Cafferata

Noticias de Santa Fe

Un sistema de poder que imposta normalidad ante el experimento ultra

Escribió el Nobel de Economía Paul Krugman en su newsletter del jueves pasado:

“Oops, lo están haciendo otra vez. Los principales grupos mediáticos normalizaron a Donald Trump durante toda la campaña de 2024, limpiando su incoherencia y minimizando sus posiciones extremistas. Es difícil saber cuánto contribuyó eso a su victoria, aunque debe haber tenido peso. Pero el deseo de ver a Trump como un líder razonable es un síndrome ampliamente compartido, no restringido a los medios. Fue impulsado por el mundo de los negocios, que lo abrazó con euforia después de su victoria, a pesar de claros indicios de que implementaría políticas económicas destructivas”.

Surge un matiz con respecto al ascenso de Javier Milei. El ultra argentino no sólo fue “normalizado” por los medios durante su ascenso. Los canales de los principales grupos, Clarín, La Nación y América, se mostraron fascinados con ese inadaptado social que enarbolaba proclamas fascistoides en los paneles televisivos. Les daba rating, decían.

La bonhomía de empresarios, medios y el sistema político —que va desde los Macri, la gran mayoría de los gobernadores, la UCR, el siempre comprensivo Miguel Ángel Pichetto y la siempre presente en situaciones límite Elisa Carrió— se extiende a lo que debería ser leído como un rotundo fracaso del plan económico de los Hermanos Milei y los Parientes Caputo, medido en sus términos. El desbarranque de un programa sostenido con temeridad vía valoración artificial del peso y otras creencias terraplanistas no significa, sin embargo, que el país esté necesariamente frente al riesgo de una estampida similar a la de 2001, 2018 o 2023.  

Corresponde aclarar que un cepo tan estricto fue implementado en el último semestre del Gobierno de Mauricio Macri, porque la deuda con bonistas y el FMI asumida por Caputo se había evaporado

La acumulación de una deuda con el FMI por otros US$ 20.000 millones sobre los US$ 44.500 millones tomados en 2018, ambos tramos negociados por Luis “Toto” Caputo, llega de la mano del levantamiento del cepo en el mercado cambiario para personas físicas. Una restricción tan severa para el ingreso y egreso de dólares obliga a la economía a arrastrarse y dar vueltas en círculo sobre problemas que se repiten. Con toda la incertidumbre a cuestas y sin que estén claros su alcance y factibilidad, el fin de la restricción cambiaria puede modificar la dinámica de la economía.

Parece mentira, pero en medio de tanta confusión premeditada, hay que aclarar que un cepo tan estricto fue implementado en el último semestre del Gobierno de Mauricio Macri, porque la deuda con bonistas y el FMI asumida por Caputo se había evaporado, y el Banco Central enfrentaba una montaña de obligaciones con sus arcas vacías.

La última oportunidad, otra vez

Las similitudes de la impostura festiva para anunciar el endeudamiento de 2018  y el de 2025 son clamorosas, aunque sus efectos inmediatos pueden ser distintos.

Hoy, como ayer, el préstamo fue presentado como una muestra de “confianza” del mundo hacia Argentina, un dique para que no vuelva el populismo, una jugada audaz de Caputo que “sorprendió” al staff del Fondo, un antes y un después en la historia. Coincide hasta el monto del primer desembolso, US$ 15.000 millones, que se erigiría como un muro infranqueable para frenar la avidez devaluatoria.

En 2018 salió pésimo. El dólar se disparó en cuestión de semanas y nació un ciclo recesivo de los más graves de la historia, profundizado luego por la pandemia, la disfuncionalidad del Frente de Todos, la sequía de 2023 y el esoterismo de los Hermanos Milei.

Es probable que, esta vez, el rescate del FMI alcance para llegar a las elecciones de medio término en octubre. Los papers oficialistas aventuran que una victoria ulra en los comcios legislativos habilitará la conversión definitiva de la Argentina en una economía con un Estado mínimo y vía libre para los desmanes de Milei.

¿Precipitación? Economistas de diferente procedencia no terminan de definir el hipotético efecto devaluatorio del desarme de posiciones en pesos que se inflaron producto del carry trade. Siete años atrás, la eliminación del déficit fiscal estaba en curso, proclamaban Caputo, Federico Sturzenegger y Nicolás Dujovne. Ahora ya es una realidad, lo que quita un factor de presión sobre los recursos públicos. ¿A costa de recortar jubilaciones, estrangular a la investigación científica, parar en seco la obra pública y reprimir la protesta? Toto y los muchachos se felicitan por su valentía.

Una diferencia de orden político puede significar mayor oxígeno para recortes que, según anunció Milei y escribió el FMI, se incrementarán. El quiebre del programa de Macri a mediados de 2018 pulverizó la promesa fundacional “no vas a perder nada de lo que ya tenés”. En el bienio final de su mandato, el fundador del PRO intentó profundizar la motosierra con crédito político recortado, dando paso a lo que él mismo definió como “un infierno”.

Milei, por el contrario, levanta la crueldad como bandera, sin mayores costos en cuanto a su popularidad hasta el momento. Más bien, la estigmatización y la discriminación parecen ser razones de un apoyo todavía considerable. La paciencia y la bronca contra la presunta “casta” no son infinitas, y ello se pondrá en juego en los próximos meses.

Voceros y medios orgánicos del oficialismo celebraron el anuncio del préstamo por USD 20.000 millones como un gol, sin atisbo de dignidad. Horas antes, un número de la economía real había medido la magnitud del fracaso del plan de Caputo: 3,7% de inflación mensual en marzo.

La soberbia del iletrado

Tras un año de insultos y groserías proferidos a diario por Milei y funcionarios de Economía de muy dudosa autoridad, resultó que los mandriles tenían razón: el tipo de cambio pisado artificialmente desde enero de 2024 distorsionó todas las variables y se volvió insostenible.

Las explicaciones soeces sobre la imposibilidad de una devaluación por el congelamiento de la base monetaria se demostraron propias de un iletrado y la inflación de abril, lejos de comenzar con un uno —como anunciaron Caputo y Milei—, será de al menos el doble, si se repite el indicador de marzo, o bastante mayor, si la devaluación dentro de la banda $ 1.000-1.400 apunta al tope.

Los recuerdos de la lluvia de miles de millones de dólares que Milei hacía difundir en el programa de Alejandro Fantino ni merecen ser citados. Como en 2018, llegó el FMI para evitar un default.

En una democracia con sistemas judiciales y mediáticos relativamente equilibrados, responsables económicos de las catástrofes de 2001 y 2018 estarían en cualquier lado menos en el manejo del Estado. En Argentina, en cambio, tienen oportunidades infinitas (¿meritocracia?), provocan a sus críticos y se celebran frente al celular, aunque no cabe sobreestimar el ruido y el cotillón.

El lunes, se hablará de la ubicación del dólar en la banda cambiaria, el martes se evaluará la situación de las reservas, el miércoles Milei se hará entregar un premio, pero, con el correr de los días y las semanas, un período inflacionario que parte del 3,7% de marzo estará presente en la cola del supermercado y la mesa de hogares que han sufrido mucho en los últimos años.

A Milei le picaron el boleto y el FMI impuso sus condiciones, más de la mitad de la población repudia el experimento ultraderechista y hay razones para pensar que una parte del apoyo a los Hermanos obedece más a un rechazo a los Kirchner y el peronismo que a una adhesión genuina.

Una pregunta

Ante una economía a la que sistemáticamente le faltan dólares y padece una recesión persistente, se impone una pregunta. ¿Cuál es la propuesta concreta de los opositores peronistas para superar la situación? ¿Defender a las universidades y la ciencia? Correcto. ¿Qué impuestos se aumentarán? ¿Qué gastos se recortarán?

Días atrás, durante un acto en La Plata en el marco de su pelea en sordina con los Kirchner, Axel Kicillof transitó una línea argumentativa gastada. El gobernador bonaerense insistió —como hace rato se convenció y repite Cristina— con que el déficit fiscal afecta a muchos países, por lo que su relación con la inflación es una falacia. Por caso, el prócer de la derecha argentina Luis Lacalle Pou acaba de dejar el gobierno de Uruguay con un déficit fiscal de 4,2% del PBI, el doble del registrado por el Frente de Todos en 2023.

La letanía sobre los países con déficit sin inflación es elemental, pero no dice nada en sí misma. El argumento subyacente que sostienen con eficacia las derechas es que el aumento de precios en Argentina se genera por la cobertura de ese déficit con emisión monetaria, dado que Argentina no tiene acceso al crédito internacional, porque Macri se fumó en dos años lo que le correspondía a su mandato y a varios por venir. El repiqueteo inflacionario de estas semanas y la estampida del final de Macri, también con déficit cero, confirman que estrangular la economía de pesos no es suficiente, que intervienen variables externas y pujas entre sectores, que el flujo de dólares incide mucho, pero nada de ello niega que un déficit fiscal infinanciable abre las puertas a un trauma económico.

De los Kirchner, recitadores de mantras sobre la perfección inmaculada del ciclo 2003-2015 y la inagotabilidad de los subsidios y la maquinita, poco novedoso se puede esperar, pero la “nueva música” de Kicillof da poco de sí.

El gobernador, que cuenta con cierto crédito por una administración con cuentas ordenadas, sostenimiento del Estado y políticas de reparación social en la provincia de Buenos Aires, no termina de hilvanar una línea sobre cómo generar un ciclo de crecimiento duradero y equilibrio macroeconómico. No alcanza con describir los sablazos de Macri y Milei y su persistente armado de estructuras de fuga financiera. Si intenta ser candidato a presidente, Kicillof deberá dar cuenta de una demanda de un Estado presente, pero mucho más eficiente en su concepción y en su práctica.

Eternización

Por ahora, el peronismo está entretenido en resolver una puja por el liderazgo en la que todos parecen guardarse las cartas. Con más peso sobre sus espaldas porque es el desafiante de un liderazgo consolidado, Kicillof no atina a hacer públicos los motivos reales que lo llevan a procurar escribir una nueva página, no contra, pero sí independiente de los Kirchner.

Así las cosas, el conflicto parece encaminarse hacia su albertización, es decir, una dinámica de irresolución. La semana que pasó, hubo versiones y contraversiones sobre acercamientos y distanciamientos, probables primarias o acuerdos de cúpulas.

El choque Cristina-Alberto nunca concluyó ni terminó de traducirse en una dinámica superadora. Comenzó en 2020, el año de la pandemia, como un runrún sobre desavenencias y desdén personal. Siguió con alusiones elípticas a “funcionarios que no funcionan”. Idas, vueltas, fotos, desplantes, cartas, insolencias, off-the-records, cumbres anunciadas, cumbres no concretadas, y odas a la “unidad”. Hasta sus últimos días en Olivos, Alberto Fernández se atribuía el mérito de haber mantenido unido al Frente de Todos.

Para el eje Patria-Cámpora, hay algo peor que haber “traicionado”, que es haberlo intentado sin concretarlo

Cuando un proceso descorazonador de negociaciones terminó en la noche del 23 junio de 2023 con la candidatura presidencial de Sergio Massa, personalidad única para caminar sobre las brasas, y algún iluso se entusiasmaba con que era el momento de “caminar juntos hacia adelante”, Cristina se tomó 72 horas para prender fuego cualquier posibilidad de convivencia amable en Unión por la Patria, aunque fuera artificial, mediante la que acaso haya sido su peor participación en el debate público, en la banalización de un acto por la recuperación de un avión utilizado por la dictadura para lanzar disidentes al río.

La ruptura con los Kirchner, mientras es atacado por los Hermanos Topo desde Casa Rosada, supone para Kicillof altísimos riesgos electorales y de gobernabilidad.

La contracara es un acuerdo de “unidad” negociado contra las cuerdas y sobre la hora, que se traducirá en un escarmiento cotidiano en cada acto de campaña en una barriada de La Matanza, Mar del Plata o Tres Lomas, porque para el eje Patria-Cámpora, hay algo peor que haber “traicionado”, que es haberlo intentado sin concretarlo. 

SL

slacunza@eldiarioar.com

Caputo y las bandas eternas

El Gobierno anunció el viernes un nuevo acuerdo con el FMI, que implicará desembolsos por US$20.000 millones en cuatro años. De estos, US$12.000 millones llegarían este martes, US$2.000 millones en junio y US$1.000 millones en noviembre. El resto entraría en cada mayo y noviembre de 2026 a 2029.

Hasta septiembre de 2026 no hay pagos de capital con el organismo, de modo que la deuda con éste pasaría de US$41.000 millones en la actualidad a US$56.500 millones el año que viene, representando el 32% del total de su cartera. Para dimensionar, el segundo país en relevancia es Ucrania, con US$14.600 millones adeudados y el 9% de la cartera, y el tercero Egipto, con US$10.700 millones y el 7%. Un deudor privilegiado.

Al igual que en 2018 y 2022, el acuerdo con el Fondo llega con un objetivo de acumulación de reservas, que obliga a flexibilizar el esquema cambiario. En este caso, implicará una “banda de libre flotación” que va de $1.000 a $1.400/US$ –con un movimiento de +1% mensual–, lo que podría provocar una devaluación de hasta 28% este lunes, ya que el tipo de cambio oficial cerró este viernes apenas por debajo de $1.100/US$: hasta $1.400/US$, el Banco Central no puede intervenir para compensar eventuales desequilibrios entre la oferta y la demanda de divisas.

Además, se eliminan las restricciones para la compra de dólar ahorro de personas humanas, se reducen los plazos de pagos de importaciones y se termina con el dólar blend: todas las operaciones de comercio exterior de bienes pasarán por el mercado oficial. En otro orden, las utilidades de las empresas generadas desde 2025 podrán remitirse a casa matriz al tipo de cambio oficial.

En contraste, las ganancias generadas entre 2020 y 2024 deberán esperar: el Banco Central ampliará su emisión de BOPREAL, adquirible en pesos y pagadero en dólares, para dar salida escalonada a estos pesos. Como resultado, quedarán excluidos del mercado cambiario y no podrán, en lo inmediato, presionar sobre el tipo de cambio.

Por último, se fijó un tope de crecimiento de 11% (+3,5% mensual) para el total de billetes y monedas, cajas de ahorro y cuentas corrientes privadas (dinero transaccional) entre marzo y junio, lo que obligaría a la autoridad monetaria a aumentar sus tasas de interés en pos de moderar la expansión de este agregado. Y acá estará una de las claves del programa: mejorar el rendimiento de los ahorros en pesos podría desalentar cierta demanda de dólares, conteniendo la depreciación de la moneda.

No obstante, habrá que ver si este ajuste alcanza, a la vez que tendrá un impacto negativo sobre la demanda interna, encareciendo el consumo en cuotas y el crédito para la inversión. Una elección desagradable.

Presentado el esquema, tiene sentido preguntarnos cómo seguirá.

En primer lugar, vale destacar que es probable que el peso se devalúe este lunes: los flujos de oferta que vuelven al mercado oficial –aproximadamente US$2.000 millones por mes– serán menores que los de demanda: ahorro, importaciones y utilidades. En este marco, la respuesta de la tasa de interés será fundamental, ya que es la única herramienta de la que dispone el Banco Central hasta $1.400/US$ para moderar las presiones cambiarias. Asimismo, y no menor, la brecha perderá relevancia como indicador, ya que el mercado oficial canalizará una mayor parte de las operaciones: un solo precio para un solo bien.

En segunda instancia, es necesario considerar la meta de acumulación de reservas: +US$4.500 millones hasta el 13 de junio y +US$9.500 millones para fin de año. Sin un crecimiento de las exportaciones en el corto plazo –algo que será difícil en un mundo que se cierra–, esto podría lograrse con menos importaciones o más financiamiento externo de privados –ya que el de los organismos multilaterales no se contabiliza en la meta–. Aunque este último podría reabrirse sin cepo, y es explícitamente un objetivo del Programa, entendemos que no será inmediato. Por lo tanto, el Banco Central podría sentirse cómodo con un tipo de cambio más cerca del tope de la banda, ya que eso implicaría menos poder adquisitivo e importaciones, y en contraposición mayor acumulación de reservas.

En marzo, la inflación fue de 3,7%, acelerándose 1,3 puntos porcentuales (p.p.) respecto de febrero y alcanzando su mayor valor desde agosto del año pasado. Liderada por Educación (+21,6%, afectado por cuestiones estacionales), Alimentos y bebidas no alcohólicas ocupó el segundo lugar, avanzando casi 6%. Si en los últimos meses de 2024 y el arranque de 2025 destacábamos el carácter no-regresivo de la suba de precios, ya que los servicios iban por delante de los bienes y afectaban menos a los que menos tienen, corresponde notar que ese esquema se revirtió el mes pasado, y que con nuevos movimientos del tipo de cambio la inflación de abril y mayo quedaría por encima de la de marzo. Cuánto dependerá de los movimientos del dólar, que si queda en el tope de la banda podría no sería menor a 4%.

Los desembolsos por US$15.000 millones pautados con el FMI para este año y por US$3.600 millones con otros organismos multilaterales permitirán cumplir las obligaciones en dólares de este año sin mayores contratiempos. Sin embargo, giros del Fondo incluidos, el año que viene habrá que pagar US$25.500 millones netos, a la vez que en 2027 vencen US$28.200 millones. Sin una vuelta –potente– a los mercados, estos compromisos serán difíciles de honrar. Flexibilizar el cepo era el primer paso para reabrir el crédito externo. Acumular reservas, de forma económica, social y políticamente sostenible, será la segunda.

El autor es jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires

Escuelas fumigadas: estos son los niveles de agroquímicos detectados en el agua potable que toman los niños

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

El Estado evita regular desde hace 17 años cuántos agroquímicos puede tener el agua que tomamos

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

Presionados por internas que pretenden jubilarlos, CFK y Macri se repliegan en sus territorios y nacionalizan las elecciones

Una imagen. Es lunes por la noche en Casa Rosada, y Cristian Ritondo y Diego Santilli se toman un café con Karina Milei y Sebastián Pareja. Los canales de televisión muestran a Axel Kicillof anunciando el desdoblamiento bonaerense, y la comitiva PRO libertaria está de buen humor. El acuerdo en PBA comienza adquirir forma, Karina bendice la unión, y la crisis del peronismo es un regalo caído del cielo. Se sacan una foto, pero no la publican: primero había que preparar el terreno y hablarlo con Mauricio Macri, que nada sabía del encuentro. El presidente del PRO se enterará recién de la cumbre dos días después, cuando el rumor ya sea un secreto a voces.

El PRO está jubilando progresivamente a Mauricio Macri. El expresidente se entera cada vez más tarde de lo que hacen sus alfiles bonaerenses, como Ritondo, Santilli y Alejandro Finnochiaro, que se mueven a sus anchas en Casa Rosada y dialogan diariamente con Santiago Caputo y Manuel Vidal, operador del asesor todoterreno. En televisión, Macri los señala como propios y afirma que serán los candidatos del PRO si no se logra cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. Pero los dirigentes se mueven cada vez con mayor autonomía y la duda, por estas horas, es cómo dejar afuera Macri sin traicionarlo del todo.

El expresidente sabe lo que está ocurriendo, o al menos lo sospecha. Confía en Ritondo, pero intuye que Karina “lo va a cagar”. Son sus palabras, en privado. Macri repite, a quien quiera escuchar, que él no se siente opositor, pero que es culpa de la hermana y de Caputo que él no se siente más a comer milanesas con Milei en Olivos. Hace casi un año que ya no se ve con el Presidente. Cuestiona que la conducción político y electoral de LLA haya quedado en manos de Karina, y acusa a la hermanísima de haber boicoteado el acuerdo electoral en CABA.

Sus ex aliados lo ven “resentido”. La mayoría lo repite en privado, pero Patricia Bullrich lo declama en público. “Mauricio Macri está peleado con el mundo. En vez de ayudar al Gobierno, tiene un rencor con el Gobierno. Es difícil cerrar un acuerdo con tenés rencor”, cuestionó la ministra de Seguridad en LN+, poco después de que se diera a conocer la foto de los PRO bonaerenses con Karina en Casa Rosada. Sus detractores internos lo acusan de querer “mantener la pureza del PRO pero sin los votos”. “Quiere convertir al partido en un ateneo cultural en donde nos juntemos a dar charlas de vez en cuando. Nosotros discutimos poder, él la hidrovía y los negocios en CABA”, masculla un dirigente de peso del PRO en PBA.

El expresidente, de momento, deja hacer. Corrido oficialmente de la mesa de negociaciones y replegado en la competencia porteña, Macri está dispuesto a celebrar un acuerdo con LLA como si hubiera sido digitado por él mismo. Un dirigente lo llama lógica “Principito”: “Es como cuando el Principito le pide al rey si se puede sentar y el rey le dice que se siente inmediatamente. Hay que mantener siempre la apariencia de estar mandando, aunque no sea cierto”, grafica un referente bonaerense.

Y si no hay acuerdo, que es lo que Macri espera, presentará su propia lista 100% PRO como ya lo hizo en la Ciudad. Hace meses que viene trabajando en esa posibilidad, sondeando a nuevos dirigentes sub 40 que le respondan directamente a él. En CABA, mientras tanto, el expresidente se ha echado la campaña al hombro. Designó a Silvia Lospennato, una de las últimas leales que le quedaban, al frente de la lista, y participa activamente de la campaña con Jorge Macri. Ganar en la Ciudad es lo único que le interesa: allí es donde se juega la batalla final por la supervivencia del PRO y Macri no esconde que su prioridad es sostener el control de la madre patria porteña. 

Lo paradójico es que, esa lucha desesperada por el control de la Ciudad, ha terminado por nacionalizar la elección que Jorge Macri, con mucho esfuerzo, había intentado municipalizar a fuerza de desdoblar los comicios. La participación activa de Macri, así como la presencia de varios pesos pesados, como Manuel Adorni o Horacio Rodríguez Larreta, ha transformado la elección porteña en una lucha a muerte por la identidad del PRO. Macri, al replegarse sobre los comicios porteños, no hizo sino transformarlos en una contienda de trascendencia nacional. 

CFK y la pelea bonaerense

Macri no es el único que, apurado por una dinámica interna que pretende jubilarlo, decidió refugiarse en donde es fuerte para dar una disputa por el liderazgo del partido. En el panperonismo comienza a vislumbrarse un fenómeno similar, con una Cristina Fernández de Kirchner que, para sofocar la rebeldía kicillofista, amaga con una candidatura en la Provincia de Buenos Aires. Primero como amenaza, para evitar que el gobernador desdoblara. Y, ahora, como represalia ante la traición del ex hijo pródigo.

En el cristinismo le echan la culpa a Kicillof. Al desdoblar la elección bonaerense, que se llevará a cabo el 7 de septiembre, el gobernador bonaerense había ido directamente en contra de los deseos de sus dos socios políticos —CFK y Sergio Massa— en pos de encabezar un movimiento autonomista que lo posicionase como presidencial para 2027. Y eso, para el Instituto Patria, era una traición y un gesto de ruptura con la unidad del proyecto nacional. En los pasillos del Patria se repetía la misma impugnación: “Axel no quiere enfrentar a Milei, prefiere romper con CFK”.

El acto de desdoblar había sido el casus belli, el motivo de la guerra, y la respuesta de CFK fue inmediata: si Kicillof quería replegarse sobre la provincia, CFK haría lo mismo. La dos veces presidenta competiría como candidata de la Tercera Sección Electoral, que engloba casi cinco millones de electores (el doble que CABA), y nadie duda que puede sacar más del 60% de los votos. CFK pretende mostrar, con los votos, quien es la verdadera conductora del peronismo.

La decisión cayó como una bomba en el resto del panperonismo, que acusa a CFK de priorizar la disputa de poder con Kicillof que ganarle a Milei. La misma impugnación que, del otro lado, La Cámpora le achaca al gobernador bonaerense. “¿Qué va a ser Cristina en la Legislatura? ¿Construir una oposición contra el gobernador?”, se lamenta un dirigente sindical kirchnerista, que amaga con responsabilizar a Máximo Kirchner de todos los males de la interna peronista. Esta premisa, que tuvo su edad de oro durante el gobierno frentetodista, empieza a perder adeptos, sin embargo: Máximo podría haber empezado la guerra contra Kicillof, pero ahora era CFK quien salía a dar la batalla en nombre de la conducción del peronismo.

“Cristina va a poner sus votos sobre la mesa cada vez que pueda. Va a demostrar que, si quiere, saca varios millones en la Provincia y que nosotros, en comparación, no somos nada. ¿Quién es Axel? Nadie”, explica, iracundo, un importante dirigente peronista. Para el cristinismo, la impugnación a su postulación en PBA no tiene sentido: la decisión de Axel había reconfigurado las necesidades políticas y, ahora, la Provincia se había convertido en el teatro en el que se definiría el futuro de la conducción del peronismo.

“Las negras también juegan. Axel quiere ser el heredero de los votos de Cristina pero con Cristina retirada. Le avisamos que esto podía pasar y puso los dedos en el enchufe igual, ahora es política”, sostiene un dirigente camporista, que empieza a prepararse para la campaña. Si no se eliminan las PASO, el cierre de listas será un mes. Eso quiere decir que quedan solo unas semanas para llegar a un acuerdo: si no irá CFK sola y armará ella sola las listas. Una decisión que, de consolidarse, convertirá la elección bonaerense en la elección más importante del año. 

MC/JJD