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Milei y Luis Caputo viajan mañana a Estados Unidos en medio de la negociación con el FMI

Para acelerar el demorado acuerdo con el FMI, el presidente Javier Milei viajará este miércoles a la noche a Estados Unidos junto al ministro de Economía, Luis Caputo. La explicación oficial del viaje sorpresa, que pudo confirmar elDiarioAR de fuentes oficiales, es que el Presidente recibirá un premio en un salón de Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Palm Beach, en el sur de Florida. Por eso, si bien no está confirmado, hay expectativa por un posible encuentro con el mandatario estadounidense.

La noticia se conoció pocas horas después de que el canciller argentino, Gerardo Werthein, mantuviera una reunión en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. La cita entre Werthein y Rubio tuvo lugar en el Departamento de Estado, según se informó oficialmente, y forma parte de una gira oficial que comenzó el viernes pasado y que apunta a consolidar la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.

Milei fue invitado para recibir un premio que será entregado en un salón en Mar-a-Lago, por eso todavía nadie confirma la presencia de Trump. Sin embargo, la expectativa es grande porque una foto con él contribuiría a darle un espaldarazo a las negociaciones con el FMI por un nuevo préstamos por US$20.000 millones, según adelantó el propio Caputo.

Será la tercera visita de Milei a Estados Unidos en apenas tres meses. En enero asistió a la asunción de Trump, luego en febrero asistió a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), en la que posó con una motosierra junto a Elon Musk. 

Laboratorios advierten que el Gobierno podrá frenar el ingreso de medicamentos costosos

El anuncio pasó desapercibido pese a su gravedad. El pasado jueves, el vocero presidencial y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, anunció que “el presidente (Javier) Milei va a firmar en las próximas horas el decreto con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (Anefits)”. Todavía no lo publicó, pero Adorni anticipó que la Anefits “va a garantizar que sólo se incorporen al sistema aquellas tecnologías sanitarias, sean medicamentos como tratamientos, que cuenten con la debida eficacia científica y beneficios clínicos comprobados para evitar que los pacientes sean sometidos a tratamientos con efectos adversos o que no les generen beneficios para su salud, lo que venía ocurriendo en la Argentina”.

Dicho así no parece polémico, pero la agencia hará una evaluación de eficiencia económica de los remedios y si los considera demasiado costosos en relación a su impacto, no podrán distribuirse ni en el Estado ni en las prepagas ni en las obras sociales. Sin esta autorización financiera, no podrán pasar a ser analizada su salubridad en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Así lo advierten los laboratorios, que son parte interesada en este asunto, aunque también lo son los pacientes que esperan por sus productos para sanarse. Y apuntan contra la motosierra del ministro de Salud, Mario Lugones, que no sólo vela por contener el gasto estatal sino también por las obras sociales y las prepagas después de una larga trayectoria previa como fundador y presidente de la Fundación Sanatorio Güemes. Las farmacéuticas extranjeras se enfrentan además con Lugones por otros dos de sus políticas sobre patentes y ensayos clínicos que, según ellas, favorecen a sus rivales nacionales.

“CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales) manifiesta su preocupación por el anuncio sobre la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias, que podría impedir o retrasar por años la disponibilidad y acceso de los pacientes en Argentina a los últimos tratamientos en salud ya disponibles en el mundo”, advirtió la entidad que reúne a los poderosos laboratorios multinacionales, como Pfizer, Roche, MSD, AstraZeneca, Merck, Takeda, GSK, Johnson & Johnson, Abbot, Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Lilly, Novartis, Novo Dirsk y Sanofi. “Como consecuencia de esta decisión, la disponibilidad de los nuevos medicamentos quedaría condicionada a una evaluación financiera previa, anteponiéndose a los criterios de seguridad, calidad y eficacia utilizados mundialmente. De esta manera los argentinos no podríamos acceder a los nuevos medicamentos que se descubran para el tratamiento de enfermedades graves o muy complejas, porque la agencia de evaluación de financiamiento no se expida favorablemente o considere que no vale la pena autorizarlo”, agregó CAEME, cuyo director ejecutivo es Carlos Escobar Herrán. 

La eficiencia económica de un medicamento se evalúa considerando su precio, la cantidad de dosis que son necesarias para tratar una enfermedad, cuán prolongado es el tratamiento, cuán inhabilitante y cuántos días de internación implica la dolencia, cuántos días de trabajo se pierde el paciente según use o no ese medicamento, etc. Todo esto se compara contra la falta de medicamento o con contar con otros que están en el mercado. De la combinación de todos esos factores sale la evaluación de eficiencia económica de un determinado tratamiento.

“El acceso de las personas a nuevos medicamentos que mejoren su calidad y expectativa de vida debe estar garantizado”, continuó CAEME “Una regulación que condicione la disponibilidad de un medicamento para los ciudadanos a una evaluación económica previa violaría el derecho a la salud de los argentinos consagrado en nuestra constitución nacional. La evaluación de tecnología sanitaria no debe interferir en modo alguno con la autorización de comercialización de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, que es una atribución de la ANMAT. De lo contrario, la evaluación de la tecnología sanitaria funcionaría como una barrera para el ingreso de innovación farmacéutica en la Argentina”. Cámara Argentina de Especialidades Medicinales

De todas manera, la Cámara aclaró que “apoya la creación de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que esté alineada con las mejores prácticas internacionales, que ponga al paciente en el centro de la evaluación y que contribuya a la sustentabilidad del sistema de salud sin obstaculizar el pronto y oportuno acceso de los argentinos a los nuevos medicamentos”.

Una agencia sin precedentes

En decenas de países desarrollados y latinoamericanos existen agencias de evaluación económica como la que quiere crear el gobierno de Milei, pero en ninguna su decisión invalida su autorización técnica ni el ingreso a su territorio. “En ningún país del mundo existe una agencia de ETS (evaluación de tecnologías sanitarias) previa y condicionante del registro sanitario”, alertó Escobar Herrán, de CAEME, en rueda de prensa este martes. “Yo sé quién pierde... es el paciente”, agregó.

En cambio, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA), que reúne a los de capital nacional, apoyaron en público la nueva agencia, pero por lo bajo coincidieron con CAEME en que su veredicto no debería ser previo y condicionante de la autorización de la ANMAT.

En un documento consideraron la medida “como una decisión acertada de política sanitaria, colocando a la Argentina entre un selecto grupo de naciones que cuenta con este tipo de agencia que ejerce la rectoría en la aprobación de medicamentos de innovación. Era necesario institucionalizar mediante los servicios de una entidad especializada una evaluación equilibrada de las tecnologías sanitarias, que permita en adelante garantizar el acceso equitativo de la población a las mismas. Esta agencia constituirá un soporte fundamental a la compleja decisión que deben tomar los profesionales de la salud al momento de decidir el mejor tratamiento para sus pacientes”, se pronunció la cámara de laboratorios nacionales, entre los cuales están Raffo, Roemmers, Elea Phoenix, Bagó, Craveri, Gador, Bernabó, Biosidus, Richmond, Casasco, Temis Lostaló, Teva, Andrómaco y Poen. Sin embargo, altas fuentes de CILFA aclararon: “No estamos de acuerdo con que un remedio sea vetado por criterios economicos antes de su evaluación tecnica. Estamos de acuerdo que haya una agencia pero con otras características”.

Los argumentos del Ministerio

En el ministerio de Lugones defienden la iniciativa: “La creación de la agencia es una deuda de la democracia y reclamada por diversos sectores. Busca que aquellos, tratamientos, medicamentos o insumos que ingresen al país tengan la suficiente evidencia científica de que generan una mejora sobre los tratamientos ya existentes. La creación de la Anefits busca generar mejores condiciones sanitarias para la población, no favorecer a determinada industria, porque al fin de cuentas, todas serán atravesadas por los mismos procesos de análisis”.

Ni una palabra sobre la evaluación económica que hará el organismo. Nada sobre la motosierra que el ministro y su gobierno están aplicando sobre el gasto sanitario en particular y estatal en general ni sobre su política para ahorrar costos también a las obras sociales y las prepagas, lo que incluye la recategorización de remedios de venta libre, que antes eran bajo receta e incluidos en las coberturas, o la futura reducción del programa médico obligatorio (PMO), de modo de reducir las terapias cubiertas.

“La nueva agencia implica que, si se considera que ciertos medicamentos son demasiado costosos, quedarán excluidos de la posibilidad de venderse en la Argentina”, advierten en los laboratorios extranjeros. “El efecto de esto es que ciertos tratamientos innovadores sólo van a estar disponibles para los que puedan viajar a otro país para recibirlos. La gente común tendrá que contentarse con acceder a tratamientos más antiguos y menos eficaces, y habrá argentinos que mueran o tengan una muy mala calidad de vida por no poder tratarse como lo harían si vivieran en cualquier otro país”, aregan.

Las multinacionales farmacéuticas analizan que “puede pasar también que, sin llegar a prohibir un medicamento, el Gobierno demore un largo tiempo para evaluar un medicamento antes de autorizarlo. Al añadir esa barrera, un medicamento innovador que antes pasaba por un determinado período de aprobación, ahora podría tardar años en aprobarse. El Gobierno toma esta medida para recortar gastos: el PAMI y otros organismos de salud ya no se verán obligados a cubrir el costo de ciertos medicamentos costosos, simplemente porque su venta no estará autorizada en el país. Otros beneficiarios de la medida son las obras sociales y las empresas de medicina prepaga, por la misma razón. Distinto hubiera sido que la agencia de ETS interviniera con una recomendación después de que la ANMAT aprueba un medicamento. Si así fuera, los medicamentos seguros y eficaces estarían aprobados, y los financiadores del sistema podrían decidir si comprarlos o no, siguiendo las recomendaciones de la agencia. Los pacientes que pudieran pagarse los medicamentos o tuvieran un servicio de medicina prepaga premium podrían acceder a ellos. Con la medida del Gobierno, esta posibilidad queda anulada. Hay menos libertad”.

La pelea por las patentes

Pero no es el único motivo por las que se enfrentan a Lugones. También lo acusan en privado por frenar supuestamente una de las variopintas liberalizaciones del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. En enero pasado, el Ministerio de Desregulación mandó a Jefatura de Gabinete un borrador de decreto para que sea revisado por el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual (INPI), el Ministerio de Economía y el de Salud para derogar una resolución del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de 2012 en la que se establecieron restricciones al patentamiento de medicamentos.

Los laboratorios extranjeros, cuyo lobby por las patentes siempre los enfrenta a las farmacéuticas locales, sostienen que aquella norma kirchnerista “contravino el espíritu de la ley de patentes” que se aprobó en 1996 en el gobierno de Carlos Menem, e “hizo que sea casi imposible patentar una molécula en la Argentina”, según fuentes de las multinacionales. “Los investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técenicas) llevan a Brasil sus hallazgos porque acá no los pueden patentar”, argumentan.

“Esto favorece a los laboratorios locales, que tienen las manos libres para copiar los medicamentos que los laboratorios extranjeros traen a la Argentina sin protección de propiedad intelectual. El proyecto de decreto impulsado por Desregulación hoy está cajoneado en Salud, con conocimiento directo de Lugones”, apuntan en laboratorios extranjeros. Del otro lado de estos gigantes están también algunos de los mayores millonarios de la Argentina con sus farmacéuticas, como Daniel Sielecki, socio de Elea Phoenix y tío del embajador que Milei designó en Francia, Ian Sielecki.

Las multis de los remedios también se quejan de una disposición de la semana pasada de la ANMAT sobre los nuevos biosimilares, que son medicamentos elaborados de fuentes naturales y vivas, como células animales y vegetales, y microorganismos como bacterias o levaduras. Son similares a productos biológicos originales ya aprobados por las autoridades. De ahí su nombre. “Ignorando lo que pidieron varios médicos y asociaciones de pacientes durante la consulta pública que se abrió antes de promulgarse, la disposición no exige a los laboratorios locales que presenten estudios comparativos que demuestren que las copias tienen los mismos efectos terapéuticos y la misma seguridad que el original. Los laboratorios pueden o no hacerlo”, argumentan las empresas extranjeras.

“Esto contrasta contra una imposición para los laboratorios internacionales: les exige que, en caso de que desarrollen un biosimilar fuera del país y cuenten con ensayos clínicos que prueben su calidad, seguridad y eficacia en un país de alta vigilancia sanitaria, deben volver a realizarlos en la Argentina con población local si quieren comercializarlos acá. O sea: no hay control para quien copia dentro del país y hay doble exigencia para quien lo hace afuera”, despotrican.

En el Ministerio de Salud aclaran que la disposición “favorece y fomenta el desarrollo de la industria local, no necesariamente nacional”. “Aquellos laboratorios que produzcan o vengan a producir biosimilares en el país están alcanzados por la norma de ANMAT”, añaden en el Gobierno. Es decir, si una compañía quiere importar estos remedios, debe elaborar los ensayos clínicos correspondientes. En cambio, si quiere fabricarlos en la Argentina, ya sea una firma nacional o extranjera, lo podrá hacer sin estas pruebas previas. El tema es que las multis prefieren importarlos desde donde ya los producen en lugar de elaborarlos acá. Detrás de tanto dinero gastado y ahorrado están los pacientes.

AR/MG

Werthein se reunió con Rubio para afianzar el respaldo de Trump en la negociación con el FMI

El canciller argentino, Gerardo Werthein, se reunió en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con el objetivo de fortalecer la relación bilateral, avanzar en un acuerdo comercial y garantizar un respaldo económico clave del gobierno de Donald Trump en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La cita, que tuvo lugar en el Departamento de Estado, según se informó oficialmente, forma parte de una gira oficial que comenzó el viernes pasado y que apunta a consolidar la alianza estratégica entre la Argentina y Estados Unidos.

El gobierno de Javier Milei enfrenta un contexto complejo: mientras busca concretar un nuevo acuerdo con el FMI en el menor tiempo posible para disipar la incertidumbre de los mercados, también intenta evitar que el proteccionismo económico de Trump golpee sectores estratégicos argentinos. Este miércoles entran en vigor los llamados “aranceles recíprocos” que Estados Unidos aplicará a todos los países con los que mantiene un déficit comercial, una medida que podría afectar directamente a productos agroindustriales, textiles y metales provenientes de la Argentina.

Aunque la administración Milei había intentado alcanzar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, el pragmatismo se impuso. “Fortalecer el comercio bilateral” mediante acuerdos de preferencias comerciales con acceso a mercados parece ser la nueva estrategia. Este esquema, más acotado y ágil, no requiere la aprobación del Congreso estadounidense y podría tener más chances de ser aceptado por Brasil y Uruguay, países que se oponen a un TLC unilateral. Según señalaron fuentes diplomáticas, el cambio de enfoque se debe a que un acuerdo completo llevaría años de negociaciones y enfrentaría resistencias internas tanto en Estados Unidos como en el Mercosur.

La cercanía ideológica entre Milei y Trump es vista por el gobierno argentino como una oportunidad estratégica. Durante el breve encuentro que mantuvieron en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en febrero, Trump había manifestado su intención de recibir a Milei oficialmente en la Casa Blanca. Sin embargo, aunque Werthein buscó sellar esa cita en su reunión con Rubio, el comunicado del Departamento de Estado omitió cualquier mención a un posible encuentro bilateral, generando incertidumbre sobre el avance de la relación en su nivel más alto.

Además de la agenda comercial, la reunión abordó temas vinculados a la seguridad regional. Rubio y Werthein coincidieron en la necesidad de contrarrestar el autoritarismo en Cuba, Venezuela y Nicaragua, argumentando que estos regímenes desestabilizan el hemisferio y amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos. Según el comunicado oficial, ambos funcionarios “enfatizaron su apoyo a los valientes pueblos cubano, nicaragüense y venezolano mientras continúan defendiendo sus libertades fundamentales”.

El respaldo económico de Estados Unidos en las negociaciones con el FMI es considerado un pilar central para la estrategia de la administración Milei. Mientras Werthein se reunía con Rubio, una congresista republicana cercana al secretario del Tesoro, Scott Bessent, envió una carta solicitando un desembolso inicial de US$15.000 millones, casi el doble de lo sugerido por la directora gerenta del FMI, Kristalina Georgieva. La influencia de Washington en el directorio ejecutivo del Fondo resulta determinante para que Argentina logre un acuerdo más favorable.

En paralelo, Werthein intenta mitigar el impacto de los aranceles impuestos por Trump. El arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio dejó en claro que la administración republicana no hará excepciones con Argentina, a pesar de la afinidad política entre Milei y Trump. Este escenario obliga a Buenos Aires a negociar contrarreloj para encontrar un esquema comercial que no afecte su relación con el Mercosur.

Por otro lado, la administración Milei enfrenta desafíos diplomáticos adicionales vinculados a la seguridad internacional. La Argentina recibe información clasificada de Estados Unidos sobre la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera y en países como Brasil y Bolivia. La cooperación en la lucha contra el terrorismo es un punto de coincidencia fuerte entre ambas administraciones, especialmente en el contexto de los recientes ataques de Hamas contra Israel y la presencia de rehenes estadounidenses y argentinos en manos de esa organización.

Werthein y Rubio también discutieron la situación institucional en Venezuela, donde ambos países coinciden en la necesidad de promover una transición democrática para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. Además, el canciller argentino planteó su preocupación por la desaparición del gendarme Nahuel Gallo y la situación de los cinco opositores al régimen que se encuentran refugiados en la embajada argentina en Caracas.

El objetivo de Werthein es consolidar a Argentina como un socio estratégico de Washington en la región. Aunque no se anunció la fecha para un eventual encuentro entre Milei y Trump, el gobierno argentino busca presentarse como el principal aliado de Estados Unidos en América Latina, un rol que enfrenta resistencias regionales, especialmente de parte de Brasil y otros países que cuestionan el enfoque ideológico de Milei.

A medida que avanzan las negociaciones con el FMI, la administración Milei intenta posicionarse como un socio confiable para Estados Unidos. Pero el fracaso en la concreción de un encuentro oficial con Trump en la Casa Blanca muestra que, a pesar de la afinidad ideológica, los intereses comerciales y estratégicos no siempre se alinean de manera automática. Werthein sigue buscando un respaldo explícito de Trump mientras el reloj avanza y las medidas proteccionistas del republicano complican aún más el escenario económico argentino.

JJD

La Bicameral de Inteligencia cita a Patricia Bullrich y pone la lupa en la presencia de infiltrados en las marchas

Fue una decisión tomada por unanimidad. O casi, porque Cristian Ritondo y los dos libertarios que integran la Bicameral de Inteligencia después se arrepintieron y salieron a querer diferenciarse del kirchnerismo y de Martín Lousteau. Pero en una decisión consensuada y mayoritaria, la Bicameral que se encarga de controlar a los organismos de inteligencia definió citar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que dé explicaciones sobre el operativo de Seguridad que terminó, durante la marcha en defensa de los jubilados, con el fotógrafo Pablo Grillo con un disparo de gas lacrimógeno en la cabeza.

La Bicameral de Inteligencia -que es una comisión integrada por diputados y senadores que tiene la potestad de hacer un seguimiento sobre el accionar de la SIDE y sus integrantes- se reunió, en secreto, durante más de dos horas. Hace varios días que Martín Lousteau, en tanto presidente de la Bicameral, venía recibiendo denuncias de organismos –como el CELS y la Comisión Provincial de la Memoria— respecto a la presencia de infiltrados en las marchas contra el Gobierno. Especialmente en la última marcha en defensa de los jubilados. Por lo que el senador radical tomó la decisión de convocar a una reunión para discutir las denuncias y analizar si se citaría a los funcionarios responsables, tal como reclamaba el peronismo.

El foco estaba puesto en la reunión que Bullrich había tenido con el jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, en la oficina de Santiago Caputo hace dos semanas. El encuentro había sido organizado luego del fracaso del operativo de Seguridad que había terminado, hace ya tres miércoles, con Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco heridos, así como con decenas de detenidos. Caputo, entonces, había decidido intervenirle de facto el Ministerio y coordinar, junto al Señor 5 de la SIDE, un hombre de su riñón, un nuevo operativo para la nueva marcha en defensa de los jubilados que se estaba organizando para el día siguiente. Fue allí donde se definió vallar los alrededores del Congreso y establecer un control vehicular en los accesos de Capital Federal.

Fue allí, a su vez, donde se definió que habría una participación orgánica de las fuerzas de inteligencia junto a las fuerzas policiales. Esta decisión fue lo que terminó motivando la intervención de la Bicameral de Inteligencia, que aduce que la reunión en el despacho del asesor todoterreno junto al jefe de la SIDE y, luego, la presencia de espías e infiltrados en la marcha rerpesentaba una violación a la Ley de Inteligencia. 

Bullrich y Neiffert al banquillo

Después de un largo debate, la Bicameral resolvió establecer un cronograma de citaciones para que los funcionarios responsables de los operativos de Seguridad brinden explicaciones. El primero no será el más taquillero, pero es la gran apuesta del peronismo en esta investigación: el ex director de Inteligencia Criminal, Ricardo José Ferrer. 

Bullrich echó a Ferrer de la Dirección hace una semana, poco después de la represión que terminó con Grillo herido. Desde el Ministerio se encargaron de señalarlo como el responsable de, por ejemplo, recolectar la información falsa que Bullrich repetiría por televisión poco después de la marcha. Como que Grillo era empleado del Municipio de Lanús o que estaba detenido (cuando, en realidad, estaba internado en el hospital). O el dato de que los 114 detenidos tenían, todos, algún tipo de antecedentes. O que eran todos barrabravas. Todas declaraciones que, poco después, se comprobarían que eran falsas. 

Ferrer, entonces, fue utilizado como chivo expiatorio del Ministerio de Seguridad. Y los legisladores, ahora, pretenden citarlo para que brinde algunas precisiones sobre cómo fue que se organizó el operativo. “Es el eslabón más débil”, coincide la oposición en la Bicameral. 

El plato fuerte, sin embargo, será cuando se cite a Bullrich y Neiffert. Ambos funcionarios están obligados a comparecer y, de negarse, la Bicameral tiene la potestad de forzar su presencia a través de la orden de un juez. Primero convocarán al Señor 5 de la SIDE y, la semana siguiente, a la ministra de Seguridad.

Esta resolución fue adoptada casi por unanimidad por la Bicameral, que viene ya de reunirse, hace un par de meses, para analizar la designación del número 2 de la SIDE, Diego Kravetz. Además de Lousteau, que preside la comisión, el hombre fuerte de la Bicameral es Leopoldo Moreau: el diputado cristinista que encabezó la comisión durante el gobierno del Frente de Todos y que, ahora, impulsa muchas de las investigaciones sobre el accionar del organismo de inteligencia durante el gobierno de Javier Milei. El kirchnerismo sospecha que, en la SIDE, se está gestando un Ministerio de Seguridad paralelo, con mucha influencia de Santiago Caputo, y que la Bicameral debe estar atenta. 

Las citaciones fueron aprobadas por Lousteau, Moreau, Oscar Parrilli (UxP), Wado de Pedro (UxP), Florencia López (UxP), Mariela Coletta (UCR) y Blanca Osuna (UxP). Participaron también Cristian Ritondo y los libertarios César Treffinger y Facundo Correa Llano, que no se opusieron a citar a los funcionarios del Ejecutivo. Pocas horas después, sin embargo, en La Libertad Avanza buscaron diferenciarse, aludiendo que no habían votado a favor. Pero las autoridades de la comisión insistieron: nadie, ni Ritondo ni los libertarios, se habían oponido verbalmente a convocar a los funcionarios.

MC/JJD

El plan Caputo, en jaque: dudas en la negociación con el FMI y viejas internas que amagan con resurgir

La semana pasada, mientras la brecha cambiaria se ampliaba y las reservas netas perforaban los 26 mil millones de dólares, Luis Caputo apostó todo a un anuncio sin demasiado respaldo. Durante un encuentro en la Bolsa de Comercio, el ministro de Economía filtró que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba por otorgar a la Argentina un crédito de 20 mil millones de dólares, desembolsado en una sola vez. La información no solo era inexacta: violaba un pacto tácito con el organismo que dirige Kristalina Georgieva que prohíbe divulgar detalles sensibles mientras las negociaciones están en curso.

La reacción en Washington fue inmediata. Al menos cinco directores del Board expresaron su malestar ante la directora gerente. Sin embargo, este lunes, fue la propia Georgieva la que dejó abierta una puerta: calificó como “razonable” el pedido del gobierno argentino para recibir un primer desembolso del 40% del nuevo acuerdo. “Se la han ganado, dado su desempeño”, dijo la titular del FMI en una entrevista con la agencia Reuters.

Se trató de la primera señal pública que moderó el tono tras varios días de tensión, aunque no implicó una definición formal ni resolvió la interna del organismo, donde las resistencias siguen firmes. Es que, la semana pasada, la portavoz Julie Kozack había salido a contradecir públicamente al ministro, recordando que el eventual programa se estructuraría en cuotas y que solo una parte del dinero podría destinarse a intervenir en los mercados.

El episodio encendió alarmas dentro y fuera del gobierno de Javier Milei. No faltaron voces internas que admitieron que la estrategia de Caputo fue improvisada y riesgosa, pero explican que estuvo motivada por una urgencia real: la falta de divisas ya compromete la estabilidad del programa económico. En apenas diez días, el Banco Central vendió más de 1600 millones de dólares, en un contexto en el que el agro apenas liquidó 150 millones diarios. El viernes 28 de marzo, el Central cerró con un saldo negativo de casi 350 millones. La lógica del crawling peg y el dólar planchado, que durante semanas sostuvo la expectativa oficial, empieza a mostrar sus límites.

Las últimas declaraciones públicas del ministro tampoco ayudaron. En una entrevista televisiva en LN+, este domingo por la noche, Caputo negó que el Gobierno esté interviniendo para sostener el tipo de cambio y responsabilizó a la oposición y a los medios por generar incertidumbre. “Esto provoca que haya sectores que especulan”, afirmó. A su juicio, “las reservas que se van a perder hoy se van a recuperar en los próximos días” y “este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad, pero no cimbronazos”.

Por ahora, Caputo se esfuerza por transmitir tranquilidad, incluso mientras admite que los exportadores están reteniendo a la espera de una mejora del tipo de cambio. “Ante la duda, unos importadores aceleran importaciones y los exportadores retienen”, explicó. ¿Serán ciertos los rumores de que desde Hacienda activaron llamados directos a las cerealeras para que empiecen a liquidar, una gestión que habría encabezado el secretario de Finanzas Pablo Quirno? En el sector agroexportador, sin embargo, hay malestar por el 25% de retenciones y la percepción de que el dólar está atrasado.

Es que, lejos de calmar el ánimo, la mención de Caputo a un eventual cambio de régimen hacia un esquema de flotación reactivó las dudas. Según versiones que circulan en despachos oficiales, el FMI podría exigir una banda entre 1300 y 1600 pesos. De confirmarse, implicaría una devaluación de hasta el 50%. ¿Está dispuesto el Gobierno a asumir ese costo político en pleno año electoral?

La intención de Caputo es evitar a toda costa que, de concretarse, la primera cuota del préstamo acordado sea de entre 2000 y 3000 millones de dólares. Por eso, la insinuación de Georgieva acerca de un posible primer desembolso de 8000 millones trajo cierta tranquilidad. Podría suceder en mayo, mientras que otro tramo similar recién llegaría para después de las elecciones legislativas, condicionado a una devaluación. Un monto de libre disponibilidad real que sería, en el mejor de los casos, de 5000 a 6000 millones.

Ruidos internos

En paralelo, el margen político del ministro se angosta. La filtración del monto del préstamo no solo tensó la relación con Washington: también reavivó la interna en el gabinete económico. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, juega su ficha. Según trascendió, lejos de ocultar sus diferencias con Caputo, en reuniones con Milei planteó que el esquema de tipo de cambio atrasado y represión financiera no es sostenible. Propone levantar el cepo cuanto antes y avanzar hacia una nueva etapa del plan. En las últimas semanas se dejó ver en foros internacionales, incluido uno del FMI, donde hasta compartió foto con Georgieva, quien acaba de se presentado como flamante miembro de su Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento.

Los resquemores entre Caputo y Sturzenegger son conocidos y de larga data. Fue “Toto” quien reemplazó al flamante ministro en 2018 cuando el expresidente Mauricio Macri lo expulsó del Banco Central. Para el hasta hoy asesor económico del Presidente, el actual ministro de Economía fue uno de los responsables de haber modificado las metas inflacionarias, en diciembre de 2017, que muchos identifican como el comienzo del fin del plan económico de Cambiemos. Dato de color: Milei fue otro de los mayores críticos de esa jugada.

Ahora, con roles invertidos pero viejas heridas a flor de piel, la historia parece reescribirse con el mismo telón de fondo: el FMI. Mientras Caputo parece bailar en la cuerda floja, Sturzenegger gana volumen como alternativa técnica. Pero no todo depende del Gobierno. En Washington, también se acumulan dudas.

La carta firmada por senadores de Unión por la Patria, en la que advierten que podrían desconocer un nuevo acuerdo si no pasa por el Congreso, fue leída en el Fondo como un signo de fragilidad política. Poco parece importar la reciente ratificación del DNU que habilita a Milei a cerrar cualquier tipo de pacto con el organismo: la posibilidad de que el próximo gobierno cuestione el programa financiero vuelve más difícil justificar, para los equipos técnicos de Georgieva, un nuevo crédito excepcional. La estabilidad institucional, o su ausencia, también cotiza.

Pero puertas adentro del Fondo también hay debates. Mientras el staff técnico —alineado con el Tesoro de Estados Unidos, que reporta a Donald Trump— busca sostener políticamente a Milei, el Board mantiene la cautela. Es la instancia en la que tienen voz los países con mayor peso dentro del organismo, como Francia o Japón. El recuerdo del fracaso del programa con Macri, que comenzó con un crédito récord y terminó en colapso, todavía pesa en las discusiones. El antecedente está demasiado fresco como para volver a apostar sin garantías. Y esta vez, nadie quiere ser el que se equivoque.

PL/JJD