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La Agencia I+D+I, que financia proyectos de los científicos, quedó en el centro de la escena política. La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló que el organismo le dice a los investigadores que “no hay plata” pero retiene al menos US$53 millones de préstamos multilaterales. La presidenta de la Agencia renunció luego de la publicación. El costo por no ejecutar el dinero.
El desembarco de la funcionaria Natalia Avendaño en la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+I), principal organismo de financiamiento de la ciencia, tiene en alerta al sistema científico argentino. Los investigadores creen que la subordinada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, llega a la Agencia para aplicar de lleno el modelo libertario, tras casi diez meses de parálisis y fondos millonarios pisados por el poder político.
Avendaño es economista de la Universidad Católica Argentina (UCA), tiene estudios de maestría y doctorado en Economía de la Universidad del CEMA y se desempeñaba hasta hace pocos días en la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la Jefatura de Gabinete. Llega a la Agencia para “cuidar la caja”, una caja que no se ejecuta desde la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada.
La funcionaria es una outsider del mundo científico y tecnológico, y su experiencia estuvo siempre relacionada a la gestión de las cuentas de los organismos argentinos en la ejecución de préstamos de los organismos multilaterales. La gran duda de los científicos, en esta nueva etapa, es si Avendaño llega para seguir pisando la caja y hacer borrón y cuenta nueva con los proyectos científicos seleccionados, con el objetivo de poner a la ciencia “al servicio del sistema productivo”, de acuerdo a las consultas realizadas por este medio.
Ahora, Avedaño deberá conformar un directorio de diez personas. La Agencia I+D+I está acéfala desde el lunes pasado, cuando Alicia Caballero presentó su renuncia como presidenta horas después de una publicación de la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR. Este medio reveló que si bien Caballero había anunciado a las universidades a finales de agosto que no había plata para los científicos, la Agencia retenía US$53 millones provenientes de préstamos de organismos multilaterales para el desarrollo de proyectos científicos.
La investigación informó que por cada dólar ejecutado en 2024, US$3,93 permanecen en las cuentas bancarias engrosando el Tesoro Nacional, mientras los científicos viven una parálisis del sistema desde hace diez meses. Muchos de los investigadores deben financiar de sus bolsillos la continuidad de los proyectos científicos.
La investigación desarmó el argumento de “no hay plata”, evidenciando que el financiamiento existe y está disponible para su uso. Además, si el organismo cumpliera con los pagos a los científicos y a los proyectos acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) podrían habilitarse nuevos desembolsos para seguir impulsando el desarrollo científico.
“Acepté el cargo para tratar de aportar algo a este país que amo. Les aseguro que hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero las decisiones se tomaban a otro nivel, y en términos prácticos nada podía resolver, dado que el Directorio propuesto nunca fue aprobado”, dijo Caballero en una carta pública.
Durante su conferencia de prensa, el vocero presidencial, Manuel Adorni ratificó que la decisión de no financiar a los científicos es política, no financiera o económica. El portavoz se limitó a argumentar que “lo que no se ejecuta es porque fueron líneas solicitadas y aprobadas con anterioridad a este gobierno, que no tienen absolutamente ningún sentido ejecutarlas y ningún sentido entrar en una deuda”.
La salida de Caballero terminó por dejar a la Agencia sin autoridades. En marzo, el directorio había presentado su renuncia en masa y nunca había sido repuesto. El directorio de la Agencia debe cumplir con ciertos parámetros: equidad de género, distribución geográfica y diversidad de temáticas como distintos tipos de ciencia y representación del sector productivo. Los directivos, además, eran avalados por tres instituciones del campo al que pertenecían. Todos desempeñaban el cargo ad honorem.
Algunos de los representantes del anterior directorio venían no sólo de universidades públicas y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). También había miembros con experiencia en gestión de proyectos de innovación y otros especialistas en estrategias y planificación orientados al desarrollo sustentable. Además, al directorio lo integraba una doctora en ciencias sociales y especialista en género y diversidades y un consultor de análisis de situaciones de conflicto y riesgo empresarial.
El directorio de la Agencia tiene un rol clave en la toma de decisiones del organismo. Además de controlar y auditar a la presidenta en funciones, tiene en su poder decisiones claves para el financiamiento de programas de investigación, ciencia y desarrollo.
El sistema de evaluación de la Agencia da un orden de mérito para los postulantes a proyectos científicos. El directorio convierte ese órden de mérito en apoyos efectivos e inicia el proceso de la firma de contratos.
Además participan en la conformación de los jurados, los integrantes de las comisiones de evaluación, y son responsables de la creación de las nuevas bases y condiciones de los llamados a proyectos de investigación, ciencia y tecnología.
El directorio tiene otra función clave: que los funcionarios de turno no incidan sobre quiénes obtienen los subsidios ni sobre quienes los evalúan y tampoco sobre las nuevas iniciativas científicas.
La nueva presidenta tiene un primer desafío: lograr que en la situación asfixiante dentro del sistema haya diez personas del mundo científico y tecnológico que estén dispuestas a conformar el directorio. Avendaño debe conseguir 10 avaladores de sus decisiones para la nueva gestión. Sin el directorio, Avendaño no podrá crear nuevas iniciativas y sólo se limitaría a poner al día los pagos atrasados de los proyectos aprobados hasta 2023.
Avendaño trabajaba apuntalando créditos internacionales para riego, asfalto, obra pública, la pobreza, el sistema de salud. Lo que ella sabe es como supervisar el funcionamiento de esos programas.
La funcionaria tendrá rango de Secretaria de Estado. A pesar de que la Agencia se encuentra dentro de la órbita de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, a cargo de Darío Genua, oficia como un eslabón intermedio con el ministerio de Jefatura de Gabinete, explicó una fuente con conocimiento del funcionamiento del sistema.
El panorama es poco alentador para los científicos. Representantes del sector consultados por la UDI de elDiarioAR respondieron que el conflicto por el perfil de los proyectos y la liberación de los pagos podría agudizarse. No existirá una agencia con visión propia sino un órgano ejecutor de las voluntades de Francos, y por ende, del presidente Javier Milei.
Caballero había asumido la conducción de la Agencia I+D+I en marzo, con el aval político del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, pero sobre todo de uno de sus laderos de mayor confianza: el entonces secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alejandro Cosentino. La eyección, a fines de mayo, del ex ejecutivo de Corporación América también arrastró a Cosentino, un alfil que había sido clave en el plan de Posse para manejar la política de telecomunicaciones a partir, por ejemplo, de la intervención del Enacom.
Pese a ese cimbronazo, Caballero, que había tenido un paso previo por el directorio del Banco Nación durante la presidencia de Mauricio Macri y antes se desempeñó como decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCA, parecía seguir firme al frente de la Agencia. Al menos hasta este lunes, cuando, tras la publicación de la UDI de elDiarioAR, presentó la renuncia, oficialmente, por “motivos personales”.
Caballero dejó un saldo de 80 despidos, que representó un tercio del personal de la Agencia y un directorio que renunció al mes de su asunción y que nunca pudo recomponer. Según su carta de despedida, nunca le aprobaron el directorio que propuso. Asimismo, los proyectos científicos fueron paralizados durante toda su gestión. Esta semana, Caballero dijo en el programa de televisión de María Laura Santillán en LN+ que “la plata está”. El problema radicada en una decisión política de no ejecutarlos.
La funcionaria saliente confirmó en el programa que la parálisis en la ejecución del presupuesto es política y no económica, y que, tal como dijo en su carta, “las decisiones se tomaban a otro nivel”. La UDI de elDiarioAR intentó obtener la versión de Caballero en reiteradas oportunidades pero la exfuncionaria se negó a responder.
La expresidenta de la Agencia aseguró: “No me siento bien no decidiendo. Yo asumí en marzo y durante todo el tiempo que estuve traté de contener y de entender y también de pensar líneas de promoción más allá de financiamiento, porque hay mucho que se puede hacer en Argentina más allá de dar plata, pero en términos prácticos no podía hacer nada y creo que era mejor dar un paso al costado”.
La no ejecución de los fondos aportados por organismos multilaterales tiene costos altos. La UDI de elDiarioAR pudo acceder a una fuente del ambiente científico que afirmó que un representante del Banco de Desarrollo de América latina y el Caribe (CAF) comentó en un encuentro regional sobre la preocupación del organismo multilateral respecto a la no ejecución de los fondos para ciencia y tecnología de Argentina.
Las afirmaciones se dieron a mediados de agosto en el marco de una actividad financiada por la CAF hace algunas semanas en un país de la región donde participaban organismos gubernamentales de Ciencia y Tecnología y empresas de distintos países de Latinoamérica.
El representante expresó su preocupación debido a que Argentina no estaba ejecutando los fondos y estaban buscando la forma de dialogar y de no sancionar el incumplimiento del país, con el objetivo de no perjudicar a las personas a las que fueron destinados esos préstamos. Según el representante, la respuesta de Argentina fue que los fondos eran “plata de la corrupción” y que por eso no se ejecutan.
ED
La Casa Rosada puso al frente de la pulseada con las instituciones educativas al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro "Galleguito" Álvarez, un soldado de la “batalla cultural” llevada adelante por el libertario. Incertidumbre en el estudiantado por la intención oficial de cobrarle a los extranjeros que asistan a universidades públicas y que no cuenten con residencia en el país.
La multitudinaria Marcha Federal Universitaria del 2 de octubre lejos estuvo de mover al gobierno de Javier Milei de su intransigencia. En las últimas horas, tras el veto a la ley de Financiamiento Universitario, desde el oficialismo concedieron que los que salieron a la calle se expresaron “legítimamente”, pero que ese reclamo se vio empañado por sectores que lo hicieron con alguna intencionalidad política de fondo. Por su parte, en el ámbito universitario creen que los recortes en los recursos van más allá del mero ajuste fiscal: están cada vez más convencidos de que responden a un deliberado posicionamiento ideológico de Milei contra las propias instituciones educativas.
Ante la consulta de elDiarioAR, en La Libertad Avanza consideraron que la protesta del miércoles pasado fue menos espontánea y “más chica” que la anterior, que tuvo lugar en abril. Más de cinco meses después, el oficialismo reaccionó de la misma manera: redoblando la apuesta en su disputa con el mundo universitario y poniendo al frente de esa cruzada al subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro “Galleguito” Álvarez, que en los últimos días salió a reivindicar públicamente su rol de soldado en la “batalla cultural” encabezada por Milei.
“Yo estoy seguro de que en la marcha hubo un montón de gente que fue de muy buena voluntad y que se arrepintió de ir cuando vio los monstruos con los que estaba rodeada”, lanzó el miércoles por la noche durante un debate televisivo en TN con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti. En abril, con el conflicto en plena ebullición, Álvarez había sido apartado de las negociaciones con los representantes de las distintas instituciones educativas, pero esa desautorización lejos estuvo de valerle el cargo. Por el contrario, su figura pareció blindarse todavía más a partir de esas jornadas convulsionadas, de la mano de alguien que se convirtió en su principal sostén puertas adentro de la gestión libertaria: el todopoderoso asesor presidencial Santiago Caputo.
Hijo del histórico Alejandro “Gallego” Álvarez, fundador en los 70 de la agrupación peronista Guardia de Hierro, este profesor de Ciencia Política de la UBA goza de línea directo con la mesa chica del oficialismo, una conexión incluso mayor que la del propio secretario de Educación, Carlos Torrendell. Este jueves, sin ir más lejos, pocas horas después de la marcha, Milei compartió un almuerzo junto a él y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en un gesto de respaldo total hacia ambos.
“Queremos que quede clara nuestra postura de no movernos de nuestro objetivo del déficit cero”, apuntó esta semana una fuente de Casa Rosada, con el mantra del equilibrio fiscal abajo del brazo. Sin embargo, más allá de las definiciones macroeconómicas, en las filas del oficialismo no esconden que una decisión como la del veto a la ley de Financiamiento Universitario se trata sobre todo de una postura que busca demostrar “firmeza” política.
El último capítulo de esa cruzada tuvo lugar el jueves por la noche, cuando el Gobierno dejó trascender que ya tiene decidido avanzar con un proyecto para cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros que asistan a universidades públicas y que no cuenten con residencia en el país. La iniciativa sería enviada al Congreso en las próximas semanas. Sin embargo, en la mayoría de las universidades nacionales del país los extranjeros no pueden estudiar sin ser residentes, por lo que resta conocer la letra completa del proyecto que pretende presentar Milei para saber a qué universo se dirigirá puntualmente.
“Cuando decidí venir a Argentina a estudiar, lo hice porque sabía que aquí podía obtener una educación de calidad a un costo razonable”, comenta Clara, una estudiante ecuatoriana que cursa el segundo año de Veterinaria en la UBA. En diálogo con elDiarioAR, se mostró preocupada por eventualmente tener que pagar una cuota adicional por ser extranjera. “No sé cómo haría para cubrir esos gastos”, agrega, algo angustiada.
La semana pasada, a través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que “el 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros, principalmente de Brasil, lo que genera una carga adicional para el sistema universitario público”. Desde el oficialismo, aseguraron a elDiarioAR que el principio de gratuidad continuaría vigente para los estudiantes argentinos y residentes permanentes, mientras que las universidades podrán establecer convenios con otros países e instituciones para fomentar intercambios educativos y otorgar becas a estudiantes extranjeros bajo ciertas condiciones.
Esteban es paraguayo y estudia en la Facultad de Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). “Para los extranjeros ya es un problema mantenerse en el país. Agregar una cuota solo haría las cosas más difíciles”, se lamenta, para después aclarar que reside en Posadas hace cuatro años, pero que toda su familia es de la ciudad de Encarnación. “Muchos no tienen las mismas facilidades que un argentino, y si encima imponen barreras económicas, creo muchos tendrían que abandonar sus estudios”, añadió.
El Gobierno afirma que el diálogo con las autoridades educativas nunca fue interrumpido y que en los últimos meses la Secretaría de Educación, a cargo de Carlos Torrendell, cumplió con los pedidos sectoriales. Pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas y a personal docente y no docente de las altas casas de estudio, niega que esto haya sido así y cruzan a la gestión libertaria por la falta de fondos, tanto actuales como en el previsto en el Presupuesto 2025 que acaba de ser enviado al Congreso.
Los últimos días volvieron a recrear un clima similar al que se vivió en la previa a la gran marcha de hace cinco meses. En abril, al igual que el miércoles pasado, cientos de miles de personas salieron a las calles de todo el país para reclamar por la falta de fondos para el elemental funcionamiento de las instituciones educativas. Un dato sorprendió en aquel entonces a los funcionarios libertarios: el carácter extremadamente transversal de quienes se manifestaron. Cerca de Milei acusaron el golpe, que no vieron venir, y tuvieron que enfatizar su “defensa” de la educación pública, luego de un intento fallido por deslegitimar la protesta.
Pero poco parece importarle al Gobierno que la última oferta salarial hecha a los docentes no alcance a cubrir el atraso que sufrieron sus ingresos desde la llegada de Milei al poder. A pesar de la narrativa oficial, que habla de aumentos superiores a los de los trabajadores del Estado Nacional e insiste en hacer el corte temporal excluyendo la megadevaluación de diciembre, los números muestran que el poder adquisitivo de la docencia tuvo una pérdida del 32,2% de noviembre a julio.
“Tenemos la única paritaria de todo el país con actualización por proyecto de ley. El Congreso abusa de su autoridad”, apuntó Álv/arez esta semana para justificar el veto presidencial, y denunció que la UCR y otros sectores opositores “usan algo que es real, como el atraso de salarios en universidades, para tratar de sobrevivir políticamente y poner al gobierno en problemas”. A las puertas del debate legislativo del Presupuesto 2025, la posibilidad de que la oposición logre revertir el veto de Milei en el Congreso es una amenaza real para el Gobierno. La “muralla” de diputados aún no está garantizada y el reloj corre de cara a la sesión del próximo miércoles.
PL/DTC
El ministro de Economía anunció la jugada del presidente Javier Milei en caso de recibir un revés en el Parlamento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno concurrirá a la Justicia si el Congreso de la Nación logra revertir el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
“Están presentando un gasto sin contrapartida”, se quejó el titular del Palacio de Hacienda.
En declaraciones al canal LN+, Caputo sostuvo que si el Congreso logra voltear el veto al aumento del presupuesto a las universidades irán a la justicia.
“Lo vamos a apelar porque está mal”, subrayó el ministro de Economía.
“Lo que dice la ley de Administración Financiera es que el Congreso no puede presentar un gasto sin una contrapartida de financiamiento que lo justifique”, afirmó Caputo.
Ante la posibilidad de que el Congreso revierta el veto e insista con la norma, el funcionario nacional sostuvo: “Probablemente lo haremos por la vía de la justicia, o administrativa, siempre en el marco de la ley, si ésta nos da la razón”.
“En realidad, lo que proponemos, que sería lo lógico, es debatir lo que quieren dentro del marco que corresponde, que es el de la ley de Presupuesto”, resaltó Caputo.
En ese marco, apuntó contra los recursos de las universidades y expresó: “Tenemos el caso de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que desde 2020 a 2023 recibió solo al 0,62% de los alumnos, es decir, 16 estudiantes. Se gastaron 100 millones de pesos por egresado: casi salía más barato mandarlos a Harvard”.
DM con información de agencia NA
Para abordar la gran tragedia nacional de la pobreza hay que entender la diferencia entre el núcleo duro que no se resuelve con “la macro” y una corteza de vulnerabilidad que sí depende de las fluctuaciones macroeconómicas. Dejar de señalar infantilmente responsabilidades y asumir como una tarea nacional la erradicación de la indigencia es el único camino para terminar con este crimen social.
Los datos de pobreza, alarmantes, muestran la aceleración de una tendencia que no es nueva, lleva una década, funciona como una espiral descendente con breves ciclos de recuperación para caer luego en un fondo más bajo que el anterior. El gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández dejaron el país con más pobres de los que recibieron. El gobierno de Javier Milei implementó una serie de medidas que inevitablemente darían un nuevo salto: la devaluación del 118% sin compensación y el ajuste que recayó principalmente sobre los más descartables para la mentalidad anarcocapitalista: los jubilados. Asimismo, se redujeron a su mínima expresión las políticas de inclusión social y expansión laboral, con la sola excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH), sobre la que hablaremos más adelante.
Todos los argentinos, en particular aquellos activos en la vida pública, tenemos que hacernos cargo de esta tragedia nacional. Hay responsabilidades diferenciadas, sí, pero compartidas. En primer lugar, se tienen que hacer cargo los funcionarios y funcionarias, desde la presidencia para abajo, que tuvieron a su cargo la gestión económica y social durante los últimos tres gobiernos. Me resulta francamente incomprensible cómo algunos tienen la cara de piedra de endilgarnos a quienes nunca detentamos responsabilidad estatal alguna los frutos de sus propias acciones. Su argumento es autocontradictorio: si existe tal cosa como los gerentes de la pobreza, es porque hay pobreza… y la pobreza es un crimen de estado.
El resto —dirigentes sociales, políticos, sindicales, estudiantiles, etcétera— debemos hacernos cargo de nuestra parte también; en algunos casos, por haber implementado de forma deficiente u opaca políticas de cogestión comunitaria. Estas son situaciones particularmente dolorosas que utiliza el gobierno para extrapolar, generalizar y manchar toda la tarea de organización comunitaria para destruirlo todo. Sin embargo, esto no es lo más grave: nuestro verdadero pecado es que fuimos débiles en la defensa de los débiles, permitimos el deterioro del poder adquisitivo del salario y prestaciones sociales… todavía lo somos. ¿Hasta cuánta indignidad estamos dispuestos a soportar?
Con todo, para enfrentarla hay que salir de las visiones reduccionistas y las acusaciones politiqueras. La pobreza argentina no la inventó Javier Milei… la pobreza no es “toda suya”. Veamos el siguiente cuadro:
Como podemos observar la trayectoria no es lineal. Hubo una etapa de desempobrecimiento entre 2003 y 2013 que constituye un dato objetivo de la realidad que ninguna crítica ideológica o contabilidad creativa puede desconocer. La devaluación de 2013 cortó esa trayectoria. La reflexión crítica sobre el problema de la restricción interna y el déficit fiscal —que en ese momento tenía como principal causa los subsidios energéticos generalizados— es un deber del movimiento nacional-popular. Esto no empaña en lo más mínimo toda la trayectoria progresiva de la etapa kirchnerista que, además, creó las condiciones para resolver el problema energético con la recuperación de YPF, la prospección de Vaca Muerta y las obras del gasoducto que ahora le permiten a Milei ahorrarse los dólares de la importación de combustibles.
En el gobierno de Mauricio Macri la pobreza se mantuvo en los mismos niveles e incluso tuvo un descenso considerable en 2017 por el descenso de la inflación y también por la aplicación de la Ley 27.345 que conquistó la clase trabajadora, en particular el movimiento de economía popular, para complementar los ingresos y ampliar los derechos de los sectores informalizados.
Pero ese modelo sostenido en un fuerte endeudamiento externo voló por los aires con la corrida cambiaria iniciada en abril de 2018 en donde Macri renegó de cualquier referencia a su slogan “pobreza cero” y reveló plenamente su verdadera esencia empobrecedora y represiva. Así, el empoderamiento del tándem represión-descarte encarnados por Patricia Bullrich y Toto Caputo, los llamados halcones, reiteraron la historia del 2001 provocando en dos años un incremento de la pobreza de casi diez puntos. Es llamativa la paradójica coincidencia entre el aluvión de dólares que ingresaron por el acuerdo Caputo-FMI con el aumento rampante de la pobreza.
El gobierno de Alberto Fernández se inició con una pandemia que —como en muchos países del mundo— provocó un aumento de la pobreza de seis puntos, llevándola a un nuevo pico. Quiero aclarar que considero que las políticas como el IFE —que junto a distintos movimientos sociales y en particular con Wado de Pedro impulsamos desde el primer día de la pandemia— se quedó corta. Fue mezquina en cantidad y extensión, sobre todo comparado con las ayudas que recibió el sector privado a través de los ATP.
La recuperación posterior a la pandemia logró reducir 5,5 puntos. Esto sucedió durante la gestión de Martín Guzmán, que tuvo virtudes y defectos. Las virtudes, jalonadas por la honestidad e idoneidad del ministro. Los defectos, caracterizados por la incapacidad política para articular consistentemente comercio exterior, política monetaria, régimen de tarifas y políticas sociales.
Martín Guzmán tuvo virtudes y defectos. Las virtudes, jalonadas por la honestidad e idoneidad del ministro. Los defectos por la incapacidad política para articular consistentemente comercio exterior, política monetaria, régimen de tarifas y políticas sociales
Todos saben nuestra discrepancia con el acuerdo que el gobierno de Alberto suscribió bajo la gestión de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional. Nuestra fuerza no lo acompañó al igual que el sector identificado con Cristina Fernández de Kirchner. Sí lo votaron los diputados del Frente Renovador de Sergio Massa que, meses después, aprovechando la tensión que se produjo entre Guzman y Cristina por el acuerdo, se quedó con un superministerio en un patético golpe de palacio que lo perfiló como candidato a la presidencia con los resultados que conocemos.
Durante la gestión de Sergio Massa la pobreza aumentó 5,2%; esto tiene múltiples razones, no todas atribuibles al exministro, pero hay medidas que fueron claramente antipopulares y beneficiaron a los sectores más ricos del país. Por ejemplo:
1. Dólar soja: se le dio un tipo de cambio mejor al sector sojero. Ello significó no solamente mayor rentabilidad para ese sector, sino creación de dinero mayor (el BCRA emite más pesos para pagarle a los sojeros un tipo de cambio más alto), que presionó a la suba al dólar CCL/MEP y de la inflación. Ese mayor tipo de cambio también se trasladó de forma directa a todos los precios de lo que en su cadena incluye a la soja. Medida regresiva, que aumentó la desigualdad de los ingresos y la pobreza.
2. Bonos duales: se emitieron bonos que pagaban la tasa más alta entre la inflación y el dólar. Fue un seguro para los bancos, que se llenaron de plata (tuvieron balances excelentes). Eso se pagó con mayor emisión, que significó más brecha cambiaria e inflación. Lo pagó el resto de la sociedad. Medida que aumenta la desigualdad y la pobreza.
3. Suba brutal de la tasa de interés de política monetaria, tal como habían por mucho tiempo pedido los bancos: se pagó con mayor emisión monetaria e inflación, es decir, con caída del salario real.
Si hubo plan platita, la platita fue para los ricos.
En efecto, las dos únicas medidas significativas para los más pobres fueron los bonos compensatorios para los trabajadores informales que obtuvimos no sin lucha, una lucha encarada por movimientos sociales pero que desde el punto de vista político dejó a Patria Grande-Argentina Humana al borde de romper el bloque de diputados frente a la indignación por la insensibilidad social de un gobierno peronista donde la pobreza aumentaba. Es de estricto rigor reconocer que Cristina finalmente terció para que estas dos pequeñas compensaciones fueran a los más pobres.
Como vemos, no es toda de Milei. Las matemáticas dicen que del incremento de 23,1 puntos porcentuales en la tasa de pobreza desde 2015 las responsabilidades están repartidas de la manera siguiente:
Entonces hagámonos cargo todos, porque esta responsabilidad es de todos. Podría objetarse que tomo como base 2015 donde había un escandaloso 30% de pobres tras 12 años de gobierno peronista. No puedo evitar señalar que la drástica reducción que se produjo en esos años es el dato más destacable, pero es cierto que el kirchnerismo no logró penetrar en el llamado “núcleo duro de la pobreza”.
Por ese motivo, cuando los trabajadores de la economía popular -los trabajadores informalizados- organizaron su primer sindicato en 2011 su consigna principal era “somos lo que falta”. Es destacable que Cristina Kirchner en sus discursos más recientes esté planteando como uno de los problemas centrales estos cambios en la estructura ocupacional y es fundamental que todos -cada cual desde su perspectiva- asuma el desafío de pensar con rigor está cuestión nodal de la Argentina actual.
Sin comprenderlos y abordarlos, la macro puede ordenarse pero no se puede penetrar el núcleo duro de la pobreza y la indigencia. Tampoco resolverse el crimen contra el futuro que implican los elevadísimos niveles de pobreza infantojuvenil. En la próxima parte nos referiremos a eso.
JG/JJD
Una noche nos metimos en el colegio abandonado y nos encontramos con un cuadro desolador. En una de las aulas vacías mi amigo me contó una nueva versión de lo que había pasado.
Cerca de la casa donde nací había un colegio alemán. Era un edificio antiguo que estaba sobre la avenida, cerca de la estación y a unas veinte cuadras del río. Tenía una escalera de piedra que llegaba hasta la puerta principal, rampas de acceso a los costados y aulas amplias con ventanales que daban al frente. Nosotros le decíamos la “Shu shu” (abreviación de “Shule”, que en alemán significa escuela), “colegio alemán” o simplemente “el alemán”. Fue el primer colegio privado que desembarcó en el barrio. Lo inauguraron en el año 1928 y llevaba su nombre en homenaje al primer cronista que pisó tierra rioplatense: Ulrico Schmidl. Todavía me acuerdo de los uniformes color verde con chomba amarilla y el distintivo en forma de triángulo que llevaban en el pecho. Chicos rubios de ojos claros.
En el año 1997 el colegio cerró abruptamente. Nadie supo el por qué. Se hablaba de quiebra financiera, de estafa o de que el colegio simplemente había cambiado de dueño.
Una noche nos metimos de contrabando con un amigo, ex alumno del colegio.
Durante nuestra “expedición”, hecha por la noche y en un día de semana, entramos en silencio tipo comando, apuntando con linternas hacia el piso. Nos encontramos con un cuadro desolador. Polvo por todos lados, el jardín con el pasto alto y los yuyos crecidos entre las grietas de cemento. También había un agujero en el techo de la rectoría. En una de las aulas vacías, mi amigo me contó una nueva versión, según él la versión real, de lo que había pasado en el colegio.
Una mañana de invierno, dos ex compañeros suyos de quinto año, los hermanos Fisher, hijos de un embajador, entraron al aula como todos los días, se sentaron en sus pupitres, uno sacó un arma de su maletín, (una Luger p08 que se usaron en la segunda guerra mundial), se puso de pie y le disparó a su hermano en el pecho. Este murió desangrado horas después en la ambulancia camino al hospital. Los directivos intentaron tapar la tragedia diciendo que había sido un accidente, pero la reputación del colegio se cayó a pedazos, así que no les quedó otra que desmantelarlo de un día para otro y cerrarlo.
Mi amigo me dijo que en ese momento obligaron a maestros y alumnos a decir lo del accidente, pero él creía que entre los hermanos había una cuestión de celos o de venganza por plata. Le pregunté por el hermano que había quedado vivo y me dijo que él junto a su familia habían desaparecido. Estaba seguro de que habían vuelto a Alemania.
Ulrico Schmidl fue un militar alemán que, en 1534, con veinticinco años, participó en la conquista española del territorio del Rio de la Plata acompañando a Pedro de Mendoza. Fue testigo de la fundación de Asunción y de la de Buenos Aires. Durante casi veinte años se dedicó a llevar un diario describiendo las sucesivas expediciones y conquistas de los territorios. Pero en ese tiempo Ulrico recibió una carta de su hermano Thómas en la que le contaba sobre el grave estado de salud de su padre y le insistía con que volviera pronto a su hogar. Inmediatamente solicitó licencia para volver a Europa, que al principio le fue negada, pero después de muchos ruegos y recomendaciones por sus buenos servicios, le fue concedida. Regresó a Straubbing el 26 de enero de 1554, dando gracias por haber preservado su vida en medio de tanta miseria y peligro.
Lo que sigue es conocido: Ulrico escribe sus memorias consultando los apuntes de viaje y surgirá el libro que más tarde conoceremos como “Viaje al Rio de la Plata”.
Lo que se sabe de la última época de su vida fue que no volvió a escribir, que vivió soltero y que falleció a los sesenta años en la misma casa que lo vio nacer.
Cuando en 1981 publican la biografía completa de Ulrico Schmidl, la imagen que teníamos sobre él cambia radicalmente.
Después de hacer un repaso sobre su infancia y adolescencia, el texto se sitúa en la vuelta de Schmidl a su hogar. Precisamente en esos dos años en que el cronista vuelve a su tierra hasta que escribe su libro.
Cuenta que en lo único que pensó Ulrico cuando su hermano le escribió fue en la herencia y que tuvo miedo de que su padre dejara como único heredero de los bienes familiares a su hermano Thómas. Que pocos días después del fallecimiento de su padre, también murió su hermano en circunstancias sospechosas y que así Ulrico heredó la fortuna familiar como último representante de ella.
En el libro agregan pasajes desconocidos del diario de Ulrico y que hablan de las torturas que les infringían a los indios y del placer que esto le causaba. Pero en lo que más hincapié hace es en una página en la que Ulrico cuenta que cuando acampaban cerca del río, en las tierras de “Wonnaz Eirresz” (como escribía Buenos Aires en germánico), un indio robó un caballo y se lo comió a escondidas. Cuando eso se supo, se lo atrapó y se lo torturó para que confesara. Entonces dictaminaron una sentencia que ajusticiara el hecho y resolvieron que se lo colgara en una horca. Así se cumplió. Ni bien se hizo de noche, apareció otro indio y cortó los muslos, los brazos y otros pedazos del cuerpo colgado y empezó a comerlos ahí mismo. Cuando se lo atrapó, el indio le gritaba al capitán que ese era su hermano carnal y que solo cumplía con la voluntad de sus padres: “Devorarse a su hermano”.