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Noticias de Tucuman

Santilli al teléfono y Menem en el recinto: cómo el Gobierno salvó a Adorni y logró imponer su proyecto de Zonas Frías

Diego Santilli levantó el teléfono, llamó a los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Jujuy), Carlos Sadir (Jujuy) y Hugo Passalacqua (Misiones) y, en menos de 24 horas, convirtió la rebelión de los aliados en un trámite entre amigos. El ministro de Interior tuvo que transpirar, pero al final consiguió el quórum para sesionar para modificar el régimen de Zonas Frías con promesas. A cambio de reducir los subsidios al gas para algunos distritos, el Gobierno aumentaría los subsidios a la energía eléctrica para las regiones cálidas durante el verano. No había fecha para la nueva reglamentación, sólo una promesa. Y para los gobernadores fue suficiente.

24 horas antes de que sonara la chicharra que marcó el inicio de la sesión en la Cámara de Diputados, una diputada salteña dialogaba con un diputado opositor, irritada ante el parate de la obra pública en su provincia. “Nosotros no vamos a dar quórum. Tenemos todas las obras comprometidas por falta de fondos”, se quejó, y le adelantó que su gobernador ya había asegurado que Salta no daría su apoyo al gobierno para modificar el régimen de Zonas Frías. Menos de cuatro horas después, el panorama había cambiado. Santilli había llamado.

El proyecto del Gobierno afecta directamente al Norte argentino porque, al cambiar el criterio de adjudicación del subsidio al gas para las “zonas ampliadas” –es decir, las no patagónicas–, hay miles de familias que tendrían que empezar a pagar un 30% en la tarifa de gas a un mes del inicio del invierno.

El criterio de adjudicación de los subsidios, según la iniciativa de La Libertad Avanza, ya no sería geográfico, sino por ingresos. Antes, con la ley de 2021 impulsada por Máximo Kirchner, un conjunto de municipios de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, San Luis, Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucuman y San Juan se veían beneficiadas con el régimen diferencial. Ahora, si la ley del Gobierno se sanciona, sería solo para aquellos hogares que cobran menos de tres Canastas Básicas Totales ($4,3 billones).

Los gobernadores se quejaron, y Santilli intervino. Les propuso un canje: a cambio de dar quórum y ayudarlos a desactivar la sesión opositora para interpelar a Manuel Adorni, convocada una hora después de la del oficialismo, les propuso ampliar las zonas que eran beneficiadas con el subsidio eléctrico por zonas cálidas.

La propuesta era un compromiso a cambiar la reglamentación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, que define la Secretaría de Energía. No solo se ampliaría las zonas englobadas bajo la categoría “zona muy cálida” –que tienen un consumo base de 550 kWh mensuales–, sino que se ampliaría el período de tiempo que duraría el subsidio. Ya no sería sólo durante los meses del verano (enero, febrero, marzo), sino que pasaría a ser durante los meses comprendidos entre septiembre y marzo.

Esta propuesta de Santilli, que terminó convenciendo a los gobernadores para bajarle línea a sus diputados para que dieran quórum, era solo eso: una propuesta. Ninguno de los gobernadores logró arrancarle una fecha de implementación. Es una promesa a cumplir más adelante.

“Salieron a revolear lo de ‘zona cálida’ y es solo una hoja de Word que dice ‘zona cálida’. Si alguno dió quórum pensando que le va a dar algo, suerte, porque este es un gobierno que no cumple”, advirtió el socialista santafesino Esteban Paulón, cuando la chicharra sonó y los salteños de Sáenz y los tucumanos de Jaldo le garantizaron el quórum a Martín Menem.

El Gobierno no había ni necesitado llamar a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Martín Llaryora (Córdoba). Con solo acomodar a los gobernadores del Norte había bastado. Horas después de iniciada la sesión, Santilli apareció en fotos con varios gobernadores junto a Luis “Toto” Caputo, que se reunió con Rolando Figueroa (Neuquén) y Alfrejo Cornejo (Mendoza).

Menem salvó a Adorni

El objetivo de la sesión oficialista es aprobar el nuevo régimen de Zonas Frías, pero también desactivar la sesión opositora convocada para ese mismo día. La oposición había pedido una sesión para interpelar a Adorni por la causa por enriquecimiento ilícito que avanza en la Justicia, pero Menem les ganó de mano y convocó una sesión una hora antes. El desafío de conseguir el quórum era menos la necesidad de pasar a la ofensiva, luego de dos meses y medio de parálisis legislativa, que evitar una votación que pudiera perjudicar al jefe de Gabinete.

La estrategia opositora, sin embargo, sufrió un revés cuando Menem consiguió el quórum para la sesión oficialista con lo justo: 129 diputados sentados. Pero rápidamente los opositores pasaron al Plan B: convocar a un cuarto intermedio para suspender la sesión oficialista y poder dar inicio, si conseguía quórum, la sesión opositora.

Germán Martínez, el jefe de la bancada peronista, pidió una moción para convocar el cuarto intermedio, pero Menem se negó a tratarlo. “La naturaleza jurídica del cuarto intermedio es otra. Está mal planteada la moción”, atinó a justificar Menem, que se negó, durante una hora y media, a dar lugar a la votación de la moción.

“Ustedes son los tramposos, aunque no lo quieran admitir”, lo cruzó la lilita Mónica Frade, quien acusó a Menem de tener cerradas las comisiones. El objetivo de la oposición para esa sesión era poder emplazar a las comisiones para obligarlas a tratar no solo la interpelación a Adorni, sino también un conjunto de iniciativas sociales que iban desde el restablecimiento del Plan Remediar para medicamentos -que el Gobierno desarticuló hace un mes- o la ampliación de las licencias por paternidad.

No hubo manera, sin embargo. Hasta que no pasó las 11 y media de la mañana -que era el tiempo límite para juntar quórum para la otra sesión- Menem no habilitó la votación. Y ahí sí, blindado Adorni, pudo darse el lujo de festejar el resultado: con 111 votos a favor y 131 en contra, el recinto rechazó la moción opositora.

MC/MC

El oficialismo busca recortar el régimen de Zonas Frías y perderían el subsidio al gas 3 millones de hogares

La Cámara de Diputados debatirá este miércoles el proyecto oficialista que modifica la Ley de Zonas Frías y recorta el universo de beneficiarios del descuento en la tarifa del gas. El texto recibió dictamen de mayoría y, entre libertarios y aliados, tendría los votos para ser aprobado. Si se convierte en ley (aún falta que vaya al Senado), cerca de 3 millones de hogares perderán el beneficio automático que hoy tienen: quedarán fuera 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, 13 en Córdoba, 12 en La Pampa, 11 en San Juan, 8 en Santa Fe, 8 en San Luis, 8 en Salta, 6 en Mendoza, 3 en Catamarca, 3 en La Rioja y 1 en Tucumán.

El proyecto retrotrae la ampliación del régimen aprobada en 2021 a instancias del entonces diputado Máximo Kirchner, que extendió el beneficio a partir de parámetros bioambientales y llevó el número de hogares alcanzados de 950.000 a cuatro millones. La nueva norma circunscribe el beneficio automático a las zonas históricamente incluidas —Patagonia, Malargüe y la Puna— y establece que en el resto de las áreas el descuento solo aplicará para quienes acrediten vulnerabilidad económica: hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, titulares del Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o familias con veteranos de Malvinas o personas con Certificado Único de Discapacidad.

La secretaria de Energía, Carmen Tettamanti, defendió la iniciativa en comisión con el argumento de que el régimen vigente subsidia “a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo” y que ese esquema “se financia con un cargo que pagan todos los usuarios del país”. Según su presentación, el Estado destina actualmente 500.000 millones de pesos para sostener el beneficio. El Gobierno encuadra la reforma como una corrección de “distorsiones” y no como un recorte.

La oposición rechaza esa lectura. “Quieren tapar la sesión que pedimos haciéndole pagar el invierno al pueblo”, dijo la diputada Vanesa Siley. “Zona Fría es una política de soberanía energética: el recurso lo tenemos y tiene que ser aprovechado por todos los argentinos. Hay 90 distritos de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Mercedes, mi ciudad natal, que se van a quedar sin este beneficio en medio de una crisis energética mundial”, señaló la legisladora.

El argumento oficialista de que el beneficio incentivó el “despilfarro” también recibió respuesta. Alejandro “Topo” Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal, señaló que el consumo de gas en las nuevas zonas frías aumentó apenas un 7% entre 2021 y 2024. “Menos del 10% no puede ser catalogado de despilfarro. Al contrario, es un indicador de uso razonable y responsable por parte de las familias”, sostuvo. Rodríguez también cuestionó el argumento que circula en el entorno libertario de que Argentina consume más gas que los países nórdicos: “Lo que no dicen, porque no lo saben, es que en la matriz energética de esos países el gas no supera el 15% del total. Usan más energía que nosotros, pero el 85% o más son energías alternativas. El diseño de una matriz energética no es responsabilidad de los vecinos que consumen gas en invierno para soportar el frío.”

El recorte llega además en un contexto de ajuste tarifario severo. Desde que asumió Milei, la tarifa del gas acumuló una suba del 1.500%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET.

Hay una paradoja política en el voto de este miércoles que vale la pena señalar. Dos de los gobernadores aliados del oficialismo que enviarán a sus legisladores a acompañar el recorte —Alfredo Cornejo, de Mendoza, y Marcelo Orrego, de San Juan— votaron a favor de la ampliación de 2021 cuando eran diputados nacionales. Lo que entonces defendieron como un beneficio para sus provincias, hoy sus bloques lo desandan bajo la lógica del alineamiento con Milei.

Diputados aprobó la Ley Hojarasca y el Gobierno avanza con su plan de desregulación

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el Gobierno nacional para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico argentino. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Durante el debate, los diputados de La Libertad Avanza defendieron la propuesta como parte de una política de desregulación orientada a reducir la burocracia estatal y limitar la intervención del Estado. El encargado de abrir la discusión fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien cuestionó la “acumulación infinita de regulaciones” y sostuvo que muchas normas vigentes “hacen imposible la vida del ciudadano argentino de bien”.

El legislador libertario afirmó que la legislación debe tener como objetivo proteger “la vida, la propiedad y el derecho”, y criticó lo que definió como una tendencia de la política tradicional a legislar de manera excesiva. En ese sentido, consideró que la Ley Hojarasca busca terminar con un “laberinto regulatorio” que afecta a trabajadores y contribuyentes.

Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz explicó que el proyecto apunta a eliminar leyes que fueron superadas por avances tecnológicos, que regulan organismos inexistentes o que establecen trámites considerados innecesarios. Entre los ejemplos mencionó la derogación de normas vinculadas a la microfilmación, la denominada “ley de azotes” y regulaciones sobre mochileros. También cuestionó leyes “declamatorias”, como la referida a laboratorios públicos, que según sostuvo nunca tuvieron aplicación concreta.

Desde la oposición rechazaron la iniciativa y acusaron al oficialismo de avanzar en un desmantelamiento del Estado. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta consideró que el proyecto funciona como una “cortina de humo” para profundizar el ajuste estatal, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó con dureza el tratamiento de la norma y aseguró que pocos legisladores conocen realmente el contenido de la ley.

En la misma sesión, la Cámara baja también tiene previsto debatir un proyecto para modificar el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por “zona fría”, además de tratar convenios internacionales y homenajear a veteranos de Malvinas con la entrega de una medalla de honor.

Con información de la agencia NA

Trabajadores de la salud, organizaciones y sindicatos marcharon a Plaza de Mayo contra el ajuste de Milei

Trabajadores de la salud, agrupaciones de pacientes, gremios y organizaciones sociales realizaron este miércoles una nueva Marcha Federal para cuestionar las políticas de recorte implementadas por el Gobierno y advertir sobre sus consecuencias en el sistema sanitario.

Motorizados por el Foro por el Derecho a la Salud y con el apoyo de diferentes organizaciones sociales, la Asociación de Trabajadores del Estados y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la convocatoria central fue desde las 13 frente al Ministerio de Salud de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires, con movilización rumbo a plaza de Mayo. Hubo actividades en distintos puntos del país.

La protesta buscó poner el foco en el deterioro de distintos servicios y programas sanitarios. Desde el Foro de Salud, tras su primera asamblea realizada en Parque Lezama dos meses atrás, manifestaron su “enérgico repudio a las políticas de ajuste, recorte y desfinanciamiento del sistema de salud pública impulsadas por el gobierno nacional. Estas medidas atentan contra derechos conquistados y profundizan las desigualdades en el acceso a la atención, los medicamentos y la prevención”, sostienen.

Para la convocatoria de este miércoles, ramarcaron que la salud “no es un privilegio, es un derecho”, y detallaron los reclamos que expondrán en diferentes puntos del país:

● No al cierre o desfinanciamiento del Programa Remediar, garantizando el acceso a medicamentos esenciales para toda la población.

● No al desfinanciamiento del PAMI ni a la imposición de topes, defendiendo la cobertura integral y la atención digna de nuestras y nuestros adultos mayores.

● No al desguace o desfinanciamiento del Programa Nacional de Inmunizaciones, asegurando la provisión de vacunas para toda la población, en especial para los grupos de riesgo (personas mayores de 65 años, embarazadas, niños y niñas).

● No al retroceso en políticas de Salud Mental.

Con estas consignas, y con el apoyo de organizaciones sociales, sindicales y de trabajadores de la salud, convocaron “a toda la comunidad a organizarse y pronunciarse en defensa de un sistema de salud público, gratuito y de calidad. Frente al ajuste, respondemos con unidad, solidaridad y lucha”, aseguraron.

El apoyo de ATE

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó este miércoles 20 de mayo a las 13 desde el Ministerio de Salud, ubicado en Av. 9 de Julio 1925, hacia Plaza de Mayo para exigir que el Gobierno nacional frene el desmantelamiento sistemático del sistema sanitario argentino.

“Los recortes presupuestarios del Gobierno nos conducen hacia una catástrofe sanitaria”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional, al tiempo en el que indicó que “son millones los argentinos que ven vulnerados su derecho humano a la salud”.

“Los servicios que no se están prestando en los hospitales y los programas desmantelados se traducen en el abandono de cientos de miles de familias a lo largo y lo ancho de todo el país”, agregó el dirigente del gremio estatal.

Para Rodolfo Aguiar, “es evidente que estas medidas las están tomando quienes no necesitan ni van a necesitar nunca del hospital público”. “Son las franjas sociales más vulnerables las que están siendo afectadas porque son ellas las verdaderas usuarias del sistema público de salud”, aseguró.

El dirigente indicó que “la falta de medicamentos y de vacunas está inundando de enfermedades a toda la Argentina”.

“También nos movilizamos para repudiar la decisión de la Argentina de salir de la Organización Mundial de la Salud. Hoy más que nunca necesitamos de la solidaridad y de la cooperación internacional”, concluyó Rodolfo Aguiar.

Desde que asumió el presidente Javier Milei en 2023, el presupuesto ejecutado del Ministerio de Salud cayó un 40%. A esto se suma un recorte adicional de más de 63 mil millones de pesos en el Presupuesto 2026, mientras los hospitales públicos operan hoy con una ocupación cercana al 90%.

El ajuste se traduce en consecuencias concretas sobre la salud de la población: más de 742 mil personas perdieron su cobertura médica, el Programa Remediar pasó de distribuir 79 medicamentos gratuitos a solo 3, dejando sin acceso a más de 20 millones de personas, y el presupuesto del PAMI fue recortado un 40%, con deudas que superan los $500.000 millones a prestadores, dejando a jubiladas y jubilados sin turnos ni atención.

La movilización también denunció el desmantelamiento de políticas sanitarias esenciales, como la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) de salud reproductiva adolescente, el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación —que ya derivó en un brote de sarampión y un aumento de casos de coqueluche, hepatitis A y meningitis—, la destrucción del Instituto Nacional del Cáncer y del Instituto de Medicina Tropical, y la supresión de la autonomía de los hospitales nacionales.

Los números muestran el impacto de estas decisiones: la tasa de mortalidad infantil aumentó por primera vez en dos décadas, de 8,0 a 8,5, y la mortalidad materna creció un 37%, alcanzando su valor más alto desde 2010 por fuera de la pandemia.

Se suma la provincia de Buenos Aires: el colapso del sistema sanitario y la dificultad para comprar remedios

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que la situación del sistema de salud es “muy grave y crítica”. Según declaró el funcionario del gobierno de Axel Kicillof, la provincia registra 35% más de internaciones en hospitales públicos y el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en el conurbano llega al 90%. También sostuvo que más de la mitad de las personas internadas en hospitales tiene obra social, pero utiliza el hospital público por cierres de clínicas o falta de capacidad de atención.

El aumento de la demanda ocurre mientras crece la dificultad para acceder a medicamentos. A través del ahora cerrado Plan Remediar se entregaban medicamentos esenciales a centros de salud. Kreplak sostuvo que la interrupción del programa provoca que uno de cada cuatro jubilados no pueda acceder a tratamientos, con lo cual aparecen más complicaciones, lo que es no solamente contraproducente para el propio paciente sino para el sistema de salud.

El reclamo también apunta al PAMI. Las organizaciones denuncian una caída presupuestaria que afecta prestaciones, tiempos de atención y acceso a medicamentos.

En Rosario, gremios nucleados en la CTA Autónoma y la CGT local se suman a la Marcha Nacional por la Salud, con concentración a las 11.30 en Plaza 25 de Mayo y marcha desde las 12 hacia el Nodo de Salud y el PAMI I. Desde SUTEPA alertaron por la caída de transferencias, el impacto en las prestaciones y el agravamiento de las condiciones laborales del sector.

La movilización rosarina también denuncia un recorte de $63.000 millones en partidas destinadas al sistema público de salud. Los gremios señalan el vaciamiento del Remediar, las restricciones en discapacidad, la salida de la OMS, los cambios en residencias nacionales, la medicación de alto costo, el vaciamiento del PAMI y los intentos de modificar la ley de salud mental. A ese listado suman la situación salarial de los trabajadores de la salud y el cuadro crítico del sistema de obras sociales.

Los trabajadores sanitarios llegaron a la marcha con salarios presionados por la inflación y jornadas más cargadas por el aumento de pacientes. Médicos, enfermeros, administrativos, residentes, técnicos y personal de apoyo sostienen una demanda que crece por la caída de ingresos de los hogares, la pérdida de empleo formal, el encarecimiento de las prepagas y la pérdida de cobertura real en obras sociales. El hospital público absorbe la crisis social, pero sus trabajadores no reciben más recursos por cada paciente nuevo que llega.

La salud mental también forma parte del reclamo. Según el material de la convocatoria, el presupuesto nacional en ese rubro fue de $48 millones anuales.

Docentes de la Universidad de San Andrés le reclaman a Milei el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

En el marco de la visita del Presidente de la Nación a la Universidad de San Andrés (UdeSA), un colectivo de profesores e investigadores de dicha casa de estudios emitió un comunicado conjunto para ratificar su “compromiso con el sistema universitario argentino” y exigir el cumplimiento de las leyes de financiamiento para el sector público.

El documento, difundido este martes, pone de manifiesto la preocupación de la comunidad académica por la situación actual de las altas casas de estudio nacionales y el sistema científico-tecnológico estatal, calificando su rol como “indispensable” para el desarrollo del país.

El reclamo por la Ley de Financiamiento

En uno de los puntos más firmes de la nota, los firmantes hicieron un llamado directo a los poderes públicos: “Reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación”.

La mención a esta normativa no es menor, ya que el presupuesto y las partidas destinadas a las universidades públicas han estado en el centro del debate político y social durante los últimos meses, movilizando a estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

Un puente entre lo público y lo privado

Lejos de plantear una división entre los modelos de gestión educativa, los académicos de la Universidad de San Andrés —una institución de gestión privada— enfatizaron que el diálogo entre ambos sectores es “parte constitutiva” de su propia tradición.

Sin embargo, advirtieron que para que este intercambio sea real y sostenible, el Estado debe asegurar el sostenimiento de la contraparte pública. “Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión”, concluye el texto.

La carta, que cierra con una extensa lista de firmas de destacados intelectuales, docentes y científicos de la institución, marca un hito en el posicionamiento de las universidades privadas locales respecto de la crisis presupuestaria que atraviesa el sistema público general.

La nota completa

“Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino.

Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.

El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión“.

Con información de agencias.