Código Postal 3005

El peronismo organizó un conversatorio en el Senado para advertir sobre las consecuencias del proyecto que busca aumentar las penas de denuncias falsas y falso testimonio en los casos de abuso sexual y violencia de género.
Impunidad y disciplinamiento. Después de más de dos horas de exposiciones, testimonios y debate, con presencia de abogadas feministas, juezas, especialistas en derecho y madres protectoras, el conversatorio organizado en el Senado llegó a una misma conclusión: el proyecto de Carolina Losada, que aumenta las penas para los casos de denuncias falsas por violencia de género, solo generará impunidad y disciplinamiento para las mujeres que denuncian. A coro, las especialistas y familiares de víctimas advirtieron que, de aprobarse en el Congreso, la ley no brindará ayuda a quienes son falsamente acusados, sino que solo pondrá más barreras en el acceso a la Justicia para las mujeres que denuncian.
“Todas las víctimas con las que trabajo tienen algo en común: el miedo de que no les crean, a no poder acceder a la Justicia. Por favor, no creemos una nueva barrera sobre estas víctimas. No las señalemos con el dedo. No hagamos que las personas que buscan Justicia sean sospechosas”, pidió, emocionada y mirando a los senadores presentes en la sala del Senado, Andrea Lucangioli, la abogada de las cinco jugadoras de fútbol de la selección que denunciaron, en 2021, a su ex entrenador Diego Guacci por abuso sexual.
Guacci, tal como relató elDiarioAR, fue absuelto por el Comité de Ética de la FIFA por “falta de pruebas” y se convirtió en un referente en contra de las “denuncias falsas” por abuso sexual. Su esposa, Andrea Robledo de Guacci, fundó el Frente de Mujeres Argentinas contra las Denuncias Falsas y, dos años después, redactó el proyecto que presentó Losada –que aumenta las penas en los delitos de denuncia falsa y falso testimonio en los casos de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñes y adolescentes– y que está por aprobarse en el Senado.
“No es un problema que las personas pidan ayuda. No es un problema cuando las mujeres y las infancias buscan asistencia, el problema es cuando no lo hacen”, señaló Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, durante el conversatorio, advirtiendo lo que muchas de las invitadas repetirían luego: la iniciativa no resuelve el problema marginal de las falsas denuncias por violencia de género, sino que, en cambio, genera más problemas. En este caso en el acceso a la Justicia de las mujeres e infancias que denuncian violencia.
“Solo 1 de 4 mujeres en situación de violencia ha ido a buscar ayuda. Solo el 30% de las mujeres en CABA que vivió violencia buscó ayuda de alguna institución. El problema es que hay pocas denuncias o pocos pedidos de asistencia”, insistió Gherardi, quien cuestionó los largos tiempos procesales de la Justicia y advirtió que proponer una “criminalización agravada” para los casos de violencia de género iría en contra de leyes recientemente aprobadas por el Congreso, como la Ley Lucio.
“Hace menos de tres años que el Congreso aprobó la Ley Lucio por unanimidad. Una ley que obliga a profesionales a denunciar cualquier situación de violencia y abuso. Pero si alguien después argumenta que es una falsa denuncia porque no hay prueba corre el riesgo de ser denunciado. ¿En qué quedamos? Tienen que denunciar o no tienen que denunciar para no ser víctima de una acusación de falsa denuncia?”, argumentó.
Respecto a la “marginalidad” de los casos de falsas denuncias por abuso sexual, la mayoría de las expositoras insistió en que no había estadísticas que justificaran la idea de que había una oleada de denuncias falsas. “Se habla de epidemia de denuncias por violencia sexual pero no hay evidencia. El Registro Nacional de Reincidencia da cuenta que dictaron 23.419 sentencias condenatorias en 2023. De esas 23.419 sentencias, solo 60 fueron casos de falsa denuncia y falso testimonio. Es decir el 0,25%”, señaló Ileana Arduino, abogada penalista del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Arduino, a su vez, buscó desmitificar la idea de que las retracciones de un caso de abuso sexual o violencia de género –que son utilizadas como argumento como parte del lobby contra las denuncias falsas– fueran sinónimo de mentira. “La evidencia indica que la retractación es una situación de extrema vulnerabilidad y que no es igual que la mentira. Una investigación científica de Córdoba del Instituto Ricardo Nuñez, que trabajó sobre adolescentes y niños retractados, reveló que el 75% cuando denunció el abuso recibieron desconfianza o indiferencia del adulto. Y que más del 60% tenía contacto con el agresor”, graficó Arduino.
La jueza del TOC 2 de Ciudad de Buenos Aires, Analía Silvia Monferrer, sumó a este dato con su propia experiencia. “En el 100% de los casos de personas que venían a querer retractarse y levantar denuncia fue porque habían tenido nuevos episodios de violencia. La retractación es a priori un elemento más para corroborar la situación de violencia”, señaló Monferrer sobre los casos que llegaron a su juzgado.
“Este proyecto no es solo disuasorio, es castigo, es disciplinador. Quieren que todas las mujeres que denuncien terminen en las mismas condiciones que terminaron en el caso Guacci”, señaló, por su parte, la abogada feminista Sabrina Cartabia, que trabaja con víctimas de abuso sexual.
No fue la única. En el público había supervivientes y familiares de supervivientes que advirtieron eso mismo: la ley busca castigarlas por denunciar. “Si este proyecto sale, nosotras que estamos denunciadas, vamos presas. El objetivo no es solo amedrentar nuevas víctimas. Nosotras vamos a ir presas, y nuestro hijos vuelven a la casa de tortura”, señaló Daniela Dosso, una “madre protectora” que denunció a su ex pareja, hace cuatro años, por el abuso sexual de su hijo Martín, cuando tenía 7 años.
“Esto no es una pelea por las falsas denuncias, es impunidad”, exclamó.
En una misma línea, al final del encuentro, la senadora Juliana Di Tullio tomó la palabra y señaló: “Es un proyecto de disciplinamiento y castigo a favor de los pedófilos y de los violentos. Y hay una batalla político cultural que hoy encabeza el Gobierno”.
Losada pretendía aprobar la iniciativa en el Senado la semana próxima, pero Patricia Bullrich decidió patearlo una semana más. La jefa del oficialismo quiere esperar a ver cómo repercute el informe de gestión de Manuel Adorni este 29 de abril: no quiere tensionar a los aliados y prefiere esperar a ver cómo están los ánimos.
Hubo, además, otro factor en la decisión de aplazar la sesión. Y es que Bullrich observa que no hay tanto consenso interno en el bloque radical, que integra Losada, para aprobar la iniciativa. La senadora libertaria tiene otras prioridades –como la aprobación de los pliegos judiciales– por lo que no quiere tensionar las alianzas a menos que sea necesario.
Y la oposición peronista buscará aprovecharlo.
MCM/CRM

Sin Milei ni Karina, el gobernador Kicillof compartió escena con Manuel Adorni, quien encabezó la comitiva oficialista en medio de las causas judiciales que lo tienen en la mira. Victoria Villarruel faltó a último momento.
La misa por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco en la Basílica de Luján condensó, en una misma escena, buena parte del ruido político del presente. La ausencia del presidente Javier Milei y de su hermana Karina por su gira en Israel llevó a que Manuel Adorni debiera exponerse. En medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete debió compartir escena con dirigentes opositores como el gobernador Axel Kicillof o la propia vicepresidenta Victoria Villarruel, que debía sentarse junto al él, pero que terminó ausentándose. Lo que en origen era una ceremonia religiosa terminó funcionando como una postal política de alto voltaje, atravesada por tensiones y señales cruzadas.
Con el Presidente fuera del país, la Casa Rosada optó por desplegar una representación amplia para evitar cualquier lectura de distancia con la figura de Francisco. Adorni encabezó la comitiva oficial y se ubicó en primera fila, junto a Martín Menem, el ministro Diego Santilli y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala. También estuvieron el ministro de Defensa, Carlos Presti; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Salud, Mario Lugones; y de Seguridad, Alejandra Monteoliva. La presencia del jefe de Gabinete tuvo una doble lectura, institucional hacia afuera y de respaldo político hacia adentro.
Villarruel, que había confirmado asistencia y debía ubicarse junto a Adorni, terminó ausentándose de la ceremonia en Luján y optó por participar de una misa en la Basílica de San José de Flores. Desde allí, buscó marcar una diferencia explícita: sostuvo que eligió ese lugar por su vínculo con el bautismo del Papa Francisco y cuestionó que el acto central se hubiera “politizado”. En esa línea, comparó la situación con lo que ocurre en fechas como el 2 de abril, cuando la política se superpone a conmemoraciones sensibles, y remarcó que prefirió “estar entre la gente”, en un ámbito alejado de la dirigencia.
En Luján, en tanto, Kicillof ingresó a la Basílica minutos antes del inicio de la misa, alrededor de las 17, acompañado por intendentes como Federico Otermín y Gustavo Menéndez. Su sola presencia, en medio de la confrontación abierta con la Casa Rosada, sumó una capa adicional a la escena. Al retirarse, remarcó que al papa Francisco hay que recordarlo en sus enseñanzas y seguir su ejemplo de solidaridad. “Creo que es lo contrario al discurso de la ultraderecha”, remarcó.
La misa, iniciada a las 17, fue el acto central de una semana de homenajes que el Episcopado viene impulsando en todo el país. La convocatoria, organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), logró reunir así a dirigentes de distintos espacios, desde el oficialismo hasta la oposición, pasando por figuras como el diputado Maximiliano Ferraro y armadores territoriales como el diputado libertario Sebastián Pareja.
Al frente de la ceremonia estuvo Marcelo Colombo, quien encabezó la liturgia acompañado por un centenar de obispos reunidos en su asamblea plenaria. Su mensaje, con tono autocrítico, pareció interpelar a la dirigencia en su conjunto: “Muchos nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia”, señaló, antes de advertir sobre “la indiferencia, el desinterés y la agresividad permanente en el lenguaje”.
La escena se completó con un gesto simbólico. Obispos, sacerdotes y laicos encendieron velas y las depositaron frente a un retrato de Francisco. Pero incluso en ese cierre, pensado en clave pastoral, la política se mantuvo como telón de fondo. No es casual. Luján funciona desde hace décadas como un punto de intersección entre fe y poder, un espacio donde las liturgias adquieren una dimensión adicional que se hace notar.
PL/CRM

La vicepresidenta decidió no asistir a la misa en la Basílica de Luján por el aniversario de la muerte del papa Francisco y optó por participar de una ceremonia en Almagro. Argumentó que el acto oficial estuvo “politizado” y aseguró que prefirió compartir la misa “con la gente” antes que con dirigentes.
Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.
“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.
Tras denunciar una “politización” de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia al señalar que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.
“Las ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis cereencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, apuntó.
En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.
Algunas filas más atrás estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.
“Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”, insistió Victoria Villarruel.
Con el presidente Javier Milei en Israel, Victoria Villarruel le tocó desempeñar la primera magistratura, y por eso se esperaba su presencia en la misa oficial de Luján en honor al papa Francisco.
Con información de Noticias Argentinas
JIB

La iniciativa será enviada este miércoles al Congreso y apunta a modificar el sistema electoral vigente en varios ejes clave.
El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso un proyecto de reforma electoral que contempla la eliminación de las PASO, modificaciones en el financiamiento de los partidos y la incorporación de la Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.
A través de sus redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa apunta a “poner fin a la impunidad” y criticó el esquema vigente al señalar que no corresponde que los ciudadanos financien internas partidarias.
Asimismo, explicó que el nuevo sistema de financiamiento buscará reducir el uso de fondos públicos en la actividad política y sostuvo que la propuesta pretende avanzar sobre lo que definió como privilegios del sistema político.
“Mañana enviaremos la reforma electoral al Congreso”, anunció el presidente Javier Milei en su cuenta de X destacando, punto por punto, el plan del oficialismo.
Sobre la eliminación de las PASO, el mandatario dijo: “Basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”, agregando respecto del financiamiento que “se termina la política viviendo de tu bolsillo”. También dio un apartado sobre Ficha Limpia al decir que “los corruptos, afuera para siempre”.
“Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”, cerró el mandatario antes de subir al avión que lo traerá de regreso de Israel a la Argentina.
Con información de agencias y redes
JIB

La reglamentación de la ley de eutanasia en Uruguay ya rige y fija un procedimiento con controles médicos para garantizar una decisión libre e informada. Establece requisitos, evaluaciones profesionales y la posibilidad de revocar el pedido en cualquier momento.
El decreto que reglamenta la ley de eutanasia o muerte digna en Uruguay entró en vigencia este martes y establece un procedimiento con controles médicos y garantías para asegurar una decisión “libre”, “consciente” e “informada” de los pacientes que atraviesan enfermedades incurables e irreversibles.
“La reglamentación hace posibles derechos, establece garantías y asegura la supervisión del proceso en el cual la persona toma la decisión de tener una muerte digna recurriendo a la eutanasia”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al dar detalles de la reglamentación.
“El ministerio tiene la obligación, y así lo estamos cumpliendo, con mucha responsabilidad de garantizar el derecho de las personas a expresar su voluntad libremente en todos los aspectos vinculados a su salud y a su vida, a que tomen decisiones informadas”, sostuvo.
Para acceder al procedimiento de eutanasia, la persona deberá ser mayor de edad, tener capacidad de decisión y padecer una enfermedad incurable e irreversible que le provoque sufrimiento persistente no mitigable por otros tratamientos disponibles.
El paciente debe presentar una solicitud escrita, personal y voluntaria, seguida por una evaluación de al menos dos médicos; si existe desacuerdo, una junta médica resolverá el caso, de acuerdo a lo informado por el MSP. Posteriormente, el paciente deberá ratificar su voluntad en una segunda instancia acompañado por testigos y podrá revocar su decisión en cualquier momento.
El procedimiento se podrá realizar tanto en el prestador de salud o en el domicilio. Las instituciones sanitarias deberán asegurar información, acceso a cuidados paliativos y acompañamiento integral, y en casos de objeción de conciencia médica o institucional, estarán obligadas a derivar o contratar otro prestador para garantizar el derecho.
La ley denominada de “Muerte Digna” logró sanción definitiva en octubre pasado en el Parlamento con el respaldo del oficialista Frente Amplio y de legisladores de la oposición.
El decreto fue firmado por el presidente Yamandú Orsi la semana pasada, cuando sostuvo que “la dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas” y al presentar la reglamentación como resultado de “debate, reflexión y escucha”.
Con información de NA
JIB