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Los intendentes salieron a controlar el congelamiento de precios, eje de la campaña electoral del Gobierno
Varios intendentes del Gran Buenos Aires salieron este sábado a recorrer supermercados y comercios para verificar que cumplan con el congelamiento de precios establecido por la Secretaría de Comercio dirigida por Roberto Feletti. La aceleración de la inflación, en especial sobre los productos de consumo masivo, es una de las principales preocupaciones oficiales y el congelamiento de precios se consolidó como consigna en el discurso de campaña para las elecciones del 14 de noviembre.
La intención del Gobierno es mostrar "cercanía" con los problemas de la gente, según la estrategia que diseñó el asesor de comunicación catalán Antoni Gutiérrez Rubí. Ayer el presidente Alberto Fernández mantuvo un largo almuerzo con intendentes de la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires para reforzar esa dirección de campaña. Participó la primera línea de Gobierno.
Hoy varios intendentes del conurbano se echaron a la calle lista en mano, a controlar.
"Es momento de apostar al trabajo y la producción cuidando el bolsillo de nuestros vecinos", dijo el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, en su cuenta de Twitter. "Por eso, en articulación con Nación y Provincia, seguimos recorriendo comercios supervisando los precios y controlando la inflación", aseguró.
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, afirmó por su parte que en ese partido están "recorriendo los comercios para realizar el relevamiento de precios cuidados". En su cuenta de Twitter, Watson precisó que el programa "abarca todos los locales de la ciudad con 1.432 productos". "Sí a controlar la inflación, cuidar el bolsillo de la gente y detener a los especuladores", apuntó el jefe comunal.
Esta mañana, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió las instalaciones de Walmart de San Justo, donde realizó una supervisión con el fin de constatar que se estén implementando las medidas de control de los precios de consumo masivo, de acuerdo con lo establecido por la resolución 1050/21 de la Secretaría de Comercio Interior, que dispuso el congelamiento por 90 días de los precios de 1.432 productos de consumo masivo al valor vigente el 1 de octubre.
"Estar recorriendo las instalaciones de este hipermercado en San Justo y comprobar que están cumpliendo con las medidas de control de precios, es muy gratificante", expresó Espinoza, y destacó: "Quienes tengan Precios Cuidados van a vender más, y si venden más hay más ganancia".
Alberto Fernández encabezó este viernes un almuerzo en la residencia de Olivos con intendentes del conurbano de la primera y tercera sección electoral junto a parte de su gabinete, además del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y Máximo Kirchner, para hablar sobre el congelamiento de precios y la recorrida que se realizaba este sábado para controlar que se cumpla la disposición de Comercio Interior.
Esta semana, el Presidente se había reunido además con la cúpula de la CTA Autónoma y planteó como prioridad la lucha contra la inflación. En esa charla, el jefe de Estado cuestionó que una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios y defendió la resolución de congelamiento que, dijo, incluye una "amplia canasta de bienes de consumo masivo necesarios para que tengan un precio justo, estable y seguro". Afirmó, además, que es una medida que apunta a serenar los precios, controlar la inflación y devolver certezas a las familias argentinas.
"SÍ a garantizar los precios", "SÍ a controlar la inflación", "SÍ a cuidar a las familias", dice la campaña del Frente de Todos (FdT), que apunta a vincular la acción de gobierno con uno de los temas que está en el podio de las preocupaciones: el aumento de los precios.
"Los votantes duros y blandos del FdT responsabilizan del aumento de precios a los empresarios. Y un sector de los votantes de Juntos piensa lo mismo. Todos lo que le reclaman al Gobierno es que haga algo, que los defienda", explicó un funcionario nacional a elDiarioAR. En ese hilo conceptual se combina todo: la necesidad de dar una respuesta frente a una escalada inflacionaria, a la vez que volver a mostrar al gobierno proactivo frente a un problema crítico como es la suba de precios.
En tanto, la candidata a diputada nacional por FdT por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, manifestó hoy su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de congelar los precios de 1.432 productos de consumo masivo hasta el 7 de enero próximo "para que la reactivación llegue a todos y todas".
"Cuidamos tu bolsillo y la mesa de tu familia", expresó Tolosa Paz en Twitter. En ese sentido, indicó que "para que la reactivación les llegue a todas y todos los bonaerenses, creemos en una comunidad organizada, que asume desde los gobiernos locales el compromiso de estar de tu lado".
Este viernes, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) aseguró que se está "trabajando en la implementación" y señaló que depende, en última instancia, del "compromiso" que muestren los proveedores.
"En la última semana, las cadenas de supermercados hemos trabajado para la implementación de la Resolución 1050/2021, dispuesta por el Gobierno nacional. Confiamos en que ese trabajo dé sus frutos y que, a la mayor brevedad posible, el cambio de precios resultante del mismo se vea reflejado en las góndolas", señala el texto difundido por ASU. La medida oficial fue dispuesta por Feletti tras no haber logrado impulsarla mediante un consenso pleno con los distintos actores del sector.
CB
En busca de la épica perdida, el Gobierno sale a controlar precios y rearma su campaña con eje en la inflación
Roberto Feletti define, contra reloj, el corpus jurídico para que el sábado los intendentes del conurbano tengan una herramienta legal a mano para sancionar a los comercios que no cumplan con el congelamiento de precios. El secretario de Comercio Interior, la cara visible de la negociación con las empresas, define el instrumento para dar poder de fuego a los municipios en las tareas de fiscalización y control.
Este sábado, en gran parte del Gran Buenos Aires, hará un despliegue coordinado de inspectores municipales para recorrer hipermercados, cadenas, supermercados de cercanía y los llamados "chinos" con el objetivo de asegurar que se cumplen la resolución nacional que dispuso retrotraer al 1 de octubre los precios de 1.432 productos, como parte de un plan que pretende planchar los precios hasta el 7 de enero.
Más allá de lo operativo y funcional, es una acción en la que el Gobierno trata de recuperar una épica política perdida, un incentivo para volver a salir a la calle luego del sablazo electoral del 12 de septiembre que shockeó a la jefatura del Frente de Todos (FdT).
El miércoles, en La Plata, el gobernador Axel Kicillof fue el primero en traducir ese episodio como una oportunidad: se reunió con Feletti, junto a intendentes del conurbano, su vice Verónica Magario, el jefe de Gabinete Martín Insaurralde y su ministro de Producción, Augusto Costa, que antes del 2015 ocupó el cargo que tiene Feletti y que en la provincia tiene bajo su órbita la fiscalización.
"En este tema se nos va la vida", aseguró a elDiarioAR una fuente provincial para dimensionar el peso que en lo operativo y en lo político la cuestión de los precios tiene para el gobierno provincial , clima que con las horas se reflejó también en Casa Rosada.
Casi a la misma hora, Alberto Fernández se reunió con la cúpula de la CTA Autónoma y planteó como prioridad la cuestión de la lucha contra la inflación. En esa charla, el Presidente cuestionó que una minoría de empresas bloqueó el acuerdo de precios y defendió la resolución de congelamiento que, dijo, incluye una "amplia canasta de bienes de consumo masivo necesarios para que tengan un precio justo, estable y seguro". Afirmó, además, que es una medida que apunta a serenar los precios, controlar la inflación y devolver certezas a las familias argentinas. Ese fue, luego, el leit motiv de la campaña del Frente de Todos.
Más temprano, el jefe de Gabinete Juan Manzur, que el día previo monitoreó pero no se involucró de lleno en la tumultuosa negociación de Feletti con los empresarios, estuvo en La Plata y se vio con Kicillof y con Insaurralde.
A las horas, la campaña del Sí que coordina el catalán Antoni Gutiérrez Rubí, lanzó una secuencia con ese eje. "SÍ a garantizar los precios", "SÍ a controlar la inflación", "SÍ a cuidar a las familias". La campaña del Frente de Todos (FdT) apunta a linkear la acción de gobierno con uno de los temas que está en el podio de las preocupaciones: el aumento de los precios.
"Los votantes duros y blandos del FdT responsabilizan del aumento de precios a los empresarios. Y un sector de los votantes de Juntos piensa lo mismo. Todos lo que le reclaman al Gobierno es que haga algo, que los defienda", explicó un funcionario nacional. En ese hilo conceptual se combina todo: la necesidad de dar una respuesta frente a una escalada inflacionaria, a la vez que volver a mostrar al gobierno proactivo frente a un problema crítico como es la suba de precios.
De manera adicional, en clave política, implica recuperar la iniciativa y ponerse al frente de una cruzada que, se supone, debería ser celebrada por los que sufren los aumentos. El miércoles, en La Plata, se acordó que el sábado habrá operativos simultáneos en el conurbano con controles de precios en los centros comerciales.
"Cada municipio tiene inspectores municipales. La provincia tiene muy pocos y Nación casi nada. El control depende de los intendentes pero las leyes son nacionales o provinciales", explica un alcalde que participó de la reunión y entrena personal municipal para que se sumen a las plantillas de inspectores.
Lo que definen Feletti junto a su segunda Débora Giorgi y al ministro bonaerense Costa es la dinámica jurídica, porque la ley de Abastecimiento es nacional mientras que hay una ley de Defensa del Consumidor provincial. Esperan una serie de "delegación de funciones" porque los municipios deben tener poder de policía sobre el cumplimiento de normas nacionales. En algunos casos, los distritos pueden fiscalizar pero no pueden sancionar. Por ese motivo, Nación y Provincia estructuran el procedimiento para que los municipios tengan poder de fuego incluso para "clausurar" comercios en caso que detecten incumplimiento flagrantes de la resolución sobre el congelamiento de productos.
PI
Charly García se presentó por sorpresa y con banda estelar en el homenaje del CCK
El propio Charly García se presentó esta tarde en el homenaje que se le está rindiendo en el Centro Cultural Kirchner por su 70 cumpleaños acompañado de una banda de lujo.
Acompañaron al homenajeado en "Cerca de la revolución", "Promesas sobre el bidet", "Raros peinados nuevos" y "Demoliendo hoteles" Fito Páez en teclados, Hilda Lizarazu y Rosario Ortega en coros así como Zorrito Von Quintiero en teclados, Fernando Samalea en batería, María Eva Albistur en bajo y Fernando Kabusaki en guitarras.
El Auditorio Nacional se puso de pie en este tercer bloque del homenaje y ovacionó largamente al músico, que llevaba sombrero, saco blanco y remera negra y apareció sin previo aviso, aunque se rumoreaba que podía presentarse. Tanto la banda como el público le cantó el "Feliz cumpleaños" a García, tras lo cual llegó la emblemática "Canción para mi muerte", coreada por todos.
El concierto del CCK y en particular el segmento donde estuvo Charly fue seguido por una multitud congregada en las afueras del ex Correo Central, donde una pantalla gigante seguía las alternativas de lo que sucedía en el Auditorio Nacional en vivo.
Por otra parte, la segunda parte del concierto en homenaje a Charly García en el CCK en el día de su cumpleaños propuso una inabarcable variedad de lecturas y marcó un profundo arco de influencias del creador de "Clics modernos" en músicos de las generaciones posteriores.
Desde una versión de "Pasajera en trance" en arpa y voz por parte de Sonia Alvarez, a una conmovedora interpretación de "Rezo por vos" en percusión de Santiago Vázquez que puso la piel de gallina, pasando por Darío Jalfin en una clásica pero bella puesta de "Canción de dos por tres", las músicas de García parecieron ampliarse y alcanzar nuevos aires en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner.
En formato solista, a dúo o en trío, once grupos o artistas pasaron y entregaron una canción cada uno en homenaje al músico que está cumpliendo 70 años.
Hubo apuestas más arriesgadas, un interesante acercamiento en teclado y caja de ritmos y sonidos de Nico Sorín a "Quizás, porque" -único tema del primer longplay de Sui Generis, "Vida" de 1972, que se tocó en el CCK- y otras absolutamente viradas a la improvisación jazzera como "Ojos de videotape" del trío de Ernesto Jodos (piano), Sergio Verdinelli (batería) y Mariano Otero (contrabajo), y "Nos siguen pegando abajo" de Diego Schissi acompañado por Diana Arias en contrabajo.
Hernán Jacinto y Andrés Beeuwsaert en piano, cada uno por su lado, marcaron también los amplios horizontes que puede encerrar la música de Charly y que como un tesoro puede expandirse y alcanzar dimensiones insospechadas que hacen aún más queridas las versiones originales.
El megaconcierto de homenaje a Charly García en el día de su cumpleaños número 70 arrancó la tarde de este sábado a las 14 con los acordes de la emblemática "Confesiones de invierno", uno de los primeros himnos que inmortalizó el músico en el segundo disco de Sui Generis y que fue abordado por una orquesta de cámara de tres violines, tres violas, dos cellos, contrabajo, flauta, oboe, corno, percusión y piano.
Esta formación, con quince músicos y dos directores vestidos de negro y luciendo brazaletes Say No More fue la encargada de repasar en formato camarístico parte de la producción de Charly en el primero de cuatro bloques que tiene este concierto gratuito que se transmite en streaming y durará hasta las 22.
El grupo académico, a través de un delicado trabajo arreglístico fue uniendo distintas piezas de García, poniendo de manifiesto la riqueza melódica de las creaciones del máximo rockstar argentino, maleables y dispuestas a asumir distintos formatos, registros e interpretaciones, que jugaron a modo de reformulaciones que nunca olvidaron el original del cual provenían.
Una platea atenta, colmada, expectante, recibió la música que llegaba desde el escenario con alegría y fue transitando sin excesos este reencuentro extraño de música, gente e interpretaciones en vivo en la pospandemia, en un concierto plagado de sensaciones afectivas por el tributo que rinde y la dimensión del creador al que celebra.
El momento culminante de este primer bloque, donde la música de Charly fue bañada por delicadas líneas académicas fue el desierto existencial que dibujó García en "Yendo de la cama al living", que arrancó las primeras palmas siguiendo la música e inyectó adrenalina a un concierto de mucha suavidad y densidad aérea.
Los arregladores Julián Caeiro y Pablo Salzman hicieron un recorrido casi cronológico por el repertorio de García, arrancando un primer bloque de canciones encadenadenas donde a "Confesiones de invierno" siguieron "Cuando ya me empiece a quedar solo", "Alto en la Torre" e "instituciones".
Luego fue el turno de "Cinema Verité", "Desarma y Sangra / 20 trajes verdes" y "Alicia en el país", en un bloque que puso en juego texturas y climas, con la configuración acaso más dramática de la invención musical de García.
Fragmentos orquestados de "Superhéroes", "Ojos de Videotape" y el remate de "Yendo de la cama al living", con violín eléctrico al frente dieron a la platea el clímax óptimo para empezar a imaginar un descenso apacible y calmo, guiados por los vientos suaves de algún planeador del alma con "Adela en el carrusel" y "Tema de amor".
La banda estable volvió al escenario del Auditorio Nacional a las 19.30 para compartir con Julieta Venegas, Richard Coleman, Christian Basso, Benito Cerati, Cucuza Castiello, Emmanuel Horvilleur, Pablo Guyot y Alfredo Toth, Julia Zenko, El Zar, Brenda Asnicar, Mavi Díaz, Lito Epumer, Leo García, Celeste Carballo, Sara Hebe, Rosario Ortega, Joaquín Levinton, Leandro Lopatín, Hilda Lizarazu, El príncipe idiota y Fernando Ruíz Díaz.
El concierto del CCK se puede seguir en vivo por YouTube, Facebook, Contar y Latir! y por Nacional Rock.
CRM con información de la agencia Télam
El exasesor de Ricardo Jaime y su familia manejaron dos offshore, cuentas en Suiza y Mónaco y consultaron por un “préstamo figurado”
Manuel Vázquez, ex asesor del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime y acusado de operar como su testaferro e intermediario de sobornos, fue beneficiario final de una offshore con cuenta bancaria en Suiza para destinar fondos de origen desconocido, según surge de los documentos de Pandora Papers obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y analizados por el equipo argentino*, que integra elDiarioAR junto a La Nación e Infobae.
Además de Vázquez, su hijo y colaborador, Julián Vázquez; y su esposa, Marta Margarita Domínguez, también figuran como beneficiarios finales de la offshore Walsh Partners Corp., radicada en Islas Vírgenes Británicas, en 2008. Julián Vázquez llegó incluso a enviar un correo electrónico a los gestores de la sociedad caribeña para pedirles que lo asesoren sobre cómo utilizar la offshore para canalizar dinero de origen desconocido a través de un “préstamo figurado” e ingresarlo al país.
Vázquez ha negado haber utilizado sociedades offshore para recibir supuestos sobornos destinados a Jaime por parte de empresas y empresarios del transporte. Pandora Papers revela ahora los documentos que prueban que Walsh Partners Corp. fue activada por Vázquez y su hijo Julián para operar una cuenta en Suiza con fines sospechosos.
Los documentos obtenidos por ICIJ revelan además que Julián Vázquez; su hermano, Mariano; y su madre también obtuvieron un poder de otra sociedad offshore, Cantbury Overseas SA, radicada en Panamá, para abrir y operar una segunda cuenta bancaria en Mónaco.
Los documentos y correos electrónicos podrían tener impacto directo en la situación judicial de la familia Vázquez. El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi debe decidir desde 2019 si procesa al ex asesor de Jaime, su esposa e hijos por el rol de su consultora Caesa, una empresa ficticia montada, según la Justicia, para blanquear los sobornos de empresarios. La familia es investigada en el caso de supuestas coimas por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra adjudicada en 2008 a la brasileña Odebrecht y sus socias lecsa, Ghella y Comsa. A excepción de la constructora del Lava Jato, el resto de las compañías niegan haber participado en los pagos indebidos.
El equipo argentino de ICIJ cruzó los documentos de Pandora Papers con los correos electrónicos de Vázquez secuestrados por la Justicia federal. Walsh Partners Corp. une a los Vázquez con Odebrecht, el soterramiento y un pago destinado a la cuenta suiza de la offshore de Islas Vírgenes Británicas.
Andrés Gramajo, defensor de Manuel Vázquez y del grupo familiar, indicó al equipo argentino que, antes de ser asesor de Jaime, “Manuel Vázquez prestó servicios de consultoría a varias compañías multinacionales y brasileñas como ALL (America Latina Logistica, operadora ferroviaria), Camargo Correa, Embraer y Odebrecht, entre otras” y dijo que eso se encuentra acreditado en la causa.
Gramajo indicó que Walsh Partners Corp. y su respectiva cuenta bancaria “tenían un uso personal, doméstico y privado de Manuel Vázquez, y que su conformación no constituye delito alguno”. “La sociedad y su cuenta bancaria dejaron de tener operatividad en 2009 o 2010 por razones estrictamente personales, y no deben dar explicaciones al respecto, como así tampoco fueron intimados a hacerlo”, agregaron.
Los Vázquez dijeron no recordar si Walsh Partners Corp. fue declarada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que “seguramente” la informaron al fisco. No acreditaron documentación que lo respalde.
Actualmente, Vázquez padre se encuentra con prisión domiciliaria y está siendo juzgado junto a Jaime -preso en la cárcel de Ezeiza- por la compra de material rodante inservible para el ferrocarril Belgrano Cargas entre 2005 y 2012. Tanto Manuel como su hijo Julián también son juzgados por el mismo tribunal oral y público como presuntos prestanombres de Jaime en una causa por supuesto enriquecimiento ilícito del exfuncionario, una acusación que niegan.
La sociedad de papel Walsh Partners había sido radicada el 29 de febrero de 2008, según un formulario de la oficina de Trident Trust Company en Suiza, pero los Vázquez aparecen en los documentos un mes después, en marzo de 2008. Jaime aún era funcionario público. En un formulario que cuenta con copia certificada de los pasaportes de Vázquez, su esposa y su hijo Julián, el proveedor Trident registró que el propósito de la sociedad era “tener una cuenta bancaria en el Merrill Lynch de Zúrich, Suiza”. La única exigencia de due dilligence fue copia de los pasaportes.
Un año después, en marzo de 2009, Julián Vázquez se contactó con el proveedor offshore Trident. “De acuerdo a lo conversado telefónicamente, estaría queriendo utilizar esta sociedad para que a su vez participe dentro de otra sociedad en la Argentina. En un principio necesitaría o capitalizar a Walsh Partners o tomar un préstamo figurado para poder justificar el envío de los fondos a la Argentina”, escribió Julián Vázquez a una ejecutiva de Trident Trust Company. Ante las consultas del equipo argentino de ICIJ, Julián Vázquez no respondió a qué se refirió con “préstamo figurado”, con qué fondos buscaba capitalizar la sociedad ni a qué empresa argentina se refería. La familia tampoco respondió qué activos llegó a manejar.
El correo electrónico fue enviado desde la casilla personal del argentino el 17 de marzo de 2009. Ricardo Jaime aún era secretario de Transporte de Cristina Fernández de Kirchner, aunque ya era un funcionario cuestionado.
Julián Vázquez escribió al proveedor Trident: “Quisiera cambiar el directorio de la sociedad poniendo yo los directores y teniendo yo los libros y las acciones de la sociedad en mi poder”. Entonces, en la offshore figuraban como directores tres ciudadanos de distintas nacionalidades (suiza, británico y chipriota), con domicilio en la isla de Chipre.
“Necesitaría que Trident siga siendo mi agente en BVI (Islas Vírgenes Británicas) y me presenten los papeles que correspondan ahí todos los años, como cuando haya que cambiar el directorio”, escribió Julián Vázquez en el mismo correo. “Necesitaría nombrar un apoderado legal en la Argentina con amplios poderes para poder tomar decisiones por la sociedad aquí”, agregó. Tenía, además, cierta urgencia: “Quisiera saber si esto que estoy planteando es posible y si es así como hacemos para realizarlo a la brevedad”, concluyó.
Tras recibir el correo de Julián Vázquez, una administradora del área Corporativa de Trident derivó el elocuente mail a otros miembros de la firma para pedir instrucciones y recibió la siguiente respuesta: “Por favor, ¿podrías confirmarle que su correo electrónico ha sido recibido y le daremos asesoramiento?”.
Al día siguiente, la ejecutiva de Trident cumplió y respondió a Julián Vázquez: “Estamos revisando los documentos de la compañía y le estaremos mandando un email con las instrucciones que hay que seguir para realizar los cambios requeridos”.
En el formulario en el que fueron registrados como beneficiarios finales de Walsh Partners Corp, los Vázquez y Marta Margarita Domínguez fijaron domicilio en una dirección de la calle Arroyo, en General Pueyrredón, Acassuso, Buenos Aires. El trámite les costó US$1.700.
Tres meses después del mail con las indicaciones de Julián Vázquez, a fines de junio de 2009, el encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, intercambió mails con Vázquez para solicitarle confirmación de los datos a los cuales debía transferir dinero. “Necesitamos la dirección de Walsh Partners. Entendemos que la cuenta n° ----------- es la cuenta de Walsh Partners en Merrill Lynch. ¿Es cierto?”, preguntó Couri. Ese mismo 22 de junio, Manuel Vázquez confirmó los datos por e-mail. El pago debía pasar por una cuenta del Northern Trust International Banking Corp., en Nueva York, con destino final a la cuenta de Walsh Partners Corp., en Suiza. El número de cuenta consta en el mail original.
El abogado de los Vázquez afirmó que “las indicaciones para la transferencia de Couri Ribeiro tiene vinculación con honorarios profesionales por trabajos de consultoría oportunamente realizados a dicha empresa (Odebrecht), entre muchas otras, y ninguna vinculación tiene con el proceso licitatorio ni adjudicación de la obra del soterramiento”.
“Del mismo modo, tampoco está acreditada en la causa la existencia de Walsh Partners Inc. en ninguno de los 32 cuerpos que conforman la investigación del soterramiento ni en las 40 cajas de documentación”, sostuvo el abogado. Luego, el letrado indicó que “no se realizó ninguna transferencia bancaria a dicha sociedad por parte de Couri Ribeiro y tampoco por ningún representante de la firma Odebrecht”.
Los documentos bancarios dejan claro que los verdaderos dueños de la sociedad Walsh Partners son los Vázquez. En el formulario que surge de los documentos obtenidos por ICIJ, aparece el nombre de Enrique Fahrion certificando de puño y letra las copias de los pasaportes de los tres dueños de la compañía.
No hay más rastros de esta compañía ni de la cuenta bancaria suiza en Pandora Papers. Pero siete meses después de solicitar la activación de la sociedad, el 10 de agosto de 2009, los Vázquez habían abandonado la offshore. Ricardo Jaime había renunciado cinco semanas antes al gobierno de Fernández de Kirchner. En otro correo de ese día, la ejecutivo Patrizia Zuppinger instruyó a una colega que debía proceder con la liquidación de la sociedad en cuestión y le ordenó cortar vínculo con esa compañía: “No emita más facturas ni extractos, cancele las facturas abiertas y elimínelas del estado de cuenta. Por favor, modifique sus registros en consecuencia”.
“Cada uno de los negocios de servicios corporativos y fiduciarios de Trident está regulado en la jurisdicción en la que opera y está totalmente comprometido con el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables. Trident coopera habitualmente con cualquier autoridad competente que solicite información. Trident no habla de sus clientes con los medios”, respondió a ICIJ el proveedor offshore.
Walsh Partners tuvo una hermana en la ciudad de las diagonales. Julián Vázquez y su hermano Mariano, también investigado por la Justicia como supuesto colaborador de su padre, fundaron el 18 de mayo de 2009 Walsh Partners Holdings SA, una compañía creada para el “comercio aéreo en general y transporte terrestre”; “fabricación y comercialización de aeronaves, motores y/o repuestos de los mismos”; “servicios y operaciones inmobiliarias”; y “explotación de medios de radiodifusión”; además de “financiera”. Y prepararon el terreno para un fideicomiso: “La sociedad podrá ser fiduciante, fiduciaria o beneficiaria”.
“La sociedad radicada en la ciudad de La Plata jamás tuvo actividad, ni cuenta bancaria, ni adquisición de activos de ningún tipo. Se conformó, pero nunca se utilizó y tampoco se reempadronó”, respondió su abogado. “La utilización del mismo nombre fue una sugerencia de la misma entidad financiera y jamás existieron operaciones entre ambas sociedades”, agregó.
La sociedad Cantbury Overseas SA se creó el 2 de junio de 2010 y se inscribió al día siguiente en el registro mercantil de Panamá, según consta en los documentos públicos de ese país, consultados por el equipo argentino de ICIJ.
En los registros abiertos no hay rastros de los Vázquez, pero en la documentación privada que revela Pandora Papers existe un poder otorgado por la compañía offshore a Julián y Mariano Vázquez (hijos de Manuel) y su madre, Marta Margarita Domínguez. Los tres, al igual que su padre, son investigados en la Justicia por el caso soterramiento (Odebrecht).
El 21 de julio de 2010, el estudio panameño Alcogal, gestionó un poder para que la familia Vázquez pueda abrir, mantener y operar una cuenta bancaria en el CDM Mónaco, una entidad bancaria dedicada a clientes extranjeros en el principado europeo. También intervino, como corresponsal, el estudio David Mulchi & Asociados, con sede en Madrid, y dedicado a la asesoría y consultoría jurídico-tributaria, económica y comercial.
Ante la consulta, los Vázquez se limitaron a responder que Cantbury Overseas SA “no tuvo ningún movimiento de fondos, ni adquisición de activos, ni operatividad”.
Alcogal, con sede en Panamá, es un proveedor offshore de referencia para políticos y gente adinerada en América Latina y más allá. "Alcogal se adhiere a todos los requisitos legales en la prestación de servicios corporativos y de formación de empresas, en pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en todas las jurisdicciones en las que operamos", dijo la firma ante la consulta de ICIJ.
En febrero de 2019, Manuel Vázquez había declarado como arrepentido en la causa por supuestos sobornos por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, publicó Perfil. Dijo entonces ante el fiscal Franco Picardi que el empresario Angelo Calcaterra, primo del entonces presidente Mauricio Macri, habría sido el encargado de negociar los supuestos pagos ilegales con el entonces secretario de Transporte por la obra que lideró la constructora brasileña Odebrecht, socia de Calcaterra. El empresario negó la acusación ante la Justicia.
Vázquez dijo entonces al fiscal Picardi que los empresarios habrían pagado US$20 millones en sobornos por la obra del Sarmiento. Sin embargo, tres meses más tarde Vázquez padre se desdijo de sus propias palabras ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
¿Qué pasó entre febrero y mayo de 2019? En abril, Martínez de Giorgi procesó a Vázquez por presuntas dádivas en el caso Odebrecht pero sobreseyó a los miembros de su familia: sus dos hijos y su esposa, quienes formaban parte de una consultora “ficticia”, denominada Caesa, que según la Justicia fue utilizada para blanquear coimas. Los tres se declaran inocentes.
Todos los clientes de la consultora de Vázquez eran contratistas del Estado en el área de Jaime, mientras Vázquez era su asesor. Por eso, el fiscal sostiene que la consultora podría haber sido una pantalla para las coimas destinadas al entonces funcionario.
Vázquez dijo ante la Justicia que su esposa e hijos no tenían nada que ver con la empresa. El fiscal estableció que sí y pidió que se los procese como cómplices.
Antes de que el abogado Gramajo asuma la defensa, Vázquez se encontraba asesorado por otra abogada, quien asistió al ex asesor de Jaime durante su declaración como colaborador en la causa del Sarmiento. Según su abogado actual, esa abogada “representaba intereses contrapuestos en la misma investigación, defendiendo al señor Soba Roja” (otro imputado, actualmente fallecido). “Por ese motivo, interpuse una nulidad (de la declaración ante el fiscal). La Cámara Federal hizo lugar y ordenó recibirle declaración indagatoria nuevamente al señor Vázquez”, dijo su actual defensor, Gramajo.
Entre diciembre de 2005 y, al menos, enero de 2009, la constructora Iecsa y la compañía Sideco Americana, ambas de la familia Macri, realizaron pagos a la consultora de Manuel Vázquez, según consta en el expediente del soterramiento. Iecsa estuvo al mando de Franco Macri hasta 2007 y luego fue vendida a su sobrino Calcaterra. Le pago unos $600 mil a la consultora de Vázquez mientras que la española Comsa, otra socia de Iecsa y Odebrecht en la obra del soterramiento, también le facturó a la empresa “ficticia” de Vázquez $263.097. Las empresas sostienen que pagaron por servicios de consultoría.
El 4 de octubre de 2007, Vázquez recibió un correo del encargado de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, quien le confirmó una transferencia de US$100.000. Se envió bajo el rótulo "adquisição de propiedades" desde una cuenta de Constructora Internacional del Sur SA, utilizada para el pago de coimas de la empresa brasileña, según la investigación del Lava Jato.
Jaime y Vázquez enfrentan actualmente un juicio oral y público, a cargo del Tribunal Oral Federal número 6. El proceso ingresó en los últimos días en la etapa de alegatos y se espera un veredicto cerca de fin de año. En 2015, ambos firmaron un juicio abreviado en los tribunales, en el que admitieron haber recibido dádivas de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) que, casualmente, explotaba el servicio del Sarmiento, como publicó Infobae.
El juicio actual se centra en otras dos causas judiciales contra Jaime y Vázquez: el presunto enriquecimiento ilícito del exsecretario de Transporte -en el que su exasesor está acusado de supuesto testaferro-; y la compra de trenes chatarra a España y Portugal, transacción en la que intervino el español Vázquez y que el juez de instrucción, Julián Ercolini, consideró una estafa al Estado argentino.
Entre los bienes adjudicados por la Justicia a Jaime que vinculan a los Vázquez hay un avión Learjet de alrededor de US$4 millones, adquirido en 2008 con un “préstamo” de otra sociedad offshore (Elkrest) de Islas Vírgenes Británicas, según consta en el expediente judicial.
“La sociedad titular del avión y los accionistas eran Jorge Cupeiro y su mujer”, dijo el abogado de Vázquez. Cupeiro, un célebre automovilista de carretera que fue socio de Zulemita Menem en la concesionaria Toyota de Nuñez, falleció en febrero último. Su familia no respondió las consultas del equipo de ICIJ en las últimas semanas.
“La adquisición de la aeronave constituía un negocio en sí mismo, puesto que a través de su explotación comercial, la inversión se vería recuperada en un mediano plazo. Fue ese el motivo por el cual Manuel Vázquez decidió, con fondos propios, ingresar en este negocio y solicitó la colaboración de su hijo Julián para cuestiones administrativas”, agregó el letrado, quien sostuvo que la compra del avión fue una inversión entre empresarios.
“Se hizo correr este rumor periodístico de que el avión pertenecía a Jaime cuando ello no es cierto, en razón de la disputa suscitada entre distintas empresas para su explotación, una de ellas, MacAir Jet. Finalmente, fue la empresa Aerorutas quien se hizo cargo de la explotación de la aeronave", concluyó el abogado.
*El equipo argentino de Pandora Papers está integrado por Hugo Alconada Mon, Maia Jastreblansky y Ricardo Brom (La Nación); Mariel Fitz Patrick, Sandra Crucianelli e Iván Ruiz (Infobae); y Emilia Delfino (elDiarioAR).
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ED
Las tres grandes facciones narcos pactan para retomar el control del territorio en la villa 1-11-14 del Bajo Flores
Como sucede cada vez que cambia el control en cualquier territorio, los que esperaban para ocupar esa posición irrumpen en la escena. Hasta hace un mes, en la villa 1-11-14 el negocio narco era dirigido por Johnny Ray Arnao Quispe, rebautizado Pantro. Era un hombre puesto por el histórico capo narco Marco Antonio Estrada Gonzáles, alias Marcos, que está preso en el penal de Marcos Paz y no saldrá por mucho tiempo. El hermano de Marcos, Pity, que está en Perú, también participa del negocio y había permitido que Pantro lo llevara adelante y que rindiera las cuentas. Hasta ahora ese manejo parecía funcionar, pero la Justicia Federal fue contra Pantro y 11 integrantes de la organización. Desde ese momento, por el vacío de poder, el reagrupamiento de tropas ya tuvo heridos y un muerto y aún no se resolvió.
El 22 de septiembre, por decisión del juez Ariel Lijo, Pantro fue procesado y detenido y lo mismo sucedió con sus primeras líneas. La medida también contempló embargos de entre 3,5 y 5 millones de pesos para los acusados. El impacto del operativo paralizó más de una semana la venta de droga en la zona del Bajo Flores. Luego de ese lapso, algunos de los integrantes del grupo de Pantro intentaron recomponer la actividad, pero se encontraron con la resistencia de viejos integrantes del grupo de Marcos y de hombres de Pity. Lo curioso que señalan los investigadores es que a ellos se sumaron también narcos de un sector hasta ahora enemigo de los hermanos Estrada Gonzáles: Raúl Martín Maylli Rivera, apodado Dumbo. Dumbo había estado primero con Marcos, luego con Pity y después se fue al barrio Mugica, en Villa Lugano, pero siempre esperaba el fin del reinado de los hermanos para volver. Como ellos resisten el paso del tiempo y aún a la distancia controlan la venta en la 1-11-14, los tres limaron asperezas para correr a la gente de Pantro, que ya había tenido diferencias con Marcos y que quería tener vuelo propio.
Pantro está prófugo de la Justicia tras los tiroteos de narcos contra vecinos en mayo de este año en Lugano. Dos veces estuvieron por detenerlo pero pudo escapar. Minutos antes de que llegara la Policía se fue de una casa en Moreno y luego en un chalet de dos plantas en Martínez. Como es el único de los tres jefes que puede caminar por las calles, tiene esa carta para hacer valer. Además, Dumbo entregó para compartir su territorio en los barrios Piedrabuena, Bermejo e INTA, todos en Lugano, donde quedaron sus hombres. Allí, después de que la Policía detuviera a varios de sus cómplices, la estructura de Dumbo quedó debilitada y corría riesgo que alguien quisiera irrumpir ahí a disputarle el negocio. Dumbo sabe que en alianza con Pity y Marcos ya nadie tocará a quienes ahí quedaron.
La tarde del 6 de octubre, en la manzana 24, dos hombres armados frenaron con un auto frente a la casa donde estaba Enrique Elezar Espinoza, alias Picnic. Este último era parte de la resistencia de Pantro en la villa. Uno de los que llegó en el vehículo, se bajó y disparó varias veces a Picnic, que murió una rato después en el hospital Piñero. Los proyectiles hirieron a dos jóvenes de 14 años, que todavía están internadas. Ese episodio se suma a otro tiroteo en la villa, que sucedió tres días antes, entre miembros de esos mismos grupos. Esa vez la Gendarmería detuvo a dos hombres que huían con dos pistolas calibre .40 y una 9mm. Varios testigos aseguran haber visto esos días de nuevo en la villa al sobrino de Marcos, John Paul Revilla Estrada, que fue deportado dos veces del país y que habría violado por segunda vez la prohibición de reingreso.
“Por el momento, el grupo nuevo, integrado por los tres grandes sectores, está ‘asegurando el lugar’, como se dice en la jerga. Están marcando el territorio y viendo hasta dónde están dispuestos a resistir los que estuvieron con el grupo de Pantro. No entendemos bien qué es lo que pasó entre Marcos y Pantro, pero da la sensación de que ya Marcos no lo apoya. Se sabe que Pantro le llevaba el negocio a él y a su hermano pero quizás no le rendía todo lo que ganaba”, infieren los investigadores.
En noviembre de 2020, cuando Marcos fue condenado a 24 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N° 3, tuvo que poner a alguien de mucha confianza para que fuera su representante en la villa. Como en el mismo juicio su esposa, su suegra y una treintena de integrantes de la banda también fueron sentenciados, eligió a Pantro para que continuara con la venta de cocaína, marihuana y paco en el barrio. Pantro cumplió con la tarea, de hecho en el operativo de su detención se encontraron los cuadernos en los que él registraba la recaudación de Marcos y Pity. Los dos habían acordado repartirse turnos y cada uno gobernaba durante 28 días hasta que se hacía el cambio de guardia. Antes de la pandemia, la recaudación de cada turno llegó a rondar el millón de dólares.
Durante el 2020, con la villa cerrada por la pandemia, las recaudaciones habían caído. Al no haber tanto dinero para repartir la relación de los hermanos se tensó. Sus soldados en territorio también empezaron a tratarse con aspereza. Los hombres de Pity no recaudaban tanto como los de Marcos. Entonces Pity comenzó a plantear que les extendieran sus turnos. Pero eso no sucedió. Y luego de la condena a Marcos, el hermano en el exilio decidió ir por todo, hubo tiros y muertos, pero no pudo y tuvo que pactar. Entonces Pantro apareció como el garante de esa situación que duró hasta ahora.
Las investigaciones por narcomenudeo tienen cierta complejidad por la competencia del delito. Detenciones de dealers o crímenes como los de diciembre y enero son tomados por la Justicia ordinaria de manera separada. Cuando la instrucción avanza y se determina que los delitos los cometió una organización grande como la de Marcos, esos juzgados suelen declararse incompetentes para que las causas vayan a Comodoro Py. Pero como el narcomenudeo no es delito federal luego regresan al lugar de origen. Solo cuando todos esos casos se enhebran, se agrupan y se relacionan, las causas generan interés en los tribunales de Retiro. Esto es lo que sucedió con la megacausa a cargo de Sergio Torres, que terminó con la condena de 2020 de Marcos y su banda.
El enfrentamiento por el control de la droga en el Bajo Flores tuvo su capítulo más sangriento en 2005. Marcos y su ex aliado Ruti ya no eran más amigos y sus soldados se enfrentaban en las calles. En octubre de ese año cinco personas -entre ellas un bebé- fueron acribilladas en la procesión del Señor de los Milagros, el santo más venerado del Perú. Entre medio de danzas infantiles, humo de incienso y música popular, sicarios irrumpieron con fuego de metralla y pistolas. Después de esa masacre nada volvió a ser igual. La guerra estalló en los medios y no se la pudo tapar más.
AM