Maria Teresa
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Noticias de Santa Fe
Se agrava el conflicto aceitero: el Gobierno dicta la conciliación obligatoria tras el inicio de la huelga por el "0% de aumento salarial"
Los sindicatos aceiteros iniciaron una huelga nacional tras rechazar la oferta salarial del 0% presentada por las patronales del sector, aunque el Gobierno nacional intervino y dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar el conflicto y abrir una nueva instancia de negociación.
La negociación salarial en la industria aceitera derivó este miércoles en un fuerte conflicto gremial luego de que la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y las patronales del sector ofrecieran una recomposición salarial del 0% para mayo. La decisión provocó el inicio de una huelga nacional encabezada por la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) de San Lorenzo, aunque horas más tarde el Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar la medida de fuerza.
El conflicto comenzó tras el fracaso de las negociaciones paritarias. Según explicaron los gremios, la revisión salarial prevista en el acuerdo del año pasado debía realizarse entre el 27 de abril y el 2 de mayo para analizar la evolución económica y definir los aumentos correspondientes. Sin embargo, denunciaron que las empresas no ofrecieron ningún incremento y propusieron únicamente atar futuras actualizaciones al índice de inflación del Indec.
En un comunicado conjunto, los sindicatos calificaron la oferta como “vergonzosa” y acusaron a las patronales de actuar de “mala fe”. “No ofrecen ni un peso de aumento para nosotros, los trabajadores, que producimos la ganancia que ellos acumulan”, sostuvieron desde la Federación Aceitera.
Además, los gremios cuestionaron que las empresas pretendan abandonar el criterio histórico de negociación basado en el Salario Mínimo Vital y Móvil, que contempla las necesidades básicas establecidas en la Constitución Nacional y en la Ley de Contrato de Trabajo. Según afirmaron, el esquema propuesto por las cámaras empresarias “es una trampa” porque el índice de inflación oficial no refleja el costo real de vida de una familia trabajadora.
La FTCIODyARA sostuvo que las empresas del sector obtuvieron una ganancia extraordinaria de 3.740 millones de dólares a partir de la reducción de las retenciones a las exportaciones impulsada por el Gobierno nacional. “Con esa ganancia extraordinaria pueden pagarnos al menos cinco años de salarios de todos los aceiteros”, señalaron. También remarcaron que los salarios representan apenas el 3,3% del valor exportado por la actividad y que la productividad del sector creció sin una ampliación del personal.
El reclamo sindical apunta a garantizar un salario inicial equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil, que —según cálculos elaborados con estadísticas oficiales— debería ubicarse en 2.802.754 pesos para cubrir alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, vestimenta, esparcimiento y previsión.
La medida de fuerza paralizó actividades en distintos complejos portuarios e industriales del país, aunque minutos después del inicio del paro la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo intervino y dictó la conciliación obligatoria a partir de las 15. La resolución obliga a los sindicatos a suspender la huelga y levantar los piquetes, mientras que las empresas no podrán aplicar sanciones ni descontar salarios durante el período de negociación.
Además, se convocó a una audiencia para el próximo viernes en la Secretaría de Trabajo, en Buenos Aires, donde las partes intentarán acercar posiciones para destrabar el conflicto.
Desde CIARA defendieron la propuesta salarial y remarcaron que los trabajadores aceiteros perciben remuneraciones muy superiores al promedio del empleo privado registrado. Según datos de la cámara empresaria, la categoría inicial del sector parte de 2,34 millones de pesos, un 67% por encima del promedio salarial formal del país, mientras que en categorías superiores la diferencia alcanza el 117%. Además, señalaron que el salario promedio ponderado del sector llegó a 4,9 millones de pesos en mayo de 2026.
La cámara también sostuvo que, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, los salarios aceiteros aumentaron un 361%, por encima de la inflación acumulada del período, que fue del 299%, del incremento del dólar, del 304%, y de la evolución del precio de la soja en pesos, que subió un 179%.
El conflicto se produce en medio de un contexto de récord de producción y procesamiento de soja y girasol, mientras los sindicatos advierten que las empresas buscan congelar salarios pese al crecimiento de las ganancias del sector exportador.
Con información de medios
JIB
El Gobierno impulsa la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal y organizaciones advierten sobre un “grave retroceso”
Más de 300 organizaciones sociales, académicas y sanitarias cuestionaron la iniciativa y sostienen que la ley permitió mejorar el acceso a información nutricional y modificar hábitos de consumo.
El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa, identificada como expediente 186/26, fue enviada esta semana por el Poder Ejecutivo y propone eliminar de manera integral el esquema vigente desde 2022.
El texto lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Entre sus fundamentos, el oficialismo plantea la necesidad de reducir “limitaciones regulatorias y económicas” y avanzar hacia una armonización normativa con otros países del MERCOSUR.
La propuesta generó el rechazo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y entidades vinculadas a la salud pública y los derechos de consumidores, que consideran que la derogación implicaría “un grave retroceso” en materia de derecho a la información alimentaria y protección sanitaria.
Una ley que excede los sellos negros
La Ley de Etiquetado Frontal estableció la incorporación de octógonos negros en envases de alimentos y bebidas con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Sin embargo, la normativa también incluyó restricciones a la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a niños, niñas y adolescentes, limitaciones al uso de personajes infantiles y regulaciones sobre entornos escolares saludables.
Las organizaciones que cuestionan el proyecto sostienen que la derogación no solo eliminaría los sellos de advertencia, sino también todo el sistema de protección asociado a la alimentación saludable.
“Avanzar en ese sentido significaría quitarle a la población una herramienta simple y efectiva para tomar decisiones informadas”, señalaron entidades académicas y sanitarias en un documento difundido tras conocerse la iniciativa oficial.
Según datos citados por esas organizaciones, antes de la sanción de la ley apenas el 13% de la población lograba interpretar correctamente la información nutricional tradicional incluida en el reverso de los envases, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2019.
Los estudios sobre el impacto de la norma
Distintos relevamientos elaborados tras la implementación de la ley por organismos como el Ministerio de Salud, UNICEF y FIC Argentina fueron utilizados por las organizaciones para cuestionar los argumentos del Gobierno.
Entre los datos difundidos, sostienen que el 90% de las personas considera que los sellos permiten identificar de forma rápida productos poco saludables. Además, más de la mitad de la población afirmó haber modificado su intención de compra en categorías como bebidas, yogures y galletitas luego de la aparición de los octógonos.
Otro estudio citado indicó que el etiquetado frontal permitió reducir la percepción errónea de que determinados productos ultraprocesados eran saludables. En particular, mencionaron cambios en la valoración de yogures, cereales de desayuno y jugos industrializados.
Las entidades también señalaron que el 55,9% de los consumidores utiliza “siempre o casi siempre” los sellos negros como referencia al momento de realizar compras.
La discusión sobre el MERCOSUR
Uno de los argumentos del Poder Ejecutivo para impulsar la derogación apunta a la necesidad de armonizar criterios regulatorios dentro del MERCOSUR. Sin embargo, organizaciones y especialistas sostienen que los modelos que actualmente se discuten en otros países de la región son menos exigentes que el sistema argentino.
En ese sentido, remarcaron que la legislación vigente en Argentina se basa en el Sistema de Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), considerado uno de los más estrictos de la región.
Como ejemplo, mencionaron que el modelo argentino detecta exceso de azúcares en el 68% de los yogures analizados, mientras que el sistema uruguayo lo hace en el 9% y el brasileño en el 1%.
Las organizaciones académicas, sanitarias y de derechos humanos pidieron al Congreso rechazar el proyecto y sostuvieron que no existen “argumentos sanitarios ni científicos” que justifiquen la derogación de la ley.
El Gobierno desmiente que el Gemelo Digital sea de Peter Thiel: "No pertenece a una corporación o individuo en particular"
Días después de que el anuncio generara una oleada de críticas por su parecido con los productos de la empresa Palantir, el ministerio de Sandra Pettovello publicó un comunicado oficial que evita cualquier referencia directa pero descarta contratos con empresas externas.
El Ministerio de Capital Humano salió este miércoles a contener el daño político generado por el lanzamiento del “Gemelo Digital Social”. A través de un comunicado oficial difundido en su cuenta de X, el organismo que conduce Sandra Pettovello insistió en que el proyecto es de “etapa preliminar”, que su desarrollo “se realizará íntegramente bajo su conducción estratégica, con recursos humanos y equipos técnicos especializados propios, sin recurrir a contrataciones integrales de empresas” y que el concepto de gemelo digital “lejos de pertenecer a una corporación o individuo en particular, se trata de una metodología ampliamente adoptada a nivel global”.
El comunicado también ensaya una distinción para blindar el proyecto de las comparaciones incómodas: “Lo novedoso de esta iniciativa no está en el concepto de gemelo digital, sino en que será utilizada por primera vez en lo social”. Ninguno de esos párrafos menciona a Palantir Technologies ni a Peter Thiel. Pero todos apuntan hacia ellos.
La controversia que detonó el comunicado
El viernes pasado, el presidente Javier Milei difundió en sus redes sociales un video del ministerio de Pettovello presentando al “Gemelo Digital Social” como “un cambio de paradigma en la política social con el uso de Inteligencia Artificial”. La pieza audiovisual prometía un sistema capaz de “simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real” mediante el cruce de múltiples bases de datos estatales. El propio Milei saludó el anuncio con su ya habitual mezcla de mayúsculas y jerga libertaria: “ARGENTINA SE ADELANTA AL FUTURO, PORQUE EL FUTURO NO ESPERA. MAGA. VLLC!”.
La reacción fue inmediata. Especialistas como el programador y divulgador tecnológico Maximiliano Firtman señaló en X que Palantir —la empresa de análisis de datos ligada a Thiel, quien había visitado a Milei semanas antes y se instaló con su familia en Buenos Aires— vende precisamente un servicio llamado “gemelo digital”. En pocas horas el anuncio gubernamental quedó envuelto en sospechas de que el Estado argentino estaba preparando el terreno para contratar a la compañía.
elDiarioAR reveló previamente el avance de marcos regulatorios orientados a facilitar el ingreso de Palantir al país, en el contexto de los cambios que el gobierno de Milei impulsó en materia de protección de datos personales, seguridad y vigilancia estatal. La empresa fundada por Thiel —también cofundador de PayPal y uno de los principales donantes de Donald Trump— es proveedora de la CIA, el FBI y la NSA, y colaboró en los operativos antimigratorios de la ICE en Estados Unidos, además de haber prestado servicios a las fuerzas israelíes en Gaza.
Lo que el comunicado dice y lo que calla
El texto oficial agrega algunos detalles operativos que el video del viernes omitía. Según el comunicado, el modelo “contará con un diseño multidimensional que le permitirá describir la realidad social actual, explicar las causas de las problemáticas detectadas, predecir escenarios futuros ante posibles cambios y, finalmente, prescribir las acciones necesarias para optimizar los resultados de la gestión”. Capital Humano presenta ese proceso como un salto cualitativo en la administración del Estado: “pasar de la reacción a la anticipación, de la fragmentación a la integración, y de decisiones aisladas a políticas coordinadas basadas en evidencias”.
El texto también precisa que el proyecto se nutrirá de “información disponible en el ámbito de este Ministerio relativa a programas y sistemas, estadísticas públicas, indicadores territoriales, información agregada, y modelos de análisis y simulación”. Y fija una garantía que el video inicial no había ofrecido: que el sistema solo utilizará “datos anonimizados, información estadística, indicadores agregados y modelos de simulación, sin utilizar datos personales”.
Pero esa afirmación colisiona con el silencio que el propio ministerio mantuvo durante días sobre sus fuentes de datos, proveedores tecnológicos y marco legal. La presentación original no incluía fechas, presupuesto, organismos responsables ni referencias a consentimiento informado o anonimización. La Fundación Vía Libre presentó un pedido formal de acceso a la información pública ante Capital Humano y la Agencia de Acceso a la Información Pública preguntando, específicamente, si hubo reuniones con representantes de Palantir o con el propio Thiel en el marco del desarrollo del proyecto. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes en el Congreso en términos similares.
El comunicado de hoy tampoco responde esas preguntas. Aunque declara que el “objetivo final es construir capacidades de gobierno modernas que permitan comprender mejor fenómenos sociales complejos, coordinar políticas públicas, optimizar los recursos y mejorar el impacto de las decisiones del Gobierno nacional”, no menciona qué arquitectura tecnológica se utilizará, qué empresas podrían participar en las “mesas de trabajo” que el ministerio prometió convocar con el sector privado y académico, ni qué normativa habilitará el procesamiento de datos sociales a escala.
El concepto “gemelo digital” fue acuñado en 2002 en el contexto de la gestión industrial y la NASA lo aplicó desde los años 60 para simular naves espaciales. El texto del ministerio lo reconoce: “Actualmente, gobiernos, universidades y empresas de todo el mundo utilizan este tipo de simulación para optimizar procesos y prever escenarios”. El comunicado tampoco aclara a qué “corporación” o “individuo” alude cuando dice que el gemelo digital no les pertenece.
Las fichas argentinas en el ajedrez de Peter Thiel: quién es quién en el tablero local del tecnomagnate de Palantir
El millonario tecnofascista se mostró jugando un torneo de ajedrez en Almagro días atrás, pero lo que más oculta es la trama de funcionarios, empresarios y técnicos que articulan sus intereses para desembarcar en el país y hacer negocios en energía, datos, inteligencia y defensa.
Peter Thiel, en gira sudamericana: tras ver a Milei, se reunió con el presidente de Paraguay y visitó Chile y Brasil
Cuando Peter Thiel pagó los $3.000 de inscripción en el club Torre Blanca de Almagro y se sentó a jugar al ajedrez el sábado pasado por la mañana, la imagen fue tan pintoresca que casi todos los medios lo cubrieron como una rareza turística. Un multimillonario de Silicon Valley entre jubilados y pibes de barrio, posando con la medalla del tercer puesto. Pero Thiel lleva más de un mes instalado en Buenos Aires, compró una mansión de US$12 millones en Palermo Chico, inscribió a sus hijos en un colegio porteño y está en la construcción de una agenda de influencia que busca ampliar en la Argentina sus negocios en IA y su plataforma Palantir para el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa del poder estatal.
Thiel no desembarca en solitario en el país, sino que tiene un grupo de “embajadores” y anfitriones que le permiten hacer pie aquí y le abren puertas del poder, incluso el de la Casa Rosada. Para entender la agenda de intereses de Thiel, vale con ver las distintas fichas de figuras locales en su tablero de ajedrez.
El introductor: Alec Oxenford
Alec Oxenford, cofundador de OLX y hoy embajador argentino en Washington, fue el nexo original. En mayo de 2024 llevó a Thiel a la Casa Rosada por primera vez y publicó en sus redes que el magnate creía que las ideas de Milei eran “relevantes a nivel global”. Esa visita fue el primer contacto institucional entre Thiel y el Gobierno. Hubo luego dos más.
Oxenford no es un diplomático de carrera: es un emprendedor tech devenido embajador, que organiza la Argentina Week en Nueva York para atraer inversores y opera como traductor entre el mundo de Silicon Valley y la Casa Rosada. Fue él quien construyó el puente. Los que vinieron después lo cruzaron.
El anfitrión: Federico Sturzenegger
Una de las reuniones más significativas de Thiel en Buenos Aires no fue en Casa Rosada, sino en el domicilio particular de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Una cena privada, sin protocolo, con el canciller Pablo Quirno, el economista y exvicepresidente del Banco Central y del Banco Nación Lucas Llach, según reconstruyó Infobae.
Sturzenegger es un funcionario que encarna lo que Thiel viene a buscar: un Estado que se desmonta a sí mismo. “El país ya no funciona como en tiempos de Roca. Mejor que vengan millonarios e inviertan”, comentó a elDiarioAR un funcionario ligado al ministro y que está muy activo en aplicar políticas desregulatorias.
El estratega: Santiago Caputo
El asesor presidencial se reunió con Thiel semanas antes de que el magnate se instalara definitivamente en Buenos Aires. Sin cargo en el organigrama pero con control de facto de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cuyas facultades fueron ampliadas por DNU en enero de 2026 al punto tal que permitiría el desembarco de Palantier, un sistema de entrecruzamiento de datos ciudadanos que ya funciona en varios países con objetivos finales en videovigilancia, defensa y seguridad.
Como uno de los arquitectos de la estrategia de alineamiento con Washington, Caputo mismo hizo un análisis en X alineado a los fundamentos más filosóficos de Thiel, quien descree de la democracia en los términos actuales y advierte el fin de la civilización occidente. Según escribió el estratega de Milei, el mundo se encamina hacia una “carrera mineralística” entre grandes potencias, y Argentina “decidió jugar con los Aliados y no con el Eje”.
La semana pasada Caputo viajó a Washington días después, se reunió con Brian Mast, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y con Michel Jensen, asesor de Seguridad Nacional de Trump para América Latina. Lo que conversó con Thiel antes de ese viaje es parte del mismo tablero. El miércoles pasado Caputo compartió un posteo de Palantir sobre el programa de la empresa destinado a neurodivergentes.
El presidente: Javier Milei
Milei recibió a Thiel en Casa Rosada y calificó el encuentro de “maravilloso”. Para el Presidente, Thiel no es solo un inversor: es una validación ideológica. El magnate había dicho públicamente, en un evento en Miami en noviembre de 2024, que Argentina era “una versión extrema” de tendencias que avanzan más lentamente en economías desarrolladas, y que “sería muy bueno que a Argentina le vaya bien” para que otras economías no tengan que recorrer “100 años de declive” antes de tener “su propio Milei”.
Milei, que construyó su identidad política sobre la idea de ser un experimento global, recibió a Thiel como a un par. Pero la relación no es simétrica: uno tiene el poder del Estado y el otro tiene el capital, la tecnología y la agenda.
Los empresarios: Galperin, Elsztain, Mindlin, Szekasy
El círculo empresario que rodea a Thiel en Buenos Aires tampoco es aleatorio: mantuvo reuniones al menos con Marcos Galperín, Nicolás Szekasy, Marcelo Mindlin y Eduardo Elsztain. El fundador de Mercado Libre comparte con Thiel el universo ideológico del libertarianismo tech y tienen vínculos de larga data en Silicon Valley. Szekasy, cofundador de Kaszek –el fondo de venture capital más importante de América Latina– opera en un territorio complementario al de Founders Fund, el vehículo inversor de Thiel. Mindlin, de Pampa Energía, y Elsztain, de IRSA y Cresud, cierran los otros dos ejes: la energía y la tierra.
Elsztain invitó a Thiel a disertar ante los más ricos de la Argentina en el Foro Llao Llao el 1 de mayo pasado pero el magnate se ausentó porque estuvo en Brasil. Sin embargo, Thiel habría estado en el lujoso hotel de Bariloche semanas antes. Además de Brasil también viajó a Paraguay y Chile.
Para entender por qué esos sectores importan, hay que mirar los análisis del ingeniero Ariel Garbarz, especialista en IA y docente de la UTN, la UBA, la UNLA y el MIT, en sus redes sociales. Garbarz construyó un análisis técnico-político que arranca desde la Teoría de la Información de Shannon y termina en una conclusión política taxativa: “Palantir no necesita ponerse la banda presidencial. Le alcanza con controlar el tablero.” Sus láminas muestran, con datos duros, qué significa en términos concretos el proyecto de data center de 500 MW que Palantir tiene en carpeta para Argentina. Un complejo así, operando 24/7, consumiría 4.380 GWh por año: equivalente al consumo anual de 500.000 hogares y al 21,9% de la generación media anual de Yacyretá. “No es tecnología limpia”, escribe Garbarz. “Es una ciudad eléctrica privada chupando energía pública.”
Por su lado, Valeria Di Croce, autora de “El arca de Milei”, lo explica en términos estructurales: “Todas las empresas del capitalismo de plataforma que hacen uso de algoritmo no funcionan sin una infraestructura: es una pirámide que en su base requiere mucha energía, después los semiconductores, después los centros de datos, después el desarrollo de IA y recién al final tenés el token. Argentina tiene la energía –la base de la pirámide–, no tiene los chips, pero tiene condiciones climáticas para los data centers. En ese marco es clave Peter Thiel.” Y agrega la dimensión que cierra el mapa de Elsztain: “Los agronegocios y los alimentos tienen que ver con una paranoia de ellos sobre un futuro con guerra nuclear. Argentina les garantiza acceso a alimentos de calidad.”
“Pensar que le vamos a entregar la Patagonia o cosas así es de teorías conspirativas”, rechazó un alto funcionario consultado por elDiarioAR.
La empresa: Palantir
Pero detrás de todos los hombres está la empresa. Y la compañía no es un actor pasivo en este cuadro. Palantir opera en dos plataformas principales: Gotham, orientada a inteligencia y defensa; y Foundry, orientada a gobiernos y corporaciones. La lógica de Palantir no es vender un producto: es “enchufarse al sistema nervioso del Estado”, advierte Garbarz.
Si integra bases de identidad, migraciones, economía, salud, educación, justicia, seguridad, comunicaciones y geolocalización –todas disponibles en el Estado argentino–, el resultado no es una base de datos más grande. Es otra cosa: una máquina que predice escenarios, detecta riesgos, perfila personas, segmenta poblaciones y recomienda acciones. “El dato aislado informa”, resume Garbarz. “El dato integrado gobierna.”
Por su lado, Amnistía Internacional aseguró en un documento reciente que organismos defensores de derechos humanos también alertan que la tecnología de Palantir “podría utilizarse para la vigilancia masiva de ciudadanos, el análisis de datos sensibles y la persecución de la disidencia”. Incluso podrían interferir en las elecciones: “Las tecnologías de vigilancia no son neutrales”.
Los nuevos elementos: el “Gemelo Digital Social” y más
Justo este viernes el Gobierno lanzó un programa de IA de Capital Humano llamado “Gemelo Digital Social”. “El futuro empieza hoy, el primer Gemelo Digital Social para simular escenarios, anticipar impactos, optimizar decisiones en tiempo real. Políticas basadas en evidencia, múltiples fuentes, única base de datos”, ofrece el video que posteó Milei.
El embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, dijo el 13 de mayo que el país “tiene una oportunidad histórica para convertirse en una potencia energética” y las empresas norteamericanas ayudarán a “fortalecer la seguridad energética”. Dos meses antes, la embajada había publicado un documento sobre cooperación en energía nuclear. Y el ministro de Defensa, Carlos Presti, publicó esta semana un texto en La Derecha Diario donde plantea cómo proteger la infraestructura crítica de Vaca Muerta, cómo garantizar la soberanía en el Atlántico Sur y cómo enfrentar ciberataques: las mismas preguntas que Palantir, Anduril y las empresas tecnomilitares del ecosistema de Thiel dicen poder responder.
En esa línea parece estar el “súper-RIGI” que Milei anticipó y que se esperaba conocer el detalle del proyecto de ley este viernes: un régimen especial para la inversión de empresas de inteligencia artificial, entre otras industrias que aún no están en el país. Manuel Tufró, experto en seguridad del CELS, lo advirtió con precisión: estas tecnologías “se adoptan sin ningún tipo de estudio previo ni discusión política más amplia sobre si son necesarias y para qué se van a usar”.
El tablero de Thiel tiene muchas fichas. Las piezas se mueven entre la energía, los datos y la inteligencia. El rey está en Casa Rosada. La reina, en Palantir. Y todos los peones —funcionarios, empresarios, asesores, embajadores— parecen moverse en una sola dirección: la que marca el mismo hombre que el sábado pasado se sacó una foto con la medalla del tercer puesto en un club de barrio de Almagro.
MC
Gemelo Digital: ¡Viva la vigilancia, carajo!
Detrás de la narrativa de la modernización estatal se esconde una encrucijada peligrosa sobre el uso de nuestros datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en Argentina, plantea el autor, abogado especialista en IA.
“Gran Hermano”: fuertes críticas y pedido de información por el sistema “Gemelo Digital Social”, la IA anunciada por Milei
La discusión sobre “Gemelo Digital Social” trasciende lo tecnológico para convertirse en un desafío ético y constitucional de esta nueva Era.
La promesa es tentadora: replicar virtualmente las dinámicas de la población mediante inteligencia artificial para optimizar recursos, predecir demandas y diseñar políticas públicas con precisión. Sin embargo, detrás de la narrativa de la modernización estatal se esconde una encrucijada peligrosa sobre el uso de nuestros datos personales y la vigencia de los derechos personalísimos en Argentina.
En primer lugar, la Constitución Nacional consagra en su artículo 19 el principio de reserva, el cual establece que las acciones privadas de los hombres que no ofendan al orden, a la moral pública ni perjudiquen a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados, mientras que el artículo 43 garantiza la autodeterminación informativa mediante la acción de Habeas Data, permitiendo a toda persona conocer la finalidad y el registro de sus datos personales, así como exigir su supresión o confidencialidad en caso de discriminación o falsedad. En sintonía, el Código Civil y Comercial en su artículo 51, declara la inviolabilidad de la persona humana y el derecho al respeto de su dignidad en cualquier circunstancia; en su artículo 52, al facultar la prevención y reparación de daños ante lesiones a la intimidad, imagen, identidad o dignidad; y finalmente en su artículo 1770, el cual regula específicamente la protección de la vida privada, obligando a cesar y a indemnizar cualquier intromisión arbitraria o perturbación a la intimidad ajena.
El Estado tiene la potestad de administrar datos, pero no es el dueño de nuestra identidad. El límite legal es taxativo: la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales prohíbe el tratamiento de información sin consentimiento libre e informado, y veta explícitamente la creación de archivos que almacenen datos sensibles como pueden ser las opiniones políticas, la religión que profesan o detalles específicos sobre la salud. ¿Por qué? Para evitar perfilar ideológica o socialmente a las personas. Cruzar esa frontera no es innovar.
¿Qué datos podrían ser entonces “relevantes” para este modelo predictivo sin infringir la ley? El marco legal argentino permite el uso de información estadística y macroeconómica disociada. Es decir, datos donde la identidad del individuo haya sido irreversiblemente anonimizada. Son válidos y lícitos los registros agregados de densidad poblacional, índices de vulnerabilidad social por regiones geográficas generales, tasas de escolaridad, niveles de empleo o consumos energéticos comunitarios. Estos indicadores permiten trazar mapas de calor predictivos para saber dónde se necesita un hospital o una escuela, sin necesidad de espiar el comportamiento individual, los hábitos de consumo o las interacciones digitales.
Jurisprudencia, la primera barrera
El fallo “Halabi” (2009) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constituye el límite constitucional más sólido y el antecedente jurisprudencial más potente frente a cualquier intento de vigilancia como el que se podría instrumentar desde Capital Humano. En dicha sentencia, al declarar la inconstitucionalidad de la llamada “ley espía” de telecomunicaciones que obligaba a registrar preventivamente el tráfico de datos de todos los usuarios, el máximo tribunal determinó que el Estado no puede intervenir en la esfera de la privacidad de los ciudadanos de manera generalizada ni desproporcionada bajo la excusa de la seguridad o la eficiencia de la gestión pública, ratificando que el uso de entornos tecnológicos no implica la renuncia a la expectativa legítima de intimidad. Además, el fallo dio lugar a los derechos de incidencia colectiva referidos a intereses individuales homogéneos. En criollo: una determinada medida tiene efectos comunes sobre un determinado universo de personas. Entonces, si el algoritmo estatal avanza sobre un perfilamiento no consentido de la población, estamos ante una afectación colectiva que habilitará a cualquier afectado o asociación a interponer una acción de clase para frenar el sistema informático en todo el territorio nacional.
El verdadero peligro del “Gemelo Digital” no radica, por ahora, en la herramienta, sino en el control totalizador del Gobierno. Cuando los algoritmos del Estado dejan de analizar variables macro y empiezan a procesar microconductas individuales para “predecir” el comportamiento social, la eficiencia pretendida se convierte en vigilancia.
*Abogado - Especialista en Derecho e IA (Universidad de Salamanca) / LinkedIn drnicolasbevilacqua