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Mientras los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes, los países latinoamericanos se enfrentan a un panorama complejo. En la Patagonia, el fuego arrasó con más de 10.000 hectáreas de bosque nativo y hay incendios en Chile que le costaron la vida a tres brigadistas.
Los incendios en Los Ángeles, California, están alcanzando niveles alarmantes. Mientras tanto, los países latinoamericanos no están exentos de vivir una situación similar. En la Patagonia, al otro extremo del continente, el fuego arrasó con más de 10 100 hectáreas desde que comenzó el verano austral, afectando al Parque Nacional Nahuel Huapi, entre otras áreas. En Chile, los incendios forestales en lo que va del 2025 causaron la muerte de tres brigadistas.
Estos no son los primeros siniestros de grandes dimensiones que ocurren en aquella región de Estados Unidos, sin embargo, una particularidad los ha puesto en el foco internacional: los incendios pasaron de ser forestales a convertirse en urbanos, como también ocurrió en Chile en 2024. Y no se detienen. En menos de un mes, el fuego en Los Ángeles —desde que estalló el 7 de enero de 2025—, provocó no sólo la destrucción de más de 14 000 hogares e infraestructura, sino la irreparable pérdida de casi una treintena de vidas humanas.
En 2024, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Argentina fueron afectados por incendios que provocaron muertes y arrasaron con los bosques y su biodiversidad, incluso llevando a algunos de sus gobiernos a declarar la situación de desastre nacional.
¿Qué tan preparada está la región para enfrentar los incendios en 2025? A decir de los expertos en el tema, lo que está ocurriendo es una alerta generalizada que no se debe desestimar. Se trata de un llamado especial de atención para los gobiernos latinoamericanos, comúnmente rebasados en capacidades, para trabajar en la prevención, en destinar recursos suficientes a las estrategias de manejo del fuego y al combate oportuno de incendios forestales. Sobre todo, en una época donde los efectos del cambio climático —como vientos más fuertes, temperaturas elevadas y sequías prolongadas —están combinándose con las acciones humanas y los fuegos provocados, generando incendios con resultados catastróficos.
“Hay una transformación del ambiente en el que se propaga el fuego y las cosas se complican ahora bajo los efectos de la alteración del clima a escala planetaria”, dice Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego y profesor del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara.
“Llevamos medio siglo hablando de manejo del fuego, igual que se viene hablando de planeación urbana, de control de la expansión desordenada de las ciudades y de acciones para mitigar el cambio climático”, continúa Jardel. “Ahora se presenta una situación en la cual estos factores se están combinando y vemos ese triste y mal ejemplo de los incendios en Los Ángeles, que ocurren en una región densamente poblada, que ha pasado por una transformación significativa del paisaje y que, por las características de su clima y vegetación, podemos decir que es uno de los ambientes más inflamables del mundo”, añade.
“Desde luego que es una lección que debemos aprender, porque pueden producirse condiciones similares en América Latina”, sostiene el experto.
Mongabay Latam conversó con especialistas para explicar la compleja situación. Este es el panorama latinoamericano, visto desde México, Colombia, Argentina, Chile y Bolivia.
Desde inicios de 2025, Argentina enfrenta tres incendios forestales de importantes magnitudes en la región patagónica. En la localidad de Epuyén, provincia de Chubut, el fuego ha consumido aproximadamente 3000 hectáreas de bosques. Según reportaron diversos medios argentinos, para el 20 de enero del 2025, las llamas ya habían destruido al menos 50 viviendas y obligaron a más de 200 familias a evacuar la zona ubicada en el extremo sur del país.
Mientras tanto, otro incendio que inició a finales de diciembre pasado en el Parque Nacional Nahuel Huapi no ha podido ser extinguido. A la fecha, arrasó con más de 5.000 hectáreas de esta reserva boscosa cercana a la frontera con Chile. La situación es crítica. La combinación del clima seco, la falta de lluvias, los fuertes vientos y una débil capacidad de respuesta gubernamental han complicado el panorama.
“Argentina no pareciera estar preparada a nivel provincial ni a nivel nacional para un escenario de crisis climática que pone mucho más en riesgo —sobre todo, en la época de verano>— a los bosques andino patagónicos”, afirma Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace Argentina.
A finales de enero se sumó un tercer foco de incendio en la zona que alcanzó 2000 hectáreas de bosques nativos y pastizales en la provincia de Chubut, en la comuna rural Doctor Atilio Oscar Viglione, explica Giardini.
El especialista sostiene que estos incendios son una muestra de la fragilidad del sistema de manejo del fuego en el país. “A nivel nacional, los recursos para todo el tema del medio ambiente han sido disminuidos. Hay una decisión política de no poner mucho dinero en el medio ambiente, que va a repercutir a mediano plazo, por ejemplo, con los brigadistas que están en una situación de fragilidad laboral”, explica Giardini.
Los brigadistas no tienen contratos permanentes y son pocos en comparación con las áreas que se deben atender. Cada vez que se presenta un incendio, se deben movilizar otros grupos de brigadistas desde otras provincias a las zonas afectadas.
Giardini destacó la necesidad de una mayor inversión en prevención de incendios e infraestructura de respuesta rápida, así como una legislación más estricta para penalizar la destrucción forestal intencional. “Se deben aumentar significativamente —tanto a nivel provincial, como a nivel nacional— los esfuerzos en prevención, en infraestructura para el ataque rápido de fuego”, dice.
El especialista plantea que es necesario que “el Congreso de la Nación trabaje en proyectos que han quedado, en muchos casos, sin avances para la penalización por la destrucción ilegal de bosques, ya sea por conversión con deforestación o con incendios. Esa sería otra herramienta importante para frenar a aquellos que están tratando de destruir a los dos bosques ilegalmente”, concluye Giardini.
El año recién empieza y en Colombia las altas temperaturas y la temporada seca ya encendieron las alertas de amenaza de incendios para 304 municipios, ubicados mayormente en la región Andina, según reportó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en su informe más reciente, publicado el pasado 20 de enero. Esto, de acuerdo con las autoridades, se debe a que actualmente el país presenta poca nubosidad y lluvias, así como temperaturas máximas y alta radiación solar, factores que han secado la vegetación convirtiéndola en material potencialmente inflamable.
“Los grandes vientos y las zonas previamente deforestadas pueden hacer que, con la biomasa seca y acumulada, lista para ser quemada, se propague rápidamente el fuego”, señala Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). “Que yo conozca, no hay ningún país en Latinoamérica con sistema de quemas controladas para reducción de biomasa vegetal”, sostiene.
De acuerdo con Botero, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) de Colombia ha mostrado tener una buena capacidad para obtener y brindar información. Este organismo posee un sistema de monitoreo no solamente de incendios, sino de otros riesgos naturales y que a su vez está conectado con las instituciones ambientales, ministerios, autoridades territoriales y con los cuerpos de bomberos departamentales y municipales.
Sin embargo, el país se enfrenta a un problema mayúsculo cuando se trata de enfrentar incendios de mayores dimensiones. “Su grandísimo talón de Aquiles es, realmente, que todavía es un sistema muy rudimentario, manual, donde dependemos de los apoyos de la Fuerza Aérea que tiene algunas aeronaves dispuestas para ese efecto. Se requiere del desarrollo de una aeroflota de control de incendios robusta, permanente e independiente de las Fuerzas Militares”, explica Botero.
Durante la temporada de incendios forestales de 2024, el Gobierno declaró una situación de desastre y calamidad, que “marcó un punto crítico para Colombia, con un incremento significativo en la frecuencia y severidad de estos eventos debido a las altas temperaturas globales”, reconoció la UNGRD en un comunicado publicado el 17 de enero.
Actualmente, anunciaron estar en preparación para proteger áreas fundamentales durante 2025, particularmente, con planes de respuesta específicos para los parques nacionales considerados vulnerables, como El Tuparro, Isla Salamanca, Cinaruco, Sumapaz y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Sin embargo, Rodrigo Botero remarcó que Colombia presenta una problemática particularmente grave y distinta a otros países de la región: la presencia de incendios en zonas dominadas por los grupos armados y que ponen en riesgo la integridad de los cuerpos de bomberos.
“Este es un país en donde se dan incendios y campos minados a la par, es gravísimo, imagínate el nivel de riesgo”, dice Botero. “Es de tal gravedad el asunto, que inclusive el tema ha sido tratado en las mesas de negociación y de diálogo para incluir el protocolo explícito de cesar las hostilidades contra el personal que atiende desastres naturales, incluyendo los incendios. Me parece que eso es un precedente mundial importantísimo”, sostiene el especialista.
Otro asunto que considera importante, es señalar que en Colombia hay una minimización del delito de incendios provocados en el código penal. “Tiene que haber un escenario de tipificación legal para el manejo del fuego y para su tipificación como delito en aquellos casos que se ha comprobado la premeditación y el daño alevoso a los recursos naturales y los servicios ambientales”, concluye.
En México, los registros de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) indican que 2024 fue uno de los años más devastadores para el medio ambiente. Fueron más de 1.6 millones de hectáreas consumidas por los 8002 incendios registrados en los 32 estados de la República, sin excepción.
De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los últimos tres años el país ha pasado por un prolongado período de sequía, sumado a una variación climática que ha favorecido temperaturas más altas. Los primeros incendios del 2025 ya se están haciendo notar. En lo que va del año, se han registrado 46 incendios forestales en siete entidades federativas, arrasando con una superficie de más de 522 hectáreas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Enrique Jardel, especialista mexicano en el manejo de fuego, señala que México, igual que muchos otros países del mundo, ha seguido una política de supresión del fuego, casi siempre respondiendo de manera reactiva a los incendios, movilizando combatientes y cada vez invirtiendo más en tecnología con maquinaria y aeronaves.
Aunque considera que ha habido avances en las capacidades para combatir incendios, para Jardel la conversación sobre el manejo del fuego basada en principios ecológicos aún está pendiente en muchas zonas del país.
“Este es un tema que queda un tanto relegado en medio de la política ambiental y forestal que, de por sí, están siempre en un plano secundario”, afirma Jardel. “Aunque ha habido momentos en los cuales han aumentado presupuestos, la tendencia de los últimos años es a ir reduciendo parte de los recursos aplicados a estas cuestiones”.
Además, sostiene que “paralelamente, hay una mayor transformación del paisaje, más gente viviendo en contacto con las áreas forestales y cambio climático, y lo que observamos durante el último sexenio fue prácticamente que se triplicó la superficie incendiada en relación al promedio de los 30 años anteriores”, afirma el especialista.
Con esta tendencia hacia una mayor superficie afectada por los incendios, Jardel sugiere prestar particular atención al manejo de las tierras forestales para lograr actividades efectivas de prevención y control de incendios, a través del manejo ecológico del fuego.
“Es un proceso social y, desde luego, implica una política bien diseñada”, concluye el especialista. “Esperemos que en esta administración [federal] se fortalezcan estos temas y que no sigan siendo relegados a un segundo o tercer plano porque al final de cuentas de ahí dependen los recursos, depende el abastecimiento de agua de las ciudades y de la agricultura y, desde luego, la conservación de biodiversidad, así que es un tema prioritario”.
Actualmente, en Chile existen 74 focos de incendios, de los cuales 11 están aún en combate, 29 controlados y 34 extinguidos, explica Estefanía González, subdirectora de Campañas de Greenpeace Chile, en entrevista con Mongabay Latam. Las tareas para combatir el fuego le han costado la vida a tres brigadistas privados, que trabajaban para la empresa Servicios Forestales Nacimiento. Sus muertes ocurrieron el domingo 19 de enero, mientras combatían un incendio forestal en la Región de La Araucanía.
“La situación ha sido bastante compleja , especialmente en la zona centro y centro sur del país, que es la más afectada ahora y también históricamente”, agrega. “Algunos de los incendios de mayor complejidad están ocurriendo en la región de la Araucanía, en la comuna de Los Sauces, con más de 400 hectáreas quemadas, y en la Región Metropolitana, en la zona de El Canelo, con más de 100 hectáreas afectadas”, afirma González.
La temporada de incendios se puede extender hasta abril y mayo, por lo cual aún es temprano para hacer balances, sostiene. Por ello, la especialista también pide poner especial atención a las zonas de interfaz urbano-rural y a las zonas con plantaciones de pinos y eucaliptos, que son altamente combustibles.
“Esperamos que los esfuerzos de prevención funcionen, que exista una rápida respuesta a los siniestros y se disponga de todos los recursos para combatir los focos que se generen”, concluye.
Marlene Quintanilla considera que los incendios en Bolivia se experimentan de manera tan descontrolada que, cada año, son más voraces que el anterior. “El año 2024 fue catastrófico”, afirma la ingeniera forestal y directora de investigación y gestión del conocimiento de la Fundación Amigos de la Naturaleza.
“Se incendiaron 10 millones de hectáreas, de las cuales una parte muy importante se ha desarrollado en bosques y en áreas que, en años anteriores, no identificamos que podrían quemarse; inclusive las zonas transicionales de la Amazonía han sido arrasadas por el fuego”, dice la experta.
Esta situación incluso orilló al gobierno boliviano a declarar “desastre nacional” en septiembre de 2024, con el objetivo de canalizar ayuda internacional y la transferencia de recursos económicos a las regiones más afectadas. Este pasado reciente pone en alerta respecto al año que recién empieza, considera Quintanilla.
“Ha habido avances muy leves en temas de planear cómo vamos a afrontar un año más de incendios, todo está al calor de la emergencia y esto es algo que se invita a cambiar en el país”, asevera. “Evidentemente este es un año particular de más desafíos donde el contexto económico del país está también en una condición difícil y distinta a la de hace tres años, donde teníamos una condición económica en la que se podría haber asignado recursos. Este es un año económicamente más complejo para el país”, afirma Quintanilla.
Ante la falta de recursos, lo mejor es reforzar la prevención. “Desde la política tenemos que proteger más ecosistemas y más bosques, porque son los que mitigan los efectos del cambio climático”, dice Quintanilla.
Además, es urgente endurecer el marco normativo de las leyes para sancionar de manera ejemplar los incendios provocados por los humanos. “No hay sanciones realmente ejemplares para disminuir esta presión”, considera la especialista. Mientras esto no mejore, agrega, seguirá habiendo personas que utilicen el fuego para tomar y habilitar tierras, con incendios que no sólo se dan en el lugar que les interesa quemar, sino que se expandirán con los vientos y la temperatura que se da por efectos del cambio climático.
“En Bolivia no tenemos la preparación y la economía suficiente como para atender estos megaincendios que se han dado en la gestión pasada”, concluye la experta. “Atender la prevención sería el área más importante y el marco normativo es clave para ello”.
ED
El despido de Rodolfo Barra de la Procuración del Tesoro se suma a una larga lista de colaboradores del Presidente que se alejaron del puesto para el cual habían sido designados, ya sea por haber sido desplazados o por haber renunciado.
Desde que empezó el gobierno de Javier Milei, al menos 115 funcionarios de alto rango han dejado sus puestos, ya sea porque fueron echados, como es el más reciente caso de Roldofo Barra, ahora exprocurador del Tesoro, o porque renunciaron por motu proprio.
Al conteo minucioso lo lleva adelante el politólogo Pablo Salinas, quien este viernes publicó en X (Twitter): “Con la renuncia del Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra ya son 115 los funcionarios/as políticos que han dejado el gobierno de Milei. A razón de 2 renuncias/despidos por semana desde el 10/12/2023”.
A la lista se sumó este viernes Barra, tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), hace apenas una semana.
De los egresos de funcionarios de algo rango la mayoría fueron de los ministerios de Economía, cuyo jefe es Luis Caputo (31%), y de Capital Humano (22%), que encabeza Sandra Pettovello.
De entre los grandes desplazados, el primero de ellos fue el ministro de Infraestructura (área posteriormente absorbida por Economía), Guillermo Ferraro. Fue apenas 45 días después de la asunción del nuevo gobierno. Supuestamente se debió a que Ferraro filtró información de una reunión de gabinete en la que el mandatario nacional había apuntado contra los gobernadores. “Los voy a dejar sin un peso”, habría amenazado el mandatario en caso de que no respaldaran la ley ómnibus que se discute en el Congreso.
Meses después, el 4 de diciembre último, Ferraro murió. Tenía 69 años y, antes de su breve gestión por el Poder Ejecutivo, había tenido a cargo nada menos que la fiscalización de la segunda vuelta que Milei le ganó a Sergio Massa y se convirtió en Presidente.
A fines de mayo le tocó a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, cargo en el que Milei puso a Guillermo Francos (quien ocupa ese puesto actualmente), que venía de ser ministro del Interior, una cartera que ya no existe como tal. Días después Milei reveló que lo despidió porque, a su criterio, “no cumplió objetivos”: “Fue eyectado aunque era amigo mío [desde] hace 18 años”, dijo.
En septiembre fue el turno de Mario Russo, quien renunció como ministro de Salud y en su lugar quedó el actual titular de la cartera, Mario Lugones. Y al mes siguiente fue echada Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores y Culto. La sucedió en la Cancillería el embajador Gerardo Werthein.
JJD
El jefe de Gabinete se pronunció acerca de la renuncia de Rodolfo Barra.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró hoy que el ex procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, tuvo “diferencias” con el Gobierno y por eso tomó la decisión de “dar un paso al costado”.
“Es una persona mayor que cumplió roles en distintos gobiernos. Venía cumpliendo funciones muy importantes durante el gobierno de Menem como procurador, ministro de Justicia y de la Corte”, sostuvo Francos en declaraciones radiales.
En esa línea, el ministro coordinador expresó: “Aquí fue convocado a cumplir el rol de procurador del Tesoro. A lo mejor él está en otra etapa de su vida y hubo algunas diferencias en algún tema y prefirió dar un paso al costado y presentó su renuncia”.
Francos se refirió también acerca del paro de trenes convocado por el gremio ferroviario La Fraternidad para el próximo martes 28 de enero y adelantó que van a “tratar de llegar a un acuerdo” con Omar Maturano, líder del sindicato.
“Vamos a tratar de llegar a un acuerdo con el líder del sindicato de ferrocarriles. Esperemos que esta situación no le genere un trastorno a los trabajadores”, señaló el funcionario del gobierno del presidente Javier Milei.
La huelga anunciada por los ferroviarios será por reclamos salariales y se llevará a cabo desde las 9 hasta las 17, “afectando el servicio a nivel nacional”, indicó el gremio en un comunicado.
DM con información de agencia NA
Con la venia del Presidente aún en el exterior, el asesor presidencial Santiago Caputo avanzó contra el hasta ahora jefe de los abogados del Estado. La razón de "purismo" que esgrime el oficialismo para tomar la decisión. El viernes pasado corrieron al jefe de la unidad antilavado.
Rodolfo Barra no llegó al lunes próximo, día en que tenía una agenda fijada con Santiago Caputo. Finalmente esta tarde de viernes fue desplazado en su cargo como procurador del Tesoro. La decisión de la Casa Rosada se conoció mientras Javier Milei sigue en el exterior y tiene entre sus motivos que el ahora exfuncionario emitió un dictamen que, según la interpretación oficial, habría favorecido a una trabajadora en un reclamo salarial contra el Estado. Sin estar confirmado, el reemplazo que más suena es el del Ricardo Manuel Rojas, exsecretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y exjuez en lo Criminal de Buenos Aires (1993-2008), con fuerte perfil conservador.
“El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra. Su reemplazo será definido el próximo lunes por el Presidente de la Nación”, comunicó oficialmente el vocero presidencial, Manuel Adorni. Hace apenas una semana la Casa Rosada expulsó al entonces jefe de la unidad antilavado.
El conflicto con Barra se remonta a una disputa en torno a los Registros del Automotor, un tema neurálgico en la agenda libertaria. El Gobierno había clausurado más de 136 agencias en 2024 con la intención de digitalizar el sistema y eliminar estructuras costosas. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, el traspaso de los empleados de ACARA al Ministerio de Justicia desató conflictos laborales, incluyendo la reducción de incentivos salariales. Una empleada impugnó la medida, y fue este reclamo el que detonó la controversia sobre el rol de la Procuración.
El dictamen firmado por Marcos Serrano, segundo de Barra, reconoció el carácter remunerativo del incentivo eliminado, lo que abrió la puerta a que la justicia laboral falle en contra del Estado. Aunque el procurador del Tesoro no firmó personalmente el documento, en Balcarce 50 consideran que su responsabilidad es ineludible. Además, según comentaron fuentes oficiales, al ser apuntado por el hecho, el procurador intentó desligarse culpando a su subordinado, lo que generó mayor molestia en el entorno presidencial.
El frente judicial del gobierno libertario arrancó el 2025 con turbulencias. Tras la intempestiva salida de Ignacio Yacobucci de la Unidad de Información Financiera (UIF), como reveló elDiarioAR en medio de presiones políticas de Santiago Caputo y cuestionamientos por sus presuntos gastos personales no alineados con la política oficial, ahora el foco se centró en Rodolfo Barra, que finalmente acabó siendo desplazado.
En la Casa Rosada señalaban esta tarede similitudes entre el caso de Barra y el de Yacobucci. Ambos fueron acusados de no defender los intereses del Gobierno y de supuestamente desatender las líneas directrices de la gestión de Milei. Mientras que al extitular de la UIF se le achacó ser selectivo a la hora de querellar en causas de corrupción, al ahora exprocurador se lo señala por un dictamen que, si bien no era vinculante, encendió alarmas por su tono poco favorable a los objetivos del Ejecutivo.
La situación de Barra se complicó además por sus constantes viajes al exterior. Según fuentes oficiales, pasó buena parte del 2024 en Punta del Este y España, lo que refuerza la percepción de desinterés por los asuntos del Estado. Este patrón de comportamiento recuerda al de Yacobucci, quien también fue acusado de realizar viajes onerosos financiados con fondos públicos. La administración Milei no tolera señales de deslealtad o falta de compromiso, y ambos casos reflejan esta postura intransigente.
Como si eso fuera poco, la situación de Barra se complicaría por un detalle que pareciera ser el más irregular: no vive en la Argentina sino que reside en el exterior del país. Según se comentaba en los pasillos de la Casa Rosada, Barra solamente estaba en el país entre martes y jueves.
Con Javier y Karina Milei todavía en el exterior, el desplazamiento de Barra fue encabezado por Santiago Caputo, el otro vértice del “triángulo de hierro” presidencial. Avanzó con mano de hierro hacia un objetivo claro: garantizar que todos los funcionarios respondan sin fisuras a las directivas oficiales. El asesor ahora busca reemplazo.
Barra generó controversias desde el primer día de su gestión. Llegó a las filas de Milei tras ser ministro de Justicia de Menem, cargo al que tuvo que renunciar por tener un pasado nazi: militó en la adolescencia en Tacuara, una organización nacionalista y fascista. “Si fui nazi, me arrepiento”, dijo entonces.
Sus posturas ultraconservadoras llegan al punto de buscar derogar la ley del aborto. Ya en funciones bajo la gestión libertaria, defendió a rajatabla el megadecreto 70/23 de Milei que dispuso, sin pasar por el Congreso, la puesta en marcha inmediata de 366 medidas. Y declaró: “Nuestro Presidente es una figura análoga al Rey”.
DM/MC
Tras reunirse con sus familiares, las mujeres israelíes fueron trasladadas a un hospital donde recibirán tratamiento médico.
El movimiento islámico palestino Hamás liberó hoy sábado al segundo grupo de rehenes israelíes, cuatro mujeres que fueron recibidas por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Ciudad de Gaza.
Las cuatro mujeres soldado israelíes fueron trasladadas en un helicóptero militar al hospital donde se reunirán con sus familiares y recibirán tratamiento médico, informó el Ejército de Israel.
A las excautivas Liri Albag, Karina Ariev, Daniella Gilboa y Naama Levy se les realizará un chequeo médico en el Hospital Beilinson-Schneider, en la ciudad del centro de Israel de Petaj Tikva.
Todas las jóvenes, de entre 19 y 20 años, fueron capturadas el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de Hamás de la base militar Nahal Oz, a un kilómetro de la Franja de Gaza, donde cumplían con el servicio militar obligatorio como avistadoras.
Un total de 200 presos palestinos fueron también liberados esta mañana como canje por las rehenes, la mayoría asociados a Hamás y condenados a cadenas perpetuas por homicidio en atentados, como los perpetrados durante la Segunda Intifada en 2002.
De ellos, unos 112 acaban de llegar a un centro recreacional en Ramala, Cisjordania ocupada, en autobuses de la Cruz Roja Internacional, mientras que 16 serán trasladados a Gaza y 70 a Egipto, según fuentes palestinas.
El Foro de Rehenes y Familiares de los Desaparecidas, el principal grupo israelí que representa a algunas familias de los aún 87 rehenes que siguen en Gaza, aseguraron hoy que el regreso de las jóvenes “representa un momento de esperanza y triunfo”, pero que sigue siendo urgente que todos sean liberados.
“No dejaremos de luchar hasta que se completen todas las fases de este acuerdo y hasta el último rehén regrese a casa con sus seres queridos. Extendemos nuestro más profundo agradecimiento al presidente Trump, cuyos esfuerzos instrumentales hicieron posible este acuerdo”, detalló la organización en un comunicado.
Quince mujeres avistadoras murieron en la base de Nahal Oz durante el ataque de Hamás que mató a 1.200 personas, mientras que siete fueron llevadas a Gaza. Las otras dos avistadoras de Nahal Oz son Ori Megidish, rescatada por el Ejército israelí en octubre de 2023, y Noa Marciano, que murió en cautiverio y cuyo cuerpo fue encontrado cerca del Hospital Al Shifa y trasladado a Israel en noviembre de 2023.
EM. Con información de EFE y NA.