299%, del incremento del dólar, del 304%, y de la evolución del precio de la soja en pesos, que subió un 179%.

El conflicto se produce en medio de un contexto de récord de producción y procesamiento de soja y girasol, mientras los sindicatos advierten que las empresas buscan congelar salarios pese al crecimiento de las ganancias del sector exportador.

Con información de medios

JIB