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Noticias de Santa Fe
El "súper RIGI" de Milei: inversiones de US$1.000 millones sin retenciones, 30 años de protección y arbitraje externo
El Ejecutivo confirmó el proyecto que llegó el fin de semana a la Cámara de Diputados. El texto con 115 artículos establece una alícuota del 15% en Ganancias, exención total de derechos de exportación e importación, y permite que las disputas con el Estado se resuelvan fuera del país y sin árbitros argentinos.
El Gobierno de Javier Milei mandó al Congreso el proyecto de ley del “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que el presidente adelantó semanas atrás con la metáfora de la “mega bomba”. El texto —115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni— llegó este lunes a la Cámara de Diputados y tiene como destinatario al presidente del cuerpo, Martín Menem. La letra chica revela un paquete de beneficios sin precedentes para inversiones de al menos US$1.000 millones en actividades “que hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital.
Ese esquema permitiría, como ya anticipó elDiarioAR, atraer firmas del ecosistema tecnomilitar como Palantir, la empresa del magnate Peter Thiel que vive en Argentina desde hace semanas.
El piso de entrada: USD 1.000 millones
El Capítulo III del proyecto establece que solo podrán adherirse proyectos que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables —equipamiento, construcción, infraestructura—, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. No hay lugar para reinversiones en instalaciones preexistentes ni para proyectos que ya presentaron solicitudes al RIGI original de la Ley Bases.
Las empresas que sí califican deben constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad con objeto exclusivo, cuyos activos solo pueden estar afectados al proyecto.
La carga fiscal más baja del sistema
El corazón del proyecto es el Capítulo IV, que concentra los incentivos tributarios. Los VPU adheridos pagarán Ganancias a una alícuota del 15%, frente al 35% que rige para el resto de las empresas. Los dividendos tributan al 7% en los primeros cuatro años y caen al 3,5% después. Las pérdidas fiscales se pueden deducir sin límite temporal y, si no se absorben en cinco años, pueden transferirse a terceros.
En materia de IVA, el mecanismo diseñado es más complejo: las empresas no pagan directamente sino que cancelan el impuesto mediante Certificados de Crédito Fiscal que luego pueden transferir a sus proveedores o entregar directamente al fisco. El texto también permite amortizar en apenas dos años bienes que normalmente se deprecian en décadas.
Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos: derechos de importación, tasa de estadística, IVA, percepciones nacionales, provinciales y municipales. Y las exportaciones de lo que produzcan esos proyectos quedan exentas de retenciones. Cualquier restricción futura será declarada “nula de nulidad absoluta”.
El Capítulo V adiciona otro beneficio: las nuevas relaciones laborales que genere el proyecto pagarán contribuciones patronales a una alícuota única del 10%, menos de la mitad de lo que paga el resto del mercado formal. Solo queda excluida la contribución al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), de la reciente reforma laboral.
El Capítulo VI establece un esquema escalonado por el que los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones en el mercado de cambios: primero el 20% después del primer año de exportaciones, luego el 40% al segundo y el 100% al tercero. Desde ese momento, los dólares de las exportaciones son de libre disponibilidad.
Los aportes de capital del exterior, los financiamientos y los servicios vinculados al proyecto no tienen obligación de ingreso ni liquidación cambiaria. El texto también blinda al VPU contra cualquier norma futura del Banco Central que intente poner límites a sus activos externos líquidos.
No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional
30 años de estabilidad y protección contra el Estado
El artículo 74 fija el plazo central del régimen: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la fecha de adhesión. Ninguna ley futura, por más gravosa que sea, podrá afectar a los VPU. Si un nuevo tributo aparece, no se aplica. Si una alícuota sube, el VPU la rechaza exhibiendo su constancia de adhesión.
El artículo 73 va más lejos: el Estado garantiza a los inversores “la plena disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios de hecho o de derecho por parte de ninguna autoridad argentina”. También garantiza “el derecho a la operación continuada del proyecto sin interrupciones, salvo que medie orden judicial”. En otras palabras: ni el Estado puede parar la actividad unilateralmente.
Las provincias, obligadas a resignar recursos
El Capítulo XII establece las condiciones que deben aceptar las jurisdicciones locales que quieran sumarse al régimen. Las provincias y municipios no podrán crear nuevos gravámenes locales para los VPU más allá de los existentes al 31 de diciembre de 2025. Los Ingresos Brutos no pueden superar el 0,5%, el Impuesto de Sellos queda eliminado para todas las operaciones del VPU, y no podrán cobrarse regalías ni cánones administrativos.
Una cláusula particularmente llamativa: si una provincia que adhirió al régimen luego decide dar marcha atrás, no puede afectar los derechos ya reconocidos a los proyectos aprobados. La adhesión es, en la práctica, irreversible respecto de los proyectos en curso.
El arbitraje sale del país
El Capítulo XI define qué pasa si hay conflictos entre el Estado y los inversores. No hay tribunales argentinos en el camino obligatorio: el proyecto establece que las disputas irán directamente a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del VPU. La sede del arbitraje debe estar fuera de Argentina.
El tribunal arbitral tendrá tres árbitros y ninguno podrá ser nacional argentino —ni tampoco del país del accionista mayoritario del VPU. El procedimiento puede tramitarse en español o en inglés. Y el texto es explícito: no es necesario agotar ninguna instancia administrativa previa. La empresa puede ir directamente al arbitraje internacional sin pasar por ningún recurso local. Más aún: la existencia de un proceso arbitral en curso no suspende los derechos del VPU.
Una “nueva industria” que define el reglamento
Un detalle del proyecto es la definición de qué constituye una “nueva actividad económica”. El texto dice que es todo proyecto “industrial, tecnológico o de prestaciones de servicios vinculadas a infraestructura tecnológica y digital estratégica, con impacto transformador en la estructura productiva nacional que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, no se desarrolle, produzca ni preste en el país, o cuyo grado de desarrollo resulte experimental o piloto”. Pero el alcance preciso lo definirá la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo en 90 días después de sancionada la ley.
El Gobierno, así, podrá moldear a su criterio quién califica y quién no para acceder a un régimen que, en la práctica, representa décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales.
MC
Inspirado en EE.UU., el Gobierno envió al Congreso su ley para legalizar el lobby
Se conoció el proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses. Crean un registro público de lobbyistas, obligan a los funcionarios a declarar cada reunión con privados en cinco días hábiles e incorporan figuras penales nuevas.
El Gobierno confirmó el proyecto que regula por primera vez con rango de ley algo que en Argentina siempre existió pero nunca se nombró del todo: el lobby. El texto se llama Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, lo firman Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, y viene a cubrir un vacío de más de dos décadas: el único antecedente era el Decreto 1172/03 de la era Kirchner, que creó un registro acotado al Ejecutivo y solo para reuniones formales.
El corazón del proyecto es un Registro Público de Gestores de Intereses, digital y gratuito, donde deberán inscribirse —antes de iniciar sus actividades— todas las personas físicas o jurídicas que quieran influir en decisiones del Poder Ejecutivo o el Legislativo nacional. Sin inscripción vigente, no se puede reunir con ningún funcionario obligado. La ley también obliga a los sujetos obligados —el Presidente, ministros, secretarios, senadores, diputados y sus asesores— a registrar cada contacto con un gestor dentro de los cinco días hábiles de producido, bajo cualquier modalidad, dentro o fuera del país. Toda esa información será pública.
El capítulo más llamativo es el de los intereses extranjeros. Los gestores que representen a cualquier Estado, gobierno, partido, empresa o persona jurídica del exterior deben declararlo en cada contacto. La omisión o falsedad es infracción grave. Y el Título VIII incorpora figuras penales nuevas: hacer lobby sin estar inscripto tiene pena de hasta dos años de prisión; representar clandestinamente intereses extranjeros en áreas sensibles —defensa, inteligencia, infraestructuras críticas, recursos naturales— puede llegar a tres años.
El modelo no es original: el propio Ejecutivo reconoce haberse inspirado en la Foreign Agents Registration Act (FARA) de Estados Unidos, una ley de 1938 que obliga a registrarse ante el Departamento de Justicia a cualquier agente de un “principal extranjero” —definición que el proyecto argentino reproduce casi textualmente—. La diferencia está en las penas: la FARA castiga con hasta cinco años de prisión y 250.000 dólares de multa. El proyecto de Milei llega en 2026 con un techo bastante más bajo. Chile, el otro modelo citado, sancionó su ley de lobby en 2014; Argentina recién está llegando.
Dos puntos de la letra chica concentran las mayores dudas. El primero es la autoridad de aplicación: el proyecto dice que en el ámbito del Ejecutivo será “la jurisdicción o el organismo que el Ejecutivo designe”. Es decir, el mismo Poder Ejecutivo elige quién controla si sus funcionarios declaran sus reuniones con privados. No hay un órgano independiente. El segundo es el Poder Judicial: queda explícitamente excluido del régimen. Las gestiones ante jueces, fiscales y defensores se rigen por su propia normativa. Las provincias, por su parte, solo pueden adherir de forma voluntaria: el lobby ante gobernaciones y legislaturas locales queda fuera del sistema hasta que cada jurisdicción decida sumarse —si es que alguna vez lo hace—.
León XIV lanzó su primera encíclica y pidió "desarmar" la IA de las "lógicas de dominio, exclusión y muerte"
El papa presentó personalmente "Magnifica Humanitas", un documento inédito que coloca a la IA en el centro de la doctrina social de la Iglesia y advierte sobre sus riesgos militares, laborales y políticos.
Con una palabra que eligió con cuidado —y que definió como “fuerte”— el papa León XIV marcó el tono de lo que podría ser uno de los documentos más influyentes de su pontificado. “Desarmar”, dijo, es lo que hay que hacer con la inteligencia artificial cuando esta cae bajo lógicas de dominación, exclusión y muerte.
Este lunes, el Vaticano fue escenario de un hecho sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica: León XIV se convirtió en el primer pontífice en presentar personalmente una carta encíclica al mundo. Los papas anteriores normalmente delegaban ese papel a los cardenales u otras figuras de alto rango.
El documento, de más de 200 páginas divididas en cinco capítulos, advierte contra las consecuencias del uso incontrolado de la inteligencia artificial y subraya que esta debe estar al servicio del hombre y no del poder.
La elección del momento no fue casual. León XIV firmó su encíclica el 15 de mayo de 2026, el mismo día en que se publicó Rerum Novarum 135 años antes, la histórica carta de León XIII que en 1891 fijó la posición de la Iglesia ante la explotación obrera de la Revolución Industrial. Al elegir el nombre León XIV, el papa Robert Prevost estableció un vínculo directo con ese legado: al igual que su antecesor respondió a las condiciones de la primera gran transformación productiva, él busca ahora hacer lo propio ante la revolución digital.
La IA en la guerra, el trabajo y la democracia
La encíclica Magnifica Humanitas fija la postura de la Iglesia ante lo que el propio pontífice describió, días después de su elección, como el mayor desafío de la época. No es un tratado técnico ni una condena de la tecnología, sino una actualización de la Doctrina Social de la Iglesia.
Uno de los ejes más contundentes es el uso bélico de la IA. El papa advirtió que “delegar decisiones relativas a la vida y la muerte de seres humanos a máquinas” constituye una “espiral destructiva”. Los ataques informáticos, la manipulación de datos y las campañas de influencia orquestadas con ayuda de la inteligencia artificial pueden desestabilizar países enteros, según el texto papal, que también cuestiona el concepto de “guerra justa”.
Sobre el mercado laboral, la encíclica no es menos directa. León XIV sostiene que los enfoques tecnológicos actuales pueden “desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas”, y reclama que toda automatización vaya acompañada de “medidas verificables de protección del empleo y de recualificación”.
El documento también denuncia los costos humanos de la infraestructura digital. “En ciertas regiones del mundo, adolescentes y niños trabajan en condiciones peligrosas triturando materiales de los que se extraen las tierras raras. Cuerpos marcados, mutilados, desgastados para que el flujo de cálculo no se interrumpa”, dice el texto.
Y en materia ambiental, León XIV señala que los centros de datos que entrenan los modelos consumen “enormes cantidades de energía y agua” e influyen de forma significativa en las emisiones de dióxido de carbono, y pide “soluciones tecnológicas más sostenibles”.
El papa advierte que la IA no puede quedar bajo el control “de unos pocos”, especialmente cuando ya influye en decisiones militares, políticas, económicas y sociales. La fórmula más citada del documento es contundente: “No sirve una IA más moral si esa moral la deciden unos pocos”, y agrega que el criterio rector no puede ser el lucro, sino la dignidad de cada persona y el bien común.
Un cofundador de Anthropic en el Vaticano
Uno de los aspectos más comentados de la presentación fue la participación de Chris Olah, cofundador de Anthropic, empresa dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. Su presencia fue interpretada como una señal de que el Vaticano busca dialogar directamente con quienes crean estas tecnologías. Durante el evento, Olah respaldó el llamado del Papa para aumentar la rendición de cuentas de las empresas tecnológicas: “Las decisiones no deberían dejarse en manos de quienes trabajan en el sector”, declaró.
“El momento de hablar sobre la inteligencia artificial es ahora. Es urgente”, dijo Anna Rowlands, teóloga de la Universidad de Durham que habló junto al papa en el lanzamiento de la encíclica.
Los expertos creen que el impacto de Magnifica Humanitas podría ser comparable al de la encíclica Laudato Si' de 2015, en la que el papa Francisco abordó la cuestión ecológica y que desencadenó una ola de reacciones en todo el mundo.
La pregunta que León XIV deja abierta no es solo tecnológica ni religiosa. Es, en palabras de la teóloga Rowlands, una pregunta que la encíclica plantea a creyentes y no creyentes por igual: ¿qué significa ser humano en una época en la que la vida humana enfrenta un desafío sin precedentes?
Los gremios marchan contra la intervención en la UOM: "Si no vamos a una huelga general, se quedan con los sindicatos"
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló dóias atrás las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica y generó el rechazo del arco gremial. Las centrales obreras llamaron a "defender a la UOM, que es defender al movimiento trabajador argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización”. Se movilizan este martes frente a la sede del gremio y se reúnen después para definir el plan de lucha.
Después de que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anulara las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica, desplazara de su cargo al secretario general, Abel Furlán, y dispusiera la intervención judicial de la UOM por un plazo de 180 días, período en el que deberá convocarse a nuevos comicios, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), conformado por más de 140 organizaciones de las tres centrales obreras, convocó para este martes a las 12 a un abrazo a la sede central de los metalúrgicos, en Adolfo Alsina 485 de la Ciudad de Buenos Aires, y se reunirán después para definir un plan de lucha que puede incluir un llamado a un paro general en lo inmediato.
Según el fallo de la Sala VIII del tribunal laboral, que además declaró nulas las elecciones realizadas en la seccional Campana, esos comicios y los nacionales celebrados el 18 de marzo eran “inescindibles”, por lo que la nulidad de la primera arrastró la invalidez de la segunda. “Si una es nula, también la otra lo es”, sostuvo el juez de Cámara Víctor Arturo Pesino en el voto al que adhirió la magistrada María Dora González. Y dispusieron la intervención de la UOM, sacando a Furlán de la conducción, lo que provocó la reacción de todo el arco gremial.
“Los mismos jueces de la Cámara del Trabajo que avalaron la reforma laboral de Javier Milei, Víctor Pesino y María Dora González, avanzaron sobre la Unión Obrera Metalúrgica con un fallo arbitrario y antidemocrático, que avasalla la autonomía de nuestra organización. La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos, después de una pérdida salarial brutal de los últimos dos años”, denunciaron desde la central que nuclea a los metalúrgicos.
Asimismo, advirtieron que se trata de “una operación política, judicial y empresaria que venimos denunciando desde hace meses y que tuvo siempre un único objetivo: disciplinar a la UOM, debilitar nuestra capacidad de lucha y garantizarles a las patronales salarios de hambre y trabajadores sin capacidad de organización”.
De acuerdo a la conducción de UOM, los trabajadores metalúrgicos “hablaron con claridad en las urnas y ratificaron de manera contundente la conducción de Abel Furlán en Campana y de todo el Secretariado Nacional en la conducción nacional y la continuidad del proyecto sindical que representan” y apuntaron por la intervención que decretó la Justicia “al sector interno derrotado en las elecciones”: “Tratan de conseguir en los juzgados lo que no lograron en las urnas. Eligieron transformarse en instrumento de los grupos empresarios y de un gobierno que hambrea al pueblo, destruye la industria nacional y pretende barrer décadas de derechos laborales y organización sindical. Son los que hoy festejan esta intervención vergonzosa”, aseguraron los conducidos por Furlán a través de un comunicado que avivó las trensiones inernas del gremio.
“La UOM tiene 83 años de historia construidos con lucha, organización y conciencia obrera. ”Sobrevivimos a dictaduras, persecuciones, proscripciones y políticas de entrega. Vamos a derrotar este intento de intervención política disfrazada de resolución judicial“, advirtieron desde la conducción desplazada, al tiempo que convocaron ”a todo el movimiento obrero argentino, a las organizaciones sindicales, a las confederaciones, a los cuerpos de delegados, a las comisiones internas y a cada trabajador y trabajadora del país a defender a la UOM, que es defender a la UOM es defender al movimiento obrero argentino frente a un modelo económico que necesita sindicatos débiles para imponer ajuste, entrega y precarización“.
El apoyo de ATE
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que este martes movilizará a la sede nacional del sindicato metalúrgico y confirmó que tras la marcha, los principales dirigentes del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros, Molineros y más de 140 organizaciones de todas las centrales obreras, se reunirán para evaluar la posibilidad de definir medidas de fuerza, que podría anunciarse el próximo jueves en el Congreso Nacional de los trabajadores estatales.
“Si no vamos a una huelga general se nos quedan con los sindicatos. Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios. A los dirigentes sindicales los tienen que elegir los trabajadores y no jueces parciales y corruptos o empresarios inescrupulosos. Somos los trabajadores quienes tenemos que decidir nuestro propio destino y no dejarlo en manos de una Justicia completa y absolutamente subordinada al poder político de turno y al poder económico real. El único camino para frenarlos es la huelga general por tiempo indeterminado”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
Asimismo, el dirigente sostuvo que la intervención “sobre el sindicato industrial más grande de la Argentina tiene un único objetivo y es el de disciplinar al conjunto del movimiento obrero. Se están vulnerando la Constitución Nacional y la Ley de Asociaciones Sindicales. Estamos frente a una asociación ilícita. Se juntaron para delinquir la política, la justicia y el empresariado nacional”, denunció Aguiar.
“Este es un momento crucial de la historia y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Están en juego la integridad y la autonomía de todas las organizaciones gremiales. Nadie puede caer en miedos, dudas o especulaciones. Lo que está ocurriendo con la UOM es propio de las dictaduras militares y tenemos que resistirlo. Desde el FreSU y todas las centrales obreras tenemos que definir rápidamente un plan de acción que nos permita poner a salvo los intereses de los trabajadores”, agregó el secretario general de ATE.
Con información de agencias e Infogremiales.
Alerta violeta por neblinas en el AMBA y varias provincias: el SMN advierte por complicaciones para circular
La advertencia alcanza a toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y otras regiones del litoral.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por neblinas que afectará durante este martes a gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a distintas provincias del centro y noreste del país. El fenómeno se presentará principalmente durante la madrugada, la mañana y nuevamente hacia la noche.
La advertencia alcanza a toda la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, además de sectores de Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes y otras regiones del litoral.
El SMN explicó que “se esperan fenómenos que pueden representar inconvenientes o dificultades en el normal desenvolvimiento en la vida social”, debido a la reducción de visibilidad que provocarán los bancos de niebla y neblinas.
En el mapa difundido por el organismo, las zonas afectadas aparecen marcadas en color violeta, cubriendo buena parte del este y centro del territorio nacional. La advertencia se mantiene para distintos momentos del día, especialmente en rutas, accesos y caminos donde la visibilidad podría disminuir considerablemente.
Además de la presencia de neblinas, el pronóstico anticipa para el AMBA una jornada con temperaturas que rondarán entre los 7 y 17 grados, con buenas condiciones meteorológicas generales y presencia de sol durante la tarde. No se esperan lluvias en los próximos días.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan circular con extrema precaución, utilizar luces bajas, aumentar la distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, cuando el fenómeno tendrá mayor intensidad.