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Milei volvió a Estados Unidos para recibir premios, pero no tendrá una reunión con Trump
En su vigésima visita al país del norte, el libertario llegó a Washington para una gira de apenas 36 horas. Participará de una gala organizada por Latino Wall Street y La Derecha Diario, compartirá un evento con Eduardo Bolsonaro y mantendrá encuentros con empresarios y funcionarios estadounidenses.
Javier Milei volvió a aterrizar en Estados Unidos este miércoles, en su quinta visita del año y la vigésima desde su llegada a la Casa Rosada. Esta vez, el libertario llegó a Washington para una estadía de apenas 36 horas, con una agenda que combina reuniones empresariales, discursos y dos premiaciones. El viaje tiene, sin embargo, un trasfondo político difícil de disimular: ocurre en plena recta final de la campaña legislativa estadounidense, cuando Donald Trump enfrenta una elección decisiva para conservar el control del Congreso. No está previsto que ambos se encuentren.
La visita coincide con un momento delicado para la administración republicana. A menos de tres semanas de las elecciones del 3 de noviembre, Trump concentra sus esfuerzos en movilizar al electorado frente al malestar por el costo de vida y las dificultades económicas. Milei, que nunca ocultó su identificación política con el mandatario estadounidense, llega en ese contexto con una agenda que puede interpretarse como un nuevo gesto de respaldo al republicano, aunque sin una actividad conjunta que permita exhibir públicamente esa sintonía.
El Gobierno argentino sigue de cerca el resultado de las legislativas norteamericanas, consciente de la importancia que tiene para su propia estrategia económica y diplomática la continuidad del respaldo político de Trump. La relación bilateral se convirtió en uno de los pilares de la política exterior libertaria, especialmente después de la asistencia financiera que Washington le brindó a la Argentina.
El Presidente llegó a Washington a las 8.41 de la mañana, hora local, a bordo del avión presidencial. Lo acompañaron el canciller Pablo Quirno y Karina Milei, cuya presencia en la comitiva se confirmó a último momento, después de que inicialmente no estuviera previsto que viajara junto a su hermano. En el aeropuerto los recibió el embajador argentino, Alec Oxenford. La secretaria general de la Presidencia volvió así a sumarse a una gira internacional en la que la Casa Rosada busca combinar gestos políticos con contactos orientados a atraer inversiones.
La primera escala de la agenda será una reunión con Andy Kleinman, empresario argentino radicado en Estados Unidos y presidente de Delphi Interactive, una compañía tecnológica vinculada con la industria de los videojuegos y el entretenimiento. Milei ya había mantenido un encuentro privado con él en septiembre de 2025, durante una visita a Los Ángeles, y en abril pasado, cuando Keinman fue recibido en Balcarce 50.
Más tarde será el turno de Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources, una de las principales compañías petroleras de Estados Unidos. Hamm es, además, un histórico aliado de Trump y una figura destacada en el desarrollo de hidrocarburos no convencionales. Su empresa anunció un acuerdo para adquirir el 50% de Phoenix Global Resources, que tiene operaciones en Vaca Muerta. La reunión permitirá volver a poner sobre la mesa las oportunidades de inversión en el sector energético argentino, una de las apuestas centrales del Gobierno para incrementar las exportaciones y el ingreso de divisas.
Sin embargo, el principal motivo de la visita no será una negociación económica ni un encuentro diplomático, sino una gala de premiación. Milei participará este miércoles por la noche de la denominada Gala de Herencia Hispana, organizada por Latino Wall Street, donde recibirá un reconocimiento por su “liderazgo” y su “impacto global” dentro de la comunidad hispana. El evento reunirá a empresarios, dirigentes conservadores y personalidades vinculadas con el universo político de Trump.
Otro de los organizadores es La Derecha Diario, el portal que fundó y dirigió Fernando Cerimedo, el exasesor digital de Milei que se encuentra actualmente detenido en Bolivia, acusado en una causa por el presunto intento de asesinato de su esposa. En agosto vendió su participación en el medio al periodista español Javier Negre, quien ahora aparece entre los anfitriones del encuentro.
La gala también ofrecerá una fotografía de fuerte contenido político regional. Entre los invitados estará Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, el candidato que disputará el balotaje presidencial frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Eduardo reside actualmente en Texas y enfrenta problemas judiciales en Brasil, donde fue condenado en junio a cuatro años de prisión por sus gestiones para promover sanciones estadounidenses contra funcionarios del gobierno de Lula. El 8 de octubre, además, se ordenó su arresto y deportación, según la información difundida sobre el expediente.
El propio Eduardo Bolsonaro anticipó en sus redes sociales que compartiría escenario con Milei y agradeció a Latino Wall Street por la invitación. El encuentro se producirá pocos días después de que el Gobierno argentino ratificara su respaldo a la candidatura de Flávio. Durante su conferencia de prensa del martes, el vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el apoyo de Milei al candidato brasileño es “explícito” y cuestionó el momento en que la Justicia de ese país avanzó contra su hermano, aunque aclaró que la Casa Rosada no pretende intervenir en los asuntos judiciales de Brasil.
Entre los participantes de la gala también habrá algunos representantes de la administración republicana, aunque no estarán los principales integrantes del gabinete de Trump. Uno de ellos será Brandon Beach, tesorero de Estados Unidos, un funcionario de rango considerablemente menor al del secretario del Tesoro, Scott Bessent. También asistirán el vicesecretario de Salud, Brian Christine, y Alice Marie Johnson, asesora de la Casa Blanca en materia de indultos. La lista incluye además a Matt y Mercedes Schlapp, referentes de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el espacio donde Milei comenzó a construir buena parte de sus vínculos con el movimiento conservador estadounidense.
La relación con ese universo político antecede incluso a la llegada de Trump a la Casa Blanca. Milei participó de encuentros de la CPAC cuando el republicano todavía buscaba regresar al poder y fue uno de los dirigentes extranjeros que más abiertamente respaldó su candidatura. Desde entonces, el vínculo se profundizó hasta convertirse en una alianza estratégica que excede las afinidades ideológicas.
La agenda continuará el jueves con una actividad en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, donde Milei recibirá otro reconocimiento, esta vez como “Campeón Global de la Libre Empresa”. Allí pronunciará una conferencia titulada “El desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”, una exposición que retomará los argumentos con los que suele defender su programa económico ante empresarios e inversores extranjeros.
La presentación estará a cargo del secretario de Energía, Chris Wright, uno de los hombres de confianza de Trump en un área especialmente sensible para la economía estadounidense. El encuentro se desarrollará en medio de las tensiones provocadas por la guerra en Medio Oriente y el encarecimiento del petróleo, factores que el Gobierno argentino echa mano para explicar la desaceleración de la actividad económica.
La última actividad prevista será una reunión en la embajada argentina dedicada a la lucha contra el antisemitismo, en momentos en que el país ejerce la presidencia temporal de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Desde allí, Milei emprenderá el regreso a Buenos Aires cerca de las 21 del jueves, con llegada prevista para el viernes a las 8.30. La próxima semana, en tanto, tiene previsto viajar a Madrid.
PL/CRM
Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa de $100.000 diarios a Diego Santilli por incumplir una cautelar
El juez Martín Cormick sancionó al jefe de Gabinete ante la falta de cumplimiento de una orden judicial que exige recomponer los salarios universitarios y actualizar las becas estudiantiles. La decisión se conoció en vísperas de una nueva Marcha Federal Universitaria y mientras el Gobierno apela el fallo que declaró inconstitucional el decreto con el que había condicionado la aplicación de la ley.
El juez federal Martín Cormick resolvió este miércoles aplicar una multa de 100.000 pesos por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, después de constatar que el Gobierno no cumplió con la medida cautelar que lo obliga a implementar aspectos centrales de la Ley de Financiamiento Universitario. La sanción económica comenzará a regir por la persistencia del incumplimiento y podrá aumentar si el Poder Ejecutivo continúa sin acatar la resolución.
La decisión del titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 responde a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había denunciado que el Gobierno dejó vencer los plazos judiciales sin concretar las actualizaciones salariales y de las becas previstas por la legislación.
En su resolución, Cormick dispuso hacer efectivo el apercibimiento que había formulado el 30 de septiembre y estableció una primera multa diaria de 100.000 pesos. También dejó abierta la posibilidad de revisar tanto la cifra como los funcionarios alcanzados por la sanción.
Las multas, conocidas jurídicamente como astreintes, son medidas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial. En este caso, el magistrado las dirigió al titular de la Jefatura de Gabinete, aunque podrían extenderse a otros integrantes del Ejecutivo si persiste la desobediencia. Entre los funcionarios que podrían quedar alcanzados se encuentran la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez.
Una medida judicial que el Gobierno sigue sin cumplir
El conflicto se originó en la decisión del Ejecutivo de condicionar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a que el Congreso determinara de dónde saldrían los recursos necesarios para financiarla.
La norma, aprobada por el Parlamento y posteriormente ratificada tras el veto presidencial, contempla la recomposición de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas, la actualización de las becas estudiantiles y el incremento de los recursos destinados al funcionamiento del sistema universitario.
Sin embargo, mediante el decreto 759/2025, la administración de Javier Milei supeditó su implementación a la identificación de las fuentes de financiamiento. Esa disposición fue cuestionada judicialmente por las universidades, que consideraron que el Ejecutivo estaba desconociendo una ley cuya vigencia había sido reafirmada por el Congreso.
En el marco de ese litigio, Cormick dictó una medida cautelar que ordenó avanzar con la actualización de las remuneraciones del personal universitario y las becas. La resolución fue confirmada por la Corte Suprema el 25 de junio de este año.
Ante la falta de cumplimiento, el magistrado intimó al Estado a ejecutar las medidas en un plazo de cinco días. El vencimiento de ese término, seguido de una nueva prórroga sin que se concretaran los pagos reclamados, llevó al CIN a solicitar la aplicación de sanciones económicas.
El juez ya había señalado que la documentación presentada por el Ejecutivo no demostraba que los incrementos salariales otorgados hubieran permitido recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. En relación con las becas, reconoció avances respecto de la Manuel Belgrano, pero consideró que seguían pendientes otras obligaciones establecidas por la ley.
Los argumentos del Gobierno
La administración nacional rechaza la interpretación judicial sobre el alcance de las recomposiciones exigidas y sostiene que realizó aumentos suficientes para cumplir con sus obligaciones.
En su presentación ante la Justicia, el Ejecutivo aseguró que los incrementos salariales acumulados desde diciembre de 2023 alcanzaron el 226,80%, porcentaje que, según sus cálculos, supera levemente la inflación correspondiente al período que tomó como referencia.
También destacó la convocatoria a negociaciones paritarias y una propuesta de mejora salarial del 3% para septiembre de 2026, que se sumaría a otro incremento del mismo porcentaje acordado en junio.
Para el Gobierno, esas medidas representan una respuesta a las exigencias de actualización de los haberes universitarios. En cambio, cuestionó el criterio que implicaría aplicar una recomposición acumulada del 312,19% entre diciembre de 2023 y junio de este año.
El Ejecutivo argumentó que una actualización de esa magnitud no cuenta con partidas específicas en el Presupuesto 2026 y advirtió que la medida cautelar lo obliga a afrontar compromisos económicos cuyo monto, a su entender, no está suficientemente determinado.
Por ese motivo, solicitó que su apelación suspendiera los efectos de la decisión judicial. No obstante, Cormick rechazó esa pretensión respecto de la cautelar, que continúa vigente mientras se tramita la revisión del expediente principal.
El decreto que frenó la aplicación de la ley
La controversia tuvo otro capítulo el 6 de octubre, cuando Cormick declaró inconstitucional la disposición del decreto 759/2025 que subordinaba la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario a la identificación de recursos presupuestarios.
El magistrado consideró que esa condición desconocía las atribuciones del Congreso, que había insistido con la sanción de la norma después del veto presidencial. Además, señaló que la propia ley contempla mecanismos para afrontar los gastos, entre ellos la reasignación de partidas y la utilización de ingresos excedentes.
El Gobierno apeló ese pronunciamiento y la cuestión deberá ser examinada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, esa discusión no elimina la obligación de respetar la medida cautelar que ordena las actualizaciones.
La multa contra Santilli se inscribe precisamente en ese escenario: mientras continúa la disputa judicial sobre el decreto, el Ejecutivo debe cumplir con una orden que permanece vigente.
Una nueva Marcha Federal Universitaria
La resolución se conoció un día antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en distintos puntos del país.
Docentes, estudiantes, trabajadores no docentes y organizaciones sindicales volverán a movilizarse para reclamar la aplicación efectiva de la ley y denunciar el deterioro presupuestario de las universidades públicas. En la Ciudad de Buenos Aires está prevista una concentración frente al Congreso desde las 10.30.
La protesta se desarrollará en una jornada que incluirá otras movilizaciones frente al Parlamento, en coincidencia con el tratamiento legislativo del DNU 70/2023.
Marcha al Congreso por la educación pública y la soberanía: universidades, sindicatos y organizaciones sociales se movilizan este jueves
La quinta Marcha Federal Universitaria confluirá con una protesta contra el DNU 70/2023 y en defensa de la Ley de Tierras. La convocatoria también incluye reclamos por la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias. Habrá manifestaciones en distintas provincias, mientras la oposición buscará sesionar en Diputados para rechazar el megadecreto de Javier Milei.
La defensa de la educación pública y de la soberanía nacional reunirá este jueves a estudiantes, docentes, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos en una movilización que tendrá su epicentro frente al Congreso. La quinta Marcha Federal Universitaria coincidirá con una jornada de protesta contra el DNU 70/2023, mediante el cual el gobierno de Javier Milei derogó, entre otras normas, la Ley de Tierras, que establecía límites a la propiedad extranjera de territorios rurales.
La convocatoria, que se replicará en distintas ciudades del país, tendrá como uno de sus principales reclamos el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso y ratificada después del veto presidencial. También se exigirá la protección de los recursos naturales, la continuidad de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y medidas frente al creciente endeudamiento de las familias.
En la Ciudad de Buenos Aires, las primeras actividades están previstas desde las 10.30, mientras que distintas organizaciones comenzarán a concentrarse entre las 12.30 y las 13.30 en las inmediaciones del Congreso. Las dos CTA convocaron a reunirse a las 13 en Avenida de Mayo y Salta, y el acto central universitario está anunciado para las 16 en la Plaza del Congreso.
La movilización contará con la participación de las centrales sindicales, gremios universitarios, agrupaciones estudiantiles, organizaciones de jubilados, movimientos sociales, colectivos ambientalistas, sectores vinculados a la discapacidad y agrupaciones políticas de la oposición.
La universidad pública vuelve a las calles
La quinta Marcha Federal Universitaria fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mayores recursos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudio.
La legislación establece mecanismos para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, actualizar las becas estudiantiles y sostener las actividades académicas y científicas. Sin embargo, el Gobierno condicionó su puesta en marcha a la identificación de fuentes presupuestarias, una decisión que dio lugar a distintas presentaciones judiciales.
El conflicto sumó este miércoles un nuevo capítulo cuando el juez federal Martín Cormick impuso una multa de 100.000 pesos diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar que ordenaba avanzar con las recomposiciones salariales y las becas.
La sanción se produjo después de que el Consejo Interuniversitario Nacional denunciara que el Ejecutivo había dejado vencer los plazos fijados por la Justicia sin concretar las actualizaciones reclamadas. El magistrado advirtió que tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si continúa el incumplimiento.
Además de exigir la aplicación de la ley, las universidades cuestionan las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto 2027, que consideran insuficientes para atender las necesidades del sistema educativo y científico.
En su convocatoria, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) reclamó el cumplimiento de las decisiones judiciales y sostuvo que la movilización busca defender tanto la educación superior como la investigación científica. La Universidad Nacional de las Artes (UNA), por su parte, convocó a sumarse a los reclamos por la soberanía, la democracia y los derechos de las personas con discapacidad.
La soberanía y la Ley de Tierras, otro eje de la protesta
La marcha también estará atravesada por el rechazo al DNU 70/2023, firmado por Milei en diciembre de 2023, que introdujo modificaciones y derogaciones en numerosas leyes. Entre ellas se encuentra la Ley 26.737 de Tierras Rurales, que establecía restricciones a la adquisición de tierras por parte de extranjeros.
Esa legislación fijaba un límite del 15% a la titularidad extranjera de tierras rurales y establecía topes adicionales por nacionalidad y por propietario. Su derogación provocó cuestionamientos de organizaciones ambientalistas, sectores políticos, movimientos sociales y agrupaciones de excombatientes de Malvinas.
La discusión volvió a ocupar el centro de la escena después de una serie de decisiones judiciales. El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó un fallo que había declarado inconstitucional la derogación de la ley, al considerar que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no estaba legitimado para promover esa acción.
Sin embargo, el 9 de octubre, el máximo tribunal dispuso restablecer provisoriamente los efectos de una medida cautelar que protege la vigencia de la Ley de Tierras, en el marco de otra presentación judicial impulsada por la Asociación Civil Árbol de Pie.
La decisión no resolvió definitivamente la constitucionalidad de la derogación, por lo que las organizaciones convocantes mantienen el reclamo de una solución legislativa.
La Asociación Argentina de Actores y Actrices también anunció su participación en la jornada y vinculó la defensa de la soberanía con la protección de los recursos nacionales y el derecho a una educación y una cultura propias.
Una sesión en Diputados contra el DNU de Milei
La movilización coincidirá con una sesión especial convocada por distintos bloques opositores en la Cámara de Diputados para las 14. El temario incluye el tratamiento del DNU 70/2023, una iniciativa destinada a atender el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta fines de 2027.
La oposición buscará reunir los 129 diputados necesarios para alcanzar el quórum y abrir el debate. El decreto ya fue rechazado por el Senado en 2024, pero todavía necesita el rechazo de la Cámara baja para quedar sin efecto.
Entre los espacios que impulsan la sesión se encuentran Unión por la Patria, sectores del radicalismo, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otras bancadas opositoras. No obstante, persisten las dudas sobre la posibilidad de reunir los votos necesarios para avanzar con el rechazo del decreto.
Las organizaciones que convocan a la protesta consideran que la presencia de manifestantes frente al Congreso puede contribuir a respaldar el tratamiento parlamentario de las iniciativas.
Paro de ATE y adhesión de las centrales sindicales
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este jueves, acompañado de movilizaciones y otras medidas de protesta. El sindicato reclama la derogación del DNU 70/2023 y la defensa de la soberanía nacional frente a la extranjerización de las tierras.
Su secretario general, Rodolfo Aguiar, cuestionó la utilización de decretos para modificar leyes y convocó a los trabajadores estatales a participar de la jornada.
Por su parte, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma llamaron a movilizarse con cese de actividades y abandono de tareas. Ambas centrales plantearon que la protesta debe reunir los reclamos de las universidades, los trabajadores, los jubilados y las personas con discapacidad.
También se sumarán organizaciones vinculadas a la economía popular, agrupaciones de inquilinos y colectivos que reclaman medidas frente al endeudamiento de los hogares.
Movilizaciones en todo el país
La protesta tendrá expresiones en distintas provincias, con concentraciones organizadas por universidades, federaciones estudiantiles y sindicatos locales.
En Córdoba, la marcha comenzará a las 15.30 y recorrerá el centro de la capital provincial hasta la plaza Doctor Dalmacio Vélez Sársfield, donde está previsto un acto a las 18. La Universidad Nacional de Córdoba recomendó suspender las actividades académicas obligatorias durante parte de la tarde para facilitar la participación.
En Neuquén, las organizaciones universitarias convocaron a concentrarse a las 17 en el playón de la Universidad Nacional del Comahue, con una movilización prevista para las 18. En General Roca, la concentración será a las 17 en la Plaza San Martín, mientras que en Bariloche los manifestantes se reunirán a las 17.30 en Onelli y Moreno.
La Universidad Nacional del Nordeste también convocó a marchar en Corrientes y Resistencia. En ambas ciudades, las concentraciones comenzarán a las 17.30 y las columnas partirán a las 18 hacia las respectivas plazas 25 de Mayo.
Con reclamos que abarcan desde el presupuesto universitario hasta la propiedad de las tierras rurales, la jornada buscará reunir distintas expresiones de oposición a las políticas del Gobierno. El resultado de la sesión en Diputados y la respuesta del Ejecutivo a las demandas de las universidades serán dos de los puntos centrales de una protesta que volverá a poner en discusión el financiamiento de la educación pública y la soberanía nacional.
CRM
Ley de Tierras: la inmobiliaria que aprovechó el fallo de la Corte y la jugada del Gobierno para frenar la sesión
El Observatorio de Tierras detectó una publicación de una inmobiliaria de Chubut que, entre fallo y fallo de la Corte, ofreció un campo con miles de hectáreas con lago privado y costa sobre el Río Pico. El caso testigo de la extranjerización de tierras y la contrapropuesta de Menem para boicotear la sesión en Diputados.
Las inmobiliarias rurales de la Patagonia no perdieron el tiempo. Durante la ventana de 10 días que la Corte Suprema habilitó, entre fallo y fallo, la venta sin límites de las tierras rurales, una inmobiliaria de Chubut aprovechó para ofrecer miles de hectáreas con lago privado, kilómetros de costa sobre el Río Pico y una cascada. La publicación, que fue expuesta por el Observatorio de Tierras, no es la única, y se presenta como un caso testigo en la previa de la sesión que debatirá el rechazo del DNU 70/2023. El Gobierno sabe que la Ley de Tierras es su flanco débil, y se prepara para hacer una contrapropuesta.
“Exclusivo campo de 2.943 hectáreas con lago privado, 16 km de costa sobre el Río Pico y extraordinario potencial productivo, forestal y turístico”, reza la publicación de la inmobiliaria Loma Alta Propiedades. La publicación estuvo disponible durante dos semanas: desde el martes 29 de septiembre –cuando la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70– hasta este martes, cuando el Observatorio de Tierras expuso el caso en su último informe. Cuando el caso escaló, la inmobiliaria eliminó la publicación.
Según revela el informe del Observatorio, la inmobiliaria creó un perfil de Instagram tres días antes de la publicación del primer fallo de la Corte. En la primera publicación, del 26 de septiembre, se presentan del siguiente modo: “Confianza para invertir en la Patagonia. Te ayudamos a encontrar el campo o la propiedad rural que estás buscando, con acompañamiento en todo el proceso”. Ya en la tercera publicación, subida después del primer fallo de la Corte, la inmobiliaria llama a aprovechar la ventana de oportunidad y brinda información sobre “todo lo que un inversor extranjero debería saber”.
La misma inmobiliaria aclara, en sus redes sociales, que la eliminación de los topes establecidos por la Ley de Tierras puede cambiar y ofrece poner a los interesados en contacto con abogados y escribanos para que los asesoren sobre las condiciones legales vigentes al momento de la compra. “Incluida la zona de frontera”, aclara la publicación de Loma Alta, dando cuenta de uno de los puntos principales que la derogación de la Ley de Tierras había habilitado para los extranjeros: posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera y en áreas que contengan grandes cuerpos de agua o sean ribereñas de ellos.
“Esto es solo la punta del iceberg. No sabemos si la operación se concretó, pero da cuenta de que las inmobiliarias estaban al tanto de que en ese momento no existía una legislación y podía concretar esas operaciones”, aseguró Matías Oberlín, doctor en Historia y uno de los investigadores que elaboró el informe del Observatorio de Tierras.
Oberlín advierte que el problema es el DNU 70, y que el último fallo de la Corte, que volvió a suspender la derogación de la Ley de Tierras, solo “lo ata con alambres”. “Es una suspensión provisoria, por lo cual en cualquier momento se puede volver a abrir una ventana temporal. Tenemos que hacer caer el DNU 70, es la única vía para recuperar una ley que proteja nuestros lagos y nuestras zonas de fronteras y cuide el patrimonio de todos los argentinos”, insiste, en diálogo con elDiarioAR.
La contrapropuesta del Gobierno
El Gobierno respiró con tranquilidad cuando, el viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, convocó a dos conjueces a un acuerdo extraordinario y dictó una nueva medida cautelar interina que restableció los límites a la venta de tierras a extranjeros. El primer fallo, pese a sintonizar con los objetivos originales del megadecreto desregulador, le había abierto la puerta a un problema político de dimensiones incalculables. La oposición había convocado una sesión para rechazar todo el DNU 70 con la excusa de la Ley de Tierras, y el Gobierno necesitaba desactivarla.
El segundo fallo de la Corte fue un salvavidas político gestionado por el propio Gobierno. Inmediatamente después de que se comunicara la nueva cautelar, el oficialismo salió a instalar que el debate por el rechazo del DNU 70 había quedado trunco y pasó a la ofensiva. Martín Menem mandó a convocar una nueva sesión, fechada para el 21 de octubre, con un temario propio que incluía dos iniciativas opositoras: la ley de discapacidad y la ley de endeudamiento familiar. Dos proyectos que están incluidos en la sesión del próximo jueves y cuyo tratamiento el oficialismo necesita garantizar, como gesto a los aliados, de que se podría tratar más adelante.
“Se esconden detrás del DNU 70 porque quieren generar algún tipo de caos. Porque el tema ya está solucionado”, señaló Menem, en diálogo con LN+, poco después.
El objetivo del riojano, ahora, es terminar de desactivar la sesión con la promesa de incluir, en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una alternativa a la Ley de Tierras. Una de las opciones que baraja Menem, que necesita que los aliados no den quórum en la sesión del jueves, es incluir en el proyecto un artículo que incluya la derogación del artículo 154 del DNU. Sería un giro de 180 grados respecto a la versión original del proyecto de Federico Sturzenegger, que fue la iniciativa que incluyó la derogación de la Ley de Tierras y despertó, con ello, una ola de rechazo cuando se debatió en el Senado. El capítulo de Tierras, finalmente, se borró del proyecto.
El proyecto de Inviolabilidad volverá a activarse este miércoles, cuando el oficialismo lo trate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El bloque libertario está negociando con las fuerzas provinciales para conseguir dictamen y la postura que adopten los diputados de Córdoba, Misiones, Tucumán, Salta y Neuquén será un anticipo de su postura durante la sesión del jueves. La oposición los necesita a todos para conseguir quórum: si los aliados se pliegan a la contrapropuesta del Gobierno, la posibilidad de conseguir el número para el jueves será difícil.
“Sigue todo igual. Depende de la calle”, señalan en el peronismo.
MCM/CRM
Elon Musk acude al rescate de Trump con donaciones de 276 millones para evitar la debacle electoral republicana
El hombre más rico del mundo se convierte en el mayor donante para las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que los republicanos amasan un millón de dólares, 400.000 más que los demócratas.
Elon Musk sale al rescate de Donald Trump. Una vez más. Ya fue el principal donante en las presidenciales de 2024 que ganó el magnate inmobiliario. Y ahora vuelve a serlo en unas elecciones legislativas de mitad de mandato que se presentan cuesta arriba para los republicanos por, precisamente, los efectos negativos de las políticas de su presidente.
Ya quedan lejos los días en los que Musk, resentido por haber sido despedido y dejado de lado por Trump, abogaba por la creación de un nuevo partido en Estados Unidos, e incluso amenazaba con financiar a candidatos republicanos que hubieran votado a favor de la megaley fiscal de Trump, que dispara la deuda y el déficit al reducir los ingresos por la vía de la rebaja de impuestos y aumentar el gasto en represión migratoria, fronteras y defensa.
Fueron días en los que, incluso, el presidente de EE.UU. amenazaba con cortar los contratos públicos con SpaceX, empresa de Musk, evidenciando el concepto patrimonialista del Estado que tiene Donald Trump.
Pero pasó más de un año de aquello, Musk es un habitual en la corte de Trump, compartió mesa con el presidente de EE.UU. en la cena de gala con el presidente de China, Xi Jinping, y lleva desde el verano regando de dinero a los candidatos republicanos para intentar dar la vuelta, a la desesperada, a unas encuestas elocuentes: solo el 30% de los estadounidenses aprueba la gestión de un presidente que está convirtiendo las elecciones del 3 de noviembre en un plebiscito sobre su presidencia.
Musk, el único billonario del mundo, lleva destinados más de 276 millones de dólares desde julio para intentar salvar la mayoría republicana en el Senado y la Cámara de Representantes, según publicó The New York Times y confirmó Andrew Romeo al NYT, portavoz del super PAC –Political Action Committee– de Musk.
El dinero incluye 158 millones de dólares donados al Senate Leadership Fund, el principal super PAC que apoya a los candidatos republicanos al Senado, una de las mayores donaciones políticas conocidas en la historia de Estados Unidos, según el Times.
Otros 76 millones de dólares se destinaron a America PAC, un super PAC de Musk, que volvió a poner en marcha una importante campaña de movilización electoral similar a la que utilizó para ayudar a elegir presidente a Trump, llamando puerta por puerta en 2024.
Musk también aportó 10 millones de dólares a Lone Star Liberty PAC, un grupo que apoya al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton.
Musk ya aportó mucho más dinero, unos 366 millones de dólares, durante el ciclo electoral 2025-26 que durante las elecciones de 2024, cuando destinó aproximadamente 290 millones de dólares para ayudar a Trump.
Todo este derroche llega después de que Musk afirmara en mayo que tenía la intención de reducir el gasto político. “Creo que ya hice suficiente”, declaró entonces.
A pesar de la inyección de dinero, Musk mantuvo, en general, un perfil más bajo que en 2024, cuando aparecía en el escenario junto a Trump en los actos. También mantuvo un perfil más bajo que en los primeros meses del segundo mandato de Trump, cuando estaba al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).
Tuvo un desencuentro con Trump al abandonar su cargo en el Gobierno, pero ambos se reconciliaron desde entonces. Trump entregó a Musk la Medalla Nacional de la Ciencia la semana pasada.
El patrimonio neto de Musk fluctuó este año en torno a la barrera del billón de dólares en función de las variaciones en el precio de las acciones, pero volvió a superar el billón de dólares la semana pasada, según la revista Forbes.
Los republicanos gastan mucho más
Los republicanos tienen una enorme ventaja financiera sobre los demócratas. “Estas sólidas inversiones permitieron al aparato del Partido Republicano difundir su mensaje para que los republicanos tengan una oportunidad real de desafiar a la historia”, declaró Romeo al Times.
Los demócratas respondieron acusando a los republicanos de utilizar enormes cantidades de dinero para enmascarar sus deficiencias.
“Los republicanos esperan comprar estas elecciones, inyectando decenas de millones en las campañas para intentar dejar atrás a sus candidatos impopulares, a su presidente impopular y a su economía impopular”, afirmó Lauren French, portavoz del comité de acción política Senate Majority PAC de los demócratas.
Pero los republicanos se adentraron en el último mes de la campaña cada vez más preocupados porque los 1.000 millones de dólares de que disponen puedan no ser suficientes para evitar la debacle por la impopularidad de Trump, los costos de la vida y las repercusiones de la guerra en Irán.
La ventaja económica, repartida entre media docena de grupos, proviene en gran medida de MAGA Inc., alineada con Trump, que contaba con casi 416 millones de dólares en efectivo a finales de agosto y comenzó a intensificar su gasto en las contiendas clave en septiembre, informa AP.
Los 1.000 millones de dólares que acumularon los republicanos contrastan con los aproximadamente 579 millones de dólares de que dispone un conjunto comparable de los principales grupos demócratas.