Escuela 84
Código Postal 4172
Noticias de Tucuman
Reconocen los ingresos de Cerimedo a la Casa Rosada pero buscan despegar a Milei: “No han sido con el Presidente”
El vocero Ravier aseguró que el Presidente cortó el vínculo con el consultor en 2023, aunque admitió que siguió manteniendo reuniones durante los primeros meses de la gestión. elDiarioAR registró al menos 13 entradas a Balcarce 50. También volvió a rechazar el aumento de la morosidad: sostuvo que las deudas deben resolverse "entre privados".
El Gobierno buscó este martes despegar a Javier Milei de Fernando Cerimedo, en medio de las derivaciones judiciales de la investigación que involucra al consultor en Bolivia, y volvió a rechazar una intervención directa del Estado frente al crecimiento de la morosidad de las familias. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero Adrián Ravier aseguró que el Presidente hace tiempo que dejó de tener vínculo con Cerimedo y sostuvo que las dificultades para afrontar créditos deben resolverse mediante “acuerdos entre privados”.
“Javier Milei no tiene relación con Cerimedo desde 2023”, afirmó Ravier. El vocero reconoció que el consultor registró algunos ingresos durante la primera mitad de 2024, aunque aclaró que “no han sido con el Presidente”, y evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones que lo involucran. “Este delito se cometió en Bolivia, si es que se cometió. Hay investigaciones al respecto y hay que dejar trabajar a la Justicia de ese país”, planteó.
Ravier sostuvo que Cerimedo tuvo un papel durante la campaña previa a 2023 y que durante la primera mitad de 2024 mantuvo reuniones que “terminaron con su salida del Gobierno en el rol que jugaba”. Es una formulación algo distinta de simplemente decir que Milei no tiene relación con él desde 2023, porque admite que Cerimedo continuó desempeñando algún tipo de rol durante los primeros meses de la gestión, aunque sin precisar cuál.
La segunda definición del vocero llegó alrededor de uno de los problemas económicos que comenzó a ganar espacio en la agenda del Gobierno: el aumento de la morosidad de las familias. Después de haber vinculado días atrás parte de los impagos con la compra de televisores para mirar el Mundial, Ravier relativizó aquella explicación y aseguró que se trataba solamente de “un ejemplo”.
“Hay otros factores que explican las moras”, admitió. Esta vez, el vocero desarrolló una explicación más amplia y atribuyó el fenómeno a la recuperación del crédito iniciada durante 2024 y, especialmente, al incremento posterior de las tasas de interés.
Según la interpretación oficial, durante la gestión de Alberto Fernández buena parte del crédito bancario estaba destinado a financiar al Estado y existían pocas líneas disponibles para familias y empresas. Ravier sostuvo que esa dinámica comenzó a modificarse con el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación y la baja de las tasas durante el primer año de Milei. “Cuando vuelve el crédito aparecen moras”, resumió.
Pero el vocero introdujo además un responsable político para explicar por qué los problemas de pago comenzaron a hacerse más visibles durante 2025: el Congreso. Ravier ubicó el crecimiento de la morosidad “en concreto, con el ataque político, si se quiere, del Congreso”, al que acusó de haber votado “con mucha irresponsabilidad cantidad de proyectos de ley que no tenían un financiamiento claro”. Según explicó, esa situación “impactó sobre la demanda de dinero, impactó sobre el tipo de cambio, impactó sobre las tasas de interés” y, cuando estas últimas subieron, “llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”.
Frente a ese escenario, el Gobierno volvió a descartar una intervención estatal destinada a financiar una salida generalizada para los deudores. Ravier recordó que Milei considera que los créditos constituyen “acuerdos entre privados” y que deben ser renegociados entre quienes tomaron las deudas y las entidades que las otorgaron.
Ravier puso además parte de la responsabilidad sobre los propios bancos y las entidades financieras no bancarias, que, según señaló, otorgaron créditos “en algunos casos con tasas de interés elevadas” para cubrirse de los riesgos que asumían. En ese contexto, advirtió que una intervención estatal para resolver la situación “implicaría tomar recursos de una parte de la población para salvar a los bancos”. Y aprovechó el argumento para cuestionar a los sectores de izquierda: “Nos sorprende que desde la izquierda, que siempre cuestionan esto de salvar a los bancos o ayudar a los bancos, se esté promoviendo una medida” que, sostuvo, terminaría permitiéndoles recuperar el capital que prestaron a riesgo.
La respuesta que propone la Casa Rosada pasa, en cambio, por profundizar el programa de estabilización. Ravier aseguró que las tasas de interés, que ubicó alrededor del 50% a comienzos del año, se encuentran actualmente cerca del 25%, y sostuvo que esa reducción debería facilitar refinanciaciones a plazos más largos y costos menores. Sobre el proyecto que busca establecer un esquema para atender el endeudamiento de las familias, se limitó a señalar que “por ahora es un proyecto de ley que puede entrar al Congreso”, y dio a entender que La Libertad Avanza no acompañará los proyectos presentados por la oposición.
La conferencia también dejó una definición sobre Santiago Caputo y la reorganización de la comunicación oficial. Ravier buscó corregir cualquier interpretación acerca de un desplazamiento general del asesor. Reveló que se reunió con Caputo ayer para preparar temas vinculados con la propia conferencia de prensa y sostuvo que sigue participando de la comunicación. Además, lo definió como una persona “central” para Milei y ratificó su intervención en el diseño de la estrategia política del Gobierno. Y aseguró que, para Milei, Caputo continúa siendo “una persona fundamental” tanto por su tarea de asesoramiento como por la amistad que mantienen.
2027
Ravier también comenzó a delinear la estrategia electoral de La Libertad Avanza hacia 2027. Frente a la posibilidad de que el oficialismo relegue sus construcciones provinciales para priorizar las chances de reelección de Milei, aseguró que el partido pretende jugar electoralmente en los 24 distritos, aunque dejó abierta la forma que adoptará esa participación.
“Habrá que definir caso por caso qué rol jugará, si es con candidatos propios, si es negociando con otros partidos”, explicó. La definición supone que la Casa Rosada no descarta acuerdos con fuerzas provinciales allí donde una candidatura libertaria pueda entrar en tensión con la estrategia nacional.
En ese marco, Ravier reconoció que las conversaciones que mantiene el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores y representantes provinciales no se limitan a conseguir respaldos para los proyectos que el Ejecutivo necesita aprobar en el Congreso. Según admitió, esos vínculos también pueden terminar proyectándose sobre el armado electoral. “Santilli está permanentemente en reunión con las provincias o sus representantes y eso eventualmente va a tener un resultado para la campaña, para las listas, para el escenario electoral”, afirmó.
El Gobierno parte, de todos modos, de un escenario de fuerte optimismo respecto de las posibilidades de Milei. Ravier contrapuso la situación económica actual con la que recibió el libertario en diciembre de 2023, y aseguró que la economía crece actualmente al 3%, con una proyección similar para el próximo año. Sobre esa base, sostuvo que una mayoría de los argentinos no querrá “volver atrás” en las próximas elecciones y utilizó una expresión particularmente explícita para describir la evaluación electoral que realiza la Casa Rosada: “Pensamos que el riesgo kuka es mínimo”.
PL
Fernando Cerimedo entró más de diez veces a la Casa Rosada y la última vez lo autorizó Santiago Caputo
El exasesor presidencial detenido en Bolivia ingresó al menos 13 veces a Balcarce 50 entre diciembre de 2023 y junio de 2024. No aparece en la Quinta de Olivos. Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Lule Menem, entre sus anfitriones: "Tenía que ver con Milei", aseguran. El Gobierno dijo que no tenía relación desde 2023 pero la ruptura pública recién se conoció en 2025, por los audios de Spagnuolo.
Fernando Cerimedo, el consultor que se presentaba como estratega digital de Javier Milei durante la campaña 2023 y luego fundador del portal La Derecha Diario tras la llegada al poder del libertario, ingresó a la Casa Rosada al menos trece veces entre el 11 de diciembre de 2023 y el 5 de junio de 2024, según pudo reconstruir elDiarioAR a partir de los registros de acceso que la Secretaría General de la Presidencia. En la Quinta de Olivos, en cambio, no hay un solo ingreso a su nombre en los tres años de gestión mileísta
Cerimedo está detenido desde este martes en Bolivia por enviar sicarios contra su expareja Nadia Beller, abogada y activista boliviana, quien sobrevivió y lo señaló como un operador con fuerte influencia en el gobierno de Rodrigo Paz. Ayer en la Casa Rosada buscaron desmentir el vínculo entre Cerimedo y el entorno de Milei, asegurando que el Presidente dejó de tener relación ya en 2023, en referencia al cierre de la campaña electoral, pero los registros de ingreso muestran otra cosa: Cerimedo siguió entrando a Casa Rosada de manera regular durante los primeros seis meses de gestión, más de dos veces por mes en promedio, hasta principios de junio de 2024. Entre sus anfitriones tuvo al exministro del Interior, Guillermo Francos; a su segundo, Lisandro Catalán; a Lule Menem, mano derecha de Karina Milei; y también a Santiago Caputo, guionista de la narrativa libertaria, quien fue el último que le autorizó el ingreso a Balcarce 50.
“Lo conocíamos al chabon pero que lo autorizáramos a entrar no tenía que ver con nosotros, sino que tenía que ver con Milei”, dijo una fuente consultada por este diario que sabía de primera mano de los movimientos de aquella época.
Las trece visitas
El primer ingreso registrado a Casa Rosada es del 11 de diciembre de 2023, apenas ocho días después de que Milei asumiera la presidencia: Cerimedo entra a las 16.59 por Balcarce 24, autorizado por Lisandro Catalán, secretario del Interior. Esa vez el sistema no le asigna una salida real: recién “cierra” la visita el 15 de enero de 2024, cuando Cerimedo vuelve a entrar —un patrón habitual del registro cuando no queda asentado un egreso—.
El 15 de enero de 2024, a las 15.30, ingresa por segunda vez, otra vez habilitado por Catalán, y se retira esa tarde a las 18.37. Quince días después, el 30 de enero, a las 13.08, entra por tercera vez, también autorizado por Catalán, y permanece en el edificio hasta las 19.50.
Ya en febrero, el 20 de febrero de 2024 vuelve a ingresar, a las 15.16, con la misma autorización de Catalán y hacia la misma dependencia, el Ministerio del Interior; ese día el sistema no registra hora de salida.
Marzo es el mes con más movimiento: cuatro ingresos en veinte días. El 7 de marzo, a las 16.34, entra autorizado por Lule Menem hacia la Subsecretaría de Asuntos Políticos —de nuevo, sin una salida registrada, porque el sistema “cierra” esa visita recién el 18 de marzo, cuando vuelve a entrar—. Ese 18 de marzo, a las 17.49, ingresa otra vez, también autorizado desde el entorno de Menem pero ahora hacia la Subsecretaría de Gestión Institucional, y se retira a las 18.41. Al día siguiente, el 19 de marzo, a las 15.45, entra habilitado por Catalán y sale a las 16.51. Y el 20 de marzo, a las 10.24, ingresa una cuarta vez ese mes, autorizado desde el Ministerio del Interior con la firma de Francos —el mismo día en que el propio ministro había entrado esa mañana a las 10.11—; tampoco en este caso queda registrada una salida.
En abril hay dos visitas. El 18 de abril, a las 10.36, entra autorizado por Catalán hacia el Ministerio del Interior y se retira a las 11.11. El 22 de abril, a las 11.35, ingresa habilitado por Menem, esta vez hacia la Secretaría General, y sale a las 12.43.
En mayo se repite el esquema, con dos ingresos autorizados por Catalán: el 22 de mayo, a las 13.21, con salida a las 13.31; y el 29 de mayo, a las 16.00, hacia la Secretaría General, con salida a las 17.09.
La última visita registrada es la del 5 de junio de 2024. Cerimedo entra a las 14.11 por Balcarce 24 y, a diferencia de todas las anteriores, quien autoriza su ingreso no es alguien del entorno de Catalán o de Menem sino Santiago Caputo, el asesor libertario más cercano al Presidente. Se retira una hora más tarde, a las 15.20. Desde entonces y hasta el último mes con registros disponibles —junio de 2026—, el nombre de Cerimedo no vuelve a aparecer en ningún ingreso a Casa Rosada ni a Olivos.
Una reunión particular con Francos
De los ingresos en Casa Rosada, una llama la atención porque en los registros aparece que Cerimedo se reúne con Francos y también con otras personas, supuestos inversores extranjeros para la central termoeléctrica de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).
El 20 de marzo de 2024, a las 10.30, Francos recibió a Cerimedo y a otras cuatro personas para una “reunión sobre la situación de posibles inversiones para Argentina”, según el parte oficial. El encuentro lo gestionó Carlos Gastón Roma en representación del llamado “Grupo de Inversión YCRT”. Y además de Cerimedo estuvieron el argentino Roque Cambareri, los rusos Eugeny Baranov Aleksandr ksendikov, y el ucraniano Aleksei Bastikov.
Lo que dice el Gobierno, y lo que dicen los registros
La versión que circuló entre funcionarios tras la detención de Cerimedo fue que Milei “no tiene relación con él desde 2023”, es decir, desde la campaña. Los registros de acceso muestran que esa afirmación no se sostiene con los ingresos oficiales: Cerimedo entró a Casa Rosada al menos 13 veces durante 2024, ya con Milei en la Presidencia, y la última de esas visitas —la única autorizada directamente por Santiago Caputo— fue recién el 5 de junio de ese año, seis meses después de asumido el Gobierno.
El corte es, además, más de un año anterior al episodio que terminó de hacer pública la ruptura de Cerimedo con el Gobierno: el escándalo de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló a fines de agosto de 2025. Cerimedo, que se definía como “muy amigo” de Spagnuolo y había trabajado con él en la campaña de 2022, declaró ante la Justicia el 11 de septiembre de 2025 y negó haber sido quien grabó y filtró esos audios. Según relató Beller este martes en La Nación, los audios sí pasaron por Cerimedo para perjudicar a Karina Milei: “Fernando me dijo que los audios eran reales y que los habían filtrado para que el caso no quedara impune”, contó la mujer en la entrevista, y agregó: “Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción”.
MC
Un buque petrolero británico amarró en Ushuaia y el gobierno fueguino apuntó a Milei: "Es inadmisible"
El gobierno de Gustavo Melella anunció que presentará una denuncia formal a la Justicia: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, remarca el comunicado.
El buque VS Promise, dedicado al transporte de crudo y registrado bajo bandera británica, amarró en el muelle comercial del Puerto de Ushuaia tras realizar operaciones de carga en la terminal de Río Cullen, en el norte de Tierra del Fuego. La embarcación tiene 228 metros de eslora y capacidad para más de 500.000 barriles de petróleo.
La presencia del buque no es un hecho menor: la Ley Provincial 852, conocida como Ley Gaucho Rivero, prohíbe desde 2011 la permanencia, el amarre y el abastecimiento de barcos con bandera británica en puertos fueguinos, en rechazo a la ocupación del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur.
En este contexto, el gobierno de Gustavo Melella rechazó “enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia”. Además, anunció que presentará una denuncia formal y apuntó el Gobierno nacional: “Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial”, remarca el comunicado de la administración fueguina.
El puerto de Ushuaia se encuentra intervenido por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) desde enero, una medida que el Gobierno nacional justificó por su carácter “estratégico” y la necesidad de resguardar la soberanía en el Atlántico Sur. La provincia cuestionó la legalidad de esa intervención y la judicializó.
El episodio ocurre en un contexto donde Tierra del Fuego busca reforzar su rol estratégico en el Atlántico Sur y en la disputa por la soberanía de las Malvinas. La provincia advirtió que no permanecerá “indiferente” ante decisiones del Gobierno nacional que comprometan sus competencias y recursos, y convocó a fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del puerto.
Además, funcionarios provinciales investigan qué empresa contrató al petrolero para operar en la zona, dado que el buque realizó maniobras de carga de crudo en instalaciones utilizadas por el consorcio encabezado por TotalEnergies.
La presencia del VS Promise reactivó una tensión histórica: la convivencia entre la política nacional hacia el Atlántico Sur y las normas provinciales que buscan marcar una posición firme frente a la ocupación británica. El amarre del buque británico en Ushuaia, a metros del memorial a los caídos en la guerra de 1982, expuso una grieta entre Nación y la provincia fueguina en torno a la soberanía, el control portuario, el petróleo y el poder político.
El comunicado completo del gobierno de Tierra del Fuego
El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur repudia y rechaza enérgicamente la operación de un buque petrolero de bandera del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el Puerto de Ushuaia, actualmente sustraído de la administración provincial como consecuencia de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), cuya legalidad ha sido cuestionada por la Provincia ante la Justicia.
Resulta inadmisible que, mientras el Reino Unido mantiene la ocupación ilegítima de una parte integrante del territorio de Tierra del Fuego —las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes—, una embarcación de bandera británica opere en el puerto de la capital de la Provincia a la que esos territorios pertenecen conforme a la Constitución Nacional y a la Constitución Provincial.
La gravedad del hecho resulta aún mayor por las circunstancias en que se produce. El Gobierno nacional pretendió justificar la intervención del Puerto de Ushuaia invocando, precisamente, su carácter de activo estratégico y la necesidad de resguardar la soberanía y los intereses nacionales en el Atlántico Sur. Hoy, los hechos dejan al descubierto la contradicción entre aquel argumento y la gestión que el Gobierno Nacional lleva adelante una vez desplazadas las autoridades provinciales.
En suma, se intervino el puerto invocando razones de soberanía y, una vez intervenido, se adoptan decisiones incompatibles con la sensibilidad soberana que exige nuestro territorio y el puerto de Ushuaia en particular.
Ushuaia constituye un punto estratégico de primer orden para la Argentina: por su ubicación, por su proyección sobre el Atlántico Sur y por su condición de puerta de entrada a la Antártida, ocupa un lugar central en la defensa de nuestros intereses soberanos y en la presencia argentina en el extremo austral. Las decisiones que se adopten respecto de su puerto no pueden desentenderse de esa realidad geográfica, constitucional y geopolítica.
La defensa de los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes no admite dobles discursos ni contradicciones. Constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, consagrado en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, y un mandato esencial para todo el pueblo argentino en general y para las autoridades de Tierra del Fuego conforme a la Constitución Provincial, en particular.
Por ello, el Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur:
Reclama al Gobierno nacional que informe de manera inmediata y pública bajo qué criterios políticos, estratégicos y administrativos se autorizó la operación de una embarcación de bandera de la potencia que ocupa ilegalmente parte del territorio provincial en el Puerto de Ushuaia.
Exige el cese de la intervención y la inmediata restitución a la Provincia de la administración de su puerto, sin perjuicio de las acciones judiciales ya promovidas contra una medida que consideramos ilegítima y lesiva de la autonomía provincial.
Advierte que Tierra del Fuego no permanecerá indiferente frente a decisiones adoptadas unilateralmente desde el poder central que comprometan sus competencias, sus recursos y los intereses estratégicos argentinos en el Atlántico Sur.
Convoca a todos los poderes públicos, fuerzas políticas y a la ciudadanía a defender el carácter estratégico del Puerto de Ushuaia y a impedir que la defensa de la soberanía nacional sea reducida a una mera declaración retórica.
La Provincia continuará defendiendo, por todos los medios institucionales a su alcance, sus competencias y los derechos soberanos de la República Argentina en el Atlántico Sur.
La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos que se invocaron para intervenirlo.
La Argentina responde a Chile y subraya los acuerdos bilaterales en el extremo austral
La declaración de Cancillería se conoció luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por las expresiones de Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes entre las zonas ligadas a la soberanía de la Argentina.
El Gobierno argentino ratificó este lunes que su posición respecto del Estrecho de Magallanes “es la que establecen el Tratado de Límites de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984”, en respuesta a la polémica generada con Chile por declaraciones del jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde.
A través de un comunicado oficial titulado “La posición argentina sobre el Estrecho de Magallanes y la cooperación con Chile en el Atlántico Sur y la Antártida”, la Cancillería señaló que ambos instrumentos “rigen plenamente y son considerados definitivos por la República Argentina”.
La declaración se conoció luego de que el Gobierno chileno anunciara el envío de una nota de protesta a la Argentina por las expresiones de Valverde, quien había mencionado al Estrecho de Magallanes entre las zonas ligadas a la soberanía de la Argentina.
En el comunicado, la Cancillería argentina destacó que “la relevancia estratégica del extremo austral del continente es una perspectiva de Estado” y sostuvo que el país la mantiene públicamente “y en el marco de la defensa de sus derechos e intereses en relación con la Cuestión Malvinas, el Atlántico Sur y la Antártida”.
Esos espacios, remarcó, tienen una “creciente centralidad por sus recursos naturales estratégicos, por su rol en las rutas marítimas y las cadenas globales de suministro”.
Al mismo tiempo, el Gobierno argentino buscó poner en valor la relación bilateral y remarcó “el valor estratégico de la cooperación con Chile”.
“Nuestros países se reconocen mutuamente sus derechos antárticos, coadministran zonas especialmente protegidas, sostienen desde hace más de veinticinco años la Patrulla Antártica Naval Combinada y presentan de manera conjunta la propuesta de Área Marina Protegida en la Península Antártica Occidental y el Arco de Scotia meridional”, sostuvo la Cancillería.
En ese sentido, el Gobierno argentino reafirmó “su compromiso con la relación bilateral con Chile y con el tratamiento de todas las cuestiones de interés común por los canales institucionales establecidos entre ambos Gobiernos”.
La reacción argentina se produjo después de que el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmara que la soberanía de su país sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes “es indiscutible” y se encuentra fundada en los tratados de 1881 y 1984 suscriptos por ambos países.
El ministro de Exteriores de Chile había realizado además “un severo llamado” a las autoridades de otros países a ser responsables con sus declaraciones y había remarcado: “El Estrecho de Magallanes es indiscutiblemente chileno”.
Las declaraciones de Valverde habían generado críticas de parlamentarios chilenos y motivaron al Gobierno de ese país a anticipar el envío de una nota formal de protesta.
En tanto, el ministro del Interior de Chile, Claudio Alvarado, también había cuestionado los dichos del jefe militar argentino y sostuvo que “el Estrecho de Magallanes en su totalidad es indiscutiblemente chileno”.
La Cancillería argentina, sin embargo, evitó profundizar la controversia y centró su respuesta en ratificar el marco jurídico bilateral vigente y destacar los ámbitos de cooperación entre ambos países en el extremo sur del continente.
La oposición le mete presión al Gobierno por la morosidad y podría darle un golpe a Milei en Diputados
Ocho bloques opositores buscan reunir los 129 votos necesarios para llevar al recinto más de treinta proyectos que atienden la mora de las familias, mientras el Gobierno insiste en que no hay crisis y descarta cambiar de rumbo económico. Sesión clave este miércoles.
La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este miércoles 26 de agosto con la convocatoria del oficialismo, pero la oposición prepara una maniobra paralela: solicitar un apartamiento del reglamento para votar el emplazamiento de las comisiones que tienen cajoneados los proyectos vinculados al endeudamiento familiar. El mecanismo, que requiere el respaldo de 129 diputados, obligaría a esos cuerpos a dictaminar en un plazo determinado y habilitaría así el tratamiento en el recinto de una agenda que el bloque libertario evita discutir desde hace meses.
La iniciativa es impulsada por ocho bloques —Unión por la Patria, Provincias Unidas, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Innovación Federal, Defendamos Córdoba y Primero San Luis— que además buscan sumar a ese temario la prórroga de la emergencia en discapacidad, vigente hasta fin de este año, hasta el 31 de diciembre de 2027. Las comisiones de Discapacidad, Salud y Presupuesto y Hacienda, las tres presididas por diputados de La Libertad Avanza, son las que mantienen sin dictamen a más de treinta proyectos sobre morosidad familiar.
Los números que sostienen el reclamo opositor describen un cuadro de deterioro sostenido. Según datos del Banco Central correspondientes a mayo de este año, la mora de las familias en el sistema bancario llegó al 12,8%, mientras que en el segmento no bancario la irregularidad trepa al 28,7%, con picos de 34,1 por ciento en préstamos personales y 19,4 por ciento en tarjetas de crédito. A esas cifras se suman las del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE), que calculó en casi seis millones la cantidad de personas en situación de mora o atraso grave, con el 92,3 por ciento de los hogares argentinos sosteniendo algún tipo de deuda y un 44 por ciento que destina más de la mitad de sus ingresos mensuales a pagar obligaciones.
El Gobierno, sin embargo, mantiene su lectura de que el fenómeno no constituye una crisis. En la reunión de gabinete del lunes, Javier Milei sostuvo que los indicadores de morosidad comenzaron a revertirse y volvió a descartar cualquier corrección en la política económica: “Al populismo no se le gana con más populismo”, repitió, al tiempo que argumentó que un cambio de rumbo pondría en riesgo la credibilidad construida hasta ahora. El mandatario había minimizado semanas atrás el fenómeno atribuyéndolo al consumo asociado al Mundial, al señalar que “se compraron televisores para ver el Mundial y después veían si pagaban o no”, una frase que la oposición recuperó como sinónimo de la distancia oficial respecto del problema.
Desde el arco opositor, el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman planteó que el Estado debería obligar a una reestructuración de las deudas sin comprometer recursos públicos, y cuestionó tasas de financiamiento que, dijo, llegan a un rango de entre 300 y 500 por ciento anual frente a una inflación que ronda el 30 por ciento. La propuesta resume el eje que la oposición intentará instalar en el recinto: que la discusión no pase por un rescate estatal sino por límites regulatorios a las condiciones de crédito que hoy pagan los hogares endeudados.
El resultado de la maniobra es incierto. Los bloques que impulsan el emplazamiento reconocían estar “más cerca del número” necesario, pero todavía sin confirmarlo, en un Congreso donde la disputa por el temario de cada sesión se volvió un ejercicio recurrente entre el oficialismo, que prioriza los proyectos del Ejecutivo, y una oposición que intenta capitalizar un malestar social que empieza a proyectarse sobre la campaña legislativa de 2027.
Con información de agencia NA