Juan Bautista Alberdi
Código Postal 4158
Noticias de Tucuman
Milei profundiza sus gestos hacia Israel mientras la Casa Rosada busca cerrar sus propias grietas
El Presidente participará esta noche de un homenaje al Rebe de Lubavitch y recibirá a un exrehén de Hamas. El jueves, se volverá a reunir la mesa política tras los últimos cortocircuitos internos que dejaron en el centro de la polémica a Patricia Bullrich.
En medio de una semana marcada por la expectativa en torno a la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni, Javier Milei volverá a exhibir uno de los rasgos más singulares de su presidencia: su estrecha relación con el judaísmo y el Estado de Israel. Este lunes, a las 21.30, participará en el Palacio Libertad de un tributo al Rebe de Lubavitch, una de las figuras religiosas que más admira, mientras el oficialismo se prepara para una nueva reunión de mesa política convocada para el jueves, donde volverán a verse las caras los principales integrantes del Gobierno tras el cortocircuito protagonizado por Patricia Bullrich en el Senado.
Este lunes por la noche, el Presidente compartirá escenario con el rabino Tzvi Grunblatt, director de Jabad Argentina, y con Iosef Ohana, un joven israelí que permaneció más de dos años secuestrado por Hamas tras haber sido capturado durante el ataque al festival Nova del 7 de octubre de 2023. También estará presente Avi Ohana, padre del exrehén y una de las voces más activas en las campañas por la liberación de los cautivos israelíes.
La centralidad que ocupa el homenaje al Rebe —Menachem Mendel Schneerson, fallecido en 1994 y considerado una de las figuras más influyentes del judaísmo contemporáneo— dentro de la agenda presidencial no es casual. Milei visitó la tumba de Schneerson en Queens antes de asumir la Presidencia y volvió a hacerlo en varias oportunidades ya como jefe de Estado. La última visita, realizada en marzo de este año, tuvo incluso consecuencias inesperadas para la política doméstica: allí trascendió la presencia de Bettina Angeletti, esposa de Manuel Adorni, integrando la comitiva oficial, una imagen que luego quedó incorporada a la investigación judicial sobre el patrimonio del funcionario.
Pero el vínculo del Presidente con el judaísmo excede largamente los gestos protocolares. Desde hace años Milei construye una relación estrecha con distintos referentes de la comunidad judía, estudia la Torá de manera regular y encuentra en algunas de sus enseñanzas una fuente de inspiración política y personal. En 2021 sorprendió al afirmar que aspiraba a convertirse en “el primer presidente judío de la historia argentina”. Dos años más tarde seguía insistiendo en que no descartaba esa posibilidad.
“No soy judío, pero soy un fanático de Israel”, decía por entonces. “Soy católico y todos los días me arrodillo frente a un judío”, agregaba para explicar la influencia que ejercen sobre él las enseñanzas bíblicas. Con el tiempo, esa aproximación dejó de ser únicamente religiosa para transformarse también en un rasgo distintivo de su construcción política. En el cierre de la campaña presidencial de 2023 hizo sonar un shofar frente a miles de militantes en el Movistar Arena. Ya en el Gobierno participó de celebraciones de Janucá, profundizó su vínculo con líderes religiosos judíos y designó como embajador argentino en Israel a Shimon Axel Wahnish, el rabino al que suele definir como su guía espiritual.
La posibilidad de una conversión formal, sin embargo, quedó suspendida. Milei explicó en reiteradas oportunidades que la observancia estricta del shabat resulta incompatible con las exigencias del cargo presidencial. El ritual, uno de los pilares de la tradición judía, implica reservar desde la caída del sol del viernes hasta el anochecer del sábado para la reflexión espiritual, la oración y la vida familiar, dejando de lado cualquier actividad laboral. “Si soy presidente y cae shabat, ¿qué hago? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?”, se preguntó durante la campaña electoral.
La explicación práctica nunca implicó un distanciamiento. Por el contrario. La agenda de esta semana funciona como una síntesis bastante precisa de esa relación singular. Milei sigue definiéndose como católico, pero su imaginario religioso, político y simbólico incorpora cada vez más elementos provenientes del judaísmo ortodoxo.
Sin ir más lejos, este martes, Milei encabezará la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevos embajadores acreditados ante la Argentina y despedirá a la delegación nacional que participará de los Juegos Macabeos Mundiales, que se celebrarán entre el 30 de junio y el 14 de julio en Israel. El evento fue declarado de interés nacional por la Secretaría General de la Presidencia a fines de abril.
Mesa política
La reunión de la mesa política del jueves será la primera desde el gesto de rebeldía protagonizado por la exministra de Seguridad. Bullrich cuestionó públicamente la decisión de retirar el pliego de la jueza María Verónica Michelli, vetada por Karina Milei y por el propio Presidente debido a su parentesco con el periodista Hugo Alconada Mon. Ningún integrante del gabinete salió a respaldar abiertamente a una u otra posición, aunque la Casa Rosada buscó bajar la tensión con una reunión entre Bullrich y la secretaria general de la Presidencia el miércoles pasado, coronada con una fotografía difundida por ambas.
El intento de pacificación tuvo continuidad al día siguiente. Durante la sesión del Senado que terminó aprobando el pliego de Michelli, Bullrich optó por abstenerse. En Balcarce 50 interpretaron el movimiento como una señal de distensión y el comienzo de una tregua que todavía deberá atravesar varias pruebas.
El encuentro de este jueves tendrá además otros frentes abiertos. Persisten las diferencias entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una disputa que ya sobrevoló el último encuentro de la mesa política realizado el 26 del mes pasado. Y continúa sin resolverse la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien podría presentar esta semana su declaración jurada patrimonial después de varias promesas incumplidas y en medio de cuestionamientos judiciales que el oficialismo busca dejar atrás cuanto antes.
PL/CRM
Milei viajará a Córdoba para participar de un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos
Será una etapa operativa del entrenamiento “Daga Atlántica”, que reúne a fuerzas argentinas y estadounidenses. Antes encabezará en Buenos Aires una serie de actividades vinculadas a la comunidad judía.
El presidente Javier Milei viajará este miércoles a Córdoba para participar de una etapa operativa del ejercicio militar conjunto “Daga Atlántica”, un programa de adiestramiento que realizan de manera coordinada las Fuerzas Armadas argentinas y estadounidenses.
El mandatario estará acompañado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y por el jefe del Ejército, Carlos Presti.
El entrenamiento se desarrolla en distintas unidades militares del país y apunta a fortalecer la cooperación y la capacidad de trabajo conjunto entre ambos países en materia de defensa. La actividad se inscribe en el marco del acercamiento político y estratégico que la administración de Milei mantiene con Estados Unidos desde el inicio de su gestión.
Una agenda marcada por el vínculo con la comunidad judía
Antes de su viaje a Córdoba, el Presidente encabezará desde este lunes una serie de actividades públicas relacionadas con la comunidad judía y con el fortalecimiento de los vínculos con Israel.
La agenda comenzará a las 21.30 en el Palacio Libertad, donde Milei participará del “Tributo al Rebe de Lubavitch”, organizado con motivo del 32° aniversario de la muerte del rabino Menajem Mendel Schneerson, una de las figuras más influyentes del judaísmo ortodoxo contemporáneo.
El mandatario, que ha manifestado en distintas oportunidades su cercanía con esa corriente religiosa y visitó la tumba de Schneerson en Nueva York tras asumir la Presidencia, será uno de los principales oradores del encuentro.
Con información de NA
Por requisitoria de la IGJ, la Fundación Faro detalló, con demora, quiénes son sus grandes donantes
La organización libertaria presentó su balance 2024 con casi un año de atraso y lo hizo sin aclarar quiénes eran sus principales aportantes, pese a la obligación legal de hacerlo. Tras la publicación de este diario sobre el faltante de información en sus cuentas, con US$4,8 millones de donaciones, la Inspección General de Justicia la pidió.
Un día después de que elDiarioAR publicara el balance 2024 de la Fundación Faro, con $4.900 millones (U$S4,8 millones de entonces) en donaciones, y de que advirtiera que se había incumplido con el deber legal de informar allí quiénes eran sus grandes donantes, aquellos que habían aportado el equivalente a más de US$10.000, la Inspección General de Justicia (IGJ) le pidió el lunes pasado a la organización libertaria que los informara. Apenas 72 horas después, el jueves, Faro contestó a la IGJ con el detalle de los contribuyentes. La información aún no es pública: cualquier interesado podrá pedirla a partir de ahora a través de un trámite a distancia.
Faro, la fundación que decidieron armar el presidente Javier Milei y su asesor Santiago Caputo para juntar fondos de empresarios comprometidos con su proyecto político, demoró casi un año en presentar su primer balance. Las cuentas al 31 de diciembre de 2024 debían presentarse hasta el 30 de abril de 2025, cuatro meses después del cierre del ejercicio. Pero lo hizo el 10 de abril de 2026, después de una nota del portal Chequeado en la que se advertía sobre el faltante y en el que se informaba que la fundación había invertido más de $1.000 millones en propaganda política en redes sociales entre marzo de 2025 y el mismo mes del año actual.
Pero Faro incumplió con la obligación de acompañar su balance con el detalle de los grandes donantes. El 6 de mayo, elDiarioAR pidió el estado contable 2024 y lo obtuvo el día 22. El 31 lo publicó con el alerta sobre la falta de información sobre los aportantes. Y así es que la IGJ, dependiente del Ministerio de Justicia, reaccionó.
En diversos medios de comunicación se interpretó que la requisitoria de la IGJ, situada bajo las órdenes del ministro Juan Bautista Mahiques y la influencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respondía a la pelea interna con el rival de la hermana del presidente, Caputo. En las filas del ministerio lo negaron: “Hay quienes tienen ganas de inventar entramados políticos de algo ordinario que encima es de carácter público”.
“La vista (el pedido de información de la IGJ a la fundación) es porque le faltaba un requerimiento meramente formal que se olvidaron de adjuntar: un anexo que es pedido por ley”, ampliaron en las filas de Mahiques. “Hicieron la aclaración y en menos de 30 horas se subsanó el error. Todo está dentro de los plazos normales, es lo que demoramos y el pedido no es una excepción”, agregaron.
Este cronista ya había investigado en su momento las fundaciones políticas en 2017 para Chequeado y la revista Noticias y se había encontrado con que la Fundación Dar, de Daniel Scioli, entonces ex candidato presidencial peronista, ahora funcionario libertario, nunca había presentada nada ante la IGJ, mientras que tres fundaciones del PRO sí habían cumplido, Pensar, Suma y Formar, sí había cumplido con la norma que las obliga a informar sus balances. Eso sí, a veces detallaban sus donantes, otras veces lo hicieron después de reclamos de la IGJ y en ciertas oportunidades este periodista preguntó a las autoridades por qué el organismo dependiente del Ejecutivo no lo había requerido. Pero en todos los casos se terminó haciendo público el listado de grandes donantes. Es de esperar que ahora suceda lo mismo con Faro.
La fundación que preside Ignacio María Bilbao de la Vieja y dirige Agustín Laje había mantenido hasta ahora ocultos sus donantes ante los pedidos de la prensa. Ahora debió informarlos a la IGJ. Corresponde que este organismo lo informe a cualquier periodista en particular o ciudadano en general que le reclame. Siempre ha sido información pública y así debería seguir siéndolo.
En la cena inaugural de la fundación, en noviembre de 2024, en el Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los Neuss, amigos de Caputo, estuvieron: los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne; Betina Bulgheroni, esposa de uno de los accionistas de Pan American Energy (PAE), amiga de Karina Milei, y embajadora de la Marca País; Marcelo Mindlin, propietario de Pampa Energía; los productores agropecuarios Enrique Duhau y David Lacroze; el presidente de la estatal YPF, Horacio Marín, que niega haber puesto un peso y aclara que fue invitado; lo mismo que José Urtubey; Jorge O'Reilly, socio de la desarrolladora inmobiliaria Eidico y amigo de Laje; Claudio Belocopitt, de Swiss Medical; dos popes de los laboratorios, Sebastián Bagó y Eduardo Macchiavello, CEO de Roemmers; Miguel Boggiano, de Carta Financiera e integrante del consejo de asesores económicos del presidente; representantes de varias petroleras como Vista Oil & Gas (de Miguel Galuccio), la francesa Total y Tecpetrol, del grupo Techint, de Paolo Rocca. Por supuesto que estuvieron Germán, Juan y Patricio Neuss, coorganizadores del evento y responsables de un grupo que se ha quedado con cuatro de las cinco eléctricas privatizadas por este gobierno, aspira a quedarse con Metrogas, no se descarta su ingreso en el negocio de la hidrovía del río Paraná y cuenta con intereses inmobiliarios y agrícolas.
AR/CRM
La IGJ intima a la Fundación Faro a revelar sus donantes mientras Caputo sale a desmentir las investigaciones
El think tank que dirige Agustín Laje recaudó por contribuyente unos US$10.600 en su primer año de vida. El organismo bajo la órbita del ministro Mahiques intimó a la entidad a presentar quiénes fueron los aportantes.
El fin de semana, el asesor presidencial Santiago Caputo usó su cuenta de X para desestimar como “falsedades y datos incorrectos” las investigaciones periodísticas sobre la Fundación Faro, el think tank libertario que dirige Agustín Laje. Lo que el asesor de Javier Milei no mencionó es que, días antes de su tuit, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya había intimado formalmente a la entidad a revelar quiénes realizaron las donaciones millonarias que declaró haber recibido durante 2024. El requerimiento es un acto administrativo con plazos, sanciones y firma oficial.
La intimación de la IGJ —organismo que depende del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques— fue notificada el 1 de junio y le otorgó a la Fundación 10 días hábiles para responder. El organismo le exigió la presentación del llamado “Anexo XIII”, una declaración jurada sobre la licitud y el origen de los fondos que la normativa vigente obliga a adjuntar cuando se reciben donaciones superiores a 40 salarios mínimos en un período de 30 días. elDiarioAR reveló que la fundación de propaganda libertaria recaudó US$4,8 millones el primer año del gobierno de Milei.
A diciembre de 2024, cada aportante contribuyó con unos $11 millones, alrededor de US$10.600. La Fundación Faro presentó su balance en abril de 2026, con 12 meses de retraso, y en él no figura el detalle de los donantes. De allí el requerimiento. Si no responde en tiempo, las sanciones previstas van desde el apercibimiento público hasta multas millonarias.
Lo que la IGJ quiere saber es, en definitiva, lo mismo que reveló elDiarioAR la semana pasada: quiénes pusieron el dinero. Según el balance presentado por Faro ante el propio organismo, la entidad declaró ingresos por casi $5.000 millones en concepto de “Donaciones, cursos, talleres y prevención” durante 2024, su primer ejercicio bajo la estructura actual. Al tipo de cambio de ese momento, la cifra equivale a US$4,8 millones. Para dimensionarlo: las tres fundaciones del PRO —Pensar, Suma y Fundar— juntaban en promedio unos US$1 millón anuales cuando se preparaban para gobernar entre 2013 y 2015. Faro multiplicó ese récord por casi cinco en apenas dos meses de funcionamiento.
El dinero recaudado se invirtió casi en su totalidad en fondos comunes, letras y bonos del Tesoro Nacional —$4.188 millones de los $4.529 que registró como activos—, de modo de gastarlo a lo largo de 2025. Y Faro lo gastó: entre marzo de 2025 y el mismo mes de 2026 fue la organización privada que más dinero destinó a publicidad en redes sociales en la Argentina, según Chequeado, con más de $1.000 millones en unos 15.000 posteos calificados por Meta como publicidad electoral. Una cifra solo superada por la Jefatura de Gabinete. La Fundación ya había respondido a elDiarioAR que sus aportantes son “información confidencial”. Ahora tiene un plazo oficial para decirlo.
El tuit de Caputo apuntó en particular contra el periodista Hugo Alconada Mon, de La Nación, que cubrió el requerimiento de la IGJ. El dato tiene su propia ironía: Alconada Mon es cuñado de Verónica Michelli, la jueza cuyo pliego fue aprobado esta semana por el Senado con 44 votos —contra la voluntad expresa de Milei— y cuya designación el Presidente aún no firmó.
El Gobierno apura un acuerdo con los rectores para cerrar el conflicto universitario esta semana
Entre el viernes y sábado la Casa Rosada acercó posiciones con el CIN para que haya un aumento del 21,3%. Busca firmar una tregua esta semana. Hay dudas sobre la deuda atrasada y las becas estudiantiles. Sigue en pie el reclamo judicial.
El Gobierno busca apurar un acuerdo con el sector universitario para cerrar un conflicto salarial y por fondos que arrastra desde hace más de un año y que tuvo su última expresión en la cuarta marcha federal masiva el pasado 12 de mayo. En los últimos días hubo un fuerte acercamiento entre la Casa Rosada y los rectores con un borrador que todavía es resistido por el frente gremial. Según supo elDiarioAR de al menos dos fuentes universitarias, la intención oficial es que se firme en las próximas horas.
La propuesta oficial es de un aumento del 21,3% salarial a partir de junio y un 3% desde octubre para los trabajadores docentes y no-docentes, así como 20% de suba en las partidas de funcionamiento, 50% para los hospitales universitarios y la misma cifra para las becas Belgrano, aunque no así para las becas Progresar. Entre los puntos también se plantea la creación de una comisión de seguimiento de la Ley de Financiamiento, votada en dos oportunidades por el Congreso y que el Ejecutivo llevó a la Justicia. Actualmente hay un amparo ante la Corte Suprema, que espera que haya una resolución política antes de fallar al respecto.
El acuerdo avanzó en conversaciones que ocurrieron entre el viernes y el sábado pasado. Del lado oficial el encargado es el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mientras las universidades están representadas por el titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci, rector de la universidad de Rosario. Este lunes están en agenda reuniones de las federaciones sindicales. El Gobierno quiere que se cierre entre este martes y el miércoles, pero no contempla que algunos gremios tiene sus propias deliberaciones internas –por ejemplo, Conadu Histórico tiene un congreso nacional el jueves–.
“La novedad es que el Gobierno propone que no sean acuerdos paritarios por sectores, sino que haya un acta única y general donde se incluya la parte salarial, las partidas para el funcionamiento y las subas en las becas”, planteó un dirigente gremial que consideró la propuesta oficial como “extorsiva”, porque el Ejecutivo asegura que tiene que firmarse por unanimidad entre la subsecretaría, el CIN, la FUA (federación de estudiantes) y los frentes sindicales docentes y no docentes.
La tensión sigue porque ya la Conadu formalizó un plan de lucha que incluirá un paro total de actividades desde el 16 al 20 de junio. El Gobierno, a su vez, había planteado que se retirara la demanda judicial a cambio abrir la billetera, pero esa exigencia no fue aceptada por las universidades. El viernes pasado la Corte Suprema rechazó un pedido libertario de recusación contra los jueces porque son docentes universitarios. “No tiene banca social correrse del camino judicial”, planteó un vocero de los rectores.
“Lo que proponen se aleja muchísimo de lo que establece la ley, pero entiendo que el acuerdo está encaminado porque tanto los funcionarios como los rectores quieren firmar ya”, comentó una de las fuentes consultadas. “Aunque está lejos de lo exigido, esto es un golpe al Gobierno”, consideró un dirigente estudiantil que sigue de cerca la pelea. “No es una negociación paritaria, sino que es política”, completó el gremialista consultado.
Uno de los puntos en desacuerdo es que la oferta del Gobierno del 21,3% es un punto intermedio a lo que establece la ley, una recuperación salarial de 45,6% en términos reales, por la inflación desde diciembre del 2023. Además no hay definición sobre la deuda atrasada por el salto devaluatorio de Milei apenas asumió, cuando los trabajadores perdieron 16 puntos.
Tampoco hay precisiones sobre las becas Progresar que actualmente alcanza a un millón de estudiantes con $35.000 mensuales. Distinto es el caso de las becas estratégicas Belgrano, de unos $81.000 pero con el cupo de 36 mil beneficiarios que cursan carreras de grado y pregrado en áreas consideradas críticas para el desarrollo del país.
Con la propuesta de aumento salarial del Gobierno los sueldos quedarían igualmente lejos del reclamo gremial: un ayudante de primera con dedicación simple llegaría a tener un aumento de poco más de $40.000 de bolsillo (pasaría de $250 mil a menos de $300 mil), mientras que un profesor adjunto con posgrado, 15 años de antigüedad y dedicación exclusiva pasaría de cobrar $1,5 millón a $1,8 millón.
MC