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El Gobierno y el FMI acuerdan un préstamo de US$20.000 millones

En Washington, el Fondo Monetario Internacional y el Gobierno sellaron un acuerdo a nivel técnico para un nuevo programa económico de 48 meses, que será respaldado por un préstamo de US$20.000 millones.

“No entra toda la plata junta”, hicieron saber fuentes del organismo a elDiarioAR, y agregaron que “cuando el Directorio trate el programa se conocerá el monto del primer desembolso”. El plazo de distribución de los desembolsos es de cuatro años.

El entendimiento, alcanzado bajo el marco de la línea del Fondo de Facilidades Extendidas (EFF, por su sigla en inglés), equivale a 479% de la cuota argentina en el organismo y todavía debe ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del FMI, lo que ocurrirá en los próximos días.

El acuerdo se construyó sobre lo que el organismo multilateral definió como “progresos impresionantes” por parte de las autoridades argentinas en materia de estabilización económica. En un contexto internacional adverso, el FMI destacó especialmente el rol de “un sólido ancla fiscal” que permitió avances tempranos en el control de la inflación, la recuperación de la actividad económica y ciertas mejoras en los indicadores sociales.

Con este nuevo programa, el gobierno de Javier Milei apuesta a consolidar lo que definió como una agenda de estabilización y reformas de carácter nacional. La oposición, en cambio, lo acusa de generar más deuda para mantener el dólar estable con fines electorales, sin levantar el cepo, una promesa de campaña del entonces candidato de La Libertad Avanza.

La meta declarada es “afianzar la estabilidad macroeconómica, fortalecer la sostenibilidad externa y liberar un crecimiento más sólido y sostenible”.

El anuncio marca el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral con el organismo de crédito, y llega en un momento en que la política económica argentina busca respaldo internacional para sus decisiones de ajuste. En este sentido, el staff del FMI dio su aval al rumbo actual de la gestión y anticipó que el acuerdo será tratado por el Directorio “en los próximos días”.

Más allá de su envergadura financiera, el acuerdo representa un respaldo político y técnico para el oficialismo, que podrá exhibirlo como un aval externo a su programa. En un escenario global desafiante, el FMI subrayó el componente “doméstico” del plan de estabilización, remarcando que se trata de una agenda “diseñada localmente”.

Con la aprobación del Directorio, la Argentina accederá a un nuevo paquete financiero que no solo refuerza las reservas internacionales, sino que condiciona parte de la política económica a los objetivos y metas que se acuerden formalmente con el organismo.

La implementación y cumplimiento del programa estarán sujetos, como es habitual, a revisiones periódicas. Mientras tanto, el Gobierno apuesta a que el acuerdo funcione como señal de certidumbre frente a los mercados y como plataforma para atraer inversiones en el mediano plazo.

Tras la declaración del FMI, el ministro de Economía, Luis Caputo, posteó en Twitter (X) que el Fondo “alcanzó un acuerdo a nivel técnico con la Argentina para un programa de Facilidades Extendidas (EFF) de 48 meses”.

JJD

Dos dudas que dejó el anuncio del FMI sobre el préstamo: el primer desembolso y el dólar

El tembladeral financiero mundial, que golpea sobre todo a los países más inestables como la Argentina, aceleró los tiempos para que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara por fin el demorado acuerdo con el gobierno de Javier Milei. En la misma jornada en que el riesgo país -indicador de confianza en los bonos de la deuda- saltó a 978 puntos básicos, el dólar blue a $1.340, el MEP a 1.376 y el contado con liqui (CCL) a $1.368, el Departamento de Comunicaciones del FMI informó el nuevo endeudamiento del país más endeudado con este organismo, la Argentina.

A diferencia de otros anuncios, en los que se detallan las medidas que se adoptarán como parte del convenio, esta vez no se aclaró mucho y menos lo principal. Se ratificó el monto del préstamo, de US$20.000 millones, pero no se aclaró cuánto llegará en lo inmediato. El ministro de Economía, Luis Caputo, aboga porque sea un fuerte primer desembolso para disipar las crecientes dudas sobre su plan, incógnitas del mercado que no comenzaron la semana pasada con los aranceles de Donald Trump a casi todo el mundo sino desde principios de año, mientras se tornaba insostenible la sobrevaluación del peso oficial.

Tampoco informó el FMI el nuevo régimen cambiario que pide a cambio del crédito. Se prevé que el dólar oficial, que cotiza a sólo $1.046, dejará de subir sólo 1% mensual, como hasta ahora, muy por debajo de la inflación, lo que encarece en divisas la producción de bienes y servicios de la Argentina. Y a menor producción, menor exportación, mayor importación, menores reservas del Banco Central y, al final de día, imposibilidad del país de pagar sus deudas con el Fondo y los acreedores privados.

La pregunta es si el acuerdo anunciado este martes por el staff técnico del FMI implicará que la Argentina adopte acciones previas antes de que sea ratificado este viernes por el directorio del organismo, donde están representados todos los países miembros. Estas medidas podrían implicar este miércoles mismo un cambio en el tipo de cambio oficial y alguna liberación de las restricciones del cepo cambiario. En el Fondo repetían que si Caputo quería más dinero ahora, debía flexibilizar más el dólar lo antes posible.

El problema es que Milei y el ministro no quería devaluar antes de las elecciones legislativas de octubre porque temían que arruinara su plan de desinflación. Pero primero la presión del FMI y los inversores especulativos y ahora el contexto internacional complicaron el derrotero.

Cuando el staff técnico anuncia un acuerdo es porque ya tiene la aprobación informal del directorio. Es decir, el viernes seguro que se aprueba. Pero en este caso de tanto misterio quizás ese día o antes se resolverán las dudas del monto inicial y del nuevo tipo de cambio.

La reunión del directorio, aunque seguro dé el apoyo, también servirá para explicitar las diferencias entre las potencias a partir de los aranceles que Trump, amigo de Milei, impuso a casi todo el mundo, excepto México, Canadá y Rusia. China, Japón y Europa están que trinan con el neoproteccionismo del país que antes lideraba la bandera del libre comercio y que supone un cuarto de la economía mundial. En este caso, la bronca con el magnate republicano lleva a que las potencias aprueben el acuerdo con menos ganas, dado que se trata de un aliado del susodicho.

Los directores más duros siguen siendo los de siempre: Japón, Alemania, alguno de los nórdicos, pero últimamente también está bastante exigente el de Brasil, aunque sus diplomáticos lo nieguen. Por lo menos eso refieren fuentes con acceso al directorio. No es extraño que el socio mayor del Mercosur, siempre proclive a ayudar a la Argentina en el FMI, haya abandonado la postura más solícita a partir de los permanentes ataques de Milei a Luiz Inácio Lula da Silva y al bloque sudamericano. Del otro lado, los más favorables al acuerdo son los aliados del libertario., EEUU y la Italia de Georgia Meloni. Un poco por su postura tan cercana al gobierno de Milei dejan en off side a los del medio, como la España de Pedro Sánchez y el Reino Unido del laborista Keir Starmer, que hasta hace horas todavía seguían pidiendo precisiones y garantías para cerrar las negociaciones, aunque en líneas generales se inclinaban también hacia el acuerdo.

AR

¿Una deuda que no endeuda? Por qué es falso lo que dice Luis Caputo sobre el nuevo acuerdo con el FMI

El Gobierno Nacional solicitó un préstamo al Fondo Monetario Internacional por US$20.000 millones. Para justificarlo, dijo que parte del préstamo se usará para cancelar “Letras” con el Banco Central, por lo que no aumentaría el total de deuda nacional. Y también se dijo que esa cancelación contribuirá al saneamiento del Banco Central. 

Estas dos defensas se contradicen entre sí. La mejora del balance del Banco Central sería por reemplazar “Letras” por dólares; porque, en realidad, esas Letras no son un activo que el Banco Central pueda convertir en plata de verdad. Y, si no es un activo real para el Banco Central, tampoco es una deuda real para el Tesoro Nacional. Por lo tanto, cancelarlas no disminuye la deuda real, la que el Estado Nacional debe pagar.

¿Qué son entonces esas Letras? Son instrumentos que el Estado Nacional le dio al Banco Central, al sacarle dólares de las reservas, que usó para pagar deudas. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque el Banco Central es propiedad del Estado Nacional. Esta es la cuestión central: para el Tesoro Nacional las Letras son pasivos, y para el Banco Central son activos; pero para el Estado Nacional (que incluye tanto al Tesoro como al Banco Central) son simultáneamente un pasivo y un activo; al consolidar, no son más que asientos contables. En cambio, las deudas con el FMI y otros organismos internacionales son deudas de verdad: representan obligaciones a pagar en el futuro. Decir que cambiamos una deuda por otra, y la deuda total no varía, es para engañar a quienes no entienden del tema. 

Hagamos un ejercicio simple: ¿qué pasaría si una ley le dice al Banco Central que condone la deuda en Letras? Por un lado, se celebraría que la deuda del Tesoro Nacional baje en alrededor de US$69.300 millones, equivalentes a más del 10% del PBI; por otro lado, se denunciaría que el balance del Banco Central se debilita, disminuyendo su Patrimonio Neto a poco más de US$4.000 millones. Y ambas posiciones serían engañosas, porque partirían de que esas Letras representan una deuda de verdad para el Tesoro Nacional y, por consiguiente, un activo de verdad para el Banco Central. En realidad, la posición de deuda del Tesoro no se fortalecería, y la situación financiera del Banco Central no se vería perjudicada. Pensemos, por ejemplo, que el 7 de mayo de 2024 el Banco Central modificó el criterio de valuación de las Letras, con lo cual su Patrimonio Neto bajó en US$51.000 millones de un día para otro. ¿Alguien se enteró? Muy pocos, no fue una noticia relevante. Fue una simple corrección contable. 

Lo que nos debe importar es qué se hace con el préstamo del FMI. El déficit fiscal del Tesoro Nacional bajó, pero sigue existiendo: para el primer bimestre, el Tesoro Nacional anunció un superávit de poco menos de un billón de pesos, al no contabilizar intereses de títulos públicos en cartera del sector privado (LECAP, LEFI, BONCAP), que se suman a la deuda. De no ser por ese dibujo contable, el déficit del bimestre sería de no menos de 4-5 billones de pesos; en términos reales, superior al déficit del primer bimestre del año 2021. Pero, por ahora, el déficit encuentra financiamiento en pesos: por ese y otros motivos, la deuda en moneda nacional del Tesoro aumentó en alrededor de 14 billones de pesos durante el primer bimestre de este año, y podría seguir aumentando. Eso permitiría que el préstamo del FMI no se use para financiar el déficit fiscal en pesos.  

Este préstamo se pide para conseguir dólares. La cuestión es: ¿para qué se van a usar? La porción que se use para pagar el capital de deudas reales (con el FMI, con otros organismos internacionales, con tenedores de títulos públicos), no aumentaría la deuda nacional, más allá de que los intereses del préstamo serán más altos que los que devengan los títulos públicos reestructurados. Si se utilizan para pagar los intereses, si aumentaría la deuda, pero el problema no sería el préstamo del FMI, sino el hecho de no haber podido acumular divisas con superávit externo genuino para pagar esos intereses, que son un gasto corriente. 

Pero, aparentemente, el Gobierno quiere los dólares para mantener el tipo de cambio sin sobresaltos, al menos hasta las próximas elecciones. Y, para eso, tendría que vender al tipo de cambio actual –claramente inferior al necesario para equilibrar las cuentas externas– las divisas que habrá que pagar luego, seguramente a un tipo de cambio más realista. La intención sería “quemar” los dólares, si fuera necesario, para mantener la paridad cambiaria. Seguramente sería necesario, aunque no está claro que sea suficiente: solo durante el mes de marzo las reservas internacionales brutas bajaron en US$3.000 millones. Hace un año había superávit externo, pero ahora hay déficit: en el primer bimestre el superávit en el comercio exterior de bienes se redujo a solo US$389 millones, claramente inferior al déficit que tiene el intercambio de servicios; lo que se agrava al sumar pagos de intereses y utilidades de empresas extranjeras. Y todo indica que el déficit empeoró en marzo. 

¿Por qué se revirtió el saldo externo? Porque los precios de gran parte de los bienes nacionales que compiten con los extranjeros están caros, medidos en dólares oficiales. Entonces, las importaciones aumentan más de 30% anual, y muchos argentinos se van al exterior a gastar dólares, haciendo turismo o compras. Siempre que ocurrió eso (con Martínez de Hoz, con la convertibilidad, con Macri), fue porque el tipo de cambio estaba atrasado. Y siempre terminó en un brusco aumento del dólar. 

Decir que esta vez es distinto, porque no hay déficit fiscal, encierra una doble mentira: por un lado, porque sí hay déficit fiscal. Por otro lado, porque la escasez de dólares depende de la oferta y demanda de dólares. Los pesos no escasean (esa es otra mentira); pero, aunque escaseen, si los bienes y servicios extranjeros están más baratos que los nacionales, tenderá a haber mayor demanda que oferta de dólares. 

¿Qué podría cambiar si los pesos fueran realmente escasos? El principal uso de los pesos es comprar bienes y servicios nacionales; si los pesos fueran escasos, habría recesión. Un economista neoclásico diría: “y la recesión traería baja de precios”. Pero tenemos el ejemplo del fin de la convertibilidad: en un contexto de tipo de cambio atrasado, en 2001 los pesos escaseaban, el consumo privado bajó más de 12%, pero los precios sólo bajaron 1,5%. Era imposible equilibrar la economía a través de una deflación. Al igual que ahora, la mayoría del país no quería que subiera el dólar, pero el país estaba en una agonía, con el pulmotor del “blindaje” obtenido por el gobierno de De la Rúa a fines del año 2000, que prometía asistencia financiera por cerca de 20 mil millones de dólares, del FMI y otros organismos internacionales. 

Ahora se está pidiendo otro “blindaje” similar. No se debería usar para prolongar una agonía.     

El gendarme que disparó a Pablo Grillo designó como abogados a defensores de "gatillo fácil" y la “doctrina Chocobar”

El gendarme Héctor Guerrero, acusado de dispararle una granada de gas lacrimógeno en la cabeza al fotógrafo Pablo Grillo el pasado 12 de marzo, se presentó voluntariamente este lunes en la causa como posible “imputado” y designó como sus defensores a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi. Según denunciaron desde el Cels, se trata de una estrrategia para poder acceder a los detalles de la investigación. Pero lo que más llama la atención es que ambos abogados fueron provistos por el propio Ministerio de Seguridad y tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González o la representación de miembros de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha cuyos miembros fueron vinculados con el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Además, Sarubbi no solo defiende policías en causas de gatillo fácil, sino que también los asesora. En una imagen de su cuenta de Instagram, se lo ve a él con integrantes de la dirección de Operaciones Espaciales de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria). Allí, el letrado acababa de dar una charla “sobre las causas de justificación en el accionar de las fuerzas de seguridad”.

Mientras el fotoperiodista se recupera lentamente en el Hospital Ramos Mejía, la causa a cargo de la jueza federal María Servini comenzó a moverse.

Desde Revolución Federal hasta Santiago Maldonado

Martín Sarubbi es un abogado penalista que, según su cuenta en la red LinkedIn, trabaja desde el 2021 en la Dirección General de Víctimas de la secretaría de justicia, en la ciudad de Buenos Aires. Entre sus funciones, la dirección diseña “herramientas con el objeto de asistir a las víctimas de delitos, así como a sus familiares, atendiendo a sus necesidades de protección y asesoramiento”. Sin embargo, y aunque el letrado no detalle sus funciones en la justicia porteña, Sarubbi no se hizo mediáticamente conocido por defender –precisamente– a las “victimas”. 

Antes de representar al gendarme que dejó al fotógrafo Pablo Grillo al borde de la muerte, y quien hoy se recupera favorablemente, Sarubbi defendió ─junto a otro abogado─, a tres policías porteños que fueron condenados a cada perpetua en 2023 por el homicidio de Lucas González, de 17 años. Durante el juicio, el penalista protagonizó una escena singular: en la primera jornada de alegatos, mientras Gregorio Dalbón –abogado de la familia de González– esgrimía sus argumentos, Sarubbi se levantó de la sala y se retiro del juzgado. Los tres efectivos imputados quedaron solos en el banquillo. Por esa actitud fue sancionado por el Tribunal Oral Criminal 25.

En 2021, el mismo año que el crimen de González, Sarubbi también defendió a otro policía. Se trató del oficial bonaerense Facundo Amendolara, de 29 años por entonces, quien le disparó al cantante Santiago Moreno Charpentier, “Chano”, ex líder de la banda Tan Biónica. En aquella ocasión, Chano sufrió un brote psicótico e intentó agredir a Amendolara con un cuchillo. Este respondió con un disparo, hiriendo gravemente al cantante. Sarubbi alegó “legitima defensa” y el efectivo fue sobreseído finalmente, aunque la defensa del cantante decidió no apelar el fallo.

En 2023, el abogado volvió al ruedo en su defensa acérrima del “gatillo fácil”, cuando representó a Sergio Daniel Mamonte, un oficial bonaerense acusado de asesinar de un disparo a Alexis Nahuel López, de 20 años. Sarubbi alegó que la victima empuñaba un arma blanca y tenía intenciones de agredir a Mamonte durante una pelea callejera con otros jóvenes en la localidad de Berazategui. El policía fue finalmente declarado “no culpable” por el tribunal. El último día del juicio, el abogado estuvo acompañado por el ex efectivo Luis Chocobar, condenado a prisión en suspenso por matar a un ladrón en el barrio La Boca en un caso que generó gran debate sobre el rol de las fuerzas de seguridad.

Los abogados tienen un largo historial de defensas resonantes: Desde uno de los implicados en la muerte de Santiago Maldonado, hasta los tres policías condenados por el homicidio de Lucas González, el agente que disparó a Chano Carpentier y miembros de Revolución Federal.

El penalista, sin embargo, también participó de otro tipo de causas. La más llamativa es su vínculo con la agrupación de ultraderecha “Revolución Federal”, investigada por la justicia por “incitación a la violencia pública” e investigada por sus vínculos con el intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kichner. Sarubbi representó a Sabrina Basile, integrante de Revolución Federal, y procesada en 2022 junto a Jonatan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa. El juez federal, Marcelo Martínez De Giorgi, los consideró responsables de formar una agrupación que busca “imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, un delito que tiene una pena de hasta ocho años de prisión. 

Entre las defensas de Sarubbi también figura Ximena de Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba de Cristina Kirchner, quien había sido investigada por sus vínculos con los miembros de Revolución Federal.

Además de Sarubbi, representa al gendarme Guerrero, Claudio Pedro Nuncija. La información que pudo comprobar este medio es que figura como personal de Gendarmería en el escalafón de justicia como “segundo comandante”. Además, según su cuenta de LinkedIn, trabaja en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Fue, además, uno de los abogados del gendarme Emmanuel Echazú, implicado junto a otros efectivos en la investigación por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado.

La imputación “voluntaria” 

“Con el ingreso voluntario del gendarme en la causa, sus abogados ya tienen acceso a los movimientos del expediente”, explica Agustina Lloret, abogada del CELS y una de las querellantes en la causa de Grillo en representación de su familia. “Lo que Guerrero centralmente intenta con esto es acceder a la causa como imputado y hacer un seguimiento con su defensa”, agrega la abogada. 

Respecto a la designación de Sarubbi y Nuncija como abogados del único imputado hasta ahora, Lloret no se sorprende por sus antecedentes. “Patricia Bullrich siempre impulsa ese patrocinio gratuito para los imputados de su fuerza. Y es muy común que abogados que estuvieron en otros casos de violencia institucional, participen de otros”, señala la integrante del CELS. 

Entre las medidas de pruebas que la querella ya solicitó no solo se encuentran las que apuntan a Guerrero –como el acceso a su legajo personal–, sino que también se puso el foco en otros protagonistas del operativo, como el jefe del destacamento móvil 6, Héctor Ferreira y del jefe del Comando Región I, Marcelo Porra Melconian, entre otras autoridades y fuerzas involucradas que participaron el 12 de marzo. 

“Esto nos permite saber cuáles fueron las órdenes que se le dieron a los efectivos que concretamente desplegaron conductas ilícitas en la protesta, desde el uso desproporcionado de granadas de gas hasta escopetas largas”, puntualiza Lloret.  

Este sábado, en la plaza de Remedios de Escalada, donde Pablo se crio, se realizará un festival solidario en su honor. 

FLD/MG

Patricia Bullrich no se corre: conducirá el operativo del miércoles pese al fallo de la Justicia y las críticas sindicales

En la previa del paro general del jueves, el Gobierno nacional y el de la Ciudad se cruzaron durante días por una escena que todavía no ocurrió: la movilización de este miércoles al Congreso, convocada por la CGT en el marco de la huelga de 36 horas. La discusión no fue sobre los reclamos, los cortes o los manifestantes. La disputa, más simple y reveladora, giró en torno a una pregunta clave: ¿quién se hace cargo del operativo de seguridad?

La pulseada tuvo fallos judiciales, apelaciones políticas, amenazas cruzadas y un mensaje de fondo: el oficialismo está incómodo con una calle que no puede ni controlar ni evitar. La CGT —que durante meses esquivó el conflicto frontal— se suma por primera vez a la protesta semanal de los jubilados. Pero lo hace en un clima distinto: con el dólar en alza, la inflación en rebote, el Congreso atravesado por el escándalo de la criptoestafa $LIBRA y el Gobierno cada vez más expuesto.

Fue el juez porteño Roberto Gallardo quien encendió la mecha. A partir de un amparo presentado por la CGT, la UTEP y el gremio judicial UEJN, dispuso que el operativo del miércoles quede exclusivamente a cargo de la Policía de la Ciudad. En su fallo, subrayó que la seguridad no puede ser excusa para reprimir, y que el derecho a manifestarse no depende del humor del Ministerio de Seguridad ni del contexto político. Ordenó que sea el Gobierno porteño quien garantice derechos, coordine y contenga.

Pero el fallo no se cumplirá. Este martes, desde el Gobierno nacional confirmaron que el operativo lo encabezará Patricia Bullrich, tal como viene ocurriendo desde el 10 de diciembre de 2023. Lo harán, dijeron, “con el mismo esquema” que en las marchas anteriores: un fuerte vallado perimetral, custodia de las inmediaciones del Congreso y despliegue de fuerzas federales. La ministra lo ratificó con dureza: “De ninguna manera vamos a dejar de cuidar la sede del Gobierno federal en la Ciudad, como capital de todos los argentinos”, dijo en diálogo con Radio Mitre. Y fue por más: “Le decimos a Gallardo que no se entrometa. No tiene jurisdicción para darle órdenes a las fuerzas federales”.

No fue solo una respuesta política. El Ministerio de Seguridad, a través del director de Normativa, Fernando Soto, ya había denunciado a Gallardo ante el Consejo de la Magistratura porteño por presunto mal desempeño. Lo acusan de haber invadido competencias del Ejecutivo nacional, de haber actuado con una interpretación “subjetiva y forzada” de los hechos, y de haber dictado un fallo con “sesgo ideológico”. Según el escrito, el magistrado violó la Ley de Seguridad Interior y habilitó “indebidamente la jurisdicción judicial”.

En paralelo, la Ciudad también rechazó el fallo. Jorge Macri apeló la decisión, pidió que se declare nula y elevó el caso a la Cámara Contenciosa. Dijo que “no se puede escribir desde un escritorio cómo actuar ante una manifestación” y aseguró que “vamos a garantizar la seguridad con las fuerzas federales y con la Policía de la Ciudad, como siempre”. En pocas palabras, el jefe de Gobierno reclamó protagonismo para Bullrich, cuestionó al juez y sostuvo que la Ciudad no se bajará del operativo.

En los hechos, el Gobierno nacional mantendrá el control del operativo. Desde Casa Rosada aseguran que replicarán el esquema del 19 de marzo: fuerte despliegue, vallado y ninguna negociación. En Balcarce 50 justifican la decisión: creen que la movilización, por su tamaño y composición —jubilados, sindicatos, organizaciones sociales—, puede derivar en tensiones que la Ciudad no puede manejar. No lo dicen en público, pero lo deslizan: si algo sale mal, quieren tener margen de reacción y, sobre todo, de descarga.

La CGT salió también este martes a marcar posición. Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT y dirigente de Camioneros, fue directo: “Vamos a marchar igual, aunque haya protocolo antipiquetes”. En declaraciones a Radio Splendid, calificó de “locura” cualquier intento de impedir la protesta y cargó contra Bullrich: “No está habilitada para poner todas las fuerzas represivas que acostumbra poner, porque en la Capital hay una fuerza para actuar”.

Argüello explicó que la CGT, junto a la UTEP y el gremio judicial liderado por Julio Piumato, fue quien impulsó el recurso de amparo que originó el fallo de Gallardo. El mismo que ahora fue desoído por el Gobierno nacional y que motivó la denuncia formal del Ministerio de Seguridad. Consultado sobre Bullrich, el dirigente sindical ironizó: “Ya sabemos quién es. Me pregunto cómo puede seguir estando en un cargo. Hace 40 años que vive del Estado”.

El trasfondo de todo este choque no es solo institucional. Es político. El reclamo que moviliza a los jubilados desde hace meses sigue intacto: aumento de emergencia, medicamentos gratuitos, recomposición real de haberes. Lo nuevo es que la CGT decidió ponerle cuerpo. Y eso cambia la escala del conflicto. Ya no es una protesta persistente pero marginal. Es una movilización con peso propio.

Por eso, la disputa por el operativo de seguridad no fue un detalle. Fue el preámbulo. No se trató de quién despliega los escudos, sino de quién responde por lo que pueda llegar a pasar. Y en ese terreno, el Gobierno eligió jugar fuerte. Confirmó que Bullrich no se corre. Que el protocolo se impone sobre el diálogo. Y que, incluso con fallo en contra, va a actuar.

Porque en el fondo, el problema de Milei con la protesta del miércoles no es Gallardo, ni Jorge Macri, ni la CGT. Es la imagen. Esa que va a circular por redes y noticieros: la de una plaza colmada, un Congreso vallado y un gobierno que, en lugar de escuchar, endurece. Un gobierno que habla de orden, pero expone su debilidad. Y ese, por ahora, es un dilema que ningún operativo puede resolver.

PL/JJD