Kilometro 17

Noticias de Santa Fe

Diputados suspendió el debate por el tratado de patentes en medio de presiones cruzadas de laboratorios

La Cámara de Diputados suspendió el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, previsto para este martes, en un contexto de tensión entre el Gobierno y los laboratorios nacionales. La iniciativa, vinculada al acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, quedó por ahora sin fecha de debate.

Según fuentes parlamentarias del oficialismo, la postergación fue solicitada por el Ministerio de Desregulación del Estado. El plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Legislación General e Industria fue desconvocado sin reprogramación confirmada.

Desde esa cartera señalaron que el pedido se vincula con la ausencia del secretario Alejandro Cacace, quien participa en Estados Unidos de actividades sobre inteligencia artificial junto a legisladores.

Resistencia de la industria nacional

El principal obstáculo para la ratificación del acuerdo es el rechazo de los laboratorios locales, que cuestionan especialmente el capítulo II del tratado. Ese apartado fija condiciones sobre propiedad intelectual que, según advierten, podrían alterar el esquema vigente en el país.

La tensión se profundizó tras la decisión del presidente Javier Milei de derogar resoluciones de 2012 que establecían criterios de patentabilidad y favorecían la producción de medicamentos genéricos.

Las cámaras CILFA y Cooperala advirtieron ante Diputados que la aprobación implicaría “una cesión de soberanía” y dejaría sin efecto las guías aplicadas desde hace más de una década.

En la práctica, la adhesión supone que las patentes registradas en países miembros tengan una vigencia de 20 años, con impacto directo en la industria farmacéutica por los costos de investigación y desarrollo.

Un margen de negociación acotado

Fuentes oficiales sostienen que Argentina no puede introducir cambios en el capítulo cuestionado. Argumentan que el país no formuló reservas al momento de adherir al tratado, por lo que debe aprobarse en su versión actual.

Los laboratorios nacionales defienden el esquema vigente, que permite producir versiones alternativas de medicamentos bajo ciertas condiciones y, según afirman, contribuye a precios más accesibles. En contraposición, empresas internacionales reclaman el reconocimiento de sus inversiones en investigación.

La disputa remite al debate por la ley de Patentes de los años 90, que también enfrentó a actores locales y extranjeros.

La defensa del Gobierno

El oficialismo sostiene que la adhesión facilitaría la inserción internacional del sistema científico y productivo. Afirma que empresas como Mabxience, Bagó, Biogénesis Bagó y Andromaco ya utilizan este sistema desde el exterior.

También destaca que el CONICET y universidades concentran el 26,9% de las solicitudes de patentes de origen argentino bajo ese esquema, una de las proporciones más altas de América Latina, y que la adhesión permitiría reducir costos administrativos.

Según el Gobierno, el tratado no debilita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), sino que podría fortalecerlo y abrir la posibilidad de que sea designado como autoridad internacional de examen preliminar, como ocurre en Brasil.

Villarruel define si le embarga la dieta al presidente provisional del Senado por una deuda impositiva de $45 millones

“Feliz cumpleaños Victoria Villarruel”. Con ese mensaje Bartolomé Abdala, el senador de La Libertad Avanza que ocupa la presidencia provisional de la Cámara alta, saludó a Victoria Villarruel este lunes a través de Facebook. Pero el saludo tenía una lectura entre líneas: la vicepresidenta tiene que definir si le embarga la dieta al legislador, luego de que la Justicia de San Luis le exigiera ejcutar una orden judicial por una deuda que Abdala tiene con el fisco provincial.

elDiarioAR supo que el requerimiento judicial ya fue procesado en la cúpula del Senado: “Se envió el requerimiento judicial al área de Sueldos y Dietas del Senado, para, de corresponder si así fuera, aplicar las deducciones, conforme la medida judicial”, recogió este medio de una fuente parlamentaria con conocimiento del caso. La frase, cuidadosa en su forma, confirma que el mecanismo está en marcha aunque deja abierta la puerta a eventuales impugnaciones que pueda presentar el propio senador.

El juez de Ejecuciones Fiscales de San Luis, Alberto Spagnuolo, dispuso el embargo ejecutivo sobre los haberes de Abdala por una deuda de $45 millones en concepto de impuesto inmobiliario y otros tributos provinciales. El oficio, basado en la ley 22.172, fue emitido el 6 de abril e ingresó formalmente por la mesa de entradas del Senado el viernes pasado. La resolución obliga al Senado a retener el porcentaje que fije la ley de la dieta del legislador hasta cancelar el monto total. Un senador nacional gana actualmente unos 11 millones de pesos mensuales, por lo que el embargo podría extenderse varios meses.

El caso tiene una carga institucional difícil de ignorar. Abdala llegó a estar a cargo del Poder Ejecutivo nacional por unos días el año pasado, cuando tanto el presidente Javier Milei como la vicepresidenta Villarruel se encontraban fuera del país. Es, en la práctica, el número dos del Senado. Y es uno de los suyos: senador de La Libertad Avanza.

El argumento de Abdala: persecución política

El senador reaccionó antes de recibir notificación formal. En declaraciones a Clarín, dijo que “no me notificaron nada” en forma oficial y que este lunes se reuniría con sus abogados para definir cómo afrontar la deuda. Pero rápidamente ubicó el conflicto en clave electoral. Abdala calificó la medida como “una persecución política del gobernador de San Luis, Claudio Poggi” y la vinculó con sus posibilidades de candidatearse para sucederlo en las elecciones provinciales del año próximo.

“En San Luis, cuando alguien se anima a discutirle el poder a la casta, se transforma en un problema. Y para la política tradicional, cuando sos un problema, también te convertís en alguien a quien operar y amedrentar”, escribió el legislador. Calificó la medida como “una operación burda, habitual en el gobierno de Claudio Poggi”. La semana pasada, en el Senado, había dicho que “el gobierno de mi provincia está más sucio que una papa”.

También apuntó contra la política fiscal puntana en general: la Dirección Provincial de Ingresos Públicos inició más de 5.200 juicios a deudores de impuestos provinciales por un total de 9.113 millones de pesos.

El problema para Abdala es que la deuda existe, y que él mismo declaró tener con qué pagarla. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024 y presentada ante la Oficina Anticorrupción, informó cinco inmuebles, tres vehículos y un patrimonio estimado en 197 millones de pesos. Contador de profesión, alega desconocer una deuda impositiva de 45 millones pese a las propiedades declaradas.

La réplica del gobierno de San Luis

Desde la administración de Poggi no dejaron pasar la oportunidad. La directora de Ingresos Públicos, Teresa Capiello, rechazó de plano las acusaciones de intencionalidad política y explicó que la política fiscal se basa en el principio de capacidad contributiva: “El que tiene más, contribuye más. No es lo mismo la tasa de un barrio común que la de una vivienda en un country, ni un vehículo de alta gama que un utilitario”.

La frase de remate apuntó directo al senador: “Si la crítica proviene de alguien que no cumple, pudiendo hacerlo, entendemos que estamos en el camino correcto.” En otras palabras: es un contribuyente con capacidad económica declarada que no paga sus impuestos provinciales.

En 2023, el gobernador Poggi, en alianza con Juntos por el Cambio, desplazó del poder a Alberto Rodríguez Saá, quien junto con su hermano venía gobernando la provincia desde 1983. Desde entonces, la relación entre el oficialismo provincial y La Libertad Avanza fue deteriorándose. Abdala, que fue ministro de Turismo durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá y luego migró al PRO y finalmente a LLA, se convirtió en el principal vector de esa tensión.

MC

Mahiques intenta cubrir al Gobierno en un frente judicial que no deja de expandirse

El Gobierno tiene un problema judicial. O, más precisamente, una acumulación de problemas judiciales que empiezan a superponerse en el tiempo y a dialogar entre sí. $LIBRA, ANDIS y el caso Adorni son expedientes distintos, con lógicas propias, pero atravesados por un mismo hilo conductor: todos rozan, de una u otra manera, el núcleo de poder que rodea a Javier Milei. En ese contexto, la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no fue solo un cambio de nombres, sino la designación, en los hechos, de un rol que nadie explicitó en público pero que en privado nadie se molesta en negar: el de escudo.

No se trata, además, de un actor ajeno a ese mundo. Mahiques viene de la llamada “familia judicial”, hijo de un histórico camarista de Casación y formado en los códigos, vínculos y lógicas de Comodoro Py, un capital que en la Casa Rosada le reconocen y por el que fue elegido para cumplir justamente esa función. La apuesta era clara: alguien que hablara el idioma de los tribunales, que conociera sus tiempos y sus reflejos, y que pudiera ofrecer cobertura en un momento de tensión creciente. El problema es que, a poco más de un mes de asumir, ese escudo todavía no logra mostrar eficacia, o peor aún, no termina de cubrir.

Hay escenas que lo delatan. En marzo, durante su primera entrevista en LN+, Mahiques ensayó la fórmula esperable, pero apenas unos segundos después cruzó esa línea y se metió de lleno en el caso $LIBRA, donde terminó actuando más como abogado defensor del Presidente que como ministro de Justicia. No lo hizo en un expediente ni en un dictamen, sino en televisión, como quien tantea el terreno, al esbozar una estrategia para desarmar la prueba central.

En Comodoro Py la hipótesis es conocida: si el origen de una prueba es cuestionable, todo lo que se construye sobre ella puede caerse. Es la mentada teoría del “fruto del árbol envenenado”. Por lo que cualquier filtración aparece, en el razonamiento de Mahiques, como una posible llave de nulidad. Ese corrimiento tuvo consecuencias, porque en los tribunales lo leyeron como una señal de debilidad más que de fortaleza. No porque la estrategia sea incorrecta, sino porque reveló la urgencia del oficialismo y expuso que las pruebas, lejos de ser marginales, preocupaban.

Esa preocupación se vuelve más tangible cuando se mira el estado de las causas. En $LIBRA, el expediente que tramita el juez Marcelo Martínez de Giorgi, las pericias sobre el teléfono de Mauricio Novelli empezaron a aportar elementos incómodos para la defensa oficial, incluyendo referencias a un presunto acuerdo económico con el propio Presidente para promocionar la criptomoneda meme que dio lugar a acusaciones de estafa y pérdidas de 251 millones de dólares para los inversores.

En paralelo, la causa que investiga los supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Ariel Lijo, acaba de escalar con un movimiento que en Tribunales funciona como señal de cambio de fase: los fiscales pidieron 27 nuevas indagatorias, ampliaron la imputación a una estructura que combina funcionarios y empresarios y pusieron bajo la lupa un esquema de direccionamiento de contratos por más de $75 mil millones, con pedidos de inhibición de bienes incluidos, lo que indica que la investigación no solo sigue abierta sino que se expande. A su vez, en el caso Adorni, también bajo la órbita de Lijo, el expediente que más rápido se movió en los últimos días, la hipótesis de dádivas por el viaje a Punta del Este y las sospechas de enriquecimiento ilícito empiezan a consolidarse con pruebas que, al menos por ahora, resultan difíciles de desactivar. “Nos conviene que la causa avance rápido”, deslizan en Casa Rosada.

En ese mapa hay un dato que sobresale y que conecta los casos más sensibles que orbitan alrededor del oficialismo: aunque no todas están en el mismo juzgado, la figura de Lijo aparece como un actor central en este momento judicial. Su comportamiento en las últimas semanas no pasa desapercibido. Licencias llamativas, movimientos políticos y reuniones que trascienden pueden no significar demasiado por separado, pero en conjunto construyen la imagen de un magistrado en estado de activación, una percepción que circula cada vez con más fuerza en los pasillos de Comodoro Py.

Allí no lo dicen en voz alta, pero lo sugieren con insistencia. Lijo está en campaña, no en términos electorales sino institucionales, en un contexto en el que la Procuración General de la Nación volvió a entrar en la conversación como horizonte de poder, junto con los nombres de quienes aspiran a ocuparla, entre los que aparecen tanto el propio juez como el ministro Mahiques.

La paradoja es evidente, porque el funcionario que debería garantizar un vínculo aceitado entre el Gobierno y la Justicia compite, en los hechos, por el mismo objetivo que uno de los jueces que investiga a sus principales figuras. No es una disputa explícita, pero tampoco hace falta que lo sea, ya que se expresa en gestos, silencios y movimientos que se leen más por lo que insinúan que por lo que dicen, en un juego donde la exposición también construye posicionamiento.

Para Lijo, la ecuación pasa por recuperar centralidad después del traspié que significó su fallida llegada a la Corte Suprema impulsada por el asesor Santiago Caputo, mientras que para Mahiques el desafío es consolidarse en un cargo que, por ahora, lo expone más de lo que lo protege. Ambos saben que para llegar a ser jefe de los fiscales no alcanza solo con antecedentes técnicos, sino con poder político, y que ese poder se construye en el cruce, siempre inestable, entre los tribunales y la Casa Rosada.

Es que mientras en los pasillos de Comodoro Py empiezan a circular versiones que amplían el mapa —como la que menciona a Mahiques como posible nexo informal entre el Gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)—, las causas que acorralan a Milei dejan de ser solo expedientes para convertirse también en herramientas de negociación. Por eso, cuando en Balcarce 50 hablan de levantar un escudo ante al frente judicial, quizás estén mirando el partido equivocado. Echando mano a la metáfora del último video compartido por el Presidente en su cuenta de Instagram, del otro lado, más que delanteros aislados, empieza a haber un equipo que juega en bloque y que, sin apurarse, empieza a empujar la pelota hacia el arco con cada vez menos intermediarios.

PL/CRM

Médicos del PAMI paran 72 horas por recortes y crece la presión de jubilados y el Congreso

Los médicos de cabecera del PAMI iniciaron un paro nacional de 72 horas en rechazo al nuevo esquema de pagos por afiliado, en una medida que expone la creciente tensión en el sistema de atención a jubilados. La protesta, convocada por APPAMIA con respaldo de AMRA, se inscribe en un conflicto más amplio que incluye movilizaciones de afiliados y reclamos en el Congreso.

El eje del reclamo es la fijación de una cápita de $2.100 mensuales por paciente, que reemplaza al sistema mixto anterior. Según los profesionales, el cambio implica una reducción de ingresos de hasta el 50% y altera las condiciones de trabajo.

La medida de fuerza –que se extenderá hasta el jueves– forma parte de un plan de lucha que incluye una movilización a la sede central del PAMI y la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado si no hay cambios.

Un esquema cuestionado

El nuevo modelo elimina el pago por consultas y establece un ingreso fijo por afiliado, independientemente de la cantidad de atenciones. Desde el sector advierten que esto obliga a incrementar la cantidad de pacientes para sostener ingresos.

Según cálculos gremiales, un médico debería atender a casi mil jubilados por mes para cubrir costos básicos de funcionamiento. Eso implicaría más de 30 consultas diarias, un volumen que consideran “imposible” sin afectar la calidad de la atención.

“El cambio es arbitrario y deteriora las condiciones laborales”, señalaron desde las asociaciones médicas. También cuestionaron el aumento de exigencias administrativas, que –afirman– reduce el tiempo efectivo de atención.

En paralelo, los profesionales comenzaron a comunicar a sus pacientes restricciones operativas: reprogramación de turnos, limitaciones en derivaciones y recetas que, en su mayoría, deberán realizarse de forma presencial.

Jubilados en las calles

En este contexto, organizaciones de jubilados convocaron a una protesta frente a la sede central del PAMI, en Avenida Corrientes, para reclamar por la falta de medicamentos e insumos.

La convocatoria incluye una olla popular y una conferencia de prensa, y se enmarca en una serie de reclamos más amplios contra lo que definen como un “vaciamiento” del organismo.

“No puede haber un jubilado más sin sus medicamentos”, señalaron en un comunicado, en el que también exigieron aumentos en los haberes y cuestionaron la gestión del sistema de salud para adultos mayores.

Tras la concentración, está prevista una marcha hacia el Congreso, en línea con las movilizaciones que el sector realiza semanalmente.

Reclamos en el Senado

La situación también escaló al plano legislativo. La senadora cordobesa Alejandra Vigo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo explique la situación del PAMI ante el corte de prestaciones médicas.

Además, impulsó un proyecto de declaración en el que expresa “profunda preocupación por el recorte y la falta de pago” que, según advirtió, está dejando sin cobertura a afiliados en distintas provincias.

El conflicto combina así tres niveles de presión simultáneos –profesionales de la salud, jubilados y el Congreso– sobre un sistema que atraviesa cuestionamientos por su funcionamiento, financiamiento y capacidad de respuesta.

El PAMI por dentro: un sistema en crisis donde el poder siempre encuentra la manera de sobrevivir

La escena se repite, casi cíclicamente. Cada crisis del PAMI esconde lo mismo: debajo de los nombres que se suceden en la superficie, persiste un entramado que atraviesa gobiernos, colores políticos y reformas administrativas. La semana que pasó, marcada por los rumores de salida de Mario Lugones del Ministerio de Salud —que el Gobierno se ocupó de desmentir—, volvió a poner en primer plano el estado crítico de la obra social más grande del país. Con sus seis millones de afiliados en vilo, la situación dejó al descubierto algo menos visible: la estructura de poder que logra sostenerse incluso cuando la olla parece estar a punto de explotar.

Ese mapa no es nuevo. Conviven en él capas que responden a lógicas distintas, al menos a simple vista. Por un lado, el poder permanente, con figuras que llevan décadas orbitando el organismo. Carlos Rojo es quizás el nombre más representativo de ese esquema. Médico formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), construyó desde allí una carrera que lo llevó a dirigir el PAMI entre 2005 y 2012 y a consolidarse como referente de la Asociación de Médicos Municipales.

Desde las sombras, Rojo tejió una alianza estratégica con el radical Emiliano Yacobitti que terminó por reconfigurar el equilibrio de poder en la UBA. Esa sociedad, que unió a la Facultad de Medicina con Económicas, fue clave para definir rectorados, desplazar hegemonías históricas y consolidar un esquema que todavía hoy ordena la política universitaria. Pero la influencia del tándem Rojo-Yacobitti excede largamente esos claustros. Con el tiempo, trascendió el ámbito académico y encontró en el PAMI un terreno fértil para proyectarse: la lógica de acuerdos cruzados entre espacios que en otros planos compiten se trasladó también al organismo.

Durante la actual gestión, la reestructuración interna desplazó a algunos nombres y redujo jerarquías, pero en ningún momento se puso en duda esa red. Sergio Barrionuevo —ligado al operador peronista porteño Juan Manuel Olmos— está hoy al frente de la Subgerencia de Promoción Social, en una posición que, aunque con menor visibilidad que en etapas anteriores, conserva incidencia en el funcionamiento cotidiano del área.

Junto a Barrionuevo, otros cuadros vinculados a distintas líneas políticas permanecen en roles intermedios, muchas veces sin capacidad formal de decisión, pero con conocimiento del terreno y capacidad de supervivencia. En ese nivel, la lógica no es la confrontación abierta sino la convivencia forzada, atravesada por internas que terminan condicionando el funcionamiento cotidiano. “No hay línea para laburar nada… todo es así”, describió a elDiarioAR, resignado, un actor con conocimiento directo del organismo, en alusión a una dinámica que, lejos de ordenar, tiende a bloquear.

Sobre esa base se montó el nuevo esquema. La llegada de Javier Milei implicó una reorganización que redujo las cuatro gerencias sociales a una sola, subdividida en seis subgerencias, y concentró el poder operativo en una Unidad Técnica que responde a Carlos Zamparolo. Formalmente, Zamparolo es el número dos del PAMI, por detrás de su titular, Esteban Leguizamo. Pero en la práctica es quien maneja la batuta. Proveniente de la obra social de los empleados de la Universidad de Buenos Aires (DOSUBA), su desembarco en el organismo también se inscribe en la red de vínculos construida en torno al binomio Rojo-Yacobitti. Con llegada directa a Santiago Caputo, Zamparolo funciona como articulador entre ese entramado previo y el núcleo político del Gobierno, en un rol que combina gestión, control y negociación interna.

El lobby del Güemes

La presencia de Guido Giana como número dos del Ministerio de Salud tampoco es un dato aislado. Distintas fuentes lo ubican como la figura que concentra hoy el manejo cotidiano del área. Su relación con Lugones es tan funcional como íntima —“Para Mario es como un hijo”, dicen en su entorno—. Y su vínculo con el PAMI es directo: todo lo que pasa en el organismo termina, de una u otra forma, orbitando su despacho. No es la primera vez que ocupa un rol clave como funcionario. Durante el gobierno de Cambiemos se desempeñó como gerente económico-financiero de la obra social de los jubilados, una experiencia que lo conecta con su funcionamiento interno más allá de las gestiones. Incluso decisiones que se atribuyen al ministro muchas veces se procesan en otro nivel.

Esa centralidad de Giana no se explica solo por su posición formal. Su trayectoria está íntimamente ligada a la del propio Lugones. Ambos comparten origen en el Sanatorio Güemes, uno de los actores más relevantes del sistema de salud privado, donde confluyen negocios, política y gestión. Allí también se proyecta otro vínculo clave: el de Mario Lugones con Enrique “Coti” Nosiglia, histórico operador del radicalismo, con quien comparte intereses en lo privado. No es un dato menor: la trayectoria de Lugones está profundamente ligada al mundo de los prestadores. Desde su paso por el PAMI en los años noventa hasta su rol en la Cámara de Entidades Prestadoras de Salud (CEPSAL) y sus participaciones empresariales en el sector, su recorrido refleja una inserción sostenida en el negocio.

En ese ecosistema aparece otra figura que no ocupa cargos formales pero es mencionada de manera recurrente cuando se reconstruyen las decisiones sensibles del área: Rodrigo Lugones, hijo del ministro y socio de Santiago Caputo en la consultora Move Group. Con vínculos fluidos con el mundo de la salud privada, funciona como un articulador informal entre clínicas, financiadores y prestadores y el núcleo político del Gobierno. En distintos despachos lo describen como el verdadero “monje negro” de Caputo en Salud, alguien que no necesita firma para incidir en la dinámica del ministerio y, por extensión, en el PAMI.

El triángulo que conforman Giana, Zamparolo y el entorno de Santiago Caputo convive con el esquema histórico representado por Rojo y sus derivados. Pero el loteo no garantiza la armomía. Tanto Lugones como Giana desconfían del poder persistente del exdirector e intentaron, en distintos momentos, correr a su gente de posiciones clave. Pero la estructura resiste. Y en ese punto, Zamparolo aparece como una figura de equilibrio. Un mediador que permite que las tensiones no escalen a una ruptura abierta, aun cuando las diferencias se acumulan.

Entre la caja y los pactos

Sin embargo, está claro que el mecanismo no se sostiene solo por afinidades políticas o trayectorias compartidas. Menos por el encono. Descansa sobre un interés común que atraviesa a todos los actores involucrados: el negocio de la salud. En un sistema donde el volumen de recursos es constante y la demanda nunca desaparece, el PAMI funciona como un nodo estratégico. “La obra pública puede acabarse, pero la caja de la Salud no”, resumió, sin rodeos, una fuente con años de experiencia en el sector.

Esa lógica también se expresa en el modo en que se reorganiza hoy el sistema. En distintos niveles del PAMI empieza a consolidarse una dinámica de transferencia de recursos hacia el sector privado, con derivación de cápitas y contratos que reconfiguran el rol del Estado. Buena parte de esas decisiones se concentran en áreas técnicas menos visibles del organigrama. Un ejemplo es la Unidad de Gestión y Control de la Prestación Médica (UGCPM), encargada de auditar contratos, negociar con laboratorios y definir qué medicamentos integran la cobertura.

Desde allí, su titular, el médico Alejandro Wittenberg, supervisa precios, autoriza licitaciones millonarias y establece relaciones con prestadores, en un esquema donde la capacidad de decisión se concentra en pocos actores. Pero su poder no se limitaría a eso. ¿Será cierto que Wittenberg acaba de dar la orden de empezar a ceder el manejo de hospitales del PAMI a municipios peronistas de la provincia de Buenos Aires? “Van a echar a todos los empleados”, denuncian desde el conurbano. Algunos hasta mencionan que la bajada estuvo acompañada de un pedido explícito: que se traslade el resonador del nosocomio de Hurlingham al Hospital del Bicentenario de Ituzaingó.

En enero, elDiarioAR se había hecho eco del enojo de los referentes de La Libertad Avanza local por el desplazamiento repentino del director de esa institución, ubicada en aquel partido del oeste del Gran Buenos Aires. La llegada de un reemplazante con vínculos con la intendencia comandada por Pablo Descalzo alimentó sospechas sobre posibles acuerdos territoriales entre sectores de La Libertad Avanza y el peronismo.

Es que La Cámpora seguiría teniendo presencia en el PAMI. Como figura fuerte se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham. En ese mismo plano circula una denuncia más amplia: que durante la campaña municipal de 2023, cuando el organismo todavía era conducido por Luana Volnovich, se habrían utilizado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas como la de Damián Selci. Nada que pase de los rumores.

Innacción y crisis

La superposición de capas tectónicas tiene efectos concretos en la gestión, especialmente en áreas sensibles como la social, históricamente uno de los ejes del PAMI. La falta de conducción clara se traduce en inacción: programas que dejan de ejecutarse, presupuestos que no se utilizan y equipos que operan sin una línea definida conviven con disputas internas entre subgerencias que responden a distintos espacios, según pudo saber elDiarioAR. “Parálisis total”, resumió una fuente, en una definición que se repite en distintos niveles del organismo.

El retroceso es visible en la desaparición práctica de los medicamentos gratuitos o los subsidios para afiliados, mientras la atención territorial —que supo ser una herramienta clave a la hora de la construcción política— hoy aparece desdibujada. “No se está haciendo nada”, graficaron desde adentro. En algunos casos, incluso, los recursos asignados no se ejecutan y terminan reasignándose, en un contexto donde decisiones como el corrimiento físico de equipos a sectores marginales del edificio de la calle Corrientes funcionan como un síntoma del lugar que hoy ocupa la política social en la agenda del Gobierno.

Los pasillos de la sede central del PAMI, en el centro porteño, tienen su propia lógica de poder. Designaciones como las de María Antonella Racunti al frente del Área de Participación e Inclusión Social; de Yamil Salerno como titular —en su momento— de Derecho y Ciudadanía, ahora jefe de división de la secretaria privada de la gerencia; o el ascenso de Lucas Catalín Malin a la jefatura de Gabinete del organismo, responden menos a trayectorias técnicas que a alineamientos políticos. Es la capa más visible del caputismo dentro del PAMI, con vínculos directos con la militancia digital y el círculo de confianza del asesor presidencial.

Racunti, militante libertaria de La Plata y parte de la organización Universitarios de La Libertad Avanza (ULLA), llegó al organismo tras la reestructuración que concentró las antiguas gerencias. Malin, por su parte, es hoy uno de los nombres con mayor peso en la estructura cotidiana. Desde la jefatura de Gabinete, actúa como ordenador interno del esquema que impulsa el oficialismo. A esa trama se sumó recientemente el karinista Juan Pablo Scalese, designado en diciembre pasado al frente del Departamento de Políticas Sociales. Economista y hombre de estrecha cercanía con Pilar Ramírez, su desembarco responde a la necesidad dela hermana del Presiente de construir presencia propia.

Mientras tanto, la crisis del organismo avanza por carriles cada vez más evidentes. Los prestadores reducen servicios y, en algunos casos, trasladan esa falta de liquidez a sus propios trabajadores. “La cadena de pagos está rota”, sintetizó una fuente al describir un esquema en el que las deudas del PAMI impactan directamente en clínicas, médicos y personal sanitario. Para este lunes está anunciado un paro de médicos de cabecera por 72 horas por rebaja del 55% de los honorarios. En distintas regiones del país, la atención se restringe a lo urgente y empiezan a aparecer señales de ruptura en el sistema.

Entre los cuadros más antiguos del organismo aparece, además, una lectura que atraviesa gestiones: la sensación de estar frente a un proceso conocido. La combinación de atraso en los pagos, reducción de personal, retiros voluntarios y retracción de políticas públicas remite, según esa mirada, a otros momentos de “vaciamiento” del PAMI, como el ocurrido en 2001, en los tiempos del interventor Raúl Pistorio. “Es como un déjà vu”, dicen quienes llevan décadas trajinando sus oficinas.

Ese deterioro, sin embargo, convive con una constante puertas adentro de la obra social con más afiliados de América Latina. Es su capacidad de adaptación. Aun en contextos de ajuste, reestructuración o crisis abierta, el PAMI encuentra la forma de seguir funcionando, sostenido por una trama de relaciones que excede a cualquier gestión. Cambian los nombres de los funcionarios que dan la cara, se reordenan las jerarquías según nuevos parámetros y se reconfiguran las alianzas. Pero las capas profundas y sus representantes permanecen, a costa de los negocios, aunque muchas veces la propia realidad se encargue de ponerlos en jaque.

PL/CRM