Kili Malal

Noticias de Rio Negro

El tablero judicial de Mahiques: completar la Corte, cubrir juzgados clave y enfrentar las causas que acorralan a los Milei

“Un gobierno se sostiene cuando consigue armar la justicia a su favor”. La máxima que soltó un juez con experiencia en Comodoro Py podría revelarse a partir del desembarco de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. La llegada del flamante funcionario abre una etapa clave para Javier Milei, porque tiene por delante cubrir una extensa lista de cargos judiciales vacantes que atraviesan prácticamente toda la estructura del sistema judicial nacional, además de convertirse en el parrarayos de las causas sensibles que acorralan tanto al Presidente como a su hermana Karina.

Entre tribunales federales, fiscalías, defensorías y la cúpula del Poder Judicial, el Ejecutivo tiene por delante la designación de centenares de funcionarios cuya nominación depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. Por otro lado, el flamante funcionario tendrá que saber gestionar el avance de las causas de la criptoestafa $LIBRA y los sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpican de diferente manera a los hermanos Milei.

La Corte Suprema incompleta

En la cima del sistema judicial, la Corte Suprema funciona actualmente con tres miembros sobre un total de cinco, por lo que hay dos vacantes que el Gobierno busca cubrir. Mariano Cúneo Libarona fracasó en la nominación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como compañeros de Horacio Rossati, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La designación de esos jueces requiere la propuesta del Poder Ejecutivo y el acuerdo de dos tercios del Senado, lo que convierte a esas vacantes en uno de los principales frentes de negociación política del Gobierno.

Pero el oficialismo cree que puede avanzar sin tener que pactar caro con Unión por la Patria, que ostenta la primera minoría (25 miembros de 72). La aprobación de la reforma laboral le mostró a Milei que está cerca de conseguir los 2/3 con una acuerdo con aliados: suma un piso de 47 luego de lograr quebrar al peronismo. Está a un voto de llegar a los dos tercios.

Un tercio de vacantes judiciales

Por fuera de la Corte, el Poder Judicial y el Ministerio Público atraviesan una crisis estructural: alrededor del 37% de los cargos están vacantes, lo que equivale a unas 353 posiciones sin titular sobre un total de poco más de mil cargos habilitados. Esto incluye juzgados federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías públicas, lo que para distintos actores del sistema judicial ya genera demoras y sobrecarga en tribunales.

En lo inmediato, el Gobierno maneja un paquete de más de 300 nombramientos pendientes en el Poder Judicial. Se trata de vacantes de posiciones para jueces, fiscales y defensores, cuyos pliegos deberían enviarse al Senado.

A esto se suman numerosos juzgados que funcionan con magistrados subrogantes y 191 vacantes pendientes de resolución directa del Poder Ejecutivo, mientras otras 162 se encuentran en proceso de selección en el Consejo de la Magistratura.

El Procurador General, otra silla pendiente

Otro puesto clave sin resolver es el del jefe de los fiscales. La jefatura del Ministerio Público Fiscal permanece vacante desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017 y está ocupada de forma interina por Eduardo Casal.

El Gobierno también debe enviar al Senado un candidato para Procurador General de la Nación, cargo que requiere mayoría agravada y que define la política criminal del país. Mahiques justamente era hasta ayer el jefe de los fiscales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

El Consejo de la Magistratura

Una pieza central para avanzar con los nombramientos es el Consejo de la Magistratura, encargado de realizar los concursos, evaluar a los postulantes y elevar ternas al Poder Ejecutivo.

Actualmente el organismo tiene concursos abiertos o en trámite para al menos 157 vacantes judiciales, cuyos resultados deberán convertirse luego en propuestas formales del Ejecutivo para el Senado. Allí se verá la mano de Mahiques, pero también de su flamante segundo, Santiago Viola, abogado e íntimo de los Milei.

Viola se convertiria en el representante del Poder Ejecutivo en el organismo que controla a los jueces. Ayer Sebastián Amerio se enteró de que dejaba el cargo como viceministro justo en pleno Zoom del Consejo.

El Consejo tiene 20 integrantes y su interna revela la puja en la corporación judicial. Hoy preminencia el bloque de los jueces, pero este año se renovarán autoridades en los estamentos de abogados y de legisladores. Ahí Mahiques volvería a mostrar su cintura política, ya que el Gobierno apuesta a que los senadores Eduardo Vischi y Luis Juez, fieles aliados de Milei, se mantengan en sus cargos.

De hecho Vischi, el año pasado, acompañó una decisión del Consejo para que no se investigue a los jueces que viajaron a Lago Escondido en 2022 pagados por el Grupo Clarín. En ese grupo estuvo, justamente, Mahiques.

Blindaje a la reforma laboral

Mahiques también tendrá la tarea de blindar judicialmente la reforma laboral. La CGT judicializó la ley y la denunció el lunes pasado de inconstitucional, reclamo que aún no avanzó, así como tampoco el Poder Ejecutivo promulgó y reglamentó la norma que flexibiliza la ley de Contratos de Trabajo.

Pero la ley esconde un blindaje para el Gobierno: determinó el traspaso del fuero laboral a la justicia porteña. El cambio implicaría la pérdida de 1700 puestos de trabajo con la disolución de 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Serían reemplazados por una decena de juzgados en los tribunales porteños, donde es innegable la influencia macrista. Mahiques fue hasta ahora jefe de los fiscales porteños, además de ser pupilo de Daniel Angelici, mandamás en los tribunales de CABA.

$LIBRA y ANDIS, las piedras en el zapato

Con la llegada de Mahiques, en los tribunales de Comodoro Py 2002 comenzaron las especulaciones sobre el impacto que podría tener en causas sensibles para el Gobierno. Aparecen la investigación por los sobornos y malversación de fondos en la compra de medicamentos de la ANDIS, a cargo del juez federal Ariel Lijo (que tuvo en su momento a un joven Mahiques como empleado en el juzgado) y el expediente por la criptoestafa $LIBRA, que tramita en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

En la causa ANDIS ya fueron procesados el ex amigo de los Milei Diego Spagunolo y el operador Miguel Calvete, que aparecen como cabecillas de una trama para desviar unos $6.000 millones. Lijo quedó a cargo de la causa tras el alejamiento de Sebastián Casanello, quien dictó el procesamiento.

A su vez, la investigación sobre el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA avanza sobre los Milei. En los últimos días se supo del hallazgo de copias de borradores del supuesto acuerdo entre Milei y el impulsor de $LIBRA, el norteamericano Hayden Davis, vía Mauricio Novelli, quien fue funcionario bajo la órbita de Karina Milei. La investigación de Martínez de Giorgi busca determinar si hubo posibles delitos financieros, como maniobras de fraude o captación irregular de fondos, además de reconstruir la cadena de decisiones que rodeó la iniciativa.

MC

"Clan" judicial en primera fila y los gestos de Santiago Caputo: Mahiques juró como ministro de Justicia de Milei

Su padre Carlos “Coco” Mahiques, camarista de casación federal, y su hermano Ignacio, fiscal, en primera fila. A un costado, el resto del gabinete nacional, pero también Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados. Más atrás, parado con gesto adusto, el asesor Santiago Caputo, que vio acortado su poder de influencia en el interior de la Casa Rosada ante la llegada del nuevo ministro. Con ese escenario juró este jueves al mediodía Juan Bautista Mahiques a cargo de la cartera judicial.

La ceremonia fue breve, apenas lo que tardó el presidente Javier Milei en leer la fórmula juramental y la aceptación de Mahiques. Pero las imágenes que transmitió la Casa Rosada en su YouTube y los movimientos tras bambalinas revelaron más detalles sobre esta jornada en el poder libertario.

Mahiques juró y se abrazó con el Presidente, que al instante llamó a su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para hacer un abrazo de a tres. La cámara ponchó apenas dos veces a los invitados pero fue suficiente para mostrar los alcances que tiene el nuevo ministro.

“Coco” Mahiques es camarista de la Casación Federal, el principal tribunal penal del país. Por encima solo está la Corte Suprema. El juez acaba de correrse de la causa que investiga la supuesta malversación de fondos en la AFA porque se reveló que festejó su cumpleaños en la quinta que se le atribuye a Pablo Toviggino, mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia.

También se lo vio aplaudiendo a Ignacio Mahiques, el menor de los hijos de “Coco” y hermano del ahora ministro. Es fiscal de instrucción N°35 en la Ciudad de Buenos Aires desde 2015. Fue adjunto de Gerardo Pollicita en causas emblemáticas contra el kirchnerismo, como Vialidad y Hotesur-Los Sauces.

Muchos más atrás de ellos se quedó Santiago Caputo, que las cámaras oficiales no lo tomaron pero que sí fue visto por los acreditados en la Casa Rosada. El asesor todoterreno se abrazó al entrar en el Salón Blanco con Santiago Viola, flamante segundo de Mahiques y actual apoderado de La Libertad Avanza, por lo que tienen la confianza absoluta de los Milei.

Viola desplazó ayer como secretario de Justicia a Sebastián Amerio, alfil de Caputo en el terreno judicial. El saliente funcionario se enteró vía mensaje de texto en plena reunión del Consejo de la Magistratura, lo que demostró el trato de Karina Milei a un hombre de confianza de Caputo.

Caputo y Karina se saludaron este jueves pero de manera fría y distante. El asesor no sacó las manos de sus bolsillos. Luego, cuando terminó la ceremonia, Caputo sí se abrazó con Milei, que se acercó a saludarlo. El cruce duró un largo momento, todo lo que tardó el asesor en decirle lo que parecieron secretos al oído del mandatario, que asintió con su cabeza antes de despedirlo con varias palmadas en un hombro.

MC

El escandaloso viaje a Lago Escondido y los lazos con la AFA de Tapia: quién es el nuevo ministro de Justicia de Milei

Juan Bautista Mahiques estuvo en el viaje a Lago Escondido que apadrinó el Grupo Clarín en 2022 y en el que participaron otros poderosos del ámbito judicial, como su padre Carlos Mahiques –juez de Casación alineado con el macrismo–, Julián Ercolini –juez federal que avanzó sobre Cristina Kirchner–, Marcelo D’Alessandro –entonces ministro de Justicia y Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta–, y hasta el ex jefe de Legales de la SIDE Leonardo Bergroth. Y fue Mahiques el que propuso falsificar facturas para intentar tapar el presunto delito de dádivas, según la filtración de los chats del grupo de Telegram.

El mismo Mahiques quedó confirmado este miércoles como flamante ministro de Justicia de Javier Milei, quien lo eligió en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona en una jugada que tiene mucho de simbólico: mete en el Gobierno a un hombre fogueado por el macrismo, supone un avance de Karina Milei por sobre las acciones de Santiago Caputo –ya que fue desplazado Sebastián Amerio de la Secretaría de Justicia– y confirma la necesidad oficialista de armar un frente judicial de peso para defender al Presidente y su hermana ante las causas sensibles de la criptoestafa $LIBRA y las sobornos en la Andis.

“Somos víctimas de un espionaje ilegal. Para tener guardado debajo del colchón, podríamos averiguar el tema de una facturita. No creo que sea necesaria...”, se lo escucha Mahiques en uno de los audios filtrados en su momento al respecto del viaje a Lago Escondido, donde tiene su mansión el magnate Joe Lewis. Los Mahiques, Ercolini, D’Alessandro y Bergroth compartieron el vuelo el 13 de octubre de aquel año con Pablo Yadarola, juez en lo penal económico; Pablo Cayssials, juez federal de lo Contencioso Administrativo, y Tomás Reinke, empresario especialista en campañas digitales. En el grupo de chat también estaban el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y otro directivo, Pablo Casey, el sobrino de Héctor Magnetto.

Pero Mahiques y sus compañeros de viaje respiran tranquilos: en diciembre de 2023, apenas diez días después de asumido Milei, el juez federal Sebastián Ramos dictó “la nulidad de todo lo actuado” en la causa. Consideró que aquel vuelo privado y estadía “no existen indicios de la comisión de un delito ni prueba alguna que permita dar apoyatura”.

Y en abril del año pasado el favor llegó desde la propia corporación judicial: la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura frenó la investigación por el viaje de jueces a Lago Escondido. La jugada fue coordinada casi quirúrgicamente: tres consejeros jueces que integran la Comisión (Diego Barroetaveña, Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero) se retiraron al mismo tiempo de la reunión y la dejaron sin quórum. “El restante juez, Alberto Lugones, directamente no participó de la reunión. La resolución para cerrar el caso fue adoptada por esos cuatro jueces que integran la Comisión más el representante de los académicos Hugo Galdersi y el senador radical Eduardo Vischi”, recordó en una nota la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Un detalle es que el correntino Vischi, es un aliado del Gobierno en el Senado: votó recientemente la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares.

Los contactos de Mahiques con la justicia y el poder son fluidos y hasta consanguíneos. Su padre –mandamás de la Cámara de Casación porteña– fue también ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. La familia tiene su origen en Mercedes, donde el flamante ministro nació en 1980: allí cultivó una amistad con el senador kirchnerista Wado de Pedro, también de la zona. 

Pero también tiene otros enlaces que ahora llaman la atención con su desembarco en el gabinete libertario. El año pasado fue designado por Claudio “Chiqui” Tapia como vicerrector de la Universidad del Fútbol Argentino (Unafa). Según consignó el diario La Nación, Mahiques pidió dejar de integrar la Unafa “inmediatamente después del lanzamiento” y exigió que su nombre fuera eliminado de la página oficial. 

Otro eslabón llamativo en el marco de la “guerra” entre el Gobierno y la AFA es el propio Carlos Mahiques: el padre del flamante ministro tenía para resolver la disputa por la competencia en la causa de la quinta de Pilar adjudicada a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Tapia. Pero se corrió la semana pasada luego de que se revelara que el camarista festejó el año pasado su cumpleaños en esa quinta. 

Mahiques se recibió como abogado por la UBA en 2007, tiene una maestría en Administración de Justicia en la universidad italiana Unitelma Sapienza, y se movió desde temprano en los pasillos de tribunales. Fue secretario letrado del Consejo de la Magistratura, secretario del Tribunal Oral en lo Criminal Nº17 y miembro suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal. Su salto a la escena pública llegó en 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri lo nombró representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial.

“Coco” Mahiques a su vez es íntimo de Daniel Angelici, el operador macrista-radical en la Justicia. Fue el padrino político del flamante ministro. Según trascendió, el ahora funcionario libertario filtró que está alejado de Angelici, así como de los Macri (Mauricio y Jorge) para tener la bendición de Karina Milei.

Mahiques le debe a los Macri el apoyo que le dio el oficialismo porteño en 2019 para que la Legislatura aprobara su pliego como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, pese a objeciones de organizaciones judiciales que cuestionaban su independencia. Asumió en octubre de ese año y se mantuvo en el cargo hasta su ahora llegada al gabinete de Milei.

Organizaciones independientes cuestionaron también que la Procuraduría porteña adquiriera el año pasado el sistema de reconocimiento facial privado Clearview AI, que fue denunciado y multado en Europa y América del Norte por “apropiarse” fotos de internet . El Ministerio Público Fiscal de CABA pagó US$ 27.588 por el software que recolecta imágenes de redes sociales sin consentimiento y podría generar “falsos positivos”, según la alerta de especialistas consultados por elDiarioAR.

Con esa trayectoria llega Mahiquies al Gobierno, con el objetivo político de delinear la estrategia judicial del Gobierno. Los frentes son varios: completar la Corte Suprema de Justicia así como las cientos de vacantes en juzgados federales. Pero también aceitar la defensa de los Milei, cercados en los tribunales por el caso $LIBRA y de la Andis.

MC

El lobby minero y la amenaza judicial obliga al Gobierno a dilatar la sanción de la reforma de la Ley de Glaciares

La reforma de la Ley de Glaciares depende de una sola cosa, el timing político, y ayer el Gobierno tuvo que lidiar con una primera limitación: la amenaza de la judicialización. La flexibilización de la ley es impulsada por las provincias mineras y logró avanzar con rapidez en el Senado, pero no así en Diputados. Alertados por la posibilidad de una judicialización futura si no habilitaban una audiencia pública antes de avanzar con la sanción, el oficialismo tuvo que postergar el tratamiento. Y la oposición, que se encuentra en desventaja política y numérica, lo festejó como un gol. 

El plan original del Gobierno era darle un tratamiento exprés. Después de la media sanción en el Senado, en donde Patricia Bullrich logró avanzar con la aprobación con el apoyo de un sector del peronismo, el objetivo del oficialismo era dictaminar la semana próxima y convertir la reforma en ley el 18 o 19 de marzo. La oposición, sin embargo, puso el dedo en la llaga y le advirtió: si el Gobierno decidía avanzar con el dictamen sin convocar antes una audiencia pública, tal como exige el Tratado de Escazú (al que la Argentina adhirió y tiene rango constitucional), se arriesgaba a que la Justicia lo trabara. 

“Está comprometida no solo una cuestión jurisdiccional de provincias, que pueden tener desarrollo minero en particular, sino también otras jurisdicciones provinciales como lo marca el 36% de la superficie continental argentina que se encuentra dentro de cuencas alimentadas por el deshielo glaciar abarcando 20 provincias y más de 7 millones de habitantes”, advirtió el lilito Maximiliano Ferraro durante el primer plenario de comisiones de Ambiente y de Asuntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

El santafesino libertario Nicolás Mayoraz, que estaba conduciendo entonces el debate, no tuvo otra que ceder y acordó convocar una audiencia pública para el 25 y 26 de marzo. El nuevo plan de trabajo implica un dictamen el 8 de abril y, con suerte, un tratamiento en el recinto la semana siguiente. “Una pequeña victoria”, sacó pecho un armador opositor, que desliza que la única manera de evitar que la reforma se sancione es dilatando lo mayor posible el debate.

En el oficialismo no lo niegan: saben que la buena racha, el estado de gracia legislativa que envuelve a Javier Milei hace más de un mes, tiene fecha de vencimiento. El desafío es aprobar la mayor cantidad de leyes posibles hasta que llegue ese momento. 

Lobby empresario y poroteo legislativo

Mientras la reunión se llevaba a cabo, un conjunto de legisladores y gobernadores participaban de la PDAC 2026, la convención minera internacional más importante que se lleva a cabo cada año en Toronto. En Canadá había dirigentes del peronismo, el radicalismo, La Libertad Avanza, así como varios representantes de fuerzas provinciales del Norte y de la Patagonia. Estaban los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro) y Carlos Sadir (Jujuy), así como algunos diputados peronistas, Fernanda Ávila (Catamarca) y Gabriela Pedrali (La Rioja), y de LLA, entre otros. 

“Si le sumás el viaje de Milei con los gobernadores a Nueva York ahí tenés los votos que necesitan para aprobar la ley”, ironizó otro diputado opositor que, junto a un sector de Unión por la Patria y de la Coalición Cívica, está trabajando para evitar que se reforme la ley de Glaciares. 

En la oposición calculan que el oficialismo cuenta con una base de 129-131 votos a favor de la reforma de la ley. Es decir, más que los necesarios para el quórum pero lo suficientemente justo como para poder hacer lobby para convencer a un grupo de indecisos para rechazar el proyecto del Ejecutivo que, en realidad, es impulsado principalmente por las provincias que integran la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (Mendoza y San Juan). Apuestan a que, como es un proyecto de origen ajeno –es decir, no propio, sino de las provincias– utilizará la iniciativa como prenda de negociación. Y no tendrá, en consecuencia, tanto interés en sancionarlo. 

La iniciativa deja en manos de las provincias la decisión de si un glaciar o zona periglaciar cumple con una función hídrica relevante y, por lo tanto, prohíbe o no la realización de una actividad productiva en la zona. “Va a ser un dumping en el que las provincias van a competir entre sí para ver quién flexibiliza más las condiciones ambientales”, mascullan en el ala ambientalista de la oposición, y apuntan los cañones contra aquellos sectores que observan que podrían verse directamente perjudicados por una flexibilización en el cuidado de los glaciares. 

En total hay unos 12 o 13 diputados que la oposición tiene identificados como indecisos y susceptibles a ser convencidos. Algunos son del PRO, como el pampeano Martín Ardohain, quien pertenece a una provincia que ya sufrió la pérdida del caudal de agua de un río (el Atuel) por culpa de la actividad de otra provincia (Mendoza). Otros son patagónicos y responden a gobernadores alineados con el Gobierno que, cuando se votó la ley en el Senado, aceptaron que sus senadores votaran en contra del proyecto. Es el caso, por ejemplo, del chubutense “Loma” Ávila. 

En la bancada de UxP ya advierten que la mayoría votará en contra –“Los que impulsan esta ley ya se fueron del bloque”, ironiza una diputada peronista, haciendo referencia a los catamarqueños de Raúl Jalil o los salteños de Gustavo Sáenz–, pero hay tres que podrían acompañar. Es el caso de los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica y la única catamarqueña que quedó en el bloque, Claudia Palladino. 

Las negociaciones recién comenzaron, y en la oposición apuestan a aprovechar el tiempo ganado para presionar, seducir y convencer. Ya se veía, durante la reunión de comisión del miércoles, a Ferraro (CC), Sabrina Selva (UxP) y Paula Penacca (UxP) sondeando diputados de distintos bloques, tanteando qué opinaban de la ley. 

No todos son tan optimistas, sin embargo. En el PJ predomina cierta resignación respecto al poder de disciplinamiento de Milei entre los propios gobernadores peronistas que, mientras estén alineados detrás del presidente, habilitarán la mayoría de los proyectos que proponga el oficialismo. “¿A vos te parece que Jalil, Sáenz o (Osvaldo) Jaldo le van a votar algo en contra? Tienen el número ya”, masculla, irritada, una diputada peronista. 

Es una cuestión de tiempo, insisten. Esperar hasta que a Milei le vaya mal o perecer en el camino. 

MCM/MG

Nueva marcha frente al Ministerio de Salud para exigir la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad encabezó este jueves una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Para despejar la calle Moreno, la Policía avanzó sobre los manifestantes.

De acuerdo al comunicado que emitió la entidad que nuclea a instituciones relacionadas con la temática de la discapacidad, “a la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”.

Además, remarcaron que esta situación “impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos. No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, sostienen desde el Foro.

La protesta se desarrolló desde las 10.30 en 9 de Julio y Belgrano, del centro porteño, mientras que en Rosario, provincia de Santa Fe, prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron este jueves una movilización frente a la sede de Gobernación, en la Plaza 25 de mayo, encabezada por la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), que alertó sobre una situación “desesperante” para las organizaciones que sostienen tratamientos, talleres y traslados.

La carta para Milei: “Esperamos de su gobierno respuestas concretas ya”

Este miércoles, Pablo Molero, coordinador del Foro, le envió una carta pública al presidente Javier Milei en la que lamentó que en el discurso con el que el mandatario inauguró las sesiones ordinarias en el Congreso el pasado domingo, “no haya lugar para las personas con discapacidad. La negación de este sector no ha quedado a nivel de palabras, su gobierno desde el inicio ha tomado medidas que las han desprestigiado, que han puesto en crisis los apoyos que necesitan para poder desarrollarse y que no tienen en la generación de oportunidades que les permitan incluirse en todas las dimensiones de la vida social”, reclamó.

De acuerdo a Molero, las palabras y las acciones de Milei “han cuestionado la integridad de quienes con una pensión trataban de enfrentar la vida. Ellas fueron convocadas a una auditoría inadecuada y ofensiva para su dignidad. Por otro lado sus decisiones complicaron aún más la difícil situación que arrastraban los prestadores por tener aranceles por debajo de la inflación generada en el período diciembre 2023 a diciembre 2024”.

Asimismo, reiteró el reclamo tras el veto presidencial a la Ley 27.793 de emergencia en discapacidad que luego fue ratificada por el Congreso: “Como no tenía ningún interés en dar respuesta a este sector de la población, en el mismo decreto que la promulgó también la suspendió por falta de recursos, que sí han existido para otras áreas. La Justicia falló en contra de esta medida y lo obligó a reglamentar la ley y ponerla en ejecución”, recalcó Molero. Y agregó: “Su propuesta de presupuesto 2026 no contemplaba partidas para cumplir con esta ley, pero nuevamente el Congreso ampliamente no aceptó que este sector fuera perjudicado”.

El coordinaror del Foro también le recordó al mandatario que en noviembre de 2025 “su gobierno estableció un aumento de aranceles para las prestaciones en tres tramos. Hasta el momento Incluir Salud no ha pagado el mes de octubre a una gran parte de los prestadores. El PAMI, el último mes que pagó, fue noviembre. Las obras sociales y prepagas siguen con su ritmo de 60 a 90 días, lo que ha puesto a los prestadores en una muy difícil situación económico-financiera que repercute en las personas con discapacidad”, detalló.

“El atraso de pago de Incluir Salud es incomprensible porque la Agencia Nacional de Discapacidad no ejecutó $30.000 millones, que terminó devolviendo a rentas generales en vez de cumplir con sus obligaciones”, añadió.

Y en el final de la carta, Molero fue más allá: “Sr. Presidente, esta situación es fruto de su política. Usted puede tener su manera de pensar, pero al asumir no juró sobre sus ideas sino sobre la Constitución Argentina, que establece que se deben tomar medidas positivas hacia este sector, que espera de su gobierno respuestas concretas ya”.

Con información de agencias.

IG