Ministro Ramos Mexia
Código Postal 8534
Noticias de Rio Negro
Misiones: efectivos desvinculados tras la protesta policial de 2024 vuelven a desafiar al gobierno provincial
Pasaron meses presos por una causa de sedición y conspiración. Ahora mantienen un acampe frente a la Casa de Gobierno mientras cuestionan el proceso que derivó en sus bajas de la fuerza. El oficialismo rechaza las acusaciones y sostiene que fueron debidamente notificados de su situación administrativa.
El acampe rompe la postal habitual del centro de Posadas. A simple vista parece una protesta más frente a la Casa de Gobierno de Misiones, en plena Plaza 9 de Julio. Sin embargo, detrás de ese campamento improvisado sobrevive uno de los conflictos políticos más traumáticos que atravesó la provincia en los últimos años: la rebelión de trabajadores estatales de mayo de 2024, que puso contra las cuerdas al poder construido a lo largo de dos décadas por el exgobernador Carlos Rovira y que tuvo al reclamo policial y docente como principal punta de lanza.
Desde el 6 de abril, un grupo de ocho efectivos permanecen apostados frente a la sede del Ejecutivo provincial reclamando su reincorporación a la Policía de Misiones. Con el correr de las semanas se sumaron otros uniformados alcanzados por la misma situación. Todos integran la lista de detenidos en septiembre de 2024 en una causa por presunta sedición y conspiración, luego de ser acusados por presunta sedición y conspiración.
La protesta ya no ocupa cuadras enteras ni moviliza a cientos de personas como ocurrió durante aquellas convulsionadas jornadas de 2024. Hoy, el reclamo se reduce a una gran carpa de cuya lona cuelgan banderas argentinas y carteles escritos a mano. Algunos reclaman salarios dignos. Otros apuntan directamente contra la conducción policial. “Martínez, vendiste a tus policías”, se lee en uno de ellos, en referencia al jefe de la fuerza, Sandro Martínez.
En diálogo con elDiarioAR, uno de los voceros de los efectivos desvinculados, Diego Correa, asegura que la decisión de instalar nuevamente el conflicto en el espacio público llegó después de varios meses de gestiones infructuosas ante las autoridades provinciales. Según relata, tras recuperar la libertad comenzó a presentar notas a las autoridades sin obtener respuestas. “Nunca nadie contestó ni dio la cara”, sostiene.
El policía afirma que fueron justamente funcionarios y empleados de distintos organismos provinciales quienes comenzaron a alertarlos sobre presuntas inconsistencias en su situación administrativa. Según su versión, desde áreas del propio Estado les informaron que continuaban figurando como efectivos policiales, que sus haberes seguían siendo liquidados por la Contaduría provincial y que el supuesto decreto de cesantía nunca había completado los circuitos administrativos correspondientes.
“Sedición” y “conspiración”
El campamento, que funciona las veinticuatro horas, se convirtió en una postal incómoda para el gobierno provincial en el corazón mismo del poder político misionero. Allí pasan los días algunos de los protagonistas que estuvieron en el centro de la mayor crisis institucional que enfrentó el oficialismo misionero en décadas y que hoy denuncian haber sido convertidos en ejemplo para disciplinar al resto de la fuerza.
Para entender el origen de este reclamo hay que retroceder hasta mayo de 2024. Durante varias semanas, cientos de policías, penitenciarios, docentes y trabajadores de la salud protagonizaron una inédita protesta salarial que puso en jaque al gobierno provincial. El epicentro estuvo sobre la avenida Uruguay, frente al Comando Radioeléctrico de Posadas, donde se instalaron carpas y asambleas permanentes que tuvo al suboficial retirado y actual diputado provincial Ramón Amarilla como una de sus caras más visibles. El conflicto concluyó formalmente el 29 de aquel mes, cuando el gobierno provincial acordó una recomposición salarial y una amnistía para quienes habían participado.
La tregua, sin embargo, duró poco. Apenas cuatro meses después, en septiembre de 2024, la Justicia provincial ordenó la detención de ocho efectivos acusados de coacción, conspiración y sedición. Entre ellos, además de Correa y del propio Amarilla, estaban varios de los efectivos que hoy se encuentran apostados frente a la Casa de Gobierno, como son Iván Arrieta, Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula, Lisandro Canteros, Joaquín Orrego y Elías Coutto.
La investigación se apoyó en una serie de mensajes extraídos de teléfonos celulares donde, según la acusación, algunos de los involucrados discutían la posibilidad de retomar las protestas e incluso impulsar acciones destinadas a generar desorden público. El juez de Instrucción Fernando Verón consideró que esos elementos permitían sospechar la existencia de un plan para presionar al gobierno provincial y avanzar sobre la conducción de la Policía de Misiones. Los imputados siempre rechazaron esa interpretación y sostuvieron que los chats fueron sacados de contexto para justificar una represalia política por el rol que habían tenido durante el conflicto salarial.
Sin proponérselo, la causa terminó produciendo uno de los fenómenos políticos más inesperados de la historia reciente de la provincia. Para cuando los misioneros fueron a votar el 8 de junio de 2025, Amarilla y el resto de los policías llevaban casi nueve meses presos. En ese contexto, el principal referente de las protestas tomó una decisión inusual: aceptó encabezar una lista de candidatos a diputados provinciales desde la cárcel y convirtió su situación judicial en una bandera política. La candidatura terminó canalizando parte del malestar que habían dejado las manifestaciones de 2024 y lo transformó en la gran sorpresa de la elección: obtuvo cerca del 20% de los votos y accedió a una banca en la Cámara de Representantes sin haber recuperado todavía la libertad.
El resultado alteró por completo la lectura política del conflicto. Lo que para el oficialismo había sido presentado como un intento de desestabilización terminó transformando a Amarilla, uno de los principales protagonistas de la prostesta, en un dirigente con representación parlamentaria propia. Recién después de conocerse el resultado, que tuvo al oficialista Frente Renovador de la Concordia como ganador, comenzó a desarmarse el esquema de detenciones iniciado en septiembre del año anterior. El suboficial retirado fue el primero en salir de la cárcel. Con el correr de las semanas, le llegó el turno al resto de los uniformados.
¿Decreto “fantasma”?
Durante meses, los policías creyeron que su principal problema era la causa judicial que los había llevado a prisión. Sin embargo, una vez recuperada la libertad, comenzaron a concentrarse en otra pregunta: bajo qué instrumento legal habían sido expulsados de la fuerza. La cesantía de los ocho efectivos fue formalizada mediante el decreto 2084/24. Sin embargo, dos años después, la existencia misma de ese documento se convirtió en el principal eje del reclamo.
Todo había comenzado con una postal política contundente. La decisión de avanzar contra los policías fue presentada públicamente por el gobernador Hugo Passalacqua en una conferencia de septiembre de 2024. A su lado se encontraban la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Rossana Venchiarutti Sartori; el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez; y el entonces presidente de la Legislatura provincial, Oscar Herrera Ahuad. La imagen de los tres poderes del Estado encolumnados buscó transmitir una señal de respaldo institucional frente a un conflicto que el oficialismo consideraba especialmente sensible.
Pero la respuesta que fueron encontrando los policías acerca de su desvinculación resultó desconcertante. Mientras aseguran que distintas áreas del Estado provincial continuaban registrándolos como personal policial, el decreto que supuestamente había dispuesto sus cesantías parecía no aparecer en ningún lado. Esa sospecha terminó convirtiéndose en el motor del actual acampe.
Esa hipótesis cobró fuerza, según Correa, cuando logró acceder a los sumarios administrativos que venía reclamando desde septiembre de 2025. El efectivo sostiene que en esa documentación no aparecen constancias de notificaciones formales sobre su cesantía. También menciona una respuesta recibida desde la Dirección del Boletín Oficial provincial donde se le informó que el instrumento nunca fue remitido para su publicación. “Nos dijeron que el decreto no existe, que seguimos figurando como policías y que los sueldos se siguen liquidando. Ellos no nos quieren atender porque pudimos reunir todas las pruebas de que seguimos siendo policías”, afirma.
Desde el gobierno provincial rechazan de plano esa interpretación. Fuentes oficiales consultadas por elDiarioAR sostienen que los policías fueron notificados oportunamente de su situación administrativa y remarcan que sus reclamos ya fueron respondidos en reiteradas oportunidades. El 29 de abril pasado, por ejemplo, la Asesoría Jurídica de la Gobernación les comunicó formalmente que las peticiones vinculadas a la restitución de sus puestos de trabajo ya habían sido contestadas en expedientes anteriores y que no existían motivos para abrir nuevas instancias de diálogo. En esa respuesta, firmada por el asesor jurídico Carlos Javier Clerici, el Ejecutivo provincial les informó que la cuestión había sido resuelta y que la reiteración de presentaciones ante distintas dependencias “carece de sentido procesal y eficacia jurídica”.
Tampoco comparten la tesis del llamado “decreto fantasma”. “En derecho hay una máxima que dice que no hay nulidad por la nulidad misma”, argumentan cerca del gobierno provincial. Según esa interpretación, la eventual falta de publicación del decreto en el Boletín Oficial no afecta su validez jurídica porque se trata de un acto administrativo de alcance particular y no de una disposición general dirigida al conjunto de la sociedad. “El Boletín Oficial es para conocimiento general de la sociedad, no para notificar cuestiones particulares”, sostienen.
Las mismas fuentes agregan que, aun si existiera algún cuestionamiento sobre el procedimiento, el ámbito adecuado para plantearlo era la Justicia. “Si hubiera una afectación, que entendemos que no la hay, deberían haber hecho las presentaciones judiciales correspondientes”, señalan. Además, rechazan que los policías desconocieran el contenido del decreto. “Ellos mismos acompañan el decreto en algunas de sus presentaciones. En derecho existe la teoría de los actos propios: si vos te notificaste y tenés el decreto, no podés decir después que no lo tenés o que desconocés su contenido”, sentenciaron.
Presiones internas
Desde el campamento, Correa también insiste en que las represalias comenzaron mucho antes de las detenciones. Según denuncia, ya había sufrido presiones internas tras impulsar acusaciones por presuntos hechos de corrupción dentro de la fuerza policial en 2023. Y asegura que durante el conflicto salarial de mayo del 2024 tanto él como otros delegados recibieron amenazas y ofrecimientos para abandonar la protesta.
Según su relato, el 21 de ese mes, en pleno reclamo salarial, autoridades policiales y funcionarios provinciales les habrían ofrecido dinero, vehículos y otros beneficios. “A nosotros nos amenazaron, nos dijeron que nos iban a meter presos. Así lo hicieron. Nos ofrecieron plata y nos dijeron que nos teníamos que callar”, sostiene Correa en diálogo con elDiarioAR, quien luego de litigios y recursos rechazados en la justicia provincial, decidió junto con sus colegas presentar una denuncia en los tribunales de Comodoro Py donde exponen una extensa lista de presuntos delitos que incluyen abuso de autoridad, persecución política, amenazas, privación ilegítima de la libertad y violencia institucional.
Semanas atrás, Ramón Amarilla utilizó su banca en la Legislatura para visibilizar la situación de sus antiguos compañeros. “Lo que ocurrió en la avenida Uruguay frente al Comando Radioeléctrico no fue un acto de indisciplina porque el hambre no conoce de jerarquías”, sostuvo durante una sesión parlamentaria en referencia a las protestas que lo tuvieron como principal vocero. Y agregó: “Estamos ante personas que no saben si mañana van a tener para darle de comer a sus hijos, que no pueden pagar su alquiler porque sobre su cabeza está la sombra de un sumario que no avanza y de un gobierno que no los escucha”.
Por ahora, el acampe sigue allí. Mucho más pequeño que aquel que en 2024 paralizó a Misiones, pero sostenido por varios de los mismos protagonistas. Dos años después, el gobierno provincial insiste en que la historia está cerrada. Los manifestantes siguen durmiendo frente a la Casa de Gobierno para demostrar exactamente lo contrario.
PL/MG
El juicio por los fusilados de 1956 acusa al Estado de lesa humanidad: un embajador de Milei es nieto de uno de los acusados
El proceso busca la reparación histórica de las cinco víctimas de la investigación que reveló Rodolfo Walsh. La acusación contra el Estado fue notificada a la Procuración General del Tesoro, que depende de un hombre de Santiago Caputo. La conexión familiar entre el jefe policial de la Revolución Libertadora y un diplomático libertario.
70 años de la masacre de José León Suárez: el fusilamiento que reveló Rodolfo Walsh
En el mismo lugar donde hace 70 años la dictadura de la Revolución Libertadora fusiló a un grupo de hombres comenzará este miércoles un juicio por la verdad histórica. Se acusa al Estado, entonces encarnado en las figuras de Pedro Eugenio Aramburu e Issac Rojas, de cometer delitos de lesa humanidad. El proceso a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín se llevará a cabo en el Auditorio Hugo del Carril, ubicado en el mismo lugar donde hace siete décadas estaba el basural donde fueron asesinados Carlos Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez y Mario Brión. Otros siete hombres sobrevivieron a la Operación Masacre que denunció el escritor Rodolfo Walsh.
El juicio a cargo de Alicia Vence implica por primera vez condenar a los responsables del operativo de la Libertadora que buscó sofocar el levantamiento del 9 de junio del entonces general Juan José Valle. Participarán familiares de las víctimas fatales y hasta habría testimonial –por texto o video– de Juan Carlos Livraga, “el fusilado que vive” que le reveló la historia a Walsh y que hoy con 94 años vive en California, Estados Unidos. Las audiencias serán este miércoles, jueves y viernes, día en que se espera que se conozca la condena.
Pero el proceso va más allá: intentará marcar un mojón hacia adelante, para que la Justicia federal ordene investigar los otros operativos militares y policiales que hubo en la misma noche. Es que aquella noche de 1956 la Libertadora sofocó a sangre y fuego levantamientos en Campo de Mayo, la Escuela de Mecánica del Ejército, los Regimientos 7 de La Plata y 2 de Palermo. También en Viedma, Rosario, Rafaela, Santa Rosa. En total hubo 27 víctimas fatales. Tras la sanción de la Ley Marcial, el general Valle fue ejecutado el 12 de junio luego de entregarse para detener la represión.
“Tenemos la firme convicción de que el fusilamiento fue un delito de lesa humanidad y que habrá condena. Nunca hubo un juicio al respecto y nunca hubo una investigación al respecto”, sintetizó el abogado querellante Alberto Palacio, que representa ad honorem a los familiares de Lizaso, Carranza, Garibotti, Rodríguez y Brión.
Los fusilamientos en José León Suárez quedaron impunes luego de que la denuncia original de Livraga –que expuso Walsh– no tuviera lugar en la Corte Suprema. En 1957 el máximo tribunal ordenó que haya un proceso en la justicia militar, que decidió exonerar a Aramburu, Rojas y también al jefe de la policía bonaerense de entonces, el coronel retirado Desiderio Fernández Suárez. Este último fue quien detuvo a los doce hombres la noche del 9 de junio en una casa en Florida y ordenó –ya en la madrugada del 10– fusilarlos en un descampado en San Martín.
Aramburu, Rojas y Fernández Suárez son mencionados en el expediente por delito de lesa humanidad. No está previsto que haya una defensa de sus actuaciones, y cuando elDiarioAR consultó a las familias de Aramburu y Fernández Suárez si sabían sobre el inicio del juicio la respuesta fue negativa. En los últimos días incluso este periodista reveló –en una investigación publicada en Anfibia– que el nieto del jefe de la Policía actualmente es diplomático del Gobierno. Leandro Fernández Suárez es diplimático de carrera desde 1993, fue cónsul de Alberto Fernández y en enero de este 2026 fue designado como embajador en México vía decreto de Javier Milei.
La revelación habría tenido cierto impacto diplomático. Según confió un embajador a este medio, el dato sobre Fernández Suárez llegó a oídos del canciller Pablo Quirno a través del subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro. Incluso LaPolíticaOnline se hizo eco del dato y publicó que Claudia Sheinbaum, presidenta de México, “analiza rechazar las cartas credenciales del embajador argentino por ser el nieto de un represor”
El expediente incluso circuló por la Casa Rosada, ya que la jueza Vence notificó a la Procuración del Tesoro, es decir el cuerpo de abogado del Estado, que dirige Sebastian Amerio, hombre de Santiago Caputo. No trascendió que algún letrado que represente al Estado quiera defender su posicionamiente ante los fusilamientos.
El proceso judicial que ahora comienza acumuló una demora de cuatro años. Tuvo un tropiezo adicional cuando el fiscal que impulsaba el expediente, Paul Starc, fue designado el año pasado por Milei al frente de la Unidad de Información Financiera. Starc duró poco en el cargo: en enero fue desplazado con un cargo en el BICE.
Los responsables
El juicio no tiene antecedentes en el fuero federal pero sí un espejo en el fuero de Resistencia: el Juicio por la Verdad sobre la Masacre de Napalpí, que concluyó en mayo de 2022 y dictaminó que el ataque perpetrado el 19 de julio de 1924 contra las comunidades Qom y Moqoit constituyó un crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio indígena. Ese proceso es el modelo sobre el que trabajó la querella.
Entre quienes esperan el inicio del juicio está Berta Carranza, hija de Nicolás, que tenía dos años cuando su padre fue fusilado. “Estamos a punto del inicio del juicio por lesa humanidad que estamos pidiendo. ¿Y qué espero? Espero justicia”, dijo a elDiarioAR. Carranza era ferroviario, estaba cesanteado por su militancia política y tenía seis hijos. Vivía en la clandestinidad y así llegó a la casa de Florida en la que irrumpió la policía el 9 de junio de 1956.
El silencio fue la primera condena que vivieron las familias. “Teníamos prohibido decir que los fusilaron. Cuando íbamos a la escuela o si cualquier persona en la calle nos preguntaba no podíamos decir eso”, recordó Berta. Ahora, ella y los demás familiares de Lizaso, Garibotti, Rodríguez y Brión esperan que la Justicia federal les otorgue una reparación histórica negada durante 70 años.
Los que murieron. Los que vivieron.
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Fusilado
Sobrevivió
Sobrevivió
Sobrevivió
Sobrevivió
MC
Trump afirma que “los barcos están empezando a salir del estrecho de Ormuz"
El presidente de EE.UU. anticipa los efectos del acuerdo anunciado con Irán, cuya firma está prevista para el próximo viernes
“Los barcos están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo”. Así está celebrando el presidente de EEUU, Donald Trump, el acuerdo con Irán anunciado este domingo y ratificado este lunes por el propio Trump, el vicepresidente de EEUU, JD Vance; y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, según informan varios medios citando una fuente oficial estadounidense, entre ellos The Guardian y Reuters.
Según la misma fuente, los detalles del acuerdo se darán a conocer en las próximas 24-48 horas y las conversaciones técnicas se iniciarán a lo largo de esta semana. El texto aún no ha sido publicado. JD Vance ha afirmado que el acuerdo con Irán se firmó electrónicamente durante el fin de semana.
“Navegan por la 'autopista' del sur, que es totalmente segura, protegida e impecable. ¡¡¡También hay otras rutas de navegación!!!” , asegura Trump.
El tono es el mismo con el que terminaba este domingo su mensaje en el que anunció el acuerdo con Irán: “Barcos del mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!”.
En una reunión con el presidente francés este lunes, previa a la cumbre del G7, Trump ha hablado del acuerdo con Irán, y ha indicado que JD Vance asistirá a la ceremonia de firma. “Puede que participe o puede que no”, ha dic ho el presidente de EEUU. El texto del memorando de entendimiento (MOU) se dará a conocer “muy pronto... en algún momento después del viernes”, ha añadido, al tiempo que ha asegurado que el estrecho estará totalmente abierto para el viernes.
Macron ha hablado en francés y ha destacado la importancia del acuerdo firmado con Irán, señalando que es relevante para todo el mundo, y que la apertura del estrecho es imperativa. El presidente francés también se ha referido a la situación en Líbano.
A continuación, Trump volvió a intervenir para explicar que el estrecho está parcialmente abierto, como ha dicho en Truth Social, y que para el viernes estará totalmente abierto. Asimismo, ha reiterado que lo fundamental es que Irán “no tendrá armas nucleares”, y expresó su esperanza de que Irán y Estados Unidos mantengan ahora una “buena relación”.
Detalles por confirmar
El acuerdo, que está previsto sea firmado el próximo viernes, no se ha publicado por ninguna de las dos partes, si bien están circulando detalles no reconfirmados.
Por ejemplo, la agencia de noticias Mehr ha publicado 14 cláusulas, indicando que son los “detalles del proyecto de entendimiento” entre Irán y Estados Unidos. Según esta información, recogida por la BBC, los puntos supondrían un gran acuerdo para Irán: cese permanente e inmediato de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; compromiso de Estados Unidos con la no injerencia en los asuntos internos de Irán y el respeto por la soberanía de la República Islámica de Irán; levantamiento completo del bloqueo naval en un plazo de 30 días; compromiso de Estados Unidos de retirar sus fuerzas de todo Irán; reapertura del Estrecho de Ormuz en 30 días bajo el mando iraní; suspensión de las sanciones a las ventas de petróleo, productos y derivados petroquímicos, y acceso completo para Irán a sus recursos financieros; necesidad de que Estados Unidos y sus aliados proporcionen planes de reconstrucción para Irán por valor de al menos 300.000 millones de dólares; y 60 días de negociaciones para llegar a un acuerdo final basado en cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones primarias y secundarias, las sanciones de los Estados Unidos, las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones de la Junta de Gobernadores del OIEA.
Además la agencia estatal persa afirma que el acuerdo incluye el compromiso de Irán de no producir armas nucleares; que durante el período de negociación, Estados Unidos se ha comprometido a no reforzar a su despliegue en la región y a no imponer nuevas sanciones; la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos congelados de Irán durante el período de 60 días de las negociaciones finales. La mitad de esta cantidad debe estar disponible para Irán antes del inicio de las negociaciones; y el establecimiento de un mecanismo de supervisión para implementar el acuerdo.
Firma en Ginebra
El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, ha confirmado este lunes que Pakistán presidirá el próximo viernes en Ginebra (Suiza) la ceremonia de firma del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, después de anunciar durante la madrugada el fin definitivo de las hostilidades entre ambos países.
“La ceremonia de este histórico acuerdo se llevará a cabo el viernes 19 de junio en Ginebra y, por la gracia de Dios, será presidida por Pakistán”, ha afirmado Sharif durante una sesión plenaria de la Asamblea Nacional.
El mandatario anunció horas antes un cese permanente de las hostilidades entre Teherán y Washington mediante un memorando que pone fin a tres meses y 16 días de conflicto, y que será ratificado en la cita prevista en Suiza.
Durante su intervención, Sharif ha destacado la contribución de varios aliados regionales al proceso de mediación, entre ellos el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.
Previamente a la firma, Estados Unidos e Irán celebrarán reuniones indirectas en Doha esta semana, según informa la agencia francesa AFP citando un diplomático no identificado.
“Esta semana se celebrarán reuniones preparatorias por separado con cada parte en Doha, antes de la firma oficial en Suiza y el inicio de las conversaciones técnicas”, declara la fuente, que añade que los mediadores cataríes han abandonado Teherán tras “17 horas de intensas negociaciones”, que comenzaron el domingo y culminaron con la consecución de un acuerdo.
365 días presa: el futuro de Cristina, un año después de la condena que la encerró en San José 1111
Las restricciones de la prisión domiciliaria redujeron al mínimo sus apariciones y contactos políticos. Desde su departamento en Constitución, la expresidenta tensiona con Kicillof y espera, a su vez, su llamada.
El milagro que no fue: ni la muerte del Indio pudo suspender del todo la interna peronista
- ¿Cómo estás, Cristina?
- Presa, ¿cómo querés que esté?
El tono irritado, irónico, de Cristina Fernández de Kirchner al otro lado del teléfono convence a Sergio Massa de no volver a iniciar nunca más una conversación con esa pregunta. Un error que varios dirigentes peronistas ya corrigieron. Le preguntan en qué anda, en cambio, y la actualizan sobre las últimas novedades: la votación de los pliegos judiciales, la interpelación a Manuel Adorni o la intervención en el PJ de Salta. Los más cercanos, además, le cuentan alguna historia familiar. Tampoco pueden hablar mucho porque desconfían de quien pueda estar escuchando al otro lado del teléfono. Pero la mantienen al tanto, se hacen presentes. A un año de su detención, la posibilidad de ver a la expresidenta en persona, para la mayoría, está vedada.
Todos los días, a toda hora, hay un policía de la Federal apostado en la entrada de San José 1111 vigilando quién entra y sale del edificio. La expresidenta vive allí desde que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte intentaron asesinarla, en 2022, en el barrio Recoleta. También desde entonces tiene una custodia personal que, desde un auto, vigila la puerta. Por la calle Humberto 1° suelen pasar autos que tocan bocina y gritan, desde la ventana, “Vamos Cristina”. En algunas ocasiones especiales, cuando grupos más numerosos de militantes se aglutinan en la entrada, la expresidenta sale de su balcón en el segundo piso y saluda.
Ya no puede hacerlo mucho porque el Tribunal Oral Federal 2 restringió los movimientos de CFK al mínimo desde que, en noviembre, se reunió con nueve economistas jóvenes por el Día del Militante. Ahora solo puede reunirse con tres personas por día, dos días a la semana y durante no más de dos horas. Tiene que tomar vitamina D porque solo le permiten salir a tomar sol a la terraza del edificio dos horas al día. Y no puede salir a la calle, a menos que sea por un tema médico o judicial, y siempre con la tobillera electrónica puesta. Esté adentro o afuera de su casa.
La foto con los economistas fue un antes y un después en la vida de Cristina. Antes, pese a las limitaciones, mantenía reuniones, se fotografiaba con mandatarios y expresidentes –Lula Da Silva o Ernesto Samper– y enviaba audios que, como si fuera una película de ciencia ficción retro, se pasaban en plazas y actos militantes. Publicaba posteos contra el Presidente en sus redes sociales que arrancaban, siempre, con la frase “Che Milei”. Eso cambió a partir de noviembre, cuando empezó a opinar menos y a dejar un vacío. La última carta que publicó fue un balance de la derrota electoral en octubre, en la que le recriminó Axel Kicillof haber desdoblado las elecciones.
San José 1111 se convirtió en un hito, una referencia a donde peregrinar, pero no en Puerta de Hierro. Su liderazgo se debilitó y empezó a perder hasta las batallas más sensibles, como cuando la mitad del bloque peronista del Senado votó el pliego de Carlos “Coco” Mahiques –a quien el kirchnerismo identifica como un engranaje crucial en la máquina judicial que persiguió, condenó y proscribió a Cristina– para que pudiera ser juez cinco años más. Quienes conocen a la expresidenta advierten que la noticia fue difícil de digerir.
El declive de la conducción de CFK tiene, sin embargo, una contracara: es la dirigenta que más mide en la oposición, empatando en intención de voto a Kicillof en la mayoría de las encuestas. El núcleo de votantes kirchneristas, identifican en su entorno, no migra automáticamente a Kicillof, sino que es suyo. Para quienes piden por su libertad, la bandera “Cristina libre” no es solo una estrategia de acumulación política en la interna, sino una estrategia electoral: sin Cristina fortalecida, advierten, no hay 2027 para el peronismo.
“Ningún peronista será presidente si la mayoría no prefiere a Cristina que a Milei. Hoy pedir su libertad puede no parecer una prioridad pero el robustecimiento del vínculo afectivo entre Cristina y el electorado es un requisito imprescindible”, tuiteó el consultor Juan Courel, el día del aniversario del fallo de la Corte Suprema que condenó a Cristina a seis años de prisión. El posteo se propagó como pólvora en las filas cristinistas.
El sucesor
“La única manera de liberar a Cristina es si ganamos las elecciones”, sostiene una dirigenta peronista que dialoga casi todos los días con CFK. Es una premisa básica en la que coinciden todas las terminales del peronismo, incluso el kicillofismo y los gobernadores del Norte que vienen queriendo jubilarla hace años. La discusión es sobre la estrategia.
El kicillofismo –y parte del kirchnerismo– sostiene que el gobernador bonaerense es quien mejor mide en el peronismo y hay que ir a una PASO que lo legitime internamente. Los gobernadores sostienen que Kicillof pierde un ballotage contra Milei y analizan alternativas de centro (algunos, incluso, coquetean con Patricia Bullrich). Sergio Massa mira encuestas y está a la espera de que el dedo de Cristina lo bendiga como el elegido. Pero Cristina, mientras tanto, dilata una decisión.
No tiene candidato propio. En el cristinismo se ríen cuando se le pregunta por el sanjuanino Sergio Uñac, quien se lanzó a la carrera presidencial asegurando tener el respaldo de CFK. “A mí me puede gustar Axel, ¿pero tiene el coraje para lo que viene? Necesitamos un candidato que tenga coraje además de venir bien porque quien asuma va a tener que enfrentarse a la Justicia y al Círculo Rojo”, señala una dirigente del círculo chico de la expresidenta.
No todos opinan lo mismo. “Cristina, la única manera de que salgas es si hay uno nuestro en Casa Rosada. Te la tienen jurada, te van a dar 15 años más”, le insistió, hace un par de meses, un dirigente norteño que la fue a visitar a su casa. Era un pedido para que aflojara en su interna con Kicillof, pero la expresidenta no quiso saber nada. Ella espera que sea el gobernador bonaerense quien levante el teléfono y la llame, pero Kicillof se resiste: sabe que, detrás de las recriminaciones por su falta de empatía o firmeza respecto a su situación judicial, se esconde un intento por limar su candidatura.
Pero CFK no lo ve así. Para ella hay dos motivos por los cuales la Corte Suprema se apuró en sacar el fallo que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitó para ocupar para siempre cargos públicos. Uno es la muerte del Papa Francisco, quien siempre tuvo un ojo puesto en lo que pasaba con el movimiento de sus causas en la Argentina. Y la otra fue la decisión de Kicillof de no respaldarla como candidata a la presidencia del PJ: la ex presidenta está convencida de que, si hubiese sido respaldada por todo el arco peronista, la Justicia hubiera dudado en meter presa a la principal líder de la oposición.
“Cuando tenés fortaleza política la Justicia toma decisiones diferentes a las que puede tomar si te ve vulnerable. Pero no. Él pensó que era una decisión contra él, como siempre”, despotrica un dirigente de La Cámpora que lo conoce hace 20 años, y remata: “Axel es un mimado, siempre lo fue, y tiene un problema psicológico que le hace pensar que todo es siempre contra él”.
Es el mito fundante del quiebre con el gobernador. Para CFK al menos. Para su hijo biológico, Máximo Kirchner, la pelea viene de mucho antes. Lo mismo para su ex hijo político, que acusa a Máximo de haberlo limado y boicoteado durante años hasta el punto de que, en un momento, la responsable comenzó a ser también Cristina.
CFK, sin embargo, espera. Sabe que después de Vialidad vendrán otras causas –la de Hotesur o la de los Cuadernos– y que el objetivo de Comodoro Py es tenerla presa para siempre. Quienes la conocen advierten que la situación cambió desde que endurecieron las condiciones de la prisión domiciliaria y que, a diferencia de hace unos años, se empieza a hablar de la posibilidad de un indulto. No solo de apelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sino también al indulto. Por más que sea un reconocimiento de la culpabilidad, algo que ella siempre rechazó. “Tiene que estar libre”, insisten cerca suyo.
Pero para lograrlo, el cristinismo necesita ganar las elecciones. Y, por más que en La Cámpora están furiosos con Kicillof, a nadie se le escapa que será imposible ganarlas sin que ambos líderes se sienten a conversar. “¿Se junta con (Juan Pablo) Valdés y no se puede juntar con Cristina? ¿Todo porque tiene miedo que lo reten?”, se enfurece un dirigente cercano a Fernández de Kirchner, aludiendo al encuentro que Kicillof mantuvo con el gobernador correntino la semana pasada.
CFK es más cauta en expresar su ira. Se muestra irritada cuando le piden por Kicillof, pero cada vez sucede menos: las restricciones del régimen de visitas obligan a sus visitantes a acortar los temas de conversación. Algunas, incluso, aprovechan para distraerla con frivolidades y novedades de sus vidas. El departamento está repleto con los dibujos de su nieta, la hija de Florencia, y a CFK le gusta, a veces y solo con algunas personas, hablar de ella.
Y así, desde San José 1111, en reuniones de 59 minutos, dos veces por semana, CFK espera.
MCM/MG
No, curar a un ratón en un laboratorio no significa que el tratamiento sirva para los humanos
La experimentación con animales permite obtener información crucial a la hora de desarrollar tratamientos, pero tiene sus limitaciones cuando estas pruebas se trasladan a humanos.g
Científicos logran ‘leer’ el pensamiento de ratones a partir de sus gestos y advierten: “Hay que proteger la privacidad mental”
Los ratones comparten entre un 85% y un 90% de la información genética de los humanos. Además, por su reducido tamaño, su metabolismo rápido, y su fácil reproducción, son los animales más usados para la investigación y experimentación de tratamientos de diversas enfermedades. Sin embargo, unos resultados positivos o una “cura” de enfermedad en ratones, no necesariamente se traslada directamente a los humanos.
En el caso del cáncer, por ejemplo, cuando resultados positivos en animales se prueban en forma de ensayos clínicos en humanos, sólo alrededor del 10% de las ocasiones tienen éxito, según un informe de Science Media Centre España (SMC). Y en el plano general, sólo el 5% de las terapias probadas en animales da lugar a fármacos para humanos.
En Europa, el 55% de los animales usados en experimentación son roedores, la gran mayoría de ellos ratones. Y aunque el ser humano comparte una similitud genética con ellos, hay que tener en cuenta que “los ratones son una especie distinta, no son humanos simplificados”, según explica Lluís Montoliu, investigador en el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), expresidente del Comité de Ética del CSIC y miembro del Panel de Ética del Consejo Europeo de Investigación (ERC), en declaraciones a SMC España.
Según Montoliu, la principal diferencia entre ratones y humanos en este ámbito es que “los primeros, por el ambiente en el que suelen vivir, han desarrollado sistemas mucho más potentes de eliminación de sustancias tóxicas”. Por lo que sustancias o compuestos que para ellos son inofensivos, pueden resultar perjudiciales para nosotros. Sin embargo, cuando los tratamientos funcionan en ratones, sí que existe cierta probabilidad que lo haga en humanos también.
Cuidado con las expectativas
Normalmente, cuando se anuncia que un medicamento que se probó con éxito en ratones, significa que se encuentra en las primeras fases de investigación, que suelen durar unos seis años. Tras este tiempo y toda la experimentación necesaria, es cuando pasaría a ser estudiado en ensayos clínicos en humanos. Para llegar hasta este punto, fue necesario que el tratamiento se haya probado con éxito en dos especies distintas. Además del ratón, “puede ser en perros, como en los casos de terapia génica. Cuando se trata de vacunas, es obligatorio hacerlo en primates no humanos”, explica Montoliu.
Hay muchos factores para llegar a este ensayo clínico, como la aprobación de un comité ético o el interés comercial del medicamento o la enfermedad. Así, no todas las estrategias que se probaron en animales llegarán a probarse en humanos, a pesar de sus resultados positivos.
Mucha gente suele pensar que cuando algo se probó y tenido éxito “en ratones”, esta “cura” llegará también inminentemente a los humanos. Sin embargo, cada estudio en el que se usan animales es diferente, y no todos tienen la misma fiabilidad. Para empezar, por motivos éticos, se suele reducir todo lo posible el número de ratones usados, “y eso puede disminuir la potencia del estudio”. Montoliu explica que “hay un equilibrio delicado entre reducir su uso y la realidad de la investigación”.
Hace unos meses, un estudio con resultado en ratones contra el cáncer de páncreas por el equipo de Mariano Barbacid en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se vio envuelto en la polémica precisamente por haber despertado falsas expectativas entre los pacientes. “Un ratón es un ratón; muchos hemos curado cáncer en ratones”, apuntaba Xosé Bustelo, director del Centro de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca, quien subrayaba que los modelos animales no tienen las alteraciones genéticas que tiene un paciente y es muy frecuente que no suceda lo mismo en las personas
Por todos estos motivos, recuerdan los especialistas, cada estudio es completamente diferente, y se debe interpretar y entender teniendo en cuenta el contexto en el que se ha realizado. Incluso utilizando el modelo de ratón más adecuado, la fiabilidad y la interpretación de los resultados varían mucho según la enfermedad, cuánto se conoce sobre el compuesto y el tipo de animal seleccionado.
La respuesta ante cualquier investigación en ratones debe ser la cautela, la reflexión y comprobación exacta de los resultados.