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La energía, el transporte público y el alquiler, lo que más se encareció en la era Milei

Ahora que la inflación se estabiliza alrededor del 3% mensual y daña aún más los ingresos, vuelve a cobrar sentido preguntarse quiénes ganan mientras otros pierden. Una manera de medirlo, pero no la única, radica en observar quiénes pudieron remarcar más los precios de sus bienes y servicios en estos casi dos años y medio de gobierno de Javier Milei. La que suele calcular estas variables, siempre a partir de los datos del Instituo de Estadística (Indec) es la consultora Eco Go, de Marina Dal Poggetto. Y los ganadores son -como dirían en los Oscar- los valores de la electricidad, el gas y otros combustibles, el transporte público y el alquiler. Claro que la actual crisis de los colectivos demuestra que, por más que aumente el boleto, no siempre se cubren los costos en ascenso.

El rubro electricidad, gas y otros combustibles aumentó desde diciembre de 2023 hasta febrero pasado -el dato de marzo se conocerá el martes- un 110% en términos reales (es decir, limpiando el efecto de la inflación). Los tarifazos después de un gobierno anterior que retrasó las tarifas explican el incremento, para felicidad de las empresas proveedoras, desde las generadoras eléctricas y las petroleras hasta las transportistas y distribuidoras de luz y gas.

Celebran las YPF, Pan American Energy (PAE, que controlan la británica BP y los Bulgheroni), Pampa Energía (de Marcelo Mindlin), Edenor (de José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti), Tecpetrol (del grupo Techint, de Paolo Rocca), Transportadora Gas del Sur (TGS, de Pampa y los Sielecki), la estatal eléctrica cordobesa EPEC, Edesur (de la italiana ENEL) y Central Puerto (el grupo generador de Guillermo Reca, Carlos Miguens Bemberg y Eduardo Escasany), entre otros.

En cambio, los que más perdieron subsidios han sido las clases media y baja, ya que la alta en general ya se había quedado sin subvenciones, más allá de algunos casos polémicos que dejo sin resolver la gestión anterior y debió solucionar la actual.

El transporte público, que incluye colectivos, trenes -aún en manos estatales- y subte -concesionado a Emova, del grupo Roggio-, se encareció 76% en los primeros dos años y tres meses de administración libertaria. Entre las principales empresas de un negocio atomizado como el de ómnibus figuran La Nueva Metropol, Sargento Cabral, DOTA, ERSA, Moqsa, Grupo Autobuses Buenos Aires, Nudo, Unión Platense, Rosario Bus y La Perlita, entre entras. En este caso los tarifazos surtieron efecto, para desgracia de los usuarios, que en general se sitúan de la mitad para abajo de la pirámide social.

Un 67% subieron los alquileres, un sector que se desreguló el primer mes de gobierno de Milei y que fue exhibido por su elenco de gestión, incluido el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como ejemplo. Quitar toda norma para regular la relación entre propietarios e inquilinos terminó inclinando la balanza hacia los primeros, según queda demostrado en el alza del valor. La anterior ley había resultado perjudicial en parte porque, al permitir sólo un aumento por año en un país con 12% de inflación mensual, muchos propietarios retiraron sus inmuebles del mercado. La desregulación los impulsó a volver a ofrecerlos, pero la mayor oferta no se tradujo en menores precios, como supone la teoría capitalista. Sucedió todo lo contrario, dado el poder que tienen los dueños para fijar no sólo los precios sino también los plazos y los mecanismos de actualización.

La asignación universal por hijo (AUH) aumentó 88% real, aunque en paralelo se eliminaron o licuaron otras ayudas sociales. La tarifa de agua subió 47% -el Gobierno planea privatizar AySA-; los servicios en general, 33%; las prepagas, 28% -para felicidad de OSDE, Swiss Medical, Galeno y otras compañías de menor tamaño, como Hominis, donde antes se desempeñaba el ministro de Salud, Mario Lugones-; los servicios de telefonía e Internet, 27% -nada mal a pesar de la pelea por la que el Gobierno analiza obligar a Telecom, propiedad de Héctor Magnetto, los Noble Herrera y demás dueños del Grupo Clarín, a desinvertir en parte de lo que le ha comprado a Telefónica-; los combustibles, el 20% -bien por YPF, Axion, de PAE, y Raízen, de Shell; la educación, el 16%; los aceites, grasas y mantecas, 15%; los restaurantes, 10% y las carnes, otro 10% -no por nada la bobina está en el menor nivel de consumo en dos décadas-.

Por el contrario, se abarataron un 9% los salarios registrados privados; las bebidas el 10%, es uno de los rubros en los que la población recorta con más rapidez; los medicamentos, el 10%; los autos, el 10% -es uno de los ítems en los que impacta la apertura importadora tras años de extrema cerrazón-; los servicios recreativos, el 10%; los bienes en general, el 11%; la mano de obra de la construcción, el 13%; lo mismo que el pan y los cereales; el tabaco, el 15%; la jubilación mínima con bono, el 15% -los de de haberes medios y altos, que no cobraban este extra están empatados con la inflación-; los salarios estatales, el 22%; las frutas y verduras, el 24%; el azúcar y las golosinas, el 26%; los materiales de la construcción, el 29%; la ropa, el 35%; el dólar oficial, el 41%; el paralelo (Eco Go mide el contado con liqui, que es legal, no el blue), el 58% y los electrodomésticos, el 52%.

“Argentina atravesó una reconfiguración en sus precios relativos: mientras que los servicios lideraron las subas, los bienes durables fueron los que se abarataron en términos reales”, analiza Fiorella Scalise, economista de Eco Go. “Los rubros que más aumentaron son los servicios públicos y esto se explica básicamente porque el Gobierno redujo los subsidios y eso se trasladó directamente al usuario.”

En la otra punta, la ropa ahora cuesta un tercio que antes y los electrodomésticos, la mitad. “En parte se explica por la apertura de las importaciones, que generó una competencia que antes no había y obligó a las marcas locales a bajar sus precios para poder vender. Y además hay una caída del consumo que obligó a los comercios a absorber costos para no perder clientes”, cuenta Scalise.

AR/MC

Crece el ausentismo escolar en todo el país y alertan por una "flexibilización" que vacía de sentido la obligatoriedad

“Declarar la obligatoriedad sin que nadie deba pagar un costo por incumplirla la transforma en una simple declaración de intenciones”, advierte Bruno Videla, docente y coautor de un informe reciente sobre ausentismo escolar. La frase condensa una preocupación creciente. Detrás de las faltas reiteradas a clase, los especialistas advierten que hay límites institucionales difusos, regímenes más flexibles y un vínculo debilitado entre escuela, estudiantes y familias.

El dato más visible confirma la tendencia. El 51% de los alumnos del último año de secundaria acumula al menos 15 inasistencias al año, según el operativo Aprender 2024. Dos años antes, ese porcentaje era del 44%. El incremento, de 7 puntos porcentuales, se replicó en las 24 jurisdicciones del país.

El informe, elaborado por Argentinos por la Educación, muestra además que el fenómeno no crece de manera homogénea. Por el contrario, se intensifica en ciertos grupos. El 30% de los estudiantes registra más de 20 faltas, mientras que un 21% se ubica entre 15 y 19 inasistencias. En paralelo, se redujo el segmento intermedio –quienes faltaban entre 5 y 14 días–, lo que sugiere un corrimiento hacia niveles más altos de ausentismo.

Una asistencia cada vez más desigual

Los autores hablan de una “polarización” en la asistencia. Es decir, se mantiene estable el grupo que casi no falta, pero se amplía el de quienes se ausentan con mayor frecuencia.

Para los equipos directivos, el problema ya ocupa el centro de la escena. El 46% de los directores considera al ausentismo como un obstáculo moderado o serio para el aprendizaje, por encima de la impuntualidad, los bajos logros académicos o incluso el ausentismo docente.

Aunque se trata de una tendencia global –según PISA 2022, el 47% de los directores argentinos identifica el ausentismo como un límite para enseñar–, en el país adquiere rasgos propios. Entre ellos, fuertes desigualdades territoriales. Buenos Aires lidera con un 66% de estudiantes que faltan al menos 15 días, seguida por CABA (59%), Tierra del Fuego (55%) y La Pampa (54%). En el otro extremo aparecen Santiago del Estero (28%), San Juan (29%) y Jujuy (30%).

Razones visibles y causas estructurales

Las razones que explican las ausencias combinan factores estructurales y subjetivos. El 62% de los estudiantes menciona problemas de salud, pero el segundo motivo —señalado por el 39%— es más difícil de encuadrar: “No tener ganas de ir a la escuela”.

Para especialistas, ese dato no es menor. “El ausentismo es un síntoma y no el problema en sí mismo”, sostiene Viviana Postay, especialista en gestión educativa. “Los bordes de lo institucional se han vuelto difusos. No están claros los límites ni el sentido del tránsito por la escuela secundaria”, agrega. En ese contexto, describe aulas atravesadas por dificultades de convivencia y esquemas de acreditación más laxos, donde “siempre aparece una oportunidad más fácil que la anterior”.

Videla coincide en ese diagnóstico y va más allá: “El ausentismo es la punta del iceberg”, señala. Debajo aparecen la pérdida de valoración social de la escuela, el quiebre en la alianza con las familias y la flexibilización constante de los regímenes académicos. En ese marco, advierte, sumar días al calendario escolar resulta insuficiente.

La lectura también es compartida por la investigadora Sandra Ziegler (Flacso), quien interpreta el fenómeno como un “desajuste entre la oferta escolar y las condiciones de las trayectorias estudiantiles”. “La relevancia del ‘no tenía ganas de ir’ expresa un problema de sentido”, plantea. Es decir, no se trata solo de asistir, sino de encontrar motivos para hacerlo.

El informe incorpora además una dimensión social. Según Romina De Luca (Conicet), en el sector estatal el ausentismo suele estar vinculado a problemas de acceso, tareas de cuidado, trabajo o situaciones familiares. En ese sentido, advierte que las faltas también reflejan procesos de segregación educativa.

A pesar de la magnitud del fenómeno, el país carece de herramientas básicas para seguirlo en tiempo real. Argentina no cuenta con un sistema nominal y abierto de registro de inasistencias, por lo que gran parte de la información proviene de autorreportes de los propios estudiantes. Esa limitación dificulta diseñar políticas públicas más precisas.

Para Mercedes Palavecino, docente y profesora de Filosofía, el dato central es el punto de partida de un problema mayor. “Es un síntoma de un quiebre social que debe abordarse de manera conjunta entre escuela, familias y Estado”, afirma. Y concluye: “No se trata solo de que el alumno esté presente, sino de garantizar condiciones reales para aprender”.

LN/MC

Trump busca desesperado una salida de Irán tras sembrar el caos y sin rastro de los objetivos con los que justificó la guerra

Por el estrecho de Ormuz pasaba el 20% del comercio del petróleo mundial hasta el 28 de febrero. Desde entonces, día en que empezaron los bombardeos de EE.UU. e Israel sobre Irán, Teherán cerró la canilla de manera selectiva, e incluso hay informaciones que apuntan a que está cobrando a los escasos barcos que deja pasar, con lo que todo eso supone de disrupción en el comercio mundial no sólo de petróleo, sino de fertilizantes. Las consecuencias finales de todo eso se trasladan al estadounidense que va a la estación de servicio y al que tiene unas tierras que cultivar en plena primavera.

Por el camino, murieron 13 soldados estadounidenses, dos pilotos tuvieron que ser rescatados tras ser derribado su F-15 hace una semana. Además, EE.UU. asesinó a 200 personas en un colegio de niñas en Irán el primer día de los bombardeos, el 28 de febrero, y, según la Media Luna Roja, murieron ya 1.900 personas en Irán desde el inicio de los ataques.

El 27 de febrero, Irán estaba sometido a sanciones por sus violaciones a los derechos humanos y por sus programas nucleares, pero a partir de las negociaciones para el alto el fuego anunciado por Donald Trump, se están abordando “el alivio de aranceles y sanciones con Irán”, según el propio presidente, un asunto que hasta la fecha era innegociable.

Antes de los bombardeos de Trump y Benjamin Netanyahu, había una relativa paz en Líbano. Pero, desde entonces, murieron más de 1.800 personas a manos de un Ejército israelí que está invadiendo el sur del país con la justificación de combatir a Hezbollah, milicia aliada de Teherán.

Del mismo modo, hasta el 28 de febrero, los países del Golfo Pérsico vivían sin grandes temores a ser alcanzados por misiles iraníes, y desde aquel día se registraron ataques diarios a sus países por ser aliados de EE.UU. y albergar incluso bases militares estadounidenses en sus territorios.

Argumentos cambiantes

Trump fue cambiando de argumentos a medida que avanzaba una guerra que se encuentra en un frágil alto el fuego de dos semanas, y fue, también, agriando su discurso hasta llegar a amenazas apocalípticas de carácter genocida, como las de aniquilar “una civilización entera” si Teherán no devuelve el estrecho de Ormuz al estado en el que se encontraba el día antes de que comenzaran los bombardeos de EE.UU. e Israel.

De hecho, el presidente de EE.UU. calentaba la víspera de las negociaciones de este sábado en Islamabad acusando a Irán en un post en Truth Social: “Está actuando de forma muy deficiente, algunos dirían que deshonrosa, con el paso del petróleo por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”.

En paralelo, el argumento de la “amenaza inminente” de Irán, usado por la Administración Trump para justificar los ataques, se vio desmentido por la falta de aval por parte de algún servicio de información estadounidense que respalde esa tesis. Así, el responsable antiterrorista de EE.UU. renunció el pasado 17 de marzo por la guerra contra Irán. Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo, afirmó que no podía, “en buena conciencia”, respaldar la guerra de la Casa Blanca. “Irán no representaba ninguna amenaza inminente para nuestra nación y está claro que iniciamos esta guerra debido a la presión de Israel y de su poderoso lobby en Estados Unidos”, decía en una carta pública.

A siete meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato, en las que la Casa Blanca se juega el control absoluto que tiene sobre el legislativo con la guerra más impopular de la historia reciente de EE.UU., la ofensiva en Irán contradice dos grandes ejes de la agenda política de Trump: que EE.UU. sea lo primero –America First– y que él fuera a conseguir aumentar la capacidad adquisitiva de la ciudadanía estadounidense haciendo que bajen los costos de vida, como la canasta de la compra y la vivienda.

Y todo eso lo hace estallar de una manera que no hizo ningún presidente anteriormente, lo que demuestra la fragilidad del momento. Así, Trump no sólo amenaza con liquidar “una civilización entera” y habla de “puto estrecho” y de “malditos bastardos” en un lunes de Pascua, sino que pierde los papeles ante las críticas de antiguos trumpistas de primera hora y referentes MAGA por señalar sus excesos verbales y políticos.

Así, el presidente de EE.UU. busca una salida de forma desesperada a una situación que agrieta a sus bases, que lo enfrenta con líderes de opinión de su familia política y que empobrece a su ciudadanía en pleno año electoral. Y, todo esto, redoblando los enfrentamientos con sus supuestos aliados europeos y de la OTAN, que no quisieron embarcarse en una guerra ilegal ni en la gestión de los efectos no previstos por la Casa Blanca de sus bombardeos: el cierre del estrecho de Ormuz.

Un plan inflado

Según publicó The New York Times, el presidente de EE.UU. tomó una decisión que contaba con muchas resistencias en su equipo. El diario neoyorquino reveló cómo Trump decidió entrar en guerra tras una presentación israelí y a pesar de las profundas divisiones dentro de su equipo. En una reunión celebrada el 11 de febrero en la Sala de Situación, Netanyahu presentó un plan de cuatro puntos para un cambio de régimen, que incluía un montaje de video con posibles líderes sustitutos, como Reza Pahlavi. JD Vance estaba en Azerbaiyán.

Acompañado por el jefe del Mossad, David Barnea, y por militares, Netanyahu argumentó: el programa de misiles balísticos de Irán podría ser destruido en cuestión de semanas; el régimen estaría demasiado débil para cerrar el estrecho de Ormuz; las protestas callejeras, fomentadas con la ayuda del Mossad, podrían desencadenar un levantamiento; combatientes kurdos de Irak podrían abrir un frente terrestre en el noroeste. La respuesta de Trump, según el NYT, fue: “Me parece bien”.

Al día siguiente, el director de la CIA, John Ratcliffe, calificó el escenario de cambio de régimen de “ridículo”, y el secretario de Estado, Marco Rubio, añadió: “Es una tontería”. El general Dan Caine le dijo al presidente: “Según mi experiencia, este es el procedimiento habitual de los israelíes. Exageran, y sus planes no siempre están bien desarrollados”.

El 26 de febrero, en una reunión final, la oposición era clara, pero estaba dividida, según The New York Times. El vicepresidente, JD Vance, advirtió de que la guerra podría agravarse y agotar los recursos de EE.UU., pero dijo: “Sabés que creo que es una mala idea… pero te apoyaré”. Rubio dijo que el cambio de régimen era poco realista, pero que destruir el programa de misiles de Irán era factible. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, fue el mayor defensor de la guerra. Los mandos militares expusieron los riesgos, entre ellos el agotamiento de municiones y la amenaza para Ormuz, pero ninguno llegó a oponerse.

El NYT destaca la ausencia de miembros de la Administración clave, responsables de gestionar las consecuencias de la guerra, como el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Trump fue preguntando a sus asesores cuál era su opinión y luego tomó la decisión: “Creo que tenemos que hacerlo”. Los ataques comenzaron dos días después.

Kent, exdirector del Centro Nacional de Contraterrorismo, decía en una entrevista con Tucker Carlson: “A un buen número de los principales responsables de la toma de decisiones no se les permitió acudir y expresar su opinión ante el presidente. No existió un debate sólido”.

“Fueron los israelíes quienes impulsaron la decisión de llevar a cabo esta acción”, le dijo Kent a Carlson. Kent señaló que Netanyahu y otros dirigentes israelíes presionaron a Trump, muchas veces con información que los funcionarios estadounidenses no podían confirmar: “Cuando escuchábamos lo que decían, no se correspondía con lo que indicaban los canales de inteligencia”.

Y ahora seis semanas después, Trump ve que, efectivamente, el plan israelí estaba inflado: el régimen de los ayatolás sigue al mando en el país incluso después del asesinato del líder supremo; Irán aún posee cientos de kilos de uranio enriquecido y sigue teniendo misiles, con los que incluso derribó un F-15 la pasada semana; tiene capacidad para controlar el estrecho de Ormuz; no hay ningún levantamiento provocado por supuestas protestas callejeras; los kurdos iraquíes tampoco están abriendo un nuevo frente; y los aliados de Irán, como Hezbollah, siguen operativos. Además, el combustible está por encima de los cuatro dólares el galón en EE.UU., cuando Trump aseguraba, de forma exagerada, en todo caso, que con su mandato había bajado de dos dólares.

Historia de los organismos de derechos humanos

En la contenciosa vida pública argentina, han sido celebrados e impugnados por igual. ¿Cómo entender la singular gravitación de estas organizaciones en la vida cívica? ¿Qué factores moldearon su agenda? ¿De qué manera se vincularon con el Estado y los partidos políticos? ¿Qué idea de derechos humanos contribuyeron a forjar? Roy Hora conversa con Hugo Vezzetti sobre la historia del movimiento de derechos humanos, las ideas que lo animaron y su lugar en la vida pública del país.

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

Mover o no un cuadro histórico como el 'Guernica': el balance entre el riesgo y el símbolo político

La historia es de sobra conocida. El lunes 26 de abril de 1937, cuando las fuerzas nacionalistas de Franco empujaban hacia el norte para cortar Bilbao y tomar el control del País Vasco, se tomó la decisión de aplastar la resistencia con una abrumadora muestra de fuerza. A las cuatro de la tarde, y durante las siguientes tres horas, sesenta aviones italianos y alemanes lanzaron bombas incendiarias sobre Guernica, reduciéndola a una bola de fuego. No se había visto nada parecido en Europa, y aquello lo cambió todo.

Unos meses antes, Pablo Picasso -que en ese momento era ya el artista vivo más famoso del mundo- había recibido un encargo del Gobierno Republicano para el pabellón español de la Exposición Universal de París prevista para aquel verano. Impactado por el ataque, el 1 de mayo comenzó a dar forma concreta al cuadro y durante las siguientes semanas, bocetos, dibujos y pinturas se derramaron con una pasión febril. A finales de junio de 1937, Picasso estaba listo para los toques finales de una obra ejecutada a una escala tan monumental que se había visto obligado a colocarla en ángulo en su enorme estudio de la parisina rue des Grands-Augustins. Todo el proceso quedó documentado por la fotógrafa Dora Maar, que era entonces su amante.

Ahora el lehendakari (jefe de Gobierno vasco) Imanol Pradales pidió el cuadro al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Días antes de otro encuentro en La Moncloa, la vicelehendakari, Ibone Bengoetxea, le concretó al ministro Ernest Urtasun que la pintura se trasladase durante nueve meses al Museo Guggenheim de Bilbao a finales de 2026, como parte de los actos de conmemoración del 90 aniversario del Gobierno vasco y del ataque a Gernika. Pradales calificó la iniciativa de gesto de memoria histórica y de “reparación simbólica”, un lenguaje que generó polémica. “No estamos ante una cuestión meramente técnica, sino ante una cuestión de memoria, reconocimiento y reparación”, secundó la consejera de Cultura vasca Ibone Bengoetxea en un encuentro posterior en Madrid.

Desde entonces se produjo un cruce de acusaciones, sobre todo desde el ámbito político, ya que el Guggenheim no quiso, hacer declaraciones por el momento, y el Museo Reina Sofía, donde se exhibe la obra, respondió únicamente mostrando los informes de los restauradores sobre el estado del cuadro. El ministro de Cultura rechaza el traslado, “de forma rotunda”.

Un lienzo pintado con urgencia

Y es que el problema técnico existe, y no es menor. El Guernica es un óleo sobre lienzo de 349 x 776 centímetros, pintado con una rapidez casi violenta en apenas seis semanas. Esa urgencia, y las décadas de viajes posteriores, dejaron huella: la capa pictórica presenta grietas y zonas de fragilidad que lo convierten en uno de los casos más citados en conservación y restauración de arte contemporáneo.

Tras su exposición en el Pabellón Español, el Guernica emprendió en 1938 una larga gira organizada por el representante de Picasso, el marchante de arte Paul Rosenberg, para concientizar al mundo sobre la situación del bando republicano: los países nórdicos, América, Londres y de vuelta a Europa (Berlín, Milán). Ese trajín pasó factura a la pintura, que tuvo que ser restaurada en el MoMA de Nueva York en 1957, donde permaneció a petición del propio Picasso durante varios años. Por si fuera poco, el 28 de febrero de 1974 el artista estadounidense Tony Shafrazi pintó en el mural con spray rojo, en un intento de llamar la atención sobre las mentiras de la Guerra de Vietnam, dejando microresiduos en las fisuras del lienzo.

El 10 de septiembre de 1981 el Guernica volvió a España, concretamente al Casón del Buen Retiro en Madrid. José Carlos Roldán, restaurador del CAAC que estuvo presente en la comisión de restauración del Reina Sofía hace veinte años, describe el posterior traslado al museo el 26 de junio de 1992: “La pieza se extendió en el Casón del Buen Retiro y se le aplicó calor para que la cera que tenía le diera elasticidad”. Los daños eran tan patentes que en esa ocasión se decidió trasladarla enmarcada, en parte por la cercanía entre ambos puntos. “Además —recalca Roldán— es una obra bastante delicada por cómo fue pintada, y sufrió mucho en el traslado de Nueva York a Madrid porque vino enrollada”.

El mural se convirtió enseguida en una pieza fundamental del museo recién inaugurado, hogar definitivo de la obra más icónica del siglo XX, y en uno de los grandes referentes del arte moderno a nivel mundial, atrayendo cada año a millones de visitantes que peregrinan hasta Madrid para contemplar el lienzo.

Como explica el propio Reina Sofía, “el Guernica es un símbolo político, hasta el punto de que aparece como emblema ante cualquier episodio de violencia o de vulnerabilidad de la población civil”.

El historiador del arte e investigador Manu Martín, autor del ensayo Contra el Patrimonio, también coincide en esta visión de la obra como un símbolo reivindicativo: “Creo que hay que volver a poner en relación su temática, que es la denuncia de un bombardeo fascista que todavía forma parte de la memoria muy reciente de España”. “Me parece una decepción tremenda que el Ministerio de Cultura haya cerrado tanto la puerta a algo que creo que le vendría muy bien a la izquierda como es repolitizar el cuadro”, añade. Y es que precisamente esa carga simbólica es la que alimenta, una y otra vez, las peticiones de traslado.

Todas las solicitudes, denegadas

El museo enumera las más recientes: el Guggenheim en 1997 y de nuevo en 2007; el MoMA, que lo había albergado durante décadas, en 2000 —y como aclara el Reina Sofía, “ni siquiera esta vez el Guernica viajó a Nueva York, debido a las razones expuestas, motivos que fueron perfectamente comprendidos y asumidos por el MoMA”—; el Royal Ontario Museum de Canadá en 2006; el Grupo FujiExp de Japón en 2009; y el Gwangju Museum de Corea del Sur en 2012. Todas las solicitudes fueron denegadas.

El propio museo justifica su decisión mediante el informe técnico sobre el estado del mural: “El tamaño de la obra determina las dimensiones de la caja y el espacio en el que ha de transportarse”, y subraya que la obra “NO PUEDE ENROLLARSE por la naturaleza actual de los elementos que la componen, y ha de permanecer todo el tiempo en posición vertical y en unas condiciones de humedad y temperatura estables”.

Con todos estos datos concluyen que se trata de un mural que, “por su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones inevitables en el transporte que podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte”.

“Cualquier persona que conozca el estado de conservación de El Guernica sabe que no puede viajar”, afirma el historiador del arte y divulgador Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido en redes como El Barroquista. “Incluso cambiarlo de pared dentro del Reina Sofía fue en su momento muy delicado. Ni siquiera sería prudente moverlo diez kilómetros, mucho menos enviarlo a más de 400 kilómetros de distancia. El cuadro viajó demasiado durante décadas y está en un estado muy precario: es el ejemplo que siempre se pone en la disciplina de los daños que puede sufrir una obra por exceso de movimiento”.

Roldán además añade otro punto de vista: “Si planteáramos por ejemplo que nos prestaran Las Meninas para una exposición temporal, estoy seguro de que el informe sería negativo. La Mona Lisa tampoco se presta. Es la joya del museo. Ya puedes hacer una caja perfecta, fletar un avión, tomar todas las precauciones del mundo… pero hay obras que, cuando pones en una balanza el riesgo y la ventaja, no admiten discusión”.

Símbolo político, objeto frágil

El Guernica llegó a España por primera vez ocho años después de la muerte de Picasso. El acuerdo con el MoMA recogía sus instrucciones explícitas: el cuadro no debía regresar a España hasta que no se restablecieran las libertades democráticas. Antes de instalarse en su sala actual, ya mostraba signos evidentes del desgaste acumulado, razón suficiente para no moverlo más. Desde entonces, el museo extremó las precauciones: la pintura se exhibe en condiciones de temperatura y humedad controladas, y cualquier intervención sobre ella —incluso un simple cambio de posición— se convierte en un operativo de alta precisión.

No todos comparten esa postura con la misma rotundidad. En el simposio celebrado en 1998 en torno al estado y el posible traslado del Guernica, Stephan Michalski, científico jefe del Canadian Conservation Institute, planteó una pregunta que Roldán recuerda con cierta ironía: “Si somos capaces de ir a la Luna, ¿por qué no somos capaces de trasladar este lienzo al Guggenheim?”.

A esta se le unieron las opiniones de los políticos vascos como Iñaki Anasagasti, que ya en el pasado veía la oposición al préstamo como parte de una política reaccionaria: “Con expertos como estos no se hubiera inventado la rueda, ni se hubiera ido a la Luna, ni se hubiera hecho una operación de trasplante de corazón. No entiendo que un problema técnico no pueda tener una solución técnica”, afirmó en 1998.

Manu Martín, por su parte, también se muestra partidario del traslado de la obra a otros museos: “Yo creo que lo que está pidiendo el Gobierno vasco es más que lícito. Para cualquier exposición se piden obras. Me parecería bien desmitificarla un poco, y que se pudiera recuperar ver en otros sitios, de manera itinerante, pero tampoco me la llevaría a todas partes, yo lo veo más como una cuestión política más que técnica”.

Para Cajigal Vera, el debate entró en un terreno incómodo: “Una parte pide el mural sabiendo que la petición es imposible de atender con los datos objetivos en la mano. La otra se limitará, todas y cada una de las veces, a recordar que hay información científica y técnica que nunca avalará ese préstamo. La razón de ser de cualquier museo es preservar los bienes que custodia para las generaciones futuras. Aprobar un viaje como este pondría en serio peligro la supervivencia del cuadro, y además la logística para mover una obra de semejante tamaño es absolutamente excepcional y no se justifica desde el punto de vista museográfico”.

El espejo de Sijena y Bayeux

La polémica recuerda a otros conflictos sobre patrimonio, como el reciente caso de la devolución por parte del MNAC de las pinturas murales medievales del Monasterio de Santa María de Sijena, en el que la historiadora Marisancho Menjón se mostró a favor de la restitución. Aunque Cajigal Vera matiza la comparación: “Son casos muy diferentes. En Sijena hay dos partes enfrentadas cuyos técnicos no se ponen de acuerdo, pero además existe una sentencia judicial de restitución. Con el Guernica, en cambio, no encontrarás a un solo técnico independiente que no te diga que moverlo es un riesgo injustificable”.

Una opinión que comparte Roldán: “Sijena es distinto, entre otras cosas porque el contexto también lo es: aquellas piezas fueron trasladadas a un museo en Catalunya por miedo a que fueran vandalizadas”. En aquel caso, una expedición de 1936 del Gobierno de la Generalitat republicana, capitaneada por Josep Gudiol, intentó salvar las pinturas de un incendio provocado. Permanecieron en el MNAC durante décadas con el objetivo de conservarlas y restaurarlas. Más tarde, en los años ochenta, la Generalitat compró a las monjas de Sijena las obras que ya tenía expuestas. La resolución judicial se inclinó por la restitución, aunque el debate sobre si la simbología de la devolución compensa la permanencia en el museo de Montjuïc sigue abierto.

Pero Sijena no es el único caso comparable que aflora en este debate. “El que sí me parece equiparable al del Guernica es el del Tapiz de Bayeux”, explica Cajigal Vera. “Macron decidió prestarlo al Museo Británico con todos los informes técnicos en contra, porque la decisión respondía a una lógica política, no técnica. Cuando se produzca el deterioro, y seguramente sucederá, habrá que ver quién asume la responsabilidad de haber hecho política con un tesoro nacional”.

La pregunta, entonces, es inevitable: ¿por qué unas obras pueden trasladarse pese a su fragilidad y otras no? Roldán da la respuesta: “Hay que poner en una balanza qué es lo prioritario y hacia dónde se quiere ir. ¿Es más importante el símbolo político o la integridad del objeto? Esas decisiones cambian con la política cultural. Ambos lados tienen buenas razones, por eso es tan polémico”. Y en esa tensión —entre el valor simbólico de una obra y su supervivencia física— se juega, en el fondo, todo el debate.