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Noticias de Santiago Del Estero

Milei cedió al lobby farmaceútico y aceptó cambios en un demorado y millonario tratado de patentes

El Gobierno aceptó un cambio clave en el jugoso Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) de Estados Unidos al que Javier Milei busca adherir con ansias y cedió ante el lobby de los laboratorios nacionales. La nueva postura de la Casa Rosada le permitiría al oficialismo apurar la votación del tratado en la Cámara de Diputados en las próximas dos semanas, para luego ratificarlo en el Senado, donde ya fue aprobado en 1998 –los acuerdos internacionales no pierden vigencia parlamentaria–.

El PCT es un tratado administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) que simplifica el proceso para solicitar protección de patentes en múltiples países de manera simultánea: en lugar de presentar solicitudes individuales en cada Estado, un solicitante puede hacer un único trámite internacional que luego se ramifica en las fases nacionales. Para las empresas con desarrollos tecnológicos o farmacéuticos que buscan protección en varios mercados a la vez, el sistema reduce costos y plazos. Hoy son miembros del PCT más de 150 países; la Argentina es una de las excepciones.

El país firmó su adhesión al tratado en 1970, pero nunca la ratificó legislativamente. El Senado le dio media sanción en 1998, durante el gobierno de Carlos Menem, y el expediente quedó hibernando durante casi tres décadas, víctima de sucesivos cambios de prioridades, resistencias sectoriales y falta de voluntad política. Fue la presión de Washington –y el interés de Milei en mostrar gestos concretos ante Trump– lo que reactivó el tema a principios de este año y lo instaló en la agenda legislativa con una urgencia que no tenía desde entonces.

El lobby por el Capítulo II

En lo concreto el cambio en el PCT será incorporar una reserva al Capítulo II, según confirmó a elDiarioAR este viernes una alta fuente del Gobierno involucrada en la discusión y que fue más lejos: “Estamos haciendo lo que los laboratorios piden”, admitió ante la consulta puntual sobre CILFA, la cámara que nuclea a los laboratorios de capital nacional. La frase resume el resultado de semanas de presiones cruzadas, negociaciones reservadas y tensiones que atravesaron al propio oficialismo.

La reserva al Capítulo II era el punto que durante semanas dividió aguas dentro del propio Gobierno y entre las distintas cámaras del sector farmacéutico. Ese capítulo del PCT establece un procedimiento de examen internacional preliminar y opcional para las solicitudes de patentes: permite que un solicitante pida, antes de ingresar a las fases nacionales en cada país, una opinión técnica sobre si su invención cumple con los criterios de patentabilidad. Para los laboratorios multinacionales, ese mecanismo es una ventaja que acelera y fortalece la protección internacional de sus desarrollos. Para los laboratorios nacionales, en cambio, representa una amenaza: facilita que grandes corporaciones consoliden patentes en mercados como el argentino con mayor velocidad y solidez jurídica, reduciendo el margen de los genéricos.

CILFA venía reclamando con insistencia que Argentina se reservara la aplicación de ese capítulo al adherirse al tratado. El mecanismo existe dentro del propio PCT pero había un escollo político porque cuando el país adhirió al tratado en 1970 no incluyó la posibilidad de la reserva. Tampoco se hizo con la media sanción en 1998. Recién ahora, con la votación en la puerta de Diputados, se modificará la letra, pese a que el Gobierno y las farmacéuticas multinacionales –agrupadas en CAEMe y en AmCham– querían ver aprobado sin alteraciones. 

Esa tensión entre dos lobbies con intereses opuestos fue el verdadero motor de la demora de las últimas semanas. Milei se había comprometido ante Donald Trump a sancionar el PCT antes del 30 de abril, como parte del acuerdo comercial bilateral que se firmó en noviembre del año pasado. El plazo era porque el último día de abril la Casa Blanca publica su Informe 301, que identifica las barreras comerciales a las empresas y productos de los Estados Unidos debido a las leyes de propiedad intelectual, como derechos de autor, patentes y marcas registradas, en otros países. Sorpresivamente, y pese a que se sancionó el PCT, la Argentina fue quitada de la lista por primera vez en años.

Como reveló elDiarioAR, el cruce de intereses tuvo episodios de todo tipo. Hubo desde cruces de cartas enviadas a los diputados por parte de las farmacéuticas locales y multinacionales, y hasta una cena reservada que expuso la disputa interna entre los dos sectores de la industria farmacéutica. Las multinacionales querían la aprobación sin cambios para no dilatar más una incorporación que, a nivel global, Argentina tiene pendiente desde 1970. Los laboratorios nacionales, en cambio, advertían que adherirse sin la reserva del Capítulo II podía representar un perjuicio de más de US$3,3 mil millones para el sector, según sus propios cálculos. 

El lobby farmacéutico, que fuentes cercanas al Gobierno describían semanas atrás como “en diez sobre diez” en una escala de intensidad, terminó dando sus frutos. La reserva fue aceptada. El proyecto que el oficialismo llevará a Diputados el martes incluirá ese cambio, y eso obligará luego al Senado a pronunciarse de nuevo sobre un texto que ya había aprobado –aunque en una versión diferente– hace 27 años.

El martes irá al plenario de comisiones en Diputados el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, mano derecha de Federico Sturzenegger. No está previsto que haya voceros de las farmacéuticas. El oficialismo espera ese día firmar dictamen favorable. Si el texto avanza, Diputados podría votar antes de que termine mayo. El Senado deberá hacer lo propio después, en un trámite que no tiene fecha ni está exento de nuevas presiones. 

MC

Perseguidas y precarizadas: más de 1.100 mujeres fueron denunciadas por trabajar en barrios populares

Desde fines de los 70 y con las distintas crisis socioeconómicas, las cuidadoras comunitarias se expandieron en Argentina y consolidaron, desde la inventiva, una red de comedores, jardines, clubes deportivos, espacios culturales y dispositivos contra la violencia que cuidan, alimentan, educan y recrean a miles de personas en barrios donde no llegan las políticas públicas. El 75% son mujeres, generalmente vecinas de origen humilde que hoy están siendo perseguidas por el Estado, según denunciaron la semana pasada organismos de Derechos Humanos.

“Se impulsan causas por supuestas extorsiones y se usan como prueba mensajes de militancia, convocatorias a marchas o reuniones barriales”, explicó Nadia De Rosa, presidenta de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, que participó de la exposición “La criminalización de las cuidadoras comunitarias en Argentina” organizada por el Cels, la Asociación Civil La Ciega, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha. “Está habiendo una persecución muy fuerte, porque buscan desarmar a las organizaciones sociales”.

Según advierten, criminalización se da a partir de la línea 134, una herramienta que antes se utilizaba para denuncias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas. A través de denuncias anónimas, se producen allanamientos en comedores y se procesan cuidadoras comunitarias, muchas de las cuales pierden trabajos, atraviesan largos procesos judiciales sin resolución y padecen restricciones territoriales y estigmatización social.

“Hay procesadas y otras que están en un limbo, es decir, que fueron allanadas, no encontraron nada y no las sobreseen porque dicen que siguen investigando. Son investigaciones de años sin elementos. También hay causas que las personas ni siquiera conocen formalmente”, aseguró De Rosa que, junto a Cynthia Britez –miembro de la Asociación Americana de Juristas (AAJ)–, defienden a las cuidadoras acusadas.

Un informe de la AAJ, presentado ante la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que hubo 1.173 mujeres y 630 hombres denunciados a través de este mecanismo. En ningún caso se encontró un elemento delictivo.

La CEDAW, un tratado internacional de la ONU, respaldó el informe y advirtió sobre una persecución con sesgo de género, clase y territorio contra las cuidadoras comunitarias. El organismo alertó además sobre el impacto social de esa criminalización: las restricciones judiciales debilitan las redes de cuidado en los barrios y dejan sin contención alimentaria, acompañamiento y asistencia a niños, jóvenes, mujeres en situación de violencia y adultos mayores.

“Nos quieren desorganizados y solos”

“Cada vez hay más personas en la calle, ancianos que van a buscar comida y familias enteras que trabajan y no llegan a comer. En este contexto buscaron instalar que las organizaciones sociales son algo malo, porque nos quieren desorganizados y solos”, dijo Sol Lavaca, militante de Barrios de Pie y cuidadora comunitaria.

La referente también advirtió sobre el impacto del hostigamiento estatal en los barrios populares: “Se instaló miedo, sobre todo en compañeros migrantes, con controles permanentes y pedidos de documentos”.

“Igualmente nunca vi que una compañera o un compañero se dejara vencer completamente por el miedo. Seguimos haciendo lo que hacemos todos los días, pese a que cada día estamos peor”, agregó.

Ahora, y por orden judicial, el Gobierno nacional deberá pagar el programa Volver al Trabajo a más de 900.000 beneficiarios durante este mes, luego de que se frenara el intento oficial de darlo de baja. Aunque la decisión fue celebrada por organizaciones sociales, las cuidadoras comunitarias –más de un millón en todo el país– que reclaman desde hace años el reconocimiento formal de su trabajo, mes a mes caen un peldaño más en la precarización de sus condiciones de vida porque la asignación fija de $78.000 está congelada desde diciembre del 2023.

Según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo, en Argentina existen actualmente más de 40.000 comedores y merenderos, mientras que los servicios sociocomunitarios representan el 27,7% de toda la economía popular. Casi dos tercios (64,8%) están vinculados a tareas alimentarias.

El trabajo de cuidados representa entre el 14,8% y el 20,5% del PBI, lo que lo ubica entre los sectores de mayor aporte a la economía, aunque en las estadísticas tradicionales suele aparecer clasificado como “inactividad”. Ese volumen implica unas 96 millones de horas diarias de trabajo, de las cuales el 75% son realizadas por mujeres.

En barrios populares, además, las mujeres dedican en promedio 12 horas diarias a tareas de cuidado –el doble que en otras zonas urbanas– y apenas el 31% tiene ingresos propios, frente al 71% de los varones.

Jornadas de madrugada y cuerpos colapsados

Según describen las propias trabajadoras, una cuidadora comunitaria dedicada a la cocina –actividad que concentra al 65% del sector– puede comenzar su jornada a las cuatro de la mañana para preparar entre 200 y 300 raciones diarias en comedores y merenderos barriales.

El trabajo incluye descongelar alimentos, cortar verduras, cargar ollas industriales y organizar la distribución. “Las compañeras tienen dolores constantes de espalda, muñecas y brazos por cargar ollas pesadas y trabajar tantas horas”, describió Lavaca.

Muchas también recolectan ropa donada, clasifican mercadería, sostienen roperos solidarios y funcionan como red de contención para vecinos que buscan orientación, acompañamiento o ayuda frente a distintas urgencias sociales. “Es un trabajo sin horario fijo”, resumió.

A esa carga se suma el pluriempleo. “Muchas compañeras tienen dos o tres trabajos para sobrevivir y eso les quita tiempo para militar y sostener tareas comunitarias”, explicó Lavaca. Según detalló, las cuidadoras suelen complementar ingresos con tareas de limpieza en casas particulares, cuidado de niños y adultos mayores, trabajos de enfermería, ventas ambulantes o changas vinculadas a la economía popular, uno de los sectores más golpeados por la caída del consumo.

“Lo que resignamos es tiempo de vida, como actos escolares, reuniones de escuela, tiempo con nuestros hijos”, señaló. Como las cuidadoras cumplen funciones que en otros contextos corresponden a políticas públicas, insisten en que se las reconozca como trabajadoras, con salario, estabilidad y derechos. “Nosotras mismas tuvimos que entender primero que lo que hacemos era un trabajo, porque una piensa que lo que hace de corazón no es trabajo. Y sí lo es”.

Rifas, donaciones y redes para sostener los barrios

Este trabajo se desarrolla en condiciones de alta precariedad y el sostenimiento de los espacios depende, en gran parte, de la autogestión con rifas, ventas informales, donaciones y aportes vecinales que permiten cubrir gastos básicos como alimentos o garrafas. Sin embargo, esa misma lógica comunitaria es la que –según denuncian las organizaciones– hoy está siendo criminalizada.

“Hay una gran ignorancia sobre cómo funcionan los barrios. Que alguien arme una rifa se interpreta como presión o delito”, planteó De Rosa. “No entienden, por ejemplo, cómo se compra una garrafa en un comedor: la juntan entre vecinos, porque el Estado no la provee”.

El informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y la Fundación Rosa Luxemburgo también advierte que, mientras la demanda social crece, los programas comunitarios sufrieron fuertes recortes. Entre 2023 y 2025, las políticas alimentarias destinadas al fortalecimiento comunitario cayeron un 75,9%, mientras que la integración socio-urbana se redujo un 89,8%.

Las organizaciones describen también un escenario de “reestructuración permanente”, con reducción de días de funcionamiento, menos comidas, cierre de actividades recreativas y aumento de familias que dependen de los comedores, incluidos trabajadores formales cuyos ingresos ya no alcanzan para cubrir necesidades básicas.

LN/MG

La masacre de El Zapallar: 91 años después, la Justicia busca esclarecer los asesinatos contra la población moqoit

Un anuario oficial que habla de “estúpida carnicería humana”, el testimonio de una víctima directa y un sumario policial con el nombre de 20 sobrevivientes retenidos antes de poder emprender el doloroso camino del regreso; fueron la punta del ovillo para una investigación que permite hoy que la Justicia argentina se encamine a producir su segundo juicio penal por la verdad histórica de una masacre indígena.

Se trata de la “Masacre de El Zapallar” perpetrada por la policía de territorios nacionales el 7 de septiembre de 1933 contra población moqoit en territorio chaqueño e investigada desde hace 12 años por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Chaco que en el plazo de dos meses tiene previsto interponer el pedido de elevación a juicio, según confirmó el fiscal adhoc Diego Vigay a elDiarioAR.

El fusilamiento de entre 50 y 70 personas tuvo lugar en lo que es hoy la localidad de General San Martín –antes denominada El Zapallar–, ubicada a 100 kilómetros del sitio donde en 1924 se había producido la “Masacre de Napalpí” –hoy Colonia Aborigen–, cuya investigación judicial dio lugar en 2022 a la primera sentencia penal contra el Estado Argentino por crímenes de lesa humanidad contra población originaria en el marco de un genocidio.

El último paso judicial importante dentro de este nuevo expediente se cumplió el pasado 6 de abril cuando la Fiscalía Federal de Chaco obtuvo los testimonios de 11 descendientes de los sobrevivientes registrados en el viejo sumario policial de 1933, quienes llegaron desde diferentes puntos de la provincia para reproducir ante los representantes del Ministerio Público la versión que sus abuelos o bisabuelos (ya fallecidos), les dieron sobre esa matanza grabada a fuego en la memoria colectiva.

“Fueron de 70 para arriba los asesinados, entre ellos niños, mujeres y ancianos”, dijo a los fiscales Héctor José (65), quien conoció la historia de boca de su abuelo Luis Salteño.

Por su parte, Sixto Lalecori (65), contó “la policía recibió con disparos de armas de fuego” al primer de grupo de moqoit en llegar a El Zapallar después de más de 20 días de caminata motorizada por la grave crisis alimentaria que asolaba sus comunidades.

“Pensaron que los moqoit habían ido a pelear, por eso los asesinaron a sangre fría”, dijo Alfredo Sateño (76) al repetir el relato de su abuelo Pedro Balquinta

 “Los que tiraban los tiros eran los policías y algunos civiles”, dijo Florencio Ruiz (55) que contaba su tatarabuela.

Las narraciones dan cuenta también de que muchas muertes se producen durante la huida, ya sea al intentar cruzar a nado el Río de Oro, ya sea por hambre o cansancio.

“En ese año, una persona mestiza que el ejército denomina ‘lenguaraz’ –pero que para nosotros era un ‘altemuy’–, anduvo recorriendo las comunidades (moqoit) para convencer a los caciques de que se había instalado la paz entre el blanco y el indígena, y los invitaba a asentarse en un lugar que se llamaba El Zapallar”, contó a elDiarioAR Juan Carlos Martínez, docente bilingüe que también ofreció testimonio como nieto de una sobreviviente.

“Les pidió que vendan sus cosas o que abandonen (sus territorios) porque allá iban a tener todo. Y mucha de la gente que estaba sufriendo sequía y hambruna, le creyó y se fueron”, agregó.

Por eso y porque no iban en actitud de guerrear, “no esperaban que los milicos –como le llamaban al ejército y la policía–, los recibieran a tiros”, como tristemente ocurrió.

“Algunos pudieron volver a las comunidades, pero cuando llegaron (a sus terrenos) ya estaban ocupados por los gringos, que estaban alambraban acompañados por policías”, dijo.

Un lugarcito donde amontonarse

Los grupos moqoit que lograron superar el intento de asesinato y la dura odisea del regreso, se encontraron con que sus tierras ya no les pertenecían y “se tuvieron que amontonar en algún lugarcito que quedaba en la zona rural”. 

“Todo eso me lo contó mi abuela, mis papás y mis tíos. Se lo contaba a escondidas, en voz baja, para que nadie sepa que la abuela estuvo porque fueron perseguidos y tenían miedo de que vuelva a pasar. La masacre de Zapallar quedó como último dolor para el pueblo moqoi”, dijo.

En diálogo con elDiarioAR, el fiscal Vigay explicó que “el grueso” de los 300 indígenas que marchaban a Zapallar “eran de la reducción Napalpí”, es decir, de uno de las cuatro reducciones estatales para indígenas –verdaderos centros concentracionarios– que funcionaron en los ex territorios nacionales de Chaco y Formosa entre 1911 y 1956, donde la población originaria era obligada a trabajar en condiciones muy cercanas a esclavitud.

Al llegar a las afueras de esa localidad, montaron un campamento “y tuvieron una instancia de negociación con el comisario”, como parte de la cual el funcionario “les acercó algo de comida” para evitar que siguieran avanzando, pero “que ni siquiera les alcanzó para todo el grupo”

Esas negociaciones no dieron resultado y movidos “por la desesperación, por la situación de hambre, deciden ingresar”, aunque dejando en claro su actitud pacífica por eso “disponen que vayan los niños y las mujeres primero, los ancianos después y, finalmente, los hombres”.

“Son recibidos por unos 40 efectivos de la policía de territorios nacionales y algunos civiles, que disparan repeliendo el ingreso: se estima que produjeron 50 muertes”, dijo.

Apegados a la idea de que se trataba de “un malón”, la policía detiene por algunas horas a 20 de los sobrevivientes cuyos testimonios asentados en el “Expediente N°926 del Juzgado Letrado del Territorio Nacional del Chaco” del año 1933, ofician hoy como una prueba fundamental, porque pusieron nombre y voz a las víctimas directas de la matanza.

“Hicimos una búsqueda a partir del listado de detenidos adultos varones: con esos apellidos como referencia, llegamos a estos 11 descendientes (que dieron testimonio), casi todos nietos”, explicó Vigay.

Dadas las barreras físicas y simbólicas, la tarea no fue fácil y rindió sus frutos casi dos años después de haberse realizado el pedido público de colaboración al pueblo moqoit para dar con quienes, “por el relato oral de sus mayores, puedan tener conocimiento de lo sucedido y brindar testimonio”, según puede leerse en la convocatoria fechada en agosto de 2024.

“Trabajamos con docentes moqoi para trasladar el mensaje a la comunidad y finalmente un referente nos propuso organizar reuniones en las diferentes comunidades, en las que fueron surgiendo los nombres de estos 11 familiares de sobrevivientes. Y así fue que llegamos a los testimonios, que es el paso que nos faltaba para pensar en la posibilidad de una audiencia de juicio y una sentencia”, dijo.

No obstante, la causa contenía ya los testimonios de sobrevivientes directos de la masacre que fueron apareciendo en la investigación de la masacre de Napalpí: son los de Pedro Balquinta, Ramona Pérez –la abuela de Juan Carlos Martínez– y Justino Lalecori quienes declararon en su doble condición de sobrevivientes de Napalpí y Zapallar, pero no podrán participar de un eventual juicio de la verdad porque fallecieron en los años transcurridos desde entonces.

El expediente resultó muy prolífico también al mostrar cómo fue cambiando la calificación de los hechos a medida que avanzaban las pesquisas en 1933.

“Investigaban un malón, pero después resulta que de los testimonios indígenas se desprende que ellos sólo pedían trabajo o alimentos, y que lo que se describió inicialmente como armas, eran elementos de trabajo. Por eso terminan cerrando el expediente diciendo ‘bueno, fue todo un malentendido, fue un incidente’ y se le da la libertad a todas las personas”, contó Vigay

Queda pendiente, por otra parte, la localización de los cuerpos porque “todos los testimonios hablan de una fosa común, pero no nos dan dado ninguna ubicación que nos permita realizar una búsqueda” con antropólogos forenses por lo cual “es uno de los puntos” en los que podría avanzarse con el juicio. 

Sin embargo, el expediente judicial sí permitió identificar como sitio de la masacre el lugar donde se erige un centenario “tatané” –árbol de la flora local– y donde la comunidad qom local organiza cada año un homenaje a sus hermanos moqoit allí masacrados.

Allí se construyó allí un monolito como memorial que en noviembre pasado fue declarado “Patrimonio Histórico y Cultural de la provincia” por una ley de la Legislatura chaqueña, que ya en 2014 ya había instituido por al 9 de septiembre de cada año como “día de duelo provincial, en conmemoración del suceso conocido como la Masacre del Zapallar”.

Además de los testimonios y el expediente judicial de época, fue clave la incorporación de la investigación realizada por el historiador, ex intendente de General San Martín y actual diputado provincial Rubén Guillón, volcada en un capítulo de su libro “El Zapallar, tenemos historia” (2012).

“Yo supe de la masacre por un artículo que publicó el profesor e investigador Eduardo Barreto en el diario El Norte. Cuando empiezo a indagar a nivel local, surge que ‘algo pasó’, pero no estaba a la vista. Es un tema que se hablaba por los pasillos de la comunidad, como algo prohibido. De hecho, después que publiqué el libro recibí el reproche de algunos vecinos mayorcitos que me increparon diciéndome ‘¿vos qué buscás? ¿Generar más odio, venganza?’”, contó a elDiarioAR Rubén Guillón.

Es que quienes siguen viviendo en General San Martín no son los moqoit sino los descendientes de aquellos policías y civiles que dispararon.

Lo primero que Guillón encontró tras entrevistarse con Barreto fue los certificados de defunción de los dos fallecidos oficiales de los que habló la prensa de la época, pero el documento “más categórico y contundente”, lo hallaría tiempo después, tras una revisión hoja por hoja de un ejemplar un libro la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios que encontró en el Instituto de Geohistoria de El Chaco donde aparecía “un informe oficial que redactó el inspector que mandó esa comisión El Zapallar” tras la masacre.

“El hambre y la miseria amenazaban con acabar la tribu. Desesperados, decidieron ir a pedir socorro al pueblo de El Zapallar situado a unas leguas. Divididos en tres grupos marchaban. Adelante, las mujeres y los niños; más atrás, a continuación, los viejos, y a cierta distancia un tercer grupo, constituido por adultos, queriendo significar que iban con carácter de paz y a pedir socorro”, puede leerse en ese libro.

“Al tener noticias en el pueblo de la marcha de esta columna, el movimiento fue malinterpretado y reunidos un grupo de pobladores armados a las órdenes del comisario, recibieron a tiros a la miserable columna haciendo, por incomprensión, una estúpida carnicería humana”, continúa el relato de 1933.

El legislador destacó la importancia de esta prueba por tratarse, otra vez, de documentación oficial.

“¿Qué más prueba podés pedir si el informe oficial dice eso? No era un malón que quería ingresar al pueblo para asesinar, para matar y destruir, porque quién va a querer invadir un pueblo enviado adelante a las mujeres y niños. Por otro lado, habla de ‘carnicería’ ¡Como habrá sido una carnicería en 1933!”, dijo.

Dudas sobre el número real de víctimas

Una punta para seguir investigando, en este caso sobre el número real de víctimas, la constituye un párrafo en el libro de Barreto –ya fallecido–, donde se menciona que si bien “la Comisión Investigadora de la cámara de Diputados de la Nación, sostiene que fueron varias decenas” los moqoit asesinados en El Zapallar. Dar con esa documentación e incorporarla al expediente es una tarea pendiente.

La realización de un nuevo juicio por la verdad histórica dependerá de la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger, la misma que habilitó el debate oral para el expediente Napalpí.

“(El historiador) Juan chico planteaba con mucha fuerza y claridad que no eran lógico tener víctimas delitos de lesa humanidad de primera y de segunda, que se juzgara la masacre de Margarita Belén de 1978 y no se investigara Napalpí. Ese pensamiento nos interpeló a quienes tenemos a cargo la investigación de crímenes de lesa humanidad en El Chaco y nos llevó a plantearnos qué herramientas y qué posibilidad cierta teníamos de investigar y juzgar algo que pasó hace 100 años”, dijo Vigay.

Y ahí apareció la herramienta de los juicios de la verdad “que es algo que ya había utilizado la justicia federal argentina en la década del ‘90 cuando estaban vigente las leyes de impunidad”, es así que “fuimos aplicando eso y dio sus resultados”.

“Como docente y descendiente directo de sobrevivientes que soy, me duele que haya habido tanta injusticia, tanta discriminación, pero lo más triste y doloroso es que eso aún hoy continua” reflexionó por su parte Martínez.

El referente moqoit explicó que, hoy como ayer, la discriminación opera a partir del desconocimiento.

“Por eso queremos hacer conocer a la sociedad que hay un pueblo viviente, sobreviviente y preexistente que tiene una sabiduría muy profunda. La sociedad argentina necesita más valores humanos, y los valores humanos los tienen los pueblos indígenas”, concluyó.

MAA/MG

Los nombres de 20 indígenas detenidos el 7 de septiembre de 1933 en lo que es hoy la localidad chaqueña de General

Amistades, Pablo Katchadjian, The Band y el fin de la URSS

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

'Odisea Atlántica': el crucero de lujo que terminó en una crisis sanitaria internacional

Era un viaje de lujo. Un crucero de entre 16.000 y 25.000 euros, desde la Patagonia argentina hasta Praia. “Desde el extremo sur de Sudamérica hasta algunas de las islas más remotas de la Tierra y las aguas tropicales de Cabo Verde”. La naviera Oceanwide bautizó la travesía de su Hondius como la 'Odisea Atlántica', que terminó por convertirse en un dolor de cabeza para las autoridades sanitarias internacionales y supuso una nueva disputa política en España, donde desembarcará el buque en el que se detectó un brote de hantavirus.

La compañía, Oceanwide Expeditions, promocionaba este crucero como una oportunidad para avistar colonias de pingüinos rey y elefantes marinos, albatros de Tristán de Acuña, pardelas especuladas y petreles de Schlegel o ejemplares endémicos de yales y gallinetas en la isla de Gough. También delfines, ballenas, tiburones y más de una veintena de especies.

La expedición partió de Ushuaia el 1 de abril y realizó varias paradas en las Islas Sándwich, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión, antes de llegar a Cabo Verde, el pasado domingo.

La 'Odisea Atlántica' no es un crucero común, sino que ofrece una “mezcla de ciencia, descubrimiento y aventura” que “atrae a huéspedes de todos los orígenes, incluidos fotógrafos, aventureros y entusiastas de la vida silvestre”. El costo del viaje entre Ushuaia y Praia oscila entre los 16.000 euros en un camarote cuádruple con ojo de buey y cerca de 25.000, por uno superior. Hay otras opciones por 20.000, 21.000 y 23.000 euros, según los datos disponibles en la web de la compañía para travesías similares.

La Organización Mundial de la Salud continúa estos días tratando de descubrir la causa del brote, que dejó varado al barco frente a las costas de Cabo Verde, sin capacidad para abordar la crisis sanitaria, hasta que solicitó a España que facilitara la operación en el puerto de Granadilla, en Tenerife, donde está previsto que fondee este domingo.

Una de las hipótesis es que los dos primeros casos, o al menos uno de ellos, se infectó en una excursión previa al 1 de abril. “Antes de embarcar, habían viajado por Argentina, Chile y Uruguay en una excursión de observación de aves, que incluía visitas a lugares donde estaba presente la especie de rata conocida por portar el virus Andes”, explicó el director general de la OMS, Tedros Adhanom, este jueves en una rueda de prensa.

El hantavirus se transmite normalmente a humanos a través del contacto con orina, heces o saliva de roedores y solo se han documentado casos de transmisión entre personas en la cepa Andes, que se identificó en este brote. El principal vector de transmisión es el colilargo, un ratón silvestre de Chile y Argentina, donde está protegido por las funciones ecológicas que cumple en el ecosistema, cómo explicó a EFE el académico de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile, André Rubio.

Según los expertos, la transmisión entre humanos, aunque posible, no es sencilla, porque requiere de un contacto muy estrecho. “No es una enfermedad altamente contagiosa, si no ahora mismo tendríamos en el barco un brote enorme”, intentó tranquilizar el director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, en una entrevista con elDiario.es.

Pero su alta letalidad, de entre el 30 y el 40%, y la espectacularidad de un barco, hasta hace unos días sin puerto que quisiera recibirlo, atrajo la atención mediática y puso de manifiesto el nuevo escenario epidemiológico: una parte de la población viaja más, más lejos, a lugares menos explorados o donde hay especies con las que no suelen estar en contacto, interactúan con personas de otros puntos del planeta y realizan escalas.

Por el momento, cinco casos confirmados y tres sospechosos atrajeron la atención del mundo occidental. Pero el foco está puesto en otras decenas de personas. La OMS trabaja en el rastreo de una treintena de cruceristas, de una docena de nacionalidades, que desembarcaron en Santa Elena. Una de esas personas es el paciente suizo que comenzó a presentar síntomas ya en su país de origen, donde está siendo tratado.

En paralelo, se están realizando rastreos de otros posibles contactos. En concreto, el pasaje de un vuelo de Johannesburgo con destino a Ámsterdam, en el que se intentó trasladar a una de las infectadas del buque, que desembarcó en Santa Elena, fue trasladada a Sudáfrica y tuvo que ser bajada finalmente del avión, al empeorar su estado. La mujer falleció ese mismo día.

Una de las azafatas de ese avión fue hospitalizada en Ámsterdam tras presentar síntomas, pero dio negativo en hantavirus. Este mismo viernes, el Ministerio de Sanidad español identificó un posible, aunque “bastante improbable”, caso en Alicante. Una mujer que viajó en esa misma nave, dos filas por detrás de la paciente fallecida, y que ha experimentado malestar general y tos, según explicó el secretario de Estado, Javier Padilla.

Los riesgos de un crucero

Estos viajes tienen sus riesgos, indicó la portavoz de la Asociación Española de Sanidad Exterior, Mar Faroco, que recordó que “los viajeros deben consultar antes de viajar las recomendaciones, donde se explican los riesgos para su salud y también para la salud pública” de sus destinos. En cualquier caso, recuerda que existen cantidad de protocolos “muy estrictos” en torno a los cruceros. “Es una forma cómoda de viajar y ya no tan cara, pero tiene sus riesgos: mucha gente metida en un sitio cerrado”.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estado Unidos —CDC, por sus siglas en inglés— dispone de una guía específica para el manejo de enfermedades a bordo de barcos y cruceros. Entre los protocolos de seguridad, está la obligación de notificar a las autoridades sanitarias determinados umbrales de enfermedad. Por ejemplo, los buques deben avisar si al menos el 3% de la población presenta gastroenteritis aguda, si hay sospechas de un brote de enfermedades respiratorias, como gripe o covid, o casos de enfermedades de alto riesgo.

Los brotes de enfermedades como gripe, varicela o gastroenteritis no son excepcionales en los barcos. “Atendemos un montón de cruceros”, explicó Faraco, quien concede que este caso es “excepcional”, al tratarse de una patología con una letalidad altísima y es un caso con una gran trascendencia mediática. Sobre la operación prevista para este domingo en el puerto tinerfeño, la experta aclaró: “No es nuestro día a día, pero es nuestro simulacro de cabecera. Estamos preparados”.