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Funcionarios de Milei irán a la Cámara de Diputados a defender el proyecto de Súper RIGI

“¿Va a ir Peter Thiel a la comisión a hablar sobre el Súper RIGI?”, preguntó elDiarioAR a miembro de La Libertad Avanza que está en las principales conversaciones parlamentarias y la respuesta fue de sorpresa: “¡No tengo idea quién es! Jaja”.

La contestación que transmitió la voz legislativa revela el clima en la Cámara de Diputados a partir del proyecto estrella que el gobierno de Javier Milei envió en los últimos días para atraer inversiones tecnológicas de al menos US$1.000 millones de dólares, con amplios beneficios fiscales. La iniciativa comenzará a rodar la semana próxima en un plenario de comisiones y ya el oficialismo está armando la agenda de funcionarios del Ejecutivo para exponer al respecto. Pero la presencia del tecnomagnate dueño de Palantir –que vive en Buenos Aires desde hace unas semanas– no aparece en los planes de los libertarios. Thiel puede ir a jugar al ajedrez a un club de barrio, pero difícil que se exponga ante los legisladores.

El Gobierno busca acelerar el Súper RIGI para antes del Mundial –como anticipó temprano elDiarioAR este jueves– pero el calendario apenas prevé un primer paso formal para la semana próxima. Se está organizando una audiencia informativa con funcionarios nacionales para tantear el terreno, según confirmaron a este medio fuentes parlamentarias. No están los nombres aún, pero estarían vinculados al Ministerio de Economía, de Luis Caputo, y específicamente a las áreas de Industria e Innovación, a partir de la iniciativa de ley busca atraer inversiones tecnológicas. 

En ese sentido, una presencia posible como expositora es la de Daniela Verónica Ramos, actual subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento. De Economía suele ir a exponer al Congreso el secretario de Hacienda, Carlos Gumerman, quien en su momento defendió el RIGI dentro del paquete de la Ley Bases.

El plenario de comisiones estará integrado por Presupuesto –a cargo del libertario Bertie Benegas Lynch–, Industria –José Luis Garrido, de la fuerza provincial de Santa Cruz, aliada al Gobierno– y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva –Martín Yeza, del PRO–. “La primera será una reunión informativa, con algunos funcionarios. Como para arrancar y ver qué onda”, alegó una de las fuentes consultadas. 

Con la agenda aún cerrada, tampoco se sabe qué expositores invitaría la oposición, pero es probable que se busque a expertos que cuestionan que el proyecto de ley beneficiaría a magnates como Thiel y empresas tecnológicas para instalar data centers y demás industrias que aún no existen en el país. La plataforma Palantir se especializa en el cruce de bases datos ciudadanos para la videovigilancia, la seguridad y la defensa, y es usada por la CIA y otras agencias de seguridad a nivel global. 

El reciente anuncio del Gobierno del “Gemelo Digital Social”, desde el ministerio de Capital Humano, generó controversias en ese sentido, al punto que hubo un pedido de informes por parte del diputado socialista Esteban Paulón, mientras el diputado Agustín Rossi (Unión por la Patria) presentó una acción de Hábeas Data Colectivo ante el Juzgado Federal Nº 2 de Rosario. Rossi reclama al Ministerio de Capital Humano que informe cuál es el marco legal del proyecto, qué datos personales serán utilizados, qué organismos públicos y empresas participan en su desarrollo, cuáles son los mecanismos de control previstos y entre quienes se producen las transferencias o cesiones de datos personales de los 46 millones de argentinos. 

Lo que sí está claro es el contenido del proyecto del Súper RIGI que los funcionarios del Ejecutivo tendrán que defender. El texto –115 artículos, 13 capítulos, firmado por Milei, Caputo y Manuel Adorni– establece que solo pueden acceder las empresas que comprometan al menos mil millones de dólares en activos computables, con la obligación de invertir un 20% en los primeros dos años. Las actividades elegibles son las que “hoy no existen” en el país: semiconductores, inteligencia artificial, biotecnología avanzada, infraestructura digital. Cada proyecto debe constituir un Vehículo de Proyecto Único (VPU), una sociedad de objeto exclusivo cuyos activos no pueden mezclarse con otros negocios.

El paquete fiscal no tiene precedentes en la historia argentina reciente. Los VPU pagarán Ganancias a una alícuota del 15% –frente al 35% del régimen general–, con dividendos al 7% los primeros cuatro años y 3,5% después. Las importaciones de bienes del plan de inversión quedan exentas de todos los tributos, y las exportaciones no pagan retenciones: cualquier restricción futura sobre ese punto será declarada “nula de nulidad absoluta”. Las contribuciones patronales de las nuevas relaciones laborales caen al 10%, menos de la mitad del mercado formal. En materia cambiaria, el esquema es escalonado: los VPU quedan progresivamente eximidos de liquidar sus exportaciones –20% al año, 40% al segundo, 100% al tercero–, desde donde los dólares son de libre disponibilidad total.

El artículo 74 fija el plazo que más llama la atención: 30 años de estabilidad normativa tributaria, aduanera, previsional y cambiaria desde la adhesión. Ninguna ley futura puede afectar a los VPU. Si sube una alícuota, el VPU la rechaza mostrando su constancia de adhesión. Y si hay un conflicto con el Estado, el proyecto lo resuelve afuera: las disputas irán a arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje, la Cámara de Comercio Internacional o el CIADI, a elección del inversor. La sede debe estar fuera de Argentina; ninguno de los tres árbitros puede ser argentino. No es necesario agotar ninguna instancia local previa.

Un debate que podría aparecer en la primera reunión informativa: el alcance preciso de qué constituye una “nueva actividad económica” –y por lo tanto quién puede acceder al régimen–, aunque lo definirá la reglamentación que dicte el Ejecutivo en los 90 días posteriores a la hipotética sanción de la ley. El Gobierno podrá moldear a su criterio quién califica para décadas de beneficios impositivos, cambiarios y legales. Esa delegación es la letra chica más política del texto.

Aún es temprano para el poroteo, pero en el oficialismo confían en que tendrán las firmas de los habituales aliados del PRO, la UCR y las fuerzas provinciales para que avance el proyecto en comisión y luego en el recinto que las bancas que responden a los gobernadores acompañen el proyecto. “No es que hay un acuerdo de toma y daca con ellos, sino que a los gobernadores les interesa porque necesitan inversiones, si no tienen un peso”, graficó un diputado. Y cuando se lo consultó sobre el desembarco de Thiel, se limitó a acotar: “Lo que se busca es darle seguridad jurídica a los inversores”. 

MC

Con Messi como estandarte, estos son los 26 jugadores de la Selección que buscarán retener el título en el Mundial 2026

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina llegará a Norteamérica como uno de los grandes candidatos al bicampeonato tras la histórica consagración frente a Francia en Lusail. Lionel Scaloni mantuvo la base campeona del mundo y sumó variantes para afrontar un torneo que comenzará el 11 de junio y que tendrá el debut argentino el martes 16 ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, desde las 22 de Argentina.

El seleccionado nacional integrará el Grupo J y continuará su camino el 22 de junio frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas desde las 14. La fase inicial terminará el 27, desde las 23, ante Jordania, nuevamente en suelo texano.

Los futbolistas comenzarán la concentración el 1 de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City. Allí, el cuerpo técnico realizará la preparación final antes del debut mundialista. Además, la Selección argentina disputará dos amistosos en Estados Unidos frente a Honduras e Islandia.

La lista de convocados

Arqueros

Defensores

Mediocampistas

Delanteros

La Justicia dejó firme el decomiso de bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad.

De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que la ex mandataria devuelva al Estado Nacional 111 bienes de su familia y del empresario Lázaro Báez.

En relación a los hijos de la expresidenta, son 19 las propiedades las que recibieron por herencia o que fueron recibidas por Máximo y Florencia en cesión.

Además, la resolución que tomó Casación también llega a los bienes de Lázaro Báez. La decisión busca dar cumplimiento al decomiso de $684.990.350.139,86 y forma parte de la condena de prisión a seis años que cumple en su domicilio Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta.

¿Quién tomó la decisión?

Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky fueron quienes llegaron a la resolución y, el último magistrado fue quien votó, en minoría, a favor de otorgar los recursos extraordinarios a ciertos bienes tanto de Máximo como de Florencia Kirchner, más algunas empresas de Báez.

A su vez, por mayoría quedaron desestimaron la totalidad de los recursos. Sobre esto, Hornos con su voto dijo que “el decomiso de los beneficios de origen delictivo encuentra su fundamento en que el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida”. Además, agregó que se trata de un “ilícito comprobado” el cual tiene condena firme. Y señaló que los delitos durante la etapa kirchnerista con la obra pública vial nacional crearon “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.

¿Qué dijo Hornos sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner?

Respecto de los bienes de los hijos de la expresidenta el Juez Hornos finalizó diciendo que ya había habido una “respuesta extensa, fundada y razonada” en la instancia de la sentencia previa, sumando que el criterio adoptado sobre el alcance de la medida fue lo que objetaron.

Además, sentó en rechazo a la argumentación de que el decomiso de los bienes heredados o recibidos de forma gratuita vulneraría los principales de la constitución como la legalidad, inocencia, culpabilidad o propiedad. Y agregó que tales objeciones ya fueron tratadas.

Otro de los puntos que marcó al respecto es que si bien Máximo y Florencia no fueron están en la causa penal, lo propio no impide el decomiso de los bienes porque “una vinculación razonable entre los bienes y el provecho económico derivado del delito”. Y explicó que “la transmisión hereditaria o gratuita no neutraliza la posibilidad de ejecutar los bienes si éstos integran el circuito patrimonial alcanzado por el decomiso”.

Por su parte, el Juez Borinsky, dijo que es inadmisible el recurso de la expresidenta Cristina Kirchner y, a la vez marcó que sí correspondía habilitar, de forma parcial, la instancia extraordinaria sobre algunos de los bienes emparentados a Máximo y Florencia Kirchner, así como también a ciertas empresas de Lázaro Báez.

“El decomiso de los bienes indicados se dispuso sin debido sustento normativo, en tanto se apartó de los propios parámetros temporales fijados por el tribunal de juicio para evaluar la incorporación de bienes pasibles de decomiso, sin que la sentencia aquí cuestionada -en su conformación de mayoría- brindara tratamiento a esa circunstancia objetiva oportunamente introducida por las partes”, finalizó diciendo Borinsky sobre los inmuebles que fueron adquiridos previamente al 23 de abril de 2004, correspondiente a la fecha que el tribunal fijó para la ejecución de la condena como el punto inicio para la evaluación de los bienes alcanzados.

¿Cuáles son los bienes?

En total son diez departamentos en Río Gallegos, Santa Cruz, más cinco lotes del complejo hotelero Los Sauces ubicado en Lago Argentino. Ahora, sobre los de Lázaro Báez, corresponden a inmuebles de dos empresas que compró, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto.

Con información de la agencia NA

Super RIGI y reforma electoral: el Gobierno quiere aprobarlas antes del Mundial, pero no llegará a tiempo

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

Gran Hermano S.A.

Hace más de cien años que la ciencia ficción nos ofrece vívidas descripciones de sociedades totalitarias ficcionales en las que el espionaje sobre la vida privada es fundamental para sostener un orden opresivo. En su extraordinaria novela Nosotros (1920), Yevgueni Zamiatin imaginaba que las personas eran obligadas a vivir en casas transparentes, enteramente construidas de vidrio, para que cualquiera pudiese ver lo que sucedía dentro a toda hora. El Estado contaba, además, con una extensa red de espionaje y de delaciones para saberlo todo sobre cada individuo. No había escapatoria posible: la privacidad había desaparecido. En la más conocida 1984, publicada por George Orwell en 1949, el Gran Hermano –el líder supremo que nadie sabía si existía realmente o si era también él una creación de la propaganda oficial– lo veía todo. Los dispositivos tecnológicos le daban el régimen una vigilancia total sobre las personas: cámaras y micrófonos por todas partes, una “policía del pensamiento” que analizaba las microexpresiones de los rostros para saber lo que pensaba cada uno, agentes infiltrados por todas partes, espías infantiles. La idea quedaba clara: sin espacio privado, sin privacidad, solo queda lugar para la obediencia. La libertad se extingue.  

Desde que la humanidad comprendió esta verdad muy simple, las sociedades instauraron derechos y garantías para evitar ese riesgo. Algunos principios para proteger la privacidad son muy antiguos, como la inviolabilidad del domicilio o de la correspondencia. Otros son más recientes, como el habeas data. Pero siempre estuvo claro que la información personal en manos de los Estados podía ser un problema. 

En esta carrera alocada a la barbarie en la que ingresó el mundo en los últimos tiempos, no hay semana que no veamos un retroceso en los derechos y garantías de todo tipo. El derecho a la privacidad no es la excepción. Su erosión acelerada comenzó hace no tanto tiempo, pero en verdad no fue el Estado el que primero empujó en ese sentido, sino el sector privado. En pocos años, se erigieron un puñado de megacorporaciones que lo saben casi todo sobre nuestras vidas: nuestro domicilio y número de tarjeta, nuestras preferencias sexuales, nuestro gusto de helado favorito, las bandas que escuchamos y también a qué cosas le ponemos like o retuiteamos. Conocen nuestro rostro por las fotos que publicamos o porque nos los exigen para validar usuarios. También nuestra voz. Hasta nuestra huella digital les damos y ya están escaneando nuestros iris. Con todo eso construyen perfiles de consumidores para llenarnos de spam –eso todo el mundo ya lo sabe–, pero también perfiles políticos, que venden a empresas que se dedican a brindar servicios a candidatos en busca de votos. A nadie pareció importarle demasiado nada de esto porque toda esta información la manejan empresarios, no políticos. Ni Zamiatin ni Orwell nos advirtieron sobre ellos. Tampoco la filosofía política, que tendió a ver al Estado como fuente única del riesgo totalitario. El problema es el escenario actual, en el que poder político y poder corporativo están confluyendo de una manera inédita.

En nuestro país, Milei viene de anunciar un plan por el que pondrán toda la información de nuestra población que manejan las diversas reparticiones del Estado en manos de una corporación estadounidense que, dicen, ayudará a mejorar las políticas públicas con herramientas de IA. El principio es sencillo: recopilan todo lo que el Estado sabe de una persona –donde vive, de qué trabaja, cuánto gana, nivel educativo, si tiene o no propiedades o vehículos, antecedentes de salud, vínculos familiares, salidas del país, etc.– y crean un “gemelo digital”, un avatar único con sus mismas características y hábitos. Luego, la IA ayuda a predecir los comportamientos de esos avatares, lo que permite anticipar cómo se comportará colectivamente la sociedad y, así, en teoría, mejorar las políticas públicas. Todo esto, publicitado con las hermosas palabras habituales: “futuro”, “eficiencia”, “modernización”, “cambio”.

A los tontos les dicen, para tranquilizarlos, que son “metadatos”, que van sin la identidad real de cada ciudadano. Tranqui, juegan con tu gemelo virtual, no con vos. Pero incluso si uno fuera a creer que no entregan nombre y apellido, cualquiera comprende hoy la facilidad con la que la IA puede reponer esa información si cuenta con datos como domicilio y edad, simplemente cruzándola con los datos del padrón electoral. Agreguemos que toda esa masa de información personal va a una corporación privada que maneja o puede manejar toda la otra masa de datos personales, incluso más minuciosa, que está en manos corporativas. Empresas como Meta –dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y otras plataformas– colaboran con la policía y los servicios de inteligencia de Estados Unidos, al menos desde 2007, compartiendo mensajes privados y otra información de los usuarios. Eso ya es suficientemente malo. Pero imaginemos por un momento que no sea un presidente maléfico el que quiera erigir un régimen autoritario aprovechando todo lo que sabe sobre cada uno de nosotros. Imaginemos lo que ni Zamiatin ni Orwell imaginaron: que el riesgo totalitario pueda venir del sector privado o, lo más probable, de una alianza de políticos y corporaciones.

Esto ya es suficientemente preocupante y todavía no comenzamos a hablar del magnate en cuestión, el que recibirá todos nuestros datos: Peter Thiel. Thiel reúne todas las características de un villano de dibujos animados. Antes de reunirse con Milei y comprar una residencia en Buenos Aires, ya había aclarado que está en contra del sistema democrático. No es que uno lo deduce: el hombre lo dijo con todas las letras. Con orgullo. La democracia, para él, es un obstáculo para el capitalismo. Habría que dejar de vivir en sociedades democráticas. Terminar con la democracia. Literal. A esta persona entregaremos todos los datos de los argentinos. Sabrá todo sobre cada uno de nosotros y podrá anticipar qué haremos. No es demasiado alocado pensar que podrá usar esa información para favorecer al político de su preferencia (que además le asegura un contrato suculento con el Estado). 

Nos seguimos haciendo los desentendidos, pero desde el punto de vista material, técnico, hoy ya estamos en el escenario de las casas transparentes de Zamiatin. Ya está disponible la posibilidad de llevar el ojo del Gran Hermano, literalmente, hasta el último rincón de nuestra existencia. Los rayos X totales ya están en funcionamiento. Las paredes de nuestra existencia ya son traslúcidas para el que quiera mirar y tenga el poder suficiente. La tecnología disponible vuelve incluso superfluas las extensas plantillas de espías que imaginaba la ciencia ficción. Hoy es mucho más fácil y barato. 

Está claro, sin embargo, que, al menos por ahora, eso no se ha traducido en la aparición de regímenes totalitarios pesadillescos, al menos no como los imaginábamos. El autoritarismo sin dudas viene en avance, pero no llevamos vidas parecidas a las de los habitantes del mundo de Zamiatin, que ni nombre tenían, apenas un código alfanumérico. Pero aquí viene a perturbarnos esa última tranquilidad otro de los clásicos distópicos, Un mundo feliz (1932), de Aldous Huxley, en el que el orden totalitario no está asegurado por la vigilancia policial y el miedo; por el contrario, el control se logra a través del placer, la distracción, el consumo y la gestión de las actitudes de cada uno mediante métodos de inducción psicológica. Gran Hermano S.A. avanza mientras también nosotros jugamos a espiar y controlar las vidas ajenas en el Gran Hermano (el productor holandés que bautizó así al popular programa de televisión tenía un sentido de la ironía exquisito o un cinismo siniestro, una de dos). 

Hablando de Orwell, se le atribuye una frase que no hay prueba de que sea suya, pero que bien podría haber dicho: “el fascismo regresará bajo el nombre de la libertad”. Dice mucho de la realidad en la que vivimos que la infraestructura más impresionante que se haya diseñado para la infiltración en la vida privada de las personas la esté por erigir un gobierno fervorosamente liberal en alianza con un magnate que también es libertario. Muchos se reconfortan con la idea de que no son “verdaderamente liberales”, pero eso ya es insostenible. Porque es un hecho que los que sí son liberales “verdaderos” tampoco están reaccionando contra eso: más bien lo contrario, permiten que avance desde hace años haciéndose los distraídos. Incluso lo fomentan.

Su estruendoso silencio contrasta con la intervención más enérgica que tenemos hasta hoy contra la “vigilancia invasiva” mediante herramientas de IA, que es la que acaba de hacer el Papa, en una encíclica que tiene toda la claridad que le falta a la política tradicional: advierte sobre los “pequeños grupos muy influyentes” que, mediante el control de la IA, pueden “condicionar procesos democráticos” e imponernos “su propia visión moral” convertida en una “infraestructura invisible de los sistemas” y llama a “desarmar la IA” (lo que no quiere decir desmantelarla, sino quitarle su carácter de arma de los poderosos, que hoy tiene).  

Saquen sus conclusiones.

EA/MG