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Entre denuncias de organismos de DDHH, el Gobierno avanza con el proyecto que crea el Consejo de Seguridad Nacional

De “Soberanía Nacional” quedó solo el título. En eso coinciden los organismos de derechos humanos que denuncian que, detrás del proyecto malvinero anunciado por Javier Milei, se esconde una iniciativa destinada a fortalecer el aparato de inteligencia y darle mayor margen de actuación interna a las Fuerzas Armadas. La oposición advierte, además, que podría llevar a una amnistía de las empresas que, como Premier Oil (hoy rebautizada Harbour Energy), fueron inhabilitadas por participar de proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas sin autorización de la Argentina. El objetivo del Gobierno, sin embargo, es aprobarlo antes de que termine el año. 

En La Libertad Avanza están decididos a embanderarse con la causa Malvinas hasta que termine el año. Después de unos días de espera, Martín Menem le dio giro al proyecto de “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional” para que empiece a debatirse la semana próxima en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. El objetivo es que el canciller Pablo Quirno sea quien vaya a la Cámara de Diputados a defender una iniciativa que, además de endurecer las penas para las empresas que explotan recursos en la plataforma continental argentina, crea el Consejo de Seguridad Nacional. 

En la oposición están en estado de alerta. Concientes de que el Gobierno buscará arrinconconarlos con un discurso nacionalista, las bancadas de la izquierda, la Coalición Cívica y el peronismo comenzaron a advertir que el proyecto tiene poco que ver con Malvinas y más que ver con darle más poder de intervención al Estado sobre la política local. “Van a cambiar el eje para distraer del tema de Presupuesto y Discapacidad, pero no nos tenemos que subir”, señala uno de los diputados opositores que viene impulsando la agenda por endeudamiento y emergencia en discapacidad. 

La clave está en la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que será el órgano encargado de asegurar la seguridad nacional y tendrá facultades extraordinarias para intervenir sobre lo que considere que es una “amenaza extranjera”. Un concepto que el proyecto amplía hasta alcanzar a cualquier persona u organismo que, por ejemplo, “procure alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva”. 

El Consejo de Seguridad Nacional estará habilitado a llevar adelante investigaciones administrativas amplias y sin control, así como aplicar sanciones a personas jurídicas o físicas. En el marco de estas investigaciones puede adoptar, ante un “riesgo grave e inminente”, medidas urgentes como el congelamiento de activos, restricciones sobre transferencias bancarias y comercio exterior, suspensión de autorizaciones, sin proceso previo. El Consejo estará integrado por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Defensa, Economía y Relaciones Exteriores, y por el titular de la SIDE. Será este organismo quien defina la política de seguridad nacional del país. 

“Más que un consejo, es una suerte de supraministerio con atribuciones muy amplias de definición de políticas, facultades de investigación y sanción administrativa, además de decidir sobre el uso del instrumento militar y la inteligencia estratégica nacional”, advierten en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que elaboró un informe analizando el proyecto y concluyó que representa una concentración de poder “inédita” en democracia “en nombre de la defensa de la soberanía”. 

“El proyecto crea procedimientos excepcionales, similares al estado de sitio, dentro de la legislación ordinaria, sin necesidad de pasar por el Congreso y a través de evaluaciones que no son controladas por nadie. Por eso el problema de las garantías comienza en el momento en que el Ejecutivo se arroga la capacidad de definir qué situaciones entran al campo de la Seguridad Nacional”, advierte el organismo en el informe, y señala que las facultades extraordinarias del Consejo “abren la puerta a su uso para controlar la opinión pública y perseguir a la disidencia sin necesidad de comprobar delitos en sede judicial”. 

El CELS sostiene que el Gobierno presentó el proyecto con la excusa de Malvinas, pero que la iniciativa excede la agenda de la soberanía para enfocarse en “un rediseño del Estado para generar un órgano con superpoderes”. La soberanía, insiste, “no requiere un nuevo órgano de gobierno sin controles que concentre capacidades militares, de inteligencia y de castigo basados en supuestos de intervención mal definidos”.

Algunos dirigentes opositores, sin embargo, ya comenzaron a poner reparos también en la primera parte del proyecto. Específicamente en la parte de que deroga la ley 26.659 –para reemplazarla por la que propone Milei, con penas más duras para las empresas que participen o asesoren la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin autorización del país – y que, según advierten en la oposición, podría abrirle la puerta a una amnistía de hecho a las empresas ya sancionadas por la ley vigente. 

El primero en advertirlo fue el lilito Maximiliano Ferraro, que denunció que, sin una cláusula específica que preserve las sanciones vigentes, la inhabilitación podría perder sustento normativo después de la sanción de la ley. “El resultado podría ser que, en los hechos, se termine limpiando la inhabilitación de la misma empresa que fue beneficiada con el RIGI y con otras autorizaciones para explorar y explotar recursos. Eso se parece demasiado a una autoamnistía”, señaló el diputado de la Coalición Civica. 

Ferraro hace referencia al caso de Harbour Energy, la petrolera que quedó en el ojo de la tormenta porque fue autorizada para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) pese haber sido sancionada en 2013 por realizar actividades hidrocarburíferas en la zona de las Islas Malvinas sin autorización argentina. En ese momento, la empresa se llamaba Premier Oil PLC: cambió el nombre, pero es la misma persona jurídica con el mismo registro británico. 

Cuando llegue Quirno a la Cámara de Diputados, la oposición esperará hambrienta. 

MCM/CRM

Con Karina Milei a la cabeza, el Presidente en Nueva York y en medio de un clima tenso, se reúne la mesa política

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió no acompañar al presidente Javier Milei en su viaje a Estados Unidos y permanecer en la Argentina a raíz de una serie de compromisos políticos del Gobierno. 

La funcionaria participará este martes de una nueva reunión de la mesa política, prevista para las 13 en la Casa Rosada, que tendrá lugar tras los cuestionamientos formulados por la senadora Patricia Bullrich al ajuste contemplado en discapacidad en el Presupuesto 2027.

Bullrich hizo públicas sus diferencias durante el fin de semana y puso en duda su asistencia al encuentro, aunque finalmente confirmó su presencia. “Voy a llegar antes y me voy a quedar hasta el final”, sostuvo en declaraciones a La Nación+ para desmentir la versión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien planteó que la legisladora no había participado de la explicación del Presupuesto porque se había retirado antes de que terminara la reunión del martes pasado.

El malestar de la senadora está dirigido principalmente contra Santiago Caputo y, en menor medida, contra Luis Caputo, a raíz de las diferencias en torno al capítulo de discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto.

En ese marco, la reunión de la mesa política buscará avanzar en la estrategia legislativa del oficialismo y encauzar las diferencias internas, aunque desde el entorno de Karina Milei descartaron que la funcionaria vaya a asumir un rol de mediadora entre los distintos sectores. “Somos gente grande. Cada uno dirá lo que tenga que decir y punto”, señaló un funcionario que participará del encuentro.

Uno de los temas centrales será el nuevo proyecto de Discapacidad, cuyo texto continúa en elaboración luego de la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches. 

La agenda del intercambio incluirá además los próximos pasos de la Ley de Soberanía Nacional y la definición de los plazos para el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y de los cambios al régimen de Zona Fría.

Otro de los motivos que explican la permanencia de Karina Milei en el país es la organización de la visita del papa León XIV, prevista para noviembre. Para eso, se celebrará una nueva reunión del comité organizador que tendrá lugar este martes por la tarde. 

La secretaria general también deberá avanzar con la reorganización de la estructura interna de la quinta de Olivos, luego de la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial y la reabsorción de sus funciones por parte de la Casa Militar.

A su vez, deberá definir al reemplazante de Belén Agudiez en la Subsecretaría de Planificación General, luego de la renuncia de la funcionaria por motivos personales.

Con información de agencias.

La caída de la mano derecha de Karina Milei: historias de magia negra, un gato con despacho propio y el escándalo de Olivos

En los pasillos de la Casa Rosada circula desde hace tiempo una historia que parece salida de una comedia de enredos, pero que sus protagonistas se habrían tomado muy en serio. Según cuentan por lo bajo, Karina Milei encontró un día pequeños envoltorios de papel escondidos en distintos rincones del primer piso de Balcarce 50. La sospecha que habría despertado el hallazgo no era la de una filtración de información ni la de un problema de seguridad convencional: la hermanísima habría interpretado que podía tratarse de algún tipo de ritual de magia negra. El episodio, siempre según esa versión que circula puertas adentro del Gobierno, terminó con el desplazamiento de varios trabajadores del sector.

Hay otra historia, bastante más pintoresca, que también se cuenta en voz baja entre quienes conocen la intimidad de la Secretaría General de la Presidencia. Karina habría adoptado un gato y, lejos de conformarse con dejarlo deambular por las oficinas, le habrían destinado un despacho propio en la dependencia presidencial, acondicionado con rascadores y otros elementos para su comodidad. El lugar habría quedado reservado para el animal, con el ingreso restringido para el resto del personal.

Los dos relatos, que elDiarioAR no pudo corroborar de manera independiente, forman parte del anecdotario que rodea a Belén Agudiez, una funcionaria prácticamente desconocida para el público, pero que acumuló una influencia considerable en el funcionamiento cotidiano del oficialismo. Era, según la describen quienes conocieron su trabajo, la mano derecha y también la izquierda de Karina Milei puertas adentro del Gobierno. Una de esas personas que no necesitaban aparecer en las fotografías oficiales para ejercer poder sobre la vida diaria de la Casa Rosada y la quinta de Olivos.

El silencio del decreto firmado este lunes por Javier Milei, que oficializó el despido de Agudiez, contrasta con el ruido que rodea su salida. La semana pasada, el Presidente dispuso una profunda reorganización de la quinta de Olivos, que incluyó el desplazamiento de personal civil, la disolución de la Administración General de la residencia y el traspaso de sus responsabilidades a la Casa Militar. Entre los desplazados estuvo Osvaldo Javier Sosa, hasta entonces intendente de la quinta y cuñado de Agudiez, quien había llegado a ese puesto por su vínculo con la ahora exsubsecretaria.

La explicación oficial de los cambios estuvo centrada en la seguridad presidencial. El Gobierno atribuyó la reorganización de la quinta de Olivos a una serie de filtraciones sobre las actividades de Milei y de su círculo más cercano, que derivaron en el desplazamiento de buena parte del personal civil y el traspaso de la administración de la residencia a la Casa Militar. Sin embargo, las versiones que circulan puertas adentro de la Casa Rosada describen un conflicto que excede las cuestiones de seguridad y que involucra a personas del entorno de Agudiez, contrataciones millonarias y sospechas sobre el destino de los recursos públicos.

Entre la mística, los negocios y la intimidad del poder

La relación entre Karina Milei y Belén Agudiez comenzó en 2022, cuando la ahora exfuncionaria trabajaba en una candidatura a diputada nacional por La Libertad Avanza. El proyecto no prosperó y, al año siguiente, Agudiez se presentó como candidata a concejal de Escobar: ocupó el quinto lugar de la lista encabezada por Eduardo Gianfrancesco, un dirigente proveniente de Juntos por el Cambio. Para entonces, ya había comenzado a construir una estrecha relación con la hermana del Presidente, que se encontraba abocada al armado político y a la proyección nacional del espacio libertario. Lo que comenzó como un vínculo de militancia terminó convirtiéndose en una amistad que le abrió a la ahora exfuncionaria las puertas de la intimidad de los Milei.

La afinidad entre ambas no se limitaba a la política. Agudiez compartía con la hermana del Presidente una particular devoción por San Benito, un vínculo que se inscribe en el universo de creencias espirituales y prácticas esotéricas de la intimidad libertaria, sobre el que el periodista Juan Luis González, biógrafo de Javier Milei, fue uno de los primeros en poner el foco. Invocado por los fieles como protector frente a las fuerzas oscuras, las tentaciones y los maleficios, el santo ocupa un lugar especial en la vida de ambas. Según relata Marcela Basch en Perfil, las dos utilizan su medalla, uno de los sacramentales más antiguos de la Iglesia católica, que muestra al santo sosteniendo una cruz y la Sagrada Regla. En el reverso aparecen las iniciales de distintas oraciones en latín contra el demonio, entre ellas la conocida expresión Vade retro, Satana.

Con la llegada de Milei a la Casa Rosada, aquella relación personal se tradujo en un puesto estratégico dentro de la estructura presidencial. Agudiez ocupaba la Subsecretaría de Planificación General desde el comienzo de la administración libertaria. Su cargo podía parecer secundario dentro del organigrama, pero sus atribuciones la colocaban en una posición privilegiada para el funcionamiento cotidiano del Ejecutivo. Bajo su órbita estaban el mantenimiento de la Casa Rosada y de las residencias presidenciales de Olivos y Chapadmalal, las sedes administrativas, las cocheras y el transporte de Karina Milei. Era, en definitiva, una funcionaria con acceso a una parte de la intimidad del poder que permanece fuera del alcance de buena parte de los ministros.

Pero esa acumulación de responsabilidades también la dejó expuesta cuando comenzaron a multiplicarse las sospechas sobre el manejo de los recursos de la residencia. La semana pasada, la diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia judicial por presuntas irregularidades en una licitación de unos 700 millones de pesos para el mantenimiento y la jardinería de Olivos y la Casa Rosada. Según la legisladora, el procedimiento habría sido direccionado para favorecer a Franco Castelli, un empresario que tendría una relación de parentesco con Agudiez.

La denuncia de Pagano sostiene que las dos empresas que se presentaron como oferentes, La Mantovana y Grub, estarían vinculadas a Castelli, por lo que la competencia habría sido apenas aparente. Pagano pidió a la Justicia que determine si el empresario es primo hermano de la exfuncionaria y apuntó también contra Karina Milei por la posible comisión de delitos de fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las acusaciones todavía deben ser investigadas judicialmente.

Pero las sospechas no se agotan en la jardinería. Pagano también puso bajo la lupa un presunto desvío de alimentos adquiridos para abastecer Olivos, que habrían terminado en un emprendimiento privado de catering vinculado a Analía Agudiez, pareja de Sosa, el exintendente de la residencia también desplazado. Según la legisladora, ambos habrían utilizado recursos e insumos del Estado para abastecer ese negocio. La acusación cobró relevancia después de que trascendiera una contratación de alimentos para Olivos y la Casa Rosada, con un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos.

Mientras tanto, quien estaría ganando terreno en el entorno presidencial es Mario Suli, un hombre que acompaña a Milei desde los comienzos de su trayectoria política y que, según fuentes al tanto de la intimidad del mandatario, se ocupa del cuidado de sus perros. Su creciente influencia en Olivos lo convierte en una figura cada vez más relevante en la vida cotidiana del Presidente. Hay quienes aseguran que la salida de Agudiez terminó de inclinar la balanza a su favor. Para Karina, al parecer, hay traiciones que ni San Benito puede espantar.

PL/CRM

Cambios en la Quinta de Olivos: el Gobierno despidió a Belén Agudiez, funcionaria de confianza de Karina Milei

El Gobierno aceptó la renuncia de María Belén Agudiez, subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia y una de las funcionarias de confianza de Karina Milei. Lo oficializó el Decreto 1055/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.

La norma se limita a agradecerle a la funcionaria “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”. La salida se produce pocos días después de una reorganización en la Quinta de Olivos: el Gobierno disolvió la Administración General de la Residencia Presidencial y transfirió sus funciones a la Casa Militar, con 12 despidos de personal civil. La Casa Militar tendría hasta 60 días para completar el traspaso de tareas y bienes.

Agudiez estaba a cargo de la planificación de servicios de la Secretaría General y supervisaba el mantenimiento de la Casa de Gobierno y de las residencias de Olivos y Chapadmalal, además de la actualización tecnológica, la coordinación de traslados terrestres y aéreos y las actividades del Museo del Bicentenario. Es licenciada en Relaciones Públicas por la UCES y tiene un posgrado en Defensa Nacional y Militar de la Universidad de la Defensa. Fue candidata en 2021 a diputada nacional y en 2023 a concejal en Escobar, sin llegar a ocupar una banca.

Entre los desplazados de Olivos estuvo Osvaldo Javier Sosa, quien estaba al frente de la quinta y mantenía un vínculo familiar con Agudiez. Los cambios fueron atribuidos a “filtraciones” sobre las actividades de Milei y su círculo cercano. La nueva gestión de la Casa Militar “tiene la facultad de designar a su propio equipo” al frente de la residencia.

El decreto tampoco indica quién ocupará la Subsecretaría de Planificación General, que queda vacante.

En el mismo Boletín Oficial se publicó el Decreto 1044/2026, firmado por Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que designa al abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada del Ministerio de Seguridad Nacional. La designación rige desde el 3 de agosto de 2026, es decir, siete semanas antes de su publicación.

Argibay Molina venía de ejercer como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y había conducido de manera transitoria la Dirección de Investigación Criminal. Según los medios que reprodujeron el decreto, reemplaza a Marcelo Carlos Romero, que había sido designado en 2025. La subsecretaría supervisa el Consejo Federal de Delitos Económicos, creado por la Resolución 230/2026, que aborda el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito de funcionarios y la evasión fiscal.

Renunció Alejandro Vilches a la Secretaría de Discapacidad y el Gobierno define a su reemplazante

Alejandro Vilches renunció a su cargo como secretario nacional de Discapacidad por motivos personales y el Ministerio de Salud comenzó a evaluar quién será su reemplazante. La salida del funcionario abre una nueva etapa en la conducción del área, aunque hasta el momento no se informó oficialmente quién asumirá al frente de la Secretaría.

La definición cobra relevancia por el carácter transversal de las políticas vinculadas con la discapacidad, que abarcan aspectos que exceden el ámbito estrictamente sanitario y requieren de la intervención de distintas áreas del Estado.

Entre sus competencias se encuentran cuestiones relacionadas con la accesibilidad, el transporte, la educación, el empleo, la protección social, la autonomía y la participación plena de las personas con discapacidad en la comunidad.

Históricamente, el organismo encargado de conducir estas políticas no surgió dentro de la estructura del Ministerio de Salud y su funcionamiento demanda una articulación permanente con diferentes dependencias estatales.

La cartera sanitaria interviene en aquellos asuntos que corresponden a sus competencias y brinda asesoramiento técnico cuando es requerido. Sin embargo, las políticas de discapacidad también involucran cuestiones presupuestarias y legislativas, así como decisiones en materia educativa, laboral, de transporte y protección social.

Por el momento, el Gobierno no dio a conocer quién sucederá a Vilches en la conducción de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

Con información de la agencia NA