Código Postal 3061

Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi declararon este lunes por la mañana en Comodoro Py. Aseguraron que el inmueble se revalorizó por las mejoras que tuvo.
Los dueños de la inmobiliaria que intervino en la operación del departamento perteneciente a Manuel Adorni declararon este lunes ante la Justicia, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito por parte del jefe de Gabinete, y aseguraron que el inmueble tenía un valor significativamente mayor al de la transacción llevada a cabo por el funcionario libertario.
La martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi ratificaron que el departamento situado en un edificio del barrio porteño de Caballito se ofrecía originalmente a US$ 340.000, 110.000 dólares más de lo se había declarado Adorni en la operación oficial.
Asimismo, confirmaron que la propiedad había sido remodelada, y que por dicho motivo se elevaba su valor en el mercado. Por otra parte, en su declaración, Rucci calificó de un hecho “poco frecuente” que Adorni adquiriera el departamento en 12 cuotas sin interés, dado que es una modalidad inusual en el sector inmobiliario.
Posteriormente, agregó que ella no estuvo involucrada en la hipoteca vinculada a la transacción, sin embargo, mencionó que le brindó la posibilidad de vender el inmueble al hijo de una de las mujeres relacionadas con la compra-venta, Pablo Martín Feijoo, pero que la respuesta del hombre fue que “ya tenía un interesado”.
Feijoo fue quien contactó a las partes involucradas, es decir, su madre, otra jubilada y Manuel Adorni, y habría llevado a cabo toda la operación donde se escrituró el departamento en US$ 230.000, con la distinción de recibir US$ 30.000 en efectivo y US$ 200.000 en cuotas sin interés, con vencimiento en noviembre de este año.
El próximo miércoles 22, Feijoo deberá asistir a Comodoro Py ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, que es quien investiga este caso, y deberá poner a dispocición su celular y todos los comprobantes de gastos vinculados a la propiedad y a la transacción.
Con información de agencia NA
MC

El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas. Este lunes declaran los responsables de la Inmobiliaria Rucci. El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, el hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito a Adorni. El lunes 27 dará su testimonio el vendedor de la propiedad del country Indio Cuá, Juan Cosentino.
La Justicia Federal acelera la investigación sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con una agenda de declaraciones testimoniales que se desarrollarán durante toda la semana en los tribunales de Comodoro Py.
El fiscal Gerardo Pollicita busca reconstruir la ruta del dinero tras la adquisición de tres propiedades y las costosas refacciones realizadas en una de ellas, bajo la sospecha de irregularidades en sus declaraciones juradas.
El cronograma se inicia este lunes con los responsables de la Inmobiliaria Rucci. La martillera Natalia Rucci y su socio Marcelo Trimarchi deberán dar explicaciones sobre la compra de un departamento en el barrio de Caballito. La fiscalía pone el foco en los boletos de compra-venta ya secuestrados, buscando determinar el valor real de la operación y el estado de la unidad al momento de la transacción.
El miércoles será el turno de Pablo Martín Feijoo, el hijo de la jubilada que vendió el departamento de Caballito a Adorni. Su citación surge tras los dichos de la escribana del caso, quien vinculó a Feijoo como el nexo entre el jefe de Gabinete y las dos jubiladas que le otorgaron una llamativa hipoteca privada de 200.000 dólares. La Justicia intenta descifrar por qué dos mujeres que aseguraron no conocer al funcionario terminaron financiando la compra de su vivienda a través de un tercero.
La lupa judicial también se posó sobre la casona que el funcionario posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El viernes 24 de abril declarará el constructor Matías Tabar, encargado de las reformas en el lote 380. El fiscal le exigió que presente presupuestos, facturas y registros de mensajes por WhatsApp para corroborar quién financió las obras y si esos montos coinciden con la capacidad económica declarada por el Jefe de Gabinete.
Finalmente, la investigación apunta a contrastar los valores de mercado con los consignados por Adorni ante la Oficina Anticorrupción. Fuentes judiciales indicaron a la Agencia Noticias Argentinas que se requirió información sobre el pago de una cuota de ingreso al barrio privado de 5.000 dólares y expensas que rondarían los 700.000 pesos, las cuales figurarían a nombre de su esposa, Bettina Angeletti.
El cierre de esta ronda de declaraciones está previsto para el lunes 27 con el testimonio del vendedor de la propiedad del country, Juan Cosentino.
Con información de agencias.

La Justicia analiza imágenes del estado previo y posterior del inmueble para determinar si las refacciones justifican la diferencia de 30.000 dólares en la operación.
La Justicia avanzó en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al incorporar al expediente una serie de fotografías del departamento que adquirió en el barrio porteño de Caballito. El inmueble, ubicado en Miró al 500, es una de las piezas clave para reconstruir la operatoria bajo sospecha.
Las imágenes, que muestran el “antes y después” de la propiedad, fueron presentadas durante una ronda de declaraciones testimoniales con el objetivo de establecer si las refacciones realizadas justifican la diferencia de valor detectada en la compraventa. La causa está en manos del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca determinar la consistencia económica de la operación.
Las vendedoras del inmueble, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, ambas jubiladas, declararon ante la Justicia que desconocen los detalles de la transacción. Según indicaron, la gestión de la operación inmobiliaria estuvo a cargo de Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.
De acuerdo con la información incorporada al expediente, el departamento había sido adquirido previamente al futbolista Hugo Morales por un valor de 200.000 dólares. Apenas seis meses después, la propiedad fue vendida a Adorni por 230.000 dólares, lo que despertó sospechas en torno a la rápida valorización.
En cuanto a la forma de pago, el funcionario abonó un adelanto de 30.000 dólares y contrajo una deuda con las vendedoras por los 200.000 dólares restantes. Este esquema también forma parte del análisis judicial, que intenta establecer si las condiciones de la operación se ajustan a parámetros habituales del mercado.
El foco de la investigación está puesto en determinar si las mejoras introducidas en el inmueble alcanzan a justificar la diferencia de 30.000 dólares entre ambas operaciones. Para ello, la fiscalía analiza no solo las imágenes del departamento, sino también los posibles costos de las refacciones, en un intento por esclarecer si existió o no un beneficio económico irregular.

Nueve personas enfrentan acusaciones de intimidación pública, atentado contra la autoridad, delitos de incendio y daño agravado, entre otros. Ninguna está señalada por "terrorismo", como en su momento denunció la ministra de Seguridad.
“Es un juicio impresentable. Estando en la comisaría nos acusaban de terrorismo, que habíamos intentado generar un golpe de Estado, no sé… de manera telepática porque no nos conocíamos, pero de las 9 personas que llegamos a juicio ninguna tiene esa acusación”. La que habla es Daniela Calarco, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), que este martes deberá sentarse en el banquillo de los acusados ante el Tribunal Oral Federal 3, en Comodoro Py, por haberse manifestado en junio de 2024 contra la aprobación de la ley Bases.
Calarco protagonizó este lunes una conferencia de prensa en el Serpaj (Servicio Paz y Justicia de Argentina), la organización liderada por el Nobel Adolfo Pérez Esquivel. Allí estuvo acompañada por distintas dirigentes de izquierda y de organizaciones de derechos humanos.
Calarco fue detenida el 12 de junio de 2024 a más de diez cuadras del Congreso, en el marco del protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y Javier Milei, cuando ya estaba volviendo a su casa. La acusación en su contra es por supuestamente haber quemado una bicicleta. Estuvo detenida 78 días en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. Junto a ella serán juzgados David Omar Sica, Nicolás Antonecchia, Roberto María de la Cruz Gómez, Guillermo David Domínguez, Héctor David Mallea, Brian Ezequiel Ortiz, Walter Gabriel Quiroga y Cristian Fernando Valiente.
De la Cruz Gómez fue quien más tiempo estuvo detenido en Ezeiza: 84 días. A un mes de la represión, Camila Juárez, 33 años, una de las manifestantes detenidas, relató a elDiarioAR el maltrato que recibió del servicio penitenciario: le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.
La feroz represión de aquella jornada dejó un saldo de 33 personas detenidas, que fueron imputadas por el fiscal federal Carlos Stornelli por una gran cantidad de delitos –desde instigación a cometer delitos hasta perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos–. No hubo expediente por supuesto “terrorismo”, la acusación que Bullrich, entonces ministra de Seguridad, lanzó mediáticamente. Pero pocos días después del 12 de junio la jueza federal María Servini liberó y dictó la falta de mérito para gran parte de los detenidos.
Solo Calarco y ocho personas más continuaron siendo investigados. Cuatro de ellos fueron procesados por los delitos de intimidación pública (que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión) y atentado contra la autoridad (un mes a un año de prisión). Calarco fue procesada por los delitos de incendio (3 a 15 años), daño agravado (3 meses a 4 años) e intimidación pública (2 a 6 años). A ninguno de los manifestantes procesados se los acusa por el incendio del móvil de Cadena 3, que quedó como una de las postales emblemáticas de aquella protesta y represión de junio de 2024.
El juicio revela una matriz de criminalización de la protesta social desde que asumió Javier Milei. En marzo otro proceso judicial condenó a cuatro manifestantes que participaban de una protesta contra la primera versión de la ley Bases, que se trató en el Congreso el 2 de febrero de 2024. Joaquín Arrua, Juan Carlos Denube, Pedro Esquivel y Astor Galán Vizgarra fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por tirar piedras y agredir a policías.
La sentencia de la jueza María Julia Correa, del juzgado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas N 28 de la Ciudad, se apoyó solamente en los testimonios de los agentes que aplicaron ese día el protocolo antipiquete de Bullrich.
Este lunes, además, se conoció que la fiscal Lorena San Marco, a cargo de la fiscalía especializada en violencia institucional, archivó una causa contra un policía que el 11 de junio de 2025 –durante una protesta por la universidad pública frente al Congreso– empujó deliberadamente a una manifestante causándole graves daños. Cintia Castellanos sufrió fracturas múltiples en su pie derecho y tuvo que ser operada.
MC

“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, con declaraciones agraviantes sobre nuestro vínculo con América Latina y el Caribe”, dice el comunicado de la sede diplomática china en Buenos Aires, al tiempo que acusa a la gestión Trump de "esforzarse por exagerar lo que llaman la `amenaza china`".
La embajada China en Buenos Aires cruzó a Peter Lamelas, embajador de Estados Unidos en la Argentina, y le pidió que su país haga “algo concreto” por “desarrollo” del país y el resto de América Latina y el Caribe.
“El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, atacó y difamó deliberadamente la cooperación entre China y la Argentina, en una entrevista concedida en la provincia de Salta en la que también formuló declaraciones agraviantes sobre el vínculo entre China y América Latina y el Caribe”, comienza un comunicado de la sede diplomática.
Lamelas dijo días atrás en una entrevista con El Tribuno de Salta que Estados Unidos “ignoró durante 40 o 50 años a Latinoamérica. Y los chinos se metieron aquí. Todo el mundo hace negocios con los chinos, pero lo que nos preocupa es que cuando se negocia con los chinos, no se negocia con privados, sino con el Gobierno de China. Es una industria controlada por un gobierno comunista, que usan la información para controlar a la gente”, expresaba el embajador de EE.UU. en la Argentina, lo que provocó el enojo de su par chino.
En su comunicado oficial, Wang Wei, representante de China en el país, agrega que los comentarios de Lamelas “ignoran la realidad, están plagados de prejuicios ideológicos y ponen al descubierto la mentalidad de suma cero de la Guerra Fría, que aún mantienen ciertos sectores estadounidenses que incitan a la confrontación entre bloques y a la división de esferas de influencia”.
“Al respecto, China expresa su fuerte descontento y rotundo rechazo”, añade la nota, que enseguida contrasta la postura del embajador con la del primer mandatario de su país.
“El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado claro que la relación bilateral con China es la más importante del mundo, reiterando que su mayor socio es China y que está dispuesto a profundizar la cooperación y los vínculos entre ambos países”, indica a continuación.
“En la actualidad, funcionan alrededor de 73.000 empresas estadounidenses en territorio chino, con una inversión total que supera los 1,2 trillones de dólares y una tasa de crecimiento compuesto anual del 9,8%. La gran mayoría de esas firmas ha adelantado que continuará operando en China, muchas de ellas ampliando sus inversiones”, comenta el comunicado.
Enfatiza que “Estados Unidos no puede aplicar su política de `América Primero` y disfrutar de los beneficios de la cooperación con China y, al mismo tiempo, aplicar una doble vara hipócrita y criticar a otros países que buscan hacer lo mismo, es decir, cooperar con China”.
“En la escena internacional del siglo XXI no deben repetirse los viejos guiones del siglo XIX. El rumbo de los países latinoamericanos debe ser elegidos por sus propios pueblos. Son ellos quienes tienen que decidir con quién cooperar y entablar amistades”, apunta.
Explica luego que “el vínculo entre China y América Latina y el Caribe es una cooperación Sur-Sur, que está basada en el apoyo mutuo sin cálculos geopolíticos”.
“En sus relaciones con la Argentina y otros países de América Latina y el Caribe, China siempre ha defendido los principios de igualdad y beneficio mutuo, y nunca ha buscado esferas de influencia ni actuado contra terceros. Esta cooperación provoca una sustancial mejora en los intereses fundamentales de todas las partes, tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo”, continúa.
Y finaliza: “Por todo esto, aconsejamos a las personas interesadas que reconozcan la corriente principal del mundo actual, en lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la `amenaza china`, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”.
Con información de agencias.