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Noticias de Tucuman
Imputan al hermano de Manuel Adorni por supuesto “enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”
La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano.
Francisco Adorni, actual diputado provincial y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, fue imputado este miércoles por el fiscal federal Guillermo Marijuán, quien le abrió una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano sobre posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni.
El legislador provincial llegó a la función pública como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa 2024, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Su escalada en la función pública se dio gracias a su hermano
El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, indagando su evolución patrimonial por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.
Con información de la agencia NA
Un propietario de Indio Cuá aseguró que Adorni le pagó más de US$20 mil en efectivo por el alquiler de una casa
José Rodríguez declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita y sostuvo que el jefe de Gabinete se alojó en su vivienda mientras avanzaban las refacciones de su propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.
Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que lo investiga. Este miércoles, José Rodríguez, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y afirmó que el funcionario le pagó más de 20 mil dólares en efectivo por el alquiler de una casa dentro del barrio privado.
Según el testimonio, Adorni permaneció allí mientras se realizaban obras de refacción en su propia propiedad ubicada en el mismo country, en Exaltación de la Cruz.
Rodríguez explicó ante la fiscalía que la suma total corresponde a dos contratos de alquiler y una extensión informal acordada debido a demoras en la obra de remodelación de la vivienda del funcionario. La declaración quedó incorporada al expediente judicial que intenta determinar si el patrimonio del jefe de Gabinete presenta inconsistencias.
De acuerdo con lo expuesto por el propietario, el primer acuerdo se firmó en octubre de 2023 y contempló un alquiler temporario por 5.600 dólares en efectivo para que Adorni veraneara allí a comienzos de 2024, cuando ya se desempeñaba como vocero presidencial.
Más adelante, según el testigo, se concretó un segundo contrato por 13.000 dólares también abonados en efectivo. Ese alquiler correspondía al período en el que el funcionario residió en la propiedad mientras avanzaban las refacciones de su casa dentro del country, inmueble que, según trascendió en la causa, habría sido adquirido por 120 mil dólares.
Rodríguez agregó además que, debido a retrasos en la obra encabezada por el contratista Matías Tabar, el alquiler debió extenderse tres meses más, lo que implicó un pago adicional de 2.400 dólares.
Según el testimonio, todas las operaciones fueron realizadas en efectivo y con entrega de dinero “en mano”, alcanzando un total de 21 mil dólares.
La investigación ya había sumado previamente la declaración de Tabar, quien sostuvo que las remodelaciones realizadas en la propiedad de Adorni tuvieron un costo cercano a los 245 mil dólares.
Ahora, la Dirección de Asesoramiento Económico Financiero (DAFI) y los investigadores judiciales analizan la documentación y los movimientos vinculados a esos pagos para determinar si las operaciones se corresponden con el patrimonio declarado por el jefe de Gabinete.
Con información de la agencia NA
La familia judicial, en el Senado: el hijo de Rosatti rinde examen como juez y el padre de Mahiques espera su prórroga
Emilio Rosatti expone este jueves en la Comisión de Acuerdos del Senado, donde el Gobierno apura más de 130 pliegos judiciales. También sesiona el cuerpo sobre la extensión del mandato del camarista Carlos "Coco" Mahiques, padre del titular de Justicia, hasta los 80 años.
En medio de una acelerada estrategia del Gobierno para completar vacantes en la justicia federal que ya lleva más de 130 pliegos enviados al Senado desde marzo, este jueves se concentran dos nombres de la “familia judicial”: el hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, y el padre del ministro de Justicia, Carlos “Coco” Mahiques. Ambos buscan un guiño de los senadores para hacerse de cargos importantes.
El hijo de Horacio Rosatti debe rendir examen este jueves ante la Comisión de Acuerdos —presidida por el senador libertario Juan Carlos Pagotto— para defender su pliego como candidato a juez federal en Santa Fe. A su vez, el pliego del padre de Juan Bautista Mahiques espera ser votado dentro del recinto de la Cámara alta en horas de la tarde.
El hijo del presidente de la Corte
Rosatti está propuesto para ocupar una vocalía en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Su padre es el presidente de la Corte Suprema de Justicia y, simultáneamente, presidente del Consejo de la Magistratura, el organismo que elaboró la terna de la que el Poder Ejecutivo lo seleccionó. Desde el entorno del magistrado aclararon que el supremo no participó del plenario donde se votó esa terna, que salió por unanimidad con 19 consejeros.
Rosatti hijo ingresó a la terna casi a último momento, porque no sacó las notas más altas en las distintas pruebas técnicas. Figuró 9°, 4° y 3° en “antecedentes”, “mérito provisorio” e “impugnaciones”. Pero su suerte cambió luego de la “entrevista personal”. Justamente Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti cuestionaron la “discrecionalidad” que habilitan estas audiencias finales.
Así Rosatti quedó en el podio de nombres que el Consejo de la Magistratura le hizo llegar al Ejecutivo. Fue el dedo de Javier Milei que lo eligió para ocupar ese cargo. “El flaco sabe de lo que habla, fue muchos años secretario del Juzgado Federal 1 y del Juzgado Electoral de Santa Fe. ¿Qué queres que haga, que se cambie el apellido?”, dijo a elDiarioAR un consejero de la Magistratura que estuvo en la entrevista personal.
La fuente también desmintió que Rosatti hijo tuviera antecedentes legales, aunque sí admitió que durante la pandemia le hicieron un control de alcoholemia que le dio positivo y le sacaron el registro, pero tuvo que hacer un curso para que se lo rehabiliten. Además Rosatti tuvo una demanda civil por el divorcio con su ex mujer, que, según la fuente consulta, se terminó resolviendo.
El caso Rosatti no es el único con características de familia judiical. Ante el Senado también exponen Laureano Durán, hijo del ex camarista Alberto Durán, candidato a vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; y Ana María Juan, propuesta para el Juzgado Federal de Primera Instancia de Hurlingham, que es la esposa del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien tiene a su cargo la investigación por la presunta megaestafa $LIBRA.
En las audiencias anteriores ya habían pasado por el Salón Azul otros representantes de la misma lógica: Nicolás Pacilio, hijo del ex camarista Antonio Pacilio; Juan Pablo Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes; y Javier Arzubi Calvo, ex secretario del juez Ariel Lijo. La comisión de este jueves está citada para las 10 y Rosatti aparece como octavo expositor en la lista.
El padre del ministro
Por la tarde, el Senado tratará en el recinto el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, padre del actual ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, quien conduce desde el Ejecutivo todo el proceso de designaciones judiciales en curso.
El camarista cumplirá 75 años en noviembre próximo, la edad límite para ejercer como juez que establece el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional. Sin ese nuevo nombramiento, deberá retirarse. El pliego fue enviado al Senado el 4 de febrero, un mes antes de que su hijo asumiera como ministro, y el 16 de abril Mahiques padre expuso en audiencia pública durante varias horas, donde fue interpelado por el kirchnerismo por la causa Lago Escondido.
Ambos Mahiques estuvieron esa travesía de lujo junto a otros funcionarios judiciales y ejecutivos del Grupo Clarín. “Coco” sorteó con creces el examen: dijo que fue un viaje de trabajo porque dio una charla en una universidad patagónica pero no negó que estuvo también “descansando con amigos”: “No fue una travesía de pesa”, se defendió. Su expediente es el único de toda la primera tanda que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.
Mahiques suma otro dato polémico: En 2013, fue designado juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, tras haber sido ternado por el Consejo de la Magistratura y posteriormente propuesto por el Poder Ejecutivo. Dicha decisión fue luego aprobada por el Senado; sin embargo, 4 años después —y con la sola solicitud del magistrado y la conformidad del Consejo— el entonces presidente Mauricio Macri dispuso su traslado a la Cámara Federal de Casación Penal, la máxima instancia jurisdiccional en materia penal federal antes de la Corte Suprema. En 2018, ese traslado fue avalado por el Senado de la Nación. Por eso la ACIJ e INECIP exigen que no se apruebe su prórroga en el cargo.
La negociación de fondo
El proceso de designaciones no es solo una cuestión técnica de cobertura de vacantes. La dinámica política que lo rodea es tensa. El oficialismo no tiene mayoría propia en el Senado y depende de los bloques dialoguistas del PRO y la UCR para conseguir los nueve votos necesarios en la Comisión de Acuerdos.
La semana pasada, varios senadores aliados se negaron a firmar los dictámenes de los primeros 77 pliegos exigiendo que el Gobierno también enviara candidatos para cubrir vacantes en el interior del país, ya que la abrumadora mayoría de los postulantes correspondía a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense. “No vamos a firmar los dictámenes hasta que no ingresen los pliegos de los jueces del interior del país”, dijo una fuente parlamentaria. Entre los que aún no habían firmado figuraban el presidente del bloque macrista, Martín Goerling Lara, y el radical Maximiliano Abad.
En respuesta, el Ejecutivo envió esta semana nuevas tandas de pliegos con más candidatos de provincias: Tucumán, Corrientes, Chaco, Salta, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Neuquén y Río Negro, entre otras. Esa nómina tomará estado parlamentario en la sesión de este jueves.
El peronismo, en tanto, mantiene una posición más dura. El jefe del bloque Justicialista, José Mayans, desconoció la validez de la composición de la Comisión de Acuerdos por considerar que no respeta la representación que le corresponde a la principal bancada opositora, y cuestionó los méritos de varios candidatos.
MC
Nombramientos judiciales y jueces con miedo al fuego
La forma en la que el Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura están cubriendo las más de 300 vacantes judiciales expone un problema más profundo que la designación de jueces cercanos a un sector u otro. Cuando quien obtuvo el 32° puesto en un concurso termina siendo nombrado juez, lo que queda en evidencia es que el sistema no evalúa idoneidad ni independencia, sino otros factores, como la disposición a responder a determinados intereses.
Hace un año, junto a Alberto Binder señalábamos que había llegado la hora de que los jueces cumplieran su función de garantizar la vigencia de la Constitución. Pero el reloj sigue corriendo y pocos jueces aparecen. Entre las múltiples razones de esa inacción, una se volvió especialmente visible en el último mes: el envío de pliegos por parte del Poder Ejecutivo que, en algunos casos, reflejan negociaciones tan burdas que avergonzarían a cualquier mercado persa.
Un informe de ACIJ, INECIP y otras organizaciones mostró que el sistema de concursos puede convertirse en una pantomima. De un plumazo, una persona puede ascender 10, 20 o hasta 30 posiciones en el orden de mérito construido a partir de antecedentes y exámenes. De los primeros 67 candidatos enviados al Senado, 20 no habrían ingresado a la terna si no fuera por esos movimientos en las etapas más discrecionales. En 12 casos, los “saltos” superan las 10 posiciones.
Lejos de tratarse de correcciones al mérito en base a otros factores también válidos, muchos de esos cambios responden a cuestiones indebidas, como vínculos familiares, políticos o con jueces que tienen a su cargo causas sensibles para el Gobierno. Reconocer esto no implica negar el carácter político del proceso. Pero la dicotomía “mérito o política” es falsa. La idoneidad es un baremo insuficiente, pero imprescindible. En la práctica, cuando se lo deja completamente de lado, no suele ser para ampliar la diversidad de perfiles que llegan a la magistratura, sino todo lo contrario.
En los hechos, el sistema no valida idoneidad ni independencia, sino que testea sumisión. Para llegar a ser juez en Argentina, muchas veces hay que demostrar que se atenderán ciertos teléfonos, o que se actuará considerando ciertos intereses sin necesidad de que el teléfono suene. Cualquier señal de independencia puede dejar al competidor fuera de carrera. Quien finalmente llega, generalmente lo hace tras haber conseguido ciertos apoyos que son condicionamientos previos, ya sean explícitos o tácitos. Y, lamentablemente, ese proceso de encorsetamiento previo suele ser muy efectivo.
De este modo, desde el momento mismo del nombramiento se empieza a moldear una cultura judicial de la sumisión que luego se traslada al ejercicio mismo de la magistratura.
El problema de esa cultura es que un juez que evita fallos difíciles por temor a las reacciones del poder es como un bombero que no entra a una casa incendiada por miedo al fuego. No se trata de heroísmo, sino de cumplir con su función más básica.
Nadie pide jueces mártires. Pero naturalizar la idea de que no podemos exigirles un mínimo de coraje cívico implica confundir realismo con resignación. Un error cada vez más usual del pensamiento democrático y republicano, que termina siendo funcional al avance autoritario.
La explicación habitual de esa inacción judicial es la “debilidad estructural”, que en la práctica funciona como una profecía autocumplida: como el Poder Judicial sería débil, los jueces actúan como si no se pudiera hacer nada, y esa debilidad se reproduce indefinidamente, a la espera de condiciones ideales que nunca llegan ni tampoco llegarán solas.
Esa inacción individual tampoco se compensa con la acción colectiva. No porque falten asociaciones o redes de jueces. Pero muchas de ellas participan y promueven este juego de distribución de cargos que dicen cuestionar. Otras limitan su acción a la discusión académica o a la catarsis auto-exculpatoria, sin hacer un ejercicio de autocrítica corporativa, ni tampoco meterse en la disputa política de fondo que permita remover esos supuestos obstáculos estructurales.
¿Hay salida? Sí, pero no es sencilla. Probablemente ya no estemos a tiempo de evitar que se designen cientos de jueces bajo estas reglas. Pero la grotesca forma en la que está ocurriendo empieza a generar una reacción que debería traducirse en cambios profundos.
La discusión se reabrió con el proyecto de Reglamento de Selección impulsado desde la Corte Suprema, un proyecto que presenta ciertos avances, aunque también deja vigentes muchos de los problemas de los procesos actuales. Su intento de imponerlo a libro cerrado tampoco ayuda, especialmente cuando la propia Corte ha contribuido en los últimos años a consolidar esta cultura de la sumisión, mediante su convalidación por acción u omisión de decisiones claramente inconstitucionales, incluida la designación de jueces de la Corte por decreto. “Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago”, en versión cortesana.
Reformar ese reglamento es un paso imprescindible, como desde la sociedad civil se señala hace años, pero insuficiente. Ninguna reforma reglamentaria alcanzará mientras el Consejo de la Magistratura tenga una composición elefantiásica y procesos kafkianos que diluyen las responsabilidades de cada estamento y de cada consejero. No se trata solo de cómo se eligen los jueces, sino también de quién los elige.
Para transformar esto hacen falta más voces. Muchos jueces, aspirantes y abogados comparten este diagnóstico en privado. Su silencio público es otra expresión del problema. El primer paso deberían darlo quienes tienen mayor resguardo institucional: los propios jueces que todavía están comprometidos con la independencia judicial y que comparten este diagnóstico.
Lo que está en juego no es un debate técnico sobre concursos, sino si Argentina va a tener un Poder Judicial independiente o sometido.
Si quienes bregan por el Estado de Derecho no se toman en serio la larga, incómoda y conflictiva tarea de construir esa independencia, el resultado no será solo un Poder Judicial débil. Será un Poder Judicial definitivamente capturado por parte de sectores de poder, en un contexto regional, y ya también nacional, en el que organizaciones criminales violentas empiezan a entender y a explotar la importancia de controlar la administración de justicia.
Estamos a tiempo de prevenir la extensión de ese fenómeno. La experiencia regional muestra que, una vez que ese proceso se consolida, revertirlo es mucho más costoso.
*El autor es Director Ejecutivo del INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
La UBA formalizó el pedido a la Corte Suprema para que “se expida a la mayor brevedad” sobre la Ley de Financiamiento
El documento fue presentado por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires, luego del apoyo recibido en la 4° Marcha Federal Universitaria.
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires (UBA), solicitó de manera formal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “se expida a la mayor brevedad” en la causa judicial vinculada al cumplimiento de la Ley de Financiamiento y le exija al Gobierno Nacional su “inmediata aplicación”.
Esta ley, votada por amplia mayoría en ambas Cámaras del Congreso, impacta de manera directa, no sólo en el presupuesto universitario, sino también en la recomposición salarial docente.
Las autoridades universitarias pidieron, una vez más, la “implementación inmediata” de la norma porque argumentan que el Gobierno Nacional carece de un “fallo definitivo a su favor” que lo habilite continuar sin aplicar la Ley 27.795.
Asimismo, manifestaron que los fondos transferidos registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026, coincidentes con el inicio del mandato del presidente Javier Milei. Esta situación también impacta negativamente en las becas estudiantiles, en la investigación científica y en el funcionamiento de hospitales escuela como es el caso, por ejemplo, del Hospital de Clínicas, entre otros.
Previamente, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal concedió un recurso extraordinario al Poder Ejecutivo Nacional y suspendió la medida cautelar que obligaba al Gobierno Nacional a pagar los fondos; por ese motivo, el caso se trasladó formalmente al máximo tribunal de Justicia.
Este pedido institucional a la Corte Suprema se lleva adelante un día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria, que tuvo su cuarta edición durante la gestión libertaria. La movilización colmó no sólo la Plaza de Mayo, sino las principales capitales provinciales del país
Con información de la agencia NA